La serpiente fuera del túnel: de Maastricht al post-Maastricht

Como en las mejores películas de los hermanos Marx, el discurso sobre Maastricht se ha convertido en una incontenible verborrea, en la que todo cabe y cada vez se dice menos. ¿Qué no ha sido ya, y, sobre todo, qué puede ser todavía «Maastricht»?

En un momento pareció que Maastricht se transformaba en el caballo de batalla de británicos y euroescépticos varios contra la creación de un formidable super-Estado bruselense, dominado por la batuta de esa perfecta encarnación de la conspiración gálica con la que se ha pretendido identificar a Jacques Delors.

En otro momento, Maastricht aparecía como catalizador de nuevos frentes de opinión a lo largo y a lo ancho de la geografía europea. Han surgido, así, legitimistas del Estado soberano francés o del marco alemán; federalistas de nuevo cuño, tan audaces como para desenterrar del baúl de los olvidos el muy folclórico principio de subsidiaridad y convertirlo tácticamente en el eje de la reordenación de las relaciones entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros; tecnocratas de salón deseosos de asegurar la sacrosanta función motriz de la Comisión o la no menos inviolable independencia del futuro Banco Central Europeo; en fin, políticos y funcionarios españoles dispuestos a reducir los objetivos de la construcción europea a un problema de cómo quedarse con un trozo más grande del pastel.

Símbolo político

Como todo buen símbolo político, Maastricht ha concertado fobias y filias, suspicacias frente a los vecinos (sobre todo, si el vecino se llama Alemania) y oportunidades de escoriar desagravios históricos o económicos. Y como todo buen precipitado de procesos políticos, Maastricht ha puesto en primer término cuestiones fundamentales sobre la unificación europea, sobre las competencias de las instituciones comunitarias y sus límites, y sobre las repercusiones de la futura Unión Económica.

En realidad, la actual devaluación de Maastricht ha sido la contrapartida de su propio éxito inicial. Maastricht empezó cabalgando sobre la euforia de la realización del mercado único, acompañado por el ciclo alcista de la segunda mitad de los ochenta y el fin de la guerra fría. Ha acabado siendo víctima de la recesión económica, del nuevo (y quizás excesivo) peso político asumido por la Comisión, y del coste de la unificación alemana.

El proceso asociado con Maastricht consigue en un principio fundamentalmente tres cosas:

1. Fijar como irreversible el proceso hacia la unidad económica y la creación de la moneda única en torno a un Banco Central Europeo, que podrá fijar independientemente la política monetaria y únicamente estará sometido a las directrices generales que en política económica emanen de los Estados miembros reunidos en Consejo Europeo.

2. Como doble corolario de la fijación de los objetivos y plazos de constitución de la unión monetaria, fundamentalmente ligados a la contención del déficit público y de la inflación, se alcanza:

a) la determinación de programas de convergencia, propuestos por los Estados miembros y aprobados por las instituciones comunitarias, con lo que se comienza a trasladar a éstas esenciales competencias estatales en la planificación y coordinación económicas; y

b) el compromiso de aumentar sustancialmente (un plan Marshall cuadruplicado) la redistribución intracomunitaria con la creación de unos nuevos fondos de cohesión en favor de los países con renta per cápita inferior a la media comunitaria, y cuyo principal beneficiario es España.

3. La proyección del mensaje a los países candidatos (en particular, a los de la EFTA residual) que tanto el mercado único como la Unión Económica son procesos irreversibles, cuyo acceso está esencialmente abierto si se cumplen (o pueden llegar a cumplirse) las condiciones fijadas en Maastricht y si se acepta en su totalidad (incluidas las disposiciones relativas a la UEO) el Tratado de Roma y el Tratado de la Unión Europea.

El ambiente inicial en el que parece que Maastricht va a poder ratificarse rápidamente, se ve radicalmente transformado por tres factores:

1. La fortísima recesión económica fruto del endeudamiento derivado de las políticas de los ochenta que se empieza a dejar sentir en toda Europa a partir de 1990, y, con ello, la extensión de la sensación generalizada de que las promesas asociadas al cumplimiento del programa del mercado interior eran poco más que papel mojado, lo que replantea cuestiones fundamentales de la legitimidad de las Comunidades.

2. El enorme costo de la reunificación alemana, y fundamentalmente el inesperado coste inflacionario de la ficticia equiparación de las monedas del Este y Oeste, unidos al mantenimiento de la política restrictiva del Bundesbank, con elevados tipos de interés que serán repercutidos al resto de las monedas europeas, y finalmente hará saltar los compromisos adquiridos por los países de la banda estrecha del SME, lo que genera desconfianza respecto a la estabilidad y los pactos fundamentales internos del SME.

3. El estallido de la crisis yugoslava y la demostración universal de la impotencia europea para poder solucionar conflictos en su zona de influencia, lo que socava los fundamentos de una política exterior y de seguridad común y vacía por tanto de contenido el segundo gran pilar del Tratado de la Unión Europea, además de generar una nueva desconfianza, que se añade a la económica y monetaria, sobre la capacidad de Europa de garantizar la paz.

De este modo se ponen en cuestión los tres grandes criterios de legitimación de las Comunidades, prosperidad, estabilidad, y paz, al atacarse puntos fundamentales de la prosperidad económica (las consecuencias del mercado único), la estabilidad monetaria (el SME y el mantenimiento de una equiparación/paridad entre las monedas) y la paz (incapacidad política y militar para resolver conflictos, y, en particular, conflictos en su área de influencia).

Triple crisis de legitimidad

Esta triple crisis de legitimidad tiene una serie de consecuencias, que replantean temas fundamentales de las Comunidades:

1) El problema de la distribución de competencias entre las instituciones centrales y los Estados miembros en una Unión Federal. Detrás de la cuestión de la soberanía, de la legitimidad de las Comunidades y de la imagen de la creación de un superEstado comunitario se esconde el problema de la transformación de los Estados miembros en Estados partes de una Unión que necesariamente modifica los presupuestos constitucionales de los Estados miembros: problema de la ciudadanía europea; definición del Estado en términos de soberanía nacional; competencias implícitas y competencias de atribución de las instituciones comunitarias; conexión de los Jueces nacionales con el Tribunal de Justicia de Luxemburgo; el Tribunal de Justicia como Tribunal Supremo a la manera americana, con competencias constitucionales y de ordenación federal.

2) El problema de la creación de un verdadera ciudadanía europea, con simbología y procesos de legitimación/creación de la voluntad constituyente propios.

3) El problema de la dislocación entre tecnocracia económica y política, y la búsqueda de cauces más próximos al ciudadano. ¿Cuáles pueden ser los elementos de una salida de la crisis a partir de Maastricht y en el contexto del post-Maastricht?

Como es bien sabido, todo empezó en medio de la euforia suscitada por el excelente marketing político del proyecto del mercado interior y el relativo crecimiento económico de la segunda mitad de los ochenta. Ya en el entorno del Acta Unica que no pretendía ser sino una respuesta amortiguadora de los Gobiernos de los Estados miembros al proyecto de Tratado de Unión Europea suscitado por el Parlamento Europeo en 1984, se había planteado la necesidad de volver en un futuro próximo sobre tres objetivos no alcanzados por aquella primera gran reforma del Tratado de Roma: la reducción del déficit democrático a través de un reforzamiento de las funciones legislativas del Parlamento Europeo; la inclusión de las nuevas políticas comunitarias que se habían ido desarrollando en ejecución de las competencias implícitas de la Comisión y el Consejo en el marco del Tratado de Roma; y, sobre todo, el avance institucional hacia la Unión Monetaria y Económica.

La aceleración histórica producida con el resurgimiento de los países del Este, con la caída del muro de Berlín y la unificación alemana, y las nuevas realidades europeas tras el fin de la guerra fría, no hizo sino acelerar asimismo el proceso que se había iniciado con el objetivo fundamental de garantizar institucionalmente los logros del mercado único. Ahora la alternativa entre profundización o expansión comunitarias aparecía como más decisiva que nunca.

Los intereses de los actores en juego eran distintos, pero complementarios. Desde el punto de vista de la Comisión, la unión monetaria significaba el anclaje definitivo del mercado interior, y, por tanto, de sus competencias en la realización del mismo, a la par que un sensible desplazamiento de funciones esenciales de los Estados en materia económica hacia el futuro Banco Central Europeo y el Consejo Europeo, en definitiva, hacia Bruselas. Para el eje francoalemán, y a pesar de las reticencias iniciales y de las posteriores descalificaciones mutuas, la creación de la moneda única representaba un juego de suma positiva para ambos. Fiel a la tradición dialéctica del pensamiento alemán, el sacrificio del marco en el altar de la moneda única suponía su momento de máxima exaltación y su destrucción. Triunfa el marco como símbolo político y económico de la vieja República Federal, triunfa la política de ortodoxia monetaria y de independencia del Bundesbank, al mismo tiempo que se entrega el marco a una realidad superior, el ECU, con la garantía de que los efectos benéficos de la firme política antiinflacionista del marco serán ahora fiel e ineluctablemente seguidos por el resto de la Europa Comunitaria. Para Francia como para el resto de los países de la zona del marco, es decir, en última instancia para todos los países del SME la transmutación del marco en ECU y su anclaje institucional suponen la posibilidad de participar en decisiones hasta la fecha reservadas al círculo esotérico del Consejo del Bundesbank. Dicho brevemente, si el futuro Banco Central Europeo es más que probable que acabe teniendo su sede en Frankfurt, no es más arriesgado afirmar que muy posiblemente su Presidente sea francés.

Las exigencias redistributivas

Además, la creación de la Unión Monetaria y Económica constituye el perfecto argumento para fundamentar las exigencias redistributivas de los países comunitarios menos desarrollados. Una vez desechada la tentación de las dos velocidades e introducido el principio meritocrático, según el cual se fijan criterios objetivos a partir de los cuales todos los países miembros pueden convertirse en socios de la Unión Económica, los programas de convergencia aparecerían como justificación formal de los nuevos fondos de cohesión para los países cuyo PIB per capita se hallen por debajo de la media comunitaria. De esta manera, España se convertiría en el abanderado de la lucha por los fondos y su mayor receptor, y Maastricht y la Unión Económica en el shibbóleth del Gobierno de Felipe González.

Mientras que la Unión Monetaria y el plan Delors con sus diferentes plazos y condiciones serían así aceptados con relativa facilidad por los participantes en la primera de las dos Conferencias Intergubernamentales y ratificado por el Consejo Europeo de Madrid, la segunda Conferencia, sobre la Unión Política, suscitaría mayores y más esenciales interrogantes. Se trataba, en primer lugar, de delimitar exactamente las políticas que debían ser consideradas como comunitarias, es decir, plenamente integradas en los Tratados de Roma, sujetas al derecho comunitario y a su aplicación por las instituciones comunitarias, de aquellas otras que debían seguir siendo objeto de la cooperación intergubernamental, y para las que se necesitaba, por tanto, un nuevo paraguas institucional.

La solución aquí fue la de seguir considerando las cuestiones referentes a política interior y de Justicia (inmigración, cooperación en materia de asilo, lucha contra el terrorismo y drogas, cooperación en material penal, etc.) como propias de las relaciones entre los Estados miembros en el seno del Consejo Europeo, pero con la posibilidad de que se produzca una mayor comunitarización de las mismas que lleve a su plena integración en el sistema comunitario. Paralelamente, las políticas desarrolladas en el entorno de las instituciones comunitarias durante los años setenta y ochenta, así como las nuevas políticas de cohesión y desarrollo de las redes de infraestructuras se integran ahora plenamente en el sistema comunitario.

No puede hablarse, sin embargo, de que la cuestión de una mayor responsabilización política de las instituciones y procedimientos comunitarios frente al Parlamento Europeo se haya avanzado sustancialmente. Es cierto que el Parlamento obtiene la algo teórica posibilidad de veto en la moción de investidura del Presidente de la Comisión, pero las disposiciones referentes al nuevo procedimiento de codecisión entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, no parecen sino recargar excesivamente el ya de por sí enormemente complejo sistema legislativo.

El segundo núcleo de cuestiones a decidir dentro de la Unión Política hacía referencia al avance hacia una política exterior común que englobase también las cuestiones de seguridad y defensa. Tras árduas discusiones la fórmula escogida fue la de que la Unión Europea Occidental se convirtiese en el brazo armado de la Unión Europea. La inoperancia de esta institución y de la diplomacia europea en su conjunto durante la crisis yugoslava ha planteado, sin embargo, serias dudas sobre la eficacia del Tratado en lo referente a la cooperación política y de seguridad.

Auténtica opinión pública europea

Todo ello conlleva que esta extraña situación del post-Maastricht ante de que Maastricht haya sido definitivamente ratificado, presente las siguientes perspectivas de futuro:

1) Gracias a los referenda danés y francés, y a los largos procesos de ratificación seguidos en Gran Bretaña y Alemania, el proyecto de construcción europea ha sido objeto de un amplio y sustancioso debate, que era necesario, y que ha puesto en primer plano de la discusión política los objetivos, los medios y las ambiciones de la construcción comunitaria. En particular, las cuestiones referentes a las relaciones entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros, y la extensión de las competencias de la Comisión seguirán suscitando un discurso público que es la base esencial para la creación de una auténtica opinión pública europea, primer paso hacia una voluntad constituyente sin la que la Unión Europea no podrá llegar a ser una realidad.

2) Tanto el debate sobre la Unión monetaria, como, sobre todo, la actitud de los Bancos Centrales después de que se ampliasen las bandas del SME hasta un 30%, hablan en favor de la irreversibilidad del camino iniciado hacia la Unión Monetaria, a pesar de que los plazos marcados en Maastricht puedan no llegar a cumplirse.

3) Como en cada ampliación anterior, es muy probable que el ingreso de, al menos, Austria y Suecia, en 1995, pueda significar un nuevo impulso a la construcción europea. Ello, unido a la mayor estabilidad económica que previsiblemente alcance Alemania durante los próximos dos años, generará una nueva fase alcista en la construcción europea, que coincidirá con las reformas institucionales previstas para el horizonte de 1996.

Además de una vieja advertencia de origen bíblico, lo de parir con dolor está inscrito en la naturaleza de las cosas. La vida arranca con gemidos, algo que acompaña fatalmente Aal hombre desde que lanza su llanto inicial, entre la angustia dolorida de la madre, al asomarse por primera vez a este mundo incierto. El dolor lo dijo Shakespeare en La Tempestad es el veneno de la belleza. Pero si el dolor es una constante vital, también lo es luchar contra él. Incluso, con apelaciones psicosomáticas, desde antes del parto. Una moderna técnica de preparación psicológica ayuda a mitigar los inevitables sufrimientos que rodean al alumbramiento. Es lo que se conoce como «parto sin dolor».

El presidente del Gobierno, Felipe González, ha jugado con el retruécano al establecer una similitud eufónica entre el parto sin dolor y el pacto con dolor. El pacto social tiene algo de parto, y, a veces, es como el parto de los montes. En la España democrática, surgida de una encomiable voluntad de entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, hay unos pactos por antonomasia, los Pactos de la Moncloa. Hubo un momento en el que la gravedad de la situación económica llegó a amenazar las conquistas políticas, y los célebres pactos de entonces supusieron una pausa en lo accesorio para, entre todos, ayudar a salvar lo fundamental. Nadie niega hoy el éxito de aquella operación.

Ahora vivimos otros tiempos políticos. No se pueden invocar el pacto como receta permanente cuando la esencia de la democracia reside en la competencia entre diversas fórmulas, sin otra obligatoriedad de concordia que el respeto a la Constitución. El sistema democrático permite corregir errores cada cuatro años. Que los votantes, por las razones que sean, no lo hagan, es otra cuestión.

Grave situación económica

Sin embargo, la gravedad de la situación económica ha obligado una vez más a los interlocutores sociales y al gobierno a replantearse la conveniencia de los pactos. Es una tentación que surge cuando las situaciones parecen bloqueadas. De hecho, el adelanto electoral del 6 de junio vino impuesto, según explicó entonces el presidente González, porque la oposición le impedía sacar adelante sus proyectos. Con una nueva victoria y una nueva mayoría las cosas podrían ser de otra manera.

No parece que vaya a ser exactamente así. La distancia entre la oposición popular que ha estado a punto de denotar al PSOE y el Partido Socialista, que se ha mantenido en el Gobierno con el apoyo de los partidos nacionalistas, se ha acortado. Y los problemas han reaparecido en toda su crudeza a los tres meses de celebrados los comicios. El fundamental, la crisis económica, que provoca un paro que es el doble del que registra la Comunidad Europea. La consecución de un acuerdo social, que permita la creación de empleo, aparece así como un objetivo nacional. No ayudar a ello puede ser, según el Gobierno, pecado de falta de patriotismo.

¿Va a ser este nuevo pacto el remedio de los males? Es tan profunda la crisis que golpea en toda Europa, que, si así fuera, habría que hablar no de pacto, sino de milagro. Los pactos son una ayuda, pero no soluciones definitivas. Además de los Pactos de la Moncloa, ha habido, entre 1984 y 1987, diversos pactos entre los interlocutores sociales, con y sin intervención del Gobierno. Pero, como se recuerda ahora, la moderación salarial salida de ellos era un remedio pasajero: para conseguir la paz con los sindicatos se firmaban tales incrementos del gasto social, que no conseguía frenar la espiral inflacionista ni alterar las líneas de la política económica.

Mantener el empleo

Esto se vio tras la huelga general de 1988, en la que los sindicatos pusieron al Gobierno contra las cuerdas. Pero, como todo cambia, tampoco los sindicatos actuales son los de 1988. Tres millones y medio de parados y una baja afiliación sindical hacen reflexionar a cualquiera. Porque, en vez de condiciones para una nueva huelga general, lo que hay ahora es más bien lo contrario: un sentimiento difuso de que, tal como está el panorama, lo esencial es mantener el empleo. El Gobierno es consciente de su situación de ventaja, en la que cuenta con la alianza de la patronal. El pacto social no vendrá esta vez condicionado por ningún tipo de amenazas.

Por eso, en su primera declaración a los periodistas, tras un prolongado silencio veraniego en el que nadie ha querido enfrentarse resueltamente a los muchos problemas españoles, González ha aludido al pacto social, y ha dicho sin permitir que los periodistas o las cámaras recogieran textualmente sus palabras que no va a ser un pacto sin dolor. Era una declaración polémica hecha en los primeros días de septiembre, en el convento portugués de A Rábida, cerca de Setúbal, con motivo de la reunión en torno a Mario Soares de los dirigentes de un socialismo europeo de capa caída, que ha dejado de administrar el Estado del Bienestar y entre los que Felipe González todavía puede presentarse como un triunfador.

También había sido polémica, unos días antes, la propuesta gubernamental entregada a los sindicatos y a la patronal para discutir dicho pacto social, en la que se contemplan, entre otras cosas, la posible reducción de cinco puntos en el poder adquisitivo a lo largo de los próximos tres años, la restricción en las posibilidades de acceder a la jubilación y la supresión de los derechos de los aprendices a la Seguridad Social.

Efectivamente, en cualquier caso se tratará de un pacto con dolor. Nadie está contento de antemano. La patronal cree que quizá lo más prudente sería acotar las negociaciones a un acuerdo de limitación de rentas y de regulación del mercado de trabajo. Los sindicatos UGT y CCOO hablan de «provocación» y de agresión social. Y el Gobierno sabe que, aunque gane este asalto, el duro combate de esta Legislatura no ha hecho más que empezar.

Desde que en los años sesenta Guinea Ecuatorial alcanzó chapuceramente la independencia, este pobre y lejano país ha sido para España una condena además de un desafío. Condena, porque pese a lo exigüo de su población, las potenciales riquezas de su suelo y de su mar y las excelentes condiciones económicas y sociales en que se hallaba cuando el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, fue testigo de cómo se arriaba la bandera española, el país ha ido dando tumbos hasta alcanzar la situación límite en que se encuentra. Los bienintencionados y periódicos esfuerzos de la ex-metrópoli por mejorar la suerte de los guineanos, «olvidados por la Madre Patria» según se cansan todavía de repetir algunos, para poco han servido. El balance a estas alturas roza la catástrofe: nunca la situación había sido peor en todos los terrenos, nunca la dictadura había sido más arbitraria y salvaje, nunca tampoco los esfuerzos de cooperación y la ayuda humanitaria españolas habían sido peor recibidos por el clan tribal que controla el país desde la emancipación. Y nunca tampoco las relaciones entre España y su «única hija africana» se parecieron tanto a un trágico carnaval.

Lo que mal empieza, mal acaba, dice el refrán. Y esta historia de Guinea empezó rematadamente mal y puede terminar peor. La independencia concedida a aquel pedazo de España en África como escribía la prensa franquista, se otorgó en las peores condiciones imaginables, tras una batalla grotesca entre el almirante Carrero Blanco (que se oponía con todas sus fuerzas a la emancipación de la colonia o de cualquier otra cosa) y el ministerio de Asuntos Exteriores que en aquellos momentos dirigía Fernando María Castiella. La batalla, finalmente, la ganaron las Naciones Unidas y el Palacio de Santa Cruz pero ¡a qué precio!

Tras la huella del tigre

Tras haber promovido a toda prisa un sistema de partidos y de libertades (algo a lo que los españoles no tenían derecho pero los guiñéanos sí) se arbitró un referéndum de autodeterminación y unas elecciones presidenciales tan ortodoxas como surrealistas. Como era de esperar, el ganador fue el peor enemigo que la metrópoli tenía entre los políticos improvisados de la colonia. Eso se supo pronto, antes incluso de arriar la bandera y retirar a la Guardia Civil. Lo que pocos sabían, en cambio, era que Francisco Macías Nguema estaba loco y que, además, su poder estaba sometido al consejo de ancianos del «clan essangui» de su etnia (fang).

Macías hizo lo que cabía esperar de un demente semianalfabeto: asesinó a sus adversarios reales o supuestos, prohibió cosas tan pintorescas como el pan (alimento típicamente colonialista) o el teléfono, hundió la reducida flota pesquera para que nadie pudiera huir de la isla de Fernando Poo (rebautizada Isla Macías), expulsó a todos los finqueros españoles que aportaban al país las escasas divisas procedentes del cacao y el café, llamó a cubanos y norcoreanos para que cuidaran su salud política y física, construyó un inmenso y eostosísimo palacio en la entonces ya miserable ciudad de Bata (donde no había luz eléctrica) y terminó paseándose en un tanque ruso el único de su flamante ejército por la selva para evitar atentados. Previamente se autoproclamó el único milagro de Guinea Ecuatorial.

Mientras duraba aquella tragicomedia africana, los sucesivos gobiernos españoles del franquismo y de la democracia, cerraban o abrían el grifo de la ayuda a fondo perdido, según el dictador apretase o abriese la mano: cuanto más apretaba, más dinero, alimentos o medicinas se enviaban para evitar una catástrofe, para que el pueblo guineano no pagase los excesos del dictador, etc. Papá Macías pasaba la mitad del tiempo rondando por las espesuras de Mongomo (su pueblo natal) haciendo magia para convencer a sus aterrorizados compatriotas que era inmortal y que podría, si llegaba el caso, convertirse en tigre. Algunos lo creyeron, otros no.

Entre quienes dudaban sobre las capacidades sobrenaturales del dictador estaba su sobrino y colaborador el sargento Teodoro, Teodoro Obiang Nguema, jefe militar de la isla Bioco (ex Fernando Poo) y cómplice, cuando no inspirador, de muchos excesos ordenados por su pariente. El sargento escuchó los sabios consejos de los ancianos de Mongomo, seriamente preocupados por el delirio paranoico de Macías y tras advertir al Gobierno español que iba a derrocar a su tío (y pedirle, al mismo tiempo, que mandase a la Guardia Civil) desencadenó el llamado golpe de la libertad, otra aviesa mascarada que concluyó con el fusilamiento del dictador derrocado y algunos de sus colaboradores, que no supieron ponerse al lado del sargento con la celeridad necesaria.

El palo y la zanahoria

El golpe (agosto 1979) desencadenó la euforia en la exmetrópoli y empezaron a llegar aviones y barcos repletos de alimentos, medicinas, jeeps, tractores, máquinas de escribir, fusiles y catecismos en un generoso e irreflexivo esfuerzo del gobierno de Madrid. Los Reyes viajaron a Guinea y lo mismo hizo posteriormente el presidente Calvo Sotelo. Todos celebraban la reconciliación entre la hija díscola africana y la generosa y lejana madre patria, mas generosa que nunca y mas ajena también que nunca. Obiang fue suficientemente astuto para convencer al gobierno de Madrid que ahora sf, la democracia, las libertades, la prosperidad y la paz civil iban a llegar al país. Algunos exiliados volvieron, otros prefirieron esperar acontecimientos inspirados, por la desconfianza ancestral de los que siempre llevan las bofetadas.

Por supuesto, tenían perfectamente razón. Obiang se convirtió poco a poco en una versión clónica de su tio, el tigre de Mongomo. Los ancianos del clan essangui siguieron dirigiendo el cotarro desde sus tenidas nocturnas en la selva, los polizontes y la soldadesca que sirvió al primer dictador siguió sirviendo a su epígono, los disidentes fueron detenidos, torturados y expulsados del país, las fincas expropiadas a los españoles se repartieron como botín de guerra entre los amigos del presidente y siguieron inexplotadas mientras la selva las devoraba, etc.. El país siguió viviendo de los subsidios de la madre patria, convertida en pánfila madrina, y de las limosnas de algunas organizaciones humanitarias o internacionales.

En 1989, diez años después del golpe de la libertad la situación en Guinea Ecuatorial era la siguiente: un partido único, un presidente vitalicio e infalible, una Constitución donde se consagraban ambas cosas, una economía en bancarrota, corrupción generalizada, desnutrición, ignorancia, y represión. Por supuesto, ni una sóla libertad recobrada, ni el más mínimo amago de elecciones o libertad de expresión. Obiang ganaba tiempo mientras ponía la mano. Los planes integrales de cooperación, las ayudas de urgencia, los préstamos a fondo perdido permitían y permiten al dictador seguir haciendo a su antojo y conveniencia.

En trece años, la bromita le costó a España unos cincuenta mil millones de pesetas, cantidad suficiente para regalar a cada familia guineana un automóvil o un tractor si para algo les sirvieran. El problema es que ese dinero, como las ilusiones de los donantes, se esfumó en las cuentas secretas del dictador o las francachelas de sus colaboradores.

Fiel a la técnica del palo y la zanahoria (que la diplomacia española, pobrecilla, creía haber aplicado en Guinea según se acaba de descubrir tras la publicación de unos documentos del ministerio de Exteriores), Obiang mareó la perdiz hasta límites surrealistas, antagonizando a España con Francia, la potencia neocolonial hegemónica en la región. La anémica moneda nacional el ekuele se convirtió en franco CFA, al ministerio de Exteriores se le añadió el apellido y de la Francofonía y el presidente se compró un lujoso apartamento en Paris a donde envió sus hijos a estudiar. Naturalmente ni Obiang, ni su ministro de Exteriores ni el 99,9% de los guineanos hablan una palabra de francés y, además, les tiene sin cuidado la francofonía, pero la maniobra exitosa gracias también, hay que decirlo, a la insólita conducta francesa tenía y tiene un objetivo claro: amenazar a España con un cambio de alianzas para que, de nuevo, el hada madrina se rasque el bolsillo.

Para rematar la faena, en diciembre de 1991, el sargento Teodoro quiso convertir la primera visita del presidente Felipe González a Guinea en un nuevo espectáculo de ilusionismo. Tras haber paseado al jefe del Gobierno español por los exóticos paisajes guineanos, haberle agasajado con cantos y danzas en el más puro estilo de las minas del rey Salomón, anunció finalmente que su régimen iba a intentar la misión imposible de democratizarse y para ello solicitaba los buenos oficios de España. Obviamente, una maniobra de estas características necesitaba además de consejos, alguna liquidez para ciertos dispendios. Fue otro sablazo memorable que concluyó con la guinda de que se nombrase a Adolfo Suarez asesor como experto en transiciones difíciles.

En cuanto el expresidente centrista olfateó lo que Obiang estaba tramando, saludó muy amablemente y regresó a Madrid. En realidad, el sargento Teodoro (hoy convertido en general Teodoro) quería repetir la famosa aspiración de todo dictador que se precie, es decir, que algo cambie para que todo siga igual. Habría, sí dijo, elecciones pero con una ley electoral hecha a medida y un censo electoral amañado para beneficio del presidente y su partido semiúnico. Habría, sí, partidos políticos diversos, pero siempre que tuviesen un comportamiento patriótico, lo que quiere decir que deberían servir de comparsa para el gran fraude. Habría, sí, libertad de expresión y reunión, siempre y cuando no se criticase al presidente, ni a sus amigos, ni al gobierno, ni a los amigos de los amigos del presidente. La televisión que paga y mantiene España para ser permanentemente denigrada sólo podría ser utilizada por el presidente y sus amigos, o los amigos de sus amigos, etc, etc.

¿Qué hacer?

Ante el rotundo rechazo de estas elecciones por la Plataforma de la Oposición Conjunta, que alberga a los partidos democráticos, y la seria advertencia española de que unos comicios en tales condiciones no podían celebrarse en la fecha anunciada (12 de septiembre), Obiang cedió y aplazó la convocatoria. Pero al mismo tiempo (el palo y la zanahoria ¿recuerdan?) inició una campaña contra el gobierno español, a quien acusó de conspirar para derrocarlo al tiempo que acusaba a un pobre carpintero de Valencia de formar parte de un comando de ETA encargado de asesinarlo. El tono ha ido subiendo y en un momento dado, el gobierno español no tuvo más remedio que recordar al guineano que su obligación primera era respetar la vida y bienes de los españoles allí residentes (setecientos diez o tres mil, depende de quién haga el cómputo) y que si la existencia o hacienda de cualquier español se viese amenazada podría arder Troya. A buen entendedor…

Naturalmente, las negociaciones entre Obiang y los partidos políticos guineanos han terminado a palos. Mejor dicho, con un asesinato: el de Pedro Motú, un exmilitar, que vivió exiliado mucho tiempo y que tuvo la mala idea de regresar a su país porque creyó en las promesas del dictador. Motú fue detenido, interrogado, abierto en canal y parte de sus visceras fueron devoradas por sus sayones, un grupo de asesinos que sustituye a la guardia marroquí que hasta hace unas semanas se encargaba de la seguridad del presidente y que fue retirada por Hasan II previa presión de Estados Unidos. Los ninjas, como el pueblo conoce a estos individuos, se dice que fueron entrenados por cooperantes franceses. Tal vez ha llegado el momento de que el Gobierno español le pregunte muy finamente al francés a qué juega en la lejana y miserable excolonia. Entre países amigos, socios y aliados no debería haber secretillos ni malentendidos, aunque se produzcan en tierras africanas.

La próxima cita es en noviembre. A finales está previsto que se celebren las elecciones o lo que sea. Porque será, más bien, lo que sea. No hay condiciones de libertad, limpieza, y seriedad para que los resultados sean fidedignos. Obiang quiere seguir a toda costa con la esperanza puesta en que se produzca un milagro (¿el petróleo, tal vez?) como hacen Fidel Castro, Kim II Sung y demás compadres.

En estas tierras africanas ha naufragado estrepitosamente la diplomacia española ayer, hoy y, si Dios no lo remedia, tal vez mañana. ¿Qué hacer?, se han preguntado todos los ministros de Exteriores que desde Castiella han sido. Y casi siempre han hecho lo contrario de lo que creían que debían hacer. No, no es un acertijo ni una charada, es sencillamente una realidad. Todos los gobiernos españoles de los setenta y de los ochenta, tomaron en un momento dado la firme decisión de abandonar Guinea a su suerte, de no soltar un céntimo más en este pozo sin fondo, de olvidarse, en suma, de la excolonia. Pero todos ellos, por consideraciones humanitarias, por inexperiencia en cuestiones africanas, por ínfulas de expotencia colonial, por torpeza irreprimible, por soberbia o por lo que sea, han terminado sosteniendo con el dinero de los contribuyentes a dos de las dictaduras mas zafias y salvajes de las que hay historia en Africa, lo que ya es decir. Cuando se habló de cortar el grifo de la cooperación al mínimo, siempre surgía una voz compasiva y seguramente razonable que advertía sobre las consecuencias que eso tendría para el pueblo guineano. Felipe González ha dicho y repetido que se mantendrá la ayuda humanitaria como sea. Allí están y allí se quedarán aunque España decida desentenderse de Guinea varias docenas de religiosos y religiosas españoles que hacen en aquella tierra ingrata una labor ejemplar. Y allí está, también, un símbolo de nuestra impotencia histórica ¿o será, tal vez, histérica? para ordenar este maldito rompezabezas, es decir, para encaminar hacia una vida civilizada y decente a trescientas mil personas que fueron antaño españoles, al mismo tiempo que africanos. La situación es mala pero puede empeorar.

Que las encíclicas de Juan Pablo II sean objeto de un estudio constante por los istas en doctrina eclesiástica es asunto tan gremial que no tendría sentido reparar en ello. Pero, desde hace algún tiempo, y coincidiendo, además, con el cambio de orientación que se ha producido en la actitud adoptada por quienes se dedican a la producción del alimento del espíritu, la obra de Juan Pablo II viene llamando cada vez más poderosamente la atención de los estudiosos, intelectuales y especialistas de las diversas ramas científicas. Hago énfasis en el «cambio de orientación» porque, efectivamente, el interés que desde hace algunos años suscita la doctrina social de la Iglesia, coincide con la toma de conciencia de que los cauces previstos en el debate por los cultivadores de las ciencias humanas han conducido a la encalladura del navío y ya no basta con desencallarlo. Es necesario explorar en otras direcciones para encontrar un nuevo rumbo. Con el característico lenguaje propio de la argumentación doctrinal, distinto del de la racionalidad teórica y científica, el magisterio papal había anunciado, hace ya más de un siglo, que algunas de las actitudes características del proceso ilustrado impedían que el propio esfuerzo especulativo llegara a producir los frutos que cabría esperar del progreso humano. Lo cierto es que la tarea doctrinal de la Iglesia sigue produciendo sus frutos orientadores e indicativos de hacia donde dirigir el esfuerzo del espíritu, mientras que los productos de la razón expresan su zozobra por la evidencia de haber perdido el sentido de la orientación.

Especialistas, científicos, pensadores atienden cada vez con más asiduidad a esas manifestaciones razonadas del magisterio. No se trata, pues, sólo de la atención de los expertos en doctrina eclesiástica sino de la inquietud de muchos especialistas que, tras haber verificado que la ciencia abandonada a sí misma no es un criterio autosuficiente para responder a las preguntas que el propio proceso científico suscita al espíritu humano, vuelve su mirada a los productos del magisterio, tras haber captado que, contra las previsiones de un laicismo fanático, en esos productos hay indicaciones que permiten comprenderse como respuestas concretas para entender los grandes acontecimientos de los últimos años. Mucho tiene que ver con esta creciente curiosidad por la doctrina papal el que los más avisados de los estudiosos, científicos y de los responsables políticos, anticiparan con sus argumentos o con su intuición, que el proyecto de construir una sociedad socialista estaba destinado al fracaso. No otra cosa venía diciendo la doctrina social de la Iglesia ab initio cuando no sólo no era tan fácil sino que ni siquiera era previsible el desenlace y, por tanto, era más arriesgado el diagnóstico. La doctrina nunca tuvo temor de las desautorizaciones guiadas por la moda o por el fanatismo.

Este es el punto de vista que ha aglutinado a un conjunto de estudiosos de las ciencias del espíritu, de la sociología, la economía y la historia, principalmente, a publicar unos Estudios sobre la Encíclica «Centesimus Annus»¹ Se trata de un trabajo profundo en el que se relacionan las nociones expuestas en la Encíclica con los problemas de índole moral, económica y jurídica que se plantean al hombre moderno. Lo que subyace comofondo común de estos estudios del documento de Juan Pablo II es la impresionante constatación de que la doctrina papal no ha necesitado revisar su concepción de fondo después de cien años de que se publicara la Rerum novarum, que fue la primera exposición expresa de esa doctrina, y de sesenta de la Quadragésimo anno. Durante ese siglo han ocurrido tantas cosas como para que una de las más poderosas corrientes doctrinales de la modernidad, el marxismo, haya tenido que disolverse, y la propia modernidad revisar tan a fondo sus presupuestos, que ha convertido en axioma de toda presuposición teórica, lo que Sócrates ya había recomendado como único fundamento estable del compromiso intelectual: «sólo sé que no sé nada».

Vistas a la luz de esta recopilación de estudios, los criterios de la Centesimus Annus no difieren de los expuestos en las encíclicas predecesoras, que sirven de referencia expresa a la labor magisterial de Juan Pablo II. Los pontífices no han tenido que cambiar las explicaciones doctrinales, mientras el mundo de los intelectuales y de muchos científicos sociales se desmoronaba a su alrededor. Por esta razón, científicos, estudiosos y especialistas, al indagar en los motivos de esa resistencia a la caducidad que anidan en el fondo de la permanencia de la doctrina social de la Iglesia, no han ido a exponer una mera prospección erudita de las fuentes y precedentes de la doctrina sino a buscar los contenidos racionales que pueden explicar esa vigencia que, en gran parte, contrasta con la fugacidad de cualquier otro producto del espíritu.

No hay lugar en esta nota para citar ni los nombres de los colaboradores ni los títulos de los artículos. Cualquier pauta que se aplicara a la selección sería injusta con el no seleccionado. Pero sí tiene valor informativo remitirse a la labor realizada por AEDOS, asociación promotora de estudios de la Doctrina Social cuyo impulso fundacional se debe a la incansable iniciativa de Fernando Fernández, coordinador de esta empresa, que ha fructificado en trabajos precedentes tan espléndidos como los Estudios sobre la «Solicitudo rei socialis» y un boletín periódico. A través de estas diversas publicaciones se encauza una labor de investigación colectiva, en la que se expresa un emergente interés en los ambientes intelectuales por indagar en los fundamentos de esa rara y distintiva consistencia que, en contraposición con la transitoriedad de otras obras del espíritu, como las ideológicas e incluso las científicas y teóricas, caracteriza y distingue a los productos de la doctrina social.

La noción y los problemas del medio ambiente son objeto de estudio de norteamericanos y europeos, y también de notables sabios españoles desde el siglo pasado.

Según algunos autores, las dificultades que se encuentran para definir con precisión y utilizar correctamente la expresión medio ambiente se deben a que es joven, compleja y subjetiva. Ciertamente, cuando una expresión carece de significado nítido y al mismo tiempo da nombre a Programas de las Naciones Unidas, Agencias, Departamentos y Ministerios, se comprende que origine situaciones de alguna perplejidad.

Las dificultades se han intentado resolver de muchas maneras; las dos extremas podrían ser el recurso a la encuesta, para escoger una definición mayoritariamente aceptable, y por otro la abstención, buscando una definición que englobe a las demás. La primera fué atentada hace tiempo con poca fortuna por la Institución pionera en la materia, la Agencia de Protección Ambiental, de los Estados Unidos, que pidió a las Administraciones locales que escogiesen, entre cuatro presentadas, una definición de medio ambiente. Las cuatro se diferenciaban según los aspectos que comprendían, repartidos de modo que cada una añadía alguno más a la anterior; el caso es que ninguna de ellas fué preferida por más de un tercio de los encuestados, resultado poco alentador, pero ignoro cómo se dilucidó la cuestión con esta exigua mayoría.

La segunda manera encuentra su ejemplar en la admirable definición de un humorista: el medio ambiente es todo en todo y recíprocamente, que responde muy bien, con exactitud, a la idea intuitiva que ha venido a forjarse.

Mucho más cercanas, como es lógico, al modo abstracto que a la votación, están las definiciones de nuestras autoridades en el ámbito científico. El Vocabulario de la Real Academia de Ciencias, en su edición de 1983, señala dos acepciones para la palabra ambiente: Conjunto de características climáticas, edáficas y bióticas en las que se desarrollan las actividades de los seres vivos y Todo lo que no forma parte de un sistema dado; medio ambiente figura como sinónimo de la segunda acepción. En la edición de 1990, aparece en primer lugar una redacción distinta de la segunda acepción anterior, Conjunto de las condiciones externas que afectan al comportamiento de un sistema, y a continuación se reitera la que era primera acepción, reforzada y precedida por En particular; la voz medio ambiente no se encuentra en esta segunda edición. El Diccionario de la Real Academia Española incluye medio ambiente, con una definición muy parecida a la que hemos transcrito en primer lugar; en las dos últimas ediciones, añade Por extensión, conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etc. que rodean a las personas, y en la de 1992 introduce el adjetivo medioambiental. En el Tesoro de Covarrubias no figura el término y en el Diccionario de Autoridades se dice del ambiente que es el aire suave que circunda a los cuerpos (Jaúregui).

La veteranía del medio ambiente

Ambiente y medio ambiente no son palabras tan jóvenes. Coraminas, en su Diccionario Etimológico, sitúa en 1588 la primera documentación en castellano de ambiente y la califica de cultismo. Corresponde a D. Cristóbal de Virués, aquel capitán Virués que se salvó de la quema en el Quijote; en el último expurgo. Su Montserrat salió junto con La Araucana de Ercilla y la Austríada de Juan Rufo, y mereció un juicio laudatorio: Todos estos tres libros, dijo el cura, son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos… guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España (Capítulo VI).

Historia de una idea

Medio ambiente, en cambio, parece tener menos prosapia y podría pensarse que no es sino un tecnicismo de última hora para traducir el inglés environment o el francés environnement (del latín popular virare, que da en francés virer, dar vueltas, y luego virón, environ y environnement, lo que está alrededor de un centro) cuando se comenzó a hablar de estas materias. Sin embargo, no es así; Emilio Fernández Galiano me contó no hace mucho que la había leído en Pérez Galdós, dos veces en Fortunata y Jacinta y una en Angel Guerra, dice Juanito Santa Cruz en aquélla dirigiéndose a Jacinta: Hija mía, hay que juzgar las cosas con detenimiento, examinar las circunstancias… ver el medio ambiente.

También en la literatura científica fueron tratadas antaño las cuestiones de medio ambiente y de conservación de la naturaleza. Tomando como punto de referencia, por ejemplo, las sesiones solemnes de la Real Academia de Ciencias pueden encontrarse repetidas menciones.

En 1852, D. Máximo Laguna, autor insigne de la Flora Forestal Española, llevó a cabo un «Estudio de los daños, que causaban a la agricultura los humos sulfurosos producidos en el beneficio de las minas de Huelva», es decir lo que hoy llamaríamos EIA, estudio o evaluación de los impactos ambientales producidos por una explotación minera sobre las actividades agrícolas. D. Pedro de Avila y Zumarán, que sucedió a D. Máximo en la Academia, relata el caso en un discurso de recepción, muchos años después. Describe en pocas palabras las notas generales del proceso de las EIA, formalizado casi universalmente un siglo después, con mención expresa de los muy actuales problemas de plazos y competencias: «Algunos de los presentes recordarán aquella famosa cuestión llamada de los humos de Huelva, que… de Ministerio en Ministerio anduvo complicándose en sus graves e interesantes aspectos científico, técnico, jurídico, económico, administrativo y social, hasta venir a resolverse, cuarenta años después de planteada, según era debido, para concertar la rica explotación de los cobres con el natural cultivo de los campos».

D. Pedro de Novo, Ingeniero de Minas, también en su discurso de recepción (1925), se refiere a la Conservación, aun sin utilizar explícitamente la palabra; habla de la vegetación forestal, sin la que bajaría la desolación a los campos, y de la confrontación de intereses que ha de superarse para conservarla. Anticipa así uno de los grandes problemas y uno de los argumentos favoritos de la Conservación actual: con un lenguaje un tanto lejano del que hoy se emplearía, aunque claro y preciso, expone los criterios de la asignación de usos al suelo: Para la agricultura, los ricos valles, los fértiles campos, las suaves laderas; para la vegetación forestal, más modesta, las escarpadas pendientes, y las arenas movedizas, las cumbres donde reinan el huracán y el trueno; los desiertos de donde, sin ella, bajaría la desolación a los campos y de donde, por ella, podemos dar leña al hogar, rica madera a la industria y erguidos mástiles al Océano. Y con la misma expresividad describe los obstáculos que nacen de no mirar más allá del presente: «Pero bien advirtió Avila que a tal objeto ha de luchar también con bravias concupiscencias de los intereses actuales, que no comprenden el provecho a largo plazo para generaciones futuras«.

D. Joaquín María de Castellarnau padeció persecución por la Conservación y por la Ciencia, enfrentadas en la ocasión con la Producción y la Técnica. Lo cuenta D. Ignacio Bolívar en el discurso que pronuncio (1934) con motivo de la entrega a D. Joaquín María de la Medalla Echegaray; como Ingeniero que era del Patrimonio de la Real Casa, se opuso a la instalación de una fábrica de aserrío en Valsaín, por opinar que un monte como aquél no debería industrializarse, sino procurarse su conservación en toda su belleza. Fue destituido y hubo de retirarse a su casa de Segovia; pretendió dedicarse allí a continuar sus indagaciones científicas en las que por entonces estaba fuertemente empeñado; mas como estos trabajos fueran en aquel tiempo considerados por algunos como servicios extraños a la carrera e impropios de las funciones del Ingeniero, tras de los que pudiera ocultarse un deseo de holganza, se le conminó a que los abandonase o a que cuando menos diese cuenta mensual de los trabajos que realizara día por día.

Los precursores americanos del siglo XIX

Las actitudes ante la naturaleza que en nuestros días podemos contemplar tienen una cadena sin fin de precedentes: nihil novum sub solé, como en seguida veremos. Lo que quizás tengan de más novedoso son dos rasgos: de una parte, la intencionalidad explícita de dominio, frente a otra actitud anterior del mismo tipo, pero implícita, subyacente; la destrucción de los bosques tropicales es tan antigua como la agricultura itinerante, pero ésta era, y es, una actividad de subsistencia, mientras que las inmensas talas de hoy obedecen a complejos intereses de discutible necesidad y más que dudosa utilidad. El segundo rasgo sería la beligerancia; la idea del dominio humano sobre la naturaleza tal como se está ejerciendo ha dejado de ser idea pacífica y generalmente aceptada. La Revolución industrial suscitó en seguida posturas críticas en personas o minorías ciertamente cualificadas.

Podemos, para empezar con buen pie, recurrir a William Wordsworth (17701850), quien meditando en la soledad sobre el hombre, la vida y la naturaleza, dejó plasmados en la claridad de The Excursión, con sus nueve libros, los inconvenientes a que iba a dar lugar la naciente revolución industrial promovida en su país. En una idea muy querida en Inglaterra, donde si decae renace siempre con nuevos ímpetus, ensalza los valores de la vida rural él pasó 50 años en el Lake District como garantes del mantenimiento de la individualidad y de la dignidad humana; por contra, en su desconfianza frente al progreso, rechaza como insanos y brutales, como atentatorios a la libertad de espíritu, los ambientes mecanizados y masificados que lleva consigo la supercivilización.

El Nuevo Mundo Las palabras de Wordsworth no dejarán de suscitar la evocación del «campo deleitoso» y del «Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea» de nuestros Fray Luis y Fray Antonio; tampoco dejarán de evocarnos a algunos de nuestros ilustrados, aunque estos se movieran en plano muy distinto. Mencionemos al paso que entre los famosos sonetos de Wordsworth figura uno inspirado en el roble de Guernica, y que se opuso a la construcción de un ferrocarril entre Kendal y Windermere, sentando así un insigne precedente para un tipo de acciones, de protesta por el fondo o por la forma de plantear y llevar a cabo algunas grandes obras públicas, que luego han devenido una constante histórica.

Tuvo, junto con Carlyle y Coleridge, una notable influencia en los trascendentalistas americanos, Emerson (que le visitó en su primer viaje a Europa) y Thoreau. Y aquí es donde queríamos ir a parar, porque en contra de lo que pudiera esperarse, no es en la Europa industrial donde se dan los primeros pasos operativos de alguna entidad en pro de la conservación de la naturaleza, sino en el Nuevo Mundo, impulsados por unas circunstancias que propiciaron esta andadura. En efecto, son los tiempos, aquellos comienzos del XIX, del espíritu de la frontera, que asombró a Tocqueville en 1831: No les impresionan las maravillas de la naturaleza inanimada y, por así decirlo, no perciben los admirables bosques que les rodean más que cuando los derriban a hachazos. Su vista se fija en otro espectáculo. El pueblo americano se ve a sí mismo caminando a través de esos desiertos, desecando pantanos, encauzando ríos, poblando las soledades y domeñando a la naturaleza. Esta grandiosa imagen de sí mismos no se ofrece de tarde en tarde a la imaginación de los americanos; puede decirse que sigue a cada uno de ellos tanto en sus más mínimos actos como en los más principales, y que siempre permanece suspendida ante su espíritu …Sería difícil pintar la avidez con que el americano se arroja sobre esa inmensa prenda que le ofrece la fortuna. Para alcanzarla, desafía impertérrito la flecha del indio y las enfermedades del desierto; el silencio de los bosques no le impresiona ni le inmuta la proximidad de las bestias feroces. Este espíritu, uno de los motores básicos del impulso americano, se traduce en graves daños a la naturaleza, con fuerte presión sobre los recursos y cambios señalados en el paisaje natural; el americano jamás encuentra el límite que la naturaleza puede haber puesto al esfuerzo del hombre; para él, lo que no existe es que aún no se ha intentado hacer…; pero sobre todo, y esto debe acentuarse, produce cambios y daños en un lapso de tiempo muy corto, de modo que hay testigos directos que pueden advertirlos y denunciarlos, mientras que los cambios del mismo orden de magnitud habidos en el Viejo Mundo se efectuaron más gradualmente y no podían ser detectados de modo tan inmediato y general como los de América. De hecho, aquí ha sido preciso todo un siglo, una notoria aceleración de las acciones y de sus efectos, y una intensa propaganda para hacerlos patentes.

Emerson (18031882) propugna la comunión no intelectual con la naturaleza. Más dedicado a la filosofía y menos directo en las cuestiones relativas a la naturaleza que Thoreau (18171862), con quién mantuvo estrecho contacto, es mucho menos citado en la literatura de la conservación. Thoreau, en cambio, es autor de dos textos que se han hecho clásicos, en los que expone su particular visión de la filosofía de la naturaleza y de la sociedad; un libro, Walden: or, Life in the Woods (1854) y un escrito, On the Duty of Civil Disobedience, que suele incluirse como último capítulo del libro; comenzó a escribir el primero en una cabana que construyó con sus propias manos en el interior de un bosque, donde permaneció más de dos años, porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentarme únicamente con los hechos esenciales de la vida, y ver si podía aprender lo que tenía que enseñar, y no descubrir, cuando me llegara la muerte, que no había vivido. Abogado de una vida más simple, más auténtica, en comunión con la naturaleza, que veía amenazada por el progreso tecnológico (La mayor parte de los lujos y muchas de las comodidades de la vida, no sólo no son indispensables sino obstáculos positivos para la elevación de la humanidad… Cuántas más cosas de esas tienes, más pobre eres), no estaba fuera de la realidad y señala también que alimento, cobijo, vestido y combustible son esenciales; hasta que no los hayamos garantizado, no estaremos preparados para afrontar los verdaderos problemas de la vida con libertad y probabilidades de éxito; lo que pensó que debía enseñar era la superación del planteamiento miope que encontraba por doquier, y es en este sentido, mucho más que en otros en los que se recurre a su autoridad, donde se evidencia su doble condición de pionero y lúcido precursor de las más actuales ideas constructivas. El escrito sobre la desobediencia civil, cuenta con egregios lectores que lo comentaron admirativamente, como Ghandi, y ha sido punto de referencia obligado para los movimientos ecologistas en sus actitudes de desaprobación de la política o la gestión gubernamentales.

Otro interesante personaje, contemporáneo de los anteriores, es George Perkins Marsh (18011882), autor asimismo de otro libro muy influyente, Man and Nature. Or, Physical Geography as Modified by Human Action (1864), reeditado varias veces a lo largo del siglo XIX y de nuevo, en facsímil, cien años después de su publicación, justamente. Es una larga exposición, cargada de notas, también largas, a pie de página, de los efectos nocivos que la destrucción de la naturaleza lleva consigo para el propio hombre.

Inspirado en la observación de lo ocurrido en Italia donde fue el primer embajador de su país y en el Mediterráneo, el modelo que Marsh propugna es la consideración efectiva de los factores del medio natural en las actividades humanas. La narración trasciende constantemente un nítido sentido utilitario, pues en contra de lo que algunos de sus anotadores parecen deducir, veía al hombre por encima de la naturaleza, en la que no encontraba nada de sagrado: donde no consigue dominarla, no es sino su esclavo. Su fe en la ciencia le llevaba a reprobar los sentimentalismos frente al progreso técnico y a quienes afirmaban que la civilización destruye el alma y añoraban supuestas épocas doradas.

La necesidad de belleza La apoteosis de la naturaleza tiene su campeón en el profeta del Yosemite, un singular personaje, escocés de nacimiento, llamado John Muir (18381914). Primer Presidente del Sierra Club, que fundó con dos filólogos de Berkeley en 1892, ocupó el cargo hasta su fallecimiento; el Club, que contó con 3000 miembros durante los decenios transcurridos hasta la Segunda Guerra Mundial, los duplicó al terminarse ésta y en 1987 superó los 400.000. Es una asociación nacional muy influyente en los Estados Unidos de América por su peso cuantitativo y cualitativo, canalizador del voto verde, y en todo el mundo por su tradición y por algunos libros publicados con su respaldo.

El pensamiento de Muir, aún con algún cambio y alguna concesión pragmática en ciertos momentos, teñida de un antropocentrismo que no sentía (Todo el mundo necesita belleza lo mismo que pan, lugares donde jugar y rezar, donde la naturaleza pueda dar contento y fuerza al cuerpo y al alma), puede resumirse en que los hechos no avalan que el mundo se haya creado para el hombre. Son notables muchas de sus referencias a los paisajes naturales, y a los seres vivos, así como sus reiteradas menciones de la existencia de derechos en los animales; gustaba de encomiar especialmente a los que por lo común nos son repulsivos, como por ejemplo la serpiente de cascabel y el caimán, hermoso a los ojos de Dios, y llegó a decir que si se diera una guerra entre los animales salvajes y el Señor Hombre (también le gustaba emplear irónicamente esta expresión u otras semejantes, como el Bípedo Señor), estaría tentado de simpatizar con los osos; parece además que en una primera redacción de la frase, en lugar de simpatizar decía ponerse a su lado. Fue un activista empeñado en muchas batallas para defender la naturaleza, algunas muy semejantes a las que se dieron en todo el mundo un siglo después, como la librada (y perdida) con el proyecto de construcción de un embalse en el interior del Parque Nacional de Yosemite; su figura permanece como exponente arquetípico del preservacionismo que convivió, precariamente o en lucha frontal, con la versión utilitaria de la conservación defendida por el Conservation Movement, muy vivaz en América a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Emerson le conoció en un viaje a California, hecho ex profeso, en 1871; se cuenta que años más tarde le incluyó en una lista titulada My men, en la que figuraban ya Carlyle y Thoreau, con unos pocos más. Muir, por su parte, trató en aquel encuentro de ganarle para su causa; al leer poco después las obras de Emerson y Thoreau (que ya había fallecido) quedó un tanto decepcionado, por la escala humana que ellos empleaban; le parecieron poco silvestres, pero no dejó de percibir y admirar su talla calificó a Emerson de sereno y majestuoso como una sequoia y hasta hubo un momento, al visitar sus tumbas en Concord, en que pensó en ser enterrado allí, con ellos. Tuvo también contactos bastante frecuentes con el Presidente Teodoro Roosevelt, que en una ocasión, el año 1903, le pidió que le acompañara en una excursión de cuatro días por Yosemite; ambos se causaron buena impresión, congeniaron, y Muir consiguió convencer al presidente de la conveniencia de ampliar el Parque Nacional.

Uso y conservación de los recursos

Gifford Pinchot (18651947), figura destacada como armador técnico del Conservation Movement, estudió en la Escuela Forestal de Yale, en Francia y en Alemania, y fue luego el primer jefe del Servicio Forestal de los Estados Unidos, creado por Roosevelt, cuya política progresista tenía en la conservación uno de sus más sólidos pilares. Pinchot la entendía antropocéntrica y utilitaria; conservar no era proteger o preservar, sino usar prudente y eficazmente los recursos naturales: The greatest good of the greatest number for the longest time (El mayor bien del mayor número de gente durante el mayor tiempo) fué su leit motiv, que nótese no era exactamente lo mismo que, con enfoque igualmente utilitario pero con más visión ecológica, defendía Marsh: conflicto en el punto de partida, que aún perdura en el mundo forestal.

Los buenos comienzos de sus relaciones con Muir y otros preservacionistas pronto se torcieron, tanto que éstos se lamentaban luego de haberlo apoyado tanto en los comienzos de su carrera. Pero, aun vencida hacia el utilitarismo y muy sustentada políticamente, la versión Pinchot de la conservación no pudo salir adelante. A la hora de llevarlas a la práctica, sus ideas tropiezan con serias dificultades; entre sus mismos promotores sólo están de acuerdo en que algo habría de hacerse y reglamentarse, pero discrepan ya en el cómo y por quién han de llevarse a cabo; unos, con el propio Roosevelt, opinaban que debía ser el gobierno federal, mientras que otros defendían que debía ser la sociedad, la iniciativa privada. Desde fuera, el recelo instintivo del americano ante toda intervención gubernamental y el ver atacado el arraigado sentimiento de conquista de una naturaleza inexplorada, la frontera, (sentimiento que si no admitía el cuadro de Pinchot, mucho menos se detuvo ante Muir), dieron al traste con los proyectos del Presidente, que no consiguió la aprobación del Congreso.

Pues bien, aquí, a comienzos del siglo XX, está visto todo lo que en su final se discute y se ha puesto de punta: la desconfianza frente al progreso tecnológico, la concepción utilitaria moderada por la prudencia, el planteamiento ecológico, y los valores intrínsecos, los derechos, de la naturaleza.

Del Discurso de Ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, celebrado el 28 de abril de 1993, Angel Ramos Fernández, ¿Por qué la conservación de la naturaleza? Madrid, 1993.

Cohabitaciones, tientos y diferencias

El centro-derecha francés tiene apenas dos años para demostrar que su proyecto es viable. Tras el contundente triunfo electoral del pasado mes de marzo la coalición UPF (Unión por Francia) formada por la UDF de Giscard d’Estaing y el RPR de Jacques Chirac deberá demostrar a los ciudadanos que es capaz de actuar unida, promover un verdadero saneamiento moral, económico y social de la vida política y colocar finalmente en el Elíseo a un presidente de la República conservador. Tal como están las cosas el candidato mejor colocado para esta prueba es el actual alcalde de París, Chirac, pero puede llover mucho incluso en esta época de pertinaz sequía hasta el momento de la verdad.

Las elecciones de marzo pusieron de manifiesto entre otras cosas la crisis profunda del sistema político francés: la abstención fue alta y la caída del socialismo gobernante a profundidades inimaginadas, descarta en el futuro a medio plazo el sistema de alternancia entre dos grandes partidos o grupos, que si bien nunca fue perfecto en la V República constituía una garantía de estabilidad. Las elecciones pusieron de manifiesto, también, el carácter polémico del sistema electoral que colocó a la extrema derecha (cuya ascensión sigue siendo lenta pero imparable) y a los ecologistas fuera del Parlamento lo que, dadas las características de ambas organizaciones, tal vez no sea una buena noticia.

La hegemonía rotunda del centroderecha en Francia debe ser matizada. En primer lugar, las dos grandes familias que forman la coalición gubernamental tienen diferencias de envergadura, tanto en política interna como externa: el RPR se presenta como una organización histórica populista y radical, con un líder pasional y carismático que provoca adhesiones incondicionales y rechazos instintivos. Para que Chirac logre en 1995 el apoyo indiscriminado de los sectores que se reconocen en un proyecto moderado, reformador y europeo probablemente la mayoría del país deberá a su vez reconvertirse, cambiar sus planteamientos, moderar su autoritarismo, controlar a sus barones más indómitos y, sobre todo, acreditar ante el país un temperamento de hombre de Estado que hasta ahora le falta dramáticamente.

Las dos cohabitaciones

Ninguna de las lúgubres profecías con que los medios de comunicación internacionales los españoles, como siempre, en primera línea del catastrofismo saludaron la formación del gobierno Balladur se han cumplido hasta ahora. Eso no significa que no puedan producirse en el futuro incidentes de recorrido, según el espantoso galicismo que utiliza tan a menudo el presidente del gobierno español. Pero la primera cohabitación con éxito parece haber sido la de las familias de la mayoría…

En cuanto a la otra, la cohabitación con Mitterrand, tampoco hasta el momento la sangre ha llegado al río, por voluntad expresa de los dos protagonistas: el presidente de la República y su primer ministro. Mitterrand ha sobrevivido malamente a la herida electoral de marzo, cuando muchos franceses votaron contra el presidente que simbolizaba a sus ojos la pesadilla socialista. Pero con la coriácea capacidad de encaje que se le reconoce, ha pasado la página con la voluntad decidida de durar, como sea, hasta el final de su mandato. Las amenazas de Chirac y de sus amigos para que dimitiera no ablandaron su voluntad, ni siquiera la debacle de sus discípulos y seguidores del partido socialista, convertido en una auténtica jaula de grillos. Mientras inicia las ceremonias de despedida, el presidente deberá improvisar un candidato a su sucesión en los rangos del progreso (léase socialismo o corrientes afines), y los pretendientes son muchos. Con tal de que Rocard quede fuera de juego, cualquier alternativa le parecerá válida. Tonton ajustará cuentas con su exprimer ministro antes de irse definitivamente. Jacques Delors, Fabius, Lang y otros velan sus armas.

Balladur ha demostrado hasta ahora exquisito respeto por el principio de cohabitación y una gran moderación en su programa de política económica basado en la austeridad, la lucha contra el desempleo y la promoción del comercio exterior. Aunque la situación socioeconómica francesa sea, desde la perspectiva española, poco preocupante, el sentimiento generalizado de los ciudadanos es que debe promoverse un cambio en profundidad que afecte menos al modelo económico (que todos, con matices, aceptan) que a los hábitos. La siniestrosis gala es, como dije en otras ocasiones, un problema moral, de civilización. La robustez económica y financiera del país en la que algo tuvo que ver el último jefe de gobierno socialista, Beregovoy, trágicamente desaparecido asegura un futuro relativamente risueño en una Europa roída por la crisis social, la corrupción administrativa, la violencia periférica y las amenazas demográficas internas y externas.

Los miedos de Francia y la cuestión europea

En estos dos años, la tarea de enderezar la convivencia y el desarrollo del país deberá enfrentarse a los miedos recientemente adquiridos: el miedo a Europa, el miedo al otro, el miedo al desempleo y al estallido social, el miedo a la crisis moral y el miedo… al miedo. Para neutralizar estos terrores, que afectan a las raíces de la convivencia francesa, los remedios son múltiples y sería un grave error del nuevo ejecutivo utilizar métodos de choque. La tentación de matar moscas con cañón ha sido permanente en todos los populistas, máxime si son meridionales. El flamante y simpático Charles Pasqua, por segunda vez ministro del Interior en un gobierno de cohabitación, simboliza a la perfección esa tendencia del palo y tente en tieso. Es dudoso que en las actuales circunstancias con las banlieues (barrios periféricos de las grandes ciudades) al borde de la explosión, el gran bastón tenga alguna virtualidad. Los primeros choques entre policías y jóvenes beurs (de origen magrebino) o blacks (de origen africano) se multiplicaron a mediados de abril, con motivo de algunas acciones policiales que rozaban la provocación, cuando no ¿1 crimen.

Todo indica también que Francia recupera la querencia al ensimismamiento: la tendencia europeísta favorable al proceso de construcción europeo anunciado en Maastricht es minoritaria en el nuevo gobierno y el proteccionismo comercial (denuncia del acuerdo GATT) se consolida. Obviamente nada de esto debe alegrar a los vecinos y socios europeos, entre ellos España.

Y ya que hablamos de España no estaría de más hacer alguna referencia al futuro de las relaciones interpirenaicas. Los pactos de familia (socialista) han concluido y los dos gobiernos deben establecer un nuevo sistema de relaciones. Aunque la variante fundamental será quién gobernará España a partir del 6 de junio y en qué condiciones, no cabe duda de que bastantes asuntos deben ser replanteados ante los cambios producidos entre marzo y junio. ¿Serán mejores o peores las relaciones entre los dos vecinos?. Difícil de responder a priori. Serán, sin duda, diferentes y más complicadas dada la tendencia al ensimismamiento del nuevo ejecutivo francés aunque haya la voluntad decidida de preservarlas a un nivel óptimo tanto en Madrid como en París. Justo es reconocer, sin embargo, que la mirada del gobierno francés ha cambiado de dirección y contempla de reojo al Sur mediterráneo mientras avizora fijamente y con cierta desconfianza lo que ocurre al otro lado del Rhin.

Estado de cultura es aquel que alienta el funcionamiento de una sociedad en la que los valores del espíritu son los ideales de una existencia realmente humana.

La vida cultural es fruto espontáneo de la capacidad creativa de los ciudadanos, de la comunidad. El artista, el escritor, el pensador, se puede decir que surge de la sociedad, pero nunca surge del Estado. La historia de todas las culturas es la historia de las mismas comunidades que colectivamente, o a través de sus miembros con más sensibilidad artística o cultural, de los que las más de las veces no se conservaron ni los nombres, fueron creando manifestaciones artísticas o culturales que van configurando la personalidad, los caracteres de esa comunidad. El Estado aparece, cuando lo hace, más tarde. Unas veces para reducir o limitar esas actividades culturales, desconfiado de la libertad o la innovación que las impregna; otras para vivir al lado de la cultura, bastante desinteresado o al margen de esos movimientos, pero respetando su libertad; y, finalmente, en ocasiones, para estimular, impulsar a la Cultura por considerarla como positiva para la comunidad, con el riesgo de que por la vía de la protección trate de utilizarla o dirigirla.

Ejemplos de todo ello hay abundantes en la Historia, pero hay que reconocer que con el incremento del prestigio de la Cultura, que se puede decir que, con los naturales altibajos, es constante en el mundo occidental desde el Renacimiento, el papel del Estado ha ido creciendo en relación a la Cultura. No se trata en este breve artículo de hacer una crónica de las relaciones de la Cultura y el Estado desde el Renacimiento hasta nuestros días, pero sí queremos dejar hechas dos constataciones: el interés por la Cultura y quizá por su prestigio, de los poderes públicos a través del patrocinio de Reyes, Príncipes, Iglesia u otros magnates, y la protección de intelectuales y artistas; y la aparición de dos sistemas distintos en la época moderna en las relaciones entre Cultura y Estado, el anglosajón y el continental. En el primero, todas las actividades culturales discurren al margen del Estado y dependen de la iniciativa de la sociedad, y en el segundo el Estado toma un papel creciente en la conservación y promoción de la vida cultural, hasta llegar a crearse un departamento ministerial dedicado a la Cultura.

La gran pregunta sería ¿cuál es la mejor de las dos soluciones?. Y como la discusión de la respuesta sería tema para un libro, y se han publicado varios recientemente fuera de España, como «L’Etat culturel» de Fumaroli, «Arte, Inversión y Mecenazgo» de W.D. Grampp, e incluso acabo de publicar yo mismo uno titulado «Sociedad, Estado y Patrimonio Cultural» en el que se tratan más por extenso estos temas, y al que me remito, me voy a limitar aquí a manifestar mi preferencia por la concurrencia del interés y participación de la sociedad y del Estado en la vida cultural en la forma que voy a tratar de resumir.

La Cultura en las sociedades modernas

El primer gran fenómeno a considerar, es el cambio producido en las sociedades modernas respecto de la Cultura. Cada día las demandas culturales de las sociedades evolucionadas son mayores, y la capacidad de disfrutar de los ciudadanos con los bienes culturales, son crecientes. El hombre, cuando alcanza determinados mínimos indispensables, conseguidos desde luego por todos los países occidentales, no sólo quiere tener o poseer, sino también quiere conocer y saber. Y eso genera demandas nuevas; origina una enorme demanda cultural que se refleja en casi todo: en la asistencia a Museos, exposiciones, conciertos; en el cambio de la distribución de los presupuestos de las familias, que en Europa dedican ya entre un tres y un cinco por ciento de los recursos a gastos en Cultura; en la aparición de lo que podríamos llamar las industrias de la Cultura, e incluso la importancia de éstas en el Producto Interior Bruto y en el empleo, en los que su porcentaje es cada vez mayor.

Y aparecen unos bienes nuevos: los bienes culturales, que tienen unas características especiales: confluir en ellos el interés público y el privado, como sucede con los monumentos o las obras de arte; no ser consumibles por el uso, sino susceptibles de uso repetido y de disfrute repetido. Una pieza musical, un paisaje, no sólo no se gastan por el uso, sino que cuantas más personas lo disfrutan y conocen, más prestigio tiene y más personas lo desean disfrutar y conocer; y además, esos bienes son de uso e interés colectivo.

El premio Nobel de Economía, Samuelson, ha definido el bien colectivo como un bien que todos disfrutan en común, en el sentido que cada consumo individual del bien no significa sustracción a cualquier otro uso del bien por otro individuo.

Estos bienes culturales, no consumibles, de uso repetido y colectivo, proporcionan, además, un goce especial que puede incrementar la calidad de vida de todos, sin los límites que tienen los bienes consumibles y puede, por ello, hacer mucho más humana la sociedad de consumo en que vivimos.

Ante esta nueva situación: mayor capacidad de conocer y saber, mayor tiempo de ocio y más largo período de vida, con la aparición de una tercera edad de tiempo libre, no equiparable a la clásica ancianidad, mejores medios de comunicación y mayores demandas culturales, no cabe duda que hay que dar unas respuestas nuevas.

Esa respuesta, para mí, en el umbral de un próximo milenio, es un nuevo carácter de la sociedad y del Estado. Una y otro han de comprender que estamos ante un renovado período de la existencia humana; el cambio de este siglo no ha sido tan leve como el de los siglos anteriores; nuevos ideales se han incorporado a los clásicos de las personas y las familias. Bastaría para ello comparar la distribución de los recursos de una familia media en un país desarrollado del año 1.920 y 1.990. Como consecuencia, la sociedad empieza a ser una sociedad de cultura, en la que ésta ocupa un importante papel y una parte importante del tiempo, sobre todo del tiempo libre, y a la que se dedica una parte significativa del presupuesto. Esto explica el fenómeno de la multiplicación de conciertos, las galerías de arte, los viajes, los museos, las visitas a exposiciones, parques naturales, castillos o palacios. Y también de la multiplicación del mecenazgo, de la aparición del patrocinio como medio de publicidad y prestigio y de la preocupación de las grandes empresas por la cultura, por vocación, por necesidad o conveniencia.

La sociedad y el Estado

Esta nueva situación obliga a plantear, con una nueva perspectiva, el papel de la sociedad y del Estado en el mundo cultural. Porque creo que ambos lo tienen e importante. Lo difícil es que cada cual lo cumpla adecuadamente. Que la sociedad comprenda que ella es la protagonista de la vida cultural y de la creación. Que disfrute y valore los productos culturales, y que el Estado, respetando ese protagonismo, facilite el marco de libertad y estímulo adecuado para la creación cultural, y cumpla con sus obligaciones de conservar el Patrimonio creado. Que facilite, sin imponer, el acceso de todos a la cultura, como dice nuestra Constitución —acertadamente— en sus artículos 44 y 46.

Al Estado le corresponden sin duda una serie de funciones importantes, como son:

Una función de promoción y educación; defender como idea fundamental en una sociedad moderna, la importancia de la actividad y del Patrimonio culturales y que la Cultura del país es obra de todos y pertenece a todos. Por lo tanto todos los ciudadanos deben ser custodios y actores del Patrimonio cultural del país. Esta función se encuadra dentro de la labor general de culturización y educación, y eomo tal no corresponde solo al Ministerio de Cultura, sino a todos los poderes públicos encargados de esa actividad.

Una función de conservación del Patrimonio Histórico Artístico y Cultural, impuesta expresamente en el artículo 46 de la Constitución, que implica la actuación directa cuando la de los titulares y la sociedad sea insuficiente. Sobre esta función conservadora no existe ninguna discusión ni en las declaraciones internacionales ni en la legislación comparada. Si bien existen dudas sobre el papel y la intervención del Estado en lo que es creación cultural, por lo que de dirigismo pueda tener su actuación, ese riesgo apenas se da cuando se trata de la conservación, y el reconocimiento de la función y la obligación del Estado, es unánime.

Una competencia legislativa, que sí es exclusiva del Estado, es dotar a esta materia de una legislación moderna y liberal que estimule y facilite la vida cultural. Dentro de ella tiene gran importancia una legislación fiscal que reconozca el tratamiento especial que merecen los bienes culturales por su doble carácter público y privado. De manera que mantener y enriquecer la vida y el Patrimonio culturales no sea una carga para el que lo hace, sino que se le reconozca su contribución a una tarea de interés público. Con lo cual se estimula, además, a que la sociedad asuma una serie de obligaciones que liberan al Estado de gastos y cargas.

Y una función ejemplar. Es decir, que en los casos en que el Estado sea propietario de bienes culturales o promotor de actos, actúe con más respeto por la libertad de creación y con un interés y cuidado por la conservación del Patrimonio que pueda servir de modelo.

La sociedad tiene un papel predominante en la creación y en la conservación. La sociedad como cuerpo vivo que se sobrepone a la limitada vida del individuo, es el órgano que crea, a través de sus miembros, los productos artísticos. Esto es clarísimo en las obras colectivas, como un conjunto urbano, un barrio, una calle, una catedral, una labor artesanal familiar o local, una colección de diversos autores conocidos o desconocidos, etc. Pero aún en obras tan individuales como una estatua o un cuadro, la actuación del autor aún sin olvido del carácter genial del artista y de lo que éste tiene de precursor o avanzado de su sociedad, se explica en cuanto aquél se sitúa en un momento histórico, en una cultura, sometido a unas influencias y a unos gustos, y además su papel es decisivo para que la creación se produzca con absoluta libertad y para que la conservación sea posible en un país con un Patrimonio tan extenso y disperso como el español. En una sociedad organizada sobre la base de la iniciativa privada, con una tradición jurídica de tipo liberal, y con una extensa gama de propietarios privados de obras de arte, la mejor forma de conseguir rápidamente resultados positivos, es contar con la colaboración del mayor número posible de ellos en la difícil tarea que representa esa conservación.

Las fuerzas de la sociedad, despertándolas y ordenándolas, son inmensas. La capacidad multiplicadora de actuaciones de defensa del Patrimonio que late en la sociedad, es casi el único método de recuperar el variado y disperso Patrimonio Artístico del país.

Sociedad y Estado de Cultura

Entendido así el papel de la sociedad y del Estado, se podría hablar de aspirar a vivir en una sociedad de cultura y en un Estado de Cultura.

Hablar de Estado de Cultura en el sentido que lo estoy haciendo, no es entregar al Estado ni el control ni la dirección de la cultura. Es reconocer, como consecuencia de la existencia de una sociedad de cultura, la necesidad de que el Estado dé una razonable preferencia e importancia al fomento y respeto de la cultura en todas sus manifestaciones. Que la legislación favorezca la creación de un ambiente de libertad y creación para las iniciativas culturales, y las normas den a la vida cultural el trato adecuado para el desarrollo de una actividad cuyos beneficios no son principalmente económicos, aunque no se excluyan éstos, sino favorecedores de la convivencia y de la calidad de vida.

En este sentido no puede confundirse el Estado de Cultura del que hablo, con un Estado controlador y director de la cultura, como eran los de los países comunistas, y ni siquiera con el Estado cultural que critica recientemente Fumaroli en un libro con este título.

No hablamos de un Estado cultural, que dirige y crea la cultura, que domina la televisión, que hace las grandes obras culturales. Hablamos de un Estado en el que las actividades culturales, emergiendo de la sociedad, tienen cabida y acogida favorable. Lo mismo que el Estado de Derecho protege y garantiza los derechos de los ciudadanos y exige que las leyes no sean caprichosas y positivas sólo, sino acordes con los principios constitucionales. Y que las normas obliguen al mismo Estado y garanticen los derechos del ciudadano frente a aquél.

Es un Estado que reconoce, no otorga, a la vida cultural, un status prioritario en el desarrollo del país, garantiza la libertad cultural y de creación y resalta la importancia de las actividades culturales que vienen y surgen de la sociedad. Y entendiendo la cultura, no como un lujo o una consecuencia del ocio, sino como una actividad necesaria para la existencia de una sociedad armoniosa, pacífica y de progreso. Este último aspecto no es el menos importante, si tenemos en cuenta que los conocimientos, la educación y la capacidad de los ciudadanos es, sin duda, en el mundo moderno y futuro, la máxima fuente de riqueza, como lo demuestra que los países con renta per cápita más alta, no son los que tienen más riquezas naturales, sino las poblaciones más cultas y con mayor capacidad creadora.

Al Estado, lo que le corresponde es garantizar la educación al alcance de todos (pública o privada), la conservación del Patrimonio creado por las generaciones, y facilitar el acceso a la cultura de todos, defender el idioma en sus relaciones internacionales y en conjunción con las Instituciones, y fomentar la creación con un trato favorable para los trabajadores culturales y los productos culturales, pero ni proteger a unos sobre otros ni crear cultura. A lo sumo, mantener las infraestructuras necesarias, bibliotecas, escuelas, colegios, universidades, dando el mismo trato a las de creación pública que privada e, incluso, prefiriendo éstas por el principio de subsidiariedad.

Este Estado de Cultura del que hablamos, no supone ni un aumento de la burocracia administrativa ni una variante del Estado-providencia aplicado a la cultura. Exige una mayor libertad en campos hoy limitados en algunos países como el nuestro, por el intervencionismo estatal, como la educación, la comunicación o la televisión. No se puede dudar de la importancia que esos tres sectores tienen hoy para la creación o la propagación de la cultura y por ello precisamente, no pueden estar en manos del Estado, sino de la sociedad, desempeñando a lo sumo el Estado una función subsidiaria. Lo cual no significa negar participación en la vida cultural al Estado, ni la posibilidad de que un Ministerio de Cultura pueda desempeñar una función útil no sólo en la labor de conservación y defensa del Patrimonio Cultural del país, que es su función más específica, sino también en el fomento, la promoción y el estímulo en el campo de los bienes y actividades culturales, siempre desde el respeto a la libertad creadora.

El riesgo de que aprovechando la idea de un Estado de Cultura se pueda crear una máquina burocrática que haga listas de intelectuales o escritores por afinidad al gobierno, de que se organicen fiestas culturales o campañas de espectáculos desde los poderes públicos, sectarios en la selección de los artistas, o con intenciones de propaganda política, para atraer al pueblo con un procedimiento que recuerda al circo romano, no debe ser bastante para renunciar a la idea de que el Estado, o los poderes públicos, pueden tener, sobre todo en períodos de lanzamiento, un papel eficaz y respetuoso de fomento y protección de las actividades culturales. Por ejemplo, mientras exista televisión pública, lo lógico sería utilizarla para dar a conocer y valorar el Patrimonio Cultural del país, y enseñar a respetarlo y conservarlo, en vez de intentar competir en actividades puramente mercantiles con las televisiones privadas; o para llevar hasta las masas menos cultas y más apartadas, el gusto y el interés por las obras de arte, exhibiéndolas y comentándolas profesores o artistas con prestigio público. Todo esto repercutiría en una educación del gusto, de los sentidos, y en un acercamiento e interés mayor por las creaciones del espíritu y los bienes culturales.

Un Estado de Cultura es aquel que privilegia y da prioridad a la educación, al estudio, a la ciencia, a las artes y las letras, a la lectura y la reflexión, en una palabra, es aquel que alienta la existencia de una sociedad en la que los valores del espíritu, el conocimiento y el desarrollo de la capacidad de sus ciudadanos, son objetivos principales porque contribuyen, no solo a la riqueza y al bienestar del país, sino a la realización de los objetivos básicos de libertad, justicia, pluralismo y tolerancia y convivencia pacífica, que son los ideales de una sociedad realmente humana.

Elecciones 93

Las elecciones generales convocadas para el próximo 6 de Junio no van a tener el encanto que tuvieron en 1977, ni el dramatismo que tuvieron en 1982, pero, en mi opinión, van a pasar a los anales electorales como unas elecciones cruLciales, por dos razones:

1) No hay un vencedor previo.

El desbloqueo político, del que, en algún momento se llegó a desesperar, se convierte así en una realidad. El sistema de partido hegemónico enfila el camino del recuerdo. Y, al despojarse del sombrero mexicano, nuestra democracia se empieza a descubrir.

Para que se haya llegado a esta situación se han tenido que dar una serie de circunstancias, de las cuales las más sobresalientes son:

• Un desfondamiento lógico, una bicefalia antagónica progresiva, y un acorralamiento judicial por actuaciones de legalidad más que dudosa, en el partido en el poder.
• Una sucesión acertada, una asunción sin complejos de la función de control, y una apuesta decidida por el centrismo político, en el principal partido de la oposición.
• Una recesión económica, agravada por la táctica socialista de enmascaramiento de realidades ingratas, y un eclipse parcial del ideal/coartada comunitario, que priva al Gobierno de la zanahoria europea, completarían el cuadro.

2) No va a haber una mayoría absoluta.

Este hecho va a traer consigo, con toda probabilidad, un Gobierno de coalición, o en su defecto un Acuerdo de Legislatura. Por primera vez, el resultado de unas elecciones no va a suponer un Gobierno monocolor o un Gobierno sin compromisos estables con otras fuerzas políticas.

Las previsiones sobre las consecuencias de un sistema electoral proporcional corregido, como es el que adoptaron nuestros constituyentes, van a cumplirse al fin.

Razones del adelanto electoral

La última convocatoria electoral no ha podido sustraerse a la regla, hasta el momento sin excepciones, del adelantamiento.

Hay, sin embargo, una diferencia fundamental con las otras elecciones convocadas por el actual Presidente del Gobierno. Si entonces tomaba la iniciativa aprovechando circunstancias favorables (éxito del Referéndum sobre la permanencia en la OTAN en 1986 o bonanza económica en 1989), ahora lo hace a remolque de los acontecimientos, y ante unas perspectivas electorales futuras aún más adversas. ¿Por qué, entonces, no convocó elecciones antes?. Pues, sencillamente porque se equivocó. No evaluó bien los factores de erosión que se avecinaban.

La razón aducida: conveniencia de que el Tratado de la Unión Europea conocido como Tratado de Maastricht fuese ratificado en el plazo previsto (antes del 31 de diciembre de 1992), si no es determinante en sí misma, sí proporciona una pista acerca de la metodología electoral socialista.

Concluido el 92 se necesitaba otro horizonte, cuanto más lejano mejor, y el Tratado se lo proporcionaba con la incorporación a la Unión Económica y Monetaria Europea en 1997 de los países más idóneos. Comprometerse a largo plazo es una forma de no comprometerse, y si esto sirve para justificar inevitables decisiones económicas de escasa popularidad, miel sobre hojuelas.

La alquimia inversa del oro olímpico en papeletas de voto y poder contante y sonante fue desaprovechada en una decisión que, a buen seguro, hoy se estará lamentando.

¿No era preferible, en estas circunstancias, agotar la Legislatura, para cumplir una promesa que no era retórica?

González, como Romanones, cuando dice jamás, quiere decir por ahora. Y sabido es que las legislaturas siempre se van a agotar mientras duran, pero es cierto que, en esta ocasión, había un prurito personal en este enunciado.

En un sistema tan personalista, y por qué no decirlo, de connotaciones autocráticas, las explicaciones psicológicas tienen, en ocasiones, mayor importancia que las sociológicas o políticas.

Si tuviera que inclinarme por un único elemento desencadenante de la decisión lo haría por la doble desautorización social y partidaria que sufrió Felipe González en muy poco tiempo. La desautorización social protagonizada por los universitarios y la desautorización partidaria personalizada por los principales representantes de su propio Grupo Parlamentario, que se negaron a considerar las modificaciones legislativas que se les proponían.

El PSOE va a aplicar las dos estrategias fundamentales que aplicó UCD en 1979.

1) La puesta en tensión de los responsables políticos de la Administración para dar durante la campaña una imagen de eficacia.

2) La apelación al voto del miedo, que puede revestir diferentes formas.

Falta saber si podrá llevar a cabo la primera y si no será contraproducente la segunda.

Se nos mortificará también, de forma inmisericorde, con la imagen de Felipe González convertido en campeón del europeísmo con motivo de la recogida del famoso y oportuno galardón.

En cuanto al PP, su gran baza con el electorado centrista, aun no decantado a su favor, es su compromiso con la segunda restauración democrática, a la que ya ha contribuido poderosamente por el simple hecho de ser una alternativa de Gobierno posible. En este sentido, el capítulo dedicado a las Libertades en su Manifiesto Electoral, es un acierto, que deberá ser ratificado por las propuestas prográmaticas oportunas: Reforma del Reglamento del Congreso, nuevo sistema de elección del Consejo General de Poder Judicial, normas que garanticen la independencia de los medios de comunicación de titularidad pública etc. etc. Este electorado no se conforma ya con el que y exige, después de los desengaños habidos, también el como.

Dos son las actitudes que debería evitar:

1) Radicalizar innecesariamente la confrontación electoral.

La función de control desarrollada por el PP ha sido conveniente, y si se me apura, necesaria.

La denuncia de la corrupción es, efectivamente, negativa para la imagen del país pero absolutamente indispensable para conseguir su erradicación. Y lo segundo es, en mi opinión, mucho más importante que lo primero. Pero lo dicho, dicho ha quedado, y la opinión pública, como muestran las encuestas, ha tomado buena nota. Polarizar la campaña en esta cuestión, puede encrespar los ánimos y contribuir a un ambiente que el electorado valore adversamente.

2) Creerse que todo está hecho y bajar la guardia.

Subestimar la capacidad de amplificación que tiene el PSOE de cualquier desliz del adversario, gracias al entramado de medios de comunicación que controla, puede tener fatales consecuencias.

Aspectos a destacar del inmediato desenlace electoral

1. Participación La participación electoral en las Elecciones Generales en España es muy estable. Oscila del 80% en situaciones de excepcionalidad (1977 y 1982) al 70% en situaciones de normalidad (1979, 1986 y 1989). Mi pronóstico es que este 70% puede verse afectado ligeramente al alza, en esta ocasión, por el mayor atractivo que la campaña electoral puede tener, al celebrarse debates, inéditos hasta ahora, de los principales candidatos en las cadenas de televisión. Hay que destacar la novedad que supone que en la campaña de unas Elecciones Generales estén en funcionamiento cadenas privadas de televisión, que van a constituir un elemento de dinamización en la confrontación electoral.

En unas elecciones tan reñidas, el resultado no va a depender tanto de la mayor o menor abstención sino de la capacidad de movilización del electorado propio que cada uno de los dos grandes partidos pueda tener. Entendiendo por electorado propio el más recalcitrante y conspicuo, aquel que si no vota a esa opción no vota a ninguna otra, pero que puede llegar a abstenerse por distintos motivos, como, por ejemplo, que pueda considerar que hay un abandono de pautas tradicionales de comportamiento en materia de costumbres, en el caso del PP, o que pueda creer que ha existido una insensibilidad hacia los mas desfavorecidos, en el caso del PSOE.

2. Sistema de partidos resultante

La comparación de los resultados que van a producirse en estas elecciones con los habidos en las últimas, es abrumadoramente favorable para los principales partidos de la oposición PP e IU, especialmente para el primero. No olvidemos que su diferencia respecto al PSOE en las últimas elecciones fué superior al 14%.

En lo que atañe al PP, solamente en dos Comunidades Autónomas su aumento de la intención de voto es inferior al 25%: Navarra (17,5%) y Cantabria (1,5%). El forúnculo político cántabro aflora así con toda intensidad en las encuestas. En Canarias dobla holgadamente los resultados obtenidos en las últimas elecciones. En Andalucía, Asturias y Cataluña tiene un incremento de más de la mitad de los votos obtenidos. Y en Aragón, Baleares, CastillaLa Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y País Vasco tiene un aumento de voto entre el 30% y el 50%.

La situación del PSOE es la contraria. En Murcia también el PSOE tiene su quiste político pierde más del 30% de los votos que había obtenido. En Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, CastillaLa Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja pierde entre un 10% y un 20% del voto. Y solamente en Cantabria tiene un incremento positivo mínimo.

Si profundizáramos aún más en la naturaleza de los previsibles resultados podríamos llegar a la conclusión de que se está recomponiendo el mapa electoral de 1979. El PSOE devuelve con intereses a IU el voto prestado por el PCE en 1982 y el PP consigue el grueso con opción a la práctica totalidad del voto que tuvo UCD en su mejor momento, lo que testifica el acierto de la apuesta por su transformación en un partido de Centro.

CDS no va a obtener ningún escaño. Las malas previsiones actúan de catalizador en la destrucción del voto, cuando se tiene un electorado ilustrado o simplemente informado. Lamentablemente para este partido, su comparecencia o no a las elecciones es indiferente. No así para los demás, ya que los escasos cientos de miles de votos que puede llegar a obtener van a ir en su mayor parte contra la cuenta de resultados del PP.

Los partidos nacionalistas van a mantener su cuota electoral con ligerísimas variaciones, y la representación de los partidos regionalistas no será superior a la que ya tenían y puede que sea perceptiblemente inferior.

Siguiendo la tipología de Blondel, el sistema de partidos español resultante va a ser el de un bipartidismo imperfecto dos partidos y medio en el que la suma de los votos obtenidos por los dos primeros partidos se aproxima al 75%, y el tercer partido, IU, está muy alejado, en cuanto a resultados, de los otros dos. En nuestro caso, contrariamente a lo que suele ser normal, este partido no es un partido intermedio entre los otros.

Este sistema se complementa con los sistemas de partidos autonómicos catalán y vasco, que tienen su propia estructura, y pueden influir decisivamente en el Gobierno que salga de las Elecciones.

3. Alianzas postelectorales

Conocido el resultado electoral, se pondrán en marcha las previsiones constitucionales. De acuerdo con los artículos 56.1, 62.d, y 99.1 de la Constitución, S.M. el Rey propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. El acierto en el desempeño de esta función no se le supone sino que se le reconoce, y la decisión es de su soberana competencia. Sin embargo, no sería descabellado pensar que proponga al candidato cuyo partido hubiera obtenido mayor representación parlamentaria. Si ésta no constituye una mayoría suficiente, como parece probable, el candidato tendrá que recabar los apoyos parlamentarios necesarios, que le permitan obtener la confianza de la Cámara: por mayoría absoluta en la primera votación o mayoría simple en la segunda, cuarenta y ocho horas más tarde. Si no lo lograra se tramitará una nueva propuesta de candidato.

La gran coalición PPPSOE no está descartada, pero no hay, en la actualidad, ningún dato que permita augurarla. La oposición llevada a cabo por el PP en los últimos tiempos no sería consecuente con que mantenga al PSOE en el poder, y la situación nacional no reviste la gravedad que aconsejaría un gobierno de este tipo.

Llegados a este punto, no me resisto a traer a colación un chiste del genial Mingóte. Dos opositores acaban de conocer el resultado de las pruebas. El que ha ganado la plaza se siente en la obligación de dar a conocer a su cariacontecido contrincante la razón de su éxito: «Sí, tú habías preparado muy bien los temas, pero yo había preparado mejor al Tribunal».

Se pueden perder las elecciones y formar gobierno, si se tiene el necesario apoyo de otras fuerzas políticas. El acuerdo postelectoral PSOEIU no parece probable, pero no es imposible. Creo, y hay que decirlo, que tendría graves consecuencias para el país. Si después de todos estos años de meritoriaje, España aparece ante Europa con un gobierno del que forman parte los comunistas ¡apaga, y vámonos!

Quedan los catalanes. El Grupo Parlamentario Vasco no va a tener un peso decisivo, y en cualquier caso ya se sabe por donde respira. Pujol ha advertido de su condición de célibe político. Pero hay quien lleva cortejando mucho tiempo a Minoría Catalana.

Recordemos que aunque en el horizonte del final de la Legislatura que ahora concluye, se encontraba el mítico 92, los socialistas, curándose en salud, pusieron en marcha en 1990 el mal llamado Bloque Constitucional, inspirándose en el modelo italiano del Pentapartito, que era, antes que cualquier otra cosa, una plataforma de permanencia en el poder de la Democracia Cristiana. Aunque era también una fórmula política para aislar al PCI. De ahí que los partidos que integraban el Gobierno (Socialista, Socialdemócrata, Liberal, Republicano y Democracia Cristiana) se autodenominasen interesadamente partidos del arco constitucional mal traducido aquí por partidos del Bloque Constitucional para que el PCI quedase como un proscrito, al dudarse de su sinceridad democrática. Aquí se quiso también mediante esta estrategia aislar al PP (con poco éxito, parece).

La virtualidad de esta dilatada entente de los socialistas con los parlamentarios de Minoría Catalana pronto se conocerá, pero me inclino a pensar que CIU no va a entrar en ningún gobierno de coalición. El precedente de la fracasada incorporación de Roca como ministro de Relaciones con las Cortes en el Gobierno de Suárez de septiembre de 1980 avala esta hipótesis, aunque es cierto que las circunstancias actuales son muy diferentes. La cantinela de la gobernabilidad con la que machaconamente nos ha deleitado CIU en los últimos años parece que presiona en la dirección de un Acuerdo de Legislatura ¿Con quién? Roca se inclina hacia el PSOE, Durán hacia el PP. En el Palau de la Plaça de Sant Jaume las reflexiones del Honorable pueden valer si no un imperio, sí un gobierno.