Visto con cierta perspectiva, parece innegable que las autoridades checas acometieron el proceso de acercamiento a la UE con un cierto aire de superioridad, como si estuvieran convencidas de que sus opciones para ingresar en la Unión dentro del primer grupo de países candidatos eran incontestables; y de que éstas no habían hecho más que aumentar tras haberse liberado del lastre económico —pero sobre todo político— de Eslovaquia, a finales de 1992. Sin embargo, la crisis económica y financiera de 1997, unida a los subsiguientes escándalos de corrupción y a la inestabilidad gubernamental hicieron que las expectativas checas se moderasen un tanto. En este contexto, los informes periódicos emitidos por la Comisión en 1998 y 1999 contribuyeron notablemente a enfriar los ánimos de la candidatura checa.

Pero el sostenido progreso de las reformas política, económica y administrativa han vuelto a relanzar su candidatura a la adhesión. A fecha de hoy, las negociaciones con la UE están abiertas en todos los capítulos del acervo comunitario, y se han cerrado provisionalmente una buena parte de los mismos. Entretanto, las opciones de la República Checa para entrar en la Unión con el primer grupo de candidatos han sido reiteradamente respaldadas por la práctica totalidad de las instituciones comunitarias —Consejo, Comisión y Parlamento—.

En este sentido parece oportuno recordar uno de los lemas que, en los días de la revolución de terciopelo, figuró en algunas de las pancartas sostenidas por los entonces opositores: «Queremos un Gobierno del que no tengamos que avergonzarnos». Sin duda hoy, a la vista de las profundísimas reformas llevadas a cabo, sería posible parafrasear ese eslogan y afirmar que —a buen seguro— en la Unión Europea, la República Checa será un socio del que no tendremos que avergonzarnos.

INSTITUCIONES GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO

En su último informe periodístico sobre los progresos de la República Checa hacia la Adhesión, la Comisión Europea apunta que, ya en 1997, cuando se publicó su primer informe, el país cumplía todos los criterios políticos de Copenhague y que, desde entonces, éste «ha realizado progresos considerables, consolidando y afianzando aún más la estabilidad de sus instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto de las minorías y su protección».

El camino hasta alcanzar este objetivo no ha sido sencillo. La consumación del proceso de ruptura del Estado común de checos y eslovacos el 1 de enero de 1993, por el que la República Checa se convirtió en un Estado independiente, se llevó a cabo con un inquietante grado de improvisación del que dan cuenta, a modo de ejemplo, estos dos hechos: el país accedió a la independencia sin siquiera haber decidido cuál sería su enseña nacional (sólo a posteriori hicieron suya las autoridades checas, para disgusto de los eslovacos, la vieja bandera federal); y su Constitución no fue aprobada hasta quince días antes de la fecha efectiva de establecimiento del nuevo Estado. Más pendientes, en un primer momento, de desarrollar normativamente las nuevas instituciones democráticas checoslovacas, y preocupadas más tarde por hallar fórmulas que materializasen la separación de la Federación con el mínimo coste en términos de estabilidad política e imagen internacional, las autoridades postergaron considerablemente los trabajos encaminados a crear el marco normativo del futuro Estado checo, de modo que su diseño, consolidación y subsiguiente desarrollo institucional se convertiría en el primer problema de la nueva República.

A grandes rasgos, el régimen político ideado por la Constitución checa de 1992 se caracteriza por la existencia de un Parlamento bicameral —una Cámara baja integrada por 200 diputados, que se eligen de forma proporcional cada cuatro años; y un Senado de 81 miembros elegidos a la americana (esto es, con criterio mayoritario, por tercios, cada dos años)— , del que dependen los poderes constituyentes, legislativos y de control; más un Gobierno responsable ante la cámara baja, pero cuyo titular sólo el Presidente puede proponer; un Presidente de la República de elección parlamentaria, que precisa del refrendo del primer ministro para el ejercicio de la mayor parte de sus funciones, pero capaz por sí solo de vetar las leyes y nombrar los titulares de ciertas e importantes instituciones; y un Tribunal Constitucional de quince miembros elegido a propuesta del Presidente, con el consentimiento del Senado. En suma, un sistema cuyos orígenes habría que rastrear a la vez en la tradición parlamentaria de la República checoslovaca de entreguerras, y en las experiencias desarrolladas en el seno de los grandes modelos constitucionales occidentales de la segunda mitad del siglo XX, pero cuya adecuada comprensión no es posible sin tener en cuenta datos extraconstitucionales, tales como el prestigio personal acumulado por el actual presidente checo Václav Havel, o la progresiva configuración del sistema de partidos checo.

Pero aunque algunas de las instituciones requeridas por la nueva Constitución fueron puestas en marcha de inmediato —Václav Havel sería elegido presidente checo en enero de 1993, el Tribunal Constitucional empezó a trabajar en julio de ese año, y el antiguo Consejo Nacional checo se convirtió sin solución de continuidad en el Parlamento del nuevo Estado—, otras en cambio demoraron notablemente su entrada en funcionamiento. Así, el Senado, introducido casi a la fuerza en la Constitución para integrar en él a los diputados federales checos que iban a perder su empleo con la disolución del Estado común, no fue puesto en marcha hasta noviembre de 1996, y ello después de incontables propuestas de supresión de la institución y de un ridículo 35% de participación popular en la primera elección de sus miembros. El Defensor del Pueblo no entró en vigor hasta mediados de 2000 y la ley para la regionalización del país —que ha supuesto la creación de 14 regiones administrativas dotadas cada una de ellas de sus propias asambleas y gobiernos— no fue aprobada hasta 1997. Pero incluso entonces la elección de sus representantes se pospuso hasta noviembre de 2000, y su efectiva puesta en funcionamiento hasta el 1 de enero de 2001.

Más preocupante aún, algunas leyes básicas para el funcionamiento del Estado, como la Ley de Funcionarios de la Administración Pública o la Ley de Referéndum, siguen sin ser aprobadas pese a haber sido objeto de inmumerables debates y de aplicación perentoria —especialmente con la vista puesta en la integración en la UE—, mientras que otras ya aprobadas —como las relativas al Consejo Supremo del Poder Judicial y a la judicatura en general, o a la independencia del Banco Central— siguen faltas de una voluntad política más decidida y de un más completo desarrollo normativo que les permita devenir verdaderamente eficaces. Añádase a ello la persistencia del debate político en torno a los perfiles de algunas de las instituciones ya operantes —la presidencia, sin ir más lejos, sometida a un auténtico cerco a cuenta de las conocidas diferencias entre Havel y Klaus, primero, y entre éste y Zeman más tarde— y se tendrá una imagen más completa de la provisionalidad con la que la República Checa ha vivido éstos sus primeros años de independencia.

LOS DERECHOS Y EL RESPETO HUMANOS A LAS MINORÍAS

Aunque es cierto que, debido a las premuras con las que se debatió, la vigente Constitución checa carece de un título específicamente dedicado a la enumeración de los derechos y libertades de sus ciudadanos, no lo es menos que en su articulado se estableció la incorporación de la vigente Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de enero de 1991, muy generosa no sólo en lo referente a los derechos políticos sino también en cuanto a los de orden económico y social, y a los relativos a la protección de las minorías étnicas. Además, en ella se proclamó que los tratados internacionales en materia de derechos y libertades fundamentales, debidamente ratificados por la República Checa, resultarían inmediatamente vinculantes y tendrían un valor superior al de la propia ley, lo que obliga a recordar que, hasta la fecha, la República Checa ha ratificado un catálogo de documentos internacionales sobre la materia sobradamente homologable al de cualquier vieja democracia occidental. Entre ellos se incluyen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la mayoría de sus Protocolos, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, la Carta Social Europea, el Convenio Marco para Minorías Nacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el Convenio contra la Tortura, el Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y un largo etcétera.

En este marco normativo, sin embargo, al menos tres fuentes de preocupación parecen subsistir. Una es la persistencia de las redes de tráfico de mujeres y niños, que han convertido a la República Checa en punto de origen, tránsito y destino de esta actividad criminal, y contra la que las autoridades checas acaban de lanzar un Plan Nacional de Lucha Contra el Abuso Sexual con Fines Comerciales. Otra es la recurrencia de los crímenes racialmente motivados, que en el año 2000 alcanzaron la cifra de 364 —más del doble que dos años antes— y contra la que se están empleando medios policiales y legislativos con la mayor contundencia, junto con variadas campañas educativas (así el reciente Proyecto Tolerancia).

Y la tercera es el problema de la comunidad gitana (o oma), que con sus 300.000 integrantes supone el 3 % de la población checa. Su situación, como en tantos otros lugares, se caracteriza por la persistencia de condiciones de vida muy inferiores a la media y de menores oportunidades educativas y, consiguientemente, por inaceptables tasas de analfabetismo y de desempleo, cuando no por abiertas discriminaciones e incluso ataques de naturaleza racista, que en alguna contada ocasión —recuérdese el episodio del Muro de Ustí nad Labem, con el que se pretendía aislar al barrio gitano del resto de la ciudad— cuentan con el apoyo de algunas instituciones locales. Para hacer frente a esta situación, las autoridades checas han realizado —y así lo han reconocido tanto la Comisión como el Parlamento Europeo— importantes esfuerzos de cara a su plena integración en el sistema educativo, el mercado laboral, los servicios públicos, la asistencia sanitaria y la sociedad en general.

Entre estos esfuerzos hay que señalar la entrada en vigor, en agosto de 2001, de la nueva Ley sobre los Derechos de las Minorías Nacionales, que refuerza la protección de éstas y marca pautas para la Administración y la judicatura, al tiempo que crea un Consejo para las Minorías Nacionales, integrado por representantes de la Administración y de las propias comunidades, con objeto de facilitar el acceso de las minorías a los procesos de toma de decisiones gubernamentales y de administrar los fondos destinados al apoyo de sus actividades.

Con todo, el mayor obstáculo para la plena vigencia de los derechos fundamentales contenidos en la ambiciosa redacción de los textos checos e internacionales vigentes en el país parece localizarse en la lentitud con la que se está llevando a cabo la reforma de la judicatura checa, encaminada a dotarla de los medios necesarios para realizar sus tareas con la eficacia necesaria; y en los debates sin fin anteriores a la aprobación de una Ley de la Función Pública, que regule adecuadamente los procedimientos administrativos, establezca una Administración profesional, y mantenga a los funcionarios públicos al margen de las cambiantes mayorías parlamentarias. Mientras esto no suceda, no es de extrañar que los ciudadanos checos sigan señalando la corrupción y la delincuencia económica como una de sus principales preocupaciones, lo mismo que la Administración, la policía y los servicios secretos, el sistema sanitario, los bancos y la clase política como a los sectores más necesitados de estrecha vigilancia.

A este respecto, quizá no sería ocioso recordar que la más importante crisis política por la que el país ha pasado desde su independencia llegó de la mano de un escándalo de financiación ilegal del partido en el Gobierno, y que se saldó con la dimisión forzada del primer ministro Václav Klaus, la formación de un gabinete de técnicos y de miembros de la antigua coalición gubernamental desafectos a éste, y la convocatoria de unas elecciones anticipadas que llevarían por primera vez al poder al Partido Socialdemócrata. Y que ni entonces ni ahora las denuncias aireadas por los medios de comunicación parecen haber recibido una respuesta adecuada.

EL PARLAMENTO FRAGMENTADO DE 1992

Tras las decisivas elecciones de junio de 1992 —aquéllas que en pocos meses trajeron la inapelable pero no por ello menos inesperada ruptura de la Federación—, el sistema checo de partidos quedó configurado por la existencia de: a) un centroderecha mayoritario, dividido entre fuerzas de orientación conservadora, liberal y democristiana, que resultaron en buena medida de la temprana fragmentación del Foro Cívico —el movimiento de amplia base fundado por Václav Havel— y capaces, quizá por ello de concurrir a la formación de una coalición gubernamental razonablemente compacta; b) una izquierda todavía agrupada mayoritariamente en torno al Partido Comunista, pero dotada de sendos partidos: socialista y socialdemócrata —éste último sin vínculos con el pasado régimen—; c) una derecha radical pujante pero anatematizada por el resto de los partidos del arco parlamentario; d) y una pequeña fuerza representativa de los intereses regionalistas de Moravia y Silesia. En suma, un sistema no poco radicalizado, claramente vertebrado en torno al eje derecha-izquierda, falto, tras la separación de Eslovaquia, de tendencias centrífugas de importancia, y en el que el rasgo más llamativo era el importante grado de fragmentación de las diferentes familias políticas.

PARLAMENTO SIMPLIFICADO DE 1996

Y si la característica más definitoria del sistema de partidos checo en 1992 era la de su fragmentación, la que mejor podría definir su evolución a partir de ese momento es la de su progresiva simplificación. Con ocasión de las elecciones de junio de 1996, los regionalistas moravos, escindidos en nada menos que tres facciones, quedaron fuera del Parlamento, como también los socialistas. Al tiempo, los comunistas del KSCM perdían una cuarta parte de su electorado y el espacio del centro-izquierda quedaba mayoritariamente en manos del Partido Socialdemócrata (CSSD) , que cuadruplicó sus resultados de cuatro años atrás, para alcanzar un 26,4 % de los votos y 61 escaños.

En la otra parte del espectro político las cosas se moverían en cambio bien poco, de modo que el Gobierno encabezado por el Primer Ministro Václav Klaus seguiría disponiendo de apoyo suficiente para seguir gobernando con los votos de su propio Partido Demócrata Cívico (la ODS, con el 29,6 % de los sufragios y 68 escaños) y de sus aliados cristianodemócratas del KDU-CSL (8,0 % del voto, 18 escaños) y liberales de la ODA (6,3 % del voto y 13 escaños). En esencia, pues, las elecciones de 1996 supusieron a la vez la confirmación del buen rumbo de la coalición gobernante encabezada desde 1992 por Václav Klaus, y la consagración del CSSD de Milos Zeman como auténtica alternativa de poder. Se descartaba así la posibilidad de que el Partido Comunista Checo —tan reacio a su transformación en una fuerza de izquierdas homologable con las de su entorno más cercano— pudiera algún día jugar en la República Checa el mismo papel del MSZP en Hungría o el SLD en Polonia.

Así las cosas, la oportunidad para el relevo político vendría dada apenas un año más tarde como consecuencia de la grave crisis económica que sacudió a la República Checa en la primera mitad de 1997 y de los escándalos financieros que la sucedieron en noviembre de ese año, a los que ya hemos hecho alusión. En efecto, ante un Gobierno debilitado por un escenario de crecimiento ralentizado, déficit presupuestario y devaluación de la corona apenas contrarrestado por un tardío Programa de Estabilización y Recuperación que proponía recortes presupuestarios, congelaciones salariales y límites a la importación, los escándalos financieros en los que se vio envuelto la ODS dieron el golpe de gracia a Klaus, quien tras superar una moción de censura por apenas dos votos, hubo de presentar poco después su dimisión para dar lugar a la formación de un gabinete interino, y a la consiguiente celebración de elecciones anticipadas los días 19 y 20 de junio de 1998 —apenas dos años después de las anteriores—.

LA GROßKOALlTlON DE 1998

A la vista de las circunstancias, el hundimiento electoral del ODS parecía tan imparable como la victoria electoral del CSSD . Sin embargo, los resultados electorales provocarían la sorpresa de todos los observadores: con el 32,2% de los votos y 74 escaños, los socialdemócratas mejorarían sensiblemente sus resultados de dos años atrás, situándose como la fuerza más votada del país y haciendo efectivamente buenos los pronósticos que les daban como vencedores. Pero, por el contrario, el descenso del ODS sería mucho más pequeño de lo aventurado —apenas dos puntos y cinco escaños—, dándose la paradoja adicional de que de haber querido unir sus 63 escaños con los 20 de sus antiguos aliados cristianodemócratas y los 19 de la recién escindida Unión por la Libertad, Klaus habría podido encabezar un nuevo gabinete de centro-derecha, respaldado además por una mayoría absoluta de la que antes no había gozado. Ante semejante resultado electoral —añádase a lo dicho que ni los liberales de la ODA ni los radicales de la Alianza por la República conseguirían acceder al Legislativo, dejando así reducida la cámara a los cuatro partidos mencionados, más el KSCM—; y descartada por voluntad de todas las partes implicadas tanto la reedición de un gabinete de centro-derecha encabezado de nuevo por Klaus, como el experimento de una alianza de izquierdas entre socialdemócratas y comunistas, a la postre acabó imponiéndose la más sorprendente de las alternativas: una Großkoalition en la forma de Gobierno minoritario socialdemócrata apoyado desde fuera del gabinete por los votos del ODS.

Las críticas a esta opción por parte de los demás partidos se produjeron no tanto por la discutible compatibilidad entre los objetivos programáticos de una y otra fuerza —que, de hecho, han coincidido bien poco, por lo que revela la transcripción de sus votos en el Legislativo—, como por los objetivos implícitos en el pacto de coalición, ambiguamente titulado Acuerdo para la creación de un clima político estable para la República Checa. Según su tenor literal, ambos partidos se comprometían en el futuro a apoyar la formación de un Gobierno por aquél de los dos con mayor número de votos, a garantizar al partido que quedase en la oposición la presidencia de ambas cámaras y la titularidad de otros órganos constitucionales, a renunciar al planteamiento de mociones de censura o a la disolución de la Cámara de Diputados, a no entrar en pactos con terceros partidos, a establecer procedimientos de mediación para la resolución de sus diferencias, a evacuar consultas bilaterales antes de cualquier debate parlamentario y, sobre todo, a propiciar aquellos cambios legislativos y constitucionales necesarios «para definir de manera más precisa las competencias de los órganos constitucionales y los procedimientos para ejercerlas, de acuerdo con los principios constitucionales de la República Checa, para reforzar así la importancia de los resultados de la competencia entre los partidos» —afirmación ésta última en la que muchos no veían otra cosa que un plan para sacar adelante reformas constitucionales que recortasen los poderes del presidente frente al Parlamento, y legislativas para limitar los perfiles netamente proporcionales de la ley electoral existente en beneficio de los grandes partidos—. Dos propósitos que si no han sido enteramente conseguidos a lo largo de la presente legislatura es debido a la frontal oposición del presidente Havel y del Senado —desde finales del 2000, en manos de los partidos de la oposición agrupados en la Coalición de los Cuatro—, y por la más matizada procedente del Tribunal Constitucional.

En suma, el proceso de decantamiento y simplificación del sistema de partidos checo parece en la actualidad encaminarse hacia la implantación de un modelo bipartidista, si bien ello no parece tanto consecuencia de los cambios en las actitudes políticas de los ciudadanos cuanto —y en ello radica lo criticable— de la inequívoca voluntad de las fuerzas mayoritarias por establecer unas reglas de juego que operen en beneficio propio y en detrimento de sus adversarios. Que lo logren o no, en última instancia, dependerá de qué piensen al respecto los ciudadanos checos en su inminente cita electoral del próximo junio.

UNA ECONOMÍA DE MERCADO YA EN FUNCIONAMIENTO

Por lo que rescta al cumplimiento de los criterios económicos de Copenhague, el parecer de la Comisión en su reciente informe de noviembre de 2001 es que la República Checa constituye sin duda una economía de mercado en funcionamiento, de modo que «siempre que procure consolidar el presupuesto a medio plazo y que concluya la aplicación de las reformas estructurales, el país debería poder, en un futuro próximo, afrontar la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión». En opinión de la Comisión, después del serio revés de 1997 —cuyas implicaciones políticas ya hemos visto— el país «ha mejorado en conjunto su rendimiento macroeconómico. Se ha reanudado el crecimiento sobre bases más amplias, y los resultados en materia de inflación siguen siendo positivos. Actualmente, está tratando de incremenentar la transparencia de sus finanzas públicas. El crecimiento sostenido de la inversión interna y, sobre todo, extranjera se ha traducido en una reestructuración en productividad, Se ha proseguido la reestructuración del sector bancario y se ha llevado a cabo su privatización».

No obstante, varios indicadores económicos siguen arrojando resultados preocupantes, y para hacerles frente todavía no se ha hallado un tratamiento adecuado. En concreto, los últimos años han presenciado un serio crecimiento del déficit por cuenta corriente y del déficit presupuestario, debido a tos costes extraordinarios de la reestructuración y a una incorrecta orientación de la política presupuestaria. En segundo lugar, resulta indispensable mejorar todavía el marco jurídico por el que se rigen las condiciones de entrada y salida del mercado, y aplicar con energía las normas prudenciales previstas para el sector financiero. En relación con el sector bancario, las autoridades checas deberían reactivar el proceso de eliminación de los créditos incobrables, una ve: que se hayan reestructurado íos bancos fortaleciendo la competencia entre ellos y el papel de las autoridades de supervisión, estableciendo controles transparentes del uso dado a las ayudas estatales y luchando contra las irregularidades y el fraude en el sector. En cuarto lugar, se debería seguir profundizando en la privatización y la reorganización de las grandes empresas estatales que quedan, para reforzar así su gobernanza y eficacia. Además, se debería llevar a cabo una aplicación transparente y efectiva de la política de competencia, dotando de un entorno jurídico sólido y coherente a la actividad empresarial. Y por último —apuntan las instancias comunitarias— la economía checa precisa urgentes inversiones públicas «orientadas al futuro para la mejora de la protección social, la salud pública y la educación, así como para lograr una economía más sostenible desde el punto de vista del medio ambiente».

En suma, nos hallamos ante una economía que ha avanzado decididamente en su proceso de transformación, pero que cuenta todavía con importantes sectores pendientes de la reestructuración necesaria para resultar competitivos en el mercado único que se les avecina. Probablemente ello contribuya a explicar por qué de entre todos los candidatos a la adhesión a la UE, los checos resultan ser los que con menor entusiasmo ven sus posibilidades de entrar en la Europa comunitaria.

EUROESCEPTICISMO

Interrogados en torno a si creen que su economía se beneficiaría con la entrada del país en la UE, los checos responden afirmativamente en un 49%, mientras que sus vecinos polacos superan ligeramente ese porcentaje y los húngaros lo hacen con holgura. Cuando la cuestión se vuelve más específica y gira en tomo a si consideran que su agricultura se beneficiará más o menos que la de la UE con la ampliación, la posición de los checos muestra también una elevada dosis de escepticismo y no poca indiferencia, ya que para el 43 % será la agricultura comunitaria —y no la checa — la que más se beneficie de la incorporación del país a la UE.

Sorprendentemente, ese escepticismo se proyecta también en un plano respecto al que —al menos en principio— cabría esperar que la opinión pública checa se mostrase relativamente optimista, como es el de la competitividad empresarial. Aun tratándose del país más industrializado de la región y de uno de los que con mayor decisión ha emprendido la reforma de sus estructuras empresariales, los estudios de opinión revelan que apenas uno de cada cuatro checos cree que con la integración en la UE vaya a mejorar la competitividad de sus empresas, mientras que el 40% de los encuestados considera que ésta no mejorará —un porcentaje que duplica el de Hungría y casi triplica el de Polonia—. Además, los checos son también los más escépticos de la región en cuanto a la posibilidad de que la introducción de las normativas comunitarias en materia de calidad de los productos vaya a producir un efecto positivo perceptible sobre sus vidas: sólo el 17% de los entrevistados comparte esta opinión, y aunque apenas un 10% cree que de ello vayan a derivarse efectos negativos, el 23% de los encuestados —también la cifra más elevada de la región— piensa sencillamente que de la introducción de las normativas comunitarias no se derivará efecto alguno sobre su vida.