Página 538 – Nueva Revista

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El marqués de Bolívar

Vienen publicándose de nuevo, a ritmo de una por año, las viejas novelas de Leo Perutz (1882-1957), uno más entre los grandes escritores judíos de la literatura centroeuropea de entreguerras. El turno le ha tocado a El marqués de Bolívar ambientada durante la Guerra de la Independencia española. En el duro invierno de 1812, dos regimientos alemanes al servicio de Napoleón llegan a la ciudad asturiana de La Bisbal. Una serie de circunstancias inexplicables se van encadenando y todo concluye con la trágica destrucción de las tropas a manos de los guerrilleros. Tan sólo un teniente consigue sobrevivir y, muchos años después, cuenta lo sucedido. La edición de su relato es el artificio por el que llega hasta nosotros su testimonio, más próximo a la fantasía surrealista y kafkiana que a la explicación objetiva de los hechos.

Aunque la reconstrucción histórica es impecable en sus datos externos, seguramente el lector sentirá un cierto despego ante la imagen bárbara y grotesca que se ofrece de la resistencia española o dela cultura tradicional de nuestro país. Sin embargo, no hay que olvidar que la novela histórica tiene sus derechos y Perutz h tratado aquí de transmitir una atmósfera enajenada e inquietante. Esto lo consigue plenamente.

Por otra parte, frente a El maestro del Juicio Final, Mientras dan las nueve y El Judas de Leonardo, rescatadas recientemente, esta novela «española» de Perutz parece inferior, tanto por su menor dosis de intriga como por el esquematismo psicológico de los personajes. Sin embargo, hechas estas salvedades, siempre se podrá disfrutar de una sabia combinación de historia y fantasía, que incluye aquí la misteriosa irrupción de un mito favorito del autor, el Judío Errante. Borges tuvo a Perutz, y en concreto a este libro, como un perfecto ejemplo de literatura fantástica. Quienes gusten del género sin duda no debieran perder la opotunidad de conocerlo.

En penumbra

La protagonista de esta primera novela de José A. Millán Alba es la memoria. En penumbra es una memoria, sobre la necesidad de recordar, de asumir, de dejar constancia de que la vida vivida tiene un sentido profundo. Otro protagonista, y no secundario, es el amor. El amor que nos construye y, a la vez, al darse generosamente, ayuda a construirse a quien amamos; un amor tan real como el otro, pero mucho más difícil de llevar a la práctica y a la literatura. Estos dos protagonistas, la memoria que encuentra sentido y el amor que no destruye, tan poco comunes en la novela contemporánea, hacen de En penumbra, obra singular y, a la vez, plantean un reto, porque las estructuras de la narrativa de hoy parecen hechas para alojar a protagonistas de naturaleza bien diferente.

¿Qué respuesta ha dado José A. MillánAlba a este desafío? La de la exigencia, otra invitada que no suele dejarse ver muy a menudo en los tiempos que corren. La exigencia de claridad, para que los distintos planos y perspectivas ayuden al lector y no lo confundan. La exigencia de un lenguaje que deja el esfuerzo para el autor y el gozo para el lector, lo que, aparte de ser una cortesía, es un mérito evidente. La exigencia de ofrecernos un retrato completo de los personajes, de darles vida, no apariencia. Ese amor por los propios personajes, ese deseo de hacer de ellos algo más que insinuadas sombras, no sólo es el rasgo de un novelista de altura, sino el de un alma generosa. Y esa generosidad no se limita a dos o tres personajes, sino que se extiende a todos los que pueblan estas páginas. Algunos de ellos, como tío Raphael, llegan a tener una solidez, una presencia física y moral inolvidable.

En penumbra no es una novela sobre el carácter, ni sobre el yo, sino sobre el alma, que, definitivamente, es una cosa muy distinta. Hacernos sentir que, más allá de sus acciones, los personajes tienen alma y hacernos bien visible esa alma reconstruyendo sus más imperceptibles movimientos es otro de los desafíos que asume con éxito José A. Millán Alba. A veces, lo hace desde un mitigado escepticismo; otras, desde la sátira, en su sentido moral y no jocoso; casi siempre, desde la afirmación, desde el convencimiento de que xisten unas cuantas cosas verdaderas. Yo no sólo he disfrutado leyendo esta novela y admirando las cualidades expresivas de su autor. También he aprendido. He aprendido en el sentido inusual del término, el de la experiencia, el de la lección moral, y eso, tratándose de literatura, empieza a ser una cosa rara.

Tres décadas de El espíritu de la colmena

Analizar en profundidad una película como El Espíritu de la colmena treinta años después de su estreno no es una tarea fácil. Durante las tres décadas transcurridas ha sido constante la aparición de estudios, análisis y trabajos de muy diversa índole y contenido sobre este largometraje.

Su efecto está plenamente justificado. El espíritu de la colmena, la obra más importante de Víctor Erice, constituye un nuevo punto de partida para el cine español; es un antes y un después. Incluso, el momento de su estreno, dos años antes del trascendental cambio que se iba a producir en España, le confiere un significado muy especial.

Sin embargo, Jorge Latorre, con su obra Tres décadas de El Espíritu de la colmena, supera brillantemente ese empeño, consiguiendo, de una parte, un análisis personal muy completo de lo que ha supuesto la película; y de otra parte una síntesis completa de cuanto se ha dicho y escrito sobre la misma.

Jorge Latorre es profesor universitario, doctor en Historia del Arte y Bachelor en Filosofía, por lo que su obra se reviste de una erudición y de un sentido didáctico que hace de este libro un instrumento insustituible para entender y sentir lo que ha supuesto para el cine español en los últimos treinta años la obra más importante de Víctor Erice.

La personalidad y trayectoria de Erice es abordada por Jorge Latorre desde sus inicios, hasta el momento actual: sus primeros cortos, en los años sesenta, en especial Los días perdidos; las colaboraciones en varios guiones y su actividad como crítico, hasta llegar, en 1 9 7 3 a El Espíritu de la Colmena. Vendrían después, El Sur y El sol del membrillo; y, finalmente, el guión de El embrujo de Shangai, que costó a su autor tres años de trabajo, pero que, desgraciadamente, quedó en mero proyecto. Hubiera completado una magnífica trilogía junto a El Espíritu de la Colmena y El Sur; los varios trabajos de diverso carácter que completan la obra de Víctor Erice, hasta los momentos actuales. Todo ello es analizado con exhaustividad y rigor por Jorge Latorre.

Toda esta trayectoria es examinada por Jorge Latorre con rigor, si bien, forzosamente, con más intensidad que extensión. La obra cinematográfica de Víctor Erice no es extensa. Pero este efecto no debe conducir a engaño: la genialidad impone, en ocasiones, límites cuantitativos a la creatividad.

Tras este encuentro con la trayectoria de Erice, Jorge Latorre desarrolla el análisis de El Espíritu de la Colmena a partir de lo que es su núcleo fundamental: en el cine de un pueblo cualquiera, en la posguerra civil española, una niña queda subyugada al contemplar en la pantalla al monstruo que creara el Doctor Frankenstein. En sus ensoñaciones, la niña cree que el monstruo, para ella entrañable, existe en realidad. Se afana, entonces, en buscarlo y, al fin, lo encuentra, como le ocurre a la pequeña heroína de la película.

A partir de ese momento y a través del embeleso de la niña, irán surgiendo las infinitas vivencias del largometraje: ante todo, el simbolismo del encuentro de la pequeña protagonista con el monstruo, que tanto obsesiona a Erice.

Asimismo, surge también el posible paralelismo del escenario en el que se desarrolla la película con la realidad política española de los primeros años cuarenta, si bien en un contexto más generoso y abierto del que sugieren críticas y posturas más extremas.

Igualmente, toda la constelación de sentimientos implícitos en la película: el descubrimiento e inicio de la vida, las ilusiones, los sueños, la nostalgia por el tiempo pasado, el miedo, la muerte…

Latorre realiza un enorme esfuerzo de aportación personal al analizar todos estos elementos, sintetizando, al mismo tiempo, lo numerosos estudios, críticas, ensayos y opiniones que ha suscitado la obra clave de Erice en los últimos treinta años.

El autor estudia en Tres décadas de El espíritu de la colmena la simbología que contiene la película; las referencia a otros medios de expresión artística; las influencias recibidas de anteriores experiencias cinematográficas y, a su vez, sus efectos sobre el cine producido con posterioridad.

Esta investigación puede calificarse de excepcional. Las citas constantes y la bibliografía utilizada por Latorre hacen de su obra el trabajo más ambicioso realizado sobre El espíritu de la colmena, que se completa con una exposición secuencia a secuencia del contenido de la película.

En suma, el libro de Latorre es importante para aprender, para disfrutar y para recordar. Para aprender cine, ya que puede considerarse como un instrumento de introducción al estudio y conocimiento de esta forma de expresión artística. Un libro para disfrutar del análisis de una obra maestra del cine español. Y es, en conclusión, un libro para recordar esa obra maestra, para que no caiga en un injusto e inmerecido olvido, en un momento, como el actual, de peligrosas evocaciones, que ya debieran estar definitivamente superadas.

El liderazgo de la libertad

¿Pactar con los terroristas o derrotar a los terroristas? ¿Una política de apaciguamiento y concesiones al terrorismo o una política que hace de los valores de la libertad y la democracia su fuerza para derrotar a losterroristas? Esta confrontación de posiciones es el eje sobre el que bascula toda la política española, desde que el líder socialista y presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, rompiera el pacto de Estado con el Partido Popular en la lucha antiterrorista (Pacto por las Libertades y contra el terrorismo), y lo sustituyera por una negociación con los terroristas para pactar con ETA-Batasuna.

Esto hace de la experiencia española un caso único en la lucha antiterrorista de una democracia liberal. Porque en pocos meses se ha pasado de un modelo para derrotar al terrorismo durante los gobiernos de José María Aznar (1996-2004) al opuesto de pactar con los terroristas. El primero fue un éxito porque demostró empíricamente que se podía derrotar a los terroristas «con toda la fuerza de la ley, pero solo con la ley», y el segundo ha demostrado ser un fracaso lógico que reside en la incompatibilidad de un sistema democrático para pactar con una organización terrorista que no se rinde y que sigue manteniendo los objetivos por los que nació y ha existido durante cuatro décadas.

Los atajos de pactar con los terroristas o de utilizar los aparatos del Estado en la lucha antiterrorista al margen de la ley (el GAL en los anteriores gobiernos socialistas), siempre benefician a los terroristas y debilitan el Estado de derecho. Todos los métodos antidemocráticos se vuelven contra la democracia. En lugar de unir a las fuerzas políticas y sociales contra los terroristas, las divide y enfrenta. En lugar de acabar con toda expectativa de los terroristas, les proporciona nuevas esperanzas.

El desafío es mayor cuando es el jefe del Gobierno y el partido mayoritario el que vuelca toda su política a favor de pactar con los terroristas. O como lo definen falsariamente algunos medios que defienden a Zapatero, a favor de «un final dialogado del terrorismo». Lo que en sí mismo es una contradicción —por eso es un planteamiento falso—. En todo diálogo con los terroristas, el Estado democrático tiene que ceder en favor de éstos y en contra de la democracia. Lo hace desde el principio, pues les da un estatus de interlocutor político al margen del sistema democrático. Otra cosa es el diálogo con los que dejan el terrorismo, declaran su arrepentimiento, etc., como hicieron los gobiernos de centroderecha de la transición democrática. Pero no es este el caso de la etapa Zapatero.

En esta ocasión —el de Zapatero— es el poder ejecutivo del Estado democrático el que lleva a cabo una negociación secreta de orden político. Con una banda terrorista que en ningún momento ha dicho que vaya a dejar las armas ni que fuese a disolverse o a renunciar a sus objetivos y pedir perdón a sus víctimas que se cuentan por millares. Con lo que todo ello significa de entrar a negociar un orden distinto —contrario— al constitucional, pues se dialoga sobre las demandas de los terroristas, que forman parte de una organización independentista y totalitaria —de ideología marxista leninista— y que en todo momento ha mantenido públicamente sus objetivos máximos, por los que la Unión Europea y Estados Unidos la tienen en sus listas de bandas terroristas.

LA RENDICIÓN DE LA DEMOCRACIA

El 25 de noviembre, el dirigente de ETA-Batasuna, Joseba Álvarez, decía que «no hay acuerdo posible para la resolución del conflicto (de autodeterminación) dentro de los límites legales de la Constitución española». A pesar de lo cual el presidente Zapatero afirmó ese mismo día en Badajoz que mantenía las expectativas. El proceso de diálogo con los terroristas «desde luego está abierto», recordó horas antes la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernandez de la Vega.[[wysiwyg_imageupload:1260:height=88,width=200]]

Es tan decidida la voluntad del PSOE por llevar a cabo su propósito que el 25 de octubre hicieron que se debatiese y votase en el Parlamento Europeo. Los diputados de las 25 naciones de la UE tuvieron que entrar en el debate y posicionarse ante un tema tan crucial. Zapatero consiguió así que Europa exhibiera su división entre quienes ven el diálogo con los terroristas como «único camino» para poner fin al terrorismo. Lo dijo en ese debate en Estrasburgo el portavoz de los socialistas, el alemán Martin Schulz: «El único camino que tenemos para poner fin a la espiral de la violencia terrorista es el diálogo».

El Partido Popular español tuvo que hacer valer su liderazgo y consiguió que todo su grupo europeo votara en contra del diálogo con los terroristas, logrando que la mitad del Parlamento Europeo apoyara la posición de los populares españoles. El resultado de 321 votos a favor y 311 en contra no evitó que algunos medios titularan: «Menos de la mitad del Parlamento Europeo apoya el diálogo con ETA», al contabilizar las 24 abstenciones como «no apoyo» a la propuesta socialista. Entre estas abstenciones estaba la de la diputada del PSOE, Rosa Díez, contraria al proceso iniciado por Zapatero. Cualquiera que repase las hemerotecas de ese día comprobará el alborozo de los terroristas, felicitándose por haber conseguido dos cosas: la legitimación de sus reivindicaciones políticas en las instituciones europeas, a pesar de ser una organización terrorista ilegal; y que la propuesta socialista saliera adelante. Por mayoría pírrica, pero ganó.

ETA no ha cedido nada pero ha conseguido mucho a través del diálogo con los socialistas del Gobierno. Por el contrario, al ver crecer sus expectativas se han crecido en sus exigencias. El terrorismo callejero actúa diariamente en el País Vasco, cuando a finales de 2003 había desaparecido gracias al Pacto Antiterrorista y a la política del Gobierno de Aznar. Las campañas de extorsión y amenazas a empresarios y profesionales continúan. Los seguimientos a políticos y otros blancos de los terroristas también. Los jefes de la lucha antiterrorista franceses, Frederic Veaux y Jean Pargade, hicieron el 20 de noviembre ante un tribunal de París inventario de las actividades terroristas, demostrando que ETA no tenía intención de dejar las armas. Desde abril de 2005, la banda terrorista había robado 5.300 kilos de sustancias químicas para fabricar explosivos, 60.000 cartuchos, 344 pistolas y revólveres, 30.000 placas de matrículas en blanco para falsificar y casi medio centenar de coches. Actividad que corresponde hasta el 23 de octubre de 2006, cumplidos siete meses de una declaración de alto el fuego permanente de la banda terrorista.

Uno de los argumentos de Zapatero para vender su diálogo con los terroristas es que España está ante una oportunidad «para la paz» porque ETA lleva tres años y medio sin matar. Algo que se cae por su propio peso. Cuando ETA declaró la tregua en marzo de 2006 llevaba casi tres años sin poder matar. ¿Por qué? Porque estaba derrotada. Por otra parte, ETA utiliza la tregua para ganar posiciones, recursos financieros, rearmarse, y volver a entrar en el sistema democrático del que había sido expulsado con el Gobierno de Aznar aplicando la ley. Lo confesó el principal portavoz de ETA-Batasuna, Arnaldo Otegi, admitiendo en su libro publicado en diciembre de 2005 que «la izquierda abertzale con tregua obtiene más apoyos electorales que sin tregua. Es indiscutible».

La vía de ETA para volver a entrar en el sistema y aprovecharse de sus ventajas institucionales y financieras, es el Partido Socialista de Euskadi-PSOE y Zapatero. Cuando el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, preparó una entrevista con los dirigentes de ETA-Batasuna, en julio de 2006 la justificaba de esta manera: «Les vamos a decir que no les queremos fuera del sistema democrático, sino dentro». El 12 de octubre de este mismo año, día de la Fiesta Nacional, en el Palacio de Real, es el propio Zapatero el que da por hecho que ETA-Batasuna participará legalmente en las próximas elecciones municipales. «Zapatero da por hecho que Batasuna podrá presentarse a las municipales», coinciden en titular sus portadas los rotativos del día siguiente.

EL ÉXITO DE LA DEMOCRACIA CONTRA EL TERRORISMO

A medida que esa vía del diálogo y el pacto con los terroristas de Zapatero ha seguido avanzando, ha crecido la oposición a este proceso que el líder socialista ha venido llamando «de paz» pero que no tiene nada que ver con la paz. Tiene que vercon su alianza táctica con ETA-Batasuna, y que lleva a decir a la diputada socialista vasca, Gemma Zabaleta, que «saludaría un gobierno —de coalición— con la izquierda abertzale». Quinces días antes, Zapatero había declarado en el mismo diario que la foto de la diputada Zabaleta con la abogada batasuna Jone Goirizelaia «se adelantaba a su tiempo». Todos los medios lo interpretaron como una imagen de futuro, que los propios socialistas han alimentado con otros hechos y gestos: desde la reunión oficial de la delegación del PSE al máximo nivel con ETA-Batasuna, a pesar de seguir siendo ilegal, a las palabras de Zapatero asegurando que su líder Otegi tenía «un discurso de paz».[[wysiwyg_imageupload:1261:height=103,width=200]]

La oposición política a este proceso de diálogo con los terroristas la ha liderado el Partido Popular, que representa electoralmente e institucionalmente a la mitad de la población. Pero no se entendería el éxito del liderazgo liberal contra este proceso de diálogo y pacto con los terroristas, sin enlazar una serie de fenómenos sociales e ideológicos, que singularmente y, en su conjunto, se convierten en un modelo de referencia para Europa.

Es precisamente lo que demuestra que el éxito de la política antiterrorista del Partido Popular durante sus gobiernos de 1996 a 2004 no se limitó a detención de los activistas, sino también al desarrollo de leyes y medidas jurídicas que hicieron efectiva la expulsión de los terroristas del sistema democrático. A este respecto, conviene recordar que uno de los dirigentes de ETA, Josu Ternera, llegó a ser miembro de la comisión de Derechos Humanos del parlamento autonómico vasco.

Durante ese periodo se desarrolló una red de fundaciones e instituciones privadas, que han seguido creciendo a pesar de las dificultades, con capacidad de movilización social, intelectual y mediática, para defender la libertad, los valores democráticos, y la unidad de España, frente a cualquier pacto o concesión a los terroristas. Defendiendo el Estado de derecho de forma tan efectiva como la de llevar al presidente del Gobierno vasco o al líder de los socialistas vascos a los tribunales, por reunirse con los dirigentes de una organización ilegal como ETA-Batasuna.

Son plataformas que dan la batalla diaria por la libertad frente a la rendición con los terroristas, y es algo que la sociedad española ha venido percibiéndo a través de los medios de comunicación y de su participación en directo en todos los rincones de España. También en Europa, donde han sabido combinar actividades sociales, culturales, y políticas, para despertar la atención e interés de los parlamentarios y ciudadanos de Estrasburgo, Bruselas y de otras ciudades. Su mérito es mayor porque actúan contra el poder, y por tanto con el poder del Gobierno de Zapatero en contra. Con lo que ello significa de dificultades en los recursos, trabas, y marginación —cuando no campañas de desprestigio— de los medios de comunicación afines al poder, que son la mayoría.

Entre estas plataformas destaca la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que representa a la mayoría de las víctimas, y que no ha dudado desde el primer momento en defender la libertad y la justicia democrática contra el diálogo del Gobierno y de los socialistas con ETA. Hasta seis manifestaciones multitudinarias han celebrado en dos años, y cientos de actos simbólicos en todos los rincones de España, en defensa de la misma causa. De forma incansable y teniendo al Gobierno en contra. Con el apoyo de pocos pero significativos medios de comunicación, periodistas, universitarios e intelectuales. Las víctimas del terrorismo se han convertido en una bandera internacional de primer orden en este debate de la libertad contra el diálogo con los terroristas. En la última manifestación, el 25 de noviembre de 2006, en el centro de Madrid, superaron el millón de participantes. Una movilización que no tiene precedentes en Europa en defensa de esta causa. En España es contra el terrorismo de ETA, pero que podría darse frente a otro tipo de terrorismo como el integrista islámico. Se trata de defender la democracia liberal frente al uso del terrorismo como instrumento político para el debilitamiento y descomposición del Estado.

RAJOY, LA DETERMINACIÓN DE DERROTAR AL TERRORISMO

Ha sido este marco legal, el entramado de plataformas cívicas, y un liderazgo político con determinación y firmeza del Partido Popular, lo que ha conseguido que la mayoría de la opinión pública española esté en contra del pacto con los terroristas. Los españoles no se han tragado el falso proceso de paz. Todas las encuestas de algún rigor científico lo han dejado claro. Lo que significa que si Zapatero quiere seguir adelante en su pacto con ETA tiene que hacerlo contra la mayoría de los ciudadanos.

El éxito del liderazgo liberal frente al pacto con los terroristas es ese. Haber conseguido durante los años del Gobierno de Aznar fortalecer el sistema político, legal y de seguridad contra los terroristas, y reforzar una ideología y sentimiento social que se moviliza y lucha por defender los valores de la libertad y la democracia frente a la teoría del diálogo y el apaciguamiento con los terroristas.

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirma en la entrevista que Nueva Revista publica en este mismo número, que el liderazgo de la lucha contra el terrorismo está al principio de sus prioridades de Gobierno en la oferta que va a hacer a los españoles de cara a las próximas elecciones.

El terrorismo se ha convertido en la primera amenaza no sólo para la seguridad física de los ciudadanos, sino para la desestabilización del sistema democrático y de la convivencia. El terrorismo es utilizado no sólo por los terroristas sino por la izquierda radical como arma para mediatizar la libertad democrática. El caso más claro —y más grave— fue cuando el PSOE y toda la izquierda violó la jornada de reflexión electoral el 13 de marzo de 2004 (13M), acusando al Gobierno del PP de manipular el atentado que había tenido lugar 48 horas antes en Madrid, y que fue el más grave ocurrido en la Europa democrática con 192 muertos y más de 1.500 heridos.

En su conjunto, toda la legislatura de Zapatero ha estado contaminada por lo que los propios nacionalistas definieron como una «alianza táctica» entre los terroristas y la izquierda, que ha hecho de esta experiencia española la más radical de todas las democracias occidentales. No hay que olvidar que, desde el principio de la legislatura, Zapatero y los socialistas gobiernan en alianza de gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), cuyo líder, José Luis Carod-Rovira, pactó con ETA-Batasuna en enero de 2005 (Pacto de Perpiñán), una vez firmado el Pacto del Tinell. Documento en el que socialistas, comunistas e independentistas se conjuran para excluir al Partido Popular e impedir su acceso al Gobierno, y cambiar el modelo de Estado y —de facto— el régimen político.

España está viviendo la experiencia del desafío contra la integridad del Estado y del sistema constitucional de la banda terrorista ETA y de los grupos políticos que comparten sus objetivos estratégicos desde dentro del sistema. Pero también es una nación que sigue en el blanco de AlQaeda como dijo el 27 de julio de 2006 su número dos, Al Zawahiri: «Esto es la guerra santa y en el nombre de Díos no pararemos hasta que nuestra religión se imponga desde España hasta Irak».

Rajoy y Zapatero tienen dos proyectos opuestos. El líder popular defiende una política liberal, democrática, y occidental. Sintoniza con la mayoría de los españoles, incluidos muchos socialistas, que durante más de tres décadas de lucha antiterrorista han desarrollado unas convicciones y cultura de derrota del terrorismo, con todos los sacrificios que ello implica. Hay que recordar en este punto que el PSOE ganó las elecciones defendiendo el Pacto Antiterrorista con el PP. En la página 47 del programa electoral socialista se lee: «Nos comprometemos al cumplimiento escrupuloso y estricto del Pacto de Estado por la Libertad y Contra el Terrorismo». En su programa electoral el PSOE no decía nada de dialogar y pactar con los terroristas. Lo ocultó. El líder socialista defiende el dialogo con los terroristas de ETA «por encima de todo» —según su propia expresión— y la Alianza de Civilizaciones inspirada por el régimen integrista y totalitario de Irán con su Diálogo entre Civilizaciones (ONU 1999).

Son dos concepciones políticas y dos proyectos para España que van a estar en juego en todas las elecciones que se celebrarán desde ahora hasta las Generales de marzo de 2008, incluidas las municipales y autonómicas de 2007. ¿Por qué? Porque cuando está en juego el todo, como el modelo de Estado, el propio sistema constitucional y la unidad territorial, nada escapa a la influencia de su disputa. Por eso ETA-Batasuna puso en marcha su maquinaria electoral en el municipio navarro de Burlada en noviembre, a pesar de seguir siendo una organización ilegalizada. Conseguir el poder en todos los espacios institucionales es una estrategia que puede determinar las mayorías de gobierno y el rumbode España y de su sistema político.

Emergencia política y esclerosis institucional en Iberoamérica

Los viejos libros de teoría y de sociología política —los de los años setenta del siglo pasado— coincidían, desde perspectivas y enfoques distintos, en hacer de los partidos políticos uno de los pilares básicos de los regímenes políticos representativos, los únicos verdaderamente capaces de establecer estados de derecho.

Los partidos eran los actores principales del juego político. La debilidad o fortaleza de estos actores institucionales, su estructura interna, definían en buena parte al propio régimen. Las peculiaridades y características internas de los partidos estaban vinculadas con el sistema electoral. Los distritos uninominales: pequeñas porciones del electorado que eligen a un sólo representante, sitúan al elegido — e n la práctica— en el papel de defensor de la comarca, de la ciudad, del barrio… Ante ellos responde. Los partidos necesitan, en estos casos, líderes desde la base que sean capaces de ganarse a sus electores y no burócratas vendidos a la estructura de jefes y jefecillos «colocados» para pagar el porcentaje correspondiente.

Cuando el distrito es grande y nombra a una lista de representantes, esa inmediatez se diluye: todos representan a la provincia… y ninguno lo hace en el fondo. En España los llamaban en los años ochenta del siglo XX «diputados de llave». Sólo tenían que activar su presencia y apretar el botón del sí o el no, según indicara el jefe correspondiente ¡Y se equivocaban algunas veces! La lista cerrada es, además, un órdago de los partidos a la ciudadanía. Sólo puedes opinar cada cuatro años y cuando te toca: o esta lista, o la otra… o nada. Y todo jugador de mus sabe lo aburrido que es jugar siempre al órdago. No es extraño que la gente no quiera jugar y participe cada vez menos.

Que la política quede, en la práctica, en manos de los partidos no es, necesariamente, una cosa mala. Pero éstos deberían asumir una responsabilidad proporcional a tan enorme poder: si son los únicos actores serán igualmente los únicos responsables. Por eso, el funcionamiento interno de los partidos importa a toda la ciudadanía, y no sólo a sus afiliados. Sus dirigentes tienen esa enorme responsabilidad. Primero ante su electorado; pero también, no se olvide, ante el conjunto de la ciudadanía. En puridad, no hay cosas que puedan ser exclusivamente internas de un partido, porque todo lo que les afecta, influye en la sociedad que intentan estructurar. Los ejemplos en la historia de España no faltan.

El partido liberal y el conservador (liberal-fusionista y liberal-conservador) compartieron el poder entre 1876 y 1923. De manera exclusiva: en sus extremos quedaban (eso decían ellos al menos), la barbarie absolutista o la revolucionaria. Fueron incapaces de asumir las inquietudes emergentes de nuestra sociedad en los albores del siglo XX. No se percataron — o lo calificaron de revolucionario o disolvente— de la necesidad de la reforma social (una concepción de la igualdad como algo más efectivo que la teórica igualdad ante la ley), ni el empuje de las fuerzas que comenzaban a articular políticamente una realidad cultural que reivindicaba lo próximo, lo cercano, como primer nosotros identificatorio. Aquellos partidos, sus jefes, sus hombres estuvieron más atentos a lo práctico, a sus cosas internas: a cómo conseguir el poder dentro de su grupo para negociar luego una mejor posición en el partido. En definitiva, liquidar obstáculos en su propia organización, establecer alianzas y reducir la influencia de sus enemigos de dentro.

También, durante la Segunda República, las luchas internas en el PSOE arrinconaron al líder con mayor potencial político y capacidad de gobierno: Indalecio Prieto. Don Inda no pudo encabezar un gobierno ni tras el nombramiento de Azaña como segundo presidente de la República, ni en el momento decisivo de la guerra. Las fuerzas mayoritarias en su Partido Socialista lo impidieron.

Por eso, la reforma de los partidos constituye un elemento esencial de cambio político en los momentos de crisis y de esclerosis en un Estado. Los protagonistas institucionales del juego político han de mirar a su país y no quedarse en sus luchas internas. Cuando eso no se produce, y ocurre con más frecuencia de lo que parece, el precio que se paga es la desaparición del partido. Y si los partidos mayoritarios están en esa situación, lo que desaparece es el régimen.[[wysiwyg_imageupload:1494:height=139,width=200]]

La ajustada victoria electoral de Calderón, ya reconfirmada en todos los ámbitos institucionales, en México no es, desde el punto de vista histórico, lo más importante de ese proceso. Tampoco parece que sea significativo el que López Obrador no aceptara los resultados. Era comprensible que apurara todas sus posibilidades, más si se tiene en cuenta que utilizó — y con éxito — la misma táctica en las elecciones a alcalde del distrito federal hace años. Y le salió bien. Hasta este momento, y a la espera de nuevas acciones del candidato derrotado (por muy poco) en las urnas, lo realmente significativo es que el PRI queda relegado a la condición de tercera fuerza de la república.

Parece indudable que la ausencia del poder haya restado protagonismo y eficacia movilizadora a un partido que presumía de haber institucionalizado la revolución y que venía — e n justa consonancia con su nombre— administrando esos dos procesos: el hacer la revolución y el asentarla. En la práctica, un modelo de Estado se ha impuesto lisa y llanamente a todo un país a lo largo de decenios y sin alternativas. Un sistema electoral poco transparente, una corrupción administrativa arraigada y notables presiones eliminaron sistemáticamente la oposición. La presión no pudo impedir triunfos locales, y en algunos estados, de otros partidos (PAN, especialmente). Pero todo parecía bien atado hasta el triunfo de Fox.

Siete años fuera del poder federal han desgastado más al PRI que a los amigos de Fox. Estos segundos han conseguido — con esfuerzo— triunfar con su nuevo candidato: Calderón, que hizo sus primeras armas políticas en la democracia cristiana. Estas dos derrotas consecutivas amenazan con disolver progresivamente al PRI, quizá porque su principal actividad política durante decenios tuvo poco que ver con las necesidades del pueblo mexicano. Cuando la estructura de un partido político mira más hacia dentro, a sus intereses, a sus luchas internas por el poder, al margen de las demandas o simplemente las inquietudes de la mayor parte de la ciudadanía, la desconexión puede causar estragos en los resultados electorales.

Esta incapacidad del PRI para frenar su caída no es probable que se deba a una derechización del electorado. Obrador ha demostrado que la izquierda mexicana tiene también opciones de triunfo al margen y en contra del viejo partido de la revolución. De hecho, han estado a punto de vencer en las urnas. El posterior acercamiento entre ambas formaciones revolucionarias parece más táctico que efectivo en estos momentos de confusión prolongada. En realidad, Obrador corre el peligro de perder su mejor rédito político: la convicción de que se ha entrado en una nueva etapa política en su país, en la que la democracia es posible. Su actitud resistente es un nuevo órdago revolucionario al más puro estilo priista de otros tiempos (que suena a chantaje): si nosotros no gobernamos habrá guerra civil.

Semanas antes en Colombia, otro proceso electoral —éste de resultados predecibles y confirmados— volvió a mostrar la incapacidad de los viejos partidos para asumir nuevas demandas de los ciudadanos. La victoria de Uribe fue abrumadora aunque no sospechosa. En entrevistas a gentes muy diversas el día de las elecciones pude comprobar —incluso entre militantes del P o l o — que nadie discutía a Uribe su capacidad de trabajo y su dedicación y esfuerzo a los asuntos del país. Lo que me pareció sorprendente es que fuera ese empeño lo que se destacara como nuevo y positivo. Me pareció, allí mismo, a pie de colegio electoral, un rasgo fundamental que hacía de Uribe un líder político moderno, no un caudillo populista. Desde luego no ofreció en la campaña (y tampoco la oposición) una fórmula mágica para resolver los problemas del país.[[wysiwyg_imageupload:1495:height=199,width=200]]

Sin embargo, lo más importante es que los dos antiguos partidos —los que detentaban el poder apenas hace diez años— prácticamente desaparecían del mapa electoral. Y no es que les hubiera faltado tiempo y posibilidades para tratar de enderezar el país. Liberales y conservadores han quedado como reliquias de un pasado próximo. Algunos de sus hombres entrarán en el gobierno y tendrán algún protagonismo parlamentario. Pero han perdido su oportunidad de liderar la transformación que piden los colombianos. Más parecen en una etapa de liquidación que en una de redefinición. Quizá sea el partido liberal el que más fuera de juego haya quedado. Primero perdiendo a Uribe de sus filas: los compromisos y componendas se impusieron a un programa claro y a una capacidad de liderazgo ya probada. En segundo lugar, la oposición por la izquierda al presidente y a sus hombres la conforma el Polo de Gaviria. Por ahora parece el único foco de atracción capaz de vertebrar la oposición a Uribe y reorganizar las diversas izquierdas constitucionales colombianas.

Las nuevas soluciones mexicanas y colombianas, los nuevos partidos políticos, se presentan como alternativas globales a las viejas formas de gobernar, a los viejos estilos de administrar, que se habían convertido ya en una forma de reparto entre amigos: de influencias, de poder, de relaciones, de vaya usted a saber qué más.

Evo Morales en Bolivia y Chavez en Venezuela están fuera de esta órbita. No hay interés específico por la renovación democrática de sus estados. Cuando las acciones de los presidentes se basan en el recurso directo a las masas, de poco más se puede hablar. La mente se traslada a Perón y llega a la Argentina actual.

La recomposición del censo venezolano, que un periódico nacional ha presentado como parte de una campaña para lograr el ejercicio del voto a unos desposeídos, oculta irregularidades tan enormes que la oposición (de derecha y de izquierda) amenazó al presidente con no concurrir a las siguientes elecciones. U n grupo académico de investigación formado por personal de las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Andrés Bello ha mostrado algunos datos que suenan a preparación de fraudes o, en su defecto, a demografía delirante. Un ejemplo entre muchos: según el censo, en el estado de Zulia se tiene la costumbre de nacer el 15 de marzo de 1974. Ese día —según el censo electoral— nacieron 19.496 venezolanos de esa región. No se sabe qué ocurrió el 15 de junio de 1973, que produjera tan enorme intensidad sexual. Para que el lector se sitúe hay que aclarar que las fechas inmediatamente siguientes en número de nacimientos son las del 20 y 24 de octubre de 1973, con 358 y 360 nacimientos registrados respectivamente. El cante es espectacular, porque otro dato añade más humor al asunto: todos estos nacidos se registraron en el censo electoral después de 2003. Más ejemplos del empeño democrático de Chávez: ese mismo grupo de investigación ha demostrado que a la vista de las cifras, hay más votantes que habitantes en el segmento de población correspondiente a los mayores de 45 años. Lo peor de todo es que no hay respuestas oficiales a estas cifras, a estos errores de bulto enormes, a este fraude previo a la convocatoria misma.

No todo lo nuevo es una renovación. México y Colombia parecen avanzar hacia la estabilidad política y hacia la renovación de las prácticas democráticas. Desde luego no faltan grupos de presión interesados en potenciar las candidaturas de Calderón y Uribe, pero también de Obrador y Gaviria (o sus sucesores al frente de sus formaciones). A la vez, como agrupaciones políticas nuevas, es aún pronto para dar por cerrado el proceso de consolidación de estos nuevos partidos. Calderón es algo más que el PAN y que los antiguos amigos de Fox. Uribe tiene por delante una tarea ardua: conformar de verdad al Partido de la U .

México crece en democracia

Las elecciones para la presidencia de México del pasado 2 de julio se han celebrado en ese momento histórico en el que un país en transición se encuentra justo en medio de una encrucijada decisiva entre dos caminos: la ruptura o la reforma democrática. A la vista del resultado, parece que la vía elegida ha sido consolidar la segunda.

Según la mayoría de los politólogos, la consolidación de una democracia se advierte en dos dimensiones: las normas a las que se sujetan los ciudadanos, y las conductas de los integrantes de una nación (Diamond). La primera dimensión supone la existencia del Estado de derecho, que significa, entre otras cosas, que ninguna persona o grupo está por encima de la ley. Esta era una asignatura pendiente en México durante más de un siglo, que después de los comicios ha comenzado a superarse. La democracia no se satisface realizando elecciones, es necesario un sistema jurídico que garantice la legalidad del proceso electoral, la imparcialidad y la libertad, la justicia en el resultado, y la participación de los electores. México ha tenido elecciones durante más de setenta años, pero esas elecciones nunca fueron libres; por eso, a partir del año 2000 en el que se produce la alternancia en el poder, que es uno de los requisitos esenciales de la democracia, se dice que en México comenzó la transición democrática.

En medio de una crisis política —por otro lado, bastante general en el resto del mundo—, caracterizada por el desprestigio de los partidos y de la clase política, a causa de la corrupción y de la crisis ideológica, que afecta tanto a la izquierda como a la derecha, es el poder judicial quien en última instancia ha sido el garante de la democracia (curiosamente este mismo fenómeno se está produciendo en otras partes del mundo democrático, como es el caso de España). Tras un apretado resultado electoral, el candidato de la izquierda radical, Andrés Manuel López Obrador, líder del PRD, se negó a aceptar el resultado, y se autoproclamó «presidente elegido por el pueblo». Alegó para ello que las elecciones habían sido fraudulentas; cuando, por el contrario, todos los observadores internacionales consideraron que habían sido ejemplares. A pesar de todo, el poder judicial supo mantener el tipo y culminó el proceso electoral previsto por las leyes aprobadas en 1996, que tenían por finalidad integrar el «sistema de revisión electoral» en el poder judicial; poniendo a prueba positivamente el funcionamiento de las instituciones reformadas aquel año: el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde la época de Porfirio Díaz, el poder judicial estuvo siempre subordinado al poder político ejecutivo, hasta que el pasado 6 de septiembre el Tribunal Electoral ratificó el resultado del sufragio, demostrando por primera vez la plena independencia del poder judicial y el funcionamiento de la división de poderes en México.

La actitud de no aceptar el resultado democrático, y autoproclamarse presidente por encima de la ley, denunciando la ilegitimidad de la presidencia resultante de las elecciones no es algo nuevo en la historia de México. No se puede olvidar que el místico Francisco Madero proclamó la ilegítima elección de Porfirio Díaz en 1910, sin que pudiera demostrarse la existencia de fraude electoral. La revolución institucional que ha durado setenta años, nació cuando el general Venustiano Carranza, «compadre» primero y enemigo más tarde, de Pancho Villa y Emiliano Zapata (que a su vez habían echado de la presidencia en 1914 al general Huerta, sucesor de Madero), se autoproclamó primer jefe del gobierno constitucionalista, en contra y desoyendo, la decisión de la Soberana Convención de Aguascalientes, que nombró a tres presidentes consecutivos, Eulalio Gutiérrez, Roque González y Francisco Lagos Cházaro.

En 1988 el primer líder del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, denunció que hubo fraude en los comicios y que él había ganado. El 6 de julio, después de las elecciones, en un mitin celebrado en el Monumento a la Revolución, se declaró presidente. Posteriormente el 1 de diciembre de 1988, día de la toma de posesión del entonces presidente Salinas de Gortari, Cárdenas llamó a la población a «crear las condiciones para que el gobierno que inicia se retire de Palacio Nacional, y su lugar lo ocupe el pueblo». Lo cierto es que Cárdenas posteriormente retiró sus pretensiones y aceptó pacíficamente su destino. Incluso, en el otro lado del PAN, Clouthier, anuncio la formación de un gabinete «alterno», del que formó parte el actual presidente Vicente Fox. En fin, la tentación de autoproclamarse presidente ha sido históricamente muy fuerte para los políticos mexicanos. Cuando en el mes de mayo pasado estuve en el Distrito Federal una de las cosas que más me sorprendió fue que, al margen del vaivén de las encuestas electorales, la mayoría de la gente sensata que consulté daba por vencedor al candidato del PAN Felipe Calderón, pero todos ellos intuían con cierto temor que el problema no sería, quién ganara las elecciones, sino la actitud que adoptaría López Obrador, pues suponían que se negaría a reconocer cualquier resultado electoral adverso, llamando a una sublevación social para proclamarse presidente. El tiempo les dio la razón: acertaron en las previsiones y en el problema subsiguiente.

LA IZQUIERDA RADICAL MEXICANA

El PRD representa el partido de la izquierda en México. Desde su fundación, escindiéndose del PRI, Cárdenas quiso constituir y encauzar la alternativa democrática de izquierdas en la transición democrática. La actitud de su líder en la derrota electoral de 1994, y la posterior integración del mismo en las elecciones al Distrito Federal en 1997, así como su intento presidencial en el año 2000, hizo pensar que el Partido Revolucionario Democrático abanderaría más esta última calificación que la primera. Sin embargo, la llegada al poder de López Obrador giró el partido hacia la izquierda radical prevaleciendo la actitud revolucionaria.

La diferencia entre izquierda reformista e izquierda radical, en el momento ideológico político actual, es cada vez más nítida, y se compadece mejor con el espíritu de los tiempos, que la vieja distinción entre izquierda democrática e izquierda revolucionaria; sencillamente porque ambas reivindican la democracia, independientemente de que se lo crean o no. El más prestigioso de los pensadores de la izquierda americana, Richard Rorty, en su obra Forjar nuestro país, escribía: «En muchos países, incluyendo el mío, los intelectuales de izquierda están divididos en radicales y reformistas. Los reformistas creen que, simplemente cambiando las leyes, las democracias constitucionales con el tiempo podrían llegar a proporcionar la mayor libertad humana posible y la mayor justicia social posible. Los radicales sospechan que los mecanismos de las democracias constitucionales no permiten lograr eso y buscan otros sistemas». La primera es una izquierda que actúa de manera práctica desde dentro del sistema para alcanzar la justicia social. La segunda es un izquierda que, desencantada, reniega de su pasado y pretende transformar la sociedad y el sistema, de raíz, por eso es radical. El mismo fenómeno sucede en Europa, a partir de mayo de 1968, procedente de las barricadas del barrio latino de París. Ejemplo de la primera fue el PSOE de González; de la segunda el actual partido socialista de Zapatero. La causa del desencanto americano fue la derrota de la guerra del Vietnam. La causa del desencanto europeo fue el fracaso del socialismo real. Pero es necesario hacer una nueva distinción para comprender claramente el fenómeno de la izquierda en Latinoamérica. La izquierda radical, surgida en el 68 en los campus universitarios americanos y europeos, es una izquierda cultural, que se alimenta de una actitud intelectual, marginal y transgresora; y cuyo resultado revolucionario es el nihilismo y la contracultura. A l tiempo que se nutre de una nueva militancia progresista en la que la clase trabajadora se confunde con las masas no proletarias, como los movimientos sociales y marginales de feministas radicales, homosexuales, antiglobalización, etc.

En Latinoamérica también coexisten la izquierda reformista y la izquierda radical antisistema. Pero esta última no es la típica izquierda radical «cultural», propia de un país desarrollado y obeso de bonanza económica. En estos países la miseria prescinde de frivolidades.

La izquierda reformista latinoamericana es la de Alan García o Michelle Bachelet. La izquierda radical latinoamericana es populista, caudillista y revolucionaria; y está representada en Chávez, Morales o Castro. Su lucha, no es la lucha de clases, es, como decía el C h e Guevara, la del norte contra el sur, la del primero contra el tercer mundo. Ésta es la izquierda de López Obrador. Sus enemigos son: las instituciones, los ricos y el sistema. Sus pretendidos amigos: los pobres, los campesinos y la clientela, amen de la larga lista de intelectuales y progres que ahora le reniegan. Los grandes molinos a derribar son: la globalización, los gringos y el neoliberalismo. Sus métodos son: el manejo propagandístico de los medios —especialmente la televisión— y la movilización de las masas.

Pero en López Obrador también se da la peculiaridad de la radicalidad mexicana, que la hace diferente de las demás. Este radicalismo procede de la revolución de 1910. Las revoluciones se llevan a cabo, casi siempre, fundadas en ideas o ideales que constituyen una ideología. Pero en México no existe más ideología que el personalismo de cada uno de los caudillos revolucionarios. Éstos no defendían ningún sistema o utopía. Todos ellos se consideraban mesías elegidos por la Providencia, que iban a redimir, liberar, y emancipar al pueblo. Francisco Madero, el primero de los revolucionarios, afirmó que había sido elegido por la Providencia para traer la justicia social y la democracia a México. Andrés Manuel, que es como le llama su corrito, asume esta tradición de los caudillos rurales y las bandas armadas, que se apoderaron del país hasta 1917, fecha en la que la Constitución trató de encauzar institucionalmente la revolución. Él dice, a ritmo de la cucaracha, «no claudico ni me rajo. Ni me quiebro ni me doblo». Él sigue la novela zapatista, de la «movilización social armada», como está ensayando en Oaxaca. Y convoca a una «convención democrática nacional» para establecer un «nuevo poder constituyente, que devuelva el poder al pueblo»; del cual, naturalmente, él es la promesa mesiánica de redención; pues gusta presentarse como Mesías mexicano, portador de una nueva espiritualidad laica y no religiosa, en la más pura tradición «juarista». Pero, al cabo, de todas sus razones, la única que realmente tiene es la de la pobreza.

Frente a los pronósticos, López Obrador fracasó. Su derrota se debió, en gran parte, a su desprecio hacia las instituciones, manifestado en sus insultos al presidente y a los tribunales. Su soberbia le enfrentó con los poderes fácticos que le proporcionaron apoyo mediático, e incluso financiero. Porque muchos de ellos —los bien pensantes— se «adaptaron» antes de tiempo, pensando que «cuando llegue al poder: se moderará». Pero, sobre todo, lo perdió su incoherencia ejerciendo el poder como gobernador del Distrito Federal en temas como la corrupción o la defensa de los pobres; que siguen siendo más pobres, y «maldita la necesidad que tenían del segundo piso, que tan sólo beneficia a los ricos con carro».

LA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA SOCIEDAD

La segunda dimensión de una democracia consolidada, es la transformación de la sociedad civil, y la aceptación y querencia por la misma, del sistema democrático, ¿y cuál es el estado de la opinión pública mexicana? Poco antes de las elecciones escribía Enrique Krauze, que después del sexenio, «hoy por hoy la política mexicana es un teatro transmitido en vivo por los medios de comunicación, ubicado en el eje Los Pinos-Zócalo-Donceles-San Lázaro, en cuyo escenario hablan el presidente y su esposa, el gabinete, el jefe de gobierno del D.F., senadores, diputados, algunos gobernadores y el coro de la clase política, mientras el resto del país bosteza, o guarda silencio en las butacas». Los ciudadanos han perdido en gran parte la confianza en las instituciones. Más que social, se da una crisis de partidos. El PRI está próximo a la escisión. El PAN no ha sabido qué hacer con el poder, y el PRD, que podría haber representado una izquierda reformista moderna, padece la enfermedad contagiosa del populismo radical. «La prensa reduce la realidad al vocerío de las opiniones». La televisión además de ofrecer violencia, que es uno de los principales problemas del país, ofrece la intimidad de los personajes famosos, en una suerte de lucha por ver quién llega a ser más soez, además de ser el instrumento mediático del agit-pro de López Obrador. Y finalmente, dice Krauze, «también los intelectuales son, somos, responsables». El intelectual de izquierdas progresista no ejerce la autocrítica que tanto exigía Octavio Paz, sino que sigue los paradigmas revolucionarios del siglo XX. En cuanto a los intelectuales liberales tampoco han contribuido precisamente al «llamado moral». El mandato de Fox no ha sido brillante, su falta de liderazgo lleva el sino de todos aquellos a los que les ha tocado construir un nuevo orden, sobre un antiguo orden dictatorial; tal es el caso de Walesa o de Gorbachov.

Pero entre las luces y las sombras, cualquiera que haya estado estos años en México no puede dejar de reconocer que el resultado ha sido muy positivo. La prueba está en que el pueblo mexicano ha demostrado ser más maduro que otros muchos — como el español— a la hora de votar, rechazando la fácil demagogia y el engaño populista. En el fondo la diferencia está en la vida menos artificial, aunque sea menos confortable. En la asunción por la mayoría, de valores y principios arraigados en creencias. Una de las críticas que se hacían del candidato del PAN, Felipe Calderón, consistía en achacarle su declarada pertenencia a la práctica católica, o la asunción de ideas morales tales como el rechazo al aborto, o al tratamiento matrimonial de la homosexualidad. Críticas que vienen de una tradición laicista, que desde Juárez impregna el liberalismo mexicano; para éstos se puede ser liberal y masón, pero no liberal y católico, al menos, en la esfera pública. Calderón representa a la corriente «liberal conservadora», que también es muy específica de América a diferencia de Europa. Él asume un liberalismo económico plenamente, pero no un liberalismo moral que impone la dictadura del relativismo. Y a pesar de los malos augurios planteados por algún sector de la derecha liberal, su coherencia le ha dado un buen resultado final.

EL FUTURO DESPUÉS DEL HURACÁN

México, en fin, está de enhorabuena. Su proceso democrático está en el camino de la consolidación. En su encrucijada ha optado por la cordura, la moderación y la reforma. Pero quedan muchas cuestiones pendientes. De entre ellas la más importante es, en mi opinión, la de la pobreza; pues, como decían los clásicos: primun vivere et deinde filosofare.

U n a de las cosas que más me han sobresaltado, en mis viajes a México, ha sido observar el contraste tan radical entre la pobreza y la riqueza. Durante cinco años he visto crecer todo un barrio nuevo en Santa Fe. Integrado por hoteles de lujo, junto a edificios llenos de yuppies; continúa con el barrio residencial más selecto de la ciudad, «el bosque de Santa Fe»; en donde se encuentran las mansiones de los más ricos empresarios. Nada más atravesar un puente, uno se tropieza con el barrio de Santa Lucía, en donde la pobreza es lacerante y escandalosa. La pobreza en México representa más del 40 % de la población (en un total de 120 millones de habitantes), y la miseria es, al menos, una cuarta parte de ella; es decir, aquellos que ni siquiera existen a efectos sociales. El gobierno mexicano debe plantearse este problema como prioritario, si quiere que se modifique la cultura política de su país y la convivencia siga siendo posible al margen de la violencia. Esta situación es la principal causa de la inseguridad, e inclusive de la corrupción, que anida en la cultura de la sociedad y del Estado. El gobierno del PAN no puede limitarse a enarbolar la bandera del neoliberalismo, ha de plantear y realizar una política social activa de lucha contra la pobreza, que no eche por tierra el logro del que más se jacta, con razón por ahora, el presidente Fox: «Entregaré un país con paz social», si la izquierda radical no lo impide.

También el resto del continente americano está de enhorabuena. La victoria del PRD hubiera supuesto la consolidación del eje radical populista. Después de la derrota, el populismo radical ha quedado aislado en el continente sur, pues la vida que le queda en Cuba durará tan poco como la de su dictador. La derecha que continúa gobernando en México tiene la oportunidad de superar las políticas de ajuste duro que le han llevado a la impopularidad en casi todo el continente, aplicando políticas sociales que demuestren que la defensa de los pobres no es un monopolio de la izquierda. Éste es, sin duda, un reto importante para el futuro de la derecha en el resto de Latinoamérica.

La consolidación de la transición democrática podría haberse truncado con la victoria ilegal de López Obrador, al margen de las elecciones. En tal caso las expectativas de integración de mercados en el norte de América se habrían visto frustradas, como hace poco advertía el Washington Post. No ha sido así, la transición continúa. Por lo pronto, en México por fin se puede decir que después de la marcha de un presidente, el sucesor no es el tapado designado a dedo; en este caso el sucesor ha sido la ley.

Una transición demográfica

Según las estimaciones correspondientes al año 2005 (World Population Data Sheet), América Latina tenía 559 millones de habitantes, que sobre los 6.477 del planeta representaban alrededor de un 9 %.

En otro artículo publicado en Nueva Revista (número 92, 2004, «Una estandarización inacabada») recordaba la relativa homogeneidad demográfica de este espacio y algunos de los rasgos particulares de su evolución poblacional, particularmente la caída rápida de la mortalidad, el descenso igualmente veloz de la fecundidad, el cambio de signo de las migraciones internacionales, la intensificación de las internas (en y entre los países) y la ralentización del ritmo de urbanización de un espacio que, sin embargo, está bastante urbanizado.

No obstante, a pesar de ese paulatino proceso de estandarización demográfica, existen todavía contrastes apreciables en algunas variables y entre países. Es lo que ocurre con los dos indicadores más frecuentemente empleados para definir el comportamiento de una población ante la vida y la muerte. La fecundidad comparada a través del número medio de hijos por mujer da un valor de 1,5 en Cuba, 1,6 en Trinidad y Tobago y 1,8 en Puerto Rico frente a 4,7 en Haití, 4,4 en Guatemala y 4,1 en Honduras. Y la esperanza de vida al nacer para ambos sexos ofrece cifras de 79 años en Costa Rica y Martinica y de sólo 52 en Haití.

Por ello utilizar números de conjunto sólo tiene el valor de facilitar las comparaciones internacionales. Esas cifras están enmascarando diferencias que si bien son menores que las existentes en otros continentes en desarrollo y tienden a reducirse, aún se mantienen visibles.

LA REGIÓN EN DESARROLLO MÁS URBANIZADA

A diferencia del trabajo anterior que he mencionado, mi objetivo ahora no es realizar un análisis de variables, sino de territorios. Por ello pasaré revista a la situación poblacional de los tres grandes espacios latinoamericanos con el propósito de señalar la diversidad interna y la interterritorial.

Por la densidad, América Latina es un territorio poco poblado, como África. Pero tiene un poblamiento más irregular que este último debido a la importancia de la urbanización en algunas zonas del litoral o en los núcleos históricos de las civilizaciones precolombinas de las tierras altas (Dumont, F., 2001, «Les populations du monde»). La región nunca tuvo una población rural tan elevada como la de Asia y África. Mayoritaria antes de la II Guerra Mundial, superó el 5 0 % entre el final de los sesenta y el comienzo de los ochenta. La tasa de urbanización pasó del 40 % en 1950, al 70 % en 1990 y al 76 % en el año 2005. Es cierto que en los últimos tiempos la tasa de crecimiento de los núcleos urbanos se está reduciendo debido a la desaceleración demográfica general que ha afectado especialmente a las ciudades, y a que la emigración del campo no puede mantener el ritmo pasado debido al vaciamiento progresivo de las zonas rurales. Pese a todo, América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, aunque existan todavía contrastes notables en los porcentajes de población urbana que en bastantes casos obedecen a la importancia que adquieren las grandes metrópolis.

EL CARIBE

En total son diecisiete países que reúnen una población modesta (39 millones de habitantes). La desigualdad nacional de la distribución es marcada. Sólo tres estados tienen más de cinco millones de habitantes (Cuba con 11,3, la República Dominicana con 8,9 millones y Haití con 8,3 millones). Los otros catorce reúnen únicamente un 27% de los habitantes.

La mayoría de los países de la región tienen valores de fecundidad moderados. Por debajo del nivel de reemplazamiento (2,1 hijos por mujer) se sitúan seis países liderados por Cuba con la tasa más baja (1,5). En torno al umbral (entre 2,1 y 2,3) hay diez países más y claramente por encima sólo están Haití (4,7) y la República Dominicana (2,9).

Estos dos países vuelven a diferenciarse claramente de sus vecinos por las cifras de mortalidad. Son los que tienen una tasa de mortalidad infantil más elevada (80 % en Haití y 31 % en la República Dominicana) y una esperanza de vida más baja (52 y 68 años, respectivamente). Ambos están a la cola de la transición demográfica, pero con diferencias entre sí que explican en parte la presión que Haití ejerce sobre el territorio de su vecino.

Con diferencias, los demás estados tienen una situación de mortalidad razonable o buena con esperanzas por encima de los 70 años. Cuba lidera este grupo de territorios con cifras casi europeas (5,8 % de mortalidad infantil y 77 años de esperanza de vida).

En conjunto, la población del Caribe es joven con un valor medio del 29 % de menores de 15 años y de un 7 % de mayores de 65. Pero ya se advierte un proceso de envejecimiento incipiente en al menos seis naciones en las que el porcentaje de jóvenes está ligeramente por encima del 20 % y el de viejos ronda o supera el 10%. Los casos de Puerto Rico y Cuba son ilustrativos de esta situación con un 21 % de jóvenes y 12 y 10 % de población vieja.

La combinación de tasas generales de fecundidad, en claro proceso de disminución, y de mortalidad moderadas o bajas hace que el Caribe presente el índice de crecimiento más bajo de toda Latinoamérica con un valor anual del 1,1%.

Su tasa de urbanización (65 %) es la más reducida de Latinoamérica. Entre los países más grandes Cuba tiene un valor del 76 % y Puerto Rico del 94 %. En cambio, Haití (una vez más) sólo localiza en sus ciudades un tercio de los habitantes. Las proyecciones prevén una población de 47 millones en el año 2025 y 54 en 2050. Esta última cifra representará un crecimiento entre 2005 y 2050 del 40 % que es también el más reducido de los tres grandes espacios latinoamericanos.

AMÉRICA CENTRAL

Hay dos Américas centrales: la que representa México, con 107 millones de habitantes y un 73 % de la población total de la región, y la del resto, formada por los otros siete países que reúnen 40 millones de personas.

Dos rasgos diferencian este ámbito del vecino Caribe. En primer término, una mortalidad reducida, la más baja de las tres regiones latinoamericanas, con un valor medio de su tasa bruta del 5 %. Y en segundo lugar, una tasa de natalidad elevada del 2 5 % que es también, en este caso, la más alta de los tres conjuntos.

Como siempre las cifras globales oscurecen algunas diferencias significativas en las dos variables. Costa Rica con un 9 % tiene la tasa de mortalidad infantil más baja y Guatemala con casi el 40 % la más alta. Las demás naciones tienen valores medios entre un 25 y 35 %. Estos índices influyen en la esperanza de vida que en Costa Rica se acerca a los 80 años mientras que en Guatemala se queda en 66. E influyen igualmente en los valores de fecundidad, en donde se observan también diferencias de alcance. Guatemala, Honduras y Nicaragua, que tienen las tasas de mortalidad infantil más altas, ostentan los valores de fecundidad más elevados (4,4, 4,1, y 3,8 hijos por mujer, respectivamente). En cambio, Costa Rica con dos hijos por mujer acaba de traspasar el umbral de renovación de las generaciones.

La mayor natalidad de conjunto hay que emparentarla con porcentajes de población joven más elevados que en el vecino Caribe. Todos los países están por encima del 30% de población de menos de 15 años y algunos por encima del 40 % (Guatemala, Honduras y Nicaragua). La inercia demográfica derivada de esta situación constituye un freno natural a la caída de la natalidad. Por ello el porcentaje de crecimiento del periodo 2005 – 2050 es el más elevado de Latinoamérica (46 %). La región tendrá en el año 2025 alrededor de 188 millones de personas y en 2050 más de 215. Guatemala y Honduras doblarán con creces sus efectivos actuales, mientras que México que ya tiene hoy un nivel de fecundidad moderado (2,6 hijos por mujer) aumentará su población en un 30 % reduciendo su peso relativo en el conjunto de la región (65 %).

La tasa de urbanización (68 %) es ligeramente mayor que la del Caribe, pero como en él se observan contrastes notables. México tiene el porcentaje más alto (75 %) y Guatemala el más reducido (39 %). La intensa urbanización mexicana está dominada por el peso de la capital, que con una población probablemente superior a los veinte millones de personas reúne casi al 19 % de todos los habitantes.

AMÉRICA DEL SUR

Trece países en total se reparten esta parte de Latinoamérica dominada por Brasil que con 184 millones supone aproximadamente la mitad de la población del subcontinente (373 millones). Tras Brasil, Colombia (46 millones) y Argentina (39 millones) ocupan, a distancia, la segunda y tercera plaza. Ningún otro país rebasa los treinta millones, distribuyéndose por tamaños en una escala encabezada por Perú (28 millones) y cerrada por la Guayana Francesa con apenas 200.000 habitantes.

Los países de América del Sur están en diferentes estadios de la transición demográfica. Algunos, como Chile y Uruguay, la han cumplido ya prácticamente. Sus tasas de mortalidad infantil (8 y 15%) son baja y sus niveles de fecundidad reducidos (2 y 2,2 hijos por mujer). Viene detrás un pelotón compuesto por Argentina, Colombia y Venezuela que observan a corto plazo el final de la transición. Las tasas de mortalidad infantil son algo más elevadas (entre el 20 y el 25 %) y los índices de fecundidad rondan los 2,5 hijos por mujer. La transición está menos desarrollada en Ecuador y Perú (índices de mortalidad infantil por encima de 30 % y de fecundidad en torno a tres hijos por mujer). Los valores más altos de ambas variables corresponden, sin embargo, a Bolivia con una tasa de 54 % de mortalidad infantil y 3,8 hijos por mujer. Hay por lo tanto una clara correlación entre los fallecimientos de niños y la fecundidad en la mayoría de países del subcontinente, en donde se aprecia además una relación intensa entre desarrollo económico y transición demográfica.

La estructura por edades también correlaciona bien con la fecundidad. Los valores más bajos de población joven (menos de 30 % en Chile, Uruguay y Argentina) corresponden a los países con tasa de fecundidad más reducida. En el otro extremo de la escala sólo Uruguay (13%) tiene un porcentaje de viejos superior al 10%.

Entre los países grandes se pueden diferenciar tres niveles de urbanización. Por encima del 80 % de población urbana (incluso del 90 % en el caso de Uruguay) están, además de este país, Argentina, Chile y Venezuela. Entre el 70 y el 80 % se sitúan Brasil, Colombia y Perú. La tercera categoría la integran los menos urbanizados con valores ente 55 y 65%, como en Bolivia, Ecuador y Paraguay.

También en esta parte del subcontinente se prevé un crecimiento demográfico a corto y medio plazo que supondrá un aumento del 44 % entre 2005 y 2050. U n valor intermedio entre el del Caribe (más bajo) y el de América Central (más alto). En conjunto, la población será de unos 467 millones en 2025 y de 536 en el año 2050.

Este es, a grandes rasgos, el panorama demográfico de los tres grandes espacios latinoamericanos que tienen vocación de convergencia poblacional, aunque existan todavía diferencias notables en el interior y entre cada uno de los ámbitos.

Desde un punto de vista internacional Latinoamérica tiene mejores cifras de mortalidad que las africanas o asiáticas y una fecundidad claramente más reducida que la de África y de un valor semejante al de Asia. Por ello su población aumentará en términos relativos mucho menos que la africana y asiática. Hoy los tres continentes en desarrollo tienen 906 millones de habitantes África, 559 Latinoamérica y 3.291 Asia.

Dentro de veinte años Asia alcanzará los 4.759 millones con un crecimiento porcentual del 44 %. África 1.349 millones y un aumento relativo del 49 % y América Latina 702 millones y sólo un 26 % de crecimiento. Es por lo tanto el subcontinente en desarrollo de cifras más contenidas y donde la transición, examinada en bloque, ha cumplido en más casos su trayectoria. Pero es todavía, y lo seguirá siendo en el futuro inmediato, un territorio con una razonable vitalidad demográfica que le permitirá encarar, ciertamente no sin problemas, el futuro complejo de su desarrollo económico.

La cooperación española en América Latina

América Latina es un referente esencial para España y una prioridad absoluta para la cooperación española. Esta realidad se mantiene inalterable con el paso del tiempo. Si acaso, el paso de los años no hace sino reforzar la dimensión latinoamericana de la política exterior española. Esta opción de cooperación al desarrollo no está únicamente motivada por razones políticas o basada en la existencia de una comunidad de valores. Esta opción es un elemento esencial del compromiso solidario de España con la lucha contra la pobreza y por la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Mi interés se centra en la exposición de las razones por las que la cooperación española debe permanecer y reforzar su compromiso con América Latina; en contra de algunas corrientes de pensamiento que abogan por la concentración exclusiva y excluyente de los esfuerzos de la cooperación en los países de renta más baja.

Todos somos conscientes de las estrechas relaciones de toda índole que aproximan nuestro país a la realidad de América Latina. Algunas de ellas han sido muy manidas y podrían considerarse como excesivamente abstractas. Pero no por ello son menos ciertas. Así que, en primer lugar, conviene recordar el compromiso político de España hacia la región. Cimentado sobre raíces históricas muy fuertes, se renovó con la vuelta de la democracia en España. U n compromiso que se centró, en un primer periodo, en la pacificación y el desarrollo socioeconómico de la región. Desde ese momento, España, además del empeño en fortalecer las relaciones bilaterales que existen con cada uno de los países latinoamericanos, ha trabajado también intensamente en la consolidación del multilateralismo concertado que encarna el Sistema Iberoamericano y ha promovido la asociación eurolatinoamericana como vía preferente de una cooperación multilateral ampliada. España busca una presencia equilibrada de todos los actores en la región y apuesta por el multilateralismo como la mejor manera de lograr los objetivos que un país por sí sólo no puede alcanzar y como vía de fortalecimiento de la concertación internacional. En este sentido, debe resaltarse el punto de inflexión que para el sistema iberoamericano supuso la Cumbre de Salamanca, celebrada en octubre de 2005. Además de institucionalizar la Secretaría General Iberoamericana como organismo internacional, los Estados miembros centraron sus discusiones y compromisos en aquellos ámbitos prioritarios para la región: lucha contra la pobreza y la exclusión social, migraciones y proyección internacional.

En segundo lugar, la prioridad latinoamericana responde claramente al sentir de la sociedad española. El compromiso de la sociedad civil española ante las situaciones de catástrofe natural o de pobreza en América Latina es patente. Así quedó consagrado en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998. Esta ley aglutinó un gran consenso político. La cooperación española en América Latina constituye un binomio formado por un sector, la ayuda al desarrollo, y una región, América, que goza de un amplísimo consenso social y político. Esta actitud de los españoles se refleja de distintas maneras. Por un lado, las encuestas de opinión pública muestran que más de la mitad de los españoles afirman que América Latina debe ser uno de los destinos preferentes de la cooperación española. Por otro lado, se observa en la respuesta generosa de los ciudadanos ante emergencias humanitarias en la zona, mediante la acción solidaria de cientos de municipios y de todas las comunidades autónomas, y desde luego a través de nuestras organizaciones no gubernamentales, verdaderos instrumentos del compromiso de la sociedad civil. Por último, la presencia creciente de inmigrantes latinoamericanos en España ha permitido un acercamiento humano a la realidad de este continente, lo que también conlleva nuevas propuestas de cooperación. En este año 2006, por poner un ejemplo de actualidad, la mayoría de los trabajos que se realizan en el seno de la comunidad iberoamericana giran entorno al lema «Migraciones y desarrollo». Esta realidad se complementa con la fuerte presencia de empresas españolas en esta región, lo que supone —más allá de las oportunidades económicas que les brinda— una creciente responsabilidad del país en el desarrollo futuro de Latinoamérica.

Finalmente, se debe señalar el impulso que deriva de los principios generales de nuestra política de desarrollo. A l respecto, debemos recordar que casi un tercio de la población latinoamericana — 180 millones de personas— vive bajo el umbral de la pobreza. De estas personas, cerca de 60 millones se encuentran en la pobreza extrema, viviendo con menos de un dólar al día. A l margen de todo lo enunciado anteriormente ¿No justifican por sí solas estas cifras la presencia de la cooperación española allí? C o n relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aunque se han observado algunas mejoras en varios indicadores, América Latina está rezagada en cuanto al cumplimiento del primer objetivo, la reducción de la pobreza en la mitad, y si se mantienen las actuales tendencias de crecimiento económico modesto es probable que no haya mejoras sensibles en este indicador. Aunque el Índice de Desarrollo Humano promedio de la región (0,77) es relativamente alto, esconde grandes disparidades en capital humano, condiciones sociales y niveles de vida entre regiones de un mismo país, entre ricos y pobres, hombres y mujeres, grupos étnicos y otros, población urbana y rural, etc. Así, en algunas zonas de Latinoamérica, el nivel de desarrollo humano es similar al de los países más pobres de África o Asia. Fundamentalmente, el gran desafío de América Latina es la necesidad de reducir la enorme desigualdad existente. Los desequilibrios de todo tipo, sin parangón en otras regiones del mundo, son la causa fundamental de la pobreza existente, de las dificultades para consolidar instituciones fuertes y eficaces y de la imposibilidad de poner freno a las situaciones de exclusión económica y social.

UNA POLÍTICA CON UN CLARO ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO

Una vez identificadas las razones de la presencia de la cooperación española en América Latina, se debe ser consciente de las peculiaridades de la región y ser capaces de articular una política adaptada a los enormes cambios que la región ha experimentado y a la necesidad de aumentar la calidad y la cantidad de nuestra ayuda. La política de cooperación al desarrollo con América Latina ha pasado a ser menos asistencialista y más dirigida a la creación y fortalecimiento de las capacidades endógenas, y con un claro enfoque de desarrollo humano para que sean los propios gobiernos los que logren las metas del desarrollo. Todo ello siendo conscientes de que no actuamos en solitario. La apuesta por un multilateralismo activo, selectivo y estratégico que hace el plan director de la cooperación española es fundamental. Como comenté anteriormente, España, además del interés en el fortalecimiento de los vínculos y relaciones con cada país de la región, ha trabajado en la consolidación del multilateralismo concertado que encarna la Comunidad Iberoamericana de Naciones y ha promovido una política activa y comprometida de la Unión Europea hacia la región de América Latina.

Sobre estas bases se establecen las prioridades sectoriales de la cooperación española en la región. Adaptadas a las necesidades de desarrollo de cada país y centradas en los sectores donde más necesario es el fortalecimiento de capacidades. Sabemos que los países socios de la región son capaces de lograr un desarrollo social y económico sostenido e incluyente. La función de la cooperación es ayudarles y acompañarles en este empeño.

El primer sector al que me referiré es la colaboración en el ámbito de la gobernabilidad democrática. Entendida no sólo como apoyo al fortalecimiento institucional para la reforma y modernización del Estado, sino también de legitimación, reconocimiento de derechos, creación de ciudadanía y construcción de espacios de encuentro, prevención de conflictos, etc. Se traduce en acciones de apoyo a procesos de reforma y modernización de las instituciones, capacitación técnica y el apoyo al diseño de políticas. En 2005 se destinaron más de 84 millones de euros a este sector. Destaca en este ámbito la novedad del esfuerzo orientado hacia la promoción de la democracia representativa y al pluralismo político en América Latina.

Otro sector fundamental es el que gira en torno a la cohesión social, concepto central para luchar contra las desigualdades. Se refiere a la atención de las necesidades sociales básicas, el acceso al agua potable y el saneamiento, la educación primaria y secundaria, la salud básica, la habitabilidad… y en especial la inserción de los sectores más desfavorecidos. Se traduce en actuaciones dirigidas a mejorar los índices de bienestar e inclusión social y el estímulo al crecimiento de una base social amplia. En 2005 el sector de las necesidades sociales recibió casi el 50 % de la cooperación oficial con América Latina, destinándose a sectores tan prioritarios como la educación algo más de 57 millones de euros.

Como tercer sector fundamental de actuación, se deben incluir las acciones dirigidas a fortalecer el tejido económico. Especialmente en una región con tantos recursos y posibilidades de crecimiento. Se traduce en actuaciones orientadas hacia las víctimas de diversas crisis, como por ejemplo el Programa de Apoyo a los Productores de Café en Centroamérica; en apoyo al tejido microempresarial, facilitando el acceso al crédito y la democratización del mismo, y en el empuje de sectores emergentes que contribuyen a mejorar la competitividad de las economías latinoamericanas, como por ejemplo las líneas centroamericana y andina de turismo. En 2005, doscientos millones de euros se destinaron a la promoción del tejido económico empresarial.

Estas líneas de actuación se complementan con criterios de intervención y prioridades que se deben tener en cuenta en todo programa y acción. Me refiero a la igualdad de género, a la sostenibilidad medioambiental, a la defensa y protección de los derechos humanos y al apoyo a los pueblos indígenas. Elementos que todos los actores deben considerar a la hora de negociar un documento en una conferencia internacional, formular un programa de cooperación, departir con colegas de otras agencias de cooperación, ejecutar un proyecto sobre el terreno… o cualquier otra acción en que se concrete el quehacer diario de todos aquellos que trabajamos en el sector.

CONCLUSIÓN

Estas líneas se quedan cortas para explicar un sector tan apasionante y complejo como la cooperación al desarrollo en América Latina. Todavía quedarían por analizar elementos fundamentales del diseño de una política de cooperación como son las prioridades geográficas, la decisiva función de todos los actores involucrados: empresas, sindicatos, universidades, etc., y muchos otros. En esta aproximación he querido recalcar dos aspectos cruciales. El primero de ellos: las poderosas razones por las que la cooperación española se mantiene en América Latina; y el segundo: los principales sectores de actuación, que hacen que la presencia española allí se refuerce de manera creciente y constante.

Como recientemente dijo Kemal Dervis, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, América Latina es un banco de pruebas para la cooperación internacional. España, primer donante europeo en la región, refuerza su compromiso allí, consciente de las necesidades de América Latina y con el deseo de ver cumplidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio.