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María Zambrano y el mito clásico de Antígona: una ética para nuestro tiempo

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Un caso periodístico abierto: el 11-M

En 1917 el senador norteamericano Hiram Johnson proclamó que la primera víctima de la guerra es la verdad. En la medida en que el terrorismo es una forma de guerra -no tanto porque lo sea en sí mismo, sino porque aspira a serlo-, la frase del político californiano resulta válida para la información sobre los atentados terroristas, y en particular para lo que sucedió en España entre el ataque masivo a los trenes de cercanías madrileños, el pasado 31 de marzo, y las elecciones generales celebradas sólo tres días después.

Cualquier periodista con años de experiencia sabe lo difícil que es informar sobre el terrorismo. Las reglas de procedimiento que deben ser aplicadas para obtener una información veraz -fuentes originales y contraste de información, entre otras- resultan por lo general imposibles. Los medios suelen tener amplio margen para difundir los efectos de los atentados -lo que forma parte del objetivo de la acción terrorista, que multiplica su efecto al conseguir una difusión extensa y detallada-, pero no pueden acceder a quienes han ordenado y ejecutado el crimen, pues por lo general los criminales se ocultan para eludir la acción de la justicia. Esta última, por razones de eficacia, procura el secreto de la investigación, la cual a su vez resulta con frecuencia compleja y lenta, a pesar de los esfuerzos policiales. Las fuentes de esta última naturaleza, en fin, acostumbran a proteger las claves que les han llevado a detener a los culpables, que muchas veces comprenden la labor de infiltrados, interceptación de comunicaciones o confidentes.

Cuando se produce un atentado de grandes proporciones -y el de Madrid fue el mayor que haya ocurrido nunca en Europa en tiempo de paz, con 192 muertos y más de 1.500 heridos- es normal que exista una desproporción manifiesta entre la demanda de información por parte de la opinión pública y la capacidad para disponer de ella. A veces los terroristas intentan aprovechar ese hueco con la difusión de mensajes o imágenes que forman parte de su estrategia. Bien recientes están las grabaciones, difundidas por casi todas las televisiones occidentales (y entre ellas las españolas con especial insistencia), de rehenes japoneses amenazados brutalmente por sus captores en Irak.

La competencia mercantil entre los medios, combinada muchas veces con la excitación de obtener una información más sensacionalista que sensacional, conduce en ocasiones a una dinámica en la que cualquier barrera ética se desmorona. Si esa rivalidad y ese afán originalmente periodísticos se combinan con la utilización política de una agresión terrorista, el resultado final dista bastante de lo que suele conocerse como el interés público, concepto que legitima el principio de la información veraz, cuya difusión es amparada y protegida por nuestra Constitución. Mucho de eso -muchísimo, incluso- ocurrió entre el 11 y el 14 de marzo.

A dos meses de los acontecimientos, las principales conclusiones a las que podemos llegar son las siguientes:
1 · Todos los medios de comunicación (españoles e internacionales) difundieron informaciones que podrían considerarse formalmente veraces, pero que en cualquier caso no eran ciertas. En la mayoría de los casos, estos errores se debieron a una estimación inexacta de las fuentes, sin que pueda advertirse mala fe. Fue el caso de la cifra de muertos, sobreestimada en diez personas (se llegó a hablar de 202) debido a que no se había completado la identificación de los restos. Lo mismo ocurrió con las estimaciones de la autoría: cuando el jueves 11 los análisis policiales y de inteligencia, así como la práctica totalidad de los dirigentes políticos, atribuyeron la responsabilidad a la banda terrorista ETA, estaban convencidos de que los indicios eran más que suficientes como para deducir esa imputación.
2 · Aunque resulte paradójico, ese mismo día y de igual modo que muchos se equivocaron por haber efectuado un análisis erróneo, hubo unos pocos que acertaron como fruto no de una información exclusiva, o de un análisis más certero, sino a consecuencia de su afán por eludir responsabilidades. Fue el caso de los dirigentes de la antigua Batasuna, cuyas primeras declaraciones no tenían más objetivo que exculpar, o por lo menos sembrar dudas, sobre la autoría de ETA. Cuando se toma conciencia de esta paradoja es difícil no evocar el adjetivo de diabólica, como hizo algún tiempo después un importante dirigente político. Quienes buscaban la verdad se equivocaron, mientras que aquellos que perseguían la mentira acertaron.
3 · Al final del día, ese mismo jueves 11, todos los medios contribuyeron, en mayor o menor medida, a dar credibilidad a una reivindicación falsa, supuestamente efectuada por un grupo islamista de Oriente Medio y recibida por correo electrónico en un periódico árabe de Londres. Algunos medios se hicieron eco, asimismo, de un rumor no confirmado, referente a la posible existencia de suicidas entre los fallecidos. Esta hipótesis jamás fue manejada por los forenses y surgió en medios policiales ante la existencia de cadáveres muy fragmentados. Este resultado, sin embargo, era lógico al explotar una docena de bombas en cuatro trenes abarrotados de viajeros, varios de los cuales, por cálculo de probabilidades, debían por necesidad encontrarse en las inmediaciones de las bolsas o mochilas con explosivos.
4 · El único indicio que de acuerdo con las investigaciones posteriores conducía a los autores del atentado (aunque esto no era posible saberlo ni el jueves 11 ni el viernes 12) fue la cinta grabada con suras del Corán que apareció, junto con otras cintas desprovistas de significación y varios detonadores, en una furgoneta aparcada junto a la estación de ferrocarril de Alcalá de Henares, cuya existencia fue denunciada por un vecino. El ministro del Interior, Angel Acebes, informó esa misma tarde de la aparición de la cinta y anunció que se abría una nueva línea de investigación.
5 · A última hora de la noche del jueves, la suma de la aparición de la cinta con la reivindicación al periódico de Londres y el rumor de los suicidas, indujo a la dirección del Partido Socialista -es probable que con la colaboración de Izquierda Unida- a desarrollar una estrategia para minimizar lo que suponían que podría ser una pérdida de votos, tal y como habían temido durante las horas previas en las que ellos mismos aceptaban como evidente la autoría de ETA. La dirección socialista no tenía la más mínima información adicional: sólo buscaba producir ruido para generar confusión en la opinión pública, durante el tiempo suficiente para llegar a las elecciones.
6 · Ningún medio de comunicación internacional, como tampoco ningún gobierno o servicio de inteligencia, dispuso ese día y los siguientes de información distinta que fuera fiable. Todas las pistas que condujeron a la identificación de los autores resultaron de la investigación policial española. El conocimiento fuera de nuestro país fue nulo. Otra cosa distinta es que, por razones comerciales y de atención a sus propios intereses, determinados medios internacionales acentuasen la hipótesis sobre la responsabilidad de Al Qaeda, la cual era «más noticia» mundial que si la responsabilidad hubiera sido de ETA -es decir, un asunto interno español-. Es muy dudoso que esta preferencia se hubiera producido antes de los atentados contra Nueva York y Washington de septiembre de 2001.
7 · Todos los progresos sustanciales de la investigación policial fueron comunicados, a las pocas horas, por el ministro del Interior. Nunca fue tan rápida la investigación de un atentado de está naturaleza, así como las detenciones de los supuestos autores. Las tres noticias clave de la investigación, en esos primeros días, fueron la aparición de la furgoneta con detonadores y una cinta del Corán; la detención de tres marroquíes y dos indios al seguir la pista del teléfono móvil en la bolsa que fue desactivada; y la localización, previo aviso, de una cinta de vídeo en la que un islamista reivindicaba la autoría. Estos dos últimos avances se efectuaron en la tarde y noche del sábado 13, es decir, apenas unas horas antes de la jornada electoral.
8 · El Gobierno de Aznar transmitió las hipótesis de los servicios policiales y de inteligencia, y no ocultó ninguna información sustancial, como tampoco falseó ningún dato. Sólo en un caso -las primeras detenciones- los medios de comunicación tuvieron conocimiento previo de lo que iba a anunciar el ministro del Interior, debido probablemente a filtraciones de alguna institución oficial y al interés del mando policial por retrasar el conocimiento general de unos datos que afectaban a una importante investigación, la cual estaba lejos de haber concluido.
9 · Los medios de comunicación más hostiles con el Gobierno (y en el caso de la cadena SER pasaron a convertirse en medio de agitación), fueron los menos rigurosos a la hora de evaluar las informaciones. Dieron credibilidad a la teoría de los suicidas, estimularon la vulneración de la jornada de reflexión electoral y mintieron al afirmar, en la madrugada del domingo 14, que desde la mañana del sábado conocían la existencia del vídeo reivindicativo. Dicho vídeo, según reveló la investigación posterior, había sido grabado en la tarde del sábado.
10 · El conocimiento de todo lo que pasó en torno al 11 de marzo se encuentra aún muy lejos. No se conoce, por ejemplo, la autoría intelectual. de los atentados -el líder o comité que planificó la operación-. Muchos detalles de la forma en que se obtuvieron los explosivos y se organizaron los atentados son asimismo una incógnita. Como otras organizaciones terroristas, y probablemente más que la media, el terrorismo islamista no es una organización de perfiles definidos, sino una especie de ameba con múltiples ramificaciones. Quizá pase mucho tiempo antes de que podamos tener una información suficiente sobre los efectos políticos que se pretendían, lo cual no sería ninguna novedad en la historia de España. Treinta años después de haber ocurrido, aún no sabemos quién fue el personaje de la oposición de izquierda que, en la cafetería del hotel Mindanao de Madrid, informó a unos terroristas de ETA de la rutina matinal del presidente Luis Carrero Blanco. En uno y otro caso, se buscaba condicionar, por la violencia, el devenir de los españoles. Y en ambos casos se Consiguió.

No es la parte, es el todo lo que está en juego

Una forma de convertir el todo en nada es haciendo de la nada un todo. O, si se quiere, de otra manera: la verdad desaparece si se impone la mentira. Por eso todos los totalitarismos tienen que descansar en la mentira. Los nazis hablan de la superioridad de la raza, los comunistas de la liberación del hombre y los fundamentalistas islámicos de la libertad en Occidente como un mal pagano que debe ser aniquilado. Hoy, además, con las modernas técnicas y recursos políticos y mediáticos, hacer de una realidad falsa un todo verdadero, es algo relativamente fácil.

Así se consigue, por ejemplo, que el Gobierno que más y mejor ha luchado contra el terrorismo, según los resultados producidos, sea percibido por una buena parte de la opinión pública como responsable de la amenaza y atentados terroristas. O que el único presidente de la reciente historia democrática española que ha renunciado al poder y al liderazgo de su partido por voluntad propia, pase como el más autoritario de todos.

Esta experiencia de carácter cotidiano y al mismo tiempo histórico (pues marca un periodo) que está viviendo el Partido Popular y la sociedad española en los últimos años, revela algo que ni siquiera ahora muchos dirigentes populares y quienes les respaldan socialmente son capaces de advertir.

Hasta el punto de que, habiendo firmado un pacto anti-PP, insólito en cualquier democracia, quienes lo han hecho y lo mantienen vigente, pasen por ser los adalides del diálogo, del talante y del consenso, mientras los dirigentes populares tienen que defenderse de su pretendida intransigencia y autoritarismo. Como en las peores épocas nazis y revolucionarias, cientos de sedes del PP han sido asaltadas y quemadas en los últimos años (y todo denunciado ante los juzgados), y sin embargo quienes han alimentado y agitado esas aguas (la izquierda y los nacionalistas), tienen la faz de exhibir una pretendida superioridad en la tolerancia.

Ni siquiera son las leyes, los derechos y las condiciones, sociales o territoriales, ni la forma ni el talante de abordar las cosas, lo sustancial. Estas son partes a las que se recurre, o se imponen y se confunden deliberadamente en medio del ruido de la actualidad, para ocultar el todo que tienen como objetivo la izquierda y los nacionalistas. Enredar a los demás para facilitar el camino propio, es una vieja táctica que sigue dando sus frutos porque se hace desde la falta de escrúpulos y jugando con la buena fe de las personas.

Ese objetivo, el todo, es cambiar el actual régimen y sistema político español. De una forma más o menos abierta o escondida, y en unos periodos de tiempo más o menos cortos. Todo dependerá de las circunstancias. La ruptura revolucionaria que no pudieron hacer hace veinticinco años, cuando se negociaba la Constitución de 1978, quieren hacerla ahora.

Propósito este que será negado y descalificado siempre por sus protagonistas con una facilidad pasmosa, y jugando con la credulidad y el conformismo de buena parte de la sociedad, porque para que triunfe la mentira ni debe admitirse ni debe parecer tal.

De la misma forma que para hacer del todo nada, y de la nada todo, tienen que imponer la idea de que los conflictos y la crisis no se derivan en este caso del terrorismo, y de los independentistas, sino de la actual Constitución, del vigente Estado de las autonomías y, en definitiva, del propio sistema. De esta forma la solución que se va imponiendo es la de cambiar el régimen. Se cambia el sentido de la lógica. Lo lógico no es cumplir las reglas que han sido adoptadas democráticamente, sino cambiarlas para favorecer a los que no quieren cumplirlas.

Por eso, para entender la profundidad y alcance de lo que representa el cambio de rumbo de la política española, hay que partir de dos hechos sobrevenidos con la globalización. Ambos son consecuencia uno del otro.

El primero de estos hechos es la democratización del planeta, producto de la revolución tecnológica de la información. Ni los gobiernos más tiranos, ni los poderes más férreos, pueden impedir hoy que la información impregne la vida íntima y pública de las personas. Y la información es, entre otras cosas, no sólo fuente de conocimiento sino fuente de agitación y el instrumento más poderoso en la lucha por el poder en las democracias.

Esta democratización hizo a finales del siglo XX que socialistas, comunistas y nacionalistas fuesen los grandes perdedores ideológicos. No sólo se desmoronó el imperio soviético, sino que no han podido impedir que la democracia liberal sea el modelo de liderazgo y de referencia. Una nueva realidad que exigía una regeneración de la izquierda, y que en Europa ha tenido en el laborista Tony Blair su principal valedor. Pero su línea no ha sido seguida por las principales fuerzas del socialismo continental.

LA LÓGICA ANTI-SISTEMA PARA CAMBIAR EL SISTEMA

La incapacidad para generar una nueva alternativa propia ha hecho que los socialistas europeos caigan en manos de otras fuerzas, que según los lugares y circunstancias son verdes, nacionalistas o comunistas, y antiglobalización. Es ilustrativa a este respecto la fotografía del nuevo Gobierno socialista español junto a las minorías radicales de las que dependen.

En la evolución de los procesos, la falta de regeneración conduce a la degeneración. La izquierda europea evoluciona hacia sus orígenes totalitarios. Es la razón por la que están dejando de presentarse con su propia identidad. Se presentan detrás de una máscara que expresa contrariedad y protesta. El antisistema, la antiglobalización, el anti-PP, el antisemitismo, el antiliberalismo, el antiatlantismo… son diferentes variables de un mismo modelo, prefijado en la superioridad sobre los demás y el sometimiento del contrario.

Para los socialistas españoles lo importante en los últimos años no ha sido vender un nuevo proyecto socialista, que ni siquiera se han preocupado de hacerlo, sino realizar alianzas y acuerdos anti-PP con las demás minorías, por muy extremistas o antisistema que éstas fueran. Todo ello envuelto por unas formas y dialéctica fáciles de imponerse al pensamiento débil. Se hacen del diálogo y el talante elementos sustantivos para ocultar lo verdaderamente sustantivo, la responsabilidad de los actos y sus consecuencias.

Un modelo totalitario fija sus expectativas y supervivencia en la destrucción del contrario. Por eso es totalitario. Pero en este caso hay un grado de perversión y sutileza mayores, si cabe, porque se trata de aniquilar al contrario, pero no que desaparezca. Es decir, se trata de someterle, para poder seguir utilizándolo en beneficio propio. Los modelos de poder que actualmente rigen en las comunidades vasca y catalana son ejemplos precisos al respecto: la oposición existe, pero bajo un clima de hostilidad y amenaza permanente, y sin expectativas de poder. Es una forma de hacer en el día a día un proceso irreversible de dominio totalitario que se va imponiendo en las escuelas, en las administraciones, en las normas, en los ambientes. Por eso escuchamos desde hace años a ciudadanos vascos y catalanes no nacionalistas quejarse y denunciar esta realidad. Por eso las leyes y normas del Estado y de sus instituciones son incumplidas por los poderes nacionalistas, sin que tenga consecuencias.

No se puede decir que este sea ningún modelo nuevo, sino muy conocido en la historia política de las democracias de corte populista (el PRI mexicano ha sido una referencia habitual para ilustrarlo), pero que en el caso que nos ocupa tiene nuevos factores diferenciales. Uno de ellos es el uso del terrorismo para ocupar y mantener el poder; y otro, las técnicas científicas para imponer climas políticos y de opinión sobre grandes masas de población.

La matanza terrorista en Madrid a setenta y dos horas de las elecciones del catorce de marzo, y su influencia en el cambio producido de la mayoría, se ha convertido ya en un primer caso de estudio de la historia política y de procesos electorales. Pero el uso que se hizo del terrorismo para imponer la mayoría de un signo, se viene haciendo desde hace años en el País Vasco, donde el poder nacionalista y comunista están aliados con los terroristas de ETA, y desde comienzos de año lo mismo ocurre con el nuevo poder autonómico catalán. El llamado tripartido catalán de socialistas, comunistas e independentistas hicieron un doble pacto: negociar con ETA y conjurarse contra el PP (aspecto este último mencionado anteriormente y que ocupa un anexo del acuerdo suscrito entre las tres fuerzas).

En cuanto a las técnicas científicas para imponer climas políticos y de opinión, no es una cuestión de poder, sino de querer. Y de igual forma que la revolución tecnológica de la información abre un proceso democratizador incontrolable, las fuerzas totalitarias han encontrado en la propia información un recurso formidable de poder y manipulación.

Entre otras cosas porque son más veloces y profundos los cambios tecnológicos, que la capacidad cultural y social que tenemos las personas para digerir y formar criterio de la volcánica actualidad. Lo que facilita el uso de los medios más sofisticados y extraordinarios para fabricar climas de opinión dirigidos al primer nivel de nuestro sistema perceptivo, que es el más simple de la mente. A esto se le ha llamado «pensamiento lateral», y ya en un libro de varios autores publicado por la Universidad de Oxford hace tres años, Edward de Bono hablaba de ese escenario como del área mental que no entra en el análisis de las cosas, sino en planteamientos simples y provocadores (por eso en la campaña contra el PP se llegan a utilizar hasta los llamados programas de televisión basura).

Comparadas estas técnicas en el debate político español, se comprueba que mientras unos buscan y debaten la lógica de actitudes, declaraciones y decisiones (como puede ser pactar con ETA y decir al mismo tiempo que se está contra el terrorismo, o hablar de un talante y razones que sencillamente se contradicen con los hechos de manera sistemática), para la izquierda y los nacionalistas esto no son más que mecanismos de provocación y atracción de la opinión pública. No cuentan los contenidos de lo que se dice o se hace, sino sólo sus resultados.

DOS MODELOS EN CONFLICTO

Hacer de una idea falsa un poder de decisión colectiva, es uno de los resultados de este tipo de procesos. Por este mecanismo se ha llegado a convencer a una gran parte de la opinión pública española, que la amenaza terrorista del fundamentalismo islámico en España es consecuencia de haberse decidido el Gobierno de Aznar a intervenir en la guerra contra el tirano Sadam Hussein. Ello, a pesar de haberse demostrado que, por ejemplo, los preparativos terroristas de la matanza del 11-M fueron iniciados meses antes de que empezase el conflicto bélico iraquí. Y de haberse demostrado asimismo que España ha sido desde hace años un centro clave de las operaciones de Al Qaeda y sus grupos terroristas.

A todo esto hay que sumar otros dos aspectos derivados también del nuevo orden marcado por la globalización. Por una parte, la decisión de algunos gobiernos y poderes árabes dispuestos a impedir la democratización y liberalización de sus propios regímenes y cultura; y por otra, la de gobiernos y países como el francés dispuestos a mantener una política antiamericana para impedir el liderazgo transatlántico en Europa. De ahí la confluencia de intereses que puede observarse en muchos casos, y cómo esa posición francesa ha dividido a Europa frente a Estados Unidos y la guerra contra el terrorismo que se inicia con el 11 de noviembre de 2001.

La política española se ve inmersa en este gran proceso de luchas y transformaciones políticas, y las posiciones adoptadas en estos años por el PP y el PSOE, y sus respectivos liderazgos, hacen que en el día a día se viva con intensidad el conflicto de los dos modelos políticos: el de una democracia liberal, y el de una falsa democracia, que empieza por corromper sus principios y valores, ocultando un auténtico proceso involucionista.

Lo que estaba en juego en las elecciones españolas del pasado catorce de marzo, es lo mismo que sigue estándolo hoy: un modelo de democracia. Estamos ante una batalla ideológica no sólo de eficacia en la gestión política y administrativa. De hecho, es la falta de esa solidez ideológica y de valores democráticos lo que hace posible la fácil manipulación de la opinión pública y la volatilidad del voto, cambiando en veinticuatro horas casi dos millones en contra del gobierno de los populares.

De tal forma que los propios resultados electorales del catorce de marzo van a marcar tanto el futuro del gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, como de la oposición del PP, que cuenta con casi diez millones de votos y la mayor representación (148 escaños y el 37,64%) que tiene una fuerza opositora desde que se inició el actual régimen constitucional hace veinticinco años.

En ningún lugar la política es algo local. Pero no es sólo global por razones geoestratégicas, sino ideológicas. Las ideas, valores y la actitud frente al terrorismo y el totalitarismo tienen una dimensión intelectual, humana, científica y moral. Una dimensión global (de conjunto), como lo es la persona y sus universos interior y exterior.

Con el liderazgo de José María Aznar, el PP ha tenido un proyecto global e ideológico, para España e internacionalmente: consolidando y potenciando el papel del centro derecha en el liderazgo democrático español; haciendo de la dimensión transatlántica un eje del desarrollo español, europeo e internacional. Tanto respecto a Estados Unidos como a Iberoamérica, y tanto en lo político como en lo económico y social. Y, finalmente, haciendo de los valores y las convicciones una referencia del modelo político. Todo ello es lo que ha contribuido a consolidar la posición y fortaleza de España.

Esto es lo que no podían tolerar ni la izquierda, ni Francia, ni Marruecos, ni otros… para los que la fortaleza de una España moderna y liberal consideran que no les beneficia. Tampoco podían tolerarlo ni los terroristas, ni los nacionalistas, ni muchos otros en los más diversos campos. Suele decirse que resulta desconocido el nivel de odio y ataques a los que han tenido que hacer frente Aznar y el PP, pero no es así.

Cualquiera que estudie con una atención mínima lo que significa luchar por la democracia, sabe que estos ataques involucionistas están a la orden del día. Recuerdo muy bien el día que el primer ministro británico del momento, el laborista Harold Wilson, nos convocó a los periodistas para anunciarnos que dimitía. Era mediados de los setenta. Nunca he visto tantos periodistas en una rueda de prensa, hasta el punto que tuvo que celebrarse en un salón muy amplío del ministerio de Defensa, en Whitehall. Todavía hoy se habla de la conspiración de los servicios secretos sudafricanos (y parte de los propios británicos) contra Wilson. Hasta se han realizado series de televisión sobre ei caso. Yo mismo le pregunté sobre ello a Wilson en un salón de la embajada española en Londres (la primera vez que él la visitaba) tras su renuncia, e ironizó sobre la cantidad de fuerzas ocultas que suelen moverse en las luchas de poder -la mayoría antidemocráticas-.

El potencial de fuerzas y recursos que se ha utilizado -y se seguirá haciendo- para impedir un proyecto como el que ha impulsado Aznar, viene a confirmar la importancia del mismo. Hace veinticinco años el nuevo rey de España presentó en el Congreso de los Estados Unidos el diseño de un proyecto democrático y modernista para la nueva monarquía parlamentaria. Hace solo dos meses intervenía en la misma tribuna de Washington el presidente José María Aznar, y constataba que se habían cumplido los compromisos de una España moderna y comprometida, a nivel interno e internacional. Pero las amenazas rupturistas de la izquierda y los nacionalistas, que no pudieron ganar hace un cuarto de siglo, han rebrotado y quieren hacerlo ahora.

Las grandes batallas políticas y de poder (y ésta evidentemente lo es), hay que darlas en el terreno de las ideas y los valores. Las personas, las políticas y las instituciones se mueven por las ideas. Eso significa la necesidad de utilizar a su vez la ciencia y los recursos mediáticos. Pero no tímidamente, sino sin reparar en gastos. La democracia no tiene precio, aunque algunos se lo pongan.

Sin embargo, nada de esto servirá si no se parte de la certeza y convicción de que lo que está en juego es el todo, y no sólo la parte. Si no se llega a esta convicción, no se puede hacer realidad lo que es real: que la virtud del poder sólo puede nacer de la nobleza, y no de la vileza.

  La globalización representa una nueva dimensión de la vida, del ser humano y de su entorno universal, de las pequeñas y grandes cosas. Una realidad donde todo afecta a todo, y que por tanto hay que conocer y entender para desarrollar con acierto en nuestras actividades y pensamiento. ¿A dónde nos dirigen estos cambios? ¿Cómo están impactando en nuestra forma de sentir y entender el mundo. ¿Qué evolución nos espera?

A diferencia de los libros que se han escrito hasta ahora sobre la globalización, éste aborda el fenómeno desde la única perspectiva que lo hace comprensible: globalmente. Como una nueva realidad humana y científica, dominada por la información y la comunicación.

Políticas de defensa en países occidentales, democráticos y amenzados

España ha sido golpeada duramente por lo que se ha dado en llamar «terrorismo internacional», «terrorismo islámico», etc. Los estudiosos especulan sobre lo que significan o anuncian esos acontecimientos y otros semejantes ocurridos en otras partes del mundo, sobre la naturaleza de la organización que está detrás de los atentados y también sobre el modo de evitar nuevos ataques.

Todas estas preguntas admiten respuestas interesantes, pero son muchas, por no decir innumerables, las que cabe plantearse y, además, unas contradicen no pocas veces a las otras. Tenemos la impresión de que hay una guerra en marcha, pero no logramos abordar el fenómeno con las categorías que nos servían para comprender lo que hasta ahora han sido las guerras. Dado lo misterioso de la motivación de los atentados y lo fantasioso de lo que creemos que los terroristas y sus inspiradores se proponen, puede que nunca obtengamos sino hipótesis de trabajo.

Pero la política exterior y la defensa de cualquier país europeo desarrollado y relativamente grande, como es el nuestro, debe ser planificada no sobre hipótesis, sino sobre presupuestos institucionales y doctrinales duraderos, ciertos y probados. Sólo sobre una base semejante cabe adaptarse posteriormente a las tendencias variables que subyacen a las realidades del orden internacional que, como en la actualidad, se transforman constantemente.

En nuestro caso, la responsabilidad política reclama un esfuerzo importante de comprensión de las fenómenos globales y más o menos constantes que afectan a las políticas de seguridad y defensa de España, de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica.

Presentaremos esas tendencias desde las perspectivas de la geopolítica (factor permanente), la estrategia (instrumento de análisis para la política de defensa), la ideología (factor transformador de la realidad), la diplomacia política (ámbito de las decisiones) y también desde la perspectiva de la estructura institucional (marco jurídico).

LOS ESTADOS Y LA GEOPOLÍTICA

Los fenómenos asociados a la globalización son objeto de innumerables estudios y polémicas, pues afectan o pueden afectar a prácticamente todos los aspectos de la vida de los pueblos y naciones. Llama la atención, sin embargo, que apenas encontremos estudios sobre cómo la globalización ha afectado a la geopolítica de los Estados, siendo que éstos son las organizaciones que ocupan jurídica y espacialmente toda la superficie de la Tierra (excepción hecha de la Antártida).

Las teorías sobre los «Estados fallidos» y los «Estados canallas» produjeron un primer acercamiento a ese tema de la globalización y la geopolítica. Esos ensayos se apoyaban en concepciones fuertes y definidas de lo que es el Estado como organización política, y el sistema de Estados como estructura esencial de la realidad internacional. Opuestas a estas concepciones se presentan ahora las que afirman que la «comunidad internacional» es o debe ser la estructura esencial del sistema de relaciones a escala mundial; las mismas teorías que, inseparablemente, predican la igualdad moral y jurídica de todos los Estados.

Toda teoría «estatista» ha valorado y valora, pues, la geopolítica, al tiempo que las teorías igualitaristas o comunitaristas la ignoran. Las páginas de este ensayo se vencen del lado «estatista», como en justicia corresponde en un caso como el español, en el que el Estado ha resultado de una construcción histórica fatigosa, a qué dudarlo.

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Las tendencias geopolíticas tradicionales de España apuntan hacia el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, Europa en general y las relaciones trasatlánticas. Esas tendencias han determinado hasta hace poco lo esencial de las políticas de seguridad y defensa de España.

En respuesta a las incitaciones del terrorismo internacional y de la inestabilidad en lejanas regiones, se han unido a esas preocupaciones tradicionales las suscitadas en los últimos años por varias tendencias geopolíticas en el continente euroasiático y en el golfo Pérsico, de las que nos vamos a ocupar de preferencia en este artículo (mencionando ciertos aspectos particulares de las políticas tradicionales, cuando resulte oportuno en la argumentación).

En el continente euroasiático, esa transformación se concreta del siguiente modo: Europa se ha acercado a la casi completa redondez de su espacio geopolítico; Rusia, por su parte, se ha encogido y desflecado geopolíticamente; y en la zona central de Eurasia, finalmente, se ha abierto una falla o vacío geopolítico.

Veamos lo primero. En Europa, la parte occidental del antiguo bloque soviético ha vuelto a su espacio geopolítico natural, que no es otro que el llamado hasta hoy de Europa occidental. Ello se ha logrado mediante los sucesivos ingresos de países europeos en la OTAN (2002-2004) y la ampliación de la Unión Europea, con diez nuevos Estados miembro desde el 1 de mayo del 2004.

Esta transformación geopolítica ha llevado a una bifurcación de caminos, ante la cual Europa se siente, por así decir, desorientada. Después del importantísimo redondeo logrado, el viejo continente parece, por un lado, querer afirmarse como entidad geopolítica distinta de, o frente a, los Estados Unidos; pero por otro, parece asimismo dispuesta a rebasar las bases de su constitución geopolítica, aceptando una continua ampliación, de momento ilimitada, de la Unión Europea.

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El encogimiento geopolítico de Rusia, en segundo lugar, se ha originado en los drásticos recortes que el espacio soberano de la antigua URSS ha registrado en los continentes europeo y asiático. Rusia trata de corregir su encogimiento reafirmando derechos geopolíticos en su «extranjero próximo» y la Comunidad de Estados Independientes. Para lograr que se le reconozca ese derecho, posee Rusia un importante instrumento de presión sobre Europa, que es la dependencia eurooccidental respecto de la energía rusa, y también un valiosísimo activo geopolítico de cotización mundial, como lo es su despliegue a lo largo de toda la franja norte de la masa continental asiática. ¿En qué sentido este posicionamiento territorial es tan crucial?

La retirada soviética de Afganistán y la desaparición de la URSS produjeron en Asia central un vacío geopolítico colosal. El vacío ideológico que lo acompañó fue colmado en gran medida por el islamismo militante gracias al triunfo de los talibañes en Afganistán, al intrusismo geopolítico de Pakistán y a la parasitación de Afganistán por Al Qaeda, por una parte, y de los países vecinos por otros movimientos islámicos extremistas, por otra. El derrocamiento de los talibañes a finales del 2001 no zanjó la cuestión. Ellos y Al Qaeda impiden la estabilización en ese país y en otros, espoleando así los instintos geopolíticos de las grandes potencias y alianzas, que se han propuesto trazar líneas de defensa lo más avanzadas posible.

Al Qaeda tiene una estrategia de poder (su truculencia religiosa es en gran medida una impostura propagandística), que consiste en poner las manos sobre «el arma nuclear islámica». Para lograrlo, trata de dar a los pueblos musulmanes una visión redentora y restauradora del emirato islámico universal, y azuza el irredentismo islámico pakistaní, buscando derribar su régimen semidemocrático (o semiautoritario, como se prefiera).

El golfo Pérsico es zona altamente inestable, similar a una falla geológica, aunque, a diferencia de gran parte de Asia central, no constituye un vacío geopolítico. Las geografías e historias de los distintos países arrojan sobre esa región modelos competitivos de configuración geopolítica.

Son varios los factores de inestabilidad que militan contra la consolidación geopolítica pacífica de la zona: demografía desbocada, una juventud tan numerosa como carente de expectativas, regímenes retrógrados y el islamismo revolucionario. Ninguno de los Estados de la región puede practicar una política de contención o disuasión suficientes, ni existe una arquitectura institucional capaz de dar estabilidad a un sistema regional. Dada la «vulcanidad» política de la zona y la dependencia energética de Occidente respecto de esta región del mundo, no hay apenas alternativa a que sea Occidente, con los apoyos que se logren localmente, quien se comprometa a mantener al menos el equilibrio estratégico en la región.

ESTRATEGIAS DISUASORIAS, DE CONTENCIÓN, ESTABILIZADORAS

Occidente ha empleado desde el final de la II Guerra Mundial tres estrategias para enfrentarse a sus enemigos: primero la disuasión (frente a la URSS), luego la contención (para los enemigos potenciales del golfo Pérsico) y finalmente la creación de estabilidad (así, en varias regiones del mundo). La disuasión dio resultado ante la URSS; la contención dio resultado temporal frente a Sadam Hussein; y la creación de estabilidad ha tenido frutos duraderos y positivos en algunos países, pero parece fracasar en otros. Emplear un método u otro (disuasión, contención o creación de estabilidad) no es como escoger en una panoplia de herramientas indistintas.

La disuasión requiere dos actores que se reconozcan uno al otro su capacidad de orientarse políticamente de acuerdo con el propio interés -es decir, de acuerdo con una cierta racionalidad-, pues eso les permite llegar a compromisos sobre el uso respectivo de la fuerza. Por su parte, la contención presupone la ausencia de voluntad de compromiso y, además, el empleo de la fuerza por parte del más fuerte, de modo incondicionado por parte del otro. La creación de estabilidad se parece a la disuasión en que exige que se dé un reconocimiento mutuo de la racionalidad de los intereses respectivos y de la voluntad de compromiso, pero se diferencia de ella en que la admisión del principio de estabilidad requiere que uno de los actores reconozca su debilidad y dependencia, sean transitorias o no. El reconocimiento popular de esta dependencia es imprescindible, aunque sólo sea de forma subconsciente. Las victorias aliadas sobre las naciones del Eje no supusieron sólo la derrota de sus regímenes, sino también la de sus pueblos, y sin la percepción de que eran pueblos derrotados, alemanes, italianos o japoneses no hubieran podido llegar a los compromisos mutuos que permitieron la colaboración con los aliados, de la que se siguieron la reconstrucción y la estabilización de sus respectivas sociedades.

Recientes cambios estratégicos ponen de manifiesto las deficiencias de este modelo de estabilidad, cuando no se ve acompañado por profundos compromisos societarios. En la larguísima lista de conflictos internacionales entre los países árabes y los occidentales, más Israel, en el siglo XX, casi todos los vemos concluidos gracias a arreglos político-diplomáticos que permitieron salvar el poder y el prestigio de los gobernantes, fracasados antes sobre el campo de batalla, salvo en un caso -la empresa anglofrancesa de Suez, de la que Francia y el Reino Unido salieron capitidisminuidos como grandes potencias-. Esto ha permitido a algunos regímenes árabes salvar la cara y no verse deslegitimados ante sus propios pueblos, y así pudieron gozar de la ayuda económica, política y militar de Occidente (principalmente de Estados Unidos), y apuntalar su poder interno frente a sus respectivos pueblos. De esto, Iraq es a un tiempo excepción y regla: excepción, porque no gozó, después de su derrota de 1991, del apoyo occidental, sino al contrario; pero al mismo tiempo regla, tan pronto como sus gobernantes -los agresores- quedaron en pleno gozo de su poder.

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El 11-S nos ha obligado a cuestionar muchas cosas del mundo árabe. Una de ellas, el presupuesto tradicional de las ventajas de la estabilidad como paradigma del orden regional. Desde entonces, gran parte de la opinión occidental -sobre todo la de Estados Unidos- ve como aberrante la tradicional tolerancia de los excesos y abusos de la clase dirigente de Arabia Saudí y de otros países. La Unión Europea podría sentir la misma vergüenza de haber tolerado y estimulado la corrupción y el despotismo de la Autoridad Nacional Palestina de Yasser Arafat, pero es poco probable que lo haga. No falta quienes recomiendan métodos de choque, del tipo «Menos zanahoria y más palo», como método que Occidente debería emplear contra las dictaduras árabes1.

Esa noción de estabilidad a espaldas del pueblo ha devenido en algunos casos en una losa sofocante; piénsese, por ejemplo, en lo que significa el quietismo políticosocial de Egipto, Siria, Iraq, Arabia Saudí e incluso el Marruecos de Hassan II. Desde el final de la II Guerra Mundial, sus consecuencias han sido el frustrante y repetidamente frustrado irredentismo nacionalista, la represión y el terrorismo árabes.

El terrorismo ha alterado, puesto en cuestión o sencillamente destruido, según los casos, los fundamentos del compromiso de Occidente con los gobiernos de los países árabemusulmanes, tan pronto como quedaba comprobado cómo ese compromiso era empleado en gran medida como justificante de la opresión -ese ha sido el banderín de enganche del desafío revolucionario del totalitarismo islámico-. Aunque aquel pacto tácito, vigente hasta ahora, actuaba como rudimentaria arquitectura para apuntalar la seguridad, en nuestros días se ha vuelto inestable y peligroso.

Pakistán es el caso más notorio debido al volumen y atraso de su población, más la repetida frustración de sus aspiraciones nacionalistas, sus sucesivas dictaduras y el fomento expreso, por parte de sus elites, del extremismo islámico. A esos graves fenómenos se suman sus aspiraciones redentoras respecto a la supuestamente maltrecha psique islámica, que hallan su máximo ejemplo en la carrera del país hacia el arma nuclear. El padre de la bomba atómica pakistaní y profeta de la proliferación nuclear, A. Q. Jan, «no solo trabajaba por dinero; también trabajaba por ideología», ha dicho el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Mohamed el-Baradei.

Frente al viejo paradigma de la estabilidad se levanta uno nuevo: «Si quieres seguridad, transforma la sociedad», como dijo el presidente Bush en su discurso sobre el «estado de la nación», en el 2003. En principio, parece una propuesta plausible eso de que la seguridad se asiente en la libertad y en el desarrollo humanos.

En el mundo árabe y musulmán, sin embargo, donde los factores culturales y morales favorables a la modernización son débiles, no debe ponerse demasiada esperanza en que la transformación inducida desde el exterior surta efectos a corto o medio plazo. Véase si no el fracaso, a finales de marzo del 2004, de la conferencia «cumbre» de la Liga Árabe en Túnez, comprometida a dar una respuesta a las propuestas norteamericanas de reformas en el «Gran Oriente Medio» -un grupo de déspotas fueron reenviados a casa para hacer allí los deberes antes de reunirse, a instancias de otro déspota, el presidente tunecino Ben Alí, quizá simplemente un poco más astuto que ellos-.

La conflictividad entre estabilidad y transformación queda perfectamente ilustrada por la situación de Uzbekistán (población musulmana, no árabe). Se trata de un país grande (población de veinticinco millones), poseedor de un potencial energético inmenso, y que cuenta con el apoyo, por intereses geopolíticos, de los Estados Unidos. La estolidez de su clase dirigente y en particular de su dictador hace de su régimen una tiranía que empobrece y oprime al pueblo. El efecto es el creciente apoyo popular al islamismo contestatario, estanque ideal para el cultivo del islamismo violento, que hizo su reaparición espectacular a finales de marzo del 2004 con una serie de atentados suicidas. Era este tipo de situaciones lo que precisamente se trataba de evitar con la gran incursión militar y política de Occidente en el espacio geopolítico centroasiático y con la doctrina de la transformación modernizadora.

Durante mucho tiempo no se podrá contar con una transformación de esas sociedades suficiente para obviar la cautela del instrumento militar. François Heisbourg, director de la Fundación para la Investigación Estratégicas, de París, piensa por ejemplo que éste es un proceso para unos veinte o treinta años, que debe dirigirse preferentemente a la educación y a la personación de las mujeres2. Es necesario en todo caso contemplar críticamente cómo este instrumento debe adaptarse a las demandas previsibles de seguridad. Para ello, examinemos el caso de Iraq con cierto detalle.

ANTES Y DESPUÉS DE SADAM HUSEIN

Y empecemos por la fundamentación razo nada de la intervención de la coalición en el derrocamiento del régimen de Sadam Husein. Se trataba de poner fin a una política de contención que no había alcanzado sus objetivos: Sadam había expulsado a los inspectores de la ONU en 1998, el programa «petróleo por alimentos» servía para llenar los bolsillos de funcionarios y políticos extranjeros y construir palacios, mientras el pueblo se hallaba sumido en la miseria material y seguía soportando la tiranía. La factura de las sanciones la pagaban desde hacía más de diez años, dos países: Estados Unidos y el Reino Unido. Ningún signo de voluntad de compromiso por parte de Sadam permitió que de él se tuviera una percepción más tranquilizadora3. Se habla de que el ataque no estaba justificado porque, a la postre, no se han encontrado armas de destrucción masiva en Iraq; pero esto es como decir que el hombre debe guiar todos sus actos por un conocimiento perfecto de la realidad ontológica, y no por lo que percibe como realidad.

Todos nos comportamos según la percepción que tenemos de las personas y de los hechos. La percepción de una amenaza requiere una cuidadosa ponderación entre intenciones y capacidades. Las intenciones de Sadam eran suficientemente conocidas; en cuanto a las capacidades, deben considerarse dos factores. Primero, que no logró demostrar que no tenía las dichosas armas, a lo que, por cierto, estaba obligado (al contrario, todo indica que su estrategia consistía en dar a entender que las tenía, enviando de forma deliberada una sutil señal disuasoria). Y segundo, que poseía capacidades técnicas y materiales que hubiesen permitido materializar armas de destrucción masiva modernas tan pronto como la coalición hubiese levantado el campo, en el caso de que las inspecciones, de consumarse, hubiesen dado resultado negativo.

Derrocado el régimen de Sadam, no quedaba otra vía de acción consecuente con los fines estratégicos más amplios sobre una región explosiva que ayudar a reconstruir la sociedad iraquí sobre presupuestos más sanos que la mera coacción brutal de un partido y de un tirano. Esa tarea, sin embargo, se ha visto perjudicada por una estrategia global del conflicto de Iraq deficiente, al no haber planificado de modo orgánico la secuencia ocupación militarreconstruccióntransformación. El presidente Bush dio por terminados los combates cuando aún no estaban sobre el terreno de Iraq los elementos materiales y humanos que hubieran podido abrir la fase de «transformación». Se había planificado muy poco la fase intermedia de reconstrucción, y se emprendió sólo tardíamente, cuando ya se habían producido daños graves a la seguridad interna. La historia de la guerra enseña que apenas ha habido un plan de estado mayor preparado antes de la guerra que se tuviese en pie mucho tiempo, después de los primeros tiros. En el caso de Iraq, la campaña militar fue tan corta que hubo que esperar aún unas semanas para comprender que la estrategia se había agotado y que hacía falta otra de recambio. Es la que está en marcha desde finales del 2003, y que tendrá su punto culminante en la transferencia de la autoridad a un gobierno provisional de iraquíes. Naturalmente, cualquier estrategia genera automáticamente su negatividad. Veámoslo.

Las principales potencias ocupantes no pueden concebir otro fundamento de una sociedad sana que el régimen democrático basado en el imperio de ley. En Iraq, esto significa básicamente el papel político central que han de jugar las mayorías chiitas, que por otra parte habían sido particularmente oprimidas y marginadas de la vida social y económica en el régimen de Sadam. Liberadas desde la ocupación del país, las masas chiitas se mostraron tibias en la defensa de su libertad, cuando los extremistas del «ejército del Mahdi» se rebelaron en un intento totalitario a primeros de abril. La suerte de Iraq depende de que se opongan al intento. También dependen de ello las expectativas de democracia para el mundo árabe.

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Adonde se trata de apuntar con todo esto es a que Occidente en general, y Europa y España en particular, se enfrentan ahora con un desafío estructural originado en el seno de sociedades pobremente dotadas de los elementos culturales, sociológicos y técnicos para mantenerse en equilibrio estable con otras sociedades cada vez más globalizadas, en las cuales los factores de modernización y progreso son la libertad, la educación y la competencia pacífica. Una tarea dificilísima, pero insoslayable.

EL INTEGRISMO ISLÁMICO, PODER TOTALITARIO

En la historia, las realidades estratégicas y geopolíticas se han visto condicionadas por las ideologías. Este término surgió a comienzos del siglo XIX con un carácter peyorativo, en tanto que justificación de acciones enmascaradoras de la realidad. A finales de ese siglo el término presentaba otro carácter, el de ideas justificadoras de acciones necesarias y en las que, por tanto, se reconocía una fuerza normativa. Esta es la acepción con que se usó el término en el siglo XX. Las ideologías totalitarias del siglo XX (nazismo y comunismo) aspiraban en Europa a dominar las naciones y para ello trataban de destruir sus estructuras sociales y reconstruirlas sobre una nueva estructura.

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La ideología totalitaria del siglo XXI, que es el integrismo revolucionario islámico, no intenta tanto dominar las sociedades occidentales como las musulmanas, y cree esencial eliminar la influencia y el poder de Occidente sobre las naciones islámicas. Por eso lo ha atacado y seguirá atacándolo. Occidente no puede ser indiferente a la configuración geopolítica, concebida desde esa ideología totalitaria y ensayada en ciertas regiones del mundo musulmán y, sobre todo, árabe, ya que está históricamente metido en ese mundo, al tiempo que el islam y el mundo árabe están metidos en Occidente, especialmente en Europa. Creemos que la primera etapa de los designios del islamismo totalitario y revolucionario consiste en apoderarse de un nuevo país, en reemplazo del perdido Afganistán. El esfuerzo mayor lo dedica actualmente a apoderarse de Iraq, combinando tácticas de guerrilla ídentificables con una resistencia nacionalista, por un lado, y con el terrorismo fervoroso, por otro.

Si no hubiera visto en Iraq su mejor oportunidad, Al Qaeda, sus herederos y asimilados la habrían tratado de crear en cualquier otro país musulmán, y en lugar de golpearlo tentativamente una o dos veces (como en Indonesia, Marruecos, Túnez, Arabia Saudí, Turquía, etc.), lo hubieran hecho una vez y otra hasta conseguirlo en cualquiera de ellos. El terrorismo que practique durante los próximos meses en otras zonas del mundo buscará condicionar favorablemente la situación en Iraq.

En resumen, Occidente no puede «salir» del mundo musulmán ni puede aceptar las consecuencias geopolíticas y estratégicas del triunfo del ideal del islamismo revolucionario. El enemigo tiene la voluntad, la estrategia y los recursos materiales y humanos para llevar a cabo la confrontación armada. Por tanto ésta es inevitable.

Mientras esa confrontación dure, Occidente cometería un grave error en dejarse penetrar aún más por poblaciones musulmanas en gran medida desestructuradas y ajenas a su cultura política, sin hacer antes una recapitulación sobre dónde estamos con relación a las poblaciones musulmanas, especialmente árabes, instaladas en su seno. No puede seguir ignorándose el hecho de que amplios segmentos de las poblaciones musulmanas instaladas en Occidente, especialmente las árabes, están contaminadas de la ideología totalitaria islamista. Europa debe preguntarse por qué ha dejado que esto ocurriera. El ingreso de Turquía en la Unión Europea agravaría ese riesgo.

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En el caso de una de las esferas tradicionales de interés internacional de España, observemos que el atentado y los intentos de atentado perpetrados por extremistas islámicos marroquíes contra la población española y su territorio complica de modo muy peligroso la cuestión ideológica con la puramente geopolítica. En este sentido, llama la atención que el islamismo revolucionario violento sufrido por Argelia durante los últimos diez años no ha producido salpicaduras trágicas sobre España, mientras que sí las ha provocado el radicalismo islámico más soterrado, menos extenso y más reciente originado en Marruecos, un país en clara competencia geopolítica con España.

¿Hasta qué punto el irredentismo o el resentimiento territorial influye en la determinación de esos sectores extremistas marroquíes en atacar a Occidente? Si hubiera habido esa influencia, todas las inquietudes que los países de la ribera norte del Mediterráneo abrigan sobre los de la ribera sur no harían sino agravarse. Porque ello significaría que la repetida frustración de los débiles intentos por resolver los problemas internos de los países del norte de África a través del consenso interno y la unión externa empezaría a ser proyectada o desviada hacia Europa. Sería ingenuo no ver en la ya comprobada aparición de elementos de Al Qaeda en el sur de Argel y en el Sáhara, o en el intento de golpe de estado en Mauritania del pasado año, un movimiento estratégico del ajedrez islamista revolucionario.

LA DIPLOMACIA POLÍTICA EUROPEA

Coincidiendo con la cuestión de Iraq, la Unión Europea se vio sometida a presiones para conformar la política de defensa y de seguridad de todos sus miembros según las ambiciones de un grupo reducido de ellos. Fue la famosa iniciativa de los Cuatro de Bruselas, con su pronunciamiento a favor de una vía «unilateral» a la defensa europea, por cuanto no buscó el consenso europeo, exactamente porque la posibilidad de consenso en esta cuestión inoportuna quedaba excluida, por causa de la división político-diplomática en torno a la cuestión de Iraq. Tiempo después, esos cálculos se redujeron a propósitos más realistas, en parte debido a la influencia del Reino Unido y a la reticencia de otros países miembros.

No cabe esperar que este compromiso o apaciguamiento se mantenga de modo permanente. La tensión subyacente a las ambiciones geopolíticas francesas puede reabrir la cuestión en cualquier momento, pues se han demostrado una constante del comportamiento francés en la escena internacional. Lo cual sea dicho con igual grado de respeto que de prevención.

Es del máximo interés que España ponga énfasis en la importancia del vínculo transatlántico cuando se discuta o planee la política de defensa y seguridad europeas. La dimensión atlántica de España y su política latinoamericana no pueden subsumirse en una más amplia pero menos específica política transatlántica europea, por lo que deberá manifestarse en un espacio triangular, con sus tres vértices en España, América Latina y Estados Unidos. Y si esa debe ser una constante específica de la política internacional de España, como algo diferenciado de la puramente europea, sería poco realista y bastante ingenuo desgajar de ella la dimensión de la defensa y confiarla por entero a la UE. La crisis de Perejil lo atestigua. Ello no implica minusvalorar la tarea de seguridad y defensa que corresponde a la Unión Europea en su propio espacio. Pero éste ha de ser definido con precisión, al objeto de dar al comportamiento político-diplomático de Europa un marco de acción realista, acorde con las tendencias geopolíticas que aquí venimos reconociendo.

Es evidente que Europa se está sirviendo del vínculo transatlántico, es decir, de la OTAN, para consolidar su propio espacio geopolítico hacia el Báltico y Europa oriental, y para asegurar que desde los espacios geopolíticos de Asia Central y el golfo Pérsico no se la va a hostigar. Se trata de que esa consolidación sea simultánea con una creciente definición de equilibrios geopolíticos seguros en los espacios orientales de Rusia, en la antigua esfera soviética de Asia y, en términos generales, en el Asia Central. El espíritu de compromiso con Rusia debe, sin embargo, vencer las reticencias de los que proponen una estrategia expansiva de la OTAN, confrontacionista con Rusia4.

Hay un espacio geopolítico para la Unión Europea y otro para la Alianza Atlántica, que se solapan, dentro de los cuales se debe regular el juego político-diplomático entre las dos riberas del Atlántico. Sería desastroso que los agentes de ambos espacios se desentendieran de los intereses geopolíticos del otro (por ejemplo, que Europa, en sus relaciones con Rusia, pasara por alto la dimensión globalmente «occidental» de sus relaciones), o que los Estados Unidos viesen sus propios designios particulares como competitivos o rivales con los europeos, como podría suceder si mantuviese una política de obstrucción al deseo de Rusia de reconstituirse como agente razonablemente significativo del sistema europeo. Sin desatender, naturalmente, los emergentes intereses geopolíticos de otros actores importantes de la zona, como los de China hacia Asia Central o los de India con respecto al océano Indico, ambos todavía relativamente benignos y estabilizadores.

Pongamos cierto énfasis en que es imperativo que la acción político-diplomática europea no pierda conciencia de que debe anclarse sobre un firme fondo geopolítico. La falta de percepción sobre el significado profundo de la geopolítica contribuye a abrir debates innecesarios y decisivos. El caso más notable es el del ingreso de Turquía en la Unión Europea. Si ese ingreso se consumara, lo que entendemos hasta ahora por Europa se vería obligada a incursionar de modo creciente en un espacio geopolítico que no es el suyo pero en el que, para colmo, Turquía es el agente y protagonista natural, y que no puede escapar a su sino corriendo hacia Occidente.

DESDE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

En nuestros días, el Estado sigue gozando de la legitimación más sólida entre todos los agentes reconocidos por el derecho internacional. Otros actores internacionales, que no son Estado, poseen una legitimidad otorgada de formas diversas y en diversos grados por éstos; y lo que es aún más relevante, esa transferencia de legitimidad hecha por los Estados se produjo, en lo sustancial, en periodos en los que el equilibrio y los supuestos del orden internacional eran distintos a los de hoy.

Hasta hace no demasiados años, las Naciones Unidas, la más vieja e importante de esas organizaciones, reinaba suprema sobre todos los agentes no estatales, pues se les atribuía el deber de garantizar la paz internacional y regular imparcialmente las relaciones entre los Estados. Estos habían investido a la ONU de ciertos atributos jurisdiccionales, y muchos aspiraban a que ella se convirtiera en la fuente normativa universal. Esta pretensión tenía bases teóricas discutibles, lo que se ponía de relieve con cada alteración de los presupuestos básicos del orden internacional. Como ejemplo, bastaría recordar la emergencia del derecho de intervención humanitaria al amparo del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, restrictivo de un supuesto considerado antes como absoluto e inviolable -el de no intervención en los asuntos internos de otros Estados-. Francia fue uno de los principales apóstoles del nuevo principio que alteraba la ortodoxia tradicional.

Tampoco debemos pasar por alto un factor clave: que, desde el principio, el prestigio de la ONU estuvo asociado al de un Estadonación en «estado» puro -los Estados Unidos, principal constructor del orden mundial que siguió a la Carta de San Francisco-. O dicho de otro modo, las Naciones Unidas se consolidaron porque detrás de ellas se hallaba un poder coactivo de primer orden.

Desde entonces, la distribución de fuerzas en el mundo se ha transformado radicalmente. La ONU no puede hoy día dar cuenta de cambios geopolíticos tan trascendentales como la emergencia de una potencia demográfica e industrial como la India, o la posible elevación de China al estatus de superpotência. Querer ahormar un mundo que se ha hecho más grueso, más pesado y agitado, en las costuras pensadas para el cuerpo postrado de las naciones en la posguerra mundial es ilusorio.

Cuando los poderes coactivos del mundo han dejado de respaldarlas, la ONU se ha mostrado en lo sustancial impotente. Las Naciones Unidas son bastante poco si les falta la voluntad de actuar de los que tienen los medios para hacerlo. Por ejemplo, hay quien piensa que el problema mundial no es que haya «demasiado Estados Unidos», sino al contrario, demasiado poco. Pierre Hassner, el gran experto francés en el derecho de alianzas internacionales, opina que el genocidio de Ruanda ocurrió porque el presidente Clinton, escaldado por Somalia en 1993, no quiso admitir que jurídicamente había una situación de genocidio en Ruanda, que le hubiera obligado a hacer algo al respecto. Al contrario, los Estados Unidos, temerosos de la pérdida de credibilidad de la OTAN por causa de la limpieza étnica de los serbios en Bosnia, decidieron intervenir en esta crisis bajo el paraguas de una resolución del Consejo de Seguridad. De otra manera, los principios sobre los que la OTAN ha basado su derecho a la intervención en conflictos regionales (unilateral o sin mandato del Consejo de Seguridad) eran firmes porque se asentaban sobre fundamentos geopolíticos reconocidos como legítimos, incluso por los «universalistas», y tolerados con pasable reticencia por otros grandes Estados5; las «bendiciones» que la Alianza hubiera podido recibir de la ONU eran a veces poco más que notas de pie de página.

No es extraño que, ante la falta de respuestas significativas de la Organización de las Naciones Unidas, los Estados se pregunten si sigue teniendo justificación la cesión que en su día les hicieron de áreas extensas de sus competencias o de sus prerrogativas soberanas. La polarización de opiniones provocada por la crisis de ese platónico «juridicismo universalista» oscila entre los que atribuyen a la ONU ser la única e imprescindible fuente de legalidad internacional, como si su asamblea general o el Consejo de Seguridad fueran nuestros parlamentos elegidos; y la de aquellos que simplemente quieren recuperar jirones cruciales de su soberanía, transferida un día a aquella organización o que niegan haberlo hecho nunca.

Desde el fracaso de la política de sanciones del Consejo de Seguridad contra Iraq y tras la amenaza del uso, en su seno, del derecho de veto francés contra Estados Unidos en marzo del 2003 (Francia, esta vez, en defensa cerrada de la ortodoxia convencional), la ONU ha perdido mucho de su función tradicional de foro de acomodos y compromisos, apto para amortiguar los roces diplomáticos entre los actores significativos del sistema internacional, y ha recuperado el carácter que tuvo en momentos de la guerra fría, de arena de confrontación diplomática. Una confrontación que tuvo su réplica en la calle, espoleada por el movimiento contrario a la intervención en Iraq, el cual lleva la tesis de la jurisdicción universal hasta sus extremos, al afirmar que «la guerra es ilegal porque no la ha autorizado la ONU». En Le Fígaro del 10 de abril 2004, por ejemplo, se leía lo siguiente: «En los pasillos de la ONU se ha abierto el debate. Motivo de descontento: la tendencia que parece desarrollarse en el Consejo de Seguridad de legislar para los 191 Estados miembros». A ello, añadía el embajador argelino: «El Consejo se ha puesto a crear derecho internacional, lo cual no está en su mandato». Como en todo caso el debate está ideologizado, la disputa ha devenido abstracta6, no conducente a la resolución de los problemas reales.

Cualquier crítica, sin embargo, debe ponderar las cosas con justicia. El historial de las Naciones Unidas no es enteramente negativo. Sirvieron para aunar voluntades para las misiones de Bosnia y Kosovo contra la limpieza étnica; alimentaron y protegieron a los somalíes, justo hasta que los norteamericanos se retiraron en 1993; tuvieron éxito ejemplar en Timor Oriental. Trabajaron con relativo éxito por dar salida política a Afganistán.

Quien revise la decisión tomada por el Gobierno del Partido Popular de enviar fuerzas militares para ayudar a la pacificación y la reconstrucción de Iraq no debería, sin embargo, tratar de hacernos creer que una hoja de parra de la ONU es la toga de la ley.

CONCLUSIONES

Hecho este tour d’horizon sobre el cambiante escenario de la seguridad mundial, queda sólo sacar algunas conclusiones sumarias sobre cómo se traduce lo analizado hasta aquí en directrices generales de una política de seguridad y defensa propia de países occidentales, democráticos y amenazados. Veamos.

Las tareas que para la Alianza Atlántica, la Unión Europea y, por tanto, España se deducen del análisis geopolítico de Eurasia, pueden resumirse en los siguientes puntos: empeñarse en completar el ciclo geopolítico europeo mediante la integración plena de los Balcanes (lo que exige mantener el esfuerzo militar occidental durante ¿cinco o diez años?); lograr una asociación estratégica y pacífica con Rusia (tarea en curso pero de resultado aún incierto); proyectar «estabilidad» mediante la fuerza militar en Asia central (tarea permanente); emplear la fuerza militar en liquidar a los talibanes (tarea urgente), y estar dispuestos a impedir que el arma nuclear pakistaní caiga en manos de un régimen sectario islamista (tarea ocasional).

La amplitud de los espacios geopolíticos descritos exige una concepción estratégica de la defensa avocada a la proyección de la fuerza. Las Fuerzas Armadas deben disponer de una gran capacidad expedicionaria. Pero en general, la idea de «proyección de estabilidad» no es suficiente. Esa proyección, tarea esencialmente militar, debe realizarse con vocación de hacer posible un grado mayor o menor de transformación, tarea esta esencialmente política, diplomática y económica.

La «proyección de estabilidad» y el apoyo a la transformación deben ser notas esenciales de las reformas militares en los países aliados y socios de la Unión Europea, y por lo tanto también en España. Esa nota es ya elemento estructurante de las diversas fuerzas de «reacción» o de «respuesta» rápidas, y figura en las doctrinas militares de la OTAN, de la UE y de cada país en particular.

Tales fuerzas sólo podrán constituirse en grado suficiente si se realiza una reasignación de recursos, correctora de programas pensados para situaciones ahora improbables o imposibles. Algunos países aliados lo están haciendo fría y metódicamente, pero, como se podría demostrar, no con la suficiente rapidez y diligencia.

En relación con las dos misiones principales en que se halla implicado Occidente -Afganistán e Iraq-, la tarea, en términos operativos, se concreta en eliminar los focos opuestos a los dos procesos de institucionalización (tarea militar), contribuir a la reconstrucción física de esos países (tarea militar, técnica y policiaca), y dejar establecida una presencia militar mientras se consolida el proceso de transformación y se construye una arquitectura de seguridad colectiva en el área (tarea política y diplomática).

Salvada siempre la primacía de la idea de fuerza y de coacción como directriz de la organización militar, se debe poner de relieve la necesidad de atender, como extensión de la misión, la interfaz entre las tareas reguladas por la fuerza y las destinadas a la reconstrucción y transformación, lo que obligará a que las FFAA, colectivas o nacionales, desarrollen capacidades técnicas, económicas y lingüísticas para ocupar ese terreno de límites imprecisos pero reales, que se conoce, según su magnitud, con nombres tales como «construcción nacional», «reconstrucción nacional», «acción cívicomilitar», «mantenimiento de la paz», etc.

En cuanto a España, debe mantener sus actuales compromisos internacionales, y aun ampliarlos y profundizarlos. Y ello no porque su contribución (limitadísima) vaya a ayudar de modo decisivo a mantener la paz y la estabilidad en el mundo, sino porque saliendo a ese mundo, y comprometiéndose con él, España podrá adquirir las experiencias, los saberes y el respeto internacional que le son necesarios para mantenerse como sociedad competente, influyente y moderna. Su política de defensa y sus FF AA son instrumentos imprescindibles para lograrlo.

NOTAS

1 · Por ejemplo, Mohamed el-Ghanam, excoronel de los servidos policiales egípcios, residente en Suiza, en International Herad Tribune del 01.04.2004.
2 · Cfr. «Mideast democracy is a long-term, global project», en International Herald Tribune.
3 · Ver el anâlisis puramente político de los aspectos jurídicos de la cuestión de Iraq por George P. Shultz, secretario de Estado de Reagan, en la Kissinger Lecture, «An Essential War», ante el Congreso.
4 · Asi, Vladimir Socor, del Institute for Advanced Strategic and Political Studies, que propone el ingreso en la Alianza de los países del sur del Cáucaso. Véase su artículo «East of the New OTAN», en The Wall Street Journal, 26-28.03.2004.
5 · Ver sobre todo las páginas 73-74 del ensayo «Intervention in Contemporary World Politics», de S. Neil MacFarlane. The International Institute for Strategic Studies (Adelphi Paper 350), Londres, 2002.
6 · Mats Berdal, «The UN Security Council: Ineffective but Indispensable», en: Survival. The IISS Quarterly, Londres, verano del 2003, p. 22.

Energía olímpica para la cultura europea

Ha hecho falta que los Juegos Olímpicos (JJ OO) regresen a Grecia este verano para que la vida cultural helena reciba una inyección renovadora. Numerosos proyectos y reformas han podido realizarse y se terminarán a tiempo para que los visitantes olímpicos puedan conocerlos en el mes de agosto y el resto de griegos y turistas… los sigan disfrutando después.

LA OLIMPIADA CULTURAL

Como botón de muestra sirve el ambicioso proyecto a nivel nacional e internacional de la Olimpiada Cultural, que comenzó en 1988 como Fundación Internacional de la Olimpiada Cultural con el apoyo del Comité Olímpico Internacional, la UNESCO y el Ministerio de Cultura griego. Con objeto de dar proyección internacional a esta Olimpiada Cultural y fomentar la cultura como apoyo para los JJ OO, a partir del año 2000 se desarrollaron una serie de actividades que incluyen música y danza, teatro, exposiciones artísticas, festivales y muchas otras iniciativas culturales, Relacionados con España y con mucho éxito, las representaciones en Atenas de la Salomé de Saura con Aída Gómez como protagonista, la primera versión teatral de Medea hecha por Kakoyanis con Nuria Espert, la exposición «El toro en el Mediterráneo. Mitos y ritos», que se inauguró en el Museu d’Historia de la Ciudad de Barcelona y luego se exhibió en el Museo Benaki de Atenas; la participación de Grecia como país invitado en la última edición de ARCO en Madrid y, dentro de unas semanas la exposición «Picasso y la influencia griega» en el Museo Gulandris de Arte Contemporáneo en la isla de Andros. A nivel internacional, grandes nombres del teatro clásico, compositores y artistas se han sucedido en diversas manifestaciones a lo largo de estos cuatro años, y han tenido especial notoriedad las representaciones de teatro clásico por grupos del mundo entero.

El segundo ejemplo son las obras de mejora en la ciudad de Atenas, cuna de los JJ OO de la nueva era en 1896 y ahora en los de verano que comenzarán el 13 de agosto. El organismo que se ocupa de estas mejoras, junto con el Ayuntamiento de Atenas y el Ministerio de Obras Públicas se denomina Unificación de Lugares Arqueológicos de Atenas. El proyecto original fue idea del fallecido urbanista Antonis Tritsis hace muchos años y ahora lo dirige uno de sus colaboradores, Yanis Kalantidis. El actual equipo está consiguiendo mejorar el centro de la ciudad gracias, en primer lugar, al denominado Paseo Arqueológico que, mediante calles peatonales, permitirá visitar la mayor parte de los lugares arqueológicos de importancia en Atenas. Ya se han creado anchos paseos peatonales alrededor de la Acrópolis y del Agora (calles Dionisio Aeropagita, Apóstol Pablo y Adrianu, por ejemplo). Se están mejorando también las cuatro plazas más céntricas de la ciudad (la de la Constitución -Sindagma-, la de la Concordia -Omonia- y las de Monastiraki y Kumunduru). Se siguen arreglando calles céntricas como la Mitropóleos y Athinás; barrios de importancia histórica como el Thisio, Psirí y Placa, a los pies de la Acrópolis, y zonas arqueológicas como el Cerámico, el Agora griega y romana, la Biblioteca de Adriano, etc. Este organismo ha conseguido también fondos para remozar las fachadas de muchos edificios céntricos con el apoyo de sus propietarios, pintándolas y arreglando desperfectos. Y además está consiguiendo hacer desaparecer todo tipo de paneles y anuncios publicitarios en el centro de la ciudad.

Otro proyecto que dará mucho que hablar es la nueva iluminación de monumentos principales de la ciudad, puesta en manos del especialista francés Pierre Bideau (autor de la iluminación de la Torre Eiffel y de Versalles, entre otros muchos monumentos). Un conjunto de intervenciones, pues, que harán muy notoria la diferencia.

Para los Juegos se han acelerado dos proyectos importantes en una ciudad de tan mala circulación como Atenas: el metro y el tranvía (el «tram», en griego). El nuevo metro (que se une en algunas estaciones con el viejo «tren eléctrico» que recorre la ciudad de norte a sur, desde Kifisiá hasta El Pireo) tiene ya dieciocho estaciones y prepara otras tantas, que serán inauguradas semanas antes de los Juegos, incluyendo un trayecto al aire libre que llegará hasta el nuevo aeropuerto Eleftherios Venizelos. Durante su construcción se descubrieron multitud de tesoros arqueológicos que retrasaron notablemente su terminación. En algunas estaciones, como la de la plaza de la Constitución (Sindagma) y las de Evangelismos y Acrópolis, se pueden admirar algunos de los objetos descubiertos.

Señalemos un detalle español: el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, además de ser responsables del proyecto de renovación del conjunto olímpico de Atenas, ha diseñado un ligero puente peatonal que unirá las dos partes exteriores de la estación de metro de Katejáki, en una avenida central de la ciudad, llamada Mesoyíon. El puente parece de lejos una lira y estará inaugurado este verano.

Otros ejemplos de obras relacionadas con los Juegos han sido las renovaciones y mejoras de museos.

LOS MUSEOS RENOVADOS

El primer museo del país, el Arqueológico, llevaba ya muchos años cerrado (concretamente, desde octubre del 2002). Será reinaugurado dentro de pocas semanas y antes de finales de junio en el edificio de estilo neoclásico original, de finales del siglo XIX, que se mantiene igual por fuera pero con muchas mejoras en su interior. Se han suprimido las barreras arquitectónicas, estrenará ascensores, climatización correcta y muchas otras instalaciones imprescindibles en un museo moderno, de las que carecía. La programación arrancará con una exposición extraordinaria sobre los JJ OO en la época clásica, denominada «El espíritu de competición en la antigua Grecia», con doscientos ochenta objetos (muchos provenientes del extranjero), y con gran parte de las obras maestras que contiene, gran número de las cuales no habían sido expuestas desde hace años.

El segundo museo que va a estar completamente renovado y abierto será el denominado Bizantino y Cristiano, con más de 1.200 objetos expuestos desde la época paleocristiana hasta el siglo XV. Se estima que el museo está llamado a convertirse en la mejor colección de arte bizantino en el mundo. Está situado en el centro de la ciudad, en un edificio de estilo renacentista edificado en 1848 por la extravagante Duchèse de Plaisance, y ha sido restaurado y acondicionado adecuadamente para la nueva etapa.

El tercer museo es uno totalmente nuevo, que albergará la importante colección de arte islámico del Museo Benaki. Dicho museo, totalmente renovado, expone ahora la historia del arte griego desde sus orígenes hasta el siglo XX, pero en su elegante edificio de la avenida de la Reina Sofía no tenía cabida la importante colección islámica que inició su fundador, Andonis Benakis, en Alejandría. A partir de finales de junio se podrá visitar la nueva sede, que consta de dos edificios neoclásicos en la zona cercana al Museo Cerámico. Los especialistas consideran que el nuevo museo mostrará una colección única, comparable a la del Metropolitan Museum de Nueva York y de los Museos Victoria and Albert y Británico de Londres. En él se expondrán objetos provenientes de todo el mundo árabe, y en particular de Egipto, en un periodo que abarcará desde el siglo VII hasta el XIX.

LA ACRÓPOLIS

El recinto arqueológico de la Acrópolis está también en obras, pero éstas son de las que están habitualmente en marcha y no con las que se han puesto en marcha con ocasión de los JJ OO. Este conjunto arqueológico tan importante está siempre abierto al público y tiene en verano más de doce mil visitantes al día. Ahora mismo pueden verse andamios y grúas por todas partes: en el templo de Atenea Victoriosa, por ejemplo, situado en la entrada; a falta de una, dos grúas en el Partenón, más andamios en los Propíleos…

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Y aunque los arqueólogos y los muchos especialistas que trabajan diariamente no levantan nunca el pie del acelerador, es imposible predecir los contratiempos a los que pueden hacer frente: desde el mal tiempo (así ocurrió con las extraordinarias nevadas de este invierno) hasta las piezas de las columnas que parecen sólidas pero que, al ser limpiadas, deben ser reforzadas con barras de titanio por su manifiesta endeblez. Para los JJ OO se espera que la Acrópolis muestre menos andamios.

Uno de los centros culturales privados más importantes de la capital, llamado «Mundo Griego» de la Fundación del Helenismo (Idrima Mizonos Elinismú), y que está situado en la zona industrial de Tavros, ha organizado una exposición muy diferente que estará abierta hasta después de los Juegos de verano, llamada «Historias de los Juegos Olímpicos». En ella se exponen reproducciones, maquetas y material informativo con nuevas tecnologías sobre tos juegos de la Antigüedad y de la era moderna: historias de los protagonistas, las ciudades sedes de los JJ OO, con las ventajas e inconvenientes de cada una, etc.

Lo que no va a estar terminado, por desgracia, es el Nuevo Museo de la Acrópolis, pieza importante dentro de la política cultural de Grecia. El ambicioso proyecto que ganó el concurso internacional convocado hace años, obra del arquitecto suizo establecido en Nueva York, Bernard Tschumi, y de su colaborador griego Mijalis Fotiadis, es una obra de arte espectacular. Un proyecto ligero, en el que en la planta baja se podrán admirar los restos arqueológicos encontrados en el solar detrás de Makriyani, en la falda de la Acrópolis; y en el último piso estará preparada la sala que espera exponer los denominados «mármoles de Elgin», parte de los frisos del Partenón que lord Elgin, embajador británico ante la Sublime Puerta consiguió llevarse (con un permiso otomano) hasta Inglaterra. Había esperanzas que los británicos accedieran a hacer un «préstamo» excepcional e ilimitado, dejando que los relieves regresaran a Grecia a partir de los JJ OO, y sin que sirviera de precedente. Pero una serie de desgracias -problemas legales de diverso origen, desde denuncias de los vecinos hasta de un diputado conservador que ahora es viceministro de Cultura, Petros Tatulis, prolongados juicios y un largo etcétera- han retrasado tanto las obras que parece que sólo se llegará a terminar los cimientos y a construir una única sala para este mes de agosto.

Y MAS MUSEOS FUERA DE ATENAS

En Olimpia, cuna de los Juegos, el presidente de la República inauguró el nuevo museo el 25 de marzo, fecha en la que se encendió la llama olímpica que recorrerá los cinco continentes antes de regresar a Grecia y al estadio Olímpico, con la famosa cubierta de Calatrava. El museo contiene las obras que ya tenía el anterior y muy especialmente las dos esculturas más famosas: la Victoria de Paonio y el Hermés de Praxíteles, junto con los frontones de mármol de los trabajos de Hércules que se encontraban en el templo de Zeus.

A poca distancia se ha inaugurado también el nuevo Museo de los Juegos Olímpicos con cuatrocientos sesenta y tres objetos únicos provenientes de distintos museos griegos, que no habían sido reunidos hasta ahora bajo un mismo techo. Y, a menos de dos horas de distancia, está asimismo el nuevo Museo de Ilida, que merece el desplazamiento.

En Delfos, se terminarán pronto los trabajos de amejoramiento del pequeño museo en el que se puede admirar el famoso Auriga de bronce, la Columna de acanto y el Onfalós (ombligo) en las que están esculpidas las águilas enviadas por Zeus. Esta escultura en forma de cono fue considerada durante la Antigüedad como el centro del mundo.

En la segunda ciudad de Grecia, Tesalónica, se podrá admirar el Museo Bizantino ya completamente terminado, con una colección muy completa de arte de esta época (Tesalónica era la segunda ciudad más importante del Imperio Bizantino). Por su parte, el Museo Arqueológico de la ciudad, también en curso de restauración, tendrá un tercio de sus salas inaugurado con el magnífico tesoro áurico de los macedonios. Además, las extraordinarias obras de la época de Filipos II de Macedonia (el padre de Alejandro Magno), han vuelto a un museo espectacular, semisubterráneo, levantado sobre el lugar en que fueron descubiertas, en la ciudad de Verginam, a pocas horas de Tesalónica.

VERANO CULTURAL

Los dos festivales culturales más importantes del país tendrán un programa «reforzado». Aunque aún no se conocen los detalles completos de la programación del Teatro Romano Herodio Atico, a los pies de la Acrópolis, se espera que sea importante con espectáculos de música y danza. Se cuenta ya con un concierto del compositor norteamericano Philip Glass, que presentará su nueva obra Orión, una intervención de Luciano Pavarotti, la primera representación de la obra Zaratustra del Teatro Stary de Cracovia y la representación de Edipo Rey por el Teatro Yukiko Ninagawa. Lo mismo cabe señalar para el teatro de Epidauro, donde el Festival de Teatro tendrá muchas representaciones extraordinarias como Las Bacantes por el Piccolo Teatro y la «reconstrucción» de una tragedia de Esquilo (la triología Mirmodones-Neraidas-Frigias) por el Teatro Estatal de Chipre, basada en versos desconocidos hasta ahora y descubiertos en los papiros que, junto a las vendas de tela, cubrían una momia egipcia.

Los JJ OO no sólo son el mayor acontecimiento deportivo mundial cada cuatro años; son también el detonante para las ciudades olímpicas y su desarrollo a todos los niveles. Por eso, Atenas y toda Grecia se verá mejorada con estos Juegos.

La hora de la verdad

El pasado nueve de marzo, la Asociación Turca de los Negocios y la Industria, equivalente a nuestra CEOE, inauguró una oficina en París y en el transcurso de la ceremonia, su presidente, Ömer Sabanci, pronunció un breve discurso en presencia de miembros de los gobiernos francés y turco y de una selecta representación de los mundos empresarial, cultural, político y periodístico de la capital gala. En su alocución, cuidadosamente preparada para las elites de un país comunitario cuya opinión pública es mayoritariamente hostil a la entrada de Turquía en la Unión Europea, el máximo representante del sector más dinámico, más avanzado y más innovador de la sociedad turca, manifestó excelentes propósitos, ponderó ventajas, exhibió progresos, disipó temores e incluso dejó entrever de forma medidamente exquisita algunas advertencias que ojalá su auditorio escuchara receptivamente.

Tras recordar que las fuerzas liberalizadoras opuestas al absolutismo del sultán siempre se habían inspirado a lo largo de los siglos XIX y XX en los pensadores franceses de la Ilustración y que el propio Kemal Atatürk atesoraba en su biblioteca la obra completa cuidadosamente anotada a mano de Rousseau y de Montesquieu, el anfitrión se permitió referirse a su patria como el futuro «motor del crecimiento europeo». En efecto, tras una crisis económica de proporciones devastadoras en el año 2001, Turquía ha registrado en 2002 un incremento del PIB próximo al 8% y de casi un  6% en 2003, a la vez que ha conseguido una mejora notable de la disciplina fiscal, una bajada histórica del tipo de interés básico y una inflación que por primera vez en una generación se ha situado en cifras de un dígito. Aunque estos datos prometedores no se han visto acompañados todavía de una evolución positiva de la tasa de empleo, no cabe duda de que ésta pronto se producirá, si el presente rumbo se mantiene. Hay que tener presente que estamos hablando de un país con un producto nacional bruto de medio billón de euros, sin contar su economía sumergida, que es una de las mayores de la OCDE; con una población de 75 millones de habitantes, de los que el 30% tienen menos de quince años, con unos servicios que representan el 60% del PIB y una producción industrial que aporta el 25%, y con un volumen de exportación a la Unión Europea de 23,3 millardos de euros y de importación de 28,3 millardos. A ello que hay que añadir que Turquía es hoy el primer productor europeo de televisores y de fertilizantes artificiales, el sexto de refrigeradores y el séptimo de vehículos automóviles y de acero; que el número de usuarios de Internet es en estos momentos de nueve millones; el de teléfonos móviles, de 27 millones; y que dispone de 28 canales de televisión de cobertura nacional y de un centenar de ámbito local. No es difícil imaginar lo que semejante potencial demográfico y productivo puede dar de sí adecuadamente dotado de unas instituciones sólidas, una Administración eficiente y honrada y un sistema educativo modernizado y potente.

Y es probablemente la tremenda capacidad de desarrollo que anida en el seno de una sociedad que de manera unánime pugna en esta hora histórica por incorporarse a Occidente en todos los aspectos de su vida colectiva, escogiendo para tan loable meta la adhesión a la Unión Europea como el camino más viable y más atractivo, la que despierta en algunos de sus futuros socios un nivel de suspicacia que ya empieza a aflorar sin disimulo. Cuando el ex presidente de la República francesa Valéry Giscard d’Estaing se pronunció en términos extraordinariamente catastrofistas en el otoño de 2002 sobre los efectos de la entrada de Turquía en la Unión, se desencadenó una polémica de gran alcance debido a que el antiguo primer mandatario presidía en aquellos días la Convención encargada de elaborar la propuesta de nueva Constitución Europea. Las opiniones en favor y en contra proliferaron en los medios y los partidos políticos tomaron conciencia de que se encontraban ante un asunto espinoso con consecuencias electorales imprevisibles. El Consejo Europeo de Helsinki se había manifestado inequívocamente en diciembre de 1999 con una declaración en la que se señalaba que «Turquía es un Estado candidato destinado a incorporarse a la Unión sobre la base de los mismos criterios que los demás Estados candidatos. Mediante la construcción de la Estrategia Europea en vigor, Turquía, al igual que otros Estados candidatos, se beneficiará de un proceso de pre adhesión, que estimulará y apoyará sus reformas».

No se puede decir más claro, ni el compromiso adquirido puede ser más firme. A partir del Consejo de Helsinki, aunque el tema colea como expresión de intenciones en las instancias comunitarias desde hace cuarenta años y otros Consejos anteriores —Luxemburgo en diciembre de 1977, Viena en diciembre de 1998— también han sido bastante explícitos al respecto, Turquía es un país candidato con derecho a entablar negociaciones formales de adhesión en el instante en que se cumplan las condiciones exigidas. Fingir que este hecho no se ha producido es tan contraproducente como inútil. Tal como ha dicho ingeniosamente el eurodiputado francés Jean Louis Bourlanges, la cuestión turca no debe pertenecer a la amplia panoplia de problemas que Bruselas no afronta o bien porque es demasiado pronto o bien porque es demasiado tarde. En el caso que nos ocupa, y tratándose de un Estado que pertenece al Consejo de Europa, a la OCDE y a la OTAN, todo apunta a que estamos más en la segunda situación que en la primera.

¿ES TURQUÍA TAN FEROZ COMO LA PINTAN?

Es obligado preguntarse las razones por las que Turquía inspira temor a muchos ciudadanos de la Unión. Turquía es vista como un país pobre, muy poblado, insuficientemente democrático, con una trayectoria histórica plagada de violencia y, obviamente, musulmán. No está de más examinar cada una de estas características. Si la pobreza de Turquía preocupa en la medida en que podría amenazar el equilibrio del presupuesto comunitario y, combinada con su fuerte crecimiento demográfico, introducir una insoportable presión migratoria sobre las áreas más prósperas de Europa, tampoco se puede olvidar que su renta per cápita es del orden de la de Polonia, de Eslovaquia o de las repúblicas bálticas, y casi el triple que la de Bulgaria o Rumania, las cinco primeras ya miembros plenos de la Unión y las otras dos con llegada prevista en 2007. El crecimiento demográfico turco, sobre el que circulan predicciones que apuntan a una población de cien millones de habitantes en 2050, se moderará a medida que aumente el nivel de vida y estimaciones que conducen a una estabilización en torno a los ochenta y cinco millones en 2030 aparecen como más plausibles. Por consiguiente, el fantasma de olas desbordantes de anatolios invadiendo las grandes urbes europeas y gravitando como una losa sobre los sistemas de protección social tiene una consistencia análoga a la de espectros similares surgidos en el pasado con motivo de la adhesión de Grecia, Portugal y España o actualmente rampantes a causa de la feliz irrupción de los antiguos países comunistas. En cuanto a la expansión del mercado interior en ochenta millones de consumidores y al reforzamiento del capital humano comunitario gracias a una vigorizante inyección de fuerza de trabajo joven e ilusionada, no vendrán nada mal en un continente avejentado con sombrías perspectivas para garantizar el futuro de sus pensionistas.

Pasando a la belicosidad turca, de la que han dado testimonio a lo largo del siglo pasado sus choques con armenios, grecochipriotas y kurdos, este tipo de conflictos siempre admiten por lo menos dos perspectivas y el siglo XX europeo no permite a prácticamente ninguno de los Estados miembros de la Unión, incluidos los mayores entre los seis fundadores, impartir demasiadas lecciones de comportamiento pacífico y respetuoso del derecho internacional.

En relación a la pureza democrática, un somero análisis histórico de los últimos cien años muestra tantos ejemplos de dictaduras, algunas de ellas de una atrocidad sin precedentes, en el territorio que hoy ocupa la Unión de Quince y no digamos la de Veinticinco, que más vale por un elemental sentido del pudor abandonar esta línea crítica.

En lo que se refiere al presente, nadie con un mínimo grado de ecuanimidad se atreverá a negar los progresos espectaculares realizados por Turquía en el cumplimiento de los criterios de Copenhague desde que el Consejo Europeo de Viena subrayó en diciembre de 1998 la necesidad de impulsar la Estrategia Europea de preparación para la adhesión.

CUESTIONES CULTURALES

Y nos queda el tema más incómodo, el de la religión. Este es un punto en el que impera la hipocresía porque ninguna figura política, analista social o representante de la sociedad civil europea se atreve a enunciarlo con claridad, refugiándose los que se oponen a la adhesión de Turquía a la Unión en los restantes argumentos antes enumerados. Recuerdo una reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo hace unos tres años en la que uno de sus miembros manifestó su enérgico rechazo a la candidatura turca con el peregrino planteamiento de que los turcos eran «diferentes a nosotros». Pedí la palabra para inquirir amablemente en qué radicaba la susodicha diferencia y me interesé por su naturaleza, dado que no alcanzaba a percibirla, por lo menos no en una intensidad superior a la heterogeneidad que se advertía en la sala en la que nos encontrábamos, con diputados y diputadas de quince países distintos, muchos de ellos, a su vez, caracterizados por una rica diversidad interna. El interpelado farfulló algo sobre diferencias culturales y, por supuesto, fue incapaz de suministrar una respuesta convincente, aunque todos los presentes sabíamos lo que tenía en mente sin osar explicarlo.

Pues bien, el recurso a la religión para cerrar la puerta de la Unión a Turquía no sólo no contribuiría a salvaguardar la identidad europea, sino que, por el contrario, la sometería a una contradicción flagrante. En efecto, si hay una nota distintiva de la cultura política de nuestro continente es la asunción de un conjunto de principios y valores universales como fundamento ético de la convivencia. La democracia, el respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley, la igualdad hombre-mujer, la separación de la religión y el Estado, la tolerancia, las libertades civiles y el cultivo de las virtudes cívicas definen un espacio público laico, en el que las creencias religiosas pertenecen a la esfera de la conciencia individual y donde, por consiguiente, debe imperar la libertad de cultos y la completa eliminación del menor atisbo de teocracia. La negativa a admitir que Turquía pueda, el día que satisfaga los requisitos políticos y económicos fijados por la normativa comunitaria, convertirse en un miembro de pleno derecho de la Unión aduciendo incompatibilidad religiosa tendría como corolario inevitable la caracterización de Europa como un «club cristiano». A este respecto, resulta aconsejable recordar que si bien muchos de nuestros valores poseen un origen que se encuentra en el mensaje evangélico, otros se han implantado en contra de las más feroces resistencias de las iglesias católica, ortodoxa o protestante en sus diversas modalidades, por lo que el trazado de los límites de Europa en función de la confesión dominante nos colocaría en el bando de esos fundamentalistas que con tanta razón condenamos como ajenos a la racionalidad y a las luces.

En un terreno más práctico, Bosnia y Albania aspirarán seguramente, cuando las circunstancias les sean favorables, a emular a Eslovenia en su vocación europea y no parece factible frenar sus legítimas ambiciones por tratarse de países de mayoría musulmana.

UN PAÍS MUSULMÁN SECULARIZADO

Por otra parte, un desaire de este calibre al único país musulmán que ha hecho de la secularización su gran objetivo nacional desde la abolición del califato en 1924 no aparecería a los ojos del mundo como una muestra encomiable de coherencia europea, en una época en que vivimos bajo la sombra sobrecogedora del choque de civilizaciones. La onda sísmica que se propagaría a continuación desde el Próximo Oriente hasta Indonesia a lo largo y a lo ancho de una inmensa zona del planeta que alberga a mil millones de personas de fe islámica, que encierra en su subsuelo vitales recursos energéticos y que se agita a impulsos del fanatismo asesino, introduciría un factor de riesgo tan elevado para la estabilidad global, que estremece sólo pensarlo. Asimismo, los avances más significativos en la democratización de Turquía han tenido lugar desde que un partido islamista moderado ha alcanzado el poder a través de las urnas, siendo una de sus primeras medidas la ratificación del objetivo de incorporarse a la Unión Europea como gran prioridad nacional.

El éxito de esta trascendental empresa proporcionaría al resto del islam un ejemplo sin parangón y lanzaría el mensaje de que es perfectamente posible que una sociedad en la que los ciudadanos son en su inmensa mayoría de religión musulmana se transforme por propia voluntad en una sociedad abierta, absolutamente homologable a las más democráticas, avanzadas y desarrolladas del globo. La renuncia a aprovechar una oportunidad irrepetible de este calado geoestratégico por motivos electorales cortoplacistas o por prejuicios xenófobos soterrados constituiría un error de una magnitud gigantesca, cuyas consecuencias negativas pagaríamos durante mucho tiempo y cuyo coste sería probablemente insoportable. Mientras Occidente invierte en Iraq centenares de miles de millones de dólares y miles de vidas en llevar la democracia a Oriente Medio por la vía coactiva pagando un precio altísimo en sufrimiento y destrucción, poner obstáculos a un proyecto libremente emprendido de europeización de uno de los Estados más grandes y más influyentes del islam no revelaría una clarividencia excesiva.

CON LA FRONTERA HEMOS TOPADO

Sin embargo, subsiste el interrogante de la delimitación de las fronteras de la Unión. ¿Hasta dónde ha de llegar la ampliación en el futuro? ¿Cómo compaginar el engrandecimiento físico con la solidez del proyecto de integración? Los reticentes a abrir negociaciones de adhesión con Turquía alegan que una vez culminadas éstas, sería imposible negar un tratamiento análogo a los países del Magreb, a Egipto, a Israel, a Líbano, a los Estados del Cáucaso, a Moldavia, a Ucrania, e incluso a los Estados turcomanos de Asia Central. Desde esta óptica, el recuerdo de determinadas ofertas de Silvio Berlusconi a Rusia en la euforia incontrolada de una cumbre bilateral provoca vértigo.

Es evidente que la Unión no puede acoger en su seno a socios que la desequilibren territorial, demográfica e institucionalmente hasta extremos insoportables. Caricaturizando este panorama, alguien ha aludido a una Unión omnicomprensiva como «la vanguardia democrática de las Naciones Unidas». Es innegable que si Europa ha de ser un agente identificable en el escenario mundial equipado con instituciones fuertes y operativas, su tamaño no puede ser ilimitado ni indefinido. En otras palabras, que la vocación universalista del proyecto europeo no ha de arrastrar a la Unión a la pérdida de la consistencia necesaria para configurar su voluntad e impulsarla en el tablero internacional. Vista bajo este prisma, la incorporación de Turquía, afirman sus adversarios, obligaría a la Unión a crecer sin otro freno que el que se derivase de los deseos de los eventuales aspirantes.

Aunque este razonamiento es de mayor peso que los demás al uso que hemos esbozado, eso no significa que sea irrefutable. Un inconveniente no equivale a una imposibilidad. De hecho, la adhesión de Turquía a la Unión, como cualquier obra humana inteligente, es una elección fruto de un análisis riesgo-beneficio lo más riguroso posible. La tesis aquí sustentada no es que Europa sin Turquía carezca de sentido o que la integración de Turquía en la Unión sea la panacea universal y el remedio a todos los males de la tierra; sino que la marcha de la historia y su previsible evolución futura nos ha conducido a un punto en que el rechazo a la pretensión turca de formar parte de Europa a todos los efectos económicos, políticos e institucionales presenta muchas más desventajas que ventajas o, dicho al revés, que su incorporación ofrece una serie de beneficios que superan netamente a los posibles costes. La Unión está absolutamente legitimada para decidir su propia composición y para, en virtud de sus intereses y de la coherencia de sus objetivos, establecer acuerdos de asociación muy especiales con Marruecos, Túnez e Israel sin llegar a la plena integración, por poner tres ejemplos clarificadores, pero considerar, en cambio, que en el caso de Turquía la fórmula oportuna consiste en la adhesión como Estado miembro.

UNA FECHA  PRÓXIMA Y CAPITAL

Ahora bien, sentada ya esta posición, no cabe duda de que el trabajo que Turquía tiene por delante es aún considerable y que de aquí a diciembre las cosas todavía se pueden torcer. Una lectura atenta de las ciento cuarenta páginas del Informe Regular de la Comisión sobre Turquía correspondiente al año 2003, dentro de su tono general cortésmente optimista, contiene una larga enumeración de deficiencias y retrasos en la implementación del Plan Nacional de Adopción del Acervo Comunitario que inspira cierta inquietud, sobre todo habida cuenta de los pocos meses que faltan para el Informe de 2004, en virtud del cual el Consejo Europeo dará su veredicto el próximo diciembre y fijará o no una fecha para el comienzo de las negociaciones de adhesión. Después de cuatro décadas de espera, Turquía no admitirá otra cosa que una respuesta afirmativa, pero sus ciudadanos, su Gran Asamblea Nacional y su Gobierno deben comprender que el cumplimiento escrupuloso de los criterios de Copenhague sobre respeto de los derechos fundamentales, imperio de la ley, democratización, libertades civiles, respeto de las minorías y supeditación del poder militar al civil es crucial para que se encienda la luz verde.

El voto afirmativo de la comunidad turcochipriota al plan de Kofi Annan de reunificación de la isla contribuirá muy positivamente a demostrar la buena voluntad turca y su disponibilidad a realizar los sacrificios necesarios.

La suerte está echada y se acerca la hora de la verdad. Turquía y la Unión Europea se juegan mucho en este envite y un fracaso después de una espera tan larga y de tanto esfuerzo por ambas partes en el actual contexto mundial es algo que ninguna de las dos se puede permitir. Es de justicia reconocer que el presidente del gobierno turco, Recep Tayyip Erdogan, así lo ha entendido desde que inició su mandato y está actuando, como diría Ortega, a la altura de los tiempos. Ojalá los líderes europeos que se sienten en el Consejo dentro de ocho meses lo comprendan también.

El Islam como ley fundamental

Si, de acuerdo con la terminología de Bunge, el pensamiento jurídico es, lo mismo que la tecnología, las humanidades, la matemática o la religión, un subsistema dentro del sistema más amplio que es cualquier sociedad, difícilmente cabría considerar ninguna constitución del mundo como un instrumento jurídico que alcanzara dimensiones supranacionales. Incluso cuando media entre los nacionales de un Estado el propósito de adoptar una constitución extranjera, aparece siempre, antes o después, el condicionante de adaptarla a los requerimientos del medio en que ha de insertársela. De ahí que no haya dos constituciones iguales y que ninguna alcance a definir apenas el patrimonio cultural del Estado en donde surja. Sin embargo, la idea de Constitución no sólo puede sino que ha trascendido, bien que en forma de arquetipo, las fronteras de los Estados en donde se produjeron las primeras manifestaciones del fenómeno constitucional, para instalarse en todos sitios.

Seguramente que eso explica cómo ha sido acogida esa idea en algunos Estados musulmanes del Mediterráneo. Así, que careciendo Libia de una Constitución se diga allí que la tiene, o que los documentos adoptados con el nombre de Constitución en otros Estados, como es el caso de Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Siria, se asienten en postulados tan peculiares que resulte imposible no prestarles atención. Tal será el objeto de las páginas que siguen, en donde, conviene advertirlo, sólo serán protagonistas los Estados mencionados. De modo que a ellos se limitará nuestra ojeada constitucional al Mediterráneo musulmán1.

EL CASO DE LIBIA

En Libia se ha renunciado a la idea de adoptar una Constitución. No, desde luego, cuando en 1969 se produjo el derrocamiento del rey Idris. Entonces la jefatura del Consejo Revolucionario aprobó un documento con tintes constitucionales que hacía presagiar la futura adopción de un texto constitucional. El documento libio en cuestión es el que, en forma de texto articulado, publicó la jefatura del Consejo Revolucionario el 11 de diciembre de 1969, haciendo constar en él la firme determinación de eliminar todo vestigio de la monarquía recién derrocada y, consecuentemente, la de dotar al Estado de una estructura orgánica nueva, aparentemente inspirada en el principio de separación de poderes. También eran proclamados allí una serie de derechos individuales, cuya garantía se confiaba a la ley, igual para todos, y a la acción judicial. Tal era el contenido del documento concebido como medida provisional a la espera de la Constitución.

Sin embargo, transcurridos algo más de siete años desde su formulación, se decidió abandonar el mencionado proyecto. Así consiente afirmarlo el tenor del documento publicado el 2 de marzo de 1977, por el que se proclamaba el establecimiento o instalación de la Autoridad del Pueblo y se adoptaba para Libia el nombre oficial de «Jamahiriya árabe del pueblo socialista». Pues, no en balde, dispone que el Corán sea la Constitución del Jamahiriya árabe del pueblo socialista.

Con ello vendría a manifestarse oficialmente en Libia un pensamiento musulmán sunní bastante extendido, según cabe deducir de lo que informa al respecto Yadh Ben Achour, cuando afirma que hoy es corriente oír en un país islámico la expresión: «el Corán es nuestra Constitución»; o leer en sus constituciones escritas: «el islam es la religión del Estado o la fuente principal de legislación»; o bien escuchar la expresión más genérica: «el islam es nuestra Constitución».

Es de sobra conocida en el mundo judeocristiano la idea de una alianza entre Dios y los hombres. Tanto que casi huelga mencionarla, o recordar cómo su relato bíblico ha llevado a considerar el Viejo y el Nuevo Testamento plasmaciones de esa clase de pacto. En cambio, es seguramente menos conocido el predicamento de esa misma idea en la religión musulmana. Pues, en efecto, tampoco faltan entre sus fieles quienes ven el Corán como una alianza de esa naturaleza. Recuérdese además que es inherente a la idea de Constitución la de acuerdo o contrato fundacional de la sociedad política, extremo este sin duda, que se haya muy difundido en los países donde se practica el islam. Pues bien, si ponemos en contacto ambas ideas se observará inmediatamente con cuánta facilidad cabe extraer, entre otras conclusiones posibles, la consideración del Corán como pacto o acto fundacional de la sociedad islámica —la «Ummah»—.

Pero interesa decirlo con las palabras de Yadh Ben Achour, a fin de cuentas inspiradoras de las reflexiones que anteceden. No en balde, es él quien sostiene que «la idea de alianza entre un Dios y un pueblo existe en el Corán. La diferencia con la Biblia es que en el Corán la sangre (Israel) y la tierra (prometida) han desaparecido. La sangre es la de los humanos y la tierra el planeta entero. El nudo que ata es, pues, inmaterial, es la fe pura. La Ummah es una comunidad política de fe».

En definitiva, pues, cuando el documento libio de 2 de marzo de 1977 dice que el «Sagrado Corán es la Constitución del Jamahiriya árabe del pueblo socialista», cabe estimar que quiere conferirle al Corán la consideración de alianza fundacional de la sociedad política libia. Difícilmente podrían pretender sus redactores ir más allá, ni entenderse tal afirmación de otra forma, pues, abstracción hecha del problema que entraña el intento de dar respuesta a la cuestión del poder constituyente desde el Corán, es obvio que sus contenidos se alejan por completo de cualquier modelo de constitución escrita. Téngase en cuenta que, según informa al respecto Yadh Ben Achour, el texto coránico contiene normas obligatorias en su mayor parte de carácter moral, junto a otras de naturaleza jurídica que conciernen al derecho penal, al matrimonio, el divorcio y la filiación, así como también al derecho sucesorio. Poco, pues, tiene de materia constitucional el Corán, concluye afirmando el citado autor.

Eso no quiere decir que en Libia se ignore el significado que en Occidente viene concediéndosele a la Constitución escrita. El tenor del documento adoptado en 1969 es elocuente al respecto, por eso se le calificaba más arriba como una Constitución de urgencia. Tampoco la afirmación, efectuada en el documento de 1977, relativa a que el Corán es la Constitución libia parece tener otro sentido que el puramente político de renuncia a una Constitución en favor de un documento que no lo es, con lo que esa opción encierra de receptividad a la idea de Constitución como arquetipo, cuando menos.

PECULIARIDADES CONSTITUCIONALES DE OTROS ESTADOS ISLÁMICOS

En cuanto a los demás Estados musulmanes ribereños del Mediterráneo, ninguna duda cabe de su receptividad a esa idea de Constitución. Así lo evidencia el que Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Líbano y Siria cuenten con sus respectivas constituciones escritas. Cuestión distinta es la peculiaridad que adquiere la mayoría al declarar, de un modo u otro, la confesionalidad islámica del Estado correspondiente. De ahí el calificativo de «musulmanes» que aquí se les aplica.

La Constitución marroquí, por ejemplo, proclama en su artículo 6 que «el islam es la religión del Estado, el cual, garantiza la libertad de cultos»; y dispone en su artículo 19.1 que «el Rey […] asegura la observancia del islam y la religión».

Similar es el tratamiento de la cuestión religiosa en la Constitución argelina, pues prescribe su artículo 2 que «el islam es la religión del Estado»; y prohíbe en su artículo 9 «prácticas contrarias a la moral islámica». Por su parte, la Constitución tunecina destina su artículo 1 a proclamar que «Túnez es un Estado libre, independiente y soberano, cuya religión es el islam»; declaración esta que completan sus artículos 38 y 40, exigiendo que la religión del presidente de la República sea el islam.

La Constitución egipcia declara en su artículo 2 que «el islam es la religión del Estado y el árabe su lengua oficial. Los principios de la ley islámica constituyen la fuente principal de legislación».

Y, en parecidos términos, se manifiesta la Constitución siria, cuyo artículo 3.1 establece que «la religión del presidente de la República tiene que ser el islam»; ocupándose el artículo 3.2 de añadir que «la jurisprudencia islámica es la fuente principal de legislación».

Poca importancia se le concede aquí a las diferencias apreciables entre los enunciados constitucionales transcritos porque digan que el islam es la religión del Estado, exijan al jefe del Estado que la profese, o asuman el islam como la principal fuente normativa. Obsérvese que, en cualquier caso, cabe estimarlos fórmulas orientadas a incorporar el derecho islámico derivado de interpretar el Corán y la Sunna (este último término significa en árabe «vía», «método» o «modo», pero aquí se usa para designar lo dicho o hecho por Mahoma) en los respectivos ordenamientos nacionales. Con lo que eso implica de obstáculo insalvable en orden a considerar que en tales Estados sus constituciones operen como normas supremas de sus respectivos ordenamientos. No se descarta en absoluto que cada una de aquellas constituciones pretenda erigirse en fundamento y límite de la actividad legislativa que despliegue el Estado, pero es obvio que ninguna Constitución puede serlo de las normas inspiradas en el Corán y la Sunna. Eso, en el caso de que el uno y la otra no concluyan por condicionar la validez de cuantas normas se adopten en el Estado considerado.

REFLEXIÓN FINAL

Adviértase el obstáculo que representa dicha circunstancia para el florecimiento en tales Estados de una sociedad plural, no sólo en lo religioso sino también en cualesquiera otros terrenos que la colectividad demande. A nadie se le escapa los inconvenientes que encontrarán allí para prosperar manifestaciones económicas, políticas o culturales rechazadas por la ley religiosa. Desde su óptica, seguramente cabría admitir que el Estado se organizase de acuerdo con el principio de separación de poderes; y que la Asamblea encargada de adoptar las leyes, lo hiciera con arreglo al postulado de la representación política. Pero ¿qué importancia tiene que dicha Asamblea adquiera carácter representativo, si dispone de un medio para desvincularse de los mandatos constitucionales? Difícilmente la asamblea ni los demás poderes públicos creados por la Constitución, se subordinarán a las disposiciones legales fundamentales, si en los textos sagrados encuentran una vía para no hacerlo.

Sin embargo, son dignas de mención aquí no solamente las dificultades que encuentran tales Estados para integrar la diversidad que se halle en sus respectivas sociedades; es que tampoco sus respectivas instituciones van a poder sortear lo postulado por la idea de Estado de Derecho. A esas peculiaridades de los Estados que vienen considerándose ha de sumársele la permeabilidad que, por fuerza, han de mostrar sus constituciones a los dictados de la ley islámica en torno a valores tales como la libertad y la igualdad, del mismo modo que sobre los derechos individuales enunciados en aquellos documentos. Aunque esto último quizá sea inevitable.

Los Estados que se asientan en la orilla norte mediterránea, como tantos instalados en el occidente cultural, suelen incorporar en sus constituciones las ideas, principios y valores expresados. Desde luego que desde éstos apenas tiene qué decirse sobre su implantación en los Estados ribereños del sur mediterráneo. Todo lo más podría sugerírseles, pero no intentar imponérselos por la fuerza. Tal empresa chocaría frontalmente con el orgullo del musulmán por serlo y estaría abocada al fracaso. Más vale por tanto renunciar a esa idea no sea que, a la postre, el cíclope o el gigantón negro provisto de sus dos ojos, como en el relato de Simbad el marino de las Mil y una noches, termine por abandonar su isla imaginaria e irrumpa en la realidad mediterránea para vagar por toda su cuenca al acecho de presas también reales.

Sólo a los nacionales respectivos de esos Estados musulmanes les toca decidir, luego de evaluar cuáles son sus necesidades, respecto a la adopción allí de tales ideas, principios y valores. Facilitaría desde luego las cosas que transformasen sus Estados en laicos. Aunque será en vano pedirles que renuncien a sus señas de identidad. La esperanza es que esas ideas y valores pueden pasar el filtro de la ley islámica considerando el tenor de ciertas reflexiones que vienen haciéndose en esos Estados. Quede para mejor ocasión argumentar que bastaría con que se aceptase erigir allí a la Constitución en la única norma suprema del ordenamiento nacional.

NOTA
1· Yadh Ben Achour: La théorie constitutionnelle dans la tradition sunnite.

En el nombre de la guerra contra el terrorismo

El once de marzo pasado, los grupos vinculados a Al Qaeda lograron lo que otras veces habían intentado, a saber: asesinar en territorio europeo, como antes, el once de septiembre de 2002, lo habían hecho en territorio norteamericano. Una vez más se comprueba que el objetivo central de la guerra abierta contra el terrorismo —evitar que se produzcan atentados—, no es fácil de lograr. La cuestión fundamental que hay que plantearse es la de si, a pesar de la sucesión de atentados que desde el 11-S se vienen sucediendo en los más diversos lugares del mundo —desde Bali hasta Moscú, desde Ryad hasta Madrid—, se está avanzando en el propósito de hacer el mundo más seguro frente a la amenaza terrorista.

Para ello conviene partir de un análisis del enemigo al que nos enfrentamos y de la estrategia que se ha diseñado para combatirlo. La Administración Bush ha definido al enemigo simplemente como «el terrorismo» y ha denominado su propia estrategia como «guerra global contra el terrorismo». Un primer problema, sin embargo, es el de que existen muchas definiciones de terrorismo, aunque ninguna goza de aprobación universal. La más apropiada, a mi juicio, se recoge en el Código Penal de los Estados Unidos, y según ella el terrorismo consiste en «una violencia premeditada, con motivación política, perpetrada contra objetivos no combatientes, por grupos no estatales o por agentes estatales clandestinos, habitualmente con el propósito de influir en una audiencia». Así definido, el terrorismo representa solamente una de las variedades de violencia política y no necesariamente la más grave. En particular esta definición no engloba ni el terror ejercido por un Estado a través de sus agentes regulares, ni las acciones guerrilleras contra objetivos combatientes. Se podrá estar de acuerdo o no, pero se trata de una definición clara.

La Administración Bush ha utilizado a veces definiciones menos precisas. La Estrategia Nacional de Seguridad adoptada en septiembre de 2002 lo define simplemente como «una violencia premeditada, con motivación política, dirigida contra inocentes», un concepto en el que aparentemente podrían incluirse muchos tipos distintos de violencia (también las guerras de agresión). Pero el problema de fondo es que el terrorismo no es un movimiento coherente con unos propósitos definidos, sino una estrategia a la que en las últimas décadas han recurrido grupos de inspiración política o religiosa, nacional o étnica, revolucionaria o contrarrevolucionaria, con objetivos diferentes e incluso contrapuestos. La estrategia terrorista es en sí misma repulsiva, pero no lo es más que el terror ejercido por un Estado, y en distintas partes del mundo hay conflictos en que los insurgentes combinan acciones guerrilleras y atentados terroristas en su lucha contra unos Estados que, por su parte,  combinan formas legales e ilegales de represión.

Ahora bien, si un Estado define que la lucha contra el terrorismo como tal representa un objetivo global de su política, se verá empujado a tomar partido en favor de todos los Estados enfrentados a enemigos terroristas, al margen de las características de cada conflicto y de su relevancia desde la perspectiva de los intereses nacionales propios. Una cita de la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos pone en evidencia las implicaciones de este planteamiento: «En muchas regiones —se lee allí— existen agravios duraderos que impiden la obtención de una paz duradera. Estos agravios merecen ser y deben ser abordados mediante un proceso político. Pero ninguna causa justifica el terror. Los Estados Unidos no harán  concesiones a las demandas de los terroristas y no llegarán a acuerdos con ellos»1.

Estamos, pues, ante una de esas situaciones en que un principio moral incontrovertible —«ninguna causa justifica el terror»— puede llevar a consecuencias políticas muy discutibles. El caso del conflicto entre Israel y los palestinos es un buen ejemplo. Nadie duda de que la población palestina de Gaza y Cisjordania, que lleva viviendo bajo ocupación extranjera desde 1967, padece un agravio, pero desde el momento en que diferentes facciones palestinas han recurrido al terrorismo, la doctrina de la guerra global contra el terrorismo limita las posibilidades de resolver ese agravio. En un mundo ideal tampoco sería discutible la afirmación de que ninguna causa justifica las ejecuciones extrajudiciales, pero como nadie ha declarado una guerra global contra las ejecuciones extrajudiciales, la Administración Bush acepta ejecuciones como las del jeque Yasin. El resultado es que la opinión árabe percibe que los palestinos son víctimas de un doble rasero y la propia coherencia moral de la guerra contra el terrrorismo queda en entredicho.

Desde el punto de vista de la lucha contra Al Qaeda, esto representa un grave error, porque dificulta la necesaria cooperación entre los países occidentales y los musulmanes. Entiéndase bien: sea en Jerusalén, en Estambul, en Casablanca, en Madrid o en Nueva York, el asesinato de no combatientes es siempre reprobable. El terrorismo palestino representa además un gravísimo obstáculo para un proceso de paz que aboque a la creación de un Estado palestino viable. El problema está en una doctrina que, en nombre de la condena del terrorismo, contribuye a dificultar la solución de conflictos que generan terrorismo, aunque por supuesto no lo justifiquen.

Se confunden además dos tipos de organizaciones terroristas que, siendo igualmente criminales en sus medios, no son equiparables ni por su naturaleza, ni por sus fines, ni por la manera en que pueden ser combatidos. Por un lado existen grupos terroristas locales cuya peligrosidad puede ser reducida mediante la solución de los conflictos políticos a los que están vinculados. Posiblemente, aunque no necesariamente, acuerdos políticos en Chechenia o en Palestina pudieran contribuir al cese de la actividad terrorista local, como ha ocurrido en el Líbano o en Irlanda del Norte. No ocurre lo mismo en el caso de organizaciones como Al Qaeda, que no están ligadas a situaciones locales ni se plantean objetivos limitados. El objetivo de Al Qaeda es la creación de un nuevo califato que agruparía a todas las tierras que tienen o han tenido población musulmana y la implantación forzosa de unas normas de vida acordes con la peculiar lectura de la tradición coránica que sus dirigentes defienden. El objetivo es tan descomunal que ningún acuerdo político puede privar de su motivación última a Al Qaeda.

El terrorismo no es, por otra parte, el único enemigo en la «guerra global contra el terrorismo». Son muchas las declaraciones y los documentos emanados de la Administración Bush en los que el terrorismo, los Estados delincuentes (rogue states) y la proliferación de las armas de destrucción masiva son presentados como elementos de una misma amenaza global. Un enfoque que ha sido severamente criticado por Jeffrey Record, autor de un excelente análisis de la estrategia antiterrorista de Bush, recientemente publicado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de los Estados Unidos. En su opinión, «la Administración ha postulado una multiplicidad de enemigos, incluidos Estados delincuentes, proliferadores de armas de destrucción masiva, organizaciones terroristas y el terrorismo en sí mismo. Y los ha englobado en una única amenaza indiferenciada, al menos, a fin de movilizar y mantener el apoyo político interno para la guerra de Irak y otras eventuales acciones militares preventivas. Al hacerlo así, puede decirse que la Administración ha subordinado la claridad estratégica a la claridad moral que pretende tener en política exterior y puede haber situado a los Estados Unidos en una senda de conflicto ilimitado e innecesario con Estados y entidades no estatales que no suponen una amenaza directa ni inminente para los Estados Unidos»2.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad americana, los Estados «delincuentes» se caracterizan porque tiranizan a sus propios ciudadanos; ignoran la legalidad internacional; están decididos a adquirir armas de destrucción masiva para amenazar o agredir a otros Estados; patrocinan el terrorismo; rechazan los valores humanos fundamentales y odian a los Estados Unidos. El escenario de pesadilla al que teme enfrentarse la Administración Bush es el de un Estado delincuente que facilite armas de destrucción masiva a un grupo terrorista y para evitarlo están dispuestos a recurrir a la guerra preventiva.

La posibilidad de que ocurra algo parecido es desafortunadamente real y ante ello descartar, en nombre de la soberanía de los Estados y de la legalidad internacional, todo eventual recurso a la guerra preventiva constituye una ingenuidad peligrosa. El problema es que una guerra preventiva puede crear más problemas de los que resuelve, como parece estar ocurriendo en el caso de Irak. El régimen de Sadam Hussein seguía siendo potencialmente peligroso y la guerra hubiera sido la opción más apropiada si realmente Saddam hubiera estado dispuesto a proporcionar armas no convencionales a grupos terroristas. Pero no era así. Aparentemente sus programas de producción de armas de destrucción masiva estaban interrumpidos desde hace años y no existe ninguna prueba sólida de su supuesta conexión con Al Qaeda. En tales condiciones, hacer de la intervención en Irak un elemento central de la guerra contra el terrorismo puede terminar resultando el mayor error de Bush.

Probablemente el origen del error hay que buscarlo en la tendencia a hacer de la guerra propiamente dicha el elemento central de «la guerra», esta vez en sentido metafórico, contra el terrorismo. Quizá no se hubiera caído en ese error si la Administración Bush hubiera definido con mayor precisión cuál es el enemigo real que amenaza tanto a los Estados Unidos como, según se ha ido viendo después del 11-S, a buena parte del mundo. Ese enemigo no es el terrorismo como estrategia genérica, sino unos terroristas de carne y hueso, es decir Al Qaeda, sus asociados y sus protectores. La proliferación de las armas de destrucción masiva y su eventual empleo por Estados delincuentes representan un gravísimo problema para el mundo, aunque en muchos casos la tradicional estrategia de la disuasión, que tan buenos resultados dio durante la guerra fría, puede ser mucho más efectiva que la guerra preventiva (difícilmente aplicable en el caso de Corea del Norte, por ejemplo). Pero la amenaza a la que había que responder tras el 11-S no era la de ningún Estado, sino la que representan los  diversos grupos, más o menos ligados entre sí, que han respondido a la llamada de Bin Laden al yihad global. Y puesto que estos grupos no controlan ningún territorio, la guerra en sentido estricto no representa el arma principal que cabe usar contra ellos.

La intervención militar se utilizó con perfecta lógica y con éxito considerable en Afganistán, donde fue derribado el único régimen que verdaderamente protegía a Bin Laden, fueron desmantelados los campos de entrenamiento en los que se habían formado miles de potenciales terroristas, y fueron muertos o capturados muchos militantes de Al Qaeda y de otros grupos afines. La intervención en Irak, por el contrario, no sólo ha representado una distracción estratégica, que ha detraído recursos que pudieran haber sido empleados en la auténtica lucha contra Al Qaeda, sino que desde este punto de vista ha resultado hasta el momento contraproducente. Irak se ha convertido en un foco de actividad terrorista que, combinada con las acciones guerrilleras, está poniendo en peligro el objetivo de una transición a la democracia que convirtiera al país en un factor positivo para la transformación del Próximo Oriente. Con el agravante de que, en tales circunstancias, una retirada prematura de las tropas norteamericanas resultaría catastrófica. Este argumento no resulta muy apropiado en la pluma de un español cuando, nuestro Gobierno acaba de ordenar la retirada de nuestras tropas. Por eso más vale citar el juicio de Michael Ignatieff, cuando dice: «Si se causaran fuertes bajas a las tropas americanas, si se forzara una retirada precipitada, si se destruyeran las oportunidades para la democratización de Irak, esto supondría la mayor derrota de los Estados Unidos de América desde Vietnam y el mensaje que recibirían todos los extremistas islámicos de la región sería el siguiente: Goliat es vulnerable»3.

TRASCENDER LO MILITAR

Las intervenciones bélicas realizadas en nombre de la guerra contra el terrorismo presentan por tanto un balance contrastado. La intervención en Afganistán respondió a sólidas razones estratégicas y ha tenido hasta ahora un resultado satisfactorio, aunque el objetivo de la total pacificación del país está lejos de haberse alcanzado. Por el contrario, la intervención en Irak ha sido criticada por numerosos expertos, al haber abierto innecesariamente un nuevo frente en el que el triunfo no está garantizado. Pero en todo caso sería un error creer que la herramienta militar es la más importante en la lucha contra el movimiento terrorista internacional que se ha formado en torno a Al Qaeda. Unos grupos que carecen de base territorial y no dependen del patronazgo de ningún Estado no pueden ser derrotados militarmente. El trabajo principal corresponde a la justicia, a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia, como siempre ha sido el caso en la lucha contra las organizaciones terroristas. La principal diferencia es que, tratándose de una amenaza a escala planetaria, requiere un grado de colaboración internacional sin precedentes. Y por otro lado existe otra tarea, más difusa, de efectos a más largo plazo, pero no menos importante. Me refiero a la lucha por las mentes y los corazones de todos aquellos musulmanes que en algún momento puedan ver en Al Qaeda un movimiento liberador frente a las injusticias, reales o supuestas, que padecen.

LO POLICIAL Y LO IDEOLÓGICO

La lucha en el plano policial tiene por objetivo evitar los atentados, mediante la desarticulación de las células terroristas. Cada atentado evitado representa aquí un éxito y cada atentado que se produce representa un fracaso, con lo cual no es fácil la ponderación, porque los atentados efectivamente producidos resultan mucho más visibles que los evitados. Acerca de estos últimos, y como regla general, podemos estimar que cada célula desarticulada representa que se han evitado uno o varios atentados. Dicho esto, cabe afirmar que la labor preventiva ha tenido un gran éxito en el territorio de los Estados Unidos, donde no se ha vuelto a producir un solo ataque desde el 11-S; y que también lo había tenido en Europa hasta el 11-M.

En cambio se han repetido una y otra vez los atentados de organizaciones yihadistas, más o menos vinculadas a Al Qaeda, en numerosos países musulmanes y también en Estados no musulmanes enfrentados a grupos musulmanes, como es el caso de Filipinas, India, Rusia e Israel. Además, ciudadanos occidentales han sido víctimas de atentados de este tipo fuera de su territorio, con asesinatos de alemanes en Túnez, de franceses en Pakistán, de australianos en Bali y de británicos en Estambul. Las comunidades judías locales también han sido, en ocasiones, víctimas del odio hacia Israel, por ejemplo en Estambul. Y con frecuencia se producen atentados que golpean a la vez a distintos objetivos. El de la isla tunecina de Djerba, en la primavera de 2002, iba dirigido contra la comunidad judía local, ya que el ataque se produjo en una sinagoga, contra los viajeros occidentales, en concreto un grupo de turistas alemanes, y contra el propio Estado tunecino, que se vio perjudicado en sus intereses turísticos.

Los casos conocidos de atentados que se lograron evitar son también numerosos. Por citar un solo ejemplo, particularmente grave, cabe recordar que en diciembre de 2001 fue arrestado en Singapur un grupo de terroristas pertenecientes a la Jemaa Islamiya, el grupo que perpetró posteriormente el atentado de Bali, quienes planeaban un ataque simultáneo contra objetivos norteamericanos, británicos e israelíes. La lista de arrestados en todo el mundo es también muy elevada e incluye a algunos de los principales responsables de Al Qaeda, como Ramzi Binalshib y Khaled Sheikh Muhammad.

IDEOLOGÍA Y BIENESTAR

Pero no se trata sólo de detener terroristas, es importante también que el mensaje de Al Qaeda pierda atractivo, pues de lo contrario la generación de nuevas células terroristas compensará todas las desarticulaciones que se vayan produciendo. Hemos dicho que el verdadero enemigo no es el terrorismo en abstracto, pero tampoco lo es la propia Al Qaeda en sentido estricto. El núcleo duro que se formó en Afganistán en torno a Bin Laden puede ser destruido, sin que ello suponga la victoria contra el complejo movimiento terrorista, integrado por numerosas redes locales unidas de alguna manera en una «red de redes» global, que ha asumido su destructivo mensaje. Jason Burke, autor de uno de los mejores estudios que se han publicado sobre Al Qaeda, lo explica en los siguientes términos: «Aunque el núcleo central ha sido dispersado y la red de redes está sometida a la presión de los servicios de seguridad locales, la aspiración a la yihad (el combate por la fe) que llevó a decenas de miles de jóvenes a buscar entrenamiento y combate en Afganistán sigue floreciendo»4.

Esto no significa que el enemigo sea invencible. Cuando los grupos son desarticulados uno tras otro y los proyectos de atentado fracasan, incluso los fanáticos aspirantes al suicidio terrorista pueden ser presa del desánimo. Pero la lucha será larga y en ella es importante que frente a la violencia apocalíptica de Al Qaeda ganen terreno los proyectos que ofrecen realmente un futuro mejor para los países musulmanes. Es la lucha por las mentes y los corazones antes mencionada, que básicamente se libra entre los propios musulmanes, pero a la que los occidentales podemos contribuir dejando claro que no estamos ante un choque de civilizaciones entre Occidente y el islam. El problema es que las imágenes de Irak y de Palestina que transmiten las televisiones no están contribuyendo a ese objetivo.

En ese sentido, los resultados de la encuesta realizada en cuatro países musulmanes, publicados recientemente por el Pew Research Center, son verdaderamente desoladores. El 24% de los turcos, el 47% de los pakistaníes, el 74% de los marroquíes y el 86% de los jordanos consideran justificado el terrorismo suicida contra Israel. El 31% de los turcos, el 46% de los pakistaníes, el 66% de los marroquíes y el 70% de los jordanos considera justificado el terrorismo suicida contra los occidentales en Irak. Y el propio Bin Laden goza de una percepción favorable por parte del 11% de los turcos, del 45% de los marroquíes, del 55% de los jordanos y del 65% de los pakistaníes5.

Claramente, algo no va bien en la guerra global contra el terrorismo. Pero ante la magnitud del reto, ante el desafío homicida que los fanáticos seguidores de Bin Laden han lanzado contra el conjunto de la humanidad, no cabe flaquear. Se impone en cambio una revisión de la estrategia seguida.

NOTAS

1· The National Security Strategy of the United States of America, septiembre 2002.
2· J. Record: Bounding the global war on terrorism, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, diciembre 2003, accesible en www.carlisle.army.mil/ssi.
3· M. Ignatieff, New York Times Magazine, 7-9-2003.
4· J. Burke: Al’Qaeda, Londres, Tauris, 2003.
5· The Pew Research Center for the People and the Press: A year after Irak war, difundido el 16-3-2004, accesible en www.people-press.org.

El ciudadano los gana; el Estado ¿cómo los gasta?

La educación ha sido y continúa siendo una prioridad política. Según datos de la OCDE, la proporción del PIB destinada a educación sube en prácticamente todos los países de dicha organización en la década de los noventa. Mientras en 1995 esta proporción era del 5,9, dos años más tarde había subido al 6,1, observándose un cierto retroceso a finales de la década: el porcentaje del PIB dedicado a educación en 1999 es del 5,4. El gasto en educación como proporción del gasto público no ha sufrido ningún retroceso, al contrario, ha aumentado en los países de la OCDE: era del 12% en 1995 y del 12,7% en 19991.

La estructura desagregada del gasto público en educación ofrece un indicativo de las prioridades educativas durante la década de los noventa, en los países miembros de dicha organización. La mayor parte del gasto público se dedica a la enseñanza primaria y secundaria (prácticamente dos terceras partes del gasto público en educación), mientras que la enseñanza universitaria no llega a la cuarta parte. De todas formas la inversión pública en enseñanza universitaria ha crecido en los últimos años. Aunque el gasto derivado del dinero público es la principal fuente de la financiación de la enseñanza, la inversión privada no es desdeñable y ha aumentado en los últimos años. Según las mismas fuentes, la inversión privada estaría en torno al 1,2% del PIB, con grandes variaciones entre países. Una muestra, pues, del crecimiento de la enseñanza privada2.

El gasto por alumno, medido en dólares PPP (es decir, teniendo en cuenta las diferencias de nivel de vida entre los países), muestra también un crecimiento en la década de los noventa. En general el gasto por alumno es muy superior en la universidad (2,4 veces más de media que en primaria), y algo mayor en secundaria que en primaria (un 20% de media más).

El gasto en educación no significa automáticamente mejores resultados escolares. Si comparamos los datos de gasto por alumno con los datos PISA3, que compara los resultados de una prueba entre los Estados de la OCDE de comprensión lectora, matemáticas y ciencias entre alumnos de quince años, observamos que no siempre más gasto equivale a más calidad. Por ejemplo, Corea tiene un gasto por alumno bastante menor que España, pero está el primero en ciencias y el segundo en matemáticas, mientras que España se encuentra en la banda baja de la tabla. Irlanda, cuyo gasto por alumno es algo inferior al español, supera en los tres indicadores a España. Japón, que gasta menos que Suiza, supera también a este país en conocimientos.

El gasto público en educación es importante, muy importante. Es evidente que a mayor gasto, los resultados académicos mejoran. Pero hasta cierto punto. Según la propia OCDE, «el gasto por alumno explica un 17% de la variación entre países respecto al resultado promedio»4.

¿Cuál es el gasto público en educación y su estructura en España? ¿Cuál ha sido su evolución es los últimos años? Primero, desde una perspectiva internacional, según muestran los datos de la OCDE, podemos decir que España ocupa un lugar intermedio en la clasificación de países de la OCDE, tanto en gasto público educativo comparado con el gasto total o con el PIB; situándose siempre ligeramente debajo de la media. La Tabla 1 muestra el porcentaje de gasto educativo en enseñanza no universitaria de los países de la OCDE con respecto al gasto público total. La media está en 8,7%, mientras que España dedica a educación no universitaria el 8,2% de su gasto público total. Si sumáramos la educación universitaria el gasto público en educación sería del 11,3%, frente al 12,7% de la media de la OCDE. El gasto educativo español en los niveles no universitarios es superior, por ejemplo, al de otros países con una renta per cápita superior a la nuestra, como el Reino Unido (8,1%), Austria (8%), Bélgica (6,9%), Francia (8%), Holanda (6,8%) o Japón (7,1%). Lo cual muestra el esfuerzo español por invertir en capital humano.

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El esfuerzo en gasto educativo puede observarse también en el porcentaje que supone el gasto público en educación no universitaria sobre el total del PIB de un país. La Tabla 2 muestra la relación comparativa entre los Estados miembros de la OCDE que, de media, gastaron en educación no universitaria el 3,5% del PIB. España se encuentra en una situación parecida a la anterior, un poco por debajo de la media, concretamente nuestro país dedica el 3,3% de su PIB a educación no universitaria (4,5% si añadimos la universitaria, frente a una media OCDE del 5,2%). Ahí se observa que España gasta menos que otros países europeos cuyo gasto educativo con respecto al gasto total era inferior al español: nuestro porcentaje de PIB dedicado a enseñanza no universitaria es inferior al de Austria, Bélgica o Francia, a quienes superamos en gasto educativo sobre gasto total. En cambio, nuestro porcentaje de PIB dedicado a educación primaria y secundaria supera al de países más ricos que España como, por ejemplo, Alemania, Italia, Japón y Holanda; es igual al del Reino Unido y sólo ligeramente inferior al de Estados Unidos.

No olvidemos que estos porcentajes se refieren sólo al gasto público, es decir, el que destinan las Administraciones públicas. Cosa distinta es el gasto total en educación, que procede de sumar el gasto público y la inversión privada. No hay datos estadísticos de lo que supone en España el gasto privado en educación no universitaria, medido como porcentaje del PIB. Teniendo en cuenta que el gasto total de las familias en educación es el 1,3%, se podría establecer, aproximadamente, en un 1% del PIB, por lo que el gasto total en educación no universitaria sería, en España, el 4,3% del PIB. Una cifra bastante alta.

Si analizamos la evolución del gasto educativo español en el década de los noventa, coincidiendo con la implantación de la LOGSE, observaremos que la proporción del gasto público en educación ha crecido en términos porcentuales, lo cual quiere decir que la sociedad española (el Estado y los particulares) han dado prioridad al gasto educativo. La Tabla 3 muestra que el gasto público en educación respecto al total ha crecido ligeramente en los últimos diez años. La participación en el PIB, en cambio, ha disminuido ligeramente (Tabla 4), pasando del 4,8 al 4,6%. Es decir, la producción total de bienes y servicios a precios de mercado (PIB) ha crecido un poco más que el gasto educativo total. Si analizamos la Tabla 5, comprobaremos que la proporción del gasto público dedicado a la educación no universitaria sobre el PIB ha descendido ligeramente, en los último años, pero este ligero descenso se ha compensado con un mayor crecimiento de la proporción del gasto destinado a la enseñanza universitaria, que ha pasado de representar el 0,8% del PIB en el año 1992 a casi el 1% en la actualidad.

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La Tabla 6 es mucho más reveladora que las anteriores, pues nos ofrece una desagregación del gasto público educativo en sus componentes. A precios constantes, el gasto educativo total entre 1992 y 2000 ha crecido un 18%. Por cierto, que los datos económicos pueden servir para desmitificar el repetido aserto de que la izquierda gasta en educación más que la derecha. Entre 1992 y 1996, con un gobierno socialista, el gasto público en educación creció, en términos reales, un 4,3%, mientras que los cuatro años siguientes, con un gobierno del Partido Popular, el gasto educativo creció cuatro veces más.

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Obsérvese que la educación universitaria lo ha hecho en un 39%, lo que avala la conclusión obtenida de las tablas anteriores sobre el incremento total del gasto público. Si analizamos las enseñanzas no universitarias, se advierte que el gasto en educación secundaria aumenta un 38,7%, prácticamente lo mismo que la universitaria. La necesidad de terminar la implantación de la LOGSE es una explicación de este incremento. El gasto en educación primaria crece un 6%, incremento nada desdeñable, si tenemos en cuenta que pierde alumnos en estos años (la primaria pasa de ocho años, como la EGB, a seis).

El gasto educativo total no puede desligarse de otros indicadores, como el demográfico. Si tenemos en cuenta que España ha pasado de tener 8.118.456 alumnos escolarizados en enseñanzas no universitarias en el curso 1992-93, a 6.871.380 en el 2000/01 y el gasto educativo se ha mantenido, en términos porcentuales, casi igual en estos diez años, hemos de deducir que el gasto por alumno ha crecido. La Tabla 7 nos ofrece los datos de aumento del gasto por alumno hasta el año 1998: en seis años el gasto por alumno se ha duplicado a precios corrientes; si descontamos la inflación el crecimiento real del gasto por alumno ha sido de más del 50%.

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El Cuadro 1 revela un interesante dato: si tenemos en cuenta el PIB per cápita, ¿cuánto gastamos en educación secundaria por alumno? Si nos circunscribimos sólo a los países de la Unión Europea, vemos que España hace un importante esfuerzo de gasto: de los siete Estados que están por debajo de España, seis tienen un PIB per cápita superior al español, lo cual muestra que el gasto público español en términos relativos, teniendo en cuenta el factor demográfico, es muy importante. El esfuerzo por financiar la enseñanza secundaria es muy notable: el gasto por alumno en secundaria supone el 28% del gasto total por alumno (la enseñanza universitaria, más cara, supone sólo 1,7 puntos porcentuales más: el 29,7%)5.

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Así, pues, no se puede decir que España se encuentre a la cola en gasto educativo. Evidentemente la educación puede absorber más recursos financieros y, probablemente, debería hacerlo hasta llegar, por lo menos, a la media de la OCDE. Otra cosa es si todo incremento de gasto es automáticamente justificable o si, por el contrario, hay que razonar mucho mejor el gasto y ligarlo a resultados concretos en la calidad del sistema. No se pueden achacar todos los males de la educación española a la falta de recursos económicos, como hacen no pocos sindicatos y profesionales defensores a ultranza de la LOGSE. En términos económicos, la productividad del gasto educativo en España ha descendido en los últimos años. Es decir, mientras el gasto ha aumentado en términos absolutos y relativos (por ejemplo, el gasto por alumno), la calidad del sistema no lo ha hecho, al menos como se podría esperar de los recursos económicos volcados en la educación. Eso plantea otras cuestiones, como la relación entre recursos y rendimiento del sistema; o si la educación ha de ser un pozo sin fondo en donde se vierten los impuestos de los ciudadanos sin exigir mucho a cambio. ¿ Existen otras formas de financiar el sistema educativo ligando determinados fondos económicos al cumplimiento de algunos objetivos de calidad -en definitiva, a los resultados, a la eficacia del sistema-?

NUEVOS MODELOS DE FINANCIACIÓN

Un dato que se empieza a observar en las políticas educativas de algunos países es que se está terminando la financiación indiscriminada a la enseñanza. La tendencia es a pagar más mientras se cumplan determinados objetivos. La Gran Bretaña, por ejemplo, un país que no destaca precisamente por la calidad de su sistema, se encuentra inmerso en un proceso de reformas de sus mecanismos de financiación pública a la educación. El Gobierno laborista del primer ministro Tony Blair ha decidido un incremento de la financiación de la enseñanza con objeto de superar incluso la media OCDE en gasto proporcional al PIB. En Inglaterra, las escuelas públicas dispondrán de más dinero, y será administrado directamente por los directores de los centros. A cambio, los centros deberán mejorar los resultados. En el caso de la educación secundaria los objetivos del Gobierno son que el 75% de los alumnos alcancen un nivel aceptable de competencias básicas en lengua y matemáticas y el 70% en ciencias, todo ello para el año 2004. Los porcentajes aumentan al 85 y 80%, respectivamente, para el 2007.

Como complemento a esta medida, habrá una clasificación de centros de acuerdo con tres categorías: advanced schools, o centros de referencia para los demás; specialist schools, o segunda categoría, integrada por centros que ofrecen determinadas especializaciones curriculares (por ejemplo, en matemáticas, inglés, informática, idiomas, etc.); y la tercera categoría, a la que corresponderían el resto de centros. Por supuesto, el dinero dependerá del lugar en el ranking y de los esfuerzos por superarse. Para evitar discriminaciones, están previstas dotaciones adicionales de fondos para los centros situados en zonas conflictivas, en donde los directores podrán utilizar este dinero para pagar más a los profesores más competentes (o contratar a otros que lo sean). Además se crean las llamadas city academies: colegios de iniciativa social (generalmente promovidos por iglesias, pero también por empresas privadas) cuyo objetivo es sustituir a colegios públicos ineficaces en zonas deprimidas6.

En los Estados Unidos, las llamadas charter schools, de las que se ha hablado anteriormente, son también una nueva forma alternativa de financiación, esta vez ligada a una especie de «contrato», que da lugar al charter o estatuto autónomo de un centro, unido siempre a unos compromisos de calidad de los que depende el futuro del contrato. Además de este tipo de centros, ya muy numerosos, han aparecido recientemente las llamadas magnet schools (escuelas «imán»), muy parecidas a las specialist schools inglesas, es decir, centros especializados en determinadas asignaturas y que han de rendir cuentas de su especialización7.

En Alemania, la conferencia de ministros de Cultura de los dieciséis Estados federados ha decidido crear una fundación Empresa-Estado para derivar fondos de empresas privadas hacia la enseñanza, especialmente para la adquisición de material didáctico o complementario (equipamientos informáticos, por ejemplo). En este caso, son las mismas empresas las que deciden los fondos a distribuir cuyo control deja de estar en manos directas del Estado para pasar a la fundación (o a las dieciséis fundaciones que se han creado en cada uno de los Länder alemanes).

El modelo más controvertido de financiación de la enseñanza sin intervención directa del Estado es el «cheque» o «bono» escolar. Su aplicación parte de las ideas de Milton y Rose Friedman (Premio Nobel de Economía el primero), expuestas en su famoso libro Libertad de elegir8. «Pocas instituciones de nuestra sociedad están en una situación más insatisfactoria que nuestras escuelas», decían los autores. Aunque su propuesta fue recibida con escepticismo y con muy duras críticas (a la contestación de las cuales ya se habían adelantado9), abrió un profundo y extenso debate en los Estados Unidos que llegó incluso al Tribunal Supremo.

En primer lugar hay que decir que la idea del cheque escolar no se ideó como fórmula alternativa de financiación pública de la escuela privada, especialmente de la confesional, cuya subvención con fondos públicos hiere la rígida separación Iglesia-Estado en los Estados Unidos. Su objetivo era más bien transferir al ciudadano la decisión sobre el tipo de centro educativo donde quiere escolarizar a sus hijos, ya fuera público o privado. En la idea original de Friedman, el cheque escolar se convertía incluso en un sistema de estímulo sobre todo de la propia escuela pública, pues la que trabajara con mayor calidad obtendría más demanda y, por consiguiente, también más financiación.

En estos momentos, hay ya varios Estados de la Unión que han lanzado programas de cheque escolar. Donde más extendido está es en los de Milwaukee, Cleveland y Florida. Precisamente el caso de Cleveland fue el más significativo, pues llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y éste, en una sonada sentencia, declaró constitucional el cheque escolar10.

La decisión sobre implantar el cheque escolar en Cleveland parte de la situación escolar de esta ciudad, pues sus escuelas públicas son de las más deficientes de los Estados Unidos. El Estado aprobó la creación del cheque en las zonas peores (declaradas de «emergencia» escolar), proporcionando ayuda económica a las familias para que eligieran el centro de su preferencia. La cuantía del cheque depende de la renta de cada familia. De hecho, el proyecto favorece más a la escuela pública que a la privada, ya que el cheque no cubre la totalidad del coste de la escuela privada, por lo que las familias han de pagar una cuota suplementaria, que no ha de abonarse en caso de elegir un centro público. A pesar de ello, ninguna escuela pública quiso sumarse al plan. En cambio, sí lo hicieron cincuenta y seis escuelas privadas. Un 60% de los beneficiarios de los cheques fueron familias que no superaban el nivel mínimo de renta (es decir, pobres), que abandonaron la escuela pública a favor de la privada. ¿La habrían abandonado si los centros públicos hubieran aceptado el reto del cheque escolar?

En el Estado de Milwaukee, además de potenciar las charter schools, se inició un programa de cheque escolar del que se benefician más de un centenar de colegios, públicos y privados.

El cheque funciona también en Florida y hay una docena de Estados que ya han propuesto iniciativas legislativas para introducir el cheque, sobre todo después que el Tribunal Supremo haya dado luz verde a la experiencia.

En Italia, la ley aprobada en el año 2000 y qué permite algún tipo de ayudas a los centros privados ha permitido introducir el cheque escolar en cinco regiones. El bono italiano también permite ser destinado tanto a la escuela pública como a la privada y en el año 2002 beneficiaba a cerca de cien mil alumnos.

¿Qué consecuencias tiene el cheque escolar en el sistema educativo? No son muchos los estudios sobre este modelo, dada su novedad, pero los que hasta ahora se han publicado permiten eliminar algunos «tabúes» demagógicos sobre el tema. Por ejemplo, no es cierto que el cheque escolar perjudique a las escuelas públicas, al menos a las que se esfuerzan por mejorar su calidad. Un estudio realizado en Milwaukee11 muestra que el cheque ha mejorado la competencia y calidad de los centros públicos, hasta el extremo de que han aumentado, incluso, el número de alumnos. Otro estudio de la asociación de directores de centros públicos de dicho Estado muestra que también han mejorado los resultados académicos y se ha descendido la tasa de fracaso escolar desde que se ha introducido el cheque.

El estudio más completo sobre el cheque escolar es el realizado por Jay Greene para el Manhatan Institute for Policy Research12. Y muestra que los alumnos beneficiarios del cheque escolar mejoran sus rendimientos académicos de manera notable, lo cual es más significativo si se tiene en cuenta que la gran mayoría de beneficiarios son familias modestas -que, por cierto, son las más fervientes partidarias del modelo-. Como se lee en The Economist, «una vez que el cheque está en manos de los padres, es dinero de ellos, y puede gastarlo donde quieran»13.

El cheque escolar y las charter schools han revolucionado el rígido sistema de financiación pública de la enseñanza en el mundo anglosajón y han mostrado cómo la introducción de elementos de corrección de los fallos del sistema -a base de dar más libertad a los padres y a las mismas escuelas- está dando resultados positivos. El beneficiario es el alumno, en la mayoría de casos el alumno de familia modesta, a veces condenado a ir a un centro público ineficiente. Si se antepone la calidad de la enseñanza a cualquier otra consideración corporativa (generalmente disfrazada de un andamiaje ideológico lleno de prejuicios), habrá que concluir que los cambios en el modelo de financiación de la enseñanza pueden estimular la calidad del sistema.

LA ENSEÑANZA PRIVADA EN ESPAÑA

Desde el año 1992, las transferencias públicas a la enseñanza privada se han incrementado en cerca de un 80%, en pesetas corrientes (descontando la inflación el incremento real es del 16%). De todas formas, el gasto en conciertos ha pasado de ser el 9% del gasto público en educación en 1992 a ser el 10% en 1998, a pesar de que la gratuidad de la enseñanza se ha incrementado en dos años (y, en consecuencia, también los conciertos). Los conciertos y subvenciones a la escuela pública representan sólo el 15% del gasto en educación no universitaria. Si tenemos en cuenta que en las aulas de los centros privados está escolarizado un tercio del alumnado total podemos decir que al Estado le resulta bastante barato, ya que con el 15% del presupuesto público se garantiza la escolarización del 33% del alumnado no universitario, mientras que el 67% restante (el que asiste a las aulas públicas) se lleva el resto del presupuesto.

Como puede observarse la desproporción entre financiación de una y otra enseñanza es evidente. No se puede decir, con los datos en la mano, que el Estado dilapide el dinero público al concertar con la enseñanza privada. Si las Administraciones hubieran de asumir el coste total del alumnado que escolariza la educación privada, el presupuesto educativo debería crecer considerablemente en detrimento de otras partidas presupuestarias (o de una inflación descontrolada), que difícilmente un gobierno podría sostener. He ahí una de las claves del mantenimiento de los conciertos: que su coste económico para el Estado es relativamente bajo.

En total, un 75,1% de los centros privados perciben fondos públicos. Ese es el alcance real de la enseñanza concertada en España: sólo uno de cada cuatro centros privados es, realmente, privado, es decir, no recibe fondos públicos. Los ingresos medios por alumno, a pesar del incremento del monto total de los conciertos, continúa invariable desde 1995, cosa que no ocurre con los centros públicos, cuyos ingresos medios por alumno han subido invariablemente año tras año. Es decir, que el coste medio por alumno es mayor, bastante mayor, en la pública que en la privada14. La política de conciertos varía también según las comunidades autónomas. Las que más recursos destinan a la enseñanza privada son las que tienen mayor PIB per cápita (Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra).

La enseñanza privada es relativamente barata para el Estado porque su financiación es incompleta. El 58,5% de los ingresos para los centros de enseñanza concertada proceden del Estado, por lo tanto el 41,5% restante debe provenir de las familias o de otros recursos. Un estudio del Instituto de Estadística de Cataluña muestra el origen de los fondos que percibe la enseñanza concertada (Tabla 8). Como puede observarse, en todos los casos, las cuotas son la principal fuente de ingresos, después de las subvenciones del Estado, aunque son precisamente los centros religiosos los que se las ingenian para obtener recursos adicionales (donaciones, ingresos financieros, alquiler de sus instalaciones, etc.) y así poder reducir las cuotas que cobran a los padres. Además son los centros en que las ayudas públicas cubren más del costo escolar por alumno (casi el 60%).

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El papel que juegan los fondos públicos en el sostenimiento del los centros concertados no es uniforme, ya que el concierto no tiene en cuenta muchos gastos adicionales que dependen, por ejemplo, del tamaño del colegio. La Tabla 9 muestra grandes diferencias entre los centros más pequeños y los más grandes. Los centros de hasta quinientos alumnos son los que obtienen más rendimiento del concierto: los fondos públicos contribuyen a su sostenimiento por encima de la media y sus cuotas son inferiores a la media. Estos colegios, normalmente situados en zonas de clase media o media baja yo en poblaciones no muy populosas, son los más competitivos con la enseñanza pública en términos económicos.

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¿Cuál es el coste del puesto escolar en la enseñanza concertada? Es decir, ¿cuánto debería desembolsar el Estado para cubrir la totalidad de los costes de la enseñanza concertada -al menos los costes similares a los de un centro público-? No es fácil realizar este estudio, pues hace falta introducirse en la contabilidad de los centros concertados con todo detalle.

El estudio de Villarroya (2000) sobre la enseñanza concertada presenta una evolución de los costes de la enseñanza pública y privada por alumno entre 1981/82 y 1994/95 que se resumen en la Tabla 10. En los años objeto del estudio, siempre el coste en la enseñanza pública supera a la privada, a pesar de que muchos centros privados están dotados de mejores instalaciones y costes de mantenimiento altos. El elemento más distintivo en la estructura de costes es el de personal. En los años que recoge la Tabla 10 los salarios del profesorado de la privada son inferiores a los de la pública y su jornada lectiva es mayor.

El mencionado estudio todavía no recoge el impacto de la aplicación de la LOGSE, por lo que no es suficiente para calibrar la estructura actual de costes. Además no distingue entre primaria y secundaria o entre enseñanza reglada y complementaria. La mejor aproximación a los costes actuales de la enseñanza privada lo ha realizado un grupo de escuelas no estatales de Cataluña (concertadas y privadas) bajo la dirección técnica de la Universidad de Vic15. En el estudio se han analizado los costes totales de los centros agrupados en esta asociación; pero hay que tener en cuenta que los centros privados ofrecen más horas lectivas y otras actividades -dentro del horario obligatorio- que los públicos. Para conocer con detalle el coste real de la enseñanza en un centro concertado hay que desligar de su análisis de costes todo aquello que no es estrictamente obligatorio e idéntico a un centro público.

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El coste total por alumno, según el citado estudio, para el año 1998 queda fijado en 404.816 pesetas en cuanto a enseñanza reglada obligatoria y en 5.459 pesetas la enseñanza complementaria. Estas cifras son una media de todos los niveles, que si se desglosan por enseñanzas concertadas (la primaria y la secundaria obligatoria) daría las cantidades, junto con lo que porcentualmente cubre el concierto y el déficit que ha de ser sufragado con otros ingresos, que se indican en la Tabla 11.

Si nos atenemos a estos datos (que se refieren sólo al coste derivado de la enseñanza reglada, por lo tanto igual en la pública y en la concertada), observamos que el concierto, al menos en este ejemplo, dista de llegar a la totalidad del coste total por alumno. Evidentemente estos datos se refieren a unos centros concretos en un marco urbano (Barcelona) y en una comunidad autónoma de renta alta. Probablemente podría haber otros ejemplos en que el déficit por puesto escolar fuera menor. En todo caso, el concierto nunca cubre la totalidad del coste por alumno. O dicho de otro modo, la desaparición de los conciertos y, por lo tanto, la transferencia de todo el alumnado hoy escolarizado en centros concertados a centros públicos tendría un alto coste económico. Como también lo tendría que el concierto cubriera la totalidad del coste real por alumno. No es una exageración afirmar que la enseñanza concertada cumple una finalidad social, no sólo por responder al principio de libertad, sino también en términos económicos, pues supone un importante ahorro a las arcas del Estado

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El hecho de que la enseñanza concertada no cubra la totalidad del costo del puesto escolar y que los niveles no obligatorios de enseñanza (el bachillerato o la educación infantil hasta el momento16) hace que el gasto que dedican las familias a la educación sea muy importante en España. En concreto supone el 1,3% del PIB en 199917. Este es, en términos económicos, el ahorro que supone para el Estado no concertar toda la enseñanza privada y la totalidad del coste escolar, medido en igualdad de prestaciones entre centros públicos y privados.

LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

El capital humano ha sido definido por uno de los primeros teóricos de la materia, T. Schultz, como un conjunto de «atributos cualitativos adquiridos por la población, que son valiosos y pueden ser aumentados por medio de la inversión apropiada»18.

Sin duda, la contribución de toda reforma educativa en la formación del capital humano requiere estudios profundos y complejos, de los que tenemos alguna muestra en las investigaciones pioneras del citado Schultz o de G. Becker19 o las más recientes de Mankiw, Romer y Weil20 sobre la contribución de las mejoras en la educación en los incrementos de productividad.

Indudablemente, como ha demostrado Barro21, los incrementos en el tiempo de escolarización suponen una contribución al crecimiento económico global. En este sentido, lo primero que se puede decir de la LOGSE es que incrementa legalmente la escolarización obligatoria en España de los catorce a los dieciséis años. Pero sobre este punto, tan cacareado por los defensores a ultranza de la reforma, hay que ser muy cautos, porque la LOGSE se limita a establecer legalmente lo que ya existía en la práctica. Desde bastantes años antes de la aprobación de la reforma un porcentaje estimado en más del 90% de la población entre catorce y dieciséis años ya estaba escolarizada o bien en el Bachillerato (BUP) O bien en la formación profesional de primer grado.

En realidad, la principal reforma de la LOGSE es aplicar en España el modelo de «escuela comprensiva» (comprehensive school), importado del mundo anglosajón, donde, por cierto, está en plena rectificación tras los fracasos acumulados en casi treinta años de funcionamiento22. La opción por la comprensividad no responde a criterios de eficiencia del sistema educativo, sino a otros de orden ideológico.

La cuestión relevante es si el modelo de escuela comprensiva es capaz de incrementar el capital humano, sobre todo en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Y en esto, hay fundadas razones para sospechar que, al menos en la escuela pública, el stock de capital humano al que se puede acceder con la reforma LOGSE es inferior al que se podía acceder con la legislación anterior o con otro modelo de escuela. ¿Por qué? Porque la comprensividad, es decir, la escolarización de todos los alumnos en la misma aula y centro, hasta los dieciséis años, independientemente de sus avances en el aprendizaje, incrementa la distancia entre el nivel óptimo de conocimientos y el realmente adquirido. Dicho con otras palabras: la LOGSE impide mecanismos correctores diferenciadores en los procesos de aprendizaje ya que los considera «segregadores» y el principio de partida es la igualdad total. Así, y en cursos superiores (por ejemplo en segundo ciclo de ESO, de los catorce a los dieciséis años), el profesorado se encuentra en una misma aula con un alumnado altamente dispar: alumnos que no han superado ninguna asignatura de los cursos anteriores (o muy pocas), junto a estudiantes cuyo aprendizaje se ha ido ajustando a los objetivos.

Esta gran disparidad de conocimientos previos obliga al profesorado a rebajar considerablemente los niveles de aprendizaje, para hacerlos más asequibles a la mayoría. El gran perjudicado es el alumno que podría recibir más y mejor aprendizaje y se ha de contentar con menos. Es decir, el capital humano que se adquiere en la ESO, es, en muchos casos, inferior al potencial. Además, ello redunda en la formación posterior: bajos niveles de matemáticas, de idioma, de ciencias, de lengua, etc., condicionan los estudios posteriores. Los niveles de conocimientos del bachillerato deberán ajustarse a los adquiridos en la ESO y, así, el proceso de aprendizaje de los alumnos que han recibido menos de lo que podían adquirir se resiente hasta el extremo de dificultar los estudios superiores.

Muchas familias son conscientes del problema. La aplicación de la ESO según el dogma de la comprensividad produce un «efecto expulsión»: cada vez son más los padres que sacan a sus hijos de la escuela primaria pública para transferirlos a la enseñanza privada o concertada al comenzar la ESO, donde la posibilidad de elección de centro permite ajustar la demanda a las expectativas futuras, es decir, los padres que pueden están dispuestos a comprar mejor capital humano para sus hijos, relegando la enseñanza pública a la meramente asistencial.

El resultado final es, seguramente, contrario a lo pretendido por el legislador, porque la reforma emprendida por la LOGSE ha agudizado las diferencias sociales en la educación. Dada la importancia que tiene la educación como suministradora de capital humano, la demanda se ha reajustado hacia el sistema privado que se configura como el único formador de las elites profesionales futuras.

COSTES DE OPORTUNIDAD Y ALGUNAS PROPUESTAS

Toda elección de medios implica costes de oportunidad diversos. La combinación más eficiente es la que supone un coste de oportunidad menor con respecto a combinaciones alternativas. ¿Es el uso de los recursos económicos a disposición del sistema educativo, el más eficiente?

Aunque uno de los problemas que se achacan a la reforma educativa es la carencia de medios económicos suficientes, antes de incrementarlos es lógico que la sociedad se pregunte por el uso que se hace de los medios ya disponibles. La cantidad de recursos económicos puestos a disposición del sistema educativo español no ha hecho más que crecer desde 1970, año de la Ley General de Educación. La implantación de la reforma del sistema derivada de la LOGSE ha supuesto un nuevo incremento de los gastos educativos en España, tal como se ha visto en las páginas precedentes.

Según datos de la OCDE23, el montante total de recursos económicos que tanto el Estado como los agentes privados dedican a la educación es muy notable. España ha sido de los que más ha incrementado su gasto público en educación, sobre todo medido en recursos por alumno. Si comparamos los datos con los resultados que ofrece el sistema educativo, observaremos a simple vista cómo los recursos económicos no son, por sí mismos, garantía de excelencia académica.

Si nos fiamos del primer informe de la enseñanza secundaria en España que mide los primeros efectos de la LOGSE24, la proporción recursos/calidad es preocupantemente baja. Esta es una de las conclusiones más llamativas del informe. Entre los alumnos de catorce años, sólo un 30% alcanza los niveles satisfactorios, mientras que un 25% tiene resultados claramente insatisfactorios. Entre los de dieciséis años, el 22,5% se sitúa en un nivel aceptable sin reservas, y el 33% tiene resultados muy alejados del mínimo aceptable.

Hay, pues, que concluir que los recursos pedagógicos, el diseño curricular, los métodos de incentivación del alumnado, el proceso de evaluación, las expectativas profesionales de los docentes y tantas cosas más, tendrán bastante que ver en el mayor o menor éxito del sistema. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) intenta paliar los efectos más negativos de la reforma socialista, pero el triunfo electoral del PSOE el 14 de marzo de 2004 vuelve a cuestionar el sistema y es posible una vuelta a los nefastos principios pedagógicos que inspiraron la LOGSE. Además el discurso de los sindicatos «mayoritarios» es tan simple como tópico: la reforma educativa no tiene más problema que el económico. Poco importa a qué se destinan los recursos de los contribuyentes, lo importante es inyectar más dinero para que la educación funcione -teóricamente- mejor.

Pero no es ese el camino seguido por otros países, particularmente los que tienen el modelos de escuela comprensiva. No es casual que sean justamente Gran Bretaña y los Estados Unidos los países en que se han introducido los cambios más significativos en la financiación de la enseñanza. ¿Hasta qué punto es posible trasladar a España las novedades en el sistema de financiación de la enseñanza? Si se ha copiado el modelo de escuela comprensiva, ¿por qué no imitar también nuevos mecanismos financieros que tienden a paliar, en lo posible, algunos de los fallos del sistema?

El modelo de financiación es una de las primeras asignaturas pendientes de la enseñanza pública en España. No se puede seguir pidiendo más recursos a cambio de escasos rendimientos, si no se quiere caer en un verdadero fraude al contribuyente. Cierto que el gasto educativo en España continúa siendo inferior a la media de la OCDE (aunque el gasto por alumno ha crecido mucho en la última década). Pero, ¿no sería lógico y hasta justo ligar los incrementos a modificaciones más estructurales del sistema?

En general, por ejemplo, las Administraciones públicas dividen el gasto público educativo en los siguientes apartados: personal; bienes y servicios; financieros; transferencias corrientes (conciertos); inversiones; transferencias de capital. Los gastos de personal suponen el 60% del gasto y la suma de adquisición de bienes y servicios e inversiones el 26%25. Los gastos de personal han subido un 18,9% entre 1992 y 2000, en términos reales, un crecimiento superior al del gasto público en educación. Es decir, al, profesorado se le paga cada vez más. ¿Por qué no ligar una parte, aunque sea pequeña, de las retribuciones del profesorado a una evaluación de su trabajo? El profesor funcionario sabe que a final de mes va a cobrar los mismo que otro compañero en su misma situación administrativa, independientemente de que uno haya dedicado más esfuerzo, se haya preocupado más de su formación, participe con más intensidad en otras actividades del centro, etc. ¿Por qué no ligar el sueldo del profesorado funcionario a mejoras en la productividad de su trabajo, sistema que, por cierto, es el habitual en todos los sectores productivos?

Los gastos de inversión y compras de bienes y servicios suman el 26% del gasto público total en educación. Es, también, una partida importante. Es evidente que todos los centros tienen unos gastos fijos ineludibles para poder ofrecer el servicio público de la educación. Pero también es cierto que no todos los centros tienen las mismas necesidades de inversión. Una vez cubiertos los gastos fijos de mantenimiento, los incrementos de gasto generados por mayores inversiones o compras de bienes y servicios deberían estar ligados a un proyecto educativo del centro y a unos planes específicos para mejorar su calidad. Es decir, se trata de ligar una parte de las transferencias que la Administración hace a cada centro concreto a unos planes y necesidades concretas, bien determinadas por cada centro y negociadas por la Administración. Se trata de evitar el caso, que he podido comprobar, de que llegue un determinado equipamiento a un centro -sólo porque «tocaba» ese año- Los dineros de la educación (1990/2000) y que acabe sin ser utilizado o con un uso muy inferior a sus posibilidades.

Respecto a la enseñanza concertada, si de verdad se quiere llegar a una libertad de enseñanza real, no hay más remedio que ir a la gratuidad total. El Estado ha de asumir los costes adicionales del puesto escolar hasta igualar, en el marco de una normativa básica idéntica y aplicada idénticamente, las prestaciones de cada una de las dos redes. Esta gratuidad total lleva implícito el compromiso de no cobrar ninguna cantidad suplementaria por ningún concepto derivado de la enseñanza obligatoria y aceptar las mismas reglas de juego. A cambio, el Estado ha de respetar siempre el «carácter propio» o proyecto educativo de cada centro como parte esencial de la libertad de enseñanza. Sólo así desaparecerían las actuales barreras de entrada que subsisten en la enseñanza concertada en forma de cuotas de diverso tipo y se abrirían sus aulas a toda la población para que ejerza en igualdad de condiciones su derecho a la elección de centro.

En el marco de una enseñanza gratuita -independientemente de su titularidad-todos los centros educativos han de gozar de una autonomía de gestión mucho más amplia que la actual, incluso más amplia de la establecida (a nivel de principios) por la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Gozando de una autonomía curricular y de gestión, los centros públicos y concertados, todos ellos gratuitos, pueden establecer su propio proyecto pedagógico y someterse a unos estándares de evaluación de calidad que, en mi opinión, han de ser conocidos por los usuarios del sistema. Los incrementos de fondos o las ayudas económicas puntuales irían dirigidas a cada centro, independientemente de su titularidad, en función de sus necesidades específicas, su proyecto pedagógico y la evaluación periódica de los objetivos de calidad propuestos, tanto por la propia Administración como por el propio centro.

En definitiva, propongo que cada centro pacte con la Administración educativa una especie de «contrato» a dos, tres, cuatro años vista, en el que se especifiquen unos determinados objetivos de calidad, junto con los medios económicos requeridos para su realización, y que pueden incluir no sólo adquisición de capital físico, sino también el pago de servicios como el de algunos profesionales que trabajen en el centro para unas tareas específicas (atención de alumnos conflictivos, horas de refuerzo, desdoblamientos de grupos que lo requieran, atención de emigrantes recién llegados, etc.). Se trata de dar a los incrementos de gasto un objetivo concreto, evitando el gasto indiscriminado que, por ejemplo en los gastos de personal, se acaba dedicando a premiar simplemente la antigüedad por encima del esfuerzo personal continuado o el desempeño de tareas o puestos de trabajo en zonas muy conflictivas.

Con ese modelo, se pretende incentivar a los centros para que no se refugien en el «café para todos» del dinero público indiscriminado y fomentar también las diferencias. Aquellos centros que sean capaces de analizar mejor sus problemas, establecer bien sus objetivos y hacer un seguimiento acertado de su proyecto educativo mejorarán su calidad y se distinguirán de los demás. Las diferencias entre centros públicos son eficaces si surgen de proyectos bien fundados y respaldados por la Administración, sin particularismos. La economista americana Caroline Hoxby analizaba en un interesante informe los efectos de establecer una cierta competencia entre centros públicos. Las conclusiones son bastante elocuentes: donde existe más libertad de elegir entre escuelas públicas, los rendimientos académicos mejoran, el gasto acaba siendo, a la larga, menor, y, aunque sorprenda a muchos, disminuye la demanda de enseñanza privada.

NOTAS
1· Regards sur l’Education: Les indicateurs de l’OCDE. Edition 1998, París, OCDE Publications. Y Regards sur l’Education: Edition 2002, OCDE Publications, París.
2· Las subvenciones estatales a la enseñanza privada son parte de la inversión pública. Las aportaciones de las familias a los centros concertados o los precios que se pagan a los centros privados son el grueso de la inversión privada. El gasto público contempla sólo el gasto total de las Administraciones públicas.
3· Knowledge and Skills for Life: First Results from PISA 2000, OCDE Publications, 2001.
4· Regards sur l’Education: Les indicateurs de l’OCDE. 2001, OCDE Publications, Paris.
5· Cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2002, Centro de Publicaciones del MECD, Madrid.
6· Aceprensa, servicio 107/02.
7· Vid. Villaroya, A., La financiación de los centros concertados, CIDE, Centro de Publicaciones del MECD, Madrid, 2000.
8· Vid. el capítulo: «¿Qué falla en nuestras escuelas?», en Friedman, M. y R., Libertad de elegir, Orbis, Barcelona, 1983.
9· «Los obstáculos están en la resistencia de los intereses creados, no en la posibilidad de llevarlas a cabo», ibídem, p. 259.
10· Un buen resumen sobre el cheque escolar en The Economist 23.02.2002.
11· The Wall Street Journal 20.02.2002.
12· Greene, J., Efect of School Choice: an Evaluation of the Charlotte Children’s Scholarship Fund, The Manhattan Institute for Policy Research, 2000. En la web de ese instituto hay otros estudios de gran interés: www.manhattaninstitute.org
13· Vid. nota 10.
14· Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada. Curso 1999-2000, Madrid, 2002.
15· Agrupació Escolar Catalana, Despesa i finançament de les escoles de l’Agrupado escolar Catalana el 1998, Barcelona, 2002.
16· La LOCE ha previsto la concertación de este nivel educativo con los centros privados, pero su puesta en práctica generalizada no se concluirá hasta 2007. Algunas comunidades autónomas han dispuesto mecanismos de financiación parcial de este nivel en la enseñanza privada.
17· Vid. nota 4
18· Schult, T., Investment in Human Capital, Nueva York, ,1971.
19· Becker, G., El capital humano, Madrid, Alianza Editorial, 1983.
20· N. G. Mankiw, D. Romer y D. N. Weil, «A Contribution to the Empirics of Economic Growth», Quarterly Journal of Economics, 1992, pp. 407-437.
21· R. J. Barro, «Determinants of Economic Growth: a Cross-country Empirical Study», NBER Working Review, 1996, pp. 103-115.
22· Para un balance crítico de la escuela comprensiva inglesa: «Plowden’s progress», en The Economist 20.06.1998.
23· Vid Tablas 1 y 2.
24· Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), Diagnóstico General del Sistema Educativo, Madrid, MECD, 1998.
25· Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras. Curso escolar 2002-2003, Madrid, Centro de Publicaciones del MECD, 2002.