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La cultura de lo nuevo

Ya vuelve el español donde solía. A lo largo de su compleja historia, los parajes más visitados por los españoles han sido los del desencanto y la frustración. Y esa vieja tradición comparece otra vez. A estas alturas, ya se van difuminando los recuerdos de la originalidad y la capacidad de innovación que —en el proceso de transición de la dictadura a la democracia— sorprendieron incluso a sus protagonistas. ¿Qué se hizo de aquella creatividad, de aquel arrojo? No solo se manifestaron en el terreno político, sino que también brillaron en la comprensión del tiempo histórico, en la articulación de los caminos para construir nuevos entramados para toda una sociedad y, sobre todo, en ese estilo de vida y de pensamiento propios de una determinada sociedad, al que llamamos cultura. Pero pronto se nos olvidó lo que habíamos hecho. Y volvimos a descreer de las poderosas ideas que nos habían movido.

Lo que acabo de recordar no es, en modo alguno, motivo para instalarnos definitivamente en el pesimismo cínico, que tan bien se aclimata en estos pagos. Todo lo contrario. Si en la historia reciente logramos salir del sometimiento y la chapuza, resulta patente que —como pueblo— tenemos capacidad de remontar las situaciones más desfavorables. Solo hay algo imprescindible: no esperar que otros nos saquen las castañas del fuego. Nadie lo hará por nosotros, mejor que nosotros, si nosotros no lo hacemos. Desde luego no lo van a acometer nuestros presuntos mentores europeos, ni el gobierno de turno, ni los dueños de los canales de opinión pública (menos aún partidos políticos o sindicatos, cuyas capacidades parecen agotarse en el acarreo de personal hacia las manifestaciones callejeras).

La clave se encuentra donde casi nadie la busca: en la cultura. Con esta palabra no me refiero, naturalmente, al ministerio del mismo nombre que aparece y desaparece según las legislaturas, ni a las iniciativas lúdicas de las comunidades autónomas, ni a las actividades recreativas de los bancos, ni a los museos que han proliferado en toda población que supere los diez mil habitantes. Me refiero al cultivo serio y sistemático del arte, la ciencia y el diálogo social; a la actitud reflexiva de instituciones y personas; a la madurez ciudadana de quienes se atreven a enfrentarse con buenos argumentos a los poderes establecidos. Y, a estas alturas, casi no me atrevo a mencionar a las universidades que, salvo contadas excepciones, se han dejado instrumentalizar y manipular por aprendices de brujo, con un resultado semejante al descrito por Ortega: la universidad como «cosa triste, opaca, inerte, casi sin vida»; cuando lo cierto es que a las escuelas superiores les corresponde el papel clave de tomarse toda la libertad del mundo para investigar, enseñar, renovar y proponer salidas viables a callejones sin aparente escape.

Lo que necesitamos en España es una cultura de lo nuevo. Pero lo inédito nunca está disponible como algo mostrenco. No se encuentra —por decirlo con Heidegger— «a la mano». No vale copiar soluciones de países más adelantados. Lo nuevo solo tiene un origen: el pensamiento vital, lúcido, dialógico, incansablemente trabajado. Las ocurrencias felices no solucionan nada. Y tampoco nos sirve el apaño de recurrir a las nuevas tecnologías, porque Mr. Google no sabe nada que no se sepa ya.

La experiencia histórica —también la nuestra, tanto antigua como reciente— demuestra hasta la saciedad que las innovaciones de fondo (no las modas, ni los tópicos, ni los estilos) surgen de grupos abarcables, capaces de estudiar en equipo los problemas teóricos y prácticos, de discutir implacablemente sobre ellos, y de intentar llevarlos a la práctica con esa virtud tan olvidada como imprescindible que es la valentía, el coraje social.

Me atrevo a decir que —a contrapelo de nuestra situación actual— están emergiendo generaciones jóvenes con una mentalidad más abierta, con valores menos ideológicos, con esperanzas todavía no ahogadas. Es preciso detectar esos talentos que se están estrenando en la vertiente nueva de la juventud. No se trata de premiarlos ni de halagarlos, porque de momento tienen que demostrar casi todo sobre su valía, y no hay peor adormidera que el premio anticipado. Tampoco es recomendable, a mi entender, acudir al socorrido expediente de pagarles una estancia en algún país de habla inglesa, porque en el mejor de los casos lo que aprenden allí suele limitarse a técnicas ya ensayadas, cuya aplicación no implica apenas valor añadido.

Para aprender a innovar, es preciso comenzar produciendo algo nuevo, es decir, pensando. A la juventud estudiosa y prometedora hay que darle tiempo y sosiego para comenzar a pensar. Idealmente, el ámbito adecuado para que se produjera esa fulguración sería la universidad. Pero quien conozca lo que ofrecen la mayoría de las universidades españolas a los talentos prometedores, quizá se lo piense dos veces antes de animarles a que se sumerjan en ambientes donde se compite por posiciones de poder, frecuentemente ridículas, y donde no es fácil lograr un ambiente sereno para la investigación ni un entorno acogedor para el diálogo.

El paradigma que nos sugieren otros países, no tan lejanos, es el de unas instituciones no necesariamente vinculadas a las universidades —aunque conectadas con ellas— donde sea posible estudiar con sosiego, pensar con tranquilidad, discutir con otras personas de distintas edades o niveles de formación y comenzar a ensayar vías para la aplicación social de los conocimientos nuevos. Tales instituciones han de disponer de bibliotecas clásicas bien dotadas, junto con el recurso a las nuevas tecnologías —ahora, sí— que permiten abrirse al panorama in-ternacional del conocimiento sin necesidad de multiplicar los viajes ni realizar desmedidas inversiones. Por supuesto, es clave la convivencia y el diálogo entre intelectuales maduros y jóvenes que pronto comenzarán su andadura profesional o científica.

La objeción inmediata a proyectos de esta índole podría más o menos ser esta: las mejores cabezas no tendrán paciencia para permanecer algunos de esos años (que son la clave del futuro profesional) en un entorno excesivamente tranquilo, sin apenas contacto con el tráfago político, empresarial o de investigación aplicada. Lo que sucede es que las advertencias de este tipo revelan precisamente dónde se encuentran los obstáculos que, por parte de personas con edad suficiente como para haber sufrido la decepción de una innovación fallida, se oponen a quienes, por su edad y por su mentalidad más abierta, son capaces de iniciar un nuevo ciclo.

Quienes están en contacto directo con las nuevas promociones de jóvenes con altas capacidades intelectuales saben que, de entre ellos, algunos de los más destacados no aspiran precisamente a ponerse a la cola de las pistas de despegue hacia un éxito que tiene mucho de problemático

o incluso de ilusorio. Tienen ojos en la cara y saben que los partidos políticos son impermeables a las nuevas incorporaciones de quienes son más capaces que los que dominan sus estructuras perfectamente anquilosadas. El mundo empresarial —quizá el sector más dinámico de nuestro país— depara quizá mejores oportunidades de empleos de calidad, pero quien se enrola en una de esas eficaces compañías multinacionales tiene que dejar en la puerta de entrada sus inquietudes intelectuales y, probablemente, sus preocupaciones cívicas concretas. Por otra parte, las oposiciones o concursos a las escalas de la administración pública, ofrecen muy pocas oportunidades de realización profesional, además de compensaciones económicas decrecientes (en algunos campos, por otra parte, los apoyos amistosos o interesados resultan imprescindibles para hacer carrera, y todavía hay algunos jóvenes que no están dispuestos a pagar el tributo de tan temprana decadencia ética).

Lo que acabo de exponer no es un proyecto improvisado, ni siquiera una vaga recomendación, por si a alguno pudiera interesarle. Se trata más bien de una orientación aproximada hacia la cultura de lo nuevo. Por lo que puede percibir cualquier observador mínimamente avisado, las nuevas generaciones todavía no están en nuestro país desencantadas del todo. Aunque a algunos les parezca lo contrario, abundan las individualidades muy reflexivas, con altas exigencias morales, y con la suficiente calma como para emprender una trayectoria formativa y profesional más pausada que las convencionales.

Asistí recientemente a un seminario dirigido por un profesor de una de las universidades más renombradas en Estados Unidos. Habló de algo tan poco conocido entre nosotros como es la educación liberal, centrada en los grandes libros. Los estudiantes que asistían al seminario se sorprendieron, inicialmente, de que algunos de sus mejores colegas norteamericanos estuvieran dispuestos a dedicar los primeros cuatro años de su formación universitaria —el periodo del Grado— a la lectura y discusión de obras clásicas de literatura, arte y pensamiento, que ninguna relación di-recta tendrían con la preparación profesional —en medicina, derecho o cualquier otra especialidad— que después habrían de comenzar casi completamente de nuevas. Y yo me preguntaba si —a la vista de la desafortunada y rígida orientación que el proceso de Bolonia ha impuesto en España a los estudios de Grado— no sería posible (como second best) buscar el remedio intelectual al final de los estudios convencionales, en lugar de al comienzo.

Nuestros «nuevos ciudadanos» están más abiertos al cambio que los «viejos mandatarios». La notoria rigidez que presenta la estructura social española solo se romperá por la vía de la innovación cultural. Si algo va precisamente en contra de las actuales tendencias internacionales es justo la univocidad de los planteamientos y la falta de amplitud en los campos de juego. Y resulta penoso que el arbitrismo oficial vigente se encamine —cuando tan raras veces lo hace— hacia la búsqueda de las vías de renovación por procedimientos burocráticos e imposiciones que no admiten alternativas.

Se ha producido un nuevo episodio del acostumbrado choque entre la «España oficial» y la «España real». La realidad social española apuesta decididamente por la libertad de elección y la pluralidad de opciones; sus nuevos representantes vuelve a confiar en la iniciativa personal y en la eficacia de la estrategia de los pequeños grupos. Pero los sectores oficiales se han automultiplicado, introduciendo nuevos niveles que aumentan los gastos públicos hasta aproximarnos a la ruina nacional, y tratan de cohonestar tal abuso adjudicando a los nuevos burócratas tareas reiterativas, caras o simplemente inútiles.

Claro aparece que el único modo de ir desmontando este gigantesco aparato de control que pesa sobre nosotros consiste en alguna variante —¡pacífica!— de la desobediencia civil o de la pura y simple disidencia. Es lo que en la jerga juvenil se expresa con el giro «pasar de…». Se trata de un fenómeno muy diferente al del «pasotismo» de hace unos años. Porque ahora lo que se pretende es liberarse de una carga inútil, para estar en franquía de dedicarse a tareas creativas y eficaces.

Sería reiterativo señalar que la cultura ha de ser siempre creativa. Porque, si se entiende como transmisión de pautas tradicionales, nos encontraríamos con el oxímoron de una «cultura muerta». La creatividad consiste, igual que la propia cultura, en hacer surgir vitalmente algo nuevo, es decir, en prescindir de los antecedentes directos. En algunos países —los mejor adaptados a la actual situación histórica— se ha aprendido a aceptar la creatividad e, incluso, a celebrarla. Hemos de confesar que entre nosotros la creatividad se padece, si acaso, como algo inoportuno, que viene a interrumpir nuestros ritmos cansinos. Y esto es precisamente lo que resulta imprescindible cambiar.

El mejor sentido de la palabra «modernidad» es justo el de «innovación», como atenimiento a lo actual, entendido como algo que no coincide con lo anterior, sino que es nuevo. En la España reciente — desde un par de siglos largos— hemos tenido problemas con el encaje entre modernidad y tradición. Cuando lo cierto es que, como John Henry Newman advirtió con extraordinaria lucidez, no hay modernidad sin tradición, y que una tradición que no se renueva, sencillamente desaparece. Este hallazgo no ha encontrado entre nosotros una pacífica recepción. De ahí que tengamos casi siempre problemas con la integración de la juventud en el torrente social, y que la educación y —más en concreto— la enseñanza suela ser entre nosotros campo de tensiones y enfrentamientos.

Cuando se llega a un punto de velocidad cero, cuando no se aprecia la solución de problemas estructurales, es señal clara de que ha llegado el momento del relevo. En modo alguno se trata de un empeño decorativo, dirigido a la galería. Tampoco consiste en acudir a la «reserva espiritual», que se guarda para los momentos de apuro extremo. No hay tal posible repuesto. La operación pendiente, sin demagogias de ningún tipo, consiste en dar paso a los jóvenes, a quienes los portugueses, con la finura propia de su idioma, llaman «os novos».

Lo cual no quiere decir, en modo alguno, que en el mundo juvenil no haya problemas. Los hay, y muy agudos. Desde luego, el desempleo de casi la mitad de la población joven es una situación que está más allá de todo límite de seguridad. Somos quizá el país del mundo desarrollado con más alto índice de paro. Se podría pensar que los propios jóvenes no son responsables de esta situación. Pero hay datos que nos hacen pensar en algo distinto. Ya se ha hecho usual la expresión ni-ni, para referirse a los que no estudian ni trabajan, y muchos quizá ni siquiera se empeñan en buscar una ocupación regular y remunerada.

Otro fenómeno preocupante es la proliferación incontrolada de las nuevas tecnologías. Ya comienzan a detectarse el tipo de patologías que afectan a quienes han estado pegados a los ordenadores, móviles o tabletas desde su más tierna infancia. Al parecer, en algunos colegios se han cambiado los libros de texto por tabletas i-pad, en las que se vierten los libros de texto, se desarrolla el contenido de las lecciones, se comunican los alumnos entre ellos y con el mundo exterior. Todos conocemos a chicas y muchachos que viven en un mundo virtual y apenas tienen tiempo para establecer contacto directo con la naturaleza y con las personas de carne y hueso. ¿No lo lamentaremos dentro de no muchos años? ¿Es culturalmente inofensiva la práctica desaparición de los libros de papel impreso? Se suele decir que algo semejante sucedió con la aparición de la imprenta. Pero aquel descubrimiento, como sabemos, supuso un impresionante avance cultural, mientras que hoy por hoy observamos más bien lo contrario con el imperialismo de la electrónica.

Se podría objetar, entonces, que no todo lo nuevo contribuye a la densidad de lo humano, y que el fomento de la innovación en la sociedad no deja de ser un empeño ambiguo. Pero no todo antecedente puede equiparse a lo que está sucediendo en circunstancias posteriores de muy diversa índole. Y, en el caso de nuestro país, lo que sucede es que hay muy poca capacidad crítica para discernir entre las innovaciones positivas y las que pueden resultar, a medio plazo, muy negativas.

Estas paradojas nos hacen ver que ninguna mutación material o externa tiene de suyo un valor indiscutiblemente positivo. Solo las personas conocen y solo ellas pueden realizar cabalmente su vida o fracasar en el empeño. En el caso de nuestro país, se confirma netamente que, si los jóvenes son el factor clave de la cultura actual, la importancia de la enseñanza pasa a primer término.

Gobernanza del orbe y derecho global

El ideal de una comunidad humana universal en paz y prosperidad ha sido por centurias el sueño dorado de intelectuales y poetas. El cosmopolitanismo defendido por los estoicos, la vieja aspiración romana de un imperio sin fin, recogida magistralmente en la Eneida, el ideal cristiano de un mundo unido por los lazos de la caridad, el anhelo dantesco de una monarquía universal o el proyecto kantiano de la paz perpetua, han alimentado sin pausa el sentimiento común de que todos los hombres, por muchas y variadas que sean las diferencias culturales, étnicas o ideológicas, formamos parte de una misma comunidad política universal.

El colapso de la sociedad internacional tras la trágica eliminación de más de 60 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial puso en evidencia la debilidad del orden jurídico internacional nacido en Westfalia en 1648 y confirmado en Utrecht en 1713. Este ordo iuris se apoyaba en dos principios entonces válidos y hoy en día del todo obsoletos, a saber: que el Estado nación es el único sujeto del Derecho internacional y que la guerra como tal es un instrumento jurídico para la resolución de conflictos internacionales, una vez agotada la vía diplomática. Así, la multisecular tripartición del derecho en «personacosas-acciones» fue transformada por el orden internacional en una nueva compuesta por «Estados-relaciones entre Estados-guerra».

La Declaración Universal de Derecho Humanos de 1948 constituyó un hito en la historia de la humanidad en la medida en que contribuyó decisivamente a la construcción de una comunidad internacional no basada exclusivamente en el self-interest de los Estados soberanos sino en la dignidad de la persona humana, verdadera protagonista del derecho. A finales del siglo XX, con el surgimiento de una mayor interdependencia global y el consiguiente aumento de una generalizada vulnerabilidad, las viejas utopías de unidad humana se transformaron, en veinticuatro horas, en auténticos imperativos políticos. En nuestro mundo globalizado del siglo XXI, ya no existe una comunidad política por pequeña o grande que sea (local, provincial, regional, nacional, supranacional) que pueda considerarse totalmente autosuficiente o que sea capaz de garantizar completamente la justicia humana. Lo que pasa en Hamburgo, Singapur o Buenos Aires repercute de tal manera en Tokio, Washington DC, Honolulu o Cuenca que la autarquía como sistema ha quedado enterrada para siempre. Por eso, el reto actual de gestionar y resolver globalmente los problemas que afectan a la humanidad en su conjunto no es ya solo una simple opción entre varias sino un deber moral y político acuciante e inexcusable, con importantes implicaciones jurídicas.

LA HUMANIDAD COMO COMUNIDAD POLÍTICA

El nacimiento de la humanidad como comunidad política no ha sido fruto de un acuerdo social, sino, como digo, de un hecho social incuestionable: la globalización. La «desunited multitude» de seres humanos, como llamó Hobbes a la humanidad, empieza a parecerse cada vez más a una asamblea multitudinaria unida por el «consenso en el Derecho» y «la utilidad del bien común», si empleamos conocidas expresiones de Cicerón en su diálogo De re publica. Tras el hecho social, viene el Derecho que lo regula, no viceversa. Son los hechos, los nova facta, los que obligan al jurista a buscar nuevas respuestas ante los retos que se plantea la sociedad. Pensar otra cosa es convertir el Derecho en problema, no en solución.

Desde una perspectiva jurídica, la humanidad como tal, no la vieja sociedad de Estados, es una comunidad política emergente que, parafraseando a los juristas romanos, podríamos llamar incidental (communio incidens), origina-da sin acuerdo explícito previo, pero no por ello menos comunidad, ni menos llamada a desarrollarse como tal, pues ha nacido «por necesidad». De ahí la urgencia de institucionalizar jurídicamente el nuevo «contrato social global». En su Leviathan, Thomas Hobbes diferenciaba con acierto dos formas de creación de las comunidades: por institución y por adquisición. Aplicado a la humanidad, se puede afirmar que la humanidad o bien se institucionaliza como comunidad política mediante una suerte de consenso mundial o bien acabará siendo dominada, conquistada, adquirida por la fuerza, por plutocracias imperialistas o criptocracias económicas sin escrúpulos. La reciente crisis económica mundial ha confirmado con creces el peligroso alcance y las tremendas consecuencias de este posible fenómeno adquisitivo.

A duras penas podemos vislumbrar en la hora presente las enormes repercusiones del establecimiento de la humanidad como comunidad política. En mi opinión, ya de entrada, esta novación comunitaria es la que justifica el tránsito del Derecho internacional hacia un nuevo derecho global, como siglos atrás, tras el nacimiento de los Estados nación, se produjo la transformación del Derecho de gentes en un Derecho internacional. Toda comunidad establecida necesita de un Derecho, de unas reglas de juego garantes de la justicia y la paz. Se trata de una emanación del principio más elemental de justicia: ubi societas ibi ius. Y donde hay una comunidad, a la postre, debe existir un ordo iuris, un ordenamiento jurídico integrador del derecho privado y público, elaborado a partir de un paradigma constitucional. En efecto, el paradigma del de-recho global es, por definición, de naturaleza constitucional y cosmopolita. Lo cual no significa, ni mucho menos, que el mundo requiera una constitución escrita. Ni nada que se le parezca.

La principal consecuencia jurídica que tiene la conversión de la humanidad en una comunidad política es la necesidad de establecer un ordenamiento jurídico global que la regule y organice en aquellas materias que tocan a todos los seres humanos. Ni más ni menos. Este ordenamiento jurídico sui generis ha de integrar, en la medida en que los afecte, todos los ordenamientos jurídicos existentes en el planeta, sin mermar la rica variedad de tradiciones jurídicas y contenidos normativos. Así, la contraposición entre monismo y dualismo, tan actual como estéril en el debate constitucional contemporáneo, pierde su razón de ser con el nuevo paradigma global, capaz por si mismo, gracias a su carácter constitucional, de unir sin uniformar, de armonizar sin igualar, de integrar sin equiparar: plures in unum. El derecho global es, por naturaleza, plural. La humanidad, siendo de suyo incluyente, por ser única, permite una diversidad interna muy superior a la ofrecida por la sociedad de Estados. Esta dimensión incluyente de la humanidad ha de ser tenida en consideración por el Derecho con el fin de evitar cualquier atisbo de imperialismo jurídico.

El Derecho, siempre personal, o corresponde a una persona determinada (dimensión individual), o se refiere a un grupo de personas (dimensión social) o a la totalidad de las personas, es decir, a la humanidad como tal (dimensión total). Esta tridimensionalidad tiene relevancia jurídica por sí misma, en el sentido de que no es lo mismo aplicar el Derecho individual, social o totalmente. Cuando el Derecho se aplica tridimensionalmente alcanza su plenitud, y puede hablarse en sentido estricto de un ordenamiento jurídico completo. Por eso, en tanto los Estados no asuman el derecho global, el ordenamiento jurídico estatal seguirá siendo incompleto por cuanto no tendrá en cuenta a la persona como integrante de la humanidad, como comunidad política superior. Así, el yo (ego) de la dimensión individual, el nosotros (nos) de la dimensión social y el todos (omnes) de la dimensión total tienen efectos jurídicos diferentes, ya que afectan al Derecho de forma distinta. Las tres dimensiones están interrelacionadas por ser esencialmente personales, pero son cualitativamente distintas. Cuando la dimensión jurídica individual no considera la social, se cae en el individualismo jurídico, y el Derecho se cierra a la solidaridad. Cuando la dimensión social no tiene en cuenta la dimensión total se desemboca fácilmente en el imperialismo, que busca imponer el criterio propio de una comunidad política en la comunidad global. Si la dimensión total desatiende las otras dos dimensiones, se asfixian los derechos personales y se congela el autogobierno de las instituciones convirtiéndose el mundo en una jungla incompatible con el imperio de la ley y la autoridad del derecho.

BIENES PÚBLICOS GLOBALES

En el nuevo paradigma global, las «cosas» (res) ya no se refieren exclusivamente a las «relaciones entre Estados», como en el paradigma clásico internacional, sino a aquellos asuntos que realmente afectan a la humanidad en su conjunto, y que se materializan en bienes públicos globales que han de ser protegidos universalmente. Los bienes públicos globales son relativamente pocos y cambiantes. Serían, entre otros, a modo de ejemplo, aquellos referidos fundamentalmente a la protección del planeta (por ejemplo, el cambio climático o la conservación del medio ambiente), a la supervivencia de los seres humanos (la erradicación de la pobreza, la prevención y reparación de desastres naturales, la supresión del armamento nuclear) y a la seguridad mundial (el terrorismo internacional o la persecución de delitos de lesa humanidad). La protección de los derechos humanos ocuparía un lugar prioritario, pero solo en la medida en que estos no estuvieran suficientemente amparados por los ordenamientos jurídicos de las distintas comunidades políticas. La determinación y la protección de los bienes públicos globales deberán estar siempre informadas por los principios de subsidiariedad y solidaridad.

El nuevo paradigma del derecho global apuesta por un marco competencial de carácter material, ya que lo territorial y lo personal forman, por naturaleza, parte constitutiva de la comunidad global. Los bienes públicos globales deben gozar de una suerte de reserva de globalidad y estar sometidos al dominio jurídico global (global legal domain).

La protección de los bienes públicos globales debe ser gestionada desde instituciones globales creadas ad casum, cuya labor ha de ser judicialmente controlada por tribunales pertinentes. El Derecho, sin duda, ha ido en esta dirección en los últimos años, pero falta consolidarla, de modo que la excepción no sea la norma general, como sucede en nuestros días, en los que todavía nos empeñamos en aplicar el viejo paradigma estatal clásico.

GLOBAL RULE OF LAW

El tercer elemento conformador del paradigma global sería el global rule of law, que vendría a sustituir a la guerra en el paradigma estatal y a completar el concepto romano de actio del paradigma clásico, ya superado, tanto teórica como prácticamente, por la ciencia del Derecho. La diversidad de conflictos jurídicos y la variedad de sistemas de resolución de disputas en el ámbito trasnacional nos conducen indefectiblemente hacia un concepto más general de aplicación del Derecho como garante de las libertades y del orden social. Este concepto debe ser, en mi opinión, el de supremacía del derecho global o «global rule of law». De esta manera, tanto la comunidad humana global como los bienes públicos globales deben estar sujetos al derecho global (global rule of law), formando así el núcleo constitutivo de un ordenamiento jurídico global, que armoniza en razón de la materia a todos los ordenamientos jurídicos del mundo.

La gran ventaja que ofrece el global rule of law frente al concepto de Estado de Derecho (Rechtsstaat) es que, históricamente, es anterior a la idea moderna de Estado. De ahí que no sea demasiado difícil imaginar un concepto de rule of law más allá del Estado, y sí, en cambio, un Estado de Derecho (Rechtsstaat) más allá del mismo Estado. Por lo demás, la construcción de un Estado mundial sería, en palabras de Hanah Arendt (Men in Dark Times, pág. 81), «no solo una pesadilla amenazante de tiranía, sino el final mismo de la vida política tal y como la entendemos». Concretaré en tres puntos lo que supone el global rule of law. En primer lugar, reclama la absoluta supremacía o preponderancia del derecho global sobre cualquier influencia de un poder arbitrario; en segundo lugar, exige la igualdad ante el derecho global, es decir, la idéntica sujeción de toda la comunidad política global a los tribunales de justicia pertinentes. Por último, exige que el derecho global sea parte integrante y constitutiva de todos los ordenamientos jurídicos existentes en el orbe por cuanto todos los seres humanos formamos parte de la comunidad humana global.

El global rule of law exige, por tanto, la plena integración y armonización de los distintos ordenamientos jurídicos. Pero sobre todo parece demandar una autoridad por encima de los Estados que esté, ella misma también, sujeta al Derecho. De lo contrario, no puede desarrollarse adecuadamente el rule of law como tal, más pensado para una estructura jurídica vertical que horizontal. Esta autoridad política global no sería otra que un parlamento global, por ser la institución democrática por excelencia y la única capaz de cumplir a pie juntillas lo que considero, siguiendo la terminología de Herbert Hart, la «regla de reconocimiento» del nuevo derecho global: «quod omnes tangit ab omnibus approbetur»: lo que afecta, y solo lo que afecta y en la medida en que afecta, a todos, es decir, a la humanidad, debe ser aprobado por todos, es decir, por la humanidad. Naturalmente, este parlamento sería de composición y naturaleza totalmente diferente a la de los parlamentos nacionales, pero, al fin y al cabo, un parlamento, pues ese es el hábitat natural en el que los hombres resolvemos las cuestiones políticas de mayor calado. Esta y no otra es la forma de democratizar hasta sus últimas consecuencias el nuevo paradigma jurídico global. Y de tomarnos en serio la globalización. Lo queramos o no, la fuerza del destino ha congregado a la humanidad.

Los efectos de la inmigración en España

El retrato de la llegada de inmigrantes a nuestro país está ya bastante definido. Publicados ya los datos provisionales del censo antes del verano, contamos con la sexta oleada de datos sociodemográficos sobre los inmigrantes que han llegado, lo que nos permite conocer con bastante profundidad la magnitud del cambio. De esos datos hay dos lecciones que se pueden aprender: el tremendo beneficio que han supuesto para nuestro país y el fracaso, ya no sé si tremendo, de nuestro procedimiento de entrada de inmigración legal.

La inmigración puede decirse ya que es, fuera de toda duda, el shock positivo más importante que ha tenido lugar en la economía española desde la unión monetaria. Está detrás de nuestro crecimiento económico, aunque no en la magnitud de las cifras que se han publicado recientemente, de la fortaleza de nuestra demanda interna y del consumo, pilares de este ciclo de buenas noticias, del mantenimiento del valor de la vivienda y del desarrollo de muchas empresas en España. La estrategia de muchas compañías en los noventa de salir al exterior, especialmente hacia mercados menos maduros como el Latinoamericano, se ha visto transformada por una vuelta al interés por el mercado interno, que presenta también altas rentabilidades. La inmigración ha dado también un respiro a la Seguridad Social, aunque ni mucho menos ha resuelto el problema, y ha mejorado sustancialmente los ingresos por impuestos (con una recaudación, por ejemplo, del IVA creciendo al 20% ) .

La inmigración ha actuado en uno de los aspectos más positivos que estamos viviendo en esta etapa de ciclo económico: la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. A falta de un sistema de guarderías y ayudas a la maternidad como tienen otros sistemas de bienestar europeos, la inmigración está siendo la red que permite a la mujer (porque las tareas del hogar siguen sin ser cosa de dos) desarrollarse profesionalmente. Nos preocupamos porque las mujeres entren en los consejos de administración sin subrayar que podrán hacerlo si cuentan con una persona, habitualmente inmigrante, que cuida a un familiar mayor, atiende a los niños o simplemente simplifica las tareas de un hogar. Este fenómeno, especialmente significativo en las ciudades, se ha visto acompañado en el campo por una presencia cada vez más numerosa de inmigrantes que ha detenido la despoblación y ha cubierto, de nuevo, los trabajos que abandonamos los nacionales: desde la agricultura hasta los médicos de pueblo.

La inmigración no sólo presenta ventajas económicas, sino que ha supuesto una inyección de vida a nuestra sociedad. U n a sociedad que caminaba hacia un envejecimiento acelerado (estimaciones de Naciones Unidas a finales de los ochenta nos situaban en el país más envejecido del planeta para la primera mitad de este siglo), con lo que eso supone de falta de actitud emprendedora, de defensa del status quo, de rechazo a los cambios, se está viendo transformada por un colectivo que quiere comerse el mundo porque está sedienta de oportunidades. Pensemos por ejemplo, que en una ciudad como Madrid, uno de cada cuatro jóvenes es inmigrante, lo que asemeja esta ciudad, más que cualquier otro aspecto, a ciudades como Londres o Nueva York.

Este panorama sustancialmente positivo tiene sombras. Como toda transformación, y al ritmo que en este caso está teniendo lugar, conlleva costes, beneficiados y perjudicados. Aunque sólo fuera por la edad y por la situación económica, no es casual que el porcentaje de inmigrantes reclusos no cese de crecer, ni que nuestro precario sistema de bienestar esté sufriendo una carga adicional a veces insoportable.

Basta con pensar que ese conjunto de prestaciones que lo forman están dirigidas a atender a los más desfavorecidos, y en esa categoría caen de forma inmediata la mayoría de los que llamamos inmigrantes económicos. Sin embargo, los acontecimientos que estamos viviendo en estas últimas semanas merecen que nos detengamos a analizar el fiasco que supone nuestro procedimiento de recibir inmigrantes.

La mayoría, la inmensa mayoría de los inmigrantes que están transformando nuestra sociedad, han entrado como inmigrantes ilegales, se han pasado meses cambiando de acera cuando veían a la policía y han pagado precios exorbitados por un pasaje a España. No podemos engañarnos. No es posible solventar el problema de la inmigración ilegal si no funcionan los mecanismos de la inmigración legal. Hoy no es posible blindar un país como España, aunque estuviéramos dispuestos a tener un ejército como el americano (que por cierto, después de triplicar los recursos humanos y materiales en la frontera, cuenta con once millones de inmigrantes irregulares, de los cuales 465.000 tienen orden de expulsión); ni hay gobierno capaz de expulsar a un millón o a medio, que más da, de inmigrantes irregulares. Los accidentados vuelos a Senegal recuerdan demasiado a aquellos que fueron tan criticados a Quito y que evidentemente no resuelven nada porque la magnitud del flujo es muy distinta. La inmigración irregular no se detendrá porque haya pronunciamientos más o menos duros por parte de las autoridades públicas, porque el principal efecto llamada es la conferencia que realizan los que han llegado explicándoles las diferencias entre los dos mundos. Vivimos en la frontera con mayor diferencia per cápita del mundo, con una de las economías que más crece de la zona euro (lo que les reduce este pequeño problema a italianos y griegos).[[wysiwyg_imageupload:1437:height=131,width=200]]

La inmigración podrá gestionarse, y no vivir a sobresalto de cayuco, cuando existan vías efectivas para que la gente emigre. Hoy no existen. Los canales de la inmigración regular son el contingente —irrelevante si miramos las cifras— y la regularización extraordinaria o permanente vía el nuevo reglamento (que requiere tres o cinco años). El contingente parece un invento soviético y resulta un atentando a cualquier principio de la economía. ¿Cómo es posible pensar que un sistema por el que los empresarios — e n nuestro país la mayoría pequeños— a través de sus interlocutores sociales tiene que manifestar cuántos trabajadores necesitan dentro de doce meses, puede funcionar? Sólo funciona, y con dificultades, e n la agricultura porque nuestra PAC contiene elementos de economía planificada; pero en el resto de actividades este sistema es tremendamente ineficiente. De facto, la vía fundamental de entrada es la regularización que supone el incentivo perverso. El al que consigue rización que supone el incentivo perverso. El premio al que consigue tocar tierra. Mientras la piedra angular para acceder al «paraíso» de vivir con papeles sea demostrar que has estado en España (aunque sea a través de una orden de expulsión), la inmigración irregular no se detendrá.

Aunque parezca paradójico, es preciso abrir vías de entrada legales que permitan ofrecer una alternativa a los que quieran venir, y al menos controlar el número de inmigrantes. U n a vía con sentido podría ser la de extender los visados de búsqueda de empleo, como un camino que no va asociado desde el principio con un puesto de trabajo. Este es el camino por el que parecen dirigirse las reformas en Francia o en Estados Unidos, donde —junto a mayores dificultades para la regularización— se facilita el acceso de los colectivos que se consideran más necesarios para el país.

El Gobierno no lo tiene fácil ya que ha calado el mensaje de que nuestra política de inmigración es laxa (basta con ver las aclamaciones con las que era recibido Zapatero en los Cetis de Melilla), y las percepciones no se cambian de la noche a la mañana. Es verdad que incentivando a los gobiernos de los países de origen se consiguen éxitos, que desgraciadamente caducan tan rápido como los titulares que los anuncian. Conseguir el apoyo de Senegal sólo traslada el problema un país más abajo, como ocurría antes con Marruecos. Hacen falta políticas de largo plazo, y aguantar contra viento y marea.

¿Crisis o refundación del capitalismo?

Decir que el capitalismo es un sistema económico implica decir que es también un sistema social, porque la economía es una ciencia práctica, existe para aplicarse a la vida, no está para quedarse en el laboratorio. La historia del capitalismo nos explica cómo se han ido conformando sus partes técnicas, pero también cuál ha sido su implicación social.

LOS CAPITALES Y SUS FORMAS

El capitalismo está formado por tres pilares fundamentales, que abarcan variados ingredientes cada uno: los medios, las instituciones y las actitudes personales, o bien, el espíritu. Se llama capitalismo porque usa del capital. Originariamente identificado con el dinero, después el concepto se fue aplicando a otros bienes, incluso a las personas (capital humano). Entender todo como capital es fundamental, porque así las cosas se pueden comprar y vender. Tiene un riesgo, considerar todo solamente por su valor dinerario. La existencia del dinero lleva a ver el hecho económico de una determinada manera, porque el dinero hay que ganarlo, también se puede hacer producir, también se puede perder. Los modos como esto se produce han cambiado en la historia.

En la historia de Occidente el dinero tendió a desaparecer con la crisis del Imperio Romano y tardaría en reaparecer. A lo largo de toda la Edad Media, Europa se organizó sobre la base de la riqueza agraria. Poco a poco el dinero fue circulando unido al desarrollo del comercio, de las ciudades —las más importantes de ellas puertos de mar—, de modo que comercio y dinero se identifican ya por lo menos desde el siglo XII (R. Sabatino López, The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350). Con ellos crece la economía urbana y la actividad de los comerciantes, o burgueses, frente a los terratenientes, los nobles. Para confirmar su importancia, el dinero pronto tomará otras formas; en particular, la letra de cambio, presente ya en el siglo XIII, que permite hacer transacciones a larga distancia y que implica no solo el pago de la mercancía, sino un préstamo —crédito—, un cambio de moneda y, por supuesto, la intermediación bancaria. En la letra de cambio está, desde sus orígenes, toda la «información genética» del capitalismo en tanto unido a un instrumento que significa dinero y posibilidad de hacer negocios lejanos.

Aunque ya no hubiera que trasladarlo físicamente, esas operaciones se apoyaban siempre en la propiedad del dinero, bien en forma de metal precioso, bien en forma de mercancía. Por eso, desde que la economía europea empezó a crecer, antes del siglo XV, la búsqueda de oro ha sido una constante del capitalismo. Cuando las ganancias han estado apoyadas en valores reales, el capitalismo ha funcionado. Cuando la especulación financiera ha superado esa base, ha sobrevenido la crisis (la de los tulipanes del siglo XVII, la de la «burbuja» de la South Sea Company, en 1718-1721, la de Law en esos mismos años…), todas son crisis producidas por una especulación mucho más allá de las posibilidades reales de beneficio. Los comerciantes que usaron mal la letra de cambio acabaron quebrando y la confianza en ellos —su crédito— se hundió. La euforia llevó a inversionistas de otros siglos a eliminar los límites de la inversión, y también quebraron.

La historia del dinero y de los diferentes medios de pago lo que nos muestra es la ampliación de las posibilidades de la acción por parte de cualquier agente particular, lo cual parece positivo. Pero también nos indica que a cada paso existe el riesgo del abuso y del descontrol. ¿Hay que cambiar el modelo, es decir, dejar de usar el dinero y el crédito? ¿O más bien lo que hay que hacer es usar bien de los instrumentos?

INSTITUCIONES Y NORMAS

El dinero ha penetrado la economía gracias a las instituciones que han favorecido su circulación. La historia del capitalismo inicial es larga, se ha abierto camino en el seno de una sociedad no capitalista (según he señalado en El nacimiento del capitalismo en Europa). Nuestro continente se organizó desde sus orígenes como una sociedad esta-mental de base agraria. Diferentes y variados grupos —estamentos, cuerpos—, que abarcaban un amplio espectro de la sociedad (nobles, instituciones eclesiásticas, ciudades, valles, universidades, gremios…), cumplían la función social a ellos encomendada a cambio de un estatuto privilegiado. El régimen señorial precisaba el modo cómo la tierra era poseída, en propiedad no plena y usufructuada. Las rentas generadas suponían el pago por la función desempeñada. Era una economía de gasto y supervivencia, estática, cuyo ideal era mantener la organización social. Así pues, privilegio y función —con una finalidad social— iban unidos.

Los privilegios condicionaban el mercado; no obstante, había hueco para el comercio y en el seno de esa sociedad es donde nace también el primer capitalismo con todas las fórmulas mercantiles que se desarrollarán desde antes del siglo XII y hasta el siglo XVIII. Para que eso fuera posible, se dieron normas que poco a poco favorecieron la vida comercial y organizaron los mercados.

Elemento fundamental del desarrollo institucional fue el poder político. Los reyes aumentaron su poder y pasaron de ser un noble más (antes del siglo XIII), a ser monarcas autoritarios en los siglos XVII-XVIII. El monarca se convirtió en el centro de la política, de modo que la razón de ser de la comunidad ya no era la búsqueda del bien común que había dominado en la Edad Media, sino la «razón de estado», que coloca al soberano y su voluntad por encima de todo. Así nace el Estado Moderno, diferente de los antiguos reinos, que imprime una suerte de centralización, buscando la unidad en torno al monarca, el control de toda la vida política. Como es lógico, la economía también se vio involucrada en el proceso de unificación. Los comerciantes, que en los siglos XII al XV habían navegado con bastante libertad por los mares europeos, se encontraron, cada vez más, con las fronteras —aduanas— creadas y fortalecidas por los monarcas.

Comercio y monarquía tuvieron que ponerse de acuerdo: el comercio para crecer y los reyes encontraron en el dinero mercantil una doble posibilidad, poder para dominar políticamente a los nobles y poder para formar ejércitos, necesarios para la seguridad exterior. Cada vez más, las guerras fueron tomando aspecto general. Las guerras por el dominio de Italia, desde 1494, son el inicio de una larga serie de conflictos que han jalonado la historia de Europa hasta nuestros días. Para hacer esa política militar, los reyes necesitaban dinero, lo que facilitó el negocio del préstamo a los monarcas a gran escala. La unión de los intereses políticos con los económicos, representados estos por los grandes financieros, será un rasgo creciente del capitalismo.

Los descubrimientos coloniales producirán una doble riqueza, patente ya a mediados del siglo XVI: mercancías variadas y metal precioso en abundancia. Aunque este último benefició especialmente a España, el país no tenía capacidad suficiente para absorberlo. El rey de España se quedaba, vía impuestos, con una quinta parte de lo producido, mientras que las otras cuatro quintas partes hicieron posible el comercio mundial y beneficiaron mayormente a los comerciantes europeos. El comercio colonial generó riqueza mercantil, dinero político para hacer la guerra y enfrentamientos en la lucha por los mercados. Desde el siglo XVIII, las guerras europeas son, cada vez más, guerras mundiales pues también tienen lugar en escenarios coloniales.

La identificación entre los intereses económicos y los políticos no ha dejado de crecer. La Revolución Francesa, tomada como hito referencial, destruyó el orden estamental; los comerciantes y financieros, es decir, los burgueses, pudieron acceder a la propiedad agrícola plena, sin restricciones privilegiadas, como era el objetivo de los liberales. La nueva aristocracia del siglo XIX estará formada por antiguos nobles, sin privilegios pero con propiedades, y por burgueses enriquecidos. Estos «notables» serán también la élite política de los países e influirán en los gobiernos a través de los órganos de representación política. Los nuevos parlamentos estarán formados por diputados elegidos por sufragio, según un censo de riqueza: votan los ciudadanos ricos, que podrán imponer sus intereses al gobierno. Aunque en el siglo XX se ha ampliado sustancialmente la democracia, da la impresión de que el dominio de los partidos políticos sigue dando predominancia a las cuestiones económicas.

En definitiva, se ha pasado de un capitalismo, perceptible en determinadas formas económicas e institucionales, no completamente dominante, a un sistema capitalista, en el que todo el orden político y jurídico se encamina a favorecer la riqueza de los ciudadanos (obviamente, la historia demostró que de ese modo no podía ser la riqueza de todos).

Desde la perspectiva institucional la historia nos muestra una realidad doble. Por una parte están las instituciones que han favorecido el cambio de la sociedad privilegiada a una sociedad de libertades económicas y sociales. Esto parece positivo. No obstante, hay otras realidades mucho más cuestionables. Una la encontramos en la identificación de los intereses económicos del Estado con los de algunos particulares. Esta unión contradice de facto la separación de poderes propia de los regímenes constitucionales. Es una vieja herencia, que sortea los obstáculos de la ley, cuando existe, y que en la práctica hace del Estado un poder económico imponente. Ciertamente, el último crecimiento del Estado en el siglo XX se presenta como un intento de conseguir mayor justicia social —el Estado de bienestar—, como respuesta tanto a los desequilibrios creados por los excesos del liberalismo doctrinario, como a las propuestas injustas e inviables del socialismo radical. Las consecuencias están a la vista.

EL ESPÍRITU DEL CAPITALISMO

El capitalismo está tejido de ambiciones, de organización, de riesgo, de innovación; mira al futuro con las inversiones, desafía al tiempo con el crédito, a las distancias con la técnica. Para ello necesita libertad, que es la clave del sistema. Es lo que tradicionalmente se ha llamado el «espíritu del capitalismo». El comerciante medieval realizaba con bastante libertad sus negocios, quería ganar dinero y creía en Dios y en la salvación de las almas. Le preocupaba que no hubiera contradicción en ello: «Por Dios y por las ganancias», rezaba el lema de los Datini, comerciantes de Prato en los siglos XIV-XV. El comerciante medieval, recuerda Sombart (El burgués), creía en los negocios, pero también en las personas. Luego el espíritu cambió.

Los comerciantes de la Época Moderna buscan más libertad. Entienden que su negocio solo puede crecer si disminuyen los privilegios estamentales y se rebajan determinados impuestos. Así se sitúan frente al orden establecido. No es una actitud revolucionaria. La libertad económica frente a los privilegios de nobles y gremios, por ejemplo, es un cambio que deberían hacer los monarcas. Pero sí supone una postura moral ambigua, porque cuestiona el bien común estamental.

Se produce así una mercantilización del Estado y de la economía en la medida en que los viejos ideales ya no se persiguen, solamente se dan por supuestos. Del mismo modo A. Smith presupondrá la bondad moral del agente y pedirá libertad y la búsqueda del «propio interés». Pero la moralidad presupuesta por el escocés no se vivirá en la práctica: la libertad se entenderá en clave individualista y excesivamente autónoma, carente de ninguna clave moral. Heredera de un concepto de libertad que se aplicaba al principio para superar las instituciones estamentales, luego se hizo absoluta.

El cambio revolucionario francés, unido al desarrollo de las mentalidades utilitaristas inglesas, supuso un giro en los ideales fundamentales de la organización social hacia la pérdida de los ideales de bien común, función y finalidad, o bien la degradación de los mismos a lo material. Al ser sustituidos por un sistema capitalista cerrado a otras consideraciones, los antiguos ideales estamentales desaparecieron. Al suprimir el privilegio, se perdió la noción de función social. A partir de entonces el objetivo fue solamente el de ganar más dinero, el del poder personal (o del país).

La libertad funciona mejor, cuando las reglas del juego son conocidas. F. Braudel distinguió entre economía de mercado y capitalismo. La primera se rige por normas y por tradiciones que se derivan de lo conocido: las circunstancias, la información fiable. Así, todos pueden concurrir honradamente. Por encima hay otro mercado desconocido, al que se accede rompiendo las normas tradicionales, buscando atajos (el gran comerciante que se ajusta directamente con el campesino, en vez de comprar el grano en el mercado del pueblo); o bien el lejano mercado colonial. En la distancia, la información escasea y el comerciante es más libre. El capitalismo está por encima de la economía de mercado en cuanto a capacidad económica y posibilidades de ganancia; pero también es un mundo en el que la norma no está trazada, manda la libertad, en este caso casi absoluta, manda la oferta, y ese dominio puede ser fatal para otros. El capitalismo ha producido riqueza sin comparación posible en la historia, pero también ha creado nuevas pobrezas. Ciertamente había pobrezas «precapitalistas», pero también hay mucha miseria «postcapitalista» y aún se sigue generando más a través de una globalización todavía entendida como lucha por la supremacía económica y el acaparamiento de los recursos.

Llegados a este punto se hace necesario recordar una cita esencial de Juan Pablo II en la Centesimus annus, aunque sea larga:

¿Se puede decir después del fracaso del comunismo, que el sistema vencedor sea el capitalismo y hacia él tengan que dirigirse los esfuerzos de los países? ¿Es quizás el modelo que es necesario proponer a los países del Tercer Mundo? La respuesta obviamente es compleja. Si por «capitalismo» entendemos un sistema que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana, la respuesta ciertamente es positiva, aunque sería mejor hablar de «economía libre». Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el que la libertad económica no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral…, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa.

Después del paseo por la historia la cita se entiende mejor, y seguramente la crisis actual también. Capitalismo implica muchas cosas. Algunas son instrumentos, instituciones y actitudes económicas buenas y saludables; otras en cambio provienen de la corrupción de las actitudes personales, de un falso concepto de libertad, de una codicia desenfrenada o de simple materialismo vital, carente de responsabilidad; por supuesto, de los excesos de unas administraciones públicas, excesos que no tienen nada de capitalistas. ¿Cambiar el modelo? Sobre todo, cambiar las actitudes personales y poner al Estado en su sitio: no solo más o menos Estado, sino sacarlo de donde nunca debió entrar para poder dejarlo donde sí tiene que estar.

La crisis de la idea de representación política

Las democracias, al establecer un marco genérico de libertades, facilitan extraordinariamente la notoriedad de cualquier crítica al poder, y, con ello, las descalificaciones y el rechazo de los que descreen del propio sistema que, naturalmente, suelen fijar su atención en sus flancos más débiles. Cuando se atraviesan épocas de crisis honda, como sin duda ocurre en la actualidad, y desde luego en Europa, existe el riesgo de que la lógica demanda de mejor democracia acabe por convertirse en un proceso a la idea misma de democracia. Parodiando a Mairena, el poeta machadiano, siempre hay el riesgo de destruir lo fundamental al radicalizar los discursos para criticar lo accesorio. Aturdidos con los sucesos inmediatos, y dejándonos llevar por la justeza de muchas críticas, podríamos llegar a la equivocada conclusión de que nuestras democracias se encuentran en un proceso de deslegitimación, lo que no sería la primera vez que pasara, pero esa conclusión olvidaría que es consustancial a las democracias un cierto nivel de disconformidad y que, especialmente entre nosotros, para acertar con un diagnóstico adecuado y establecer una terapia correcta, habría que fijarse más en las formas de la cultura política imperante que en supuestas deficiencias básicas del sistema democrático que, por otra parte, presenta evidentes, e inevitables, limitaciones cuando se lo considera esencialmente como un sistema representativo de la soberanía popular. Para decirlo de una vez, las deficiencias representativas de los sistemas democráticos responden a dos realidades independientes y cambiantes a lo largo de la historia; por un lado derivan de la función de legitimación del propio sistema, y por otro, dependen muy estrechamente de la complejidad social en la que se instala, de las tradiciones, las creencias y las modalidades de relación entre los ciudadanos, tres asuntos que han variado de manera acelerada en los últimos treinta años, especialmente al socaire de lo que se conoce, por una parte, como globalización, y, por otra, como revolución tecnológica o digital.

EL PROBLEMA EN SU FORMA BÁSICA

Desde que existen las democracias a la manera moderna, en especial desde las revoluciones americana y francesa, todo cuanto tiene que ver con la idea de representación ha vivido en un estado de permanente crisis porque, a no dudarlo, cualquier sistema capaz de articular este ideal supone, al tiempo, una forma de deformación de lo que supuestamente representa, diversas especies de ocultación, olvido o selección. A medida que las fórmulas más clásicas de articular la representación política se han ido haciendo tradicionales, no han dejado de menudear las críticas y reclamaciones fundadas en las insuficiencias, teóricas o prácticas, de los esquemas representativos. Toda forma de representación es, por principio, insuficiente y equívoca, de manera que no es nada extraño que un tema casi permanente de la agenda política lo constituya el intento de encontrar soluciones que atenúen un tanto las críticas que subrayan la excesiva autonomía de los representantes hacia los intereses, ideas y deseos de sus representados, de los ciudadanos. También es evidente que el desprestigio de las instituciones políticas es actualmente muy alto en todo el mundo, y no solo en España, lo que indica que existe una gran diversidad de fuentes de descontento, y, consecuentemente, hay que reconocer que tanto en los análisis teóricos, en los intentos de articular complementos o alternativas, como en las invectivas habituales contra las instituciones democráticas, se mezclan elementos de muy diversa procedencia y peso. La insatisfacción es evidente, los posibles remedios no tanto.

En las democracias maduras, los sistemas electorales tienen que cumplir una doble función que implica, al menos, dos distintas exigencias que inevitablemente crean una tensión, una situación que, desde el punto de vista histórico, ha dado lugar a la totalidad de lo que se conoce como debate político, la lucha ideológica y electoral típica de las democracias, el intento del poder de someter a las sociedades, y el intento de las sociedades por democratizar el poder, por evitar las distintas formas de insalvable distancia que tienden a establecerse entre gobernantes y gobernados, entre elegidos y electores.

En primer lugar, los sistemas de articular la representación política han de dar fundamento a un gobierno legítimo, esto es las formas de articular y medir las opciones y facciones en disputa tienen que confluir en un proyecto político de mayoría. Sin asegurar esta finalidad primaria, los sistemas electorales abocarían a la atomización y facilitarían el caos, y, con ello, pondrían en riesgo la democracia misma; ahora bien, hay muchas formas de lograr este objetivo, procedimientos que, en último término, se fundan más en la tradición y la cultura política de las diversas sociedades que en consideraciones puramente abstractas. La segunda función de los sistemas electorales no es menos importante y, a día de hoy, se antoja cada vez más difícil: además de garantizar la gobernabilidad del correspondiente cuerpo político, las elecciones deben procurar que el conjunto de las ideas, intereses, sensibilidades e inquietudes de los ciudadanos tengan eco en las instituciones representativas, tratar de dar vida a un poder que no solo sea legítimo sino representativo, respetuoso con la voluntad electoral. Como se sabe, es muy frecuente que los políticos, una vez en el poder, decidan someterse a las supuestas exigencias de la moral de la responsabilidad, y se emancipen completamente de cualquier atadura que pudiera derivarse de la moral de las convicciones, aunque suela ser la que les ha permitido ganar las elecciones.

En la medida en que ideales y coyunturas no se casan fácilmente, la política no solo es inevitable sino que tiende a convertirse en disonante. No se trata solo de que quienes no alcanzan el poder ejecutivo tratan de conseguirlo a la siguiente oportunidad, lo que implica una tarea constante de crítica y deterioro del Gobierno legítimo, sino de que, a medida que las sociedades modernas se han ido haciendo crecientemente complejas, el puro juego político de las democracias parece no ser suficiente para recoger el pluralismo social y la enorme y contradictoria diversidad de demandas de todo tipo. En los sistemas políticos anteriores a la democracia que ahora conocemos, la representación ejercía en exclusiva un principio de limitación del poder del soberano legítimo; el problema surge desde el momento en que se supone que el fundamento de ambos poderes no es distinto sino común, que no hay dos fuentes distintas de legitimación, un origen divino del poder del soberano, y un mandato popular para las Cortes, es decir que el poder soberano reside en las asambleas representativas, pero que también el poder ejecutivo emana del pueblo, y no siempre es hacedero que el que manda lo haga según el parecer del que ha de obedecer.

Esta tensión en torno a las formas de representación y a la legitimidad del poder constituye un problema específicamente moderno, y se ha ido agravando hasta extremos inusitados a medida que los aparatos en manos del ejecutivo, y también del resto de poderes, en la medida en que exista efectivamente una poliarquía, han venido creciendo de manera constante y, al hacerlo, han aumentando la tendencia del poder a expandirse, tanto en atribuciones y competencias como desde el punto de vista de su organización territorial. En los Estados modernos, el poder político está en la cúpula de un complejo sistema de aparatos, muy lejos, por definición, de la vida común, ya que sus decisiones se toman en base a criterios e intenciones que no pueden reproducir ni atender los variadísimos intereses sociales, ni se vinculan exclusivamente con el orden y las jerarquías que estructuran la sociedad civil, además de que tampoco suelen ser explicados a los ciudadanos en atención a las verdaderas razones que las determinan.

El alejamiento político de la exigencias y demandas inmediatas de los electores, por más que lo contrario sea una consigna política muy repetida, es inevitable debido también a los plazos que rigen la implantación de las grandes decisiones y reformas, de manera que los electores asisten habitualmente a un espectáculo de promesas y expectativas que nunca acaban por cumplirse, y que, en consecuencia, se reiteran como tales una y otra vez, dejando una sensación frustrante en muchos de ellos y dando lugar a una esclerotización del lenguaje político. Esta lejanía afecta no solo a las decisiones del poder ejecutivo sino también a las tareas legislativas de los órganos representativos, especialmente en las democracias en que, como es bastante común en Europa, ambas funciones no están nítidamente definidas, al menos en la práctica. La proclividad al crecimiento del gasto público y, consiguientemente, a la subida de impuestos, y la lejanía y el intento de ocultar los costes de las decisiones que realmente se toman se traduce habitualmente en ocultación y falta de transparencia. En consecuencia, los ciudadanos se tropiezan un día sí y otro también con decisiones que no entienden y no comparten, con recortes que les afectan, con normas que no les gustan y con poderes que actúan de manera bastante resolutiva y cuya relación con la supuesta soberanía popular resulta, como mínimo, bastante cuestionable. A día de hoy resulta extraño recordar que Cortes y Parlamentos medievales surgieron para limitar efectivamente la capacidad del soberano de establecer impuestos, mientras que lo corriente ahora es que sean las herederas históricas de estas mismas instituciones las que pugnan por aumentar los servicios y el gasto público, y, con ello, los impuestos: una transformación tan radical ha necesitado de un proceso ideológico muy complejo que, finalmente, ha permitido dejar de ver a los poderes públicos como enemigos de las libertades y derechos ciudadanos, para verlos como garantes de un proceso de crecimiento de derechos y de un incremento de la igualdad básica. Sin tener en cuenta este cambio realmente paradigmático no se entienden bien las quejas, digamos, izquierdistas contra el déficit representativo de las democracias, pero tampoco las objeciones que podríamos llamar liberales.

LA SENSACIÓN DE INDEFENSIÓN

El Estado crece de tal manera que el ciudadano puede tender a sentirse inerme, como lo subraya la abundantísima literatura reciente acerca de la fragilidad del ciudadano individual frente a los poderes públicos. Este doble proceso de crecimiento y ocultación del poder político es la raíz última de la demanda de mayor representación, de nuevos cauces efectivos para defender derechos y aspiraciones, lo que, tantas veces, conduce a la enorme paradoja de que los ciudadanos acaben reclamando instituciones y servicios que los protejan pero que, a la postre, no hacen sino aumentar su fragilidad y, desde luego, los impuestos que soportan.

El Estado moderno fue una invención al servicio de la contención de la violencia natural, de la razón de la pura fuerza, pero fue concebida como una institución de escaso tamaño y muy tasadas funciones, un invento de fondo inequívocamente liberal, incluso en la formulación hobbesiana, que pretendía evitar al ciudadano los males de la vida incivil, de la ausencia de ley, de la lucha abierta por el poder, para que no todo estuviera en discusión bajo el único criterio de la fuerza. La cesión de las armas al poder civil es el símbolo de este consenso sumiso frente a una fuerza controlada pero enorme que fuere capaz de conseguir la pacificación de la existencia y la vida en libertad. El Estado es, por tanto, un invento que surge de la necesidad de protección y de un cálculo racional, económico en sentido estricto, de manera que su vocación inicial hubo de ser necesariamente minimalista. La tendencia de todo poder a sobreactuar, a excederse, no pudo, sin embargo, ser contenida por las ideas liberales, sobre todo porque, muy desde el principio, actuaron contra esa tendencia dos fuerzas originalmente antagónicas. De una parte la ya mencionada tendencia al exceso de cualquier poder; de otra parte, el hecho de que quienes se sentían desamparados por la destrucción progresiva de la sociedad tradicional acudían al naciente Estado para obtener una protección específica frente a los nuevos poderosos. La consecuencia ha sido inequívoca: los poderes públicos se sintieron legitimados para crecer y encontraron en ese crecimiento, en la creación de una nueva oferta de servicios ciudadanos, una nueva legitimación.

A demanda de grupos crecientes de ciudadanos, el Estado empezó a asumir funciones cada vez más amplias. No se trataba ya de una mera protección de la libertad y la seguridad de los ciudadanos, sino de salir en ayuda de los más necesitados, de intervenir en el mercado para evitar el perjuicio de los débiles, etc. El Estado pasa de ser, al menos en la teoría, un juez imparcial, una fuerza de arbitrio que impide la violencia interna y protege los intereses comunes, a ser un agente muy activo en determinadas actividades y entornos sociales (educación, sanidad, protección y previsión social, seguros etc.) que se supone obligado a combatir determinados males, y, muy en especial, enfrentado, teóricamente, a los privilegios económicos de los más poderosos. Los que se sintieron desprotegidos y en inferioridad en los nuevos mercados, ante las nuevas formas de riqueza, encontraron un aliado objetivo en el Estado que, a su vez, encontró en la satisfacción de estas demandas sociales una justificación a sus excesos de crecimiento.

Los primeros teóricos liberales otorgaron al Estado una función mínima y protectora, pero, siglos después, el Estado se ha convertido en una entidad con algunos caracteres más propios de la teratología que de la primera teoría política. El moderno Estado europeo de bienestar es una de las versiones últimas y más ensalzadas de tal proceso y, paradójicamente, o tal vez no tanto, ha tendido a convertirse en objeto de las críticas e invectivas de aquellos a quienes se supone que tiene que proteger. Los filósofos que han subrayado el carácter dialéctico del proceso político han tenido siempre abundantes fuentes de inspiración.

LA BASE SOCIOLÓGICA, CULTURAL Y TECNOLÓGICA DE LAS DEMOCRACIAS

La tendencia del poder a sobredimensionarse, a justificar como algo obvio el continuo crecimiento del Estado se ha acompañado del predominio ideológico de las políticas que entienden que la soberanía popular consiente una completa transferencia de los poderes originarios del ciudadano al Leviatán público, proceso que ha llegado incluso a conferir a este una indiscutible capacidad para configurar la conciencia moral de los ciudadanos, es decir a convertirlos no en los dueños del destino de su nación (en contra, pues, del «We own this country» que les decía a los electores norteamericanos Clint Eastwood en el reciente acto de proclamación de Mitt Romney como candidato), sino en súbditos de una nueva iglesia política capaz de establecer la moral, los sentimientos y los ideales de los ciudadanos y de absorber completamente los valores y las energías políticas de la nación, de subordinar enteramente la llamada sociedad civil al orden político.

En la base de este proceso hay una larga marcha hacia una sociedad universalmente administrada, muy homogénea, nominalmente justa e igualitaria y bastante satisfecha de sí misma, una especie de versión socialdemócrata del lema del fin de la historia, un argumento originalmente ideado con muy otras intenciones. Este escenario se ha quebrado, sin embargo, por varias y poderosas razones que han dado lugar a la crisis europea del Estado de bienestar y a la manifestación de nuevos síntomas de descontento en sectores sociales muy contrapuestos. Es muy significativo, a este respecto, que en el llamado movimiento de los indignados y en las versiones norteamericanas del Occupy Wall Street hayan confluido, al menos por algún tiempo, personajes de dos mundos muy distintos, gurús tecnológicos y activistas de la más rancia y resentida ultraizquierda.

Las sociedades contemporáneas se asientan en una economía productiva que nada tiene que ver con la de las primeras naciones democráticas, ni tampoco con las de la sociedad europea tras la segunda gran guerra en las que, con el impulso de los militares norteamericanos, se han establecido lo que técnicamente puede llamarse Estado de partidos, modelo en el que, a su vez, se inspiró la reforma política española iniciada con el reinado de Juan Carlos I. Es este poderoso desajuste, la globalización y la economía posindustrial de la revolución digital, el que ha dado píe a la demanda contemporánea de nuevas formas de representación, sin olvidar, muy especialmente en España, las deficiencias de una cultura política escasamente habituada a operar en un régimen de libertad y de competencia como lo es cualquier democracia madura. Por esta razón, las críticas son especialmente agrias entre nosotros que, además, nos habíamos metido en una aventura de final incierto al iniciar un proceso de descentralización política sin precedentes y que se ha llevado a cabo a base de improvisación y reajuste y en el que, necesariamente, han tendido a imponerse las posiciones que beneficiaban a los intereses del sistema de partidos vigente, que, aunque indudablemente legítimo y potencialmente eficaz, no ha sabido adaptarse a fórmulas que faciliten la participación y eviten los abusos de la partitocracia, de lo que ya se conoce, de modo harto significativo, como la clase política o incluso la casta política.

El futuro nunca está del todo escrito, es tarea de la libertad. Es evidente que crecen las demandas de nuevas formas de representación, de mayor atención a las necesidades sociales y menor subordinación a las dinámicas puramente políticas y a las conveniencias electorales, pero no es fácil adivinar qué nuevas fórmulas puedan hallarse capaces de mejorar el potencial representativo sin aminorar de manera irresponsable el principio de gobernabilidad. Es normal que en situaciones como esta se instale y afiance una dialéctica en cierto modo antipolítica, pero es responsabilidad de las instituciones democráticas llevar a cabo su propia reforma sin sacralizar determinadas formas de funcionamiento y sin dar por supuesto que el futuro haya de seguir caminando hacia formas de mayor predominio, cerrazón y rigidez política de los partidos. El proceso de formación de liderazgos podría adquirir nuevos caracteres y no sería inteligente que los líderes políticos se refugiaran en técnicas de control desde arriba de cualesquiera forma de creación e intensificación de la libertad política.

Cuando se altera el marco social, globalización, cuestionamiento del protagonismo de los Estados, relaciones sociales mucho más plurales y abiertas, práctica abolición de las fronteras y las distancias, mercados no tradicionales, profunda modificación de las condiciones en que se produce la empleabilidad y un largo etcétera, puede ser muy poco inteligente no caer en la cuenta de que las estructuras de representación y de poder tendrán que cambiar de manera profunda y sostenida. Sin embargo, esos cambios no tendrían que suponer, ni pueden hacerlo si queremos mantener las democracias, una redefinición de los sujetos políticos básicos, de la Constitución, de las leyes, del principio de libertad política, entre otras cosas porque es evidente que cualquier proceso que pueda contribuir a mejorar la eficacia de las democracias también podría servir para acabar con ellas.

Tendencias de un nuevo contexto mundial

Tienen razón muchos empresarios y dirigentes españoles cuando dicen que a pesar de la crisis han conseguido mejorar su capacidad competitiva respecto a los años precedentes, y que el país ha ganado en potencial científico y tecnológico. Los datos así lo avalan, y por eso manifiestan su sorpresa porque los mercados no valoran esos fundamentos. Pero se trata de un error métrico: hoy no se miden y valoran las cosas en relación con lo que uno mejore, sino en lo que se mejora en relación con un todo global. Puede mejorar el sistema educativo y universitario español respecto al año anterior, pero si a nivel mundial los avances han sido mayores, habrán perdido competitividad.

Esa es la referencia estratégica que tiene que tener un país: cuánto mejoramos respecto a los mejores del mundo. En 2004 España estaba en el puesto 23 del Índice de Crecimiento de Competitividad en el informe anual del World Economic Forum (WEF-Davos), en el 2012 está en el 36. En ocho años ha perdido trece puestos. En un solo año, del 2009 al 2010, España bajó cuatro puestos (del 29 al 33). ¿Alguien cree que esta pérdida acelerada de competitividad e influencia no tiene que ver con el crecimiento del paro hasta superar el 24%, el empobrecimiento del país y la crisis de la nación?

La realidad sobre la que España tiene que proyectar su estrategia no es solo sobre las tendencias de cambio, sino sobre el propio modelo de cambio, que es la principal tendencia global. Hemos pasado de un modelo de cambio lineal a otro global, y de una velocidad de tiempo de reloj a otra de tiempo real. Miles de millones de ciudadanos se intercambian información al mismo tiempo por Internet, y eso supone que los negocios, la educación, los inventos, y todas las actividades de la vida se mueven a una velocidad muy superior a la que el hombre había conocido hasta ahora. Las personas y gobiernos que no adaptan su mentalidad y sus políticas a este cambio, van inevitablemente a caballo de los acontecimientos y se quedan atrás.

En este escenario, la evolución de un país se mide por el desarrollo que hace de la sociedad de la información, por su fuerza como Estado-Nación, y por su capital intelectual.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN COMO EJE DE DESARROLLO GLOBAL

Entre los países mejor preparados en tecnologías de la información (TIC) España figura en el puesto 37 del ranking del último informe del WEF (2011), lo que revela el retraso que supone para un país que ocupa el cuarto puesto en Europa. En esta lista, de los veinte primeros once son europeos. Lo que en la práctica supone para España perder competitividad y calidad de vida porque, por ejemplo, solo el 5% de las pequeñas empresas españolas utilizan Internet para que sus empleados y profesionales trabajen desde su casa conectados en red. Mientras que la media europea es del 13% y la mayoría de los países están entre el 15% de Alemania y el 46% de Dinamarca (Euroestat, 2011).

Según el informe 2011 de Eurostat, 20 de los 27 de la UE superaban a España en el nivel de acceso a Internet desde los hogares, y 18 en porcentaje de usuarios. Solo el 64% de los hogares españoles tienen acceso a Internet, mientras la media europea es del 73%, y muchos países la superan. El Reino Unido tiene el 85%, Alemania el 83%, y Francia el 76%. Países como Suecia, Dinamarca, y Holanda, están por encima del 90%. Únicamente Italia está al mismo nivel que España.

Si se comparan dos listas de los primeros veinte países del mundo, las de los más competitivos y las de mejor preparados en Tecnología de la Información, hay una coincidencia del 90%. En la cual son mayoritarios once europeos, los asiáticos y Estados Unidos, que aunque ocupa el quinto lugar en ambas listas sigue siendo la primera potencia en ciencia y tecnología, y en el desarrollo del conocimiento a través de sus universidades, empresas y organismos como la NASA, además de su economía y poder defensivo.

No medir el progreso y el desarrollo de las nuevas tendencias teniendo en cuenta estos vectores de la sociedad de la información, supone no percibir el cambio que genera crecimiento, competencia y progreso. Entre 2008 y 2012 (durante el periodo de crisis) el poder del superordenador que encabeza la listas de los 500 con más potencia del mundo se ha multiplicado por dieciséis, el mayor avance de la historia. El último, presentado por IBM en junio de 2012, con una capacidad de cálculo de 16 cuatrillones por segundo, dobló al primero del año anterior de Fujitsu. España no tiene ningún superordenador entre los cien primeros del mercado con mayor potencia, y Francia tiene nueve. Alemania tiene dos entre los diez primeros, Italia uno y Francia otro. Estados Unidos domina este ranking con siete superordenadores de mayor capacidad del mundo entre los veinte primeros.

Pero en este escenario no juega cualquiera, juegan los estados-nación más fuertes. Algo que representa un factor decisivo para la política española, sujeta a desafíos secesionistas.

UN ESTADO-NACIÓN MÁS FUERTE

En contra de lo pronosticado por los gurús de finales de los noventa que auguraban el fin del Estado-Nación (The End of Nation State, Kenichi Ohmae, 1995), una de las tendencias crecientes es el fortalecimiento del Estado-Nación. Las citadas listas de los países a la cabeza de la competitividad y desarrollo de la sociedad de la información en el mundo están compuestas por países que no cuestionan su modelo de Estado-Nación. Todo lo contrario, lo fortalecen. Cualquiera que sea su sistema ninguno cuestiona la primacía del Estado-Nación. Ni europeos, ni asiáticos, ni norteamericanos.

Desde su transición de la dictadura a la democracia en algo más de tres décadas España ha pasado de ser un Estado-Nación con un modelo de regiones autónomas, a ser un Estado en el que desde sus propias instituciones se busca su ruptura. Como es el caso de Cataluña y el País Vasco. Cuestionando así desde dentro el propio modelo de Estado-Nación. Algo incuestionable entre los países que lideran las tendencias mundiales. Es impensable que en los colegios franceses o alemanes no se pudiese estudiar en la lengua nacional, como ocurre en algunas regiones españolas. Y desde luego en Estados Unidos no se multa a un comercio que rotule en su lengua propia, el inglés, como ocurre en Cataluña. Si uno de los potenciales de España es su propia lengua, que es la segunda del mundo occidental y utilizada por más ciudadanos en Estados Unidos que en España, ¿cómo no va a afectar a su crédito, fortaleza, capacidad competitiva y de futuro?

En mi libro El desafío español, publicado en 1996, se incluyeron un mapa gráfico de lo que representaba vivir en el nuevo escenario de la sociedad de la información a escala global y en lo personal, y la ilustración comparativa de los dos modelos que representaban el sistema de poder de Estados Unidos y España. Vistos dieciséis años después se observa con claridad que, efectivamente, ha cambiado el escenario y estamos plenamente inmersos en la sociedad de la información, pero el sistema de poder español no ha cambiado.

Utilicé el modelo de Henry Mintzberg recogido en su obra El poder y las organizaciones para comparar los sistemas. Mientras en Estados Unidos el núcleo del sistema de poder está ocupado por el sector productivo de la sociedad (directivos, analistas, empresarios…) en España está dominado por los gobiernos, las administraciones públicas, partidos políticos y sindicatos. Esta diferencia ha empeorado en España con los años, al multiplicarse este dominio político del centro del sistema en todas las autonomías. Y no solo debilita a la nación sus tensiones secesionistas y fragmentación sino también su incapacidad para regenerarse y modernizar su propio sistema político y de poder.

UNA NUEVA DIMENSIÓN INTELECTUAL

El capital intelectual es el valor que atesora una persona y un país en sus conocimientos, ideas, cultura y capacidad científica e intelectual para competir en un entorno dominado por la complejidad y la sofisticación, como es la sociedad de la información. Es la fuerza motora que genera la energía de las nuevas tendencias en todos los campos. ¿Pone España en valor su capital intelectual?

Para hacer del capital intelectual un valor estratégico España tiene que hacer de ello una prioridad nacional y convertirse en un escenario atractivo para la investiga-ción, el saber, la creatividad, y el desarrollo de proyectos que sean referencia en el mundo. España no publica un balance anual del progreso que hace en capital intelectual como hacen algunos de los países más competitivos.

Algo que resulta paradójico porque este es un país lleno de universidades, centros de investigación, fundaciones, instituciones académicas, y que anualmente celebra miles de eventos e impulsa proyectos en todas las áreas de la inteligencia científica, filosófica, técnica, creativa y productiva, que no se valora como un todo nacional. Más paradójico resulta todavía si se tiene en cuenta el gran esfuerzo inversor que ha hecho el sector privado durante los últimos veinte años en el desarrollo del capital intelectual, lo que en sí mismo representa un crecimiento extraordinario del capital intelectual de una nación.

Hay una razón clave que explica esta paradoja: en la mayoría de los casos se gobierna y se dirigen las empresas con una mentalidad del siglo XX. La estrategia global de España pasa por un cambio de mentalidad de sus dirigentes.

Nuestra realidad representa una nueva dimensión porque la sociedad de la información es física e intangible, y la información que domina todo es por su propia naturaleza una materia intangible. El capital intelectual es un intangible, pero es lo que hace desarrollar la ciencia, la cultura y todo el sistema productivo. Ya se considera la primera industria del mundo.

Esto supone un cambio profundo de mentalidad, porque hemos sido educados en el valor de lo material y lo físico, pero todo lo intangible se transforma en realidad tangible. En cuenta de resultados, desarrollo, influencia y competitividad. Hay países que han sabido hacer de esto su potencial industrial, cultural, económico y científico. Como es el caso de los Estados Unidos. Si se introduce el término intangibles en su base de datos estadística oficial se obtienen más de trece mil referencias, mientras que el mismo ejercicio en el Instituto Nacional de Estadística (INE) español daba hoy (1/10/2012) 166 referencias. Si la comparativa se analiza por fechas, categorías y segmentos sociales, se puede comprobar que la diferencia es muy superior a los resultados cuantitativos, porque revela que en la política y sociedad estadounidense ha hecho del valor intangible un valor tangible en todos los campos de actividad desde hace muchos años.

Lean este titular de un diario local de Oklahoma (NewsOK): «Los votantes de Oklahoma decidirán sobre los impuestos a los intangibles». La noticia se refiere a las elecciones presidenciales del próximo noviembre, en las que además se vota para decidir otras leyes locales. Pues bien, en esta comunidad votar a favor de una nueva ley de penalización fiscal sobre los intangibles puede costar a los gobiernos de ese estado y a sus escuelas 50 millones de dólares. Lo que les ha hecho movilizarse. Porque los intangibles tienen un valor tangible. En este caso de nuevos impuestos sobre las marcas, las patentes, la lista de clientes de un comercio, las licencias, la publicidad, los documentos técnicos, las bases de datos, etc.

El caso norteamericano al que acabamos de referirnos ilustra cómo la principal potencia del mundo ha hecho de los intangibles no solo una fuerza de su economía y competitividad, sino que forma parte del debate central eco-nómico y político, es decir, social, intelectual y de los medios de comunicación.

Lo que a su vez implica un esquema de valores en la defensa de la libertad de la persona y sus derechos como inventor, productor, contribuyente, y de su propia contribución a la sociedad.

Son las cuestiones fundamentales sobre la que la política estratégica española tiene que decidir para competir en una realidad global, en la que todo afecta e influye en todo. Es la realidad de las nuevas tendencias.

ESPAÑA NECESITA UN MODELO ESTRATÉGICO GLOBAL

Tras analizar los factores claves que pueden contribuir a una estrategia global de España ante las nuevas tendencias y contexto mundial, tal y como se me ha pedido en esta colaboración, la pregunta va de suyo: ¿cuál es el instrumento que lo puede hacer efectivo? Y la respuesta lógica es instrumentar un gabinete o consejo estratégico que haga todo ello efectivo. El único capaz de establecer las líneas maestras y medir la evolución y resultados de una política-eje.

Nada más ser nombrado por el Parlamento miembro del Consejo de RTVE (1996) propuse que este medio público nacional tenía que competir a nivel global con las cadenas anglosajonas, y cuando otro consejero me preguntó como se hacía eso, le respondí que haciéndolo. Así promoví el canal 24 de TVE para competir en lengua española a nivel mundial con los canales de lengua inglesa, porque si algo no se puede perder en la realidad global es la batalla de la información. No hubo oposición a la iniciativa, y en muy pocos meses se hizo realidad. Desde entonces es un canal que está en todos los rincones del mundo.

A la hora de establecer una estrategia de futuro un país tiene que fijarse en lo mejor de los mejores. En lo mejor de los demás y en lo mejor de sí mismo. En el caso de España, que es uno de los países más importantes del mundo en historia y cultura, tiene que afrontar el futuro pensando la realidad que hace futuro. Solo así saldrá de su crisis. Fijarse en lo que hacen los países más competitivos y desarrollados en la sociedad de la información, es una referencia fundamental para reconocer dónde están las deficiencias, exigencias y el propio potencial y orientación de la sociedad a la que un gobierno sirve. Sin una estrategia global de futuro España no saldrá de la crisis ni tendrá futuro. Ese es el reto de España y su mejor estrategia.

Nuevas tendencias en investigación científica

La creación científica es una de las actividades que mejor definen el momento actual, en el que trabajan en el mundo más científicos y tecnólogos que los que lo han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Para el hombre de hoy, el cultivo de la ciencia no se plantea exclusivamente con la finalidad de avanzar en el conocimiento, sino de resolver problemas. Es una percepción que no se limita a los problemas que se dan en determinados ámbitos, lo más común es volver los ojos a la ciencia como fuente de soluciones globales. Desde la alimentación de la población del planeta, hasta la disponibilidad ilimitada de energía utilizable, pasando por el control de la enfermedad o el cuidado del medio ambiente, todas ellas son cuestiones en las que se llama a puerta de la investigación como medio para su abordaje.

Sin embargo, lo anterior ni significa una fe ciega en las posibilidades de la investigación científica, ni una valoración unánime de adónde debe dirigirse. Es el resultado de más de dos siglos en los que se pasó del entusiasmo —incluso convencimiento— de que el avance científico supondría la solución de todos los problemas de la humanidad, a la constatación de que el conocimiento científico se podía utilizar con los propósitos más devastadores. Con ello llegamos a una situación como la actual; para el hombre de la calle, el planteamiento se orienta a exigir una ciencia útil. Algo que coexiste con un sentimiento de desconfianza albergado por determinados sectores de la sociedad.

Recordemos una vez más las formulaciones de Khun en La estructura de las revoluciones científicas sobre la estructura del avance científico a lo largo de siglos. De acuerdo con este planteamiento, los periodos de «ciencia normal» suponen consolidación de lo alcanzado, ampliándose horizontalmente el conocimiento. De vez en cuando han dado paso a otras etapas, las de «revolución científica», que remueven paradigmas y consolidan nuevas formas de pensamiento y actuación investigadora. No obstante, si examinamos el momento actual, con la voluntad de identificar esas nuevas tendencias que nos ocupan, resultaría difícil establecer si estamos en circunstancias normales o revolucionarias para la ciencia. A mi juicio, más bien parecen coexistir elementos de ambas, tal es la complejidad que caracteriza a la investigación científica actual.

¿QUÉ QUEDA POR SABER?

Algunos se atreven a formular esta pregunta, como si ya se pudiera cartografiar la totalidad del territorio del conocimiento, para identificar lo que falta por conquistar. En mi opinión, la pregunta no tiene sentido en su literalidad, pero también es cierto que sirve de estímulo, incluso de señuelo para atraer el interés. No tiene sentido porque se sigue demostrando que cualquier respuesta, por largamente perseguida que fuera, automáticamente conduce a nuevos interrogantes. La reciente detección del bosón de Higgs, una partícula elemental, predicha en términos matemáticos hace cinco décadas, pero de la que no existían evidencias experimentales, resulta ilustrativa. Su hallazgo, con elevada probabilidad que no certeza, abre inmediatamente nuevas preguntas e iniciativas de aplicación.

A pesar de todo, se postula que es posible formular una «teoría del todo» o «teoría final». En ello alienta la pretensión de integrar, en una explicación coherente, el conocimiento de la realidad que establecen las leyes físicas, tanto en escala grande como al nivel de lo infinitamente pequeño, el de las partículas elementales, que puede ex-plicar la estructura íntima de la materia y las fuerzas que la gobiernan. Se trata de una unificación largamente pretendida, pero que se revela como notablemente difícil. Desde que en el siglo XX se produjera la gran transición, del conocimiento de la realidad de acuerdo con las leyes físicas clásicas, al nivel de los fenómenos cuánticos, quedó clara la dificultad para conciliar ambos tipos de conocimiento. El edificio clásico, describe un universo newtoniano, con sus tres dimensiones espaciales, a las que Einstein añadiría la dimensión tiempo, para completar una explicación coherente del movimiento de los cuerpos. Sin embargo, en la escala cuántica ya no caben las mismas certezas, las explicaciones se han de formular en términos de probabilidad impregnados por la incertidumbre que provoca la necesaria intervención del observador en los fenómenos observados. Y prosiguen los intentos de desarrollar una teoría física que dé cuenta de todas las fuerzas y de toda la materia. Explicaciones basadas en aceptar nuevos principios, como la existencia de un número mucho mayor que el de las cuatro dimensiones del espacio-tiempo —hasta once dimensiones propone la teoría de las supercuerdas (Brian Greene, The elegant universe)— o admitir la existencia de universos paralelos, son planteamientos en los que se busca esa teoría definitiva para explicar la realidad física.

En cualquier caso, la física se ha de confrontar con el propio pensamiento filosófico en esta búsqueda de una teoría del todo. No son nuevos los intentos de lograr explicaciones globales, como tampoco lo son los de pretender abarcar toda la realidad y predecir su comportamiento. Pero la ciencia ya hace tiempo que se plantea más bien profundizar en parcelas o aspectos de esa realidad compleja, lo que proporciona logros y hallazgos notables.

REDUCCIONISMO Y EMERGENCIA: UNA APROXIMACIÓN A LA COMPLEJIDAD

El método científico y su aplicación al conocimiento de la realidad se ha beneficiado mucho de los avances en la medición precisa de magnitudes; de los progresos en la determinación, con exactitud creciente, de diversos aspectos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza; y del diseño de una experimentación rigurosa, tanto para evaluar nuevas hipótesis como para cuestionar la validez de conclusiones establecidas. El término falsación (Popper) resume la vía de avance hacia un conocimiento científico de la realidad, siempre susceptible de mayor precisión.

La posibilidad de describir en profundidad fenómenos, inicialmente aislados de su contexto real, ha resultado notablemente productiva para el progreso de las ciencias experimentales. Pero no solo se ha beneficiado de ello el conocimiento científico, sino sus aplicaciones tecnológicas. Del acierto en el diseño de la experimentación surge un conocimiento detallado de una realidad notablemente compleja, así como una posibilidad real de dominar y orientar determinadas fuerzas y posibilidades planteando aplicaciones. Unas aplicaciones que en su capacidad de abarcar pueden plantearse incluso con una extensión inusitada.

Sin embargo, desde el punto de vista del conocimiento, y pensando en las tendencias de futuro, la pregunta que surge es cuál es el alcance de los fenómenos aislados, en qué medida la descripción de una parte muy reducida del todo sirve para describir una realidad compleja. Si el análisis reduccionista resulta productivo, el reto es definir la realidad que emerge de los fenómenos analizados en niveles más elementales. Hace tiempo que ha quedado claro que del nivel más elemental no necesariamente se deducen las propiedades del nivel superior. Integrar esa información para deducir sobre la emergencia de propiedades es en lo que consiste el análisis de la complejidad, tan propio de la investigación actual y tan definitorio de la tendencia de futuro.

La biología, y lo que con un sentido de mayor amplitud podemos denominar las ciencias de la vida, representan el ejemplo paradigmático de ese intento de describir una realidad compleja, para lo que han venido ayudando los análisis en niveles más elementales. De ello nos ocupamos a continuación, pero esta integración de datos, observaciones y mediciones es parte de una aspiración general, que integraría incluso las ciencias sociales.

INTERVENCIÓN BIOTECNOLÓGICA

La segunda mitad del siglo XX presenció el triunfo de la biología experimental. Pese a su complejidad, los sistemas biológicos (células, organismos, ecosistemas, genomas, redes de interacción, etc.) pudieron ser sometidos a experimentación, diseñando condiciones para aislar materiales determinados y analizar (medir) su comportamiento. La síntesis de ácido ribonucleico (RNA) en el tubo de ensayo, que Severo Ochoa pudo describir ya en 1953, representa uno de esos momentos estelares de la ciencia. Se podía ya controlar la formación de moléculas definidas que, hasta entonces, solo podían producirse en las células. Se trataba de moléculas de tanta trascendencia como para controlar las funciones de los seres vivos. Llegaba el apogeo de la biología molecular, pero el avance no se quedaba en esto. Apenas veinte años después surgía ya la ingeniería genética para hacer posible el aislamiento de genes de los seres vivos, su modificación dirigida en el tubo de ensayo y su posterior introducción estable en células, de manera que los genes modificados pudieran integrarse en el material hereditario que controla las funciones de las células y los organismos.

Se había cerrado un ciclo completo, la biología, como conocimiento de los seres vivos, devino en biotecnología, como capacidad de intervenir en los procesos de los vivientes. Y en ello estamos. Como afirmaba el premio Nobel Salvador Luria, ya en la última parte de los setenta, nos esperaban décadas de crecimiento horizontal. Podíamos aislar, conocer, modificar los genes de cualquier organismo, pero los millones de especies existentes y la variedad de su material genético planteaba una tarea ingente, casi interminable puesto que eran cientos de millones los genes existentes. La cuestión entonces es si ha habido avances que vayan más allá de la extensión del conocimiento y cuál es la tendencia en la evolución de las ciencias de la vida. A mi juicio, contrariamente a la propuesta (pesimista) de Luria, de esperar un crecimiento meramente horizontal, sí que se han registrado verdaderos saltos cualitativos que marcan la tendencia de futuro.

GENOMAS Y METAGENOMAS

El llegar a conocer la secuencia del genoma (conjunto del material hereditario) de cualquier organismo, representa uno de esos avances que se materializó en mucho menos tiempo del inicialmente previsto. Tal ha sido el florecimiento de esta tecnología (secuenciación de ácidos nucleicos), que la «lectura» de genomas de especies, y la de los individuos que las integran, se simplifican y perfeccionan día a día. El hito de disponer del genoma humano, en lo que supone el patrón de la especie, llegó en 2001, pero hoy ya aspiramos a conocer la forma concreta en que se materializa en cada individuo. La individualidad genómica nos permite plantear nuevas aproximaciones a una medicina —medicina individualizada— como nueva estrategia para los cuidados de la salud. Al mismo tiempo, se conoce ya el genoma de cientos de especies que pronto serán miles.

Pero la genómica va más allá, con el desarrollo de la metagenómica es posible explorar la presencia de seres vivos en cualquier ambiente sin necesidad de aislarlos e identificarlos por sus características biológicas clásicas. Simplemente, la extracción de material genético, y su examen por estas metodologías de análisis de genomas, permite identificar organismos vivos presentes en estos materiales. La relevancia para los estudios sobre la vida microbiana es enorme, puesto que estos vivientes invisibles, hasta hace poco, solo podían ser conocidos tras su aislamiento y cultivo en el laboratorio. Ahora los podemos identificar, con notable grado de detalle, gracias a su rastro genético. Con ello se estima que aún nos falta por conocer un 98% de los microorganismos existentes. La ampliación del panorama de la biodiversidad es otro rédito de estos avances que marca tendencias para un futuro en el que la cosecha de resultados será ciertamente copiosa.

BIOLOGÍA DE SISTEMAS Y BIOLOGÍA SINTÉTICA

El desarrollo de la biología molecular ilustra las posibilidades de una aproximación científica reduccionista. Caracterizando las moléculas portadoras de información (ácidos nucleicos) de los vivientes se pudieron identificar los códigos que rigen su funcionalidad (basada en las proteínas). El manejo experimental de estas moléculas hizo incluso posible la modificación permanente de muchos de ellos. La aproximación reduccionista en ciencias de la vida ha producido réditos importantes, en medio de un notable entusiasmo por la sucesión continua de logros, tanto en el avance del conocimiento como en el desarrollo de aplicaciones. Muchos de los fenómenos descritos a nivel molecular no solo muestran coherencia en sí, en lo que respecta a la articulación de información y funcionalidad biológica, sino que además han podido encajar en explicaciones coherentes de la estructura evolutiva del mundo de los seres vivos.

Sin embargo, la pregunta por la emergencia se plantea cada vez con mayor énfasis, es decir, hasta qué punto el conocimiento de un nivel agota el otro. La fenomenología biológica se manifiesta en niveles, el nivel molecular, tan productivo en su análisis, no agota las propiedades del nivel celular. El funcionamiento de muchos organismos implica a trillones de células y el conocimiento de los eco-sistemas implica interacciones entre comunidades de seres vivos en el ambiente. La necesidad de integrar información marca otra tendencia de la investigación actual. Manejar la complejidad de los datos, de todo tipo de datos biológicos, para buscar un sentido y una coherencia a toda esta información, es lo que plantea la biología de sistemas. Solo gracias al potencial que ofrece el procesamiento informático de los datos es posible plantear una integración sistemática de los mismos, con el objetivo incluso de establecer modelos que permitan predecir el comportamiento del sistema. La biología in vivo dio paso a una biología in vitro, con tal acumulación de información que su procesamiento ha conducido paso a la tan gráfica expresión de biología in silicio (D. Gibson et al., «Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome», Science 329, 52, 2010). Los primeros intentos ya dan lugar, por ejemplo, a las llamadas ciber-células, algoritmos que suponen modelos predictivos del funcionamiento de una célula en determinadas situaciones.

La biología sintética implica un grado más en la intervención biotecnológica ya descrita. La posibilidad de aislar y caracterizar moléculas informacionales de los seres vivos ha conducido a plantear su síntesis en el tubo de ensayo. El conocido investigador Craig Venter ha sido capaz de movilizar notables cantidades de recursos, para desarrollar proyectos piloto en este sentido. Todo ello culminó con la síntesis en el laboratorio del genoma completo de un organismo sencillo, una bacteria, que pudo ser trasplantado en una célula de otra bacteria similar para lograr su funcionalidad completa. La biología sintética amplía las posibilidades de la ingeniería genética, tal como la hemos descrito. Pero, hasta el momento, sus alcances no suponen la creación de vida en el tubo de ensayo a partir de componentes inanimados, ni a mi juicio van camino de suponerlo (según he señalado en «Hacer ciencia no es jugar a Dios», Diario ABC, pág. 3, 22 de julio de 2010).

LA BIOÉTICA: UNA REFERENCIA OBLIGADA

El futuro de las ciencias de la vida sin duda estará marcado por ese círculo que va del conocimiento a la intervención, de la que se deriva mayor conocimiento que propicia nuevas intervenciones biotécnicas. Todo ello sin duda impacta en aplicaciones de las que se derivan propuestas fundamentales que, en última instancia, repercuten en la calidad de vida. Hace tiempo que emerge el término biomedicina, precisamente para englobar todo el conocimiento biológico con aplicación —potencial o materializada— para la salud humana. Esa orientación marca las prioridades y la inversión de recursos en investigación y desarrollo. En definitiva, la investigación se impregna de un pragmatismo que apremia a derivar cuanto antes las nuevas aplicaciones. La investigación deja entonces de ser, de manera exclusiva, una exploración sobre la realidad basada en la curiosidad intelectual propia del ser humano, para convertirse en una tarea con consecuencias.

Es inevitable que emerja el término bioética, acuñado en 1970 por el oncólogo Potter, para identificar reflexionar y formular cuáles son las obligaciones del hombre con los seres vivos y, en especial, consigo mismo. A falta de espacio para extendernos sobre el tema, señalamos que la bioética se identifica como el conjunto de referencias sobre el obrar humano en relación con los avances que se registran en las ciencias de la vida en el sentido más amplio. Pensar y repensar sobre qué hacer, cómo obrar con rectitud, es algo inherente a nuestra especie, la única especie dotada de capacidad para elegir entre opciones anticipando las consecuencias. En definitiva, la única especie capaz de un comportamiento ético. A la reflexión bioética se han incorporado científicos junto con filósofos, juristas y legos en todas estas cuestiones. Es una tarea no solo apasionante sino fundamental; a la clásica reflexión ética sobre la universalidad de los principios y la forma de identificarlos se añaden dos aspectos esenciales para la bioética actual. El primero es la reflexión sobre el hombre, su naturaleza y su dignidad, puesto que el ser humano es el destinatario de muchas de las actuaciones. El segundo es que el conocimiento científico, en permanente ampliación se ha de mover continuamente entre certezas e incertidumbres.

Por todo ello, la bioética actual generalmente no constituye un terreno pacífico, pero es mucho lo que está en juego. No faltan reputados expertos que insisten en señalar a la bioética como terreno de pactos (acuerdos de mayorías), cuando no de componendas. Algunos insisten en que los principios aplicables pueden entrar en conflicto y reclaman soluciones a la carta, según las circunstancias. Se da también la postura de quienes incluso relativizan la naturaleza humana, sometiendo este concepto al terreno de la ideología. Pero, no cabe duda de que se puede ya intervenir en la vida humana, lo que supone actuar sobre la existencia biológica de individuos concretos de nuestra especie. Fundamental es abogar por una exigencia, estricta y rigurosa, del respeto a la dignidad de todos.

Conectados. El sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan

Hace casi dos décadas que venimos experimentado los efectos de una tecnología cada vez más poderosa y compleja, que ha logrado que estemos más conectados que nunca. En el núcleo de esta nueva realidad se encuentra la idea de la red, esto es, la forma en la que una serie de elementos de cualquier naturaleza (tangibles o intangibles) se conectan unos con otros de forma manifiesta o velada. El comportamiento de la mayoría de los sistemas complejos, desde la célula a Internet, es producto de la actividad organizada de sus elementos, lo que, a un nivel muy abstracto, se reduce a una serie de nodos conectados entre sí, que es lo que constituye una red o, en lenguaje matemático más formal, un grafo. La estructura de una red puede descubrirse en infinidad de ámbitos, desde la conducta de las hormigas hasta el sistema de transporte público, pasando por las relaciones familiares o las vías metabólicas.

Desde que el hombre habita la Tierra, las redes sociales no han hecho otra cosa que crecer en número y, sobre todo, en complejidad, lo que está dando lugar a ciertas paradojas. Como el hecho de que la tecnología disponible para el transporte y la comunicación esté debilitando las redes sociales más cercanas, mientras que fortalece las más distantes. Baste con pensar a quién hacemos más caso, a nuestro acompañante o a nuestro teléfono.

Hoy sabemos que el comportamiento se transmite a través de la interacción social y que muchos de nuestros hábitos inciden en la salud. Pero Christakis y Fowler (médico y sociólogo, respectivamente) en su original libro Conectados dan un paso más, nos descubren cómo las redes sociales —en el sentido clásico del término— afectan a nuestra salud. La historia de este libro comenzó cuando ambos investigadores se propusieron buscar una explicación más social para la epidemia de obesidad que invade al llamado «primer mundo», llegando a la conclusión de que aquella puede contagiarse de persona a persona. Su análisis reveló que la probabilidad que tiene un individuo de hacerse obeso aumenta un 40% si su hermano o cónyuge desarrolla una obesidad, y un 171%, si es un amigo (aunque viva lejos). La gran aportación de esta investigación ha sido llamarnos la atención sobre el papel que juega la red social en la obesidad y otras patologías. A este proceso de ascendiente social se le denomina «contagio», por el parecido que guarda con la transmisión de las enfermedades infecciosas.

Conectados nos describe (y explica) distintos fenómenos de contagio en las redes sociales, desde el suicidio (ahí está el efecto Werther que tanto hizo sufrir a Goethe) hasta ciertas formas de prácticas sexuales (descubriéndonos cómo algunos adolescentes llegan a tener relaciones sexuales con varias decenas de colegas, actuando como hubs de enfermedades de transmisión sexual); pasando por la felicidad (según los autores, es más fácil ver a una persona feliz si tiene amigos y familiares felices que si recibe un ingreso extra de 10.000 dólares), la lumbalgia (desde la caída del muro de Berlín, el lumbago se ha hecho tan frecuente entre los alemanes orientales como lo era entre sus compatriotas occidentales), o la secreta influencia entre los espectadores de un encuentro deportivo que de manera espontánea, sin ensayo previo, se ponen a hacer algo tan armonioso como la ola.

Un tema crucial es saber a qué llamamos un grupo humano y para responder a esta cuestión se apoyan en las investigaciones del primatólogo Robin Dunbar. En general, los hombres, como los animales, solo pueden mantener la cohesión e integridad de grupos que no superen la capacidad de procesamiento de su neocórtex cerebral. Pero en nuestro caso particular, la cosa es algo más compleja porque nunca —al menos hasta ahora— vemos por la calle a grupos de humanos espulgándose y aseándose unos a otros, como es costumbre entre los primates. Distintas investigaciones han llegado a la misma conclusión, el cerebro humano maneja con comodidad 150 personas (numero de Dunbar), esto es, el tamaño de un manípulo o una compañía moderna, gracias a la ventaja que supone el lenguaje, que nos permite interaccionar simultáneamente con varias personas, mientras que solo podemos espulgar al mismo tiempo un solo individuo. Pero al haber trasladado nuestras redes del mundo real al electrónico, gracias a los dispositivos digitales, no solo hemos fracturado el número de Dunbar, sino también la forma en la que tradicionalmente nos hemos relacionado.