En Match Point, magnífica película de Woody Allen que goza de todos los ingredientes de las novelas de Dostoievski, se cita al principio del filme una frase inspirada en el dramaturgo ruso: «No me deis talento, deseadme suerte». En esta película, una bella mujer termina muriendo inocentemente en el fuego cruzado de los intereses, los egoísmos, las ambiciones, el dinero, etc., al ritmo de una historia implacable, tan inexorable como predeterminada por un destino inflexible y cruel.

La política tiene todos los componentes del gran juego de la vida: las desigualdades inherentes a la condición humana, la interacción de intereses enfrentados, la ambición de ganar, el azar, los medios empleados para lograr los fines, la influencia de los pecados capitales, el sentido trascendente de la vida para algunos frente al nihilismo de otros, etc. La política es vida en estado puro y por lo tanto se encuentra sometida a sus mismas reglas de juego y posibles consecuencias.

La suerte aparece como una cuestión decisiva en política, un elemento que habita en su propia esencia. Se adapta singularmente a la especificidad y peligrosidad del medio. Por ello, sabiendo cómo se las gasta, si hubiera que solicitar alguna virtud que la complementara para poder llevar a buen puerto un periplo exitoso por el mundo político habría que decantarse por la lucidez y la esperanza. Teniendo en cuenta que la lucidez no suele ser virtud permanente sino más bien intermitente, va y viene iluminando las encrucijadas. La esperanza, por otro lado, se transfigura en la fe, la ilusión y la confianza necesarias para alcanzar las metas propuestas.

Con un elevado porcentaje de probabilidad, se puede afirmar que sin producirse los trágicos sucesos del 11 de marzo de 2004, el Partido Popular hubiera solventado aquellas elecciones de manera positiva, con ciertos daños colaterales como consecuencia tanto de una poco discutible tensa situación política, como de un planteamiento estratégico erróneo a la hora de afrontar la campaña electoral, caracterizada por un enfoque excesivamente conformista y defensivo. Objetivamente no se pueden discutir los muchos éxitos de los ocho años de gobierno de Aznar, pero al mismo tiempo, no es menos cierto que el fortalecimiento de la relación internacional con EE.UU. y el consiguiente compromiso asumido en Iraq representaron un cambio cultural sin precedentes en cuanto a su profundidad y consecuencias. Es de todos conocido que en un primer momento estas posiciones motivaron un perjuicio leve de sus expectativas electorales, sobradamente compensadas por la buena gestión del Gobierno.

El panorama posterior arrojó dos víctimas: el drama humano irremediable de cerca de doscientas personas muertas, así como un número importante de personas maltrechas y lisiadas, y en un plano meramente político, la posterior decepción de millones de personas que vieron cómo su partido se veía obligado a abandonar el poder. La historia podría haber sido otra, pero los hechos y sus consecuencias ahí están. Nuevamente, el azar reivindicó un papel protagonista en el desarrollo de nuestra sociedad.

Nadie podrá discutir a Aznar sus grandes méritos como gobernante, ni siquiera la derrota electoral los invalida. Esa no debe ser la pregunta que debe formularse sino más bien la de cómo rehacer una opción de gobierno que gestionó con eficacia una parte de la historia democrática de España, la etapa finisecular y la del comienzo de siglo, para poder presentarla como garantía de esperanza ante la crítica situación política que vivimos hoy en España y que muchas personas, desde la responsabilidad personal, difícilmente se resignan a aceptar.

RECUPERAR LA INICIATIVA

La política tiene los mismos ingredientes que cualquier juego en el que se disputa un balón. El 14 de marzo de 2004 hubo un partido que lo perdió y el que tiene en política la posesión del mismo ejerce la iniciativa, encesta o golea, marca el ritmo del partido y tiene a su favor al público. El contrincante tiene que mejorar sustancialmente los porcentajes del titular del poder. Éste, al disfrutar de la posesión del balón, impone con mayor facilidad su estilo. Para volver a ponerse delante con el objetivo de volver a ganar hay que recuperar la posesión del balón, pensar la estrategia más conveniente, otorgar la responsabilidad a los más idóneos, retomar la iniciativa, generar una corriente de opinión pública a favor y acertar implacablemente en los mensajes. En definitiva, volver a crear ese ambiente alegre, confiado e inconfundible que acompaña al ganador con un áurea intangible pero cuya repercusión resulta infalible. Recuperar el poder no tiene nada que ver con administrarlo, el nivel de esfuerzo y de acierto que se exige para lograrlo es exponencial. Todavía habrá gente que desde el PP recuerde lo que supuso ganar las elecciones de 1996. Por eso un choque frontal entre «los dos grandes expresos políticos» llevaría asociados, como ya conocemos, niveles de enfrentamiento nocivos para la estabilidad del país: la toma de posiciones radicalizadas y una participación generalizada contra algo y, por lo tanto, el legado lo constituirá una herencia de divisiones congénitas.

Aunque la profundidad de la herida es muy grande y la tensión política es innegable, resulta necesario actuar con nobleza, generosidad y firmeza. El 14 de marzo dictó sentencia y la política sólo se hace asumiendo la realidad y construyendo el futuro desde su base y no estrellándose con ella. Por eso, y aunque duela, hay que afrontar tanto lo que ocurrió como lo que ocurre ahora en España y mirar al futuro con optimismo y limpieza. La política es una actividad muy concreta que consiste en conseguir o mantener el poder y desarrollar, en el ejercicio de gobierno, ideas y convicciones. Para poder hacerlo, el primer paso es asumir dónde se está y cómo se está.

No cabe duda de que España está en uno de los peores momentos políticos de su historia. Se han abierto, en un tiempo récord y de un modo irresponsable asuntos y cuestiones muy sensibles que afectan a la estructura del Estado, pudiendo provocar con ello daños irreversibles a nuestro país. Esta realidad política inaudita no se corresponde, en absoluto, con la realidad vital de la nación que se refleja más nítidamente en el esfuerzo de sus gentes y de su progreso. Tampoco se corresponde con la confianza en el futuro que tienen los ciudadanos o su realidad esencial derivada de su historia en común, de las reconocibles huellas de una convivencia mutua, de la corriente de simpatía y complicidad entre casi todos nosotros, la inmensa mayoría que nos consideramos inequívocamente españoles.

CENTRARSE EN LOS PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS

Es admirable el espíritu de superación, de competencia, de entrega, la moral de compromiso cotidiano con el trabajo que demuestran los españoles, y cuyo fruto más concreto es el crecimiento económico sostenido del país (3,4% en 2005), o el ritmo de crecimiento del empleo. Son los ciudadanos los verdaderos artífices de la obtención de unos datos económicos envidiables. Es familiar ya, la estampa de los atascos diarios en los accesos a los núcleos residenciales de sectores de clase media que a las 21:00 horas vuelven del trabajo, y que se repite de igual manera aunque en dirección opuesta a las 8:00 horas del día siguiente. Los españoles y su sostenido esfuerzo por conquistar el futuro son los verdaderos protagonistas del milagro económico español.

A esta realidad se contrapone un ambiente interminable de reyerta, de olor impregnado a saldos permanentes de deudas pendientes de cobrarse, deteriora la situación y produce la sensación de que la solución de los problemas reales de los españoles es accesorio, lo importante es tomarse la revancha o imponerse.

Por ello, es necesario recuperar un cierto fair play, una irrebatible buena fe, compatible con el compromiso político más acendrado y con la firmeza en las convicciones, pero también con la trascendencia y bondad que impelen a la consecución del bien común.

Porque el problema que vive España en estos momentos, y cuya acertada resolución nos concierne a todos, tiene como consecuencia el debilitamiento permanente y constante del Estado, que conlleva, a su vez, una privación de la eficacia necesaria para poder servir al conjunto de los ciudadanos resolviendo sus problemas, garantizándoles una igualdad independiente de su condición y pertenencia a cualquier ámbito geográfico, la plenitud de sus derechos y la prestación de los servicios que les corresponden como ciudadanos. Los llamados resortes del Estado, que constituyen la referencia común que garantiza el bienestar, las libertades y los derechos civiles, son utilizados como moneda de cambio para asegurar una mayoría política cuyo precio abona en efectivo una realidad social llamada España. Esa realidad social no es inmovilista ni está caducada, sino que es la España histórica, que se renueva por evolución natural, y que, en su propia naturaleza, es plural y garantista de la igualdad de todos los ciudadanos según señala la Constitución.

Hacia ese imparable e injusto sistema de auge de las minorías y penalización de las mayorías avanza de un modo fluido la cotidianeidad política arrasando a su paso lo que nunca se tenía que haber puesto en juego: el Estado y la unidad de la nación. Ésa será la consecuencia lógica salvo que se produzca una «conversión realista» del aspirante a gobernar que le permita alcanzar posiciones de poder.

El envite es de una gran dimensión, de dudosa moralidad, de consecuencias negativas a corto plazo e imprevisibles a no muy largo plazo. Introduce la incertidumbre en el rumbo del país, divide a la sociedad en aspectos esenciales que precisan de acuerdos nacionales leales a la «Hoja de ruta histórica» de la transición política y a su colofón constitucional. Por último, decanta a la izquierda gobernante hacia un sectarismo trasnochado que deteriora su tradición y convicciones democráticas al excluir a una parte esencial de la sociedad española que tiene la legitimidad de representar a millones de españoles en asuntos que afectan a la morfología de la nación.

No se guardan las mínimas formas democráticas. No se actúa con la responsabilidad política que la ocasión requiere al invitar al otro partido a estampar su firma en textos y proposiciones no debatidas, auténticos certificados de defunción, pero cuya denuncia en su literalidad lleva consigo descalificaciones argumentando que son maniobras de los que no saben perder, de los que crispan, de los inmovilistas constitucionales que envidian que el Partido Socialista haya sido capaz de construir una nueva España, eso sí sin rumbo, sin dueños, sin ataduras y quizá sin futuro. Para qué servirá tener grandes empresas españolas, con el esfuerzo y el acierto que ha supuesto fortalecerlas y dimensionarlas, si España no existe. Para qué si termina siendo un Estado virtual con la palabra España como una mera marca comercial y el país convirtiéndose en un conglomerado de minifundios donde cada región no es nada más que un porcentaje de los recursos de un Estado que actúa como una sociedad o holding, simple depositario de las acciones que son de otros, reintegrando cada año el dividendo a las distintas comunidades sin más implicación afectiva que ésa.

Muchos ciudadanos siempre han creído que los socialistas representaban a españoles que tenían sus propias ideas sobre el país y la sociedad, pero no dejaban de ser merecedores del mayor de los respetos por su compromiso con la democracia, la modernización de España, y la integración europea, como se puso de manifiesto en los años de gobierno de Felipe González. ¿Qué ha sido de ellos? La vocación de poder, renegando de los principios, ha provocado esta deserción. A pesar de las múltiples protestas y palabras de reproche por parte de algunos de sus dirigentes, se deja hacer, pasivamente, observando cómo se destruye lo que ellos también, y de un modo decisivo, ayudaron a construir.

OPOSICIÓN PENSANDO EN EL FUTURO Y NO EN EL PASADO

En el periodo comprendido entre dos elecciones cualquier gobierno es el foco de atención, es objeto de la crítica no sólo por parte de la oposición sino también de los sectores de opinión implicados en la actividad política. La oposición pasa un examen más benévolo porque se exigen más responsabilidades a quien ostenta el poder y los recursos de gobierno.

Por el contrario, en el periodo electoral las cosas cambian. A las mismas, suelen concurrir dos candidatos principales y lo más destacado de su séquito, uno representando al Gobierno protocolariamente saliente; y otro correspondiente al aspirante. Ambas candidaturas se someten a un examen con similares preguntas y el mismo tribunal pero, como todo en la vida, con la imagen que cada uno se ha ido labrando en los años previos. Puede haber transmutaciones, cambios o alteraciones, pero en lo esencial los electores tienen una concepción bastante elaborada y definitiva de los líderes y de aquello que postulan o defienden.

Con los hechos y actitudes consumados a lo largo de la legislatura, un político se autorretrata de forma permanente. Resulta imposible actuar eficazmente con dos caras. El objetivo es alcanzar el poder y para ello hay que trabajar, sin renunciar a la tarea de oposición, tan necesaria e ingrata, evitando que ésta sea un impedimento o lastre para la ulterior imagen de gobernante bien intencionado, serio y responsable.

El momento actual es decisivo para dar la talla porque en España se ha instalado, prefiero pensar que por inconsciencia más que por oscuras dobles intenciones, la política letal de cultivar la cizaña de la discordia con políticas discriminatorias en el ámbito territorial, concebidas de un modo partidista con el objetivo de resolver y facilitar la posesión del poder, y que amenazan con una desintegración de la unidad de España.

Pienso que la unidad de la nación de todos está por encima de las legítimas posiciones ideológicas de cada uno y de la disciplina de partido, ¿hay algo más reprochable que exigir disciplina para liquidar o menguar el Estado?

LA POLÍTICA ES SUMAR Y NO AISLAR

Por todo lo dicho es oportuna la advertencia sobre la tendencia de los partidos y sus dirigentes a tener una concepción patrimonialista de las organizaciones y de su propia posición política.

Los partidos están concebidos como organizaciones capaces de agrupar opiniones similares con objeto de lograr el poder y plasmar su programa a través de la acción de gobierno, revirtiendo al conjunto de la ciudadanía los beneficios obtenidos (el llamado bien común). Pero las organizaciones políticas tienen una junta de accionistas (los electores) que se reúne cada cuatro años y que también suelen manifestarse a través de la opinión pública en el transcurso de la legislatura. Los cargos no son en propiedad, quienes los ostentan deben estar al servicio de un proyecto, un político debe saber en cada momento mantener su lealtad al partido al que pertenece y al rol social que representa, no perjudicando en definitiva la consecución de sus propuestas, relegándolas a la primacía de sus intereses, sentimientos o ambiciones personales. Esta es la pregunta que, en un sistema democrático, el político tiene que estar en condiciones de hacerse y responder de inmediato.

Al mismo tiempo se debe hacer frente a la concepción de castas en política y huir del cainismo. Personas con una hoja de servicios importante (en la Administración o en el partido) deben ser tratadas con la gratitud que les corresponde, la que hace grandes a las organizaciones, y no recibir únicamente como recompensa a su generosidad y lealtad el más puro olvido.

La política consiste, muchas veces, en sumar e integrar como hizo José María Aznar en los años noventa y que nadie de su partido impidió. ¿Alguien le podría negar a Rajoy lo mismo? El centro es la mejor posición para sumar, dividiendo sólo se logra limitar el espacio político de la confluencia aunque en ocasiones se pueda ganar. La situación política y la responsabilidad inherente a los políticos serios exigen mayorías sólidas, lo más amplias posibles. Para ello, es necesario agrupar voluntades. No vale para nada situar la alternativa en la reivindicación de hechos políticos que hicieron perder las elecciones en 2004. De lo que se trata ahora es de acudir allí donde se encuentran los intereses de muchos ciudadanos españoles que ven amenazado su futuro y el de sus hijos. Ese lugar es, por ejemplo, el rechazo a los privilegios otorgados a determinados territorios, que relega a los demás. Allí es donde se encuentra el terreno abonado para la convergencia política, porque nadie va a aceptar que se le discrimine por su diferente situación y condición. El ejemplo más paradigmático de esto es el nuevo Estatuto pactado con el Tripartito, que es el verdadero caballo de Troya de la política en Cataluña y en España y que no ha hecho más que perjudicar a la propia Cataluña, encrespándola y enfrentándola con ella misma y con el resto de España, degenerando luego en una sucia lucha interna por el poder con un cambio súbito de alianzas políticas.

LOS CATALANES, LOS GRANDES PERJUDICADOS POR EL ESTATUTO

El Estatuto es el campo de batalla de una lucha encarnizada e inclemente por el poder. Hay dos sillas que son para el ganador y el colocado (complemento) con tres aspirantes (PSC, CIU, ERC) pululando incansablemente alrededor de las posibles combinaciones matemáticas de poder afectando su disputa no sólo a la composición del Gobierno catalán sino también al Gobierno de España. El patriotismo nacionalista se contorsiona patéticamente con los circunstanciales vaivenes de la cercanía y el alejamiento del poder. Eso sí, instrumentalizando siempre los verdaderos intereses de los ciudadanos de Cataluña en función de la actualidad y urgencia de su agenda política y de sus necesidades partidistas.

Aparecen así Cataluña y los catalanes como los grandes perjudicados de una situación política mezquinamente preelaborada y diseñada para ser rentabilizada políticamente por sus funestos autores. El daño infringido, en términos de confianza, a la relación entre España y Cataluña, anteriormente no exenta de complicaciones pero fundamentada en la lealtad a los compromisos, es incalculable. España y Cataluña tienen el mismo enemigo: el nacionalismo radical, que no sólo representa ERC sino también aquellos políticos que han hecho de la radicalidad su modus operandi, deteriorado la convivencia, tergiversando y contaminando el debate para abrirse un hueco político, es decir, una expectativa de poder. La responsabilidad no es sólo de ellos, sino que también es de los que se entregan a los enemigos de España dándoles el status de socios políticos cuando sus objetivos y métodos deberían ser diametralmente diferentes. La tradición socialista debería impulsar el esfuerzo de fortalecer España y engrandecer los principios y valores que lo conforman, mientras que el objetivo del nacionalismo radical es desequilibrarla, debilitarla para primar su concepción fragmentaria de España y, en consecuencia, «blindar la desigualdad» entre territorios y entre españoles. Es ese el sentido que tiene la relación de bilateralidad que busca el Tripartito. Mientras tanto, otros esperan su oportunidad ejercitando el cálculo político sin más vocación que la de volver al ejercicio del poder y la añoranza de la melancólica y reconfortante imagen de verse «partiendo el bacalao».

Pero Cataluña es mucho más que los políticos y dirigentes que padece. Cataluña tiene un papel claro como vanguardia de España, como ejemplo de modernización y bienestar paradigmático del conjunto de la nación. La denuncia del daño provocado por el nacionalismo radical y sus cómplices o beneficiarios a la relación de confianza entre España y Cataluña debe ser compensada con la mano tendida, sin intermediarios, a los buenos ciudadanos catalanes que asisten perplejos a una satanización general, de la que ellos no sólo son las víctimas principales, sino también sus creencias más arraigadas y sus ambiciones de futuro que son utilizadas como escudos en una guerra política manipulada que dejará una huella difícil de borrar.

El Estatuto es una mera arma arrojadiza, para enfrentar y dividir, auspiciado por castas políticas, ajeno a las necesidades de la gente. Desgraciadamente, la factura de sus consecuencias la van a pagar los ciudadanos de Cataluña y de España y no los políticos que concibieron el demoledor artefacto. Adoptar ahora, desde el poder central, una teórica posición de firmeza en la tramitación del Estatuto —preparando quizás una cinematográfica escapada con cambio de pareja incluido— no haría más que resaltar la frivolidad, inexperiencia y «frescura» del sujeto político concernido.

El comunicado de la banda terrorista ETA, que habla expresamente del resultado de la tregua en Cataluña como beneficiosa para la convergencia entre la izquierda abertzale y el independentismo catalán, no hace más que incidir en la imposibilidad de que un Gobierno nacional esté respaldado por un partido como ERC, que ha intentado y parece que con éxito —por los contactos de Carod en Perpiñán con la dirección de la banda— que Cataluña tuviera un cordón de seguridad respecto a ETA, aislando la mecha fuera de sus territorios y blindando así a sus habitantes de la lacra terrorista, con declarada indiferencia a lo que les pudiera pasar al resto de los españoles. Todo ello como premio a una subliminal pertenencia al grupo de «los no alineados», es decir, a los neutrales frente al terrorismo.

Quien mantiene una posición tan escandalosamente inmoral está deslegitimado para ocupar posiciones de gobierno, pero también hay que repudiar al que por necesidades de acceso y mantenimiento en el poder pacta con ellos e ignora comportamientos tan graves. A veces, cuando se intenta rectificar es muy tarde, el PSC no parece que acepte ser relegado a posiciones de «oposición eterna» en Cataluña para que el PSOE gobierne con CIU en Madrid.

Pero ésta no es la única amenaza de epidemia provocada desde el laboratorio «monclovita», y cuya propagación puede arrasar la vertebración territorial del Estado, sino que también se está tramitando la devolución a ETA, arrinconada y felizmente maltrecha por la actuación policial y judicial durante los Gobiernos del PP, al primer plano de la actualidad como un interlocutor en simétrica igualdad, al menos en el aspecto mediático, que el Estado de Derecho. La abstención del PSE en el Parlamento vasco que aprobó una resolución instando a una «paz sin vencedores ni vencidos» es propia de los que sacrifican la dignidad — no sólo política— por el «situacionismo» político. HB y sus dirigentes están ilegalizados y, por lo tanto, fuera de las instituciones, lo que significa entre otras cosas que no viven del presupuesto. Por otro lado, ETA se encuentra sin cabeza visible y sin más expectativa de futuro que la de hacer todo el mal que pueda y le dejen hacer, como siempre. Pues bien, se quiere aliviar la situación de debilidad del conjunto de una organización omnicomprensiva (política y militar) ofreciéndoles un flotador desde las instituciones democráticas para salvar al náufrago y luego escenificar «una reconciliación histórica» oficiada por alguien que parece que actúa desde la equidistancia moral en una de esas situaciones en las que nunca se puede ser neutral.

LA HORA DE PONERSE EN MARCHA

Llegado a este punto se podía invocar para este Gobierno la condescendencia y ayuda debida, reservada al que no sabe y sin embargo administra legítimamente la dirección del país, pero es tan grande el daño moral causado en el conjunto de la sociedad, que no se debe aceptar pagar un talón al portador con cargo a la memoria y a la dignidad del pueblo español. Las medidas de gracia previstas en la Constitución son la única y generosísima contrapartida que permite la ley en el caso de que ceje la violencia y lo demás es jugar a la ruleta rusa apuntado a la cabeza y al corazón de ese único hombre y nombre, que somos todos cuando se nombra la palabra «terrorismo».

En fin, en este escenario, en el que Dostoievski hubiera podido dar rienda suelta a su imaginación y ejercer como cirujano del alma humana (¿qué es la política si no psicología de masas?), transcurre peligrosamente la actividad política en nuestro país. Se echa de menos el entendimiento, sino entre los dos grandes partidos, sí por lo menos entre cualificados dirigentes de los mismos, porque solamente un sólido entendimiento entre políticos responsables con representación política adecuada podría detener este alud de barro y piedra contra el Estado constitucional. Es sabido pero no debe ser olvidado, por si alguien se la va la mano, que Rodríguez Zapatero es el presidente constitucional de este país, y por lo tanto, ante la imposibilidad de establecer mayorías alternativas en la actual Cámara, sólo una derrota limpia y democrática en unas próximas elecciones generales podría dar lugar a un amplio entendimiento sin límites entre PP y PSOE. Aunque fuera por un tiempo limitado para centrar al país, dar estabilidad y fortalecer las instituciones y sobre todo que dejase muy claro a los demás actores políticos que los dos grandes partidos mayoritarios nunca más van a transigir con el chantaje político, oficio de advenedizos o revendedores políticos que comercian con sus servicios para obtener privilegios, desequilibrando el Estado y perjudicando el prestigio de sus comunidades a cambio de perpetuar determinadas castas políticas, con su estilo mercantilista y disolvente.

Es la hora de ponerse en marcha, de partir, integrando a mucha gente que quiere lo mejor para una España abierta, plural y moderna. Sin exclusiones, sin racanearías, sin más equipaje que sólo lo que une a los españoles dispuestos a tomar generosamente partido en esta hora de España, para salvar aquello que nunca se tenía que haber puesto en juego. Sólo para eso. Nadie debe confundirse incluyendo «equipaje adicional» en las mochilas de los que van a ir «a cuerpo limpio», a restablecer las cosas de todos a su justo lugar.

No limitemos el número de esa mayoría sensata, respetuosa y llena de buena fe, que existe y que hay que orientar. Deseémosle suerte.