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Zambrano, en el origen

Puede ser tentador acceder a este temprano libro de MaríaZambrano solo con la carga de nuestro conocimiento posterior, y adjudicarle asomos, intuiciones o presencias que reconocemos tan solo porque son patentes más tarde. Que conste que no sería del todo injusto,ni constituiría un excesivo abuso. Pero hay que renunciar al juego fácil ante un pensamiento que es demasiado complejo para someterse a las «profecías del pasado». Será mejor ver lo que hay, no prever cómodamente lo que será.

Pensamiento y poesía en la vida española se compone de tres conferencias mexicanas de 1939, recién concluida la Guerra Civil y en plena diáspora de la inteligencia española. Cuando la autora tiene treinta y cinco años de edad. María Zambrano ya es ella misma, sí, pero quedan lejos aún sus obras señeras. No es que estén en ciernes aquí, sino que de aquí se parte hacia ellas, y como el futuro nunca está escrito, tuvo ella que escribirlo arrancando a la realidad las habitabilidades ocultas en las entrañas del logos, descendiendo a los inferas y trayéndonos la vida palpitante y el testimonio de lo sagrado. Estamos ante un canto temprano, mas no todavía frente al corpus poético y polifónico que conocemos como la música zambraniana. Invitamos a algunas de sus sugerencias, intuiciones, exploraciones.

Se hace el pensamiento de Zambrano con incitaciones (más que con materiales) de esa tradición ajena al optimismo racionalista cuyos nombres son, entre otros, Pitágoras, el Platón de los mitos, las religiones mistéricas, los gnósticos, San Buenaventura, el hermesismo y la alquimia, la mística (no solo la española), y pensadores cercanos como Scheller o Bergson. Pero se nutre, sobre todo, de una necesidad, la creada por la penuria del racionalismo a la hora de explicar determinadas esencialidades. «Zambrano -escribe Jesús Moreno Sanz- parte de una doble crítica al método racionalista: de una parte, tal método, cuya esencia es sistematizar, solo lo puede ser de la mente, de la conciencia. De otra, y paradójicamente, si la propia conciencia es discontinua, no es fácil ver cómo un método continuo puede adecuarse al mismo vivir de la conciencia, que es discontinua». Hay que recomendar obras culminantes como El hombre y lo divino (1955), Claros del bosque (1977) y Notas de un método (1989), disponibles, respectivamente, en Siruela, Seix & Barral y Mondadori; de gran importancia es también la amplia antología de la obra de María Zambrano preparada por Jesús Moreno Sanz con el título La razón en la sombra (Siruela, 1993). Estos títulos darán cumplida cuenta al lector de las respuestas de Zambrano a aquella inquietud. Y acaso logren inquietarle más todavía.

Si a esto llegará María Zambrano, es lógico que en su visión de la filosofía española no se lamente ni espante por la ausencia de universos sistemáticos. Al contrario, señala las limitaciones de los sistemas: «Soberbia de la razón es soberbia de la filosofía, es soberbia del hombre que parte en busca del conocimiento y que cree tenerlo, porque la filosofía busca el todo y el idealista hegeliano cree que lo tiene ya desde el comienzo. No cree estar en un todo, sino poseerlo totalitariamente. La vida se rebela y se revela por diversos caminos» (pág. 20). Y si «para la poesía nada es problemático, sino misterioso», si «la realidad para el poeta es inagotable», es lógico que los derroteros de la aprehensión de la realidad vayan por otros caminos: por la historia, pues del pasado no nos hemos liberado, y del estoicismo español», donde tienen lugar otros recorridos. «Cuando por la poética, ya que ésta constituye un amor, un querer, que lleva a la comprensión como apoderamiento: «… la historia llama a la poesía. Y así, este nuevo saber será poético, filosófico e histórico». Ése será el campo de otro pensamiento distinto al sistemático, y acaso el ámbito propio de un pensar como el español: «Nos hemos reprochado muchas veces nuestro pobretería filosófica, y así es, si por filosofía se entiende los grandes sistemas. Mas de nuestra pobretería saldrá nuestra riqueza» (pág. 23). Tal es el asunto de la primera conferencia, «Razón, poesía, historia», que se desarrolla con el examen de lo que Zambrano considera esencialidades españolas: un determinado realismo cuya base es la soledad y que cruza tanto la mística como la lírica; un materialismo, especialización de aquel realismo, que es alejamiento de idealismo y racionalismo, con brotes sensualistas como seña de espiritualidad, «presencia de la naturaleza escueta sin mezcla de panteísmo alguno» (pág. 41); lo imposible como meta en la tradición española (mística, donjuanía, picaresca, no importa); la literatura nacional como fuente de conocimiento imprescindible, precisamente por la ausencia de sensibilidades que cristalizaran en sistemas…

Una aplicación práctica se da en la segunda conferencia, «La cuestión el español no ha vivido dentro de una religión ha venido a ser fatalmente estoico» (pág. 55), podríamos citar como punto de partida en un itinerario que se detiene en la acepción española de filosofía como «resistencia», o como «aguante», y que busca en Grecia, claro está, el origen del sentido laico que encierra la actitud estoica. De manera que, más adelante, pueda escribir Zambrano: «El estoicismo es el traje mínimo del hombre culto de todo tiempo, la túnica escueta, el alimento sobrio a que se queda reducido cuando los lujos se han disipado. Es la doctrina de la pura necesidad» (pág. 69). Y entonces examina estoicos españoles de la tradición culta como Manrique y la

La tercera conferencia, «El querer», parte ya del conocimiento poético como algo esencialmente español. La voluntad, el «querer» español, vive al margen de la sistemática racionalista, y hay dos maneras de ese querer: la voluntad estoica, resistente, no absoluta, desanoramada, desligada (amística, pues); la voluntad cristiana pura, con negaciones absolutistas como el quietismo y el voluntarismo ignaciano. Una reflexión por las profundidades de la España imperial o del Siglo de Oro lleva a la constatación del callejón sin salida del querer hispano: «España, en aquellos días, se cerraba también, prisionera, en una empresa imposible, absoluta: el sueño de irrenunciable racionalidad en busca de un método y un objetivo más o ensueño de la Contrarreforma. Por este ensueño quedó su vida detenida, al margen del tiempo, prisionera» (pág. 97). No olvidemos que son los tiempos del desengaño quijotesco. Surgirán con el tiempo reacciones monstruosas, como el tradicionalismo, que desconoce la tradición, pues es hijo de la desmemoria. Por ello será preciso el conocimiento de la historia inmediata, «como examen de los propios errores y espejismos». Mientras, queda el verdadero ser de esa España desmemoriada y pasional en testimonios como el corpus galdosiano, y en especial algunos de sus personajes, como Fortunata o Misericordia; en la prosa poética de Azorín; en la poesía que renace precisamente con este siglo…

En el libro abundan reflexiones sobre el destino, el pasado y el ser de España, en esa tradición que tiene cimas como Ganivet o como Ortega. Las hemos obviado en pro de un hilo que tenga más que ver con el método. Pero leyendo esas reflexiones de 1939, ¡nada menos que 1939!, puede advertirse que es muy cierto aquello que escribió Antonio Colinas: «La obra de María Zambrano nunca dice lo que el lector quiere que diga; nunca es sectaria; nunca está contra algo». Al mismo tiempo, puede señalarse que este libro de Zambrano es temprana entrega de ese camino suyo allá del racionalismo. El tema: España. En este fin de siglo, a siete años del centenario de doña María, es un tema que ya no nos pone tan nerviosos como hace tiempo. Y es el caso que esos nervios a ella parecían no afectarle.

El sistema del saber

La Universidad alemana exigía habilitarse para la docencia con la presentación de un escrito y su defensa pública. Krause (1781-1832), alumno de Fichte y coetáneo de Schelling y Hegel, lo hizo en tres ocasiones con distintos textos breves versados todos ellos sobre la misma cuestión: el principio de la ciencia y las directrices fundamentales del sistema del saber. Las tres habilitaciones tuvieron lugar, además, en tres momentos cruciales de su trayectoria filosófica: en la Universidad de Jena (1802), nada más terminar los estudios; en la de Berlín (1814), mediada esa trayectoria; y en la de Gotinga (1824), coincidiendo con la madurez. Esta obra presenta la traducción del latín de los tres textos, así como las posteriores correcciones y comentarios de Krause, anotados bien en sus ejemplares de uso privado, o bien mientras los vertía al alemán para una mayor difusión. Algunos de estos textos han sido inéditoshasta ahora. Su traducción al castellano viene precedida de un Estudio Preliminar que incluye dos apartados fundamentales: en uno se detalla la progresiva redacción de estos textos, su defensa, publicación, etc. y, en el otro, se repasan brevemente los temas fundamentales de la metafísica krausiana desde el marco de las habilitaciones, lo que facilita su lectura y comprensión.

El reto fundamental de esta filosofía, acorde con la aspiración compartida por los idealistas alemanes, es la consecución de un sistema del saber fundado sobre un único conocimiento, el principio. Éste ha de ser la idea rectora desde la que sea posible cualquier otro conocimiento, de tal modo que el conjunto de las ciencias parciales conformen un único corpus del saber, el sistema. Si bien en Jena Krause propuso como principio el mundo en cuanto conjunto armónico de las cosas, en Berlín y, luego, en Gotinga, defendió que es un ser absoluto y supremo, esto es, Dios, quien incluye dentro de sí dicho mundo. Esta modificación en el carácter del principio determinó una evolución paralela en la concepción de la divinidad, que pasó de una panen un segundo nivel de notas, también a pie de página, ha incluido teísta a otra que el mismo Krause dio en llamar panenteísta. Ésta última se caracteriza por conjugar la idea teísta de la trascendencia del Dios personal sobre el universo con la panteísta de su inmanencia y permanente presencia en lo finito. Asimismo, con el paso de los años acentuó el perfil religioso de su pensamiento, sin aminorar su carácter racional, y concibió la labor científica como parte de la relación del hombre con Dios.

Krause luchó también por dotar a su filosofía de una crítica equiparable a la kantiana y evitar así el dogmatismo filosófico, que consiste en suponer el principio del sistema sin demostrarlo o evidenciarlo. Frente a un intento fallido en la habilitación de Jena, la de Berlín fue la primera ocasión en la que enunció los rasgos fundamentales de la vía mediante la que habría de elucidarse el principio. Esto exigió la división de su sistema en dos partes: una analítica, que corresponde a un autoanálisis mediante el cual aflora la idea de Dios en tanto que principio, y una sintética, donde son deducidos los teoremas fundamentales de todo saber y que conforman la metafísica.

La traducción de los textos del latín ha estado a cargo de los profesores Luis y Carlos Baciero, mientras que las notas alemanas de Krause, introducidas a pie de página, han sido traducidas por Rafael V. Orden, quien, aclaraciones y acotaciones dirigidas especialmente al investigador, bien para corregir errores de las ediciones originales, bien para clarificar algunos conceptos y términos, o bien para advertir ciertas dificultades en la interpretación del texto original.

Con Las habilitaciones filosóficas de Krause se da un paso importante en el conocimiento y estudio del pensamiento krausiano. Primero, por el novedoso análisis de los textos, que aporta una datación ajustada de su redacción y la corrección de varias erratas de sus publicaciones y datos inexactos reiterados en la literatura secundaria. Esto último ocurre con la tercera habilitadión, cuya referencia era incluida en las bibliografías de Krause con un título equivocado y sobre la que había dudas sobre su efectiva publicación. Segundo, por facilitar el conocimiento y la lectura de la obra krausiana, sobre la que se cernían numerosos prejuicios que estos textos desmienten, como la dificultad de su terminología. Como señala el autor, la lectura conjunta de las tres habilitaciones «posibilita una rápida, fácil y ajustada aproximación a la filosofía fundamental de Krause, incluida su progresiva evolución». Y, tercero, por su Estudio Preliminar, que resulta la primera exposición concienzuda de la filosofía fundamental de Krause. Este texto resulta, además, de fácil acceso para el neófito.

Pero no son solo los amantes y los estudiosos de la filosofía alemana quienes están de enhorabuena, sino también el historiador del pensamiento novecentista español, dada la influencia que Krause ejerció en la segunda mitad del siglo XIX con el movimiento filosófico-social conocido como Krausismo español. Esta obra es un útil material para el conocimiento de la fuente alemana de las ideas que marcaron a pensadores como Francisco de Paula Canalejas, Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón o Francisco Giner de los Ríos. Todos ellos fueron discípulos de Julián Sanz del Rio, introductor en nuestro país de la filosofía krausiana. Aunque durante un siglo hubo dudas del débito que Sanz del Río tenía para con Krause, y se reivindicaba más bien la autonomía del Krausismo español respecto de su fuente alemana, en 1988 da a conocer el profesor Enrique M. Ureña los textos de Krause traducidos literalmente al castellano por Sanz del Río en su obra más conocida, El ideal de la humanidad para la vida (1860). El fundador de esta escuela filosófica hispana hizo creer a sus discípulos y posteriores investigadores que la autoría de tal obra era suya y que no había texto alguno del que procediese, lo que se corroboraba en cierta medida cuando se efectuaba una comparación con el libro del filósofo alemán de título semejante, Das Urbild der Menschheit (1811). Pero Ureña descubre entonces que El ideal de la humanidad es la traducción literal de una obra publicada por Krause en su revista Tagblatt des Menschheitlebens (1811). Tras este descubrimiento, la investigación sobre el Krausismo español ha dado un giro notable, pues es consciente de la conexión directa que liga este movimiento filosófico con la filosofía krausiana, y está necesitada de textos y estudios de Krause para precisar hasta dónde llegó su influencia en nuestro país. La obra aquí reseñada es una importante contribución para llevar a cabo esta tarea.

Grandeza y miseria del modelo alemán de Universidad

Para empezar, una brevísima, pero inevitable visión retrospectiva

Instituciones de enseñanza superior existieron en la Antigüedad clásica —academias, liceos, gimnasios— así como en otras grandes culturas. Lo específico de Europa es su institucionalización con estos tres caracteres: un plantel permanente de profesores, programas de enseñanza con curricula fijos; y certificados o diplomas que se otorgan a los que pasen con éxito los exámenes. La universidad proviene del espíritu corporativo de las ciudades medievales, tal como indica su nombre: universitas significa corporación, normalmente de estudiantes, pero también al gremio de profesores, que en Bolonia se conoció como collegium doctorum, en París se le llamó universitas magistrorum parisiensis. Corporativismo, conviene recalcar, que ha caracterizado a la universidad desde sus orígenes. Universitas significa corporación y alude primero a la de estudiantes, luego a la de profesores, para pasar a denominar la integrada por ambos cuerpos universitas magistrorum et scholarium, denominación que prepara el terreno para que desde finales del siglo XVI se fuese generalizando el término universidad para denominar a la institución en su conjunto, sustituyendo a la antigua denominación de studium litterarum, y si contaba con una bula papal, studium generale. Solo bastante más tarde el término de universidad, universitas litterarum, hace referencia a la universalidad del saber que la institución pretende transmitir. Esta primera aproximación etimológica nos ha conducido a una doble constatación que bien puede servir de punto de partida: la universidad surge del espíritu corporativo de las ciudades en un medio espiritual que domina la Iglesia.

Desde la caída del Imperio Romano y posterior cristianización de la Europa germánica y eslava, la enseñanza en todos sus niveles había acabado siendo una actividad casi exclusiva de la Iglesia. De modo que solo en este contexto eclesiástico cabe entender los elementos innovadores que conlleva la aparición de la universidad: su originalidad es producto, tanto de algunos contenidos específicos de la fe cristiana, como de las formas de organización de la Iglesia. En sus comienzos la universidad cubre dos objetivos estrechamente ligados entre sí: educar a los clérigos, es decir, a la burocracia eclesiástica, dentro de la unidad del dogma, y fundamentar racionalmente la fe como el medio adecuado para preservar esta unidad. La Teología, la primera ciencia europea, madre de todas las demás, nace con estas dos metas. El afán de fundamentar racionalmente la fe –fides quaerens intellectum, como lo expresara en fórmula magistral San Anselmo de Canterbury (1033-1109)- inaugura el proceso de racionalización de los saberes que posibilita el ulterior despliegue de la «filosofía nueva», de la que a su vez van a ir desgajándose todas las demás ciencias. Dentro de este proceso universal de racionalización -de la economía, del derecho, de la política, que a juicio de Max Weber define a la modernidadtal vez el que haya tenido consecuencias de mayor calado ha sido el despliegue vertiginoso de las ciencias y su ulterior aplicación tecnológica.

De su origen eclesiástico —en los monasterios y catedrales encontramos las primeras escuelas que anteceden a las universidades- quedan aún en la institución, y sobre todo en la jerga universitaria, muchas reminiscencias. La vida conventual —el monasterio es el motor espiritual de la Europa naciente— sirve para diseñar la de la universidad. No solo en el monasterio se organizan las primeras escuelas para educar a los novicios, sino que la vida monacal configura la de los llamados, no en vano, claustros universitarios.

A esta finalidad básica de mantener la unidad de la fe con una educación más cuidada del estado clerical, se añade una segunda que se perfila igualmente primordial: la de preparar a los nuevos profesionales —abogados, notarios, administradores— que demanda la sociedad urbana y mercantil emergente. La Teología (París) y el derecho, canónico y civil (Bolonia), constituyen los saberes a cuyo servicio nace la universidad. El contacto con la cultura islámica que favorecieron las cruzadas abre la cristiandad a la cultura helénica que árabes y judíos estaban reelaborando. La Medicina, como enseñanza universitaria, nace de los contactos con el mundo judeo-árabé, y es precisamente en Salerno —universidad desde 1231- donde comienzan los estudios médicos, para llegar en la universidad de Montpellier, fundada en 1289, a su mayor pujanza.

Un doble origen tienen las universidades europeas. Las más antiguas surgieron como corporaciones que responden a la demanda de algunos jóvenes por adquirir los conocimientos específicos que se necesitan para el desempeño de algunas profesiones. O bien, son ya desde un principio fundaciones eclesiásticas, y solo más tarde civiles -señoriales, reales o imperiales, según el rango del fundador- que nacen con el mismo fin de preparar al personal especializado que precisa la Iglesia —teólogos y canonistas— y los poderes públicos o la sociedad en general, juristas y médicos. De este primer tipo es la universidad de París, en cierto modo matriz de la universidad europea, que queda constituida en 1231 con el reconocimiento papal de las tres facultades que habían surgido como corporaciones de estudiantes. Las más recientes, como es el caso de las universidades alemanas, son ya fundaciones civiles: no aparecen hasta el siglo XVI. La más antigua es la de Praga, seguida de la de Viena y Heidelberg. Ya en el siglo XV se fundan las universidades de Leipzig, Rostock, Friburgo, Tubinga. Vale subrayar un rasgo que marca a la universidad alemana desde sus comienzos y que lo vamos a encontrar en todas las épocas y circunstancias: el papel preponderante que en ella ha desempeñado, y sigue desempeñando, el poder estatal.

Esta brevísima mirada a los orígenes ha permitido poner de relieve el objetivo principal que la universidad persigue desde su más temprana aparición: educar a los profesionales —teólogos, juristas y médicos— que demanda la sociedad. Formar buenos profesionales sería la razón última de la universidad, aquélla que la definiría desde los comienzos medievales hasta nuestros días. Un objetivo que habría de condicionar organización, contenidos y métodos de enseñanza. La lección magistral, lectio, todavía en el sentido propio de lectura de los textos consagrados que el maestro no hacía más que leer y, en el mejor de los casos, glosar, constituye la piedra angular de una enseñanza oral en la que el libro, antes de la invención de la imprenta, y aún siglos después, es un bien escasísimo. Cabe tachar de medievales todas aquellas universidades que, ignorando la existencia del libro, centran la enseñanza en la comunicación oral que institucionaliza la lección magistral. El debate, quaestiones disputatae, argumentación, a favor o en contra, de la thesis o quaestio, tiene también una finalidad práctica, aprender a argumentar en público, y no una metodológica, encontrar la verdad, que de antemano se da por conocida. Obsérvese que en este modelo medieval no se trata de ampliar el conocimiento, aportando conocimientos nuevos, sino tan solo de transmitir de generación en generación los heredados en toda su pureza. De ahí que el debate no tenga por finalidad buscar la verdad, que ya posee el maestro, sino tan solo comunicarla de forma didáctica: la disputa sirve para aprender a argumentar a favor de lo que por adelantado se sabe verdadero. En tan rica posesión, la universidad aspira tan solo a difundir un saber, que incluso ha logrado articular sistemáticamente, y que los alumnos habrán de asimilar tal como lo reciben. Una metáfora, la del saber como continente, que todavía se empleaba en España en mis años de estudiante, encaja perfectamente en esta concepción: el saber que ofrece la universidad, por su globalidad y organización interna, semejaría a un «continente», con sus ríos y su orografía, que el alumno habrá de dominar tanto en una visión de conjunto como en cada una de sus partes, sin dejar huecos o «lagunas». Precisamente, para descubrirlas y castigarlas están los exámenes.

Aparte de esta función principal de educar a los futuros profesionales, conviene mencionar un segundo carácter, que parecía perdido desde siglos y que en estos últimos años estamos empezando a recuperar: la universidad sobrepasa el ámbito político-territorial en el que se ha establecido e incluso logra afianzarse como un enclave extraterritorial, autonomía que, alegando los privilegios concedidos por Roma o el Emperador, defiende celosamente frente a los poderes municipales o señoriales más cercanos. Esta extraterritorialidad la aleja de cualquier tipo de provincianismo y se plasma en el hecho de que a las grandes universidades acuden estudiantes de toda la cristiandad: las universitates, es decir, los gremios estudiantiles, se organizan por nationes, clasificadas por el lugar de origen. En Bolonia se distinguían cuatro universitates que correspondían a las «naciones» de los lombardos, toscanos, romanos y ultramontanos (francés, ingleses, alemanes, en fin, todos los que venían de fuera de Italia). Importa retener que es en un contexto universitario en el que el concepto de nación aparece por vez primera, significativo porque en la Europa decimonónica el nacionalismo en buena parte se ha alimentado de la universidad. Después del hundimiento del nacionalismo, como consecuencia de las dos grandes Guerras Mundiales, en el proceso de construcción de Europa (gracias a programas comunitarios, como Erasmo y Sócrates) el estudiantado están empezando a moverse con cierta holgura por las distintas universidades europeas. La movilidad estudiantil es de la máxima importancia en la recuperación de la universidad como una institución supranacional.

La larga decadencia de la universidad medieval

Si la universidad eclesiástica cumple cabalmente su función de racionalizar la fe -en este aspecto la Summa Theologica constituye un monumento grandioso— falla a la hora de mantener la unidad del dogma. Muchas y muy variadas son las razones del cisma, siendo los factores socioeconómicos tan importantes como los ideológicos, pero lo cierto es que no cabe concebir la reforma protestante sin la universidad. Racionalizar la fe —en ello consiste la Teología- desde el supuesto de que la verdad de la fe y la verdad de la razón tendrían que ser una y la misma, en vez de garantizar, como se esperaba, la unidad del dogma, trajo consigo las críticas, las divisiones y las luchas teológicas más encarnizadas. Martín Lutero (1483-1546) era un modesto y casi desconocido profesor de Teología, cuando el 31 de octubre de 1517, cumpliendo con un ritual universitario, cuelga las 95 tesis sobre las indulgencias en el pórtico de la iglesia universitaria de Todos los Santos de Wittenberg. Las respuestas de los teólogos, como la muy conocida del Dr. Johann Eck (1486-1543), profesor de la Universidad de Ingolstadt, encajan en el estilo universitario de la disputatio. Los reformadores son profesores universitarios, o por lo menos, personas que habían pasado por la universidad: Jan Hus (13721415) fue incluso rector de la Universidad de Praga en 1409; Felipe Melanchton (1497-1560), helenista de prestigio, autor de una grámatica griega, había helenizado hasta su apellido; Huldrych Zwingli (14841531), que había estudiado en las universidades de Viena (1498) y Basilea (1502-1504), recurre también a la disputatio para presentar sus famosos 67 artículos; en fin, Jean Calvin, (1509-1564), nuestro Calvino, discípulo del gran humanista Guillermo Budé y autor de un estudio sobre De clementia de Séneca, era un buen latinista y dominaba el griego.

La universidad no es ajena a las guerras de religión que se siguieron en los siglos XVI y XVII, causa directa a su vez de su larga decadencia. Con la ruptura de la unidad religiosa en la Europa occidental —la Europa oriental ya hacía siglos que se había separado— la universidad, a caballo entre la Iglesia y la Corona, fue la gran perdedora. En el mundo protestante, la desamortización de los bienes eclesiásticos, si bien contribuyó a la larga a mejorar la agricultura, de inmediato perjudicó a la universidad, ya que le arrebató la autonomía económica, haciéndola depender en cada vez mayor medida del Estado. También en el mundo que permanece católico, al aumentar los controles, sobre todo allí donde actúa la Inquisición, obsesa en perseguir cualquier sospecha o indicio de herejía luterana, empeoran sensiblemente las condiciones ambientales, con lo que se esfuma de la universidad la inicial capacidad de innovación racionalizadora, fosilizada en una escolástica cada vez más rutinaria. La partición religiosa de Europa comporta que las grandes universidades pierdan su anterior apertura, con la consecuencia de que se restringe, cuando no se suprime por completo, la anterior movilidad estudiantil. En 1559, Felipe II prohibe a sus subditos estudiar en universidades extranjeras, con la salvedad de Bolonia y Roma, Coimbra y Nápoles. En la segunda mitad del XVI, las universidades europeas se han nacionalizado, en el sentido de que solo reciben estudiantes del reino al que pertenecen; en el XIX, encerradas todavía dentro de las fronteras de cada Estado, vuelven a nacionalizarse, pero ahora en el sentido de que se convierten en las principales generadoras del espíritu nacionalista.

La explosión de las ciencias en los siglos XVII y XVIII ocurre fuera de las aulas universitarias, con la sola excepción —y ello solo parcialmente— de la universidad inglesa. En el Reino Unido, la forma peculiar de separarse de Roma permite que la universidad medieval engarce con el espíritu de la modernidad —Newton y Cambridge-, lo que no quita para que el historiador Eduardo Gibbon (1737-1794) que estudió en Oxford, no estuviera convencido de que también la universidad inglesa sería incapaz de librarse de un origen tan tétrico. En todo caso, el hecho memorable, que constituye sin duda el mayor baldón de la universidad, es que la revolución científica de los siglos XVII y XVIII se hiciese fuera, incluso en contra, de la universidad. Ya la revolución humanista del Renacimiento había ocurrido fuera de sus claustros. Volcada exclusivamente en preparar al personal profesional —teólogos, juristas y médicos— que reclamaba la sociedad, el estudio de la cultura clásica en razón de sus valores estéticos o humanistas quedó fuera de su horizonte. Francisco I fundó hacia 1530 el Colegio de Francia como institución compensatoria de una universidad de espaldas a las nuevos vientos humanísticos.

En una Europa devastada por las guerras de religión, el carácter eclesiástico-profesional que desde su origen define a la universidad la constriñe a preservar ante todo su identidad confesional, lo que impide que se abra a la «filosofía nueva» y a las ciencias que de ella se derivan. El desarrollo de las ciencias precisa de un espacio seculariazado de tolerancia religiosa que excepcionalmente encontramos en algunos rincones de Europa: en los Países Bajos, tras su independencia de España; en Inglaterra, después de la «Revolución gloriosa». Las ciencias nuevas surgen como una actividad privada, fuera de las instituciones oficiales. Igual que hoy los cultivadores de una misma actividad, por rara y minoritaria que sea, terminan por encontrarse, así los pioneros de las nuevas ciencias mantuvieron estrechas relaciones epistolares, ya que por suerte las minorías cultivadas de entonces, como preciada herencia de la universidad medieval, disponían de una lengua común, el latín, papel que hoy, obviamente, desempeña el inglés. En estas sociedades secularizadas, en las que se va consolidando la tolerancia religiosa, semilla de la que luego brotan todas las demás libertades, al caer en la cuenta príncipes y monarcas del alto rendimiento que estos saberes nuevos tenían para el fortalecimiento de sus ejércitos, apoyaron la fundación de «academias» y «sociedades científicas». En la Francia del siglo XVIII, núcleo central de la Ilustración europea, la gran creación científica y literaria se produce al margen de la universidad, incluso contra ella. Es sintomático que la Academia de Ciencias de París, uno de los polos de desarrollo de la nueva ciencia experimental, no tuviese el menor contacto con la Sorbona. Cuando en 1793 la Revolución cierra las 22 universidades francesas, una vez confiscados sus bienes, no hace más que enterrar un cadáver.

El emerger de un nuevo modelo de universidad

Ciertamente, el panorama universitario en el XVIII no es tan desolador como se deduciría de ser enfocado tan solo a la Europa católico-barroca: Francia, España, Portugal, Italia, Austria. En dos extremos, Escocia y Prusia, se produce una renovación de la universidad medieval que permite conectarla con la modernidad. Como el centro de nuestra preocupación está en el modelo alemán de universidad, nos basta con dirigir la mirada a Prusia, un peculiar Estado del que conocemos la historia completa: en 1702 se proclamó un reino y en 1945 dejó de existir. La marca de Brandenburgo, meollo original de lo que luego será el reino de Prusia, quedó casi despoblada como consecuencia de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). La paz de Westfalia permite una lenta recuperación que se acelera en el siglo XVIII. El logro original, tal vez el más llamativo, consistió en haber creado el tipo del funcionario, civil y militar, propio del Estado moderno, es decir, competente, disciplinado y honrado a carta cabal, en buena parte producto de la institución de enseñanza superior en la que se había formado. Obsérvese que la reforma del Estado que se lleva a cabo en Prusia o en la Francia napoleónica ha supuesto en ambos casos un cambio radical de la enseñanza superior. Habrá que retener esta doble experiencia para dejar constancia de que la reforma en profundidad del Estado, para que sea frutífera, ha de partir de una reforma de la universidad. Lamentablemente, España ha perdido en los ochenta quizá su última oportunidad de combinar ambas reformas.

Que cuajara en Prusia el nuevo tipo de universidad que hizo posible la renovación modernizadora del Estado se debió a que este singular reino se secularizó desde fechas muy tempranas. Para remediar los destrozos de la Guerra de los Treinta Años hubo que acoger a la población -intelectuales y artesanos- perseguida por razones religiosas. Para atraerla, no quedaba otro remedio que practicar la tolerancia religiosa, manantial del que fueron fluyendo las demás libertades. Hugonotes, pietistas y calvinistas encontraron en Prusia un espacio de libertad que se mostró muy pronto especialmente propicio para el desarrollo de las ciencias.

En la fundación de la Universidad de Halle en 1694 confluyen pietismo, interés por las ciencias físico-naturales y afán reformista del Estado. Paul von Fuchs se preguntaba en la ceremonia inaugural: «¿Dónde se encuentra una nación que haya llegado a ser poderosa sin cultivar la ciencia?». Una constatación que con el paso del tiempo ha ganado en evidencia. La fortaleza y el bienestar de un país se mediría por el vigor de sus universidades. En la interpretación de la ciencia, como índice del poder de una nación, se percibe ya la conexión que subyace entre nacionalismo y universidad, vinculación que va a terminar siendo uno de los rasgos esenciales de la universidad alemana del siglo XIX y primeros decenios del XX. Desde una idea universal de ciencia, no puedo evitar una cierta desazón cada vez que oigo a los alemanes hablar de la «ciencia alemana» en el sentido en que también se refieren a la «filosofía griega», como una gran creación espiritual, exclusiva de un pueblo.

Desde la óptica del siglo XVIII, cosmopolita y fríamente racionalista, este nacionalismo en embrión muestra un mejor aspecto, ya que recalca la función de servicio que la universidad ha de prestar al Estado y/o la nación o, si se quiere, al Estado-nación. Ralf Dahrendorf ha hecho hincapié en las dificultades que han tenido siempre los alemanes a la hora de diferenciar Estado y sociedad, por ser proclives a descubrir en el Estado, incluso en el Gobierno del Estado, la expresión cabal de la nación. Desde este planteamiento de servicio al Estado, la universidad alemana -la primera que se define como un «servicio público»— gira, de una parte, en torno al cultivo del Derecho y todos los demás saberes administrativos que necesita el funcionario. En Halle se crea en 1727 la primera cátedra que se ocupa de «las ciencias cameralistas, económicas y policiales», que hoy traduciríamos como una cátedra dedicada a la economía, el derecho administrativo y la administración pública. De otra, la universidad presta particular atención a las nuevas ciencias naturales, consideradas fundamento del desarrollo económico y social. A comienzos del XVIII, ya se percibe en Prusia la conexión existente entre desarrollo de las ciencias y progreso económico y social.

En centrar la universidad en el estudio de las ciencias cameralistas y las ciencias naturales sobresale otra universidad alemana, la de Gotinga, no lejos de Prusia, aunque pertenecía al Electorado de Hanover, entonces en unión personal con el rey de Inglaterra, circunstancia que le otorgaba la libertad que precisan las ciencias para florecer. La universidad de Gotinga, fundada en 1737 dentro del espíritu reformador que la de Halle había puesto en circulación, se especializa desde el primer momento en el estudio de las ciencias cameralistas y las ciencias naturales. Este tipo de universidad que se ocupa primordialmente, por un lado, del Derecho, la Economía y las ciencias de la Administración y, por otro, de las ciencias naturales y de sus aplicaciones técnicas, constituye hasta hoy el ideal de los sectores sociales más conservadores o mejor integrados en el modelo de sociedad existente.

Vale recordar a la universidad de Gotinga por otra circunstancia, y es que en ella se da por vez primera una institución que luego será considerada consustancial con el nuevo modelo de universidad que cuaja en la Alemania decimonónica. A los 20 años de su fundación, la Universidad de Gotinga disponía de una biblioteca de más de 60.000 volúmenes, una cifra impresionante en el siglo XVIII. La nueva universidad germánica tiene en la biblioteca su punto neurálgico. De ahí que no sea fácil fundar universidades que merezcan este nombre: las bibliotecas no se improvisan. La revolución informática tal vez acabe con este modelo de universidad que se organiza alrededor de una biblioteca, incluso con la institución en cualquiera de las formas en que la hemos conocido hasta ahora. También fue en Gotinga, y precisamente en el Departamento de Filología Clásica, donde funcionó por vez primera el seminario, la creación más original y representativa del nuevo modelo alemán de universidad. Las bibliotecas de los distintos seminarios de las disciplinas humanísticas y los laboratorios de los departamentos dedicados a las ciencias naturales forman los dos pilares sobre los que se levanta el nuevo modelo de universidad.

Para captar los cambios que supuso este modelo, resulta útil recurrir a un conocido libro de Kant, La polémica de las facultades (1798). A finales del siglo XVIII, las universidades seguían teniendo las cuatro facultades medievales, con la sola diferencia de que la facultad de artes se llama ahora facultad de Filosofía en un sentido muy amplio, ya que incluía la filosofía especulativa y las ciencias históricas y filológicas y, bajo el epígrafe de Filosofía Natural, todas las ciencias naturales conocidas. Kant asume que el Estado está obligado a programar la enseñanza de las tres facultades tradicionales, en cuanto que estos saberes influyen directamente sobre el bienestar de los súbditos: de la Teología depende el bien del alma, nada menos que la salvación eterna; del Derecho, la conservación y aumento de los bienes terrenales, que tampoco es cosa baladí; en fin, de la Medicina, la salud del cuerpo. Se comprende que el Estado examine y, en su caso, apruebe a los candidatos que han de ejercer profesiones tan esenciales para el bienestar social, como son las del pastor, el jurista y el médico, pero las disciplinas que se estudian en la facultad de Filosofía, añade Kant, al no ser aplicables al ejercicio de una actividad ¡profesional, no servirían para nada. Su única incidencia social es que contribuyen a aumentar el saber de la humanidad, algo que a todos debiera interesar y que solo se consigue si se respeta la libertad. Kant acepta los controles estatales para las tres facultades tradicionales (no le queda otro remedio), pero defiende la libertad como irrenunciable en la facultad de Filosofía que así se convierte en el centro medular de la universidad, precisamente porque no tiene ninguna relación con la vida profesional.

Se produce con ello un desplazamiento fundamental en lo que respecta a la función de la universidad: de ser un instruínento de educación superior para preparar a los profesionales que necesita la sociedad, se convierte en la cantera de los sabios que buscan la verdad en los más distintos campos del saber. Decisiva en esta redefinición de la universidad es la distinta noción de saber que ha impuesto la revolución científica. Ya no se concibe como un «continente» bien delimitado que es preciso conservar y transmitir en su totalidad, sino que, para retomar la metáfora que emplea Kant, el saber semeja más bien un archipiélago de islas, islotes, cayos y peñascos muy diferentes por su tamaño y estabilidad que emergen en un océano de ignorancia. Islotes que surgen con los nuevos saberes, o que se hunden cuando estos pierden vigencia: no hay saberes seguros; todos los son en precario. La función de la universidad en su sección básica, la facultad de Filosofía, no es ya comunicar conocimientos seguros (esta categoría se ha evaporado), sino enseñar a adquirir otros nuevos que aguanten mejor la crítica. Como insistía Kant una y otra vez: no se enseña Filosofía, se enseña a filosofar. No vale comunicar, a no ser como un ejercicio de divulgación poco productivo, los resultados de una ciencia, sino que hay que enseñar a hacer ciencia. La tarea de la universidad no consiste ya en proporcionar los conocimientos imprescindibles para ejercer una profesión, sino en capacitar al estudiante para que los adquiera por sí mismo el día que lo requiera la vida profesional. Se alcanza a percibir el tamaño del cambio, si se tiene en cuenta que proporcionar los conocimientos indispensables para ejercer una profesión había sido la finalidad para la que había nacido la universidad. Abundan incluso los que, como nuestro Ortega, piensan que formar profesionales sigue siendo la misión principal, aunque no la única, de la universidad y que, por consiguiente, la innovación germánica de sustituir la formación para ejercer una profesión por «enseñar a hacer ciencia» supone en el fondo construir una utopía irrealizable, propia de un espíritu romántico desmesurado. Y nada destruiría tanto a una institución como el establecer objetivos inalcanzables.

El modelo alemán de universidad

Dentro del esfuerzo ingente de reforma que realiza la Prusia derrotada por Napoleón, hay que mencionar la fundación en 1810 de la Universidad de Berlín, respuesta directa a la afrenta que el Emperador de los franceses había cometido al cerrar la Universidad de Halle que, en un siglo de existencia, se había convertido en el impulsor más efectivo del espíritu de renovación prusiano. Desde la asunción de las premisas filosóficas de la modernidad ilustrada, la Universidad de Berlín propone un nuevo tipo de universidad. Frente al viejo modelo que, con todas las adecuaciones actualizadoras, pervive todavía en la concepción, harto extendida, de que el objetivo básico de la universidad es preparar a los profesionales que requiere la sociedad, el nuevo modelo alemán apunta a otro propósito: formar los científicos que pide el desarrollo de la ciencia. El primer modelo se diseña desde una serie de factores externos -el dogma, la organización de la Iglesia, las instituciones políticas y sociales-, condicionantes externos a los que ha de acoplarse la universidad. El modelo alemán, en cambio, trata de suprimirlos o, por lo menos, de aislarlos en lo posible, con el fin de responder tan solo a los imperativos internos de la ciencia. La universidad alemana recaba para sí un nuevo sentido de la autonomía: responder exclusivamente a las necesidades y planteamientos que impone el hacer científico, haciendo abstracción, como si fuera posible e incluso deseable, del medio en el que se desenvuelve. Con ello queda de manifiesto que el prototipo de esta universidad nueva es la academia, institución ilustrada por excelencia, creada con el fin exclusivo de incrementar el saber científico. La universidad berlinesa toma como dechado a la academia y, como tal, se concibe como una «comunidad de maestros y discípulos, dedicados por entero a la búsqueda de la verdad».

Desde la perspectiva tradicional, resulta difícil de asimilar la desconexión total entre los estudios universitarios y el ulterior ejercicio de una profesión que caracteriza al modelo alemán. Inadmisible sobre todo para los españoles, cuya universidad ha tenido siempre como objetivo principal preparar para el ejercicio profesional y que incluso no concibe otra mejora que esbozar nuevas titulaciones que autoricen, a ser posible en régimen de monopolio, el ejercicio de nuevas profesiones. En todo caso, en el modelo alemán la preparación específica que requiere el profesional se realiza fuera de la universidad, una tarea que se considera insoslayable, pero no acorde con la dignidad de la institución. Este distanciamiento de los imperativos de la práctica alcanza incluso -aunque, como es natural, en mucho menor medida— a las tres facultades tradicionales que surgieron con una perspectiva exclusivamente profesional. Después de haber aprobado el examen de Estado —es el Estado y no la universidad el que decide si el candidato posee los conocimientos necesarios para ejercer la profesión— también es el Estado el que se ocupa de su ulterior preparación práctica en los años que ejerce de vicario, asesor jurídico o ayudante médico. Respecto a las demás profesiones surgidas después, en un principio se procuró establecer instituciones de enseñanza superior al margen de la universidad, «escuelas superiores de ingeniería» (Technische Hochschulé) o «escuelas superiores profesionales» (Fachhochschule), encargadas de preparar a la juventud para el ejercicio de las más diferentes profesiones. Ha caracterizado a la enseñanza superior alemana, al menos mientras se mantuvo el modelo humboldtiano, el que la formación profesional se realizase en instituciones no universitarias; la universidad quedaba limitada a su misión específica de hacer ciencia y de enseñar a hacerla. Incluso quedaba fuera de su ámbito la aplicación técnica de la ciencia. A diferencia de Francia, donde el prestigio lo concentraron les grandes écoles, en Alemania las instituciones correspondientes se colocaban muy por debajo de las universidades. Han tardado más de un siglo las «escuelas superiores de ingeniería» en ascender de categoría y poder llamarse «universidades técnicas).

La universidad deja así de ser lo que había sido desde su invención, una institución que prepara a los profesionales que demanda la sociedad, proporcionándoles unos saberes seguros y prácticos. Desde un saber que se reputa cierto, cabe marcar con toda claridad la línea divisoria de los que saben —los maestros, que a su vez se remiten a unos textos sagradosy los que no saben, meros aprendices, sin otra obligación que asimilar en su pureza y totalidad, es decir, sin la menor crítica, los conocimientos que les ofrezcan. En cambio, en el nuevo modelo «académico» de universidad, en el que la «unidad de la enseñanza y la investigación» constituye el principio fundamental, se difumina la línea divisoria entre los que saben y los que no saben, entre maestros y discípulos, empeñados todos en la misma lucha por acumular conocimientos. Ello implica algo enormente sorprendente y cuestionables, igualar a los estudiantes con los profesores. Todos los miembros de la comunidad universitaria tendrían los mismos derechos y obligaciones, ya que solo en un plano de igualdad cabría avanzar en el conocimiento. Importa poner énfasis en la consecuencia revolucionaria que esta constatación comporta: la búsqueda de la verdad solo funciona democráticamente en una comunidad de personas libres e iguales, sin que en el quehacer científico quepa alegar derechos o privilegios adquiridos en razón de cargo o edad. El progreso cognoscitivo exige una comunidad de iguales, sin que valga esgrimir argumentos de autoridad. Cada miembro de la comunidad científica, sea cual fuere su posición, en la cúspide o empezando, ha de poder intervenir con los mismos derechos en las cuestiones que se debatan. De ahí que el estudiante pueda y deba criticar al profesor, incluso con una dureza tan injusta como desmesurada, para que luego éste, cuidando mucho el no herirle, le muestre los errores en los que haya podido incurrir. De este ejercicio de crítica y corrección proviene el mayor provecho didáctico, ya que se aprende solo de los propios errores, de modo que el derecho a equivocarse, sobre todo en los más jóvenes, resulta imprescindible para iniciarse en la vía del conocimiento.

La consecuencia es obvia, aunque para muchos muy dura de digerir: la búsqueda de nuevos conocimientos no puede llevarse a cabo sin la máxima libertad, tanto para el que enseña como para el que aprende. El principio de «unidad de la enseñanza y la investigación» ha eliminado la diferencia entre el que enseña y el que aprende: se aprende enseñando, y se enseña, aprendiendo. La libertad académica se eleva así a principio constitutivo de toda la comunidad universitaria, hasta el punto de queconstituye uno de los términos del lema —soledad y libertada con el que la universidad alemana se identifica. La ciencia, como cualquier otra labor creativa, deberá hacerse en soledad y con la libertad más absoluta, que incluye desde el derecho a defender posiciones poco convencionales, por estrafalarias que parezcan -cualquier innovación de cierto alcance suele parecer al principio tan ridicula como insoportable—, hasta el derecho a la pereza: la creación intelectual necesita en ocasiones de una serenidad o de un distanciamiento que puede interpretarse como vagancia. Frente al activismo febril del profesional —negocio— hay que resaltar el ocio que precisa el que busca tan solo conocer. Ahora bien, desde la equiparación del enseñante con el educando -los papeles son intercambiables- la libertad académica comporta dos aspectos estrechamente ligados entre sí: libertad para el que enseña, la Lehrfreiheit, por la que el profesor decide sin cortapisas métodos, contenidos y alcance de lo que quiera enseñar, pero también libertad para el que aprende, la Lernfreiheit, por la que se deja al alumno que estudie lo que quiera, como quiera y con quien quiera. El estar obligado a aprender algo cuya relevancia se ignora, que no parece significativo para las cuestiones que se han planteado o cuya importancia todavía no estamos capacitados para percibir, además de una pérdida de tiempo, representa una tortura insoportable que rechaza el buen sentido. No se puede aprender más que aquello que estamos interesados en aprender. Y como no se puede saber todo ni de todo -el saber sí ocupa lugar, o mejor, tiempo-, sino que lamentablemente solo cabe instalarse en unos pocos islotes del saber, nadie debiera elegir por nosotros lo que nos conviene aprender. Depende de las preguntas que nos hagamos, del uso que queramos dar a estos conocimientos o de la dirección que tome nuestra investigación. De la libertad de elegir lo que se quiere aprender se deriva la libertad de escoger a la persona con la que se quiere aprender. Poco se aprende de una persona que no nos infunda admiración por sus conocimientos y respeto por su personalidad. Si el conocimiento que debe ofrecer la universidad es aprender a hacer ciencia, entonces es esencial poder elegir al maestro con el que se quiere trabajar; no cabe dejar cuestión tan fundamental al azar de un plan de estudios.

Para el universitario español nada en el modelo alemán le parece tan extraño -digámoslo sin tapujos: tan absurdo— como la libertad de aprender lo que cada cual quiera, como quiera y con quien quiera. En efecto, esta libertad implica eliminar los conceptos de programa de la asignatura y de plan de estudios como conjunto de asignaturas que hay que superar para adquirir el título correspondiente. La universidad alemana pone en cuestión todos los principios sobre los que se levanta la nuestra. Más aún,si se asume el que cada cual estudie lo que le parezca, es decir, que cada cual organice a su modo lo que le interese aprender, entonces, evidentemente, los exámenes como control de los conocimientos adquiridos pierden todo sentido. En el modelo alemán, en vez de tener que superar cada dos por tres exámenes parciales en los que se controla si se poseen determinados conocimientos, el estudiante se califica por los trabajos de seminario o el aporte personal a una cuestión dada. En ambas cosas lo que importa es mostrar únicamente la capacidad de plantear problemas y de enfrentarse a ellos. Solo al final, para conseguir un título académico -tradicionalmente el único existente era el de doctor; despues de la Segunda Guerra Mundial, han aparecido diplomaturas y maestrías— se realiza una prueba general, consistente en presentar por escrito una memoria de investigación y poner de manifiesto ante una comisión examinadora en una conferencia y ulterior discusión que el examinando se desenvuelve en algunos temas que él mismo -¡oh sorpresa para el español!- ha eligido previamente. Dada la infinitud de nuestra ignorancia, la función del examen académico -otra es la del examen de Estado que hay que superar para ejercer determinadas profesiones- no puede consistir más que en poner de manifiesto que se sabe algo de algo.

Desde la seguridad que da el ser catedrático de una asignatura, dentro de un área de conocimiento perfectamente delimitada, aunque sea de la única forma posible, por decreto ministerial, teniendo a cargo una asignatura troncal o una optativa -decisión que igualmente no puede ser más que burocrática— y seguro de los conocimientos mínimos que se precisan para poder aprobar la asignatura que se regenta, el universitario español toma noticia del modelo alemán de universidad —su secreto es que rechaza categóricamente cualquier adecuación a las necesidades prácticas de la actividad profesional— con el mayor desasosiego. Por un lado, le parece tan incomprensible como absurdo; sin embargo, por otro lado, no puede dejar de reconocer que, al menos en el pasado, ha dado, además de buenos científicos, magníficos profesionales. Esta disociación entre saberes y profesiones parece todavía sostenerse por una razón bien elemental, además de por las ya mencionadas de mayor calado: el rápido despliegue de la economía y las ciencias hace imprevisibles las actividades profesionales que traerá consigo un futuro próximo. De hecho, con muy pocas excepciones, resulta imposible determinar qué contenidos serán los más apropiados para las actividades profesionales de los próximos años. En el ánimo del universitario español ha de pesar la sospecha de que en un plazo breve no van a servir de mucho los programas y titulaciones que hoy puedan diseñarse. Y si, además, una especialización creciente es ya de por sí el destino inexorable del hombre contemporáneo y la enseñanza superior de suyo ha de ser cada vez más especializada, importa dejar al menos un ámbito, el universitario, en el que se intente contrarrestar esta tendencia. La función de la universidad no es tanto preparar para el ejercicio de una determinada profesión, como enseñar a desenvolverse por uno mismo en los más complejos laberintos de la ciencia. Para ello son necesarias determinadas facultades morales -espíritu de iniciativa y responsabilidad- como intelectuales, capacidad de criticar lo existente y de buscar soluciones nuevas. En resumen, el fin de la educación universitaria según el modelo alemán es preparar gentes moralmente íntegras que tengan la capacidad de plantear y, en su caso, resolver los problemas —hoy impredecibles— con los que ha de enfrentarse el egresado de una universidad en su larga actividad profesional.

Al referirnos a la integridad moral de los que salgan de sus aulas, hemos mencionado de pasada el objetivo principal del modelo humboldtiano de universidad, sin duda el más olvidado, pero tal vez el que hoy se requiere con mayor urgencia: aquél que desarrolla el carácter moral que presupone y remacha la dedicación a la búsqueda de conocimientos. El fin de la universidad humboldtiana es introducir a una pequeñísima parte de la juventud en el cultivo de las ciencias. Y ello no solo supone adquirir conocimientos precisos y, sobre todo, una determinada mentalidad crítica capaz de cuestionar lo establecido, sino también que se haya cincelado un determinado carácter moral. Para Humboldt, lo más importante de la dedicación a la investigación científica es que ésta fortalece determinados hábitos y virtudes, es decir, proporciona el talante moral que necesitan nuestras sociedades para desarrollarse en libertad. En este sentido, la función última de la universidad es educar en el sentido más amplio, tanto moral como intelectualmente, a la élite que ha de regir el destino de una nación. La universidad, al vincular la enseñanza con la investigación, consigue así fundir conocimiento y conducta, teoría y praxis, aquellos dos ámbitos que la modernidad ha disociado y que Kant, pese a sus esfuerzos, no había logrado recomponer. La generación siguiente, de Fichte a Humboldt, cree que la solución se encuentra en el nuevo modelo de universidad. La nueva universidad pretende ser el lugar en el que se enseña a practicar la laboriosidad y disciplina, la modestia y el tesón, en fin, la honradez intelectual que exige el cultivo de la ciencia, virtudes todas que necesita la sociedad moderna para desenvolverse plenamente. La ciencia forma, (bildet) es de por sí un momento capital de la formación, (Bildung). Enseñar a buscar la verdad sería la mejor manera de formar a la vez el carácter y la inteligencia, los dos objetivos básicos de la institución universitaria.

En los pocos meses en que Guillermo de Humboldt (1767-1835) tuvo la responsabilidad de la educación en el ministerio del Interior -no había entonces ministerio de Educación— no solo sentó las bases del nuevo tipo de universidad, que con toda justicia lleva su nombre, sino que su desarrollo —y es algo fundamental que suele pasar inadvertido— hubiera sido imposible si no lo hubiera incluido en una reforma global de la educación que abarcaba la enseñanza primaria y secundaria. Aunque la enseñanza primaria obligatoria data en Prusia de fecha tan temprana como 1763, es consolidada por la reforma humboldtiana, que pone el acento en la preparación de los maestros y en la dignificación, también pecuniaria, de su tarea. Desde estas consideraciones, que no han perdido en absoluto vigencia, Humboldt y su grupo de colaboradores asumieron las ideas revolucionarias de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), para quién lo esencial en este primer estadio es educar el carácter (la educación moral) y enseñar al niño a pensar por sí mismo. También se debe a Humboldt el robustecimiento del gimnasio (Gymnasium) como la institución reina de la enseñanza secundaria, a la que se le otorga la tarea de transferir los conocimientos filológicos y científicos necesarios para poder luego en la universidad iniciarse en la investigación científica. Sin el Abitur, el bachillerato humboldtiano, es impensable su modelo de universidad. Si la educación universitaria consiste en cuestionar críticamente los saberes, a la búsqueda de nuevos conocimientos, la labor de la secundaria ha de centrarse en adquirir y cimentar aquellos que se consideran fundados y sin cuyo dominio no cabría emprender luego la aventura del descubrimiento de lo nuevo. El éxito del modelo humboldtiano de universidad dependía en buena parte del nivel científico que trajesen los estudiantes universitarios de la enseñanza secundaria. El esplendor decimonónico de la universidad alemana, sobre todo después de proclamado el Imperio en 1871, se levanta sobre una enseñanza secundaria de excelente calidad. La reforma humboldtiana empezó por donde debía, mejorando la calidad del maestro de primaria y del profesor de secundaria, lo que explica en buena parte el éxito del modelo alemán de universidad.

Pero, claro, una enseñanza secundaria tan ambiciosa lleva consigo el que se prolongue en exceso, bastante más que en los países del entorno: en Alemania se acaba el bachillerato cumplidos los veinte y, si se cuenta el tiempo del servicio militar, se ingresa en la universidad a la edad que en España se termina la carrera. También hay que decirlo: a finales de siglo, el caudal de conocimientos con que contaba el español al acabar la carrera no era a menudo equiparable al que en lenguas clásicas o en las ciencias básicas poseía el bachiller alemán. El que Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) fuese catedrático de la universidad de Madrid a los 22 años, una edad en la que en la Alemania contemporánea se terminaba el bachillerato, no prestigia tanto al insigne polígrafo, como muestra el nivel ínfimo de la enseñanza superior en España. El problema con que hoy se enfrenta Alemania es que se ha mantenido el mismo retraso en la finalización de los estudios, donde incluso se observa una tendencia a alargarlos -el bachillerato sigue acabándose a los veinte cumplidos y la carrera cerca de los treinta; ya treitañal se hace el doctorado, cerca de los cuarenta la habilitación y es casi a los cincuenta cuando se consigue la cátedra— sin que ahora este retraso esté justificado por el nivel medio de los estudios, cada vez más bajo.

El alfa y el omega de modelo tan ambicioso de universidad es la calidad extraordinaria que se pide a los que han de formar parte de una comunidad universitaria concebida en los términos expuestos. El profesor ha de poseer una personalidad científica tan alta como para entusiasmar primero, y luego guiar a la juventud por la ardua senda de la búsqueda de nuevos conocimientos. A su vez, los estudiantes han de estar tan bien preparados y tan reciamente motivados como para poder decidir por sí mismos por un lado, la secuencia y, por otro, los temas monográficos de los que van a ocuparse en los estudios. Todo ello sin remitirse previamente a una visión general de la disciplina, cuyo valor es considerado bastante incierto, ya que los conocimientos admiten muy distintas construcciones y su mayor o menor utilidad está en función del interés cognoscitivo de cada uno. Lo decisivo es que de esta exageración en que obviamente consiste el modelo alemán de universidad se deriva un corolario que, no por trivial, resultá menos verdadero: el valor último de una universidad, lo que se entiende comúnmente como su excelencia, depende de la calidad intelectual y moral de sus componentes, profesores y alumnos. Algo tan sencillo como esto.

La cuestión de la calidad aparece así ligada a los dos temas centrales que ocupan a la universidad alemana. El primero y esencial se refiere a las formas de reclutamiento del profesorado y del alumnado. El segundo, en un régimen de universidad pública como ha sido y sigue siendo el alemán, está relacionado con la mayor o menor autonomía de que goce la universidad ante el Estado que la financia, autonomía de la que dependen estos procedimientos de selección. La cuestión principal de la selección de los miembros de la comunidad universitaria está supeditada al tipo de relaciones que se den entre la universidad y el Estado. Habrá que prestar atención a estas dos cuestiones básicas —cómo se selecciona la comunidad universitaria formada por el profesorado y elalumnado, y qué autonomía goza la universidad respecto a la institución que la financiaen cualquier modelo de universidad.

Nombramiento de profesores y control estatal

Impresiona el cuadro de profesores que en 1810 inaugura la Universidad de Berlín: Friedrich Schleiermacher (1768-1834), en Teología; Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), en Filosofía; Friedrich August Wolf (1759-1824), en Filología Clásica; Friedrich Karl von Savigny (17791861), en Derecho. El gran disgusto de Humboldt fue que no pudo traerse de Gotinga al matemático Cari Gauss (1777-1855). Igualmente impresionante es la lista de nombres ilustres que ejercieron la docencia a lo largo de los siglos XIX y XX. El valor de una universidad es el que tengan sus profesores. Es éste el principio rector de la universidad alemana y pienso que ha de serlo en cualquier concepción que se tenga de la institución. Se comprende que la universidad alemana tradicionalmente haya dedicado el mayor tiempo y energías a lo que, más que búsqueda, habría que llamar persecución del profesorado. De todas las cuestiones que atañen a la facultad, la decisiva, aquélla por la que se juega el prestigio y, como veremos, también los recursos, es la selección del profesorado: ésa es la cuestión clave. El ser o no ser de una universidad depende de la integridad moral y de la calidad científica del que es invitado a ocupar una

En el sistema alemán, la forma de reclutamiento del profesorado es la cooptación, calcada de la academia. Al quedar una vacante, la facultad, integrada exclusivamente por los profesores ordinarios, designa a una personalidad considerada relevante en la disciplina en cuestión. En cualquier caso, el posible candidato ha de encontrarse entre las personas formalmente calificadas para ocupar una cátedra; es decir, con el doctorado y la habilitación -segundo doctorado que, con el título de Privatdozent, aporta la venia legendi- a los que habrá que recurrir siempre y cuando no haya nadie disponible entre los colegas de otras universidades. La facultad propone a una persona que, al recibir el llamamiento (Ruf), abre negociaciones (Berufungsverhandlungen) sobre las condiciones que se le ofrecen y que deben ser sancionadas por el ministerio de Educación correspondiente (la educación es competencia de los Ländern). Si el candidato ya es ordinario en otra universidad, una vez cerrada la oferta, inicia con su propia universidad negociaciones para quedarse (Bleibeverhandlungen), con el fin de conseguir al menos las mismas condiciones que le ofrece la competencia.

Al no existir oposición o concurso, el que pretenda una cátedra, al igual que el que aspira a un sillón en una academia, no tiene otro remedio -por lo menos en teoría- que dedicarse por entero al cultivo de su disciplina, a la espera de que el prestigio que vaya acumulando se traduzca en llamamientos de universidades y academias. Una frase del historiador W. H. Riehl, en su autobiografía, refleja muy bien esta situación: «Nunca he pedido nada en mi vida, a no ser la mano de mi mujer». Cuanto más prestigio, más llamamientos, y cuantos más llamamientos, mayor fuerza de negociación. En una institución de excelencia, como es la universidad, no cabe concebir que, sin tomar en consideración obra realizada o prestigio alcanzado, se mida a todos los profesores por el mismo rasero. El que se haya eliminado de la universidad cualquier forma de competitividad no ayuda ciertamente a mejorar la calidad de la institución. Si la carrera universitaria culmina en la cátedra, con salario y condiciones de trabajo similares sea cual fuere la calificación o la ciencia que se cultive, ha de impulsarse a los mejores a buscar extramuros ámbitos más competitivos en los que incrementar ingresos y prestigio.

Importa caer en la cuenta —sea cual fuere la opinión que sobre la cooptación como forma de reclutamiento se tenga- de que la universidad alemana se ha hecho a través de un proceso de negociaciación individualizada entre el profesor y el Estado. Llegar a ser una personalidad de prestigio significaba —cada vez significa menos, pero de ningún modo es irrelevante- dinero para la biblioteca, el seminario, los laboratorios, puestos de ayundantes, personal no docente, incluso edificios, etc. La manera de obtener recursos del Estado pasa por la negociación con personalidades científicas relevantes. Si la universidad logra mejorar el profesorado, gana en prestigio y eso se traduce en atraer a más y mejores estudiantes y en disponer de más recursos.

El sistema estaba construido para que las universidades compitiesen entre sí en la búsqueda de un profesorado mejor cualificado. Esta rivalidad tomaba cuerpo en una lucha sin cuartel por ofrecer las mejores condiciones. Basar la institución en la reputación de unos pocos trajo consigo, por un lado, una mejora sustancial del nivel medio del profesorado, causa sin duda de la grandeza de la universidad alemana. Sin embargo, por otro lado, esto ha sido también la causa de su mayor miseria: la tiranía despótica que ha ejercido el profesor ordinario. Al provenir los recursos de una negociación en la que se ponen sobre la mesa los merecimientos de una persona, ésta tiende a considerarlos propios. De este modo se fortalece un poder tan omnímodo, que la libertad que pretendía el modelo alemán de universidad acaba pervirtiéndose en una forma de opresión para todos los subordinados. La libertad se esfuma, cuando se convierte en el privilegio de unos pocos. El principio de igualdad democrática que propugna «la unidad de la enseñanza y la investigación» degenera en una estructura reciamente jerárquica que llega incluso a reproducir los males de una sociedad estamental. El modelo humboldtiano parte del ideal revolucionario de una «comunidad de personas libres e iguales», es decir, de un orden democrático en el sentido fuerte en que había sido definido por Rousseau, para terminar sosteniendo uno feudal, basado en la desigualdad y el privilegio.

Pero no solo la negociación individualizada desemboca en la «universidad de los ordinarios», que restringe a un mínimo la libertad que se proclama constitutiva, sino que además pone de manifiesto los estrechos límites de la autonomía de la universidad, sometida a la injerencia estatal incluso en una cuestión tan fundamental como lo es la selección del personal docente. En teoría, la universidad es autónoma y proclama la libertad como su principio configurador, con lo que es libre para investigar y enseñar lo que quiera y libre también para gobernarse internamente. Sin embargo, depende por completo del Estado para financiar cada uno de sus acuerdos; es decir, necesita que el Estado apruebe las «decisiones autónomas» que vaya tomando. El gobierno de Prusia no asumió la propuesta de Humboldt de dotar a la Universidad de Berlín de bienes propios a la manera de las universidades medievales, único punto en el que, para garantizar una autonomía real, quería conectar Humboldt con el pasado.

El Estado decidía, y decide en última instancia, las dotaciones de las cátedras; desde el salario, hasta los puestos de trabajo que se le anexionan, las ayudas a la investigación, los presupuestos para bibliotecas y laboratorios. Incluso es el Estado el que nombra al profesor. La universidad solo tiene el derecho de propuesta, que ni siquiera el ministerio está obligado a respetar. Entre 1817yl901,un periodo de florecimiento del modelo humboldtiano, en las facultades de Teología, de un total de 311 nombramientos, el Estado nombró a 102 personas no propuestas por la universidad; en la facultad de Derecho se dieron 86 casos como éste, de 436 nombramientos; en la facultad de Medicina, 134 de 612. Hoy, el Estado no puede nombrar a nadie que no figure en la terna que propone la universidad, aunque puede cambiar el orden o rechazar la lista completa. Los estrechos controles que facultades y ministerios, perfectamente conjuntados, mantenían para apartar de la cátedra a personas no gratas desde el punto de vista político o étnico (por muy alto que hubiera sido su prestigio científico), queda patente en un hecho: hasta 1918 no fue nombrado profesor ordinario ningún judío ni ningún socialdemócrata. En la universidad de la antigua República Federal de Alemania tampoco tenía cabida la persona que manifestara claramente su simpatía por el comunismo. Y, desde luego, en la Alemania Oriental nadie ocupaba una cátedra sin haber mostrado previamente su adhesión al régimen. La mayor parte de los profesores tenía el carné del partido en el bolsillo.

El Estado alemán ha dejado siempre a la universidad una «libertad dentro de un orden», orden que él se encarga de definir. Lo más curioso es que, pese al entremetimiento del Estado en todos los aspectos de la vida universitaria, la institución es tan cabalmente estatalista -los profesores se sienten a gusto como funcionarios públicos— que apenas percibe que esta injerencia cuestiona, de hecho, la libertad que ha inscrito en su frontispicio. El estatalismo de la universidad alemana resulta inconcebible en países como Estados Unidos, que importaron el modelo alemán privatizándolo (allí la injerencia proviene de los grupos privados que la financian). Llama la atención en países como España, en los que también prevalece la universidad pública, aunque ésta goce de una mayor autonomía real a la hora de reclutar al profesorado.

Crisis del modelo humboldtiano

Al lector no le habrá pasado inadvertido que, para dar cuenta del modelo alemán de universidad, ha habido que hacer referencia continua a una noción de ciencia que posee connotaciones morales y sociales bastante sorprendentes. Y es que el concepto alemán de ciencia (Wissenschafi), sobre todo en la época en que se funda la Universidad de Berlín, cuando el idealismo alemán estaba en pleno apogeo, no coincide con el que ha terminado por prevalecer. Para entender el nuevo modelo de universidad, resulta fundamental enlazarlo con la noción de ciencia que ha desarrollado el idealismo alemán. Éste implica una concepción filosófica de la ciencia que coloca a la filosofía especulativa en el centro del hacer científico y, por tanto, de las tareas universitarias. En esta peculiar noción de ciencia, tan vinculada a la especulación, encaja la soledad del lobo estepario que había idealizado la universidad alemana como virtud propia del científico. Sin embargo, en la ciencia que se hace hoy —al menos en las ciencias experimentales—, el trabajo en soledad no puede competir con el que se realiza en equipo, equipo formado por personas que siguen de cerca las investigaciones de otros grupos de investigadores en otras partes del mundo. Aislarse en la propia soledad no suele producir los mejores resultados, a no ser, si acaso, en las disciplinas filosóficas y humanísticas. Ello implica una grave ruptura con el ideal humboldtiano de trabajo en soledad, que habría de caracterizar tanto al que enseña como al que aprende. Unicamente desde el prejucio de que para la ciencia solo sirve aquél que sea capaz de transformar la soledad en creación original cabe compartir la práctica de la universidad alemana de abandonar al estudiante a su propia suerte (no otra cosa implica la libertad que le otorga), experiencia que a todos resulta muy dura, pero en especial a los estudiantes extranjeros. Hoy cuesta mucho creer que esta práctica de lanzar a todos los estudiantes al agua para que se salven solo aquéllos capaces de aprender a nadar por sí mismos constituya el mejor método de enseñanza.

Además, la añorada «unidad de la enseñanza y la investigación» tal vez resultase practicable en los primeros estadios de una ciencia; hoy son tantos y tan precisos los saberes que hay que dominar antes de poder iniciarse en la investigación que, al menos en un largo trecho de la enseñanza universitaria, hay que mantenerlas separadas. En la universidad de nuestros días, la «unidad de la enseñanza y la investigación» persiste únicamente en el hecho de que al profesor le compete la enseñanza y la investigación. En este sentido, la investigación que realice de algún modo influirá sobre la enseñanza, pero siempre como dos actividades distintas que han dejado de realizarse -como quiso el modelo ideal- simultáneamente. El que el docente sea a la vez investigador es lo que singulariza a la universidad respecto a los demás centros de enseñanza superior, en los que el profesorado se dedica exclusivamente a la enseñanza, sin obligaciones ni tiempo para la investigación. Pero incluso en la universidad, enseñanza e investigación son en realidad dos actividades, no solo distintas, sino hasta en cierto modo opuestas, en cuanto que el docente vive cada vez más la enseñanza como una carga de la que pretende zafarse en favor de la investigación. Incluso en una universidad como la alemana, que precisamente ha establecido como rasgo definitorio el combinar la enseñanza con la investigación, en este último tiempo se ha llegado a plantear la posibilidad de diferenciar a los profesores dedicados más intensamente a la enseñanza de otros que se ocuparían más de la investigación. Esta propuesta, por el solo hecho de haber sido sugerida, indica ya en qué han quedado los viejos principios. A su vez, el Estado, para paliar la explosión de costes que lleva consigo la «masificación» de la universidad, no ha tenido el menor reparo en ampliar las horas lectivas, en detrimento de la investigación,.

El modelo alemán de universidad, no solo empezó muy pronto a tambalearse desde su interior por la noción idealista de ciencia que en él subyace, sino que también fue cuestionado —y en mucha mayor medida— por las tensiones que causó la preeminencia del ordinario. Como hemos insistido hasta la saciedad, el modelo humboldtiano se erigía sobre la figura del profesor como una personalidad extraordinaria, genio o héroe de la visión romántica, que poco tenía que ver con la realidad. En teoría, el modelo solo podía funcionar si contaba con un amplio plantel de personalidades extraordinarias. Aquí yace la contradicción que lo mina desde dentro: las grandes personalidades son, por principio, escasísimas, ya que el prestigio está en relación inversa al número; la notoriedad se difumina cuando alcanza a muchos. Por esta razón tuvieron lugar dos desviaciones, en cierto modo inevitables, que fueron socavando el nuevo modelo de universidad.

Por un lado, las demandas de la enseñanza exigieron crear muchas más plazas de enseñantes de las que podía llenar la oferta de «grandes personalidades». Así, los profesores terminaron siendo una minoría en un cuerpo docente en el que numéricamente predominaban las posiciones intermedias: profesores extraordinarios, docentes privados, ayudantes. La lucha sorda entre estos grupos intermedios y la élite de los ordinarios, que monopolizaban el poder, fue paralizando de manera creciente la vida de la institución. El modelo humboldtiano degeneró en la «universidad de los ordinarios», una estructura semifeudal en la que una exigua aristocracia de profesores gobernaba a su antojo. El modelo alemán, desde mediados del siglo XIX hasta su desaparición a comienzos de los años setenta, se había distinguido por la pelea enconada, aunque sutilmente encubierta, entre el poder indiscutible de los ordinarios y el resto del personal docente. La libertad que propugnba este modelo existía solo para el ordinario, mientras que los demás estamentos estaban supeditados a una voluntad ajena. A medida que se deslinda la enseñanza de la investigación, el ordinario reclama la mayor parte de su tiempo para su actividad investigadora -que es con la que se obtiene el prestigio- y deja la enseñanza en manos de los cuadros medios (Mittelbau) que, obligados a cualificarse para ascender en el escalafón, son los únicos que a la fuerza han de combinar simultáneamente ambas actividades.

Por otro lado, se produjo un quid pro quo, por el que cualquiera que recibiera un llamamiento para ocupar una cátedra era considerado una «personalidad extraordinaria», asumiendo a menudo los tics, los usos y abusos que se atribuían a este tipo de personalidad; sobre todo, la egolatría y el afán de poder que ha marcado a los mandarines universitarios alemanes. Es cierto que la universidad alemana ha dado personalidades egregias —se acudía a una universidad para escuchar a un profesor determinado—, pero la mayor parte del profesorado, como no podía ser de otro modo, se quedaba más bien en mero remedo, cuando no en la caricatura del «gran hombre». Llevan toda la razón sus críticos: el abismo que separa pretensión y realidad en el modelo alemán de universidad ha sido siempre su rasgo más llamativo.

Algo parecido ocurre con el estudiantado, cuya supuesta excelencia se revela mero privilegio social. Durante siglos, la universidad se había limitado a educar a la burguesía ascendente, manteniendo sus puertas cerradas a las clases sociales más bajas. El estudiar en la universidad representaba un privilegio que remachaba el otro de haber nacido en una clase determinada. La restricción clasista comienza ya en el gimnasio humanístico, puerta exclusiva de acceso a la universidad, pero es una traba cada vez más difícil de mantener, al evidenciarse la importancia creciente de las instituciones de enseñanza superior. El traslado del poder social de la propiedad al saber, pese a ser un proceso todavía en sus comienzos, marca con nitidez a nuestras sociedades posindustriales. En un mundo en el que la influencia de la ciencia sobre la sociedad y de la sociedad sobre la ciencia está aumentando vertiginosamente, el acceso a la enseñanza es una cuestión cada vez más decisiva, pero también más complicada, pues si resulta evidente el poder social que aporta el saber, tampoco puede dejar de observarse que éste por fuerza ha de ser minoritario: el saber de excelencia es calidad de muy pocos.

El saber necesita de la igualdad de derechos para desarrollarse. En este sentido es plenamente democrático, pero crea sin cesar, al ser muy distintos los resultados que cada cual logra en este ámbito, diferencias y jerarquías. La misma atención que en el pasado se prestó a la selección del profesorado, habrá que dedicar en un futuro inmediato a la del alumnado: una universidad abierta a todos, por hermosa que esta visión a primera vista parezca, le impide cumplir su función de excelencia. Sin embargo, restrigir el ingreso a la universidad -y no cabe otra solución si se quiere mantener la calidad- en ningún caso debiera implicar la vuelta a la universidad de clase. Es preciso superar el dilema fatal de «la universidad para todos» o «la universidad elitista de clase». Ahora bien, privar del privilegio de la educación universitaria a los hijos de las clases más ricas y poderosas para ofrecerlo a los que den prueba de una mayor inteligencia y aplicación, sea cual fuere su origen social, no parece realizable, al menos mientras estas clases no hayan perdido su poder. Pero tampoco resultará fácil, mientras el electorado tenga algo que decir, dificultar con nuevas exigencias el ingreso a la universidad de las clases populares. Si la selección del profesorado se enfrenta a problemas graves —en el fondo no cabe más que la cooptación, y ésta reproduce la grandeza o miseria de la situación de que se parta-, la del estudiantado choca con aporías que parecen infranqueables.

Los logros del modelo de universidad alemán en el desarrollo de las ciencias, así como los intereses de clase y la natural inercia de los poderes establecidos explican su larga permanencia, tanto más sorprendente por haber resistido la demolición del nacionalismo, que había sido durante el siglo XIX y primera mitad del XX uno de sus principales componentes. Al colocarse en un primer plano la potencia que el saber proporciona a la nación -para el joven Max Weber, «la grandeza de la nación» es todavía el valor último desde el que enjuiciar la ciencia y la política—, el «amor a la ciencia» se revela una forma más del «amor a la patria», de modo que nacionalismo, ciencia y universidad se entremezclan y refuerzan entre sí: se alude a la «ciencia alemana» como prueba de la superioridad de la nación alemana; es más, incluso de la raza aria. La universidad alemana albergó en su seno un nacionalismo exacerbado, liberal y progresista hasta la fracasada revolución de 1848. Este nacionalismo fue depués cada vez más reaccionario, a menudo incluso mezclado con un antisemitismo visceral; ello explica el entusiasmo con que la universidad, con muy pocas salvedades, se sumó a «la revolución nacionalsocialista». El caso de Martin Heidegger no es la excepción, sino tan solo el más representativo. El entusiasmo de la universidad alemana por el nazismo es sin duda un dato histórico que, sea cual fuere nuestra admiración por los frutos que ha dado, no puede ser echado en saco roto, lo que obliga a enjuiciarla con un ojo muy crítico.

Una universidad que se había implicado hasta sus últimas consecuencias con el nazismo sobrevivió incólume, en lo que al modelo y a su gente se refiere, a la derrota de 1945. En pocos meses, profesores y alumnos reanudaron las clases en edificios en ruinas y con todos los vientos en contra, sin modificar lo más mínimo el modelo de universidad. La hazaña impresiona, a la vez que pone de relieve la continuidad que supuso la restauración en la Alemania occidental del modelo humboldtiano -otro fue el destino de la universidad en la parte controlada por los rusos-, que se mantuvo sin la menor concesión hasta comienzos de los setenta.

En el semestre de invierno de 1886/87, la Universidad de Berlín tenía 5.242 estudiantes. La facultad de Teología contaba con 8 ordinarios y 785 estudiantes; la de Derecho, con 10 ordinarios y la de Medicina, con 15 ordinarios y unos 1.200 estudiantes. La facultad de Filosofía, la mayor, tenía unos 2.000 estudiantes y 39 ordinarios. Para los 72 profesores ordinarios había 79 extraordinarios y 122 docentes privados, es decir, 201 docentes de segunda clase. Hoy, en Berlín, hay tres universidades con cerca de 100.000 estudiantes y varios miles de profesores. El-factor que ha terminado por hacer inviable el modelo humboldtiano de universidad ha sido su vertiginosa expansión en los años sesenta y setenta. Se ha designado con el concepto negativo de «masificación de la universidad» a uno de los mayores logros del Estado de bienestar: la universalización de la enseñanza, pública y gratuita, desde el jardín de infancia a la universidad. Y, en efecto, visto desde la antigua universidad clasista, el acceso a la universidad de los sectores populares semeja una marea negra que irrumpe en las aulas universitarias, destruyendo su antiguo esplendor.

La «masificación de la universidad», al presionar sobre la tensión creciente entre ordinarios y demás grupos docentes, termina por hacer estallar el modelo humboldtiano de universidad, tan elitista y aristocrático, que había sido concebido para una minoría exigua de estudiantes superdotados que llegarían con preparación suficiente para compartir las investigaciones de sus maestros. El seminario, instrumento didáctico que vincula la enseñanza con la investigación, estaba pensado para grupos pequeños que no sobrepasasen en ningún caso las 20 personas, siempre desde el supuesto de que solo dos o tres estudiantes podrían intervenir activamente. Los demás alumnos asumirían el papel de espectadores durante un tiempo más o menos largo,. El estudiante que pasa de observador pasivo a cuestionador activo demuestra que ha alcanzado la madurez necesaria para abandonar la universidad y lanzarse a trabajar por su cuenta.

Un futuro poco atrayente

Es cierto que ninguno de los modelos conocidos de universidad tolera la masificación estudiantil sin sufrir profundas modificaciones patológicas, pero este hecho en el modelo alemán resultó letal. Su sentencia de muerte se firmó cuando en Bad Honnef, un balneario cercano a Bonn, se acordó en 1955 un plan general de becas que, con muchas modificaciones, ha durado hasta hoy. La ulterior política socialdemócrata de ofrecer enseñanza gratuita desde el jardín de la infancia hasta la universidad —la universidad alemana ha dejado de ser gratuita hace muy poco tiempo, aunque todavía ahora el costo de las matrículas tiene un valor simbólico— produjo un proceso de democratización tan saludable, que no lo aguantó la universidad establecida. Esta democratización era totalmente incompatible con las nuevas exigencias de una «universidad masificada», en un doble sentido: para empezar, sus aulas y seminarios no podían albergar físicamente a tamaña muchedumbre; pero más grave resultaba el hecho de que una gran parte de los estudiantes que ahora acudían a sus aulas era una «masa» informe que no contaba con la preparación que exigía el modelo. Cuando los estudiantes -en vez de someterse, buscando alguna forma de acomodo- se rebelaron en nombre de un socialismo utópico, los viejos ordinarios no pudieron dar crédito a sus ojos, incapaces no ya de reaccionar inteligentemente, sino de comprender siquiera lo que ocurría. El Estado que, como hemos visto, nunca había cedido el control sobre la universidad, no esperó a que intervinieran las instituciones universitarias sedicentemente autónomas -desde ellas solo se oían las voces extremas de los que querían cambiarlo todo y las de quienes no querían cambiar nada— para legislar un nuevo modelo, la llamada «universidad de grupo». Este nuevo modelo, por lo pronto, acababa de un plumazo con el poder de los ordinarios, un grupo ya residual, que comprendía tan poco el ardor revolucionario de los estudiantes como la decisión de los órganos estatales de apoyar las peticiones, bastante más razonables, del grupo docente de los no-ordinarios.

La reforma de comienzos de los setenta significó el fin de la «universidad de los ordinarios», pero ¿lo fue también de todo el modelo humboldtiano? El ordinario desapareció, como concepto y como función, y con él la facultad como órgano integrado exlusivamente por este grupo. La universidad se subdivide ahora en departamentos. Algunos, como los de Derecho, Medicina o Economía sustituyen a las viejas facultades. La mayoría, sin embargo, proviene de la desmembración de las facultades de Filosofía y de ciencias, pero lo novedoso y decisivo no es el nuevo reparto de las disciplinas, sino que el poder se haya trasladado al «consejo directivo» de los departamentos, formado por el grupo de los profesores (al fin igualados en poder y funciones, permaneciendo solo las diferencias de sueldo); el grupo que representa al Mittelbau, personal docente todavía calificándose, la mayor parte sin un puesto fijo; el grupo de los estudiantes y el grupo de los empleados y trabajadores sin funciones docentes. El grupo de los profesores posee la mitad de los votos; la otra mitad se reparte entre los otros tres grupos. En cuestiones exclusivamente académicas el cuarto grupo no tiene voz ni voto. Un principio fundamental de la «universidad de grupo» es que no puede haber una sola persona a la cabeza de un departamento o un instituto (antes, el ordinario tenía la dirección permanente de su instituto), sino que esta responsabilidad ha de recaer siempre sobre un «consejo directivo», formado por los distintos grupos. Y ello aunque luego el consejo elija a un decano como representante del departamento o a un director del instituto como su representante. En ambos casos el elegido ha de pertenecer al grupo de los profesores.

De la estructura feudal de la «universidad de los ordinarios» hemos pasado a una burguesa más democrática, aunque no tanto como reclamaban los estudiantes, pues el grupo más pequeño, el de los profesores, dispone de la mitad de los votos. La otra mitad se lo reparten grupos mucho más numerosos, como el de los estudiantes. La experiencia de 25 años de «universidad de grupo» empuja a preguntarse si el tipo de universidad que se define por el afán de buscar nuevos conocimientos resulta compatible con la división de poderes establecida, incluso con una democratización plena. Si en la eliminación de tensiones y conflictos internos los beneficios han sido altos, también lo han sido los costos que ha habido que pagar en lo que concierne al deterioro de la enseñanza (cuando el 70% de los estudiantes combinan trabajo con estudio, la universidad, a falta de verdaderos estudiantes, se convierte en otra cosa). El estropicio es bastante menor en la investigación, por estar cada vez menos ligada a la docencia y afrontar incluso la peligrosa tendencia a huir de la universidad.

Para comprender lo ocurrido en la universidad alemana, es básico tomar en cuenta que el nuevo modelo que surge en los setenta, la llamada «universidad de grupo», supone un cambio fundamental en la estructura de poder y en la organización interna. Sin embargo, estas modificaciones (aun siendo de gran calado) no han puesto en cuestión, por lo menos directamente, los dos principios que habían configurado el modelo humboldtiano de universidad: por un lado, la «unidad de la enseñanza y de la investigación», dos actividades diferenciadas cuya relación es cada vez más problemática. Por otro lado, la «doble libertad»: la de enseñar, que nadie discute, y la de aprender, que cada vez tiene menos adeptos, sobre todo entre el alumnado. No resulta fácil, en todo caso, hacer compatibles ambos principios con la «universidad de grupo», que es lo mismo que decir la «masificación». En un momento como el actual en el que el Estado está a punto de la quiebra financiera por su empeño en un rápido desmontaje del «Estado de bienestar», se percibe una tendencia a conseguir, por lo pronto, una reducción drástica del número de estudiantes. Esta reducción se logra elevando el precio de la matrícula y reduciendo, al hacer más estrictos los requisitos para obtenerlas, el número de becas. A la vez se pretende suprimir buena parte de lo que desde fuera se consideran privilegios de los profesores, empezando por aumentar las horas de docencia, a costa de la investigación. Las universidades alemanas se están acoplando a gran velocidad a la tendencia general de convertirse en meros centros de preparación profesional, conviertiéndose justamente en aquel modelo contra el que reaccionaron en su día y abandonando, de hecho, la aspiración que muchos consideraron utópica, pero que constituye el meollo mismo del modelo humboldtiano de universidad: no enseñar los métodos ni los resultados de la ciencia, sino enseñar a hacer ciencia. La institución que enseñe a hacer ciencia —en algún sitio habrá que hacerse— será la verdadera universidad del futuro, aunque lleve otro nombre y esta denominación se deje para designar lo que fue desde sus comienzos una institución de enseñanza superior en la que se prepara a la juventud para ejercer una profesión.

A propósito de la representación en democracia

Al tener su origen el concepto de representación en el derecho privado, las primeras democracias se fundaron sobre la noción de mandato imperativo. Esto puede resultar hoy una paradoja que se explica por el hecho de que los Parlamentos modernos, a diferencia de sus homólogos medievales, no deben únicamente representar al pueblo, sino también gobernarlo. Un representante no habla solo en nombre de sus electores, sino también en nombre del Estado; de ahí la tantas veces mencionada «crisis de la representación «, cuya salida debe ser buscada en la calidad de los representantes y no tanto en las estructuras de la representación.

El significado radical de «representación» es estar presente por otra persona en la prosecución de sus intereses. Las dos características definitorias de la noción son, pues: a) una sustitución en la que alguien habla y actúa por otro; y b) sujeto a la condición de que el representante efectivamente actúe en pos del interés de aquéllos a quienes representa. Está claro que lo anterior se aplica al significado legal y/o político de representación. Existe, además, un significado sociológico (o existencial) del término, que no cabe preterir como si significara algo distinto. Cuando se dice que alguien o algo «es representativo de», lo vehiculado es una idea de semejanza, similaridad o parecido, de compartir unas características. Sobre este significado se basan tanto la pretensión de que un Parlamento «refleje» al país como, a la inversa, la queja de que éste carezca de «representatividad». La representatividad también es el criterio de referencia que permite estimar si se da sobre-representación o sub-representación. Votar por «alguien como yo» (un obrero que represente a los obreros, un negro a los negros, etcétera) constituye también el fundamento del voto de clase, del étnico, del religioso y, en general, del voto en bloque. En consecuencia, si bien la representación y la representatividad remiten a asuntos diferentes y son conceptos diferentes, la comprensión de la política representativa requiere atender a ambos.

Representación legal y representación política

Otra distinción importante es la que existe entre la representación legal (derecho privado) y la política (derecho público). La representación se concibió y desarrolló en el contexto del derecho privado como una relación de «uno a uno» (o de «unos pocos a uno») entre un cliente (o varios sujetos concretos) y un agente, nombrado y dirigido éste en gran medida por el cliente (como principal o dominus de la relación).

Dado que las consecuencias de la acción del representante recaen sobre el principal, que aquél se atenga a las instrucciones de éste parece un elemento crucial de la relación representativa. Si este elemento se destaca sobre cualquier otro, estamos entonces ante una teoría «mandataria» de la representación. En el derecho privado se asume comúnmente que los representantes son siempre, bien que en diferentes grados, delegados vinculados por las instrucciones (mandatos) recibidas de su dominus.

Pero no siempre es éste el caso, ni siquiera en el ámbito del derecho privado. Ahí están los abogados. ¿Hasta qué punto deben éstos obedecer a sus clientes? Ciertamente, si el cliente dice que no a lo que el abogado propone, no hay más que discutir. El caso es que a un abogado se le pide que busque el interés de su cliente en función de su propio juicio y competencia. Describir a un abogado como mandatario sería en extremo inexacto. De hecho, el cliente espera de su abogado que actúe «responsablemente», esto es, que contribuya al resultado con su «responsabilidad independiente». Por tanto, aunque la teoría de la representación en el derecho privado en gran medida descansa sobre la existencia de instrucciones vinculantes, no cabe identificarla ni reducirla sin más a una teoría de representación bajo mandato. Lo que no significa que pueda quedar completamente desconectada de ella, puesto que el principal puede siempre y en cualquier momento despedir a su representante.

En el derecho público, por el contrario, desaparecen ambos elementos, las instrucciones que vinculan y la revocabilidad inmediata. Es un principio consolidado de la teoría de la representación política que los representantes no pueden quedar sometidos a «mandatos imperativos» ni ser destituidos hasta que expire el periodo de ejercicio para el que fueron elegidos. Otra diferencia importante, que lo es de hecho, es que la representación política inevitablemente consiste en una relación de muchos-a-uno, en la que los «muchos» ascienden, por lo general, a decenas de miles (e incluso cientos de miles). La misma noción de dominus queda en entredicho ante la fuerza y magnitud de los números.

Condiciones de la representación política

La cuestión es: ¿cabe auténtica representación bajo tales condiciones? La mayoría de los juristas responde que no, y que por eso la representación sólo puede existir en el dominio del derecho privado (1). A esto cabría replicar que, no obstante ser la representación política apenas pálida versión del original, subsisten aún suficientes analogías. Aunque en el ámbito de la política el representante no tenga unos principales concretos y fácilmente identificables, la «representación mediante elección» implica a) sensibilidad (los miembros del parlamento reaccionan ante las demandas de sus electorados y se someten a ellas), b) responsabilidad (también tienen que responder, aunque vagamente, de sus actuaciones), y c) destitutibilidad (si bien solo en momentos precisos, esto es, cuando sufren un castigo electoral).

No quisiera entrar en los detalles de este debat (2) las analogías son lo suficientemente robustas como para argumentar que la representación política no es una impostura, y que el concepto resulta significativo también en el contexto del derecho constitucional. El asunto crucial consiste, sin embargo, en determinar si la prohibición de mandatos o instrucciones imperativas es una condición sine qua non para la representación moderna y, por consiguiente, para un gobierno representativo.

El rechazo a la teoría de representación bajo mandato (que fue la medieval) queda bellamente expresado en el conocido Discurso al Electorado de Bristol, que Edmund Burke pronunció en 1774:

Expresar una opinión es un derecho de todo hombre; la de los electores es una opinión respetable y de peso, que un representante debe siempre alegrarse de escuchar, y que debería considerar siempre muy en serio. Pero las instrucciones autoritarias, la emisión de mandatos que el miembro del Parlamento haya de obedecer ciega e implícitamente, y por ellos votar y argumentar, por muy contrarios que sean a sus más claras convicciones intelectuales y a su conciencia… Eso son cosas completamente desconocidas a las leyes de esta tierra, que nacen de una equivocación fundamental sobre todo el orden y tenor de nuestra Constitución. El Parlamento no es un congreso de embajadores que representen intereses diferentes y hostiles que deban siempre mantener, como si se tratara de agentes y abogados, contra otros agentes y abogados, sino que el Parlamento es una asamblea deliberativa de una nación, con un único interés, el del todo, y en el que los intereses o prejuicios locales no deberían ser la guía, sino el bien general, que resulta de la razón general del todo. Tú eliges un miembro, es cierto; pero una vez que lo has elegido ya no es un miembro de Bristol, sino un miembro del Parlamento.

Es fácil, muy fácil, desestimar la visión de Burke por conservadora o reaccionaria. ¿Acaso no fue Burke el gran enemigo de la Revolución Francesa? Para desgracia de los maitres á non penser que resuelven sus asuntos en función de epítetos o etiquetas, en este caso cabe también tacharles de ignorantes, porque los revolucionarios franceses sostenían exactamente la misma opinión, a saber, que los mandatos eran inadmisibles. En la Constitución francesa de 1791 se lee: «Los representantes nominados en los departamentos (distritos) no serán representantes de un departamento particular, sino de la Nación entera, y no podrán recibir mandatos» (sección ra, art. 7). Hay dos sutilezas dignas de mención en este texto. La primera, que dice que los representantes son nominados en sus distritos precisamente para evitar decir que son nominados por sus electores; y, la segunda, que la entidad soberana es aquí la Nación, no el pueblo(3) que, si fuera el pueblo el declarado soberano existirían entonces dos voluntades, la del pueblo y la de sus representantes; pero si es la Nación la soberana (artículo 3 de la Declaración de Derechos de 1789), entonces hay, en concreto, una única voluntad: porque la voluntad de la Nación es una y la misma que la de los delegados autorizados a hablar y actuar en su nombre (4).

Representación medieval y moderna

A decir verdad, los redactores de la Constitución francesa de 1789-1795 pueden ser acusados de anti-democráticos (5) . Pero los problemas no se resuelven simplemente destapando siniestros intereses que se sirven a sí mismos. Por eso comparto la ponderada opinión de Burdeau de que «los escritores revolucionarios entendieron la representación no solo como el acto que crea la legitimidad de los gobernantes, sino también como el instrumento que permite unificar la voluntad nacional… Educados en el culto a la razón, convencidos de las virtudes de la Ilustración, solo podían reconocer como voluntad soberana la voluntad mediada, reflexiva y unificada; la misma voluntad de la que la asamblea de representantes era instrumento (l’organe)»(6).

Sea como fuere, los gobiernos representativos modernos, en consonancia con las sendas trazadas por el inglés y el francés, se construyeron sobre la premisa de que los representantes no eran, ni debían ser, delegados vinculados a instrucciones imperativas. De hecho, la expresión «voluntad nacional» y la frase que dice «cada miembro del Parlamento representa a la Nación y ejerce sus funciones sin estar sujeto a mandatos» son fórmulas bastante comunes que aparecen en prácticamente todas las Constituciones europeas de los siglos XIX y XX (7). ¿Por qué? La respuesta inmediata es que el Estado representativo no puede ser construido, y desde luego no puede funcionar, sobre la base de la teoría medieval de la representación, esto es, mientras se siga concibiendo la representación en los términos «mandatarios» del derecho privado.

Los parlamentos medievales (el término «parlamento» es inapropiado para Francia, ya que el Parlement de París ejercía una especie de supervisión judicial y nunca fue precursor de nuestros parlamentos) no tenían parte en el Estado (otro término que empleo ahora en sentido lato). Eran cámaras externas sin voz ni voto en el ejercicio del poder. Tampoco eran los parlamentos medievales cámaras electas: su naturaleza representativa procedía de la estructura corporativa de la sociedad medieval. ¿Qué les confirió, entonces, el poder que gradual. mente acabaron adquiriendo? Como ahora se dice, «¡la economía, estúpido!». Los reyes necesitaban dinero para sus ejércitos (y para permanecer en el poder), y por eso reunían de modo ocasional a los «Estados» para recabar su ayuda en la extracción de recursos. Y los parlamentos pre-modernos gradualmente descubrieron que podían negociar el traspaso de tales recursos a cambio de concesiones. El punto de inflexión en este desarrollo lento y discontinuo se sitúa en Inglaterra, en la afirmación del principio «El Rey en el Parlamento», en torno al cambio de siglo, entre el XVII y el XVIII. El poder ejecutivo, sobre este principio, aún seguía siendo prerrogativa real, pero los impuestos debían ser aprobados en el parlamento y las leyes sólo podían ser promulgadas con consentimiento de Lores y Comunes. La fórmula reza que una ley es promulgada «con el asesoramiento y consentimiento del Rey, los Lores y los Comunes en el presente Parlamento reunido en asamblea, y por la autoridad del mismo».(8)

El Estado deja de ser el Rey en solitario para pasar a ser el Rey en el Parlamento, lo que implica que el parlamento entra a formar parte del Estado. En la misma medida en que cruzan el puente entre la sociedad y el Estado, entre transmitir demandas (desde fuera) y procesar demandas (desde dentro), los parlamentos asumen una nueva función. Aún hablan en nombre del pueblo, pero también han de hablar en nombre del Estado; representan al pueblo, pero también deben gobernar sobre el pueblo. El meollo del asunto consiste en que los representantes no pueden asumir su función de adopción de decisiones a menos que dejen de ser delegados. A la inversa, cuanto más se sometan a las demandas de sus electores, más queda su ejercicio de gobierno empañado por la prevalencia de los intereses localistas de sus electorados sobre los intereses generales. La respuesta a la pregunta de si la prohibición de los mandatos es una condición necesaria y de hecho constitutiva de la democracia representativa es, pues, definitivamente positiva.

¿Crisis de la representación?

Volvamos a la cuestión: ¿en qué falla la representación actual? ¿Cuáles son sus insuficiencias y fallos y, por tanto, los posibles remedios? La advertencia pertinente, como sentenció Bruno Leoni, es que «mientras más numeroso sea el pueblo que uno intente representar mediante el proceso legislativo, y más numerosos los asuntos en los que intente representarlo, menor será el significado del término «representación» que quepa referir a la voluntad del pueblo concreto…»(9).

Sí, pero ¿qué cabe hacer al respecto? La sugerencia de Leoni es que «debería haber una drástica reducción en el número de los «representados» o en el número de asuntos en los que se supone son representados, o en ambos a la vez» (Ibidem). Nada que objetar. Pero no veo cómo lograr esa primera reducción drástica. La segunda requiere retornar a un «Estado pequeño», y aunque probablemente ayudara una disminución en la carga de la representación, la desregulación pronto sería seguida -sospecho- por la necesidad de nuevas regulaciones, por lo que tampoco cabe esperar en ese punto mayor progreso.

En lugar de abordar el problema desde el extremo de los representados (la voluntad concreta del pueblo concreto), ¿por qué no hacerlo desde el de los representantes? Hemos visto cómo, incluso en el derecho privado, el interés del cliente se sirve mejor mediante un buen abogado, es decir, mediante la competencia, habilidad e independiente responsabilidad de quien le representa. Ocurre lo mismo, por la misma razón, y con más motivo incluso,»en el caso de la representación política. La cuestión, por tanto, es sobre la cualidad del representante.

Burke retrató estupendamente al mal dirigente popular. Permítaseme citarle una vez más, esta vez en un pasaje menos conocido:

Cuando los dirigentes eligen convertirse en postores en la subasta de la popularidad, sus talentos dejan de servir a la construcción del Estado. Se transmutan de legisladores en aduladores, de guías del pueblo en instrumentos suyos. Si alguno de ellos casualmente propusiera un sistema en el que la libertad quedara prudentemente limitada, y la definiera con las oportunas precisiones, se vería inmediatamente superado por sus competidores, que sacarían a la palestra algo más espléndidamente popular. Surgirían sospechas sobre su fidelidad a la causa. Se estigmatizaría la moderación como virtud de cobardes y el compromiso como prudencia de traidores. Hasta que, con la esperanza de recuperar un crédito que le permita entrometerse y moderar en algunas ocasiones, el dirigente popular se verá obligado a la activa propagación de doctrinas y al establecimiento de poderes, que más adelante echarán por tierra cualquier propósito moderado que en último término pudiera abrigar (10).

La cualidad del representante elegido fue también la principiai preocupación de John Stuart Mili. Mili argumentó que la competición electoral reprimiría las cualidades directivas. Tampoco es que esperara mucho de ellas. En realidad, Mili confiaba poco en el juicio del electorado o de sus elegidos. Pero ya que por un extraño giro de daltonismo Mili ha sido convertido en destacado anti-elitista (por Dunkan y Lukes, Carol Pateman y gran parte de la Nueva Izquierda), déjeseme explotar sus credenciales.

Mili sostuvo que «no es útil, sino peijudicial, que la Constitución… declare que la ignorancia tiene derecho al mismo poder político que el conocimiento». Su preocupación central fue «el peligro de un bajo grado de inteligencia en el cuerpo representativo y en la opinión popular que lo controla».(11) En el gobierno, Mili abogó por un voto plural para los más cualificados y educados y trazó una «radical distinción» entre «controlar el ejercicio del gobierno» y «efectivamente ejercerlo». En su opinión, los beneficios parejos del control popular y la eficiencia solo podían lograrse mediante el reconocimiento de que cada cual descansaba sobre una base diferente:

No hay modo de combinar estos beneficios, a no ser separando las funciones que garantizan uno de las que garantizan el otro. Disociando la instancia de control y crítica de la efectiva dirección de los asuntos de gobierno. Haciendo corresponder la primera a los representantes de los muchos y reservando la segunda, bajo estricta responsabilidad ante la nación, al conocimiento adquirido y experta inteligencia de unos pocos con especial formación y experiencia (12).

¿Estamos descontentos con el modo en que actualmente funcionan las instituciones representativas? Mili seguramente tenía una receta para lo que llamamos la crisis de la representación. En la Constitución que pergeñaba, el parlamento nombraría los miembros del ejecutivo, proporcionaría el foro para la articulación de las demandas y su discusión y estamparía el sello de aprobación final. Lo que no debería hacer, empero, es involucrarse en el diseño y administración concreta de . Para asegurarse de que se garantizaba la pericia la legislación. Mili llegó a recomendar, incluso, que el parlamento tuviera únicamente derecho de veto sobre la legislación. Sin embargo, nunca he oído que la literatura al uso le cite sobre este particular. ¿Por qué? Permítaseme, antes de abordar esta cuestión, exponer mis propias reflexiones sobre la parte electoral (que no la constitucional) de las recomendaciones de Mili. Si bien no creía que unos «buenos representantes» pudieran resolver por sí solos los problemas del gobierno representativo, Mili indagó en busca de elecciones que realmente tuvieran «valor selectivo» (en el sentido cualitativo de la expresión). Algo a lo que hemos renunciado del todo, ya que hoy discutimos los sistemas electorales únicamente en términos de «representación exacta», de si los votos se traducen de modo justo y equitativo en asientos. La noción de representación que subyace a esta discusión es, como sabemos, la de «representatividad», noción que no guarda relación alguna con cómo convertir en «selectivo» -con el objeto de que promueva una buena representación- el proceso de crear un gobierno representativo. Se trata de una omisión alarmante.

Durante la Edad Media, y aun después, el supuesto fue siempre que la major pars, los muchos, elegirían (y así seleccionarían) una melior pars, a la parte mejor, o (como dijo Marsilio de Padua) una valen tior pars, a los más válidos y capaces. El Antiguo Régimen se hundió porque dejó de admitirse un orden social basado en privilegios heredados. Nuestro mundo liberal-democrático nació de la reivindicación del principio según el cual el gobierno por derechos de herencia o fuerza había de ser remplazado por el del mérito. En el nacimiento mismo de nuestras democracias, pues, también se concibieron las elecciones como instrumentos cuantitativos diseñados para realizar selecciones cualitativas. Con el paso del tiempo, sin embargo, el gobierno de la mayoría se ha convertido en un «gobierno de la cantidad», bajo la máxima de conseguir tantos votos como se pueda y del modo que sea. Si en su momento las elecciones tuvieron por objeto seleccionar, hoy se han convertido en un modo de «mal-seleccionar», sustituyendo la «dirección valiosa» por un liderazgo indigno. Cabe argüir, cierto, que se trata de un desarrollo inevitable. Pero, incluso en ese caso, se supone que las cuestiones de valor no se deben someter a supuestas inevitabilidades, y que de hecho surgen para contrarrestar la fuerza misma de los hechos. Sin embargo, quizá fuera Ernest Barker el último gran autor en insistir, en 1942, en que «no podemos abandonar la idea de valor; no podemos entronizar a la mayoría simplemente por ser… superior en cantidad. Hemos de encontrar algún modo de ligar valor y cantidad»(13).

Conclusión: un error y una tesis

A decir verdad, que las elecciones «seleccionen» es una demanda normativa. Pero también la representación es, en último término, un constructo con base normativa. En expresión de Friedrich, que una persona sustituya a otra en su interés es -debe ser- un «pseudo-concepto». Mi tesis es que concebir la representación como una transmisión de poder basada en la elección convierte al «pseudo-concepto» normativo en elemento crucial. Permítaseme abundar en este punto citándome a mí mismo:

Lo sorprendente es que hayamos creado una democracia representativa (realizando un cuasi-milagro que hasta Rousseau declaró imposible) sin el sustento del valor… La cuestión no es solo si la democracia representativa funcionará a largo plazo… sin la presión que ejerce el valor… sino, yendo más allá, cómo puede seguir funcionando ante una presión del valor que cada vez devalúa más la dimensión vertical (de la política). Esta devaluación se manifiesta con patencia en el estado actual de nuestro vocabulario. El conjunto de palabras con que nos referimos habitualmente a la dimensión vertical es «elección», «elite» y «selección». Palabras, todas ellas, concebidas como cribas valorativas. Elección ha connotado durante quince siglos discriminación cualitativa… Elite procede de la misma raíz, y fue acuñada -cuando «aristocracia» perdió su significado original para simplemente denotar un estado- precisamente para connotar «los mejores», los aristoi… Selección se originó, en cambio, a partir de seligere, para gradualmente unirse a eligere… en transmitir un significado idéntico: elegir en función de la excelencia o adecuación. Todas estas connotaciones, en el lenguaje actual de la política, o bien se han perdido o bien han sido atacadas. La elección se reduce a un único significado: el mero acto de votar. Selección significa poco más que una preferencia, cuando no se degrada como «discriminación»… Finalmente, elite se transforma primero en expresión neutra para después pasar, con los anti-elitistas, a calificativo de mofa (14).

¿En qué situación nos dejan estas premisas? Déjenme que continúe:

Vivimos en un atasco, con una democracia en la encrucijada que se caracteriza por una escasa capacidad de gobierno, esto es, por una débil resistencia a las demandas que recibe y una habilidad pequeña para adoptar decisiones y mantenerse en ellas. A menudo, la pauta seguida… ha sido la indecisión, la miopía, la ineficiencia y el despilfarro. No es que todo sea para disgustarse. En realidad, todo esto no hace sino demostrar fehacientemente que… la democracia representativa en absoluto es una farsa, una forma de gobierno que prive al pueblo de su poder. Confirma hasta qué extremos el vínculo representativo ha maximizado la sensibilidad. Sin embargo, ésta no constituye sino uno de los elementos del gobierno representativo. Un gobierno que simplemente cede ante toda demanda… resulta altamente irresponsable, incapaz de estar a la altura de sus responsabilidades. Un representante no es solo alguien responsable ante, sino también responsable de…(15)

La cuestión aquí es, por tanto, que unos malos representantes también conducen a una mala representación. Lo que equivale a decir que el problema quizá no resida tanto la representación como estructura cuanto en los propios representantes.

Sea como fuere, la tesis general e intención básica de este escrito es mostrar que nosotros, la «clase intelectual», nos hemos comportado como elefantes en una cacharrería. La representación es un «pseudoconcepto» que debe sostenerse normativamente, de modo que compense, en delicado equilibrio, la sensibilidad con la responsabilidad, rendir cuentas con un comportamiento responsable, y un gobierno del pueblo con un gobierno sobre el pueblo. Todo esto escapa en gran medida a las entendederas (qué digo, al conocimiento) de los autores que atacan la representación y reclaman su sustitución. Por supuesto que no pienso que la democracia representativa esté funcionando tan bien como debería o como podría funcionar. Pero, ¿cuáles son las alternativas? Ya he mencionado que John Stuart Mili esbozó una. Creía tanto en la democracia (la liberal) como en el gobierno competente, e indicó . que ninguno era posible sin el otro: cada cual era condición del otro y tenía, en consecuencia, que ser combinado con el otro.

Pero hoy sería «políticamente incorrecto» que un académico propusiera lo que Mili propuso. El modo fácil, y políticamente correcto, de tratar el asunto consiste, obviamente, en demandar «más democracia» en la representación y, en último término, en pedir su sustitución «directa». Pero de seguir tal proceder daríamos al traste con el gobierno representativo, y con el propio gobierno, más allá de toda reparación posible. Acabaríamos proclamando (como de hecho ya hacemos) que «toda política es local». Y esto no significa sino que de modo creciente tendríamos al servicio de los electores unos representantes («recaderos») para quienes el interés público carecería absolutamente de interés (y que serían, por eso, paladines de políticas de nulo «interés público»).

Mi conclusión es que no podemos reparar un mecanismo si no comprendemos cómo funciona. Y que la crisis de representación resulta en no poca medida de esperar de la representación lo que no puede darnos, y de pedir a nuestros representantes que actúen precisamente del modo en que no deberían actuar*.


Traducción de Federico Basáñez.

*Este trabajo fue presentado, bajo el título Failure of representation or failure of understanding? en el Simposio La crisis de la representación, que tuvo lugar en el Forum International des Sciences Humaines, en París, del 26 al 29 de octubre de 1995.

(1)-Hans Kelsen es el adalid más eminente, después de Laband, de esta opinión. Véase su Allgemeine Staatslehre, 1925 (en su traducción italiana, Teoría Generale del Diritto e dello Stato, Comunitá, Milán, 1952, cfr. esp. págs. 29596). Carl Schmitt, quien compitió con Kelsen, contradiciéndole siempre, sostuvo la opinión contraria de que la representación era únicamente, en su uso estricto, un concepto del derecho público. Véase su Verfassungslehre, Dunker & Humblot, Berlín, 1928 (en su traducción italiana, Giuffré, Milán, 1984, cfr. págs. 275-76). Los juristas, sin embargo, nunca adoptaron la posición de Schmitt, con la excepción parcial de G. Liebholz (Die Repräsentation in der Democratie, W. de Gruyter, Berlin, 1973), quien empleó «Repräsentation» para el concepto político y «Vertretung» para el uso del derecho privado.

(2)- Continúo esta discusión en «Rappresentanza», en Elementi de Teoría Política, II Mulino, Bolonia, 1995, 3a. ed., esp. págs. 310-27.

(3)- El principio de soberanía de la nación aparece algo confuso en la Constitución jacobina de 1793 (donde se lee, en el artículo 29, que «cada delegado pertenece a la nación toda», pero que también dice, en el artículo 7, que «el pueblo soberano es el universo de los ciudadanos franceses»), pero queda reafirmado en la Constitución de 1795, cuyo artículo 52 sigue de cerca el texto de 1791: «Los miembros del cuerpo legislativo no son representantes de los departamentos que los nominaron, sino de la Nación toda, y no pueden recibir mandatos».

(4)- El análisis clásico, y magistral, de este punto es el de R. Carré de Malberg, Contribution á la Theorie Générale de l’Etat, Sirey, París, 1922 (1962), vol. II, págs. 166-97 y 232-81. En dos palabras, «el representante quiere por la nación… Éste es el elemento esencial de la definición de un régimen representativo» (págs. 263 y 267).

(5)- Véase, entre otros, M. Bigne de Villeneuve, Traite Générale de l’Etat, Sirey, París, 1929-31, vol. ii, págs. 32 y 46-47.

(6)- George Burdeau, Traité de Science Politique, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, París, 1952, vol. iv, pág. 245.

(7)- De hecho, la cita es del artículo 67 de la Constitución Italiana de 1948, aún en vigor. Las constituciones francesas de 1946 y 1958 liaron el asunto al afirmar que la «soberanía nacional pertenece al pueblo». No obstante esta premisa, no se hace la menor concesión a la admisión de instrucciones imperativas. La única constitución escrita que no prohibe expresamente los mandatos es la de los Estados Unidos de América; pero por una razón que puedo explicar, a saber, que los Estados Unidos no tenían una tradición medieval que hubiera de ser interrumpida.

(8)- En C.m. Mcllwain, Constitutionalism and the Changing World, Cambridge University Press, 1939, pág. 227.

(9)- Freedom and the Law, Van Nostrand, Nueva York, 1961, págs. 18-19 [La libertad y la ley, Unión Editorial, Madrid, 1995,2a. ed. ampliada].

(10)- Reflections on the French Revolution (1790), in, pág. 560.

(11)- Considerations on Representative Government (1861), caps. 8 y 7.

(12)- Op. cit., cap. 5.

(13)- Reflections on Government, Oxford University Press, Oxford, 1942, pág. 66.

(14)- G. Sartori, The Theory of Democracy Revisited, Chatham House, Chatham N. J., 1987, págs. 165-66.

(15)- Op. cit., pág. 170.

Acontecimiento para la economía: Murray N. Rothbard y su historia del pensamiento económico

La publicación con carácter póstumo de la Historia del Pensamiento Económico de Murray N. Rothbard se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes que han acaecido en nuestra disciplina durante los últimos años. A lo largo de más de mil páginas, Rothbard nos expone su visión de la evolución del pensamiento económico, desde sus orígenes griegos hasta Carlos Marx y Bastiat, en dos gruesos volúmenes cuya elaboración le ocupó, con carácter prácticamente exclusivo, los quince últimos años de su vida. Las expectativas que se fueron formando en la profesión sobre el contenido de esta magna obra no se han visto defraudadas: la primera edición se ha agotado rápidamente en muy pocos meses, viéndose el editor obligado a publicar enseguida una segunda edición para hacer frente a una imparable demanda que se ha visto, además, alimentada por la continua publicación de recensiones de esta obra que vienen apareciendo en las revistas más prestigiosas de economía.

En estos dos volúmenes tenemos al mejor Rothbard: claro, amenísimo, bien argumentado, muy inteligente y siempre desafiante, nos propone una visión de la evolución de nuestra disciplina que acaba con muchos tópicos y creencias erróneas que hasta ahora se habían aceptado sin crítica ni discusión.

Así, de acuerdo con Rothbard, los fundamentos de la ciencia económica son de origen continental y católico-tomista, en cuyo proceso de formación desempeñaron un papel esencial los escolásticos españoles de nuestro Siglo de Oro, que articularon la teoría subjetiva del valor y de los precios reales de mercado, explicando el surgimiento espontáneo de las instituciones, el papel dinámico de la función empresarial y la teoría del dinero y de la banca, siglos antes de lo que hasta ahora se reconocía con carácter general. Lamentablemente, esta tradición se vio truncada por el surgimiento de la escuela clásica anglosajona que, centrada en la teoría objetiva del valor-trabajo y en el análisis del equilibrio, Rothbard considera como una regresión en la historia del pensamiento económico que tiene su origen en el desviacionismo protestante, frente a la tradición tomista continental, más centrada en el ser humano y no obsesionada por los dogmas de la predestinación y de la redención por el trabajo. Esta tradición subjetivista de origen católico y continental será la que terminarán recogiendo Cantillón, Turgot y Say, verdaderos padres fundadores de nuestra ciencia, según Rothbard.

Rothbard considera que en la historia del pensamiento económico ha sido especialmente dañino el papel de Adam Smith. En efecto, Smith abandonó las contribuciones anteriores centradas en la teoría subjetiva del valor, la función empresarial y el interés por explicar los precios que se dan en los mercados del mundo real, sustituyéndolas por la teoría objetiva del valor-trabajo (precursora del marxismo) y centrándose preferentemente en el análisis de un fantasmagórico precio natural de equilibrio a largo plazo en un mundo en el que la función empresarial brilla por su ausencia. Además, Adam Smith impregnó la ciencia económica de calvinismo, al apoyar por ejemplo la prohibición de la usura y al distinguir entre ocupaciones «productivas» e «improductivas». Por otro lado, y en contra de lo que se cree, más que un verdadero liberal, Adam Smith fue un pragmático intervencionista, que rompió con el laissez-faire radical de muchos economistas franceses, italianos y españoles (Mariana) del siglo XVIII, introduciendo en su «liberalismo», todo tipo de excepciones y matizaciones. Finalmente, la obra de Smith está plagada de contradicciones y carece de sistema.

La crítica de Rothbard a Ricardo es también detallada y excepcional, siendo igualmente demoledora su apreciación de Stuart Mili, en relación con el cual concluye que «es difícil encontrar a alguien en la historia del pensamiento que haya sido más egregia y sistemáticamente sobrevalorado» (Vol. II, pág. 491). Desenterrar a los subjetivistas ingleses injustamente olvidados (Whately, Sénior, Bailey, Longfield, Lloyd, etc.) y bajar de su pedestal poniendo en su sitio a Smith, Ricardo y Stuart Mili es, sin duda, una de las grandes aportaciones de la obra de Rothbard.

También es de gran interés la historia que nos presenta Rothbard sobre las controversias monetarias inglesas (que supera con mucho a las de Hayek y Vera Smith) y el análisis crítico de Marx y el marxismo, que para algunos comentaristas es lo mejor de los dos libros. Rothbard ofrece una visión muy original e integrada del fenómeno marxista, que considera situado dentro de la tradición milenarista y escatológica que retrotrae hasta los movimientos anabaptistas del siglo XVI que estudia, in extenso, en el primer volumen.

Finalmente, Rothbard termina su obra con el análisis de Bastiat que, lejos de ser considerado como un simple divulgador, demuestra que fue un teórico de gran valía e influencia, precursor de muchos desarrollos posteriores del liberalismo teórico moderno.

Lamentablemente, Rothbard no pudo completar el tercer volumen de su obra (en el que iba a criticar a Marshall), pero lo que nos ha legado es más que suficiente para indicar una nueva visión de nuestra disciplina, libre del complejo de inferioridad y de la reverencia injustificada hacia los anglosajones que hasta ahora la han dominado, incluso con un paradójico y humillante servilismo por parte de muchos economistas españoles, que todavía no han querido darse cuenta de que el origen del liberalismo y de la ciencia económica se encuentra, más que en Escocia, en la Universidad de Salamanca.


Murray N. Rothbard: Economic Thought Before Adam Smith (Vol. I, 556 págs.).

Murray N. Rothbard: Classical Economics. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought Edward Elgar Aldershot, Inglaterra, 1995 (Vol. II, 528 págs.).

La verdad sobre los monopolios naturales

El fenómeno de la liberalizaciaón de la economía, unido a las «privatizaciones» y a la desregulación de los servicios públicos, es uno de esos hechos socialmente aceptados que adquieren estado por encima de las opiniones, ideologías o tendencias políticas. Algo similar a lo que sucedía en los años cincuenta en torno a la necesidad de nacionalizar los servicios públicos «esenciales». Algunos han creído que todo esto no es más que una manifestación de un cambio de tendencia pendular en un permanente ciclo económico, que se produce recurrentemente en la historia desde el estatismo a la libertad, y viceversa. Creo que este diagnóstico peca de excesivo historicismo, porque el fenómeno al que estamos asistiendo en este final del siglo XX es algo mucho más realista, e independiente de teorías o ideologías. Sencillamente, los hechos, la realidad económica y los avances tecnológicos se imponen a las ideologías.

En el porqué de este fenómeno hay un punto clave que no siempre ha sido tenido en cuenta en los análisis económicos, jurídicos o políticos: me refiero a los monopolios o, mejor dicho, a los «monopolios naturales». Si se observan históricamente, los monopolios han sido la clave y excusa de las políticas intervencionistas. Al mismo tiempo, la ruptura y desaparición de los monopolios naturales ha sido la clave de las políticas privatizadoras, contrarias a las anteriores.

Monopolios, intervencionismo y nacionalizaciones

Es obvio que un monopolio es lo contrario a la libre competencia, pero la cuestión no es ésta, sino qué hacer o qué se debe hacer cuando el monopolio no se produce por causas voluntaristas, sino de modo natural, de forma que el proceso de producción de un bien o la prestación de un servicio son, por su propia naturaleza, monopolísticos. En tal caso parece lógico que los poderes públicos corrijan los efectos distorsionantes que el comportamiento monopolístico comporta para la libre competencia. Pero si esto además no puede ser de otra forma (por causas naturales), también parece lógico que del mismo no se beneficien unos cuantos -los monopolistas-, sino el mayor número posible; más aún cuando se trata de bienes o servicios públicos de primera necesidad o vitales para la sociedad en su conjunto. Esta era la realidad económica que contemplaban las tesis ideológicas que provocaron que el Estado fuera asumiendo la regulación y, posteriormente, la publificación o asunción de la titularidad de los monopolios naturales. En la base de estas posiciones se argumentaba una razón fundamentada en la justicia, en virtud de la cual si alguien debe beneficiarse de una posición de ventaja monopolística derivada de la naturaleza de las cosas, ese alguien debe ser el Estado, pues en él estamos todos y no solo una persona o una empresa privada; de otra forma estaríamos ante un privilegio en favor de uno -el monopolista-, que pagamos todos los consumidores, por ser un bien necesario; es el caso, por ejemplo, de la energía o el teléfono.

Con este planteamiento, se han justificado gran parte de las nacionalizaciones durante todo el siglo XX; al menos desde un punto de vista realista, al margen de criterios o análisis político-ideológicos. Pero ¿qué sucede cuando el presupuesto que se creía real ya no lo es?, ¿Cuándo el avance de la tecnología o de los sistemas jurídico económicos pone de manifiesto que el monopolio no es natural, o bien que, aunque exista una parte de un proceso de producción de un bien o servicio que forzosamente es monopolista (redes de transmisión, etc.), el conjunto del proceso productivo de ese bien o servicio admite competencia natural? Pues sencillamente sucede que se van al traste todas las teorías fundadas sobre una realidad o necesidad inexistente. Tal es lo que ha sucedido con los «monopolios naturales». Sencillamente, se quedaron colgando de la brocha.

El intervencionismo económico del Estado ha estado siempre unido a los monopolios. Durante los siglos XV y XVI, con la aparición del Estado moderno, surgen las primeras regulaciones económicas en torno a las «ordenaciones singulares de mercancías estancadas de entrada y salida del reino», como son los casos de la lana, la sal o la seda. Se trata de la idea de la «regalía» como potestad o privilegio exclusivo unido a un título. Éste es el origen del ejercicio en exclusiva de actividades o explotaciones económicas en torno a un determinado producto; el origen de lo que Villar Palasí llamó «publicatio», para referirse a aquellas actividades económicas que, en virtud de la misma, quedaban excluidas de la libre actividad privada y pasaban a ser consideradas públicas, reservadas al Estado en régimen de monopolio exclusivo. Ya Las Partidas, en la Ley 11, título 28, Partida 3, regulaban la regalía de la sal, que se constituyó en monopolio real en 1564 y que durante el siglo XIX, después de diferentes cambios de regulación, fue el monopolio que tanto enriqueció al famoso marqués de Salamanca.

Lo mencionado anteriormente puede servir de ejemplo histórico con el objeto de poner de manifiesto la vinculación de la intervención económica del Estado con el monopolio. Sin embargo, el inicio de la doctrina moderna del monopolio natural como corrección a los principios del liberalismo económico surge a mediados del siglo xix y constituye el origen doctrinal y práctico de las posteriores políticas intervencionistas realizadas por los Estados occidentales durante todo el siglo XX. Por ello, es conveniente detenerse a analizar cómo surgió el planteamiento de lo que se ha denominado «el mito del monopolio natural».

El mito del monopolio natural

El inicio del siglo XIX fue una época que podríamos denominar, con términos actuales, de desregulación. Esta comenzó incluso antes de que en 1776 Adam Smith publicara La riqueza de las Naciones y persuadiera a la opinión pública de las ventajas que tendría el final de los monopolios estatales, de las tarifas y otras formas de intervencionismo y protección económica. Pero, como muy bien se ha escrito, los clásicos creían más en el laissez faire que en la competencia. Ellos asumieron que el laissez faire conduciría a la competencia y que, incluso donde hubiera un monopolio natural, podría lograrse un cierto grado de competencia a través de la prevención de la depredación entre los actores y conseguiendo una interrelación eficiente. Sin embargo, lo cierto es que siempre se tropezó con el transfondo inmodificable del verdadero ser del monopolio natural, cualquiera que sea la forma que éste tuviera o tenga hoy en día (es el caso de la existencia de una red, de un sistema de información único o de una infraestructura de alta inversión fija en capital). Lo cierto es que los economistas clásicos no entraron en la teoría del monopolio natural ni definieron cuáles eran sus consecuencias. John Stuart Mili, en 1848, hizo una clara distinción entre lo que denominaba monopolio artificial o legal y monopolio natural. El primero era creado por los gobiernos y por las leyes, y él mismo postulaba que su abolición era esencial para estimular la creación de la competencia y del mercado. No obstante, John Stuart Mili no definió los monopolios naturales ni tampoco las consecuencias que podrían producirse en el mercado ante su posible existencia.

Pero, ¿qué es un monopolio natural? En 1836, James Morrison estableció la base de lo que hoy en día es esencial para entender la teoría del monopolio natural. Desde el punto de vista económico, se produce un monopolio natural cuando la tecnología de producción -costes fijos altos en términos relativos- produce costes medios decrecientes a largo plazo, a medida que aumenta la producción. En tales industrias, un solo productor será capaz de producir a costes más bajos que varios productores produciendo alternativamente, consiguiéndose así un monopolio natural pues, en caso de que haya más de un productor, los precios serán más altos. Si se prefiere estudiar este asunto desde el punto de vista de la demanda, se observa que existe monopolio natural cuando la demanda se satisface a menor coste, si es una sola la empresa encargada de ello y si los costes son mayores en la medida en que son más las empresas que participan en la satisfacción de la demanda. Tal situación se da fundamentalmente en el caso de la utilización de instalaciones fijas de infraestructura, como son redes, sistemas de información, etc. En tales supuestos, las peculiaridades tecnológicas y los elevados costes fijos hacen que, cuantas menos sean las empresas oferentes de los servicios ligados al transporte de estos productos, más barato podrá resultar el producto final. La multiplicación de logísticas en paralelo multiplicaría el coste del producto en su punto de consumo, dando lugar a situaciones anticompetitivas. Los ejemplos son claros: los ferrocarriles, la energía (en la medida en que exige redes para su transporte y consumo, como es el caso originariamente de los carburantes, el gas o la electricidad) o las telecomunicaciones.

Las primeras manifestaciones de la regulación e intervención de los monopolios naturales se produjeron en casi todos los países durante el último tercio del siglo xix en torno al ferrocarril. El proceso de avance del estatismo, como ya magistralmente describió André Piettre en sus Tres edades de la economía, siguió siempre tres etapas: «Corregir, proteger, dirigir». Éste fue el proceso seguido en torno a los monopolios naturales.

En la liberal Inglaterra, durante 1820, el ya citado Morrison resaltó, bajo el principio de corrección, que la existencia de una línea férrea entre dos puntos haría que los empresarios eligieran la ruta más favorable, de tal forma que no podría ninguna otra compañía formar o construir otra entre los mismos puntos, porque no podría competir dadas las fuertes inversiones intensivas en capital que ello exigiría. Y, si a pesar de ello, el competidor entraba en el mercado, ¿no habría obvio interés entre ambas partes por llegar a acuerdos oclusorios entre ellas? Morrison consideró que esto podía suceder y sugirió que las leyes debían establecer que los ferrocarriles estuvieran obligados a tener una cláusula que permitiera al parlamento revisar los precios máximos. Aquí se da el segundo paso de la protección. Es precisamente en relación con los precios y tarifas de los ferrocarriles como se desarrolla toda la regulación económica que se produce en Inglaterra a partir de la Ley denominada Regulation of Railways Act de 1844. A partir de dicha norma se ensayaron todo tipo de regulaciones, con el objeto de establecer un control sobre los precios y tarifas de los ferrocarriles y autorizaciones para la instalación de los mismos.

Al ejemplo de los ferrocarriles británicos le siguió, como siempre, el comportamiento de las autoridades norteamericanas. Es necesario decir que, desde su fundación, el Estado americano se asentó en dos bases estructurales de la economía: el laissez faire y el Estado mínimo. A pesar de ello y del principio estricto de separación de poderes, el proceso de intervención en torno a los monopolios naturales se produjo de la misma manera que en la Inglaterra victoriana en torno a los ferrocarriles. En sus inicios, la actividad del transporte ferroviario se articuló como una actividad libre, pero pronto, frente al descontento popular por las tarifas y las prácticas abusivas de las compañías ferroviarias, los propios ferrocarriles favorecieron la intervención a través de la regulación. Así surgió la Ley de Comercio Interestatal, de 4 de febrero de 1887, que estableció la regulación global de la actividad de los ferrocarriles, sometiendo a las empresas del sector a un complejo y exhaustivo conjunto de obligaciones que culminaron con la creación de la icc, o Interstate Commerce Commission, que fue la primera de las comisiones independientes reguladoras que hubo en Estados Unidos, modelo de las que posteriormente se crearon durante todo el siglo xx en las distintas esferas de monopolios naturales o en actividades generales de servicio público. Estas actividades han sido ejercidas por las famosas public utilities, que a veces ni siquiera recaen sobre monopolios naturales, pero que de forma expansiva han construido todo el derecho regulatorio actual de los Estados Unidos.

En España, haciendo honor al hecho de ser el país que creó e inventó el término «liberal», la práctica política jurídica consagró la libertad de industria como principio general, proclamada por decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813.

La raigambre liberal superó incluso a las revoluciones, como sucedió con el curioso Decreto-Ley de 14 de noviembre de 1868 relativo a las obras públicas, en donde se dice que «el monopolio del Estado, en punto a la construcción de obras públicas, es un mal: el Estado constructor es contrario a los sanos principios económicos; la asociación libremente constituida es la forma perfecta por excelencia y a ella pertenece el porvenir». Pero las declaraciones liberales pronto quedaron olvidadas y fue también en torno a los ferrocarriles en donde se produjeron los primeros procesos de intervención. Tal es el caso de la Ley de 23 de noviembre de 1888, de ferrocarriles, en donde se utiliza el artilugio de imponer el poder tarifario del Estado, de los ferrocarriles libremente construidos, a cambio de subvenciones.

Así las cosas, la teoría del monopolio natural fue reelaborada por los economistas a partir de 1920, presentándose con aires de cienticismo y adoptando una teoría de la competencia ingenieril o tecnicista: partían de la base de que las relaciones técnicas determinaban la estructura de mercado y que, por tanto, la competencia dejó de ser un fenómeno de comportamiento para convertirse en una relación técnica o matemática. A partir de ahí, la asignación ingenieril de los recursos en los sectores que se consideraban de monopolio natural en manos del Estado, fue el objeto de teorización general por parte de una escuela que podría denominarse como del monopolio natural. De la misma forma, la práctica política y la teoría jurídica empezaron a elaborar las doctrinas del servicio público. Después de las nacionalizaciones, en donde el proceso de intervención culminaba con la asunción de la titularidad o de la propiedad de las actividades por parte del Estado, éste se convirtió en el mejor garante de la más justa asignación de los recursos en aquellos supuestos en los que hubiese monopolio natural. La práctica general de las nacionalizaciones sobre monopolios naturales se produjo durante los años cincuenta en países teóricamente liberales como Inglaterra o Francia, independientemente de que fueran gobernados por la derecha o por la izquierda. Lo mismo sucedía en Estados Unidos.

La quiebra del monopolio natural

A pesar de lo expuesto, desde todos los puntos de vista comenzó a derrumbarse la idea del monopolio natural. Desde el punto de vista económico, el Instituto Von Mises de Austria, a través de un artículo firmado por Thomas Di Lorenzo, explicó que era un mito que la teoría del monopolio natural hubiese sido desarrollada primero por los economistas y luego utilizada por los legisladores para justificar la autorización monopolística. La verdad es que primero aparecieron los monopolios, antes de que la teoría fuera formalizada por los economistas. Estos la utilizaron después como un ex post racional para justificar la acción del Gobierno.

En la época en que se empezaron a conceder las primeras autorizaciones monopolísticas, la mayoría de los economistas entendía que la producción a gran escala e intensiva en capital no conducía al monopolio, sino que había un aspecto deseable de proceso competitivo. Esto es importante, porque las fuerzas de la competencia harían imposible el monopolio en un mercado libre. No hay evidencia de monopolios naturales producidos porque un productor lograra costes medios a largo plazo más bajos que ningún otro y estableciera un monopolio permanente. A finales del siglo XIX, cuando los gobiernos locales empezaban a garantizar autorizaciones de monopolio, el punto de vista económico general entendía que el monopolio estaba producido por la intervención del Gobierno, no por el mercado libre. La producción a gran escala y las economías de escala eran vistas como una virtud competitiva. Se pensaba del siguiente modo: la producción a gran escala indudablemente beneficia al consumidor. El mundo demanda abundancia de productos, y de productos baratos. La experiencia demuestra que ello es posible solo con procesos productivos a gran escala e intensivos en capital. Ello no expulsa a los capitalistas fuera del negocio, sino que simplemente los integra en sistemas más complejos de producción en los que podrán producir más, más barato y obteniendo mayores rentas para sí.

«No todos los economistas secundaron la teoría del monopolio natural, pero, a pesar de ello, fue defendida por los monopolistas de las «utilities» y sus asesores a sueldo. Horace Gray (1940, Universidad de Illinois) elaboró una historia del concepto de servicio público, que incluía la teoría del monopolio natural: durante todo el siglo XX existía una opinión ampliamente extendida de que el interés público estaba mejor defendido si se concedían especiales privilegios a personas o corporaciones. El resultado final fue la explotación, el monopolio y la corrupción política. Todo aspirante a monopolista pretendía obtener la calificación de servicio público: radio, leche, transporte aéreo, carbón, petróleo… para mantenerse al margen de la competencia.

La teoría del monopolio natural es una ficción económica que nunca ha existido. La historia de las public utilities se resume en que a finales del siglo XVIII y principios del XIX las utilities compitieron fuertemente entre sí y, como a otras industrias, no les gustaba la competencia. Por eso se aseguraron situaciones de monopolio bendecidas y garantizadas por el Gobierno y entonces, ayudados por algunos influyentes economistas, construyeron ex post la racionalización de su poder monopolista.

Al final de los años setenta, en la mayoría de los países los monopolios naturales constituían servicios públicos reservados al Estado y o bien eran gestionados por las llamadas public Utilities o empresas gestoras del servicio público, o bien eran gestionados directamente por la propia Administración, después de haber sido nacionalizadas. El resultado de todo ello fue la quiebra, en muchos casos, del sistema; el encarecimiento de los productos y servicios; la mala gestión; la lentitud en la prestación; los sistemas de cola, etc. En fin, el Estado gestor demostró ser un mal gestor y pudo constatarse en la práctica la ineficiencia de la gestión pública monopolizada.

petróleo, como en del gas y la electricidad. Los economistas clásicos habían previsto cómo la evolución de la técnica iría produciendo naturalmente la posibilidad de superar situaciones de monopolio natural. Y así ha sucedido en el transcurso del tiempo. Un caso paradigmático es el tema de las telecomunicaciones, en donde la aparición de nuevos sistemas de transmisión (como es el cable de fibra óptica, la transmisión vía satélite, la digitalización, etc.) ha hecho posible la existencia de auténticas autopistas de información que superan el modesto cable de cobre por el que solamente podría transitar un número muy limitado de comunicaciones. Sucede lo mismo con los avances en otros sistemas de redes, no ya por la aparición de conductores mucho más amplios, sino por la posibilidad de establecer en procesos productivos la segregación de fases que permitan separar actividades que sean susceptibles de libre competencia de otras que, comportándose como monopolio natural, deben posibilitar la libre competencia de las anteriores a través de los llamados «sistemas de acceso de terceros a la red». Este es el caso fundamentalmente de los negocios energéticos, tanto en el caso del petróleo, como en del gas y la electricidad.

En estos supuestos, debe garantizarse precisamente por alguna autoridad regulatoria el que los titulares de las redes estén obligados a dar acceso a las mismas a terceros libremente, estando, a su vez, obligados a asegurar el desarrollo de las capacidades de las redes que permitan circular libremente a quienes puedan contratar en las fases de producción o de suministro final de los diferentes productos. De esta forma, los efectos distorsionantes de la libre competencia, derivados de sistemas únicos de redes, son corregidos mediante «la ruptura de los efectos del monopolio natural. Una manifestación de lo anterior es el ámbito de los famosos «descodificadores» y de la televisión digital. La existencia de infraestructuras de redes, como el cable de fibra óptica o el satélite, en las que los avances tecnológicos permiten ejercer el principio de libre elección y acceso, se comportaría como monopolio natural si al final hubiera un elemento técnico -el descodificador- que no diera posibilidad a su ejercicio, porque se vetara el acceso o la libre elección por el titular de la red; por ello es necesario un descodificador abierto que dé posibilidad a la libre elección.

Las nuevas tecnologías han ido superando las bases físicas de los llamados monopolios naturales, particularmente en todo aquello que hace referencia a infraestructura de redes y a infraestructura de telecomunicación, unido a los sistemas de información.

El cambio en la regulación de los servicios públicos

Ante toda esta nueva realidad económica y técnica, el Derecho ha sufrido también una transformación radical. La quiebra de los monopolios naturales deja sin justificación la asunción de la gestión de los mismos por parte del Estado. Ésta fue la última de las fases en la que devino el proceso de intervención para controlar y regular los monopolios naturales. Al Estado gestor le ha sustituido el Estado regulador. Para nada sirve la titularidad, la propiedad en el Estado; lo importante, en definitiva, en el Estado de final de siglo, no es el control a través de la propiedad o titularidad, sino que se garantice el funcionamiento de la competencia, el principio de libre elección, la protección de los consumidores y la realización de las auténticas obligaciones de servicio público, es decir, de aquellas actividades que por afectar a la prestación de servicios de primera necesidad, el Estado garantiza su prestación universal, continua, regular y en condiciones de calidad y precio adecuado. El Estado no debe ser el gestor o prestador de los servicios, sino el que garantiza su efectiva provisión.

Todo lo anterior supone un giro copernicano en la concepción del Derecho político-administrativo en torno a la regulación de la economía y, particularmente, de los llamados servicios públicos, cuya base estaba constituida por los monopolios naturales. Esa revolución se inicia con la transformación del propio concepto de servicio público y de las funciones del Estado en torno a los mismos.

Tradicionalmente, el concepto de servicio público iba unido a lo que Villar Palasí denominaba «publicado», es decir, la publificación o pertenencia al Estado de una actividad en su conjunto que, por tanto, venía a caer dentro de la titularidad estatal, de la reserva al Estado. La idea subyace, por ejemplo, en el artículo 128.2 de nuestra Constitución, que después de enunciar paladinamente que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, dice que «mediante ley podrán reservarse al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio». La doctrina en general interpretó este precepto en el sentido de las múltiples leyes promulgadas durante la época socialista, en la que se partía de la definición categórica y calificación de las actividades que se regulaban como de servicios públicos reservados al Estado en virtud del artículo 128.2 de la Constitución. Así sucedió en el caso de la televisión, de tal forma que se dio la paradoja de que, cuando posteriormente se quiso regular la televisión privada, hubo que hacer una ley que lo que realmente regulaba era las concesiones de servicio público y no la posibilidad de auténtica televisión privada; así sucedió también con las telecomunicaciones en la ya obsoleta Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, en donde nada más y nada menos se estableció la declaración de dominio público del espectro radiológico; lo mismo sucedió con el gas y, finalmente, con la electricidad en 1994, una de las últimas leyes económicas socialistas.

En general, la situación en Europa, con excepción de Inglaterra y de algunos otros tímidos pasos liberales en algún que otro país, era ciertamente similar, particularmente en los países latinos y de forma muy cerrada en Francia. No obstante, la política de la Unión Europea, después del Tratado de Maastricht y la previsión de la creación del Mercado Interior, hizo replantear todas las técnicas jurídicas de intervención hasta el punto de que en la actualidad el propio concepto de servicio público ha sido fuertemente sometido a revisión por la Comisión Europea.

Recientemente, la Comisión Europea ha dictado una comunicación con el nombre de Carta Europea de los Servicios de Interés General en la que viene a configurarse un nuevo sistema jurídico de cobertura a la regulación de los llamados monopolios naturales que, en general, constituían los servicios económicos de interés general en todo el ámbito de la Comunidad. La Comisión comienza denunciando la confusión entre el concepto de servicio público y sector público o, si se quiere, entre el aspecto objetivo del servicio público y su aspecto subjetivo de titularidad reservada al Estado que, en la mayoría de los países, y principalmente en los latinos, se estaba produciendo. La Comisión adopta un concepto general, el de servicio de interés económico general, que excluye la posibilidad de su interpretación subjetiva, es decir, que se refiere a actividades comerciales o económicas en las que, por existir un monopolio natural en alguna fase de la prestación de las mismas, o porque existe un fuerte interés público en la provisión de determinados bienes caracterizados como de primera necesidad, los Estados tienen que intervenir garantizando la prestación de los mismos, pero sin exclusiva, de forma que pueda producirse la libre competencia allá donde sea posible. La Comisión parte del principio de que las fuerzas del mercado permiten una mejor asignación de los recursos y una mayor eficacia en la prestación de los servicios, beneficiando a los consumidores, que por ello obtienen más calidad a mejor precio. No obstante, la Comisión lógicamente debe conciliar la política de prestación de estos servicios y provisión de estos bienes en régimen de libre competencia, con la obligación por parte de las autoridades públicas de velar por que se tenga en cuenta el interés general. Una de las técnicas que la Comisión ha ido también imponiendo en todas sus directivas relativas a distintos sectores de actividad económica es la segregación de las actividades e incluso la individualización de la imposición de determinadas obligaciones de servicio público sobre los gestores de la misma, independientemente de su regulación total o consideración conjunta. Así, por ejemplo, en algunos sectores en donde siguen existiendo comportamientos de monopolio natural, como son las redes eléctricas o los gasoductos, se establecen obligaciones de servicio público que imponen a los gestores responsables de esas redes el principio de acceso de terceros, garantizándose a través de sistemas que se acercan al common carrier o al sistema de acceso negociado, pero, en todo caso, mediante fórmulas que garantizan reglamentariamente la posibilidad del libre ejercicio del acceso. Por otro lado, también se establecen obligaciones individualizadas de servicio público a determinados sectores que se responsabilizan de la prestación de servicios universales, en donde la matización de las obligaciones en su conjunto comportan el que al constituir bienes o servicios en los que el Estado tiene una clara finalidad social, deban prestarse en condiciones adecuadas de precio y calidad.

En fin, todo lo anterior pone de manifiesto un giro radical en los fines y funciones del Estado en torno a la economía y, particularmente, en torno a los llamados monopolios naturales. El Estado no asegura el cumplimiento de sus funciones de interés público derivadas de obligaciones constitucionales o bien de determinadas directrices adoptadas por los políticos en el poder de turno a través de la titularidad o propiedad, sino a través de la regulación.

Pero esta regulación no es un conjunto de normas que tiene por objeto controlar, dirigir y asignar los recursos, en vez del mercado. Muy al contrario, la regulación tiene por finalidad, como ponen claramente de manifiesto las sucesivas directivas de la Unión Europea, asegurar los derechos de los consumidores, garantizar la libre competencia y posibilitar que, en todo aquello en que sea posible, el mercado sea el que más y con mayor eficiencia asigne los recursos. Finalmente, sí quisiera destacar una curiosidad histórica: la culminación de los procesos intervencionistas en el dirigismo estatal en los llamados monopolios naturales se produjo, en la mayoría de los países de Occidente, a partir de 1920, poco después de la instalación en el poder del comunismo, consecuencia de la Revolución bolchevique en Rusia. Curiosamente es en los años ochenta, después de la caída del muro de Berlín, cuando también parece que, entre otras cosas, cae el muro que soportaba la realidad económica, física y jurídica de los monopolios naturales.

El rigor del entusiasmo

Sony Classical continúa publicando la colección Glenn Gould con la integral de las grabaciones realizadas por este gran pianista canadiense a lo largo de su vida. Antes de morir en 1982, había comenzado varios proyectos de grabaciones. Aunque ahora no aparezcan grabadas y ordenadas de la forma en que se proyectaron originalmente (pues faltaban algunas más por registrar), han sido editadas en disco y reprocesadas a la técnica digital.

Estos dos discos recién publicados forman parte del octavo volumen de una larga e interesante colección. En el primero se incluyen las obras de Bach que Gould registró con la intención de componer el Álbum Italiano de Bach y que nunca llegó a completar. En él se incluían obras como el Concierto Italiano, que Gould aborrecía, el arreglo para clave del propio Bach del Concierto en Re menor de Marcello, las dos fugas de Bach sobre temas de Albinoni y el Aria variata alia maniera italiana en La menor. No figuran los conciertos de Vivaldi que Bach rehizo en versión para clave y que Gould no llegó a grabar.

La Fantasía Cromática es una de las partituras más intrincadas de Bach, con la que pocos intérpretes se atreven y por la que Gould tampoco sentía gran aprecio, aunque la grabó y la tocaba con maestría. Más bonitas son las tres Fantasías y Fugas, que el pianista canadiense toca con más cariño. Asimismo, se recogen en este disco tres de las más bellas Sonatas de Scarlatti y una interesante Sonata de Cari Philipp Emanuel Bach, el hijo de Juan Sebastián que de forma más profunda se dedicó a la música para clave.

Una vez más hay que descubrirse ante las magníficas interpretaciones de este pianista, capaz de las mayores sutilezas expresivas y a la vez perfectamente riguroso con la dinámica y las intensidades de la música del tiempo de Bach. Gould lograba con el piano acercarse al sonido del clave, pero aprovechando con mesura los matices que brinda el piano. Poseía una gran agilidad en los dedos y en las partituras de Bach lograba un sonido muy equilibrado, cercano a la sonoridad más plana del clave.

El otro disco recoge dos «curiosidades», ambas obras compuestas por Glenn Gould: un Cuarteto de cuerda que consiguió estrenar en vida y una pieza coral en forma de fuga. El Cuarteto alcanza muy bellas sonoridades, pero está lleno de influencias e incluso tiene dos exposiciones de fuga, forma por la que Gould sentía un aprecio muy especial, después de haber estudiado tan en profundidad las de Bach. La pieza coral «So you want to write a fugue?», escrita para cuatro voces, sigue la forma de la fuga. Su texto explica de forma humorística cómo ha de componerse una fuga. Es una obra simpática nacida para un programa de televisión que merece la pena escucharse para conocer mejor la personalidad de este artista.

En muchas ocasiones, tanto en conciertos y festivales de música como en sus propios programas de televisión, Gould tocó en conjuntos de cámara. Como ejemplo, aquí se recogen fragmentos del Quinteto para piano en Sol menor de Shostakovich y fragmentos del poema coreográfico Aubade de Poulenc, tocados con un entusiasmo claramente perceptible. Y es que Glenn Gould era un hombre tan espontáneo en sus interpretaciones, que incluso las grabaciones más formales realizadas en estudio dejan oír la voz del pianista canturreando mientras toca.

Virtuosismo natural

No es frecuente encontrar músicos que se dediquen con igual intensidad a la música clásica y a la música ligera. Vanessa-Mae es uno de esos raros ejemplos que triunfan por igual en tan diferentes mundos musicales. El virtuosismo precoz de esta gran violinista llamó poderosamente la atención de los críticos londinenses, que la comparararon con Mozart o Mendelssohn. Desde que debutó a los 10 años con la Orquesta Philarmonia en Londres, ha sido galardonada en varias ocasiones y ha actuado en importantes salas de conciertos de todo el mundo.

Vanessa-Mae nació en Singapur y a los 4 años comenzó a estudiar piano y violín en el Royal College of Music de Londres. A los 13 años tocaba ya admirablemente los conciertos de Tchaikovsky y de Beethoven; buena prueba de ello son las grabaciones realizadas a tan temprana edad. También componía sus propias cadencias para los conciertos de Mozart, de un nivel altamente virtuoso.

Muy pronto esta violinista se familiarizó con los instrumentos electrónicos y acústicos, de tal forma que ya a los 14 años trabajaba en su propia música alternativa, combinando el sonido del violín tradicional con el del violín eléctrico. Profundizando en estas técnicas y creando su propia música, hace unos dos años causó verdadera sensación con su disco The Violín Player, que llegó a convertirse en uno de los más vendidos en todo el mundo. En lugar de seguir solo por esa línea tecno-acústica, Vanessa-Mae vuelve ahora al mundo clásico con este nuevo disco, The Classical Album, con el que intenta atraer hacia la música clásica a sus admiradores más jóvenes. Hoy sigue cultivando estas dos áreas musicales y en ambas se desenvuelve con igual soltura.

Sus interpretaciones muestran un virtuosismo poco común. En la Partita n°3 para violín solo de Bach, Vanessa-Mae hace gala de una poderosa técnica que le permite tocar esta dificilísima obra con asombrosa facilidad. En las partituras de Brahms y Beethoven su violín se muestra más romántico, y en la Fantasía para violín y orquesta de Max Bruch se recrea en los temas escoceses con gran sensibilidad y belleza.

Vanessa-Mae ha crecido tocando el violín. Esa manera de tocar, tan espontánea, surge de forma natural a partir de una técnica perfecta totalmente asimilada y de una gran sensibilidad para la música. No cabe duda de que su fuerte personalidad como intérprete ha calado entre el público joven y contribuirá a despertar su afición musical. Vanessa-Mae posee ese asombroso poder de comunicación que solo tienen los artistas de talento.