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Ver productosLes gusta coger el tren de la noche, sobre las once. Es un trayecto corto de apenas media hora, durante el cual atraviesan un paisaje oscuro y desconocido. Toño, desde la cama de arriba, reproduce con facilidad el movimiento del tren. Maniobrando con su cuerpo hace chirriar la estructura metálica de las literas a la vez que proyecta con la linterna unas luces que recorren con rapidez la pared y luego desaparecen, para volver inmediatamente a presentarse casi en el mismo punto y atravesar de nuevo la pared y extinguirse justo unos centímetros antes de llegar a la estantería de las viejas, ya abandonadas, muñecas de su hermana. Ha conseguido una técnica casi perfecta. Cada vez le es también más fácil imitar la voz del revisor y el tono del jefe de estación porque le apunta ya la voz futura.
Había salido a su abuelo, mucho más allá de la coincidencia del nombre. En el juicio no quiso recordar cómo se llamaba el revisor, aquel que les ofrecía los cucuruchos de golosinas. Su hermana, de haber tenido su edad, hubiera relatado todo con más exactitud. Pero tenía ocho años.
Cuando se cansa de empujar el vagón y se le quedan los pies fríos se envuelve en la manta y entrelazando las manos imita los sonidos del tren. Sentado sobre el asiento abatible de la plataforma del cuarto coche del tren correo, los había escuchado y memorizado durante casi un año: el murmullo lejano del tren cuando se va acercando, la sonoridad de su presencia, la voz metálica de los frenos, el soplido de la máquina motora, el silbido de la despedida, el tartamudeo del arranque, el son del trayecto continuo, el jaleo y el jadeo de los soldados en los compartimentos, el sonido y la trayectoria de las gotas sobre los cristales, los silencios de las paradas misteriosas y el eco de la voz del tren tras la despedida.
Lo contó en el juicio: en el tren cuidaba de su hermana mientras su madre limpiaba los compartimentos. Le hicieron llevar zapatos cerrados de cordones. Como su abuelo, tiene los pies grandes y anchos. Los zapatos eran negros, porque el negro empequeñece. Debe ser por eso, pensaba, que a su abuela se la ve tan pequeña después de tanto luto. Sobre los zapatos descansaban de más los pantalones. Como es grande, más que grande, grandón, llevaba los pantalones sobrados, flexibles. Llevaba camisa también oscura, de cuellos antiguos, y uno de ellos sobresalía sobre el jersey claro, porque de cintura para arriba la influencia de su madre se va reduciendo para luego estallar bajo un pelo fosco y duro, rebelde, aunque nazca en realidad de mansedumbre. El cuello lo tiene ancho, como la mandíbula, sobre la que cae algo del labio inferior. El cutis, maniáticamente afeitado, y la nariz, grande, como hecha a los dedos de las manos. Los ojos son, sin embargo, pequeños, y parecen prestados. La juez trataba de imaginar la mariposa ingenua de la que había salido aquel torpe y enorme gusano.
En medio del trayecto, se baja de la cama y se acerca a la ventana de la habitación, sube la guillotina e imagina la velocidad oscura del aire y de la tierra. Sólo en una ocasión se atrevió a asomarse por la ventanilla del tren, algún viajero la había dejado bajada, sin embargo no había conseguido distinguir nada de aquel paisaje siempre desconocido. Cuando cada lunes, muy temprano, su madre los despertaba para ir a Cordiales ni siquiera desayunaban, era mejor conservar el estómago vacío para prolongar el sueño durante las tres horas del trayecto en autobús. Los viernes, al anochecer, regresaban a Balsera en el tren; siempre coincidían con los soldados de permiso hacia Madrid.
Por miedo a que su hermana sienta frío cierra la ventana. Ella se acerca y le ofrece un pequeño cucurucho de papel de periódico que contiene envoltorios de caramelos que ha rellenado con garbanzos tostados. Ha limpiado ya uno de los compartimentos. Se aproxima entonces al cristal de la ventana y se mira en la oscuridad de la noche, se arregla el pelo, se retoca los labios que antes se había imaginariamente pintado al son del ficticio traqueteo, con la yema de los dedos se impregna los pómulos de fingido maquillaje que sostiene en la palma de la mano y se estira el camisón y luego las supuestas medias. Acercándose la mano a la boca intenta después oler su propio aliento. Un gesto de aprobación y vuelve de nuevo detrás del biombo que oculta a la reducida habitación la ropa de los dos hermanos colgada de una barra de hierro. No era fácil limpiar entre aquellos trajes que la manoseaban suavemente.
« ¡Hay que ver lo bien que limpia vuestra madre!». Lo vieron en el juicio. Pero el revisor no pudo levantarse a saludar. Inconscientes de los cambios que había producido el tiempo, Toño bajó los ojos y ella recogió un poco su falda.
Mientras ella limpia otro compartimento, Toño va desenvolviendo los garbanzos, los acumula en la palma de la mano y los mastica todos a la vez. Está sentado sobre un pequeño taburete metálico y el pantalón del pijama, requerido por los muslos, se atranca bajo las rodillas. Si se apoyaba en el respaldo frío del tren le colgaban las piernas, que todavía llevaba al aire y que separaba para poder abarcar el asiento abatible procurando no moverse mucho por temor a que se cerrara. Allí sentado vigilaba que su hermana no atravesara el acordeón que unía los vagones y por el que solía aparecer el revisor: «No has salido a tu padre, muchacho, él sí que era un hombre fuerte. Con una sola mano levantaba varias sacas de almendras. Tú tienes las piernas tan bonitas como tu madre, a lo mejor también les gustas a los soldados». Entonces él escondía las piernas y perdía el equilibrio. Por lo menos tenía los pies grandes. «Para trabajar en el tren hace falta mucho equilibrio».
El tren entraba en la estación de Balsera muy lentamente. Doscientos metros antes, a la altura del pinar, el revisor los ayudaba a bajar a los tres. Por el camino oscuro, Toño seguía a su madre, que tiraba de su hermana, y observaba aquellos zapatos que se clavaban en la tierra como un bastón, aunque las huellas eran menos distantes y no tan profundas. Muchas veces, alrededor de la casa, había seguido con un palo el recorrido de su abuelo: «Cuando se está muchas horas sentado, hay que caminar, muchacho, da igual hacia dónde». El día que el tren del abuelo descarriló Toño estuvo varias horas dando vueltas alrededor de la casa haciendo agujeros en la tierra mojada con el bastón. A veces, al salir del pinar el aire olía a humedad y a sal y entonces le escocían las piernas. En el internado de Cordiales era ya de los pocos que llevaban pantalón corto.
El revisor se lo había prometido muchas veces: «Un día te llevaré donde el maquinista para que aprendas a conducir el tren». Atravesaron los vagones corriendo. Toño seguía al revisor, que había cogido a su hermana en brazos e iba chocando contra los viajeros. Le dejaron tocar la palanca y accionar el pedal varias veces, e incluso, durante unos minutos, le permitieron sentarse y conducir el tren como si fuera el maquinista. Se veían a lo lejos las luces de la estación. «Tienes madera de maquinista, muchacho». «A mí me gusta, pero es de mal asiento, como mi abuelo. Si acaso, jefe de estación». El revisor volvió enseguida agitado: «Tu madre tiene aún trabajo. Nos bajamos en la estación». El jefe de estación le dejó bajar la bandera y la barrera del paso a nivel y hasta tocar el silbato con la gorra puesta mientras venían a buscarlos.
El pijama deja sentir el frío del taburete, si a las once y veinte se oye el sonido lejano del tren, lloverá. El viento, cuando viene del mar, acerca la voz del tren y empuja las nubes. La abuela, mujer de campo al fin y al cabo, le había enseñado lo que narraban los olores y los sonidos del aire. «No son los ojos, hijo, lo que hay que tener bien abierto». Toño sabía ya oler el aire del mar y el de la sierra, y distinguir el viento de nieve del viento de agua, y el sonido del soplo del levante del silbido del poniente, y sentir el aliento de la lluvia antes de que escupiera. Se oye a lo lejos el sonido del tren. Toño abre de nuevo la ventana para oler el mar. Pero apenas lo recuerda. Lo había visto por primera vez con el abuelo, y dos veces más había paseado por la orilla de la mano de su madre. « ¿Tú te acuerdas del mar?», se vuelve hacia el biombo. «Casi no. Se lo pediré a la abuela». «A la abuela no le interesa el mar». « ¿Me llevarás tú?». «Yo te llevaré. Algún día te llevaré para que huelas de cerca la sal».
Aquella noche en la que había sido maquinista y luego jefe de estación les habían, permitido dormir en la casa del de Balsera, y doña Josefina les había preparado el desayuno con tostadas de aceite y les había dicho que lo de su abuelo, ya casi olvidado, había sido un accidente y que no era cierto eso que se contaba de que se había quedado dormido. Cuando la abuela vino a buscarlos, no les dijo nada. Pero durante el camino parecía enfadada y mucho más vieja y su vestido también mucho más negro. Los había sentado luego a los dos en el banco de madera de la entrada. Mirándolos fijamente, les había hecho prometer que a partir de aquel momento jamás volverían a hablar del ferrocarril. A Toño le había hecho jurar que nunca sería maquinista, ni revisor, tampoco jefe de estación. «Hay que morirse con los pies en el suelo, hijo, algún día lo entenderás». Entendieron también que su madre no volvería, pero no comprendieron bien lo que la abuela murmuraba: « ¡Entre las piernas de los soldados! ¡Ni siquiera los pies en tierra!».
En el juicio, sólo la abuela se quedó para ver la cara de aquel hombre y el brillo de su uniforme. Pero no era más que un muchacho mate que no había aprendido a manejar bien un arma. El tío Alberto se había llevado a su hermana y Toño esperaba en la estación de Cordiales el tren de la mañana. No había vuelto a subir al tren desde el día en que su madre había desaparecido. Se fue sentando despacio sobre el asiento abatible de la plataforma procurando no moverse por miedo a que cediera. Abrió las piernas, que rebosaban ahora del asiento, para apoyarse mejor sobre el suelo y con los codos descargó parte de su peso sobre las rodillas. Enseguida se levantó para bajar la ventana y observar aquel paisaje que hasta aquel día le había sido desconocido. Doscientos metros antes de llegar a Balsera, cuando el tren empezó a detenerse, se había bajado a la altura del pinar y había recorrido, casi sin darse cuenta, el camino hasta la casa. Se acostó aturdido y se despertó cuando ya había anochecido y su hermana dormía en la litera de abajo. Se incorporó, apoyó la espalda sobre la pared e intentó borrar de su mente la velocidad desordenada y ajetreada de aquel tren; la superioridad irrespetuosa de aquellos viajeros cuyo movimiento continuo y alocado convertía los vagones en mercadillos bulliciosos, rompía el hechizo mágico del fuelle que unía los distintos coches y perturbaba la soledad de la plataforma; y aquel variopinto surtido de sonidos agrios y olores a comida, humo y hierro viejo; y los rayos de aquel sol que lo ensuciaba todo, y, más que nada, trataba de olvidar aquel paisaje uniformemente sediento y pobre.
Se había excitado demasiado y sudaba. Respiró profundamente mientras retiraba con los pies la manta y las sábanas. Acabó levantándose y acercándose a la ventana, la abrió y el aire de la noche le ayudó a recuperar la dignidad del tren penetrando en la estación silenciosa, la sonoridad de la voz del jefe de la estación y su eco largo y profundo, los sonidos limpios del tren en el silencio de la noche, los colores opacos y oscuros iluminados intermitentemente por las luces, los olores húmedos, el olor del agua destilada y del hierro, el andar silencioso y asustado y las miradas cómplices de los viajeros, la soledad de los pasillos, el misterio de los compartimentos cerrados, el secreto del acordeón solitario, el dominio de los revisores, el frescor de la plataforma, la velocidad oscura del tren sobre la cara y aquel paisaje húmedo y desconocido.
Ha empezado a llover. Toño baja la ventana para observar el trayecto de las gotas. Su hermana ha limpiado ya otro compartimento y se acuesta en la litera de abajo. Respira con dificultad fingida y llama a Toño para que le coja de la mano. Dobla la cabeza bruscamente hacia un lado para dejarla caer sobre la almohada, a la vez que desploma las manos sobre la sábana. Toño la mueve suavemente sobre la cama para que apoye los pies sobre el suelo. Sube a la litera de arriba e imita un último traqueteo ya cansado y lento. El sonido de las gotas se acelera. « ¿Toño, te has dormido? ¿Me prometes que el próximo viernes jugarás otra vez al tren conmigo?».
En la década de los ochenta del siglo pasado, sobre todo, empezó a utilizarse por parte de la doctrina un término bien representativo de un fenómeno que ciertamente había producido una cierta confusión y no poca inquietud en cuantos se dedican al estudio de nuestra disciplina: «la huida» del derecho administrativo. Expresión, me parece, con la que se pretendía, y todavía se pretende hoy, llamar la atención sobre la pérdida de influencia del derecho administrativo como ordenamiento matriz a partir del cual debía regirse jurídicamente toda actuación del aparato público, sea cual sea su caracterización normativa. Enel fondo, se añoraba la posición del derecho administrativo como derecho único sobre el que debía girar el régimen jurídico de la Administración pública, olvidando, con más o menos intensidad, que existe un núcleo básico de principios constitucionales vinculados a las actividades administrativas y a los fondos públicos, que con su manto trascienden la naturaleza del derecho de que se trate en cada caso.
La Constitución de 1978 dice, entre otras cosas, que la Administración sirve con objetividad los intereses generales, que los poderes públicos deben fomentar la libertad y la igualdad y que se reconoce la tutela judicial efectiva. Principios que invitan a una tarea centrada en repensar algunos dogmas y principios que en su día rindieron grandes servicios a la causa, pero que hoy quizás no encajen en una democracia avanzada. Se trata, pues, de proyectar de una manera equilibrada los parámetros que presiden el nuevo Estado social y democrático de derecho sobre la realidad administrativa, teniendo bien presentes los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Hoy, en mi opinión, la garantía del interés general es la principal tarea del Estado y, por ello, el derecho administrativo ha de tener presente esta consideración y adecuarse a los nuevos tiempos pues, de lo contrario, perderá la ocasión de cumplir la función que lo justifica, cual es la mejor ordenación de la actividad pública con arreglo a la justicia.
NO MÁS PERSPECTIVAS ÚNICAS
Tradicionalmente, cuando nos hemos enfrentado con el arduo problema de seleccionar una perspectiva central sobre la que montar todo el derecho administrativo, hemos acudido a la aproximación subjetiva, objetiva o mixta. Hoy me parece que mantener una orientación única quizás sea una pretensión que dificulta la comprensión de un sector del derecho público que trasciende sus fronteras naturales y que actúa sobre otras realidades, años ha vedadas al derecho administrativo, precisamente por la estrechez de miras que surge del pensamiento único, cerrado o estático.
Parece también fuera de dudas que el derecho administrativo del siglo XXI es distinto del propio del siglo pasado en la medida en que el sustrato político y social que le sirve de base es bien diferente, como también es bien diferente el modelo de Estado actual. El derecho constitucional pasa, el derecho administrativo permanece: es una manida y reiterada frase acuñada, según parece, por Otto Mayer que nos ayuda a entender que las instituciones típicas de la función administrativa, de una u otra forma, son permanentes, pudiendo variar obviamente la intensidad de la presencia de los poderes públicos de acuerdo con el modelo político del Estado en cada momento.[[wysiwyg_imageupload:1874:height=213,width=200]]
En este contexto, el entendimiento que tengamos del concepto del interés general a partir de la Constitución de 1978 va a ser capital para caracterizar el denominado derecho administrativo constitucional que, en dos palabras, aparece vinculado al servicio objetivo al interés general y a la promoción de los derechos fundamentales de la persona, cuestiones que debe completarse desde la complementariedad. Quizás la perspectiva iluminista del interés público heredada de la Revolución francesa y que ayudo a la consolidación de la entonces clase social a cuyo cargo se puso la burocracia, hoy ya no es compatible con un sistema sustancialmente democrático en el que la Administración pública, y quien la compone, lejos de plantear grandes o pequeñas batallas por afianzar su status quo, debe estar plena y exclusivamente a disposición de los ciudadanos, pues no otra es la justificación constitucional de la existencia de la entera Administración pública. En esta línea, el derecho administrativo constitucional plantea la necesidad de releer y repensar dogmas y principios considerados hasta no hace mucho como las señas de identidad de una rama del Derecho que se configuraba esencialmente a partir del régimen de exorbitancia de la posición jurídica de la Administración como correlato necesario de su papel de gestor, nada más y nada menos, que del interés público. Insisto, no se trata de arrumbar elementos esenciales del derecho administrativo, sino repensarlos a la luz del ordenamiento constitucional. Es el caso, por ejemplo, de la ejecutividad del acto, que ya no puede entenderse como categoría absoluta sino en el marco del principio de tutela judicial efectiva, como consecuencia de los postulados de un pensamiento compatible y complementario que facilita esta tarea.
Lo que está cambiando es, insisto, el papel del interés público que, desde los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, aconseja el trabajo, ya iniciado hace algunos años entre nosotros, de adecuar nuestras instituciones a la realidad constitucional. Tarea que se debe acometer sin prejuicios ni nostálgicos intentos de conservar radicalmente conceptos y categorías que hoy encajan mal con los parámetros constitucionales. No se trata, de ninguna manera, de una sustitución in toto de un cuerpo de instituciones, conceptos y categorías, por otro; no, se trata de estar pendientes de la realidad social y constitucional pare detectar los nuevos aires que han de alumbrar los nuevos conceptos, categorías e instituciones con que el derecho administrativo, desde este punto de vista, se nos presenta ahora en una nueva versión más en consonancia con lo que son los elementos centrales del Estado social y democrático de derecho dinámico, o también denominado de segunda generación. Ello no quiere decir que estemos asistiendo al entierro de las instituciones clásicas del derecho administrativo. Más bien hemos de afirmar, no sin radicalidad, que el nuevo derecho administrativo está demostrando que la tarea que tiene encomendada de garantizar y asegurar los derechos de los ciudadanos requiere de una suerte de presencia pública, quizás mayor en intensidad que en extensión, que hace buena aquella feliz definición del derecho administrativo como el derecho del poder para la libertad.
UN PRECENTE Y JURISPRUDENCIA
En este sentido, siempre me ha parecido clarividente y pionero un trabajo del profesor García de Enterría de 1981 sobre la significación de las libertades públicas en el derecho administrativo en el que afirmaba que el interés general se encuentra precisamente en la promoción de los derechos fundamentales. Esta aproximación doctrinal, que goza del respaldo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, está permitiendo, sobre todo en el derecho comunitario europeo, que auténticas contradicciones conceptuales como la del servicio público y los derechos fundamentales se estén salvando desde un nuevo derecho administrativo, me atrevería a decir que más relevante que antes, desde el que este nuevo entendimiento del interés general está ayudando a superar estas confrontaciones dialécticas a partir del equilibrio metodológico, el pensamiento abierto y la proyección de la idea democrática, cada vez con más intensidad, sobre las potestades administrativas.
Lo que está ocurriendo es bien sencillo y consecuencia lógica de nuevos tiempos que requieren nuevas mentalidades, pues como sentenció hace tiempo Ihering, el gran problema de las reformas administrativas se haya en la inercia y la resistencia a los cambios que habita en la mentalidad de las gentes. Es decir, la caracterización clásica del servicio público (titularidad pública y exclusiva) ha ido adecuándose a la realidad hasta que se ha llegado a un punto en el que la fuerza de la libertad y de la realidad han terminado por construir un nuevo concepto con otras características, sin enterrar nada, y menos con intención de enarbolar la bandera del triunfo de lo privado sobre lo público, porque el debate conceptual ni se plantea en estos términos ni es verdad que el derecho administrativo haya perdido su razón de ser. Más bien, lo que está ocurriendo es que está emergiendo un nuevo derecho administrativo desde otras coordenadas y otros postulados diferentes a los de antes. Pero, al fin y al cabo, derecho administrativo.
REFERENTES CONSTITUCIONALES
En el caso que nos ocupa, me parece que es menester citar, que no analizar dada la naturaleza de este trabajo, los artículos 9, 10, 24, 31 y 103 de la Constitución, como los preceptos en los que encontramos un conjunto de elementos constitucionales que nos ayudan a reconstruir las categorías, conceptos e instituciones deudores de otros tiempos y de otros sistemas políticos a la luz del marco constitucional actual. Cualquiera que se asome a la bibliografía española del derecho administrativo encontrará un sinfín de estudios e investigaciones sobre la adecuación a la Constitución de las principales instituciones que han vertebrado nuestra disciplina, que a las claras demuestra cómo la doctrina tiene bien presente esta tarea.
Entre estos preceptos, ocupa un lugar destacado el artículo 103 que, en mi opinión, debe interpretarse en relación con todos los artículos de nuestra Carta Magna que establecen determinadas funciones propias de los poderes públicos en un Estado social y democrático de derecho, como suelo apostillar, dinámico. Dicho artículo, como bien sabemos, dispone, en su párrafo primero, que: «La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».
La Administración pública (estatal, autonómica o local, porque se usa deliberadamente el singular para referirse a todas) sirve con objetividad el interés general. Me parece que es difícil haber elegido mejor la caracterización de la función administrativa en el Estado social y democrático de derecho. Primero, porque la expresión «servicio» indica certeramente el sentido y alcance del papel de la Administración en relación con la ciudadanía. En sentido contrario, bien se puede afirmar que la Administración en una democracia no es, ni mucho menos, ni la dueña del interés general, ni la dueña de los procedimientos, ni la dueña de las instituciones públicas. Está a disposición de la mejor gestión de lo común, de lo de todos.
Segundo, porque la instauración del sistema constitucional en las democracias supone un paso relevante en orden al necesario proceso de objetivización del poder que supone la victoria del Estado liberal sobre el antiguo régimen. La referencia a la objetividad es capital. Tiene dos dimensiones, según la apliquemos a la organización administrativa en general o a los empleados públicos o funcionarios en particular. En todo caso, lo que me interesa destacar en este momento y en estas circunstancias es que se pretende eliminar del ejercicio del poder público toda reminiscencia de arbitrariedad, de abuso; en definitiva, de ejercicio ilimitado y absoluto del poder. Por eso, el poder debe ser una función pública de servicio a la comunidad, en la que hay evidentes límites. Claro que al ser hombres y mujeres quienes ordinariamente son titulares del poder, las grandezas y servidumbres de la condición humana según la categoría moral de quién lo ejerza arrojarán distintas posibilidades. Ahora bien, la objetividad entraña, como hábito fundamental, la motivación de la actuación administrativa, impidiendo la existencia de espacios de oscuridad o de impunidad, áreas en las que normalmente florece la arbitrariedad, sorprendentemente in crescendo a juzgar por las estadísticas de actuaciones administrativas merecedoras de tal calificación por los tribunales de justicia.[[wysiwyg_imageupload:1875:height=306,width=200]]
Y, en tercer lugar, la referencia central al interés general me parece que ofrece una pista clarísima sobre cuál pueda ser el elemento clave para caracterizar la Administración pública hoy y, en el mismo sentido, el derecho administrativo. Entiendo que la tarea de servicio objetivo a los interés generales es precisamente la justificación esgrimida para comprender los cambios que se están produciendo, pues no parece compatible la función constitucional por excelencia de la Administración pública actual con los privilegios y prerrogativas de una Administración autoritaria que vivía en un contexto de unilateralidad y de, escrito en castellano castizo, «ordeno y mando». Por eso, el entendimiento abierto, plural, dinámico y compatible del interés general está ayudando sobremanera a construir nuevos espacios de equilibrio sobre los que hacer descansar este nuevo derecho administrativo.
Por otra parte, no podemos dejar sin considerar, tratándose del artículo 103 de nuestra Constitución, que la Administración está sometida a la ley y al derecho. La llegada del Estado liberal, como sabemos, supone la victoria del principio de legalidad y la muerte del capricho y la ilimitación como fundamentos de un puro poder de dominio. El poder no es absoluto, está limitado y sea cual sea la versión del principio de legalidad que manejemos, lo cierto es que la Administración debe actuar en el marco de la ley. Además, con buen criterio se consagra el principio de sometimiento total de la actividad administrativa y, también, de proyección de todo el ordenamiento en sentido amplio sobre dicha actuación administrativa. Esto quiere decir, en mi opinión, que junto a las leyes, también los jueces, al analizar la adecuación a derecho o no de la actividad administrativa, pueden echar mano de otras fuentes del derecho que, como los principios generales, han ocupado, como sabemos, un lugar destacado por derecho propio en la propia historia del derecho administrativo.
Por otra parte, la alusión al derecho hemos de interpretarla en el sentido de que el ordenamiento a que puede someterse la Administración es el público o el privado. En realidad, y en principio, no pasa nada porque la Administración pueda actuar en cada caso de acuerdo con el ordenamiento que mejor le permita conseguir sus objetivos constitucionales. En unos casos será el derecho administrativo, el laboral o el civil o el mercantil. Eso sí, hay un límite que no se puede sobrepasar sea cuál sea el derecho elegido, que no es otro que el del pleno respeto al núcleo básico de lo público que siempre está presente en la utilización de fondos de tal naturaleza para cualesquiera actividades de interés general. Por eso, aunque nos encontremos en el reino del derecho privado, la sociedad pública o ente instrumental de que se trate deberá cumplir con los principios de mérito y capacidad para la selección y promoción de su personal, así como con los principios de publicidad y concurrencia para la contratación.
Por tanto, la pretendida huida del derecho administrativo al derecho privado no ha sido tal y, en todo caso, la necesidad de servir objetivamente los intereses generales también se puede hacer en otros contextos, siempre que la Administración justifique racionalmente por qué en determinados casos acude al ordenamiento privado.
CON EL DERECHO PRIVADO
Seguramente, desde que se abren las puertas de la Administración pública al derecho privado con ocasión de la prestación de forma indirecta de determinados servicios públicos, la pretendida huida del derecho administrativo late sobre las diferentes explicaciones que podemos encontrar en la historia de nuestra área de conocimiento.
Para unos, que pueda siquiera mentarse en el ámbito de la Administración pública el derecho privado, o de mercaderes, como se le tilda en ocasiones desde estas doctrinas, constituye una grave traición a los orígenes y tradición de un derecho que ha sido, es y debe seguir siendo el ordenamiento propio, privativo y específico de la persona jurídica Administración pública. Para otros, la eficacia y la eficiencia exigible también a la Administración pública, prácticamente ausentes de un derecho administrativo de corte autoritario que bascula únicamente sobre los privilegios y prerrogativas, no es congruente con lo que la sociedad espera y exige de la Administración pública.
Frente a ambas posiciones extremas, surge una nueva perspectiva, en mi opinión con base suficiente en el artículo 103 de la Constitución, según la cual lo determinante no es la naturaleza del ordenamiento aplicable, sino la mejor forma de atender los intereses generales y, por ello, de garantizar los derechos de los ciudadanos. El artículo 103 se refiere al sometimiento al derecho. Lógicamente, no dice a cuál, porque no se le puede pedir nada menos que a una Constitución que tome partido en una cuestión como esta en la que los vientos del hoy tan practicado pensamiento único no auguran nada bueno, sencillamente porque esta manera de enfrentarse a las ciencias sociales, con todos los respetos, ya pasó de moda. Por tanto, la Administración pública puede elegir el derecho privado. Eso sí, cuando la Administración acuda al derecho privado debe explicar por qué lo hace puesto que, evidentemente, el derecho común sigue siendo el derecho administrativo.
Es bien sabido que en las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, el descubrimiento de la eficacia, de la eficiencia y del management encontró en la Administración un terreno bien abonado para el florecimiento del estudio y de la práctica de los entonces modernos enfoques de la dirección por objetivos y otras tantas maneras, legítimas y positivas, de introducir en el aparato público una sana competencia y una razonable reflexión sobre la evaluación de los resultados. Esto, que objetivamente pudo haber sido un paso muy relevante en orden a realizar las reformas normativas que fuera menester, sin embargo desembocó, en alguna medida, fruto del pensamiento único, en una relativa absolutización de los objetivos a alcanzar prescindiendo, en tantas ocasiones, de los procedimientos. Lógicamente, en este contexto, la corrupción estaba servida como desgraciadamente la realidad demostró en tantos países durante los años en los que reinó sin problemas la idea de que mercado era igual a eficiencia y eficacia; y lo público, sinónimo de ineficiencia e ineficacia.
Como suele ocurrir, nunca se producen los fenómenos por una sola causa, por lo que quizás se pueda afirmar que, en efecto, algo de esto puede estar detrás de la radical seducción que las bondades del mercado provocó en no pocos gestores y administradores públicos durante esa época: destierro del derecho administrativo, preferencia por el derecho privado, constitución de todo un entramado de entes públicos y sociedades públicas creadas precisamente para operar en el nuevo mundo de la eficacia y de la eficiencia. En fin, en esos años sí que se produjo una masiva huida del derecho administrativo con la correspondiente, a su vez, ida al derecho privado.
Como suele ocurrir, nunca se producen los fenómenos por una sola causa, por lo que quizás se pueda afirmar que, en efecto, algo de esto puede estar detrás de la radical seducción que las bondades del mercado provocó en no pocos gestores y administradores públicos durante esa época: destierro del derecho administrativo, preferencia por el derecho privado, constitución de todo un entramado de entes públicos y sociedades públicas creadas precisamente para operar en el nuevo mundo de la eficacia y de la eficiencia. En fin, en esos años sí que se produjo una masiva huida del derecho administrativo con la correspondiente, a su vez, ida al derecho privado.
El fenómeno se manifestó, pues, en el gusto por la gestión de lo público a través de la flexibilidad y eficiencia del derecho privado, bien sea relajando los sistemas de control de la intervención del Estado, bien sea creando toda suerte de sociedades y entes públicos sometidos al derecho privado, o bien asumiendo in toto los paradigmas de la gestión privada para la dirección y gestión de lo público.
La proliferación de entes instrumentales para la gestión de actividades públicas con sometimiento al derecho privado no sólo debe entenderse como un notable aumento de influencia del derecho privado en lo público, que lo es; sino, sobre todo, como algo profundamente paradójico, en la medida que a través de esta vía se ha producido un sobresaliente incremento de la presencia de los poderes públicos en la sociedad. Es decir, mayor intervención de los poderes públicos en la vida social con el concurso del derecho privado. En este sentido, puede comprenderse bien la afirmación de algunos analistas sociales cuando señalan que ha sido precisamente el Estado de bienestar, en su concepción clásica, quien más ha tenido que ver con la desafortunada invasión de lo privado en lo público. Claro que muchas actividades económicas que están en manos públicas debieran pasar al sector privado. Claro que es necesario un razonable proceso de simplificación y refundición normativa y, si se quiere, un proceso de revisión de la normativa existente en muchos aspectos. Todo ello, por supuesto, sin olvidar que de lo que se trata es que se presten mejor los servicios de interés general y que, a la vez, se promuevan los derechos de los ciudadanos.[[wysiwyg_imageupload:1876:height=229,width=200]]
La introducción de los sistemas de gestión privada en el ámbito público, siempre que se produzca de manera coherente con la propia esencia y naturaleza de la gestión pública, no ofrece mayores problemas. Es más, me atrevería a afirmar que existe un núcleo básico de la gestión y dirección de organizaciones e instituciones que es común a la dimensión privada y a la pública. Lo que, sin embargo, no siempre se tiene presente es que el ciudadano no es el cliente a modo empresarial privado, que la concurrencia y transparencia tiene una caracterización singular en lo público y, sobre todo, que la selección del personal debe hacerse en un contexto de mérito y capacidad.
PODER AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
Otra característica, a mi juicio relevante, de las nuevas tendencias observadas en las ciencias sociales, se refiere al pensamiento compatible o complementario que, ciertamente, se encuentra en las antípodas de lo que hemos llamado pensamiento único. Sistema que, en el caso que nos ocupa, reclama la existencia del derecho administrativo clásico como único ordenamiento aplicable a cualquier relación jurídica en que tome parte la Administración pública como tal o en perspectiva instrumental.
Para esta manera de contemplar la realidad administrativa, la Administración, en cuanto dueña del interés general, requiere un derecho construido para diseñar los privilegios y prerrogativas que acompañan la existencia de la Administración pública y que le permiten la gestión de los intereses generales. Desde este punto de vista, la unilateralidad del privilegio y la prerrogativa se extiende sobre todo el amplio mundo de la acción administrativa originando un conjunto de relaciones jurídicas peculiares que han tenido en la exorbitancia la nota más característica. Es decir, lo importante y relevante del derecho administrativo en esta concepción es la Administración y sus privilegios.
Sin embargo, la llegada de la Constitución y del sistema democrático a España en 1978 han abierto quiebras bien grandes en toda esta construcción, de forma que, al entenderse el interés general hacia los ciudadanos, nos encontramos con que, efectivamente, el nervio que ha de discurrir por todos los conceptos, categorías e instituciones del derecho administrativo pasa de la prerrogativa a la garantía de los derechos de los ciudadanos, particulares o administrados. No es que se anulen, sólo faltaría, las potestades, que no prerrogativas o privilegios de la Administración, sino que precisamente esas potestades se van a justificar en la medida en que garanticen o aseguren los derechos y libertades de los ciudadanos. Por tanto, el derecho administrativo, como ha señalado agudamente González Navarro, es el derecho del poder para la libertad, sintetizando certeramente el sentido del derecho administrativo en el marco constitucional y teniendo presente el sistema del pensamiento compatible o complementario.
Desde esta metodología del pensamiento moderno puede entenderse bien que entre conceptos que enfrentó en su día el pensamiento ideologizado, variante del pensamiento único, como público y privado, hoy, más que barreras infranqueables, encontramos puentes que ayudan a entender en clave de complementariedad dichas realidades. Es más, me atrevería a firmar que incluso el concepto moderno de libertad lleva grabada, en su misma esencia, la idea de solidaridad.
LIBERTAD Y SOLIDARIDAD, VALORES CONSTITUCIONALES
Siendo, como es, el interés general el elemento clave para explicar la funcionalidad de la Administración pública en el Estado social y democrático de derecho, interesa ahora llamar la atención sobre la proyección que la propia Constitución atribuye a los poderes públicos.
Si leemos con detenimiento nuestra Carta Magna desde el principio hasta el final, encontraremos una serie de tareas que la Constitución encomienda a los poderes públicos y que se encuentran perfectamente expresadas en el preámbulo cuando se señala que la nación española proclama su voluntad de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones». Más adelante, el artículo 9.2 dispone que los poderes públicos remuevan los obstáculos que impidan el ejercicio de la libertad y la igualdad promoviendo dichos valores constitucionales. En materia de derechos fundamentales, también la Constitución, como lógica consecuencia de lo dispuesto en su artículo 10 atribuye a los poderes públicos su aseguramiento, reconocimiento, garantía y protección. En el mismo sentido, por lo que se refiere a los principios rectores de la política económica y social, la Constitución utiliza prácticamente las mismas expresiones anteriores.
Estos datos de la Constitución nos permiten pensar que, en efecto, el derecho administrativo en cuanto ordenamiento regulador del régimen de los poderes públicos tiene como espina dorsal la contemplación jurídica del poder para las libertades.
Esta función de garantía de los derechos y libertades define muy bien el sentido constitucional del derecho administrativo y trae consigo una manera especial de entender el ejercicio de los poderes en el Estado social y democrático de derecho. La garantía de los derechos, lejos de patrocinar versiones reduccionistas del interés general, tiene la virtualidad de situar en el mismo plano el poder y la libertad, o si se quiere, la libertad y solidaridad como dos caras de la misma moneda. No es que, obviamente, sean conceptos idénticos. No. Son conceptos diversos, pero complementarios. Es más, en el Estado social y democrático de derecho son conceptos que deben plasmarse en la planta y esencia de todas y cada una de las instituciones, conceptos y categorías del derecho administrativo.
Más intensa todavía es la tarea de garantía y aseguramiento de los principios rectores de la política económica y social. En este sentido, el artículo 39 de la Constitución señala en su párrafo primero que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Es decir, el conjunto de los valores y principios rectores de la política social y económica, entre los que se encuentra la familia, deben ser garantizados por los poderes públicos, ordinariamente a través de la actividad legislativa y, sobre todo, desde la función administrativa, pues la ley está para lo que está, y no se puede pedir al legislador que contemple todos los supuestos habidos y por haber. Protección de la familia, promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa (artículo 40). Garantía de un sistema público de seguridad social (artículo 41), protección de la salud (artículo 43), derecho al medio ambiente (artículo 45), derecho a la vivienda (artículo 47)…
En todos estos supuestos se vislumbra una considerable tarea de los poderes públicos por asegurar, garantizar, proteger y promover estos principios, lo que, pensando en el derecho administrativo, supone un protagonismo de nuestra disciplina desde la perspectiva del derecho del poder para la libertad, insospechado años atrás.
En este capítulo interesa llamar la atención sobre el contenido del parágrafo tercero del artículo 53 de la Constitución, en materia de garantías de las libertades y derechos fundamentales: «El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero (de los principios rectores de la política social y económica) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos». Pienso que para un profesor de derecho administrativo no debe pasar inadvertido que dicho precepto está recogido bajo la rúbrica de la protección de los derechos fundamentales, lo cual nos permite señalar que en la tarea de promoción, aseguramiento y garantía de los principios rectores de la política social y económica, los derechos fundamentales tienen una especial funcionalidad. Es decir, la acción de los poderes públicos en estas materias debe ir orientada a que se ejerzan en las mejores condiciones posibles todos los derechos fundamentales por parte de todos los españoles.
Esta reflexión empalma perfectamente con el sentido y alcance del interés general en el Estado social y democrático de derecho, en la medida en que, como señalé con anterioridad, hoy el interés general tiene mucho que ver con los derechos fundamentales de las personas.
VOCES DE NUESTRO ENTORNO
La consecuencia de los cambios viene, insisto, de la mano de la realidad y de la fuerza de la libertad solidaria en el contexto del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Por ello, en el marco de la Unión Europea, el concepto tradicional de servicio público al que acompañan los dogmas de la titularidad pública y la exclusividad tenía poco que hacer porque el espacio europeo hoy es un espacio que no comulga ni con los monopolios ni con una consideración unilateral del interés general. Probablemente por eso, cuando se alumbra el concepto de servicio de interés general para caracterizar los nuevos servicios públicos europeos susceptibles de explotación económica, una parte significativa de la doctrina científica pensó que el cielo se nos venía encima, que había que preparar ya un digno funeral al derecho administrativo y que tendríamos que defendernos con uñas y dientes frente a un invasor dispuesto a desmontar, uno por uno, todos los conceptos, categorías e instituciones de nuestra disciplina. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, nos encontramos con una mayor regulación administrativa consecuencia de la necesidad de garantizar las denominadas obligaciones de servicio público de dichos servicios de interés general.
Lo que está pasando en este sector demuestra, a mi juicio, que estamos ante un nuevo derecho administrativo más sensible a la realidad y más comprometido con la libertad. En el caso europeo, es bien sabido que cuando se estaba buscando una denominación adecuada para configurar el concepto de los nuevos servicios públicos en un mundo de libre competencia, no pareció oportuno ni mantener la expresión francesa, porque ya no respondía a la realidad, ni tampoco el término anglosajón public utilities en la medida en que tampoco se era partidario de la regulación mínima. Se encontró un concepto que recogió la mejor de la tradición francesa y lo mejor de la tradición anglosajona y, así, desde una perspectiva de integración apareció el nuevo concepto.
Es verdad que al principio la jurisprudencia comunitaria se dejó guiar quizás por una interpretación demasiado economicista para, más adelante, emprender un camino, espero que sin retorno, en el que el equilibrio libertad económica-interés general es la línea fundamental de interpretación.
CONCLUSIÓN
En el derecho administrativo español nos encontramos, en materia de sectores regulados, además que con la existencia de Administraciones independientes encargadas de velar por la competencia en el sector, con normas administrativas que establecen obligaciones de servicio público. Esto es, derecho administrativo para preservar el interés general.
En la medida en que se abren a la libertad espacios antes dominados por el monopolio, el derecho administrativo está llamado a jugar un importante papel. En la medida en que ahora la Administración, y todos los poderes públicos tienen la misión constitucional de hacer posible la libertad y la igualdad, aparece un nuevo derecho administrativo. En la medida en que la autotutela administrativa ha de ser compatible con la tutela judicial cautelar, nuevo derecho administrativo. En la medida en que la autonomía y la unidad, junto a la integración y a la solidaridad, caracterizan nuestro modelo de Estado, nuevo derecho administrativo. En fin, en la medida en que la acción pública ha de estar impregnada por la promoción de los derechos fundamentales y los principios rectores de la política social y económica, nuevo derecho administrativo.
Vuelve el derecho administrativo, eso sí, con nuevos contornos y perfiles, con un nuevo colorido que deriva de la Constitución española y europea. La huida del derecho administrativo de décadas atrás pasó a la historia porque incluso cuando aparece el derecho privado como ordenamiento al que se sujeta la Administración, hay materias que mantienen su dependencia de los principios básicos de lo público tal como la selección del personal y la contratación.
Sí, nuevo derecho administrativo, pero desde los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario.
ANTES DE DESMANTELAR LA LEY DE CALIDAD
El Proyecto para la evaluación internacional de los alumnos, más conocido por las siglas de su nombre en inglés (PISA), es un estudio sobre los conocimientos de los estudiantes de quince años de treinta y dos países, entre ellos España. En total, en el estudio correspondiente al año 2000, participaron 265.000 estudiantes Con este estudio se pretende comparar los conocimientos en tres grandes áreas1 : a) comprensión lectora: capacidad para localizar una información, interpretación correcta de un texto, análisis reflexivo de un texto; b) cultura matemática: capacidad de resolución de problemas básicos; c) cultura científica: conocimientos básicos de ciencias.
La edad elegida es la de quince años, porque en casi todos los sistemas educativos de los treinta y dos países participantes la educación obligatoria termina a los quince años: a partir de esa edad ya empieza a diversificarse la enseñanza. El estudio fue coordinado por la OCDE, aunque cuatro de los países que participaron en el proyecto no eran miembros de la organización.
Cuando los resultados del primer estudio PISA, el correspondiente al año 2000, se publicaron en España, sus datos causaron cierta alarma en los medios de comunicación por los pobres resultados obtenidos por los alumnos españoles, evaluados ya después de la aplicación de la LOGSE. Probablemente a la gran mayoría del profesorado estos resultados no le sorprendieron: conocían muy bien él nivel académico de sus alumnos. En los tres ámbitos analizados, los estudiantes españoles destacan por situarse en la banda baja de la escala.
La tabla 1 muestra un resumen de los resultados obtenidos por los estudiantes españoles que participaron en la muestra internacional. Como hay un margen de error (calculado en el 5%), el estudio ofrece dos posibles rangos de puntuación: el más alto y el más bajo de los posibles. También se señala la puntuación media obtenida por los estudiantes españoles, teniendo en cuenta que la media (el «aprobado», como si dijéramos) se sitúa en 500.

En ninguno de los tres ámbitos España llega al «aprobado», es decir, a los 500 puntos. Y en el ranking de países, incluso teniendo en cuenta la posición más alta posible, se encuentra entre los diecisiete de la segunda mitad (excepto en cultura científica, en que España ocupa el lugar dieciséis, en el mejor de los casos, pero sin llegar al nivel 500). Si analizamos más en concreto los resultados, por ejemplo en cuanto a comprensión lectora, sólo el 4% de los alumnos entiende correctamente un texto (obtiene la puntuación 500) y hasta el 16% se encuentra en los niveles más bajos (menos de 200 puntos)2.
DIVERSIFICACIÓN POR TRAMOS
El informe final del primer estudio PISA muestra también algunos datos interesantes. Entre el 20 y 35% de los estudiantes de quince años, según los países, muestra un rechazo hacia el estudio. Es de suponer que a los dieciséis años el porcentaje será mayor.
Aunque hay una relación significativa entre el nivel cultural de los padres y el rendimiento de los alumnos, no se puede afirmar categóricamente que los estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos más desfavorables obtengan menores rendimientos académicos.
El modelo de escuela influye en los rendimientos: en los sistemas en que se diversifica muy tempranamente a los alumnos (por ejemplo, en Alemania o en Austria), hay más diferencias entre rendimientos de los alumnos. Pero la diversificación no es razón de peores rendimientos (Austria, que diversifica a partir de los doce años, se encuentra por encima de la media de 500 puntos en los tres ámbitos).
La cohesión social que puede realizar la escuela es mayor en los sistemas que hacen diversificaciones curriculares (itinerarios), pues de esta forma, los alumnos pueden encontrar el «menú» académico más acorde con sus intereses y así rendir más, sentirse más a gusto y reducir el fracaso escolar3. Este último punto es importante y da una de las claves del resultado español: nuestros estudiantes se encuentran ante una escuela comprensiva implantada por la LOGSE, con un currículo único, en la misma aula y en el mismo centro, independientemente de sus intereses o capacidades.
YA NO ES CUÁNTO SI NO CÓMO SE GASTA
El informe PISA ofrece también unas sugerencias sobre políticas educativas que pueden ser de interés para nuestro sistema.
El uso de los recursos por parte de los estudiantes (la biblioteca, el ordenador, etc.) está más relacionado con los rendimientos que las propias infraestructuras físicas de la escuela. Es decir, lo importante no es tener muchos libros, o muchos ordenadores, o un edificio espléndido, sino que los alumnos utilicen los recursos disponibles.
El profesorado cualificado es uno de los recursos más valiosos de los centros. Un buen profesor de Matemáticas o de Lengua influye mucho más en los rendimientos de los alumnos que otros recursos. Y la cualificación pasa por el respeto a la especialidad del docente. Si a un profesor de Matemáticas le obligan a enseñar Biología, por ejemplo, el rendimiento de las clases de Biología bajará.
Influyen también en el rendimiento de los alumnos algunos aspectos como la disciplina o indisciplina del centro escolar; la autonomía de las escuelas; la motivación de los profesores; y el grado de importancia que se da al rendimiento escolar y a la exigencia en el estudio.
La variación en los resultados académicos no depende exclusivamente del gasto, a partir de un determinado grado de gasto educativo. Es más importante la eficacia de este gasto que no su volumen.
El número de alumnos por grupo tiene una influencia muy relativa. Hay países, como Japón o Corea, con cerca de cuarenta alumnos por aula, que obtienen mejores resultados que otros muchos con un ratio inferior. Italia, por ejemplo, con una proporción de dieciséis alumnos por grupo, está entre los peor situados.
Estas sugerencias sobre medidas concretas de política educativa se resumen en la columna izquierda de la tabla 2, mientras que en la columna derecha se han señalado las deficiencias que pueden detectarse en el sistema educativo español. Algunas de ellas serán objeto de un estudio más detallado en capítulos posteriores.

Es cierto que la aplicación de la LOGSE ha supuesto un vuelco de tal envergadura en la tradición educativa española que puede producir disfuncionalidades en el rendimiento de los alumnos. Por ejemplo, los defensores de la L O G S E repiten constantemente que se ha pasado de un sistema que era obligatorio hasta los catorce años a otro que establece la obligatoriedad hasta los dieciséis. Escolarizar a toda la población hasta los dieciséis años es, para los logsistas, un reto que ha podido repercutir en el nivel medio de los rendimientos de nuestros alumnos. Pero esto es una verdad a medias. En la tabla 3 se puede observar el nivel de escolarización por tramos de edad, antes y después de la aplicación de la LOGSE.

Como cabe observar, antes de la L O G S E ya se había conseguido prácticamente la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años. En el tramo de edad que corresponde a la actual ESO estaba escolarizado el 98,5% del alumnado en el curso 1991-92. Con la L O G S E se alcanza plenamente el 100%, pero ese «esfuerzo» sólo significa escolarizar al 1,5% del alumnado que salía del sistema antes de los dieciséis años. En todo caso, el gran esfuerzo de la L O G S E está en aumentar significativamente la escolarización de los tramos de edad de la educación posobligatoria: el Bachillerato y la Formación Profesional. Por lo tanto, la escolarización obligatoria no ha sido un problema, más bien la cuestión está en cómo se ha realizado dicha escolarización. Y, evidentemente, la gran novedad de la L O G S E está en el modelo de escuela comprensiva. Algo tendrá que ver la comprensividad con los rendimientos de nuestros alumnos.
RESULTADOS ACADÉMICOS AL FINAL, DE LA ESO
Entre mayo y junio de 2001, es decir, al final: del curso 2000-01, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), que tenía asignado por ley4 la evaluación del sistema educativo; realizó una prueba de conocimientos a una muestra de 7.486 alumnos de 4 S de ESO, procedentes de 328 centros educativos de toda España, excepto de la comunidad autónoma de Andalucía. La muestra ofrecía los primeros datos significativos de la primera promoción.de estudiantes que habían cursado la ES; se trataba de evaluar, en el fondo, los primeros resultados de la ESO.
La muestra se realizó sobre cuatro áreas curriculares de la ESO: Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias sociales y Ciencias de la naturaleza. La tabla 4 muestra un resumen de los resultados, mostrando el porcentaje medio de aciertos en cada una de estas áreas.

Como puede observarse, el área que salé peor parada es la de Matemáticas y la mejor, la de Lengua castellana. Si tradujéramos los resultados a puntos, las Matemáticas estarían suspendidas (4 puntos) y la Lengua castellana obtendría una media de 6,4 puntos. En ningún caso se llega al «notable». El resultado de la muestra depende, en gran medida, dé la dificultad.de las preguntas y éstas reflejan, como es lógico, el currículo oficial de la ESO:
El mismo INCE realizó unos años antes, en el curso 1996-97, otro diagnóstico del sistema educativo español, recogiendo también el rendimiento de cuatro ámbitos: Lengua-castellana, Matemáticas, Geografía e Historia y Ciencias de la naturaleza. En la muestra participaron. 25.893 alumnos de dieciséis años, pertenecientes a 913 centros, incluyendo, y ese dato es importante, tanto estudiantes de BUP (2 º curso) como de Formación Profesional. Es decir, la muestra se efectuó sobre un sistema educativo que diversificaba a los alumnos en dos grandes itinerarios a partir de los 14 años. Es difícil establecer comparaciones, ya que el currículo es diferente. Por ejemplo, mientras en la actual ESO existe un área integrada de Ciencias de la naturaleza, en el sistema anterior dicho ámbito se dividía en dos materias: Ciencias de la naturaleza (2º de BUP) y Física y Química (2º de BUP), con un nivel muy diferente. Cualquier profesor de secundaria de estas especialidades sabe muy bien que el nivel exigible a un alumno de 2º de BUP de Física y Química era más alto que el exigido actualmente en la ESO. En cambio, las tres áreas que tienen más similitudes entre los dos sistemas (aunque también hay diferencias, con un mayor nivel de exigencia en el anterior sistema) son Lengua castellana, Matemáticas y Ciencias sociales. La tabla 5 muestra los resultados de las tres áreas citadas en las pruebas de diagnóstico de 1996-97.

Los resultados en dos de las tres áreas son mejores en el diagnóstico de 1997, cuando todavía existía el BUP y la FP. Sólo en Ciencias sociales se produce un resultado mejor con la LOGSE, entre otras razones porque los alumnos de FP cursaban una materia denominada formación humanística, mezcla de Historia, Geografía, Filosofía y Ética, con un nivel de contenidos inferior a las actuales Ciencias sociales de la ESO5. La comparación muestra que con un sistema diversificado los resultados parecen ser mejores sobre todo en las dos áreas instrumentales básicas (Lengua y Matemáticas).
De todas maneras, la comparación no es del todo significativa. Los currículo de las áreas de la ESO no se corresponden —excepto en Lengua castellana, en que hay más similitudes— entre lo que se exigía en el tramo 14-16 del sistema anterior a la LOGSE con el equivalente después de la ley. El nivel de Matemáticas del segundo ciclo de la ESO sólo es comparable al nivel de la FP y no al del BUP. El área del Ciencias de la naturaleza de la ESO no se puede comparar ni tan siquiera con el de FP: por ejemplo, el currículo de temas de Física que se exigían a los alumnos de FP es superior al que ahora se pide para todos los alumnos de la ESO. Y este es un tema muy importante: la comprensividad supone, en la práctica, rebajar el nivel para todos. La diversificación a partir de los 14/15 años (el sistema más extendido en Europa) permite ofrecer a aquellos alumnos que tienen suficiente capacidad un nivel de Matemáticas o de Física o de Biología…, mayor del que se ofrece en un modelo comprensivo. Se trata, por lo tanto, de igualar a la baja, aun a costa de dar menos a quienes pueden recibir más.
Para conocer el nivel medio de conocimientos entre el sistema LOGSE y el anterior (sumando alumnado de BUP y de FP), podemos recurrir a una comparación entre los resultados del diagnóstico del curso 1996-97 y el del año 2000. Las dos evaluaciones utilizan métodos distintos por lo que es difícil encontrar algún método comparativo. De todas maneras, podemos establecer algún tipo de comparación entre dos parámetros:
En el diagnóstico del curso 1996-97, el rendimiento de los alumnos se mide a través de una escala que va del 100 al 450. El nivel medio de puntuación satisfactoria se encuentra a partir del nivel 250. Es decir, sólo los alumnos que obtienen 250 o más puntos pueden considerarse que han adquirido las destrezas básicas del ámbito objeto de evaluación.
La evaluación final de la ESO que se efectúa el año 2000 no adopta esta escala de puntuación, pero, en cambio, agrupa las preguntas en tres niveles de dificultad: preguntas fáciles, de dificultad intermedia y preguntas difíciles
Aunque existen dificultades metodológicas para establecer paralelismos exactos, podemos establecer una comparación entre los alumnos que en el diagnóstico del año 1996-97 obtienen una puntuación de 250 o más y los que, en la evaluación del año 2000, son capaces, por lo menos, de resolver preguntas de dificultad intermedia.
La tabla 6 recoge los resultados del diagnóstico del curso 1996-97, con dos datos significativos: el resultado promedio de cada área, teniendo en cuenta que el nivel considerado medio es el de 250 puntos; y el porcentaje de alumnos que se encuentran en el nivel 250 o lo superan. En las cuatro áreas el promedio supera el nivel 250, siendo la Lengua castellana la que tiene el mejor nivel académico. Y en los cuatro supuestos, más del 60% del alumnado se encuentra en la banda de 250 o más puntos, es decir, serían capaces de resolver cuestiones de dificultad intermedia.

La tabla 7 ofrece los datos de la evaluación de la ESO en el año 2000 y se han agrupado las cuatro áreas que se corresponden a las del diagnóstico del curso 1996-97, teniendo en cuenta las preguntas de dificultad intermedia. Sería aceptable establecer algún tipo de comparación entre el porcentaje de alumnado capaz de resolver preguntas de dificultad intermedia con los que, en el diagnóstico del curso 1996-97, obtienen una puntuación de 250 o más puntos.
Los datos de la tabla 7 muestran un nivel medio más bajo si lo comparamos con los de la tabla 6. En Matemáticas, por ejemplo, no se llega al 50% de alumnado capaz de resolver preguntas de dificultad intermedia, mientras que con el sistema anterior a la LOGSE el porcentaje de alumnos que llegaban o superaban el nivel de dificultad medio de 250 puntos era del 62%. En el dominio de la lengua, un elemento capital en todo sistema educativo en sus etapas obligatorias, la reducción del nivel de competencias que muestran las dos tablas es alarmante: se pasa de un 73% que se encuentra en la media o la supera, a un escaso 52% que es capaz de resolver cuestiones de dificultad intermedia.

Los datos que muestra la tabla 8 merecen también una reflexión. En esta tabla se desagregan los resultados del diagnóstico sobre rendimiento escolar a los dieciséis años, según el itinerario curricular del alumnado objeto de estudio. En la última columna de la derecha se consigna la media obtenida por los alumnos en cada uno de los ámbitos, desglosándose el de Lengua castellana en dos ítems: Comprensión lectora y Gramática y Literatura. Los resultados nos llevan a las siguientes conclusiones.
Los alumnos de FP son los que, en todos los ámbitos, se encuentran por debajo de la media. En este sentido, la comprensividad establecida por la LOGSE en el tramo 14-16 tiene como principales beneficiarios a estos alumnos que, en general, pueden obtener un mejor rendimiento a través de la ESO que con la antigua FP.
El alumnado procedente del BUP obtiene unas puntuaciones siempre por encima de la media y, en algunos casos, muy por encima de la media: ellos son los grandes perdedores de la comprensividad. La muestra del diagnóstico de 1996-97 prueba que, en nuestro sistema educativo, hay un segmento de alumnado que es capaz de obtener rendimientos potencialmente altos, por encima de una media estándar.
Los alumnos de 4º de ESO son los que se mantienen en unos niveles próximos a las media, aunque muy discretos, excepto en Gramática y Literatura, que se encuentran ligeramente por debajo de la media. En todos los casos, el nivel de rendimientos en 4º de ESO es notablemente inferior al que se obtiene en 2° de BUP.
Estos datos, aunque sean incompletos y aun muy parciales6 , muestran una tendencia y señalan algunos de los problemas que los profesores han ido observando y denunciando en estos últimos años: la ESO iguala a la baja. Aunque el nivel de un segmento del alumnado (el que iría a la FP a los 14 años) mejora, este objetivo se logra a costa de reducir sensiblemente el nivel académico y el rendimiento potencial de otra parte del alumnado, el de quienes pueden rendir más y se les exige menos.
Por eso, la mayoría de sistemas educativos diversifican el currículo o establecen itinerarios justo en el tramo de edad 14-16: para favorecer mejores rendimientos a quienes pueden y para dar el mejor nivel posible a todos. El derecho a la educación es también el derecho a una educación de calidad. Y la calidad pasa por ofrecer a cada talento el itinerario educativo apropiado: el «café para todos», no es síntoma de calidad.
LA ELECCIÓN DE ITINERARIO EN UN SISTEMA COMPRENSIVO
Un gran maestro de la Historia Económica española, el profesor Gabriel Tortella, ha llegado a escribir que «el nivel educativo español es de los más bajos de Europa, e igualmente bajo es, correlativamente, su futuro económico dentro de la comunidad […]. Ni los ciudadanos ni los gobernantes se muestran dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que el sistema educativo mejore a todos los niveles y es un lastre que tiene reflejo económico a medio y a largo plazo»7. No parece que los ciudadanos se muestren dispuestos a hacer ese esfuerzo por mejorar el sistema… público. Quizás porque ya tienen una buena alternativa: los centros privados.
Si analizamos la desagregación de los resultados del rendimiento escolar por la titularidad del centro, nos encontraremos con algunas sorpresas. La tabla 9 muestra los rendimientos del alumnado según la evaluación del curso 2000-01, medida en porcentaje medio de aciertos, pero distinguiendo entre alumnado procedente de la enseñanza pública o privada. En los tres ámbitos estudiados se da la misma característica: el alumnado de los centros públicos se encuentra siempre por debajo de la media, mientras los de centros privados siempre por encima. Las diferencias entre públicos y privados oscilan entre los cuatro puntos en Ciencias naturales y Ciencias sociales y los 6 puntos porcentuales en Matemáticas.
Hay que destacar que esta situación no era así en el diagnóstico del sistema educativo efectuado en el curso 1996-97. En la tabla 10 se muestran los resultados del rendimiento escolar de los alumnos de dieciséis años, según las áreas objeto de estudio y según la titularidad de los centros. Obsérvese que en cinco ámbitos, los alumnos de la enseñanza pública están por encima de la media. En Geografía e Historia que está a la par y sólo en Gramática y Literatura están un punto por debajo. En tres áreas evaluadas los alumnos de la pública superan en puntuación a los de la privada, en una están igual y sólo en Gramática y Literatura están ligeramente por debajo.

¿Qué ha pasado para que la enseñanza pública empeore sus resultados tanto respecto a la media como respecto a la enseñanza privada? Lo único que ha cambiado entre 1996-97 y 2000-01 es el sistema: se ha generalizado la ESO en todo el territorio y se ha impuesto la enseñanza comprensiva en todos los centros… públicos. En los-privados no se ha dado esta comprensividad, al contrario, se ha producido una cierta selección. La L O G SE ha creado una discriminación y segregación verdaderamente perversa: mientras los centros públicos se están convirtiendo en verdaderamente «comprensivos», han de acoger en la misma aula a todo tipo de alumnado, los centros privados acogen aquellos alumnos cuyas familias han escogido la escuela privada precisamente porque les garantiza un nivel académico más elevado. Habría que preguntarse si realmente es «progresista» una ley que ha convertido a la enseñanza pública en la que ofrece menos rendimientos académicos.
Quienes consideran que diversificar el currículo a partir de los catorce o quince años es segregador harían bien en reflexionar sobre los datos anteriores. Los sistemas diversificadores permiten a la enseñanza pública ofrecer diversos itinerarios, evitando que se vayan forzosamente a la privada los que quieren un itinerario de mayor exigencia o rendimiento. No se trata de ofrecer un nivel académico «para los tontos» y otro «para los listos»: eso es caricaturizar y reducir el problema a la demagogia. De lo que se pretende es que, a partir de los catorce o quince años, el alumnado pueda seguir diversos niveles de exigencia de acuerdo con sus intereses y capacidades. A esas edades, como ha dicho J. Martin, director de Educación y Empleo de la OCDE, «es recomendable» la diversificación8.
Los centros públicos, en el tramo más conflictivo de los catorce a los dieciséis años, han de aceptar en sus aulas a todo el alumnado, incluidos quienes no quieren estudiar, los que acumulan déficit de aprendizaje desde la enseñanza primaria, a los más indisciplinados, a quienes se preparan para el Bachillerato o la Formación Profesional, o quienes sólo esperan una cultura básica para integrarse en el mundo laboral. Ofrecer un mismo nivel académico a un colectivo tan dispar sólo es posible reduciendo las exigencias a unos mínimos que, posiblemente, satisfacen a unos pero a costa de dar menos a quienes pueden recibir más.
EL ALCANCE DEL «FRACASO ESCOLAR »
Uno de los objetivo que se propusieron los autores de la LOGSE fue reducir o, incluso, eliminar el fracaso escolar, al menos en el tramo obligatorio. En una enseñanza «comprensiva» no cabe el fracaso escolar, entendido éste como la incapacidad de una parte del alumnado para asumir unos mínimos académicos que les sirvan por lo menos, para integrarse como ciudadanos responsables en la sociedad. El fracaso escolar no era previsible por los «padres» de la ley: la ESO debería equilibrar la comprensividad con medidas de «atención a la diversidad» que fueran capaces de compensar las desigualdades y dar a cada uno lo suyo. El último esfuerzo de los logsistas por evitar el fracaso escolar es la teoría de las «competencias básicas»: reduciendo el currículo a unos simples conocimientos elementales se ha de conseguir que nadie se quede en la cuneta.
¿Se ha conseguido este objetivo? ¿Cuál es el alcance del «fracaso escolar» al final de la ESO? No es fácil concretar realmente el alcance de este «fracaso», pues para no pocos alumnos el fracaso puede consistir en no recibir aquella formación a la que son capaces de acceder de acuerdo con sus capacidades e intereses. Pero para ceñirnos a una medida más concreta podemos definir el «fracaso escolar» al final de la ESO como el porcentaje de alumnado que no consigue obtener, por lo menos, el título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, es decir, que no obtiene la cualificación básica al final de su escolarización obligatoria.
¿Cuál es el alcance real de este fracaso? No hay cifras globales para toda España, sólo parciales de algunas comunidades autónomas. Da la impresión que este sea un tema «tabú», que no conviene airear mucho. Como dato referencial se adjuntan los resultados académicos del alumnado de 4° de ESO de la comunidad autónoma de Cataluña, que tienen la ventaja de ser la primera en implantar la ESO, y del curso 1999-2000, cuyos alumnos habían cursado ya el nuevo sistema educativo LOGSE, al menos en la educación secundaria obligatoria.
Las tablas 11 y 12 son bastante indicativas, aunque circunscritas a un solo territorio, del resultado final de la ESO. Además la promoción 1999-2000 es la primera de toda España que ha cursado íntegramente la ESO, de acuerdo con el modelo comprensivo de la LOGSE. Estas pueden ser algunas de las conclusiones.


El fracaso escolar en la ESO se puede cifrar en un 32% del total del alumnado: uno de cada tres estudiantes que terminan la ESO (en 4º curso o antes) no obtienen el título básico y elemental de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria. La disparidad entre los resultados del alumnado de la enseñanza pública y privada es muy notable: el 40,4% de los alumnos de la pública no obtiene el título frente al 20,2% de la privada. El fracaso escolar en la pública dobla el de la privada. Si a este dato sumamos los de las tablas 9 y 10, tenemos un balance bastante patético de lo que ha significado la «comprensividad» en la escuela pública.
Un dato llamativo es el alto porcentaje de alumnado que está matriculado en 4° de ESO y no llega ni tan siquiera a evaluarse: un 6,8% en la pública y un 1,8% en la privada. A este porcentaje se deberían añadir los que abandonan antes de llegar al 4° curso de la ESO, porque, o bien ya han cumplido los dieciséis años y salen del sistema o bien son, simplemente, absentistas9. En total se puede calcular en torno al 8% el alumnado que empieza la ESO y no llega ni a terminarla. ¿Qué soluciones hay para estos alumnos? Sencillamente, ninguna: convertirse en «objetores escolares». Un porcentaje de esta magnitud para un sistema que, por definición, es «comprensivo», para todos sin excepción, es una de las muestras de su fracaso real.
Los defensores de la LOGSE arguyen reiteradamente que, en el sistema anterior, el número de alumnos que suspendían el 2º de BUP o el 2º curso de la FP de primer grado era superior al 32% de la ESO. Los números puede que sean ciertos, pero no se pueden comparar ambas magnitudes por diversas razones:
Los criterios de evaluación no son los mismos. Para aprobar 2º de BUP se requería aprobar todas las asignaturas. Para aprobarla ESO no hay criterio similar: de hecho más de la mitad de los alumnos que obtienen el Graduado en ESO no han superado todas las áreas. Si aplicáramos el criterio de exigir el aprobado en todas las áreas de la ESO, el nivel de fracaso superaría con creces no sólo al actual 32%, también al porcentaje de alumnado que no superaba, con el anterior sistema, ni el 2º de BUP ni la FP de grado medio.
Los currículos no son similares. Los objetivos curriculares de la ESO no son idénticos a los programas del antiguo BUP o FP. Por poner un ejemplo, los objetivos terminales (lo que ha de saber un alumno al terminar una asignatura) de Matemáticas o de Biología son notablemente inferiores entre el antiguo BUP (incluso la FP) y la ESO.
¿PUEDEN SABER MÁS LOS ALUMNOS?
El reto de la calidad es hoy el gran objetivo de la enseñanza en los países desarrollados y, muy especialmente, en la escuela pública. Los modernos Estados del bienestar han desarrollado el derecho universal a la educación garantizando un puesto escolar a todos los estudiantes y no sólo en los niveles obligatorios. El problema de las familias ya no es tener un centro educativo cerca de su casa, un puesto escolar para sus hijos. Este problema está resuelto en España. El problema, para muchas familias, es encontrar un centro de calidad y, a ser posible, sin tener que pagar por ello.
Los Estados de la Unión Europea siguen marcándose objetivos de mayor calidad en la educación primaria y secundaria, a la vez que constatan el retroceso español en estos últimos años en cuanto a estándares de calidad10. ¿Podrá el sistema educativo español superar los defectos de la LOGSE y alcanzar unos niveles de calidad —medidos, por ejemplo según los indicadores del proyecto PISA— en un plazo razonable? ¿Podrá remontar la escuela pública —especialmente la secundaria obligatoria— la reducción de niveles constatada en los últimos diez años? Dependerá de varios factores.
En primer lugar, de la aplicación de medidas correctoras establecidas en la Ley de Calidad de la Educación, especialmente el fin de la promoción automática, los itinerarios, los programas de iniciación profesional, la reválida… si finalmente no son eliminadas por el gobierno socialista. En segundo lugar, de la actitud de los agentes educativos, especialmente de los responsables políticos de la educación, sindicatos y profesorado.
Los políticos tienen una gran parte de responsabilidad en el deterioro del sistema educativo español. No supieron en su momento calibrar los fracasos del sistema comprensivo que instauraron en España, cuando ya estaba haciendo aguas en otros lugares. Y lo peor es no reconocer algunas equivocaciones, probablemente fruto de unas buenas intenciones no suficientemente contrastadas. El recurso a la demagogia, a la descalificación, al radicalismo pedagógico que se ha observado en el debate sobre la Ley de Calidad y el intento por desmantelarla, no parece desgraciadamente, albergar muchas ilusiones.
Falta también un buen ejercicio de responsabilidad por parte de algunos sindicatos, presos de sus utopías o de referentes ideológicos poco realistas. El contraste entre el discurso de algunos sindicatos y lo que, de verdad, pensaba sobre la LOGSE la mayoría del profesorado de a pie es uno de los ejemplos más ilustrativos del divorcio entre el «profesorado oficial» —formado por liberados sindicales que no pisan un aula desde hace años— y el «real», el que entra cada día a una aula de ESO. Una advertencia al lector: obsérvese que entre los defensores a ultranza de la LOGSE casi no aparecen profesores «de a pie», sólo pedagogos y liberados sindicales, ajenos a las aulas.
Por último, el profesorado, muy especialmente el de la enseñanza pública, ha de acometer urgentemente dos grandes tareas: reclamar los cambios imprescindibles en el sistema educativo, sin rendirse, y mantener viva una formación permanente que le permita acomodarse a los cambios sociológicos que repercuten en la educación. No se puede achacar todas las culpas al «otro» (Administración, sindicatos, recursos…). El profesorado ha de saber que no se puede vivir de nostalgia, que el sistema educativo no volverá atrás, que hay unos retos totalmente imprescindibles e irrenunciables. La escolarización obligatoria hasta los dieciséis años necesita equilibrarse con medidas de flexibilidad, pero los chicos y chicas seguirán en nuestras aulas y habrá que darles la calidad educativa que reclaman. El profesorado necesita reciclarse —sin perder su papel de transmisor de conocimientos, por supuesto— pero deberá renovarse didácticamente, buscar estrategias educativas nuevas, asumir el reto de la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías.
Formación e innovación del profesorado, pero respeto también a su función docente. Los profesores y profesoras han sido degradados a asistentes sociales más o menos cualificados. Recobrar su función en el conjunto del sistema educativo es una tarea pendiente. Su labor no es poner orden en unas aulas heterogéneas y conflictivas. Es enseñar. Decir que la función primordial del sistema educativo —aunque también tenga otras funciones— es la de enseñar lo mejor posible a los más posibles debería ser innecesario. Pero quizás sea hoy la tarea más necesaria para que la escuela española sea capaz de formar el capital humano de las generaciones futuras.
Nuestros alumnos pueden y deben saber más, al menos en la línea de reducir el fracaso escolar y mejorar lo que la Unión Europea ha definido como «ocupacionabilidad»11: sin una educación de calidad no es posible un puesto de trabajo de calidad. El reto de la educación de calidad no puede ser patrimonio de la escuela privada: la enseñanza pública, con las debidas reformas estructurales y la voluntad de su profesorado, ha de asumir el reto de la calidad. ¿Pueden saber más nuestros alumnos? Lo que sería retrógrado o profundamente segregador es que, dentro de unos años, muchas familias tengan que verse forzados a irse a la enseñanza privada para que sus hijos sepan más. ¿No es posible un sistema en que tanto la enseñanza pública como la privada ofrezcan los mismos estándares de calidad?
El verdadero progreso de la educación es que nuestros alumnos sepan más, no que sean cada vez más mediocres. ¿Es progresista una escuela que ha reducido los niveles educativos? Incluso el conocido pedagogo —por cierto otrora gran defensor de la reforma educativa española— Fabricio Caivano, decía en unas declaraciones al diario El País12 que «la escuela progresista ha patinado en muchos aspectos. Por ejemplo, parece claro que el niño no debe ir a la escuela a divertirse. Los resultados de la escuela progresista no son buenos». Si cambiamos «escuela progresista» por «escuela comprensiva tipo LOGSE», tendremos la clave de sus palabras.
Se abre ahora un nuevo debate sobre la educación en España. Lo desconcertante es que sigamos discutiendo sobre temas que la gran mayoría de sistemas educativos europeos ya han resuelto desde hace años. Cuestiones como la diversificación curricular antes de los dieciséis años, pruebas globales de homologación (la «reválida»), la dirección profesionalizada… ya no se discuten en casi ningún país de nuestro entorno. Volver a abrir estos temas, bajo la excusa de restablecer un supuesto consenso, muestran un cierto retraso en nuestros planteamientos pedagógicos lastrados por un dogmatismo tan estéril como peligroso. Analizar datos empíricos, como darse una vuelta por Europa puede ser muy sano para los nostálgicos de la LOGSE. Lástima que mientras abren los ojos, la calidad de nuestro sistema educativo sigue en horas bajas.
N O T A S
1 INCE, 2001b.
2 0CD E , 2001 .
3 Ibídem, tabla 8.3
4 Real Decreto.928/1993, de 18 de junio, por el que se regula el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE).
5 Hay que tener en cuenta también que en la evaluación del 2000 faltan los estudiantes andaluces. Para comparar correctamente las dos muestras habría que eliminar de la primera los resultados correspondientes a los alumnos de Andalucía.
6 En el curso 1996-97 el número de alumnos de ESO es todavía inferior al del anterior sistema.
7 G. Tortella, «El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX», Alianza, Madrid 1994, pág. 393.
8 Diario ABC, 14.05.2002.
9 El absentismo, en algunos barrios de Barcelona, llega al 17% del alumnado. Cfr. diario La Vanguardia, 04.02.2001.
10 «Europa eleva el listón educativo. España queda lejos de las metas que los Quince se proponen lograr en el 2010», en La Vanguardia 06.05.2003.
11 Comisión Europea, 1995.
12 Diario El País, 21.04.1998
| BIBLIOGRAFÍA Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) (2002): El sistema educativo español, 2002, Madrid, Centro de Publicaciones del MECO. Comisión Europea (1995): Libro Blanco: Enseñar y aprender: Hacia la sociedad del conocimiento. Generalitat de Catalunya, Departament d’ Ensenyament (2002) Estadística de l’eniertjometu. Gabinete Tècnic, Barcelona. Generalitat de Catalunya, Departament d’ Ensenyament (2003); Competències bàsiques. Educació Secundària Obligatoria. Primer cicle. Proves d’avaluació. Síntesi de resultants. Bacelona. Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) (1998): Diagnóstico General del Sistema Educativo, Madrid. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) (2001 a): Evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria 2000: datos básicos. Madrid Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) (2001 b): Proyecto PISA. La medida de los conocimientos y destrezas de los alumnos: la evaluación de la lectura, las matemáticas y las ciencias en el proyecto Pisa 2000, Madrid, OCDE – Ministerio de Educación. Cultura y Deporte. OCDE (2001): Knowledge and Skills for Life: First Results from PISA 2000 OCDE Publications. |
Las campañas electorales americanas son cada vez más —para los que estamos fuera— un laboratorio donde se prueban y ponen en práctica estrategias e ideas que terminan llegando al resto de las democracias occidentales. Y eso es así, aunque en nuestro país vivamos un renacer del yankees, go home; o aunque algunos piensen que lo que se discute allí es demasiado «conservador», incluso si se trata de ideas del partido demócrata.
Estas elecciones no han sido una excepción. Contando con Irak como el gran escenario donde discurre todo el drama, a través de los programas electorales, los debates y las intervenciones públicas se está transmitiendo dos modos de entender y actuar sobre la realidad que serán el objeto del debate político de los próximos años en la mayoría de los países occidentales. En estas elecciones se ha hablado de liderazgo y de valores, de economía y de déficit público, de familia y de los mayores… y también se ha hablado de sanidad.
La sanidad ha sido, entre las cuestiones de calado social, aquella que ha ocupado en los discursos de los dos candidatos una parte más importante. Sus motivos tienen. La sanidad en Estados Unidos, la mejor sin duda de todo el planeta, se caracteriza hoy por presentar costes excesivos, disponibilidad limitada y desiguales niveles de calidad. Desde el año 2000, el número de americanos que no tienen seguro ha aumentado en cinco millones, y las primas de los seguros crecen a una tasa superior al 10% anual. Como consecuencia, el gasto sanitario crece el doble que el PIB. Ya el 15% del producto interior bruto americano se dedica a la sanidad. Teniendo en cuenta que la generación del baby boom no ha llegado todavía a esa etapa en la que se triplica (en los escenarios más optimistas) o quintuplica (en los más realistas) los gastos sanitarios, hay que reconocer que existen motivos para la preocupación.
Ambos partidos dedican, como no podía ser de otro modo, una atención especial a la accesibilidad: cómo conseguir asegurar a los 45 millones de americanos qué carecen del seguro.
Las propuestas son bien distintas. Por un lado, el partido republicano propone utilizar la política fiscal para promover el autoaseguramiento: propone conceder ventajas fiscales a las cuentas de ahorro en salud, creadas recientemente, y que se comportarían de manera semejante a las aportaciones a un fondo de pensiones. Los individuos o las familias podrían en lugar de comprar un fondo de pensiones comprar un seguro sanitario con unas cantidades exentas fiscalmente y que se pueden ir acumulando a lo largo del tiempo.
La propuesta de los demócratas pretende actuar por dos vías. En primer lugar, ampliando el universo que puede acceder a los programas federales de aseguramiento (Medicaid y el programa de infancia); y en segundo, actuando el Gobierno de reasegurador, para cubrir el 7 5 % de los gastos ocasionados cuando excedan de los 50.000 dólares. La idea es de esta forma reducir las primas de las compañías y animar a las empresas a que ofrezcan cobertura a sus trabajadores. Las propuestas difieren no sólo en su concepción sino en su coste. La de Kerry cuesta diez veces más: casi mil millones de dólares en diez años.
Uno puede pensar —probablemente con acierto— que la nueva Administración americana va a tener un gran problema encima de la mesa. Pero no debería hacerlo pensando que aquí estamos inmunizados gracias a nuestro sistema sanitario universal. Lo que en Estados Unidos es falta de cobertura, en un sistema como el nuestro se llaman listas de espera o prestaciones no cubiertas por el sistema. Los americanos, por lo que se puede leer en los programas electorales, tienen claro al menos que no van a poder resolver el problema simplemente poniendo más dinero encima de la mesa. En nuestro país, por el contrario, ese asunto no está tan claro.
Para un economista llama poderosamente la atención que en España se denuncie el escaso gasto sanitario comparado con el de otros países, como si éste fuera un indicador de escaso desarrollo. Lo que debería ser relevante para todos son los resultados en salud, en forma de esperanza de vida, mortalidad infantil o prevalencia de algunas enfermedades, que es en definitiva la finalidad de todo sistema sanitario. Pero si resulta que la esperanza de vida es similar a la de otros países desarrollados (o incluso mejor) utilizando menos recursos, es simplemente porque somos más eficientes o porque no incluimos todos los recursos en nuestra contabilidad (que es lo más probable). Poner como objetivo político el aumento del gasto es entender que nuestro país se encuentra en un estadio de subdesarrollo que todavía exige unos altos niveles de inversión para mejorar nuestros indicadores.
Al comienzo de esta legislatura parecía como si el nuevo Gobierno hubiera decidido abandonar las líneas de reforma en materia sanitaria que se habían acordado en los cuatro años pasados mediante la aprobación de un conjunto de normas legislativas y hubiera decidido imprimir su propio sello a ese proceso. El instrumento elegido era una comisión de expertos creada en el ámbito de Cataluña, aunque con la anuencia y la presencia de personas colocadas por la Administración central. Esta comisión debía tener sus medidas preparadas para el otoño, con el fin de incorporarlas en la Ley de Presupuestos. El resultado no ha podido ser más descorazonador: no hay medidas, la comisión —después de dos sesiones que terminaban con ruedas de prensa paralelas en las que se contradecían unos a otros— parece que no ha vuelto a reunirse, y ya sólo se habla del déficit sanitario catalán como si se tratara de un hecho diferencial que cada vez se asemeja más a la deuda histórica andaluza y que lleva camino de terminar de la misma forma: mediante un decreto ley por el que todos paguemos la factura. Uno comienza a tener la impresión de que la sanidad tampoco va a ser el área de grandes reformas de este Gobierno.
Volvamos a las elecciones americanas. Hay una cuestión a las que los programas electorales en materia sanitaria han prestado un especial interés y que sin duda marcarán también nuestros debates en el futuro: los errores médicos.
En primer lugar, se debate si resulta conveniente establecer a nivel federal un baremo a las indemnizaciones que se pagan por mala práctica, semejante al que existe en muchos países por los accidentes de tráfico. Se trata de una propuesta del partido republicano, fuertemente contestada por Kerry, y que tiene como causa el crecimiento espectacular de las primas de seguro que pagan los médicos y que ha llevado a que en algunos Estados no quieran ejercer facultativos de algunas especialidades. Los haremos ya existen en algunos Estados americanos y las experiencias, positiva y negativas, son las que se utilizan para justificar ambas posiciones.
Por otro lado, hay una preocupación por el número de errores médicos. Los datos más recientes indican que entre 50.000 y 90.000 personas mueren todos los años en Estados Unidos por errores médicos. Utilizando un símil muy americano, aplicando estos porcentajes de error a otras profesiones, sería como si hubiera todos los días dos aterrizajes imprur dentes en el aeropuerto de Chicago, 16.000 cartas perdidas a la hora, o 32.000 cheques cobrados de una cuenta errónea, también a la hora. La propuesta para reducir este problema, en este caso del partido demócrata, es un Quality Bonus, una ayuda a la calidad, que cofinanciaría un conjunto de programas dirigidos a mejorar las instalaciones, compensar a las organizaciones que inviertan en sistemas de información y recompensando a aquellos que hagan los errores transparentes.
En conclusión, los programas electorales americanos, como la mayoría de los programas electorales son difíciles sino imposibles de cumplir. Pero nos hablan de lo que le importa a la gente y de las ideas y estrategias que antes o después deberán ponerse en práctica para resolver los problemas. También en sanidad. Hay en materia sanitaria ideas sugerentes, propuestas innovadoras que contrastan significativamente con el debate simplón de nuestro país sobre dónde está el dinero. Confiemos en que la gente viaje.
La victoria de George W. Bush en las elecciones norteamericanas del 2 de noviembre por un amplio margen de votos no desmiente la división social que se ha manifestado en Estados Unidos a lo largo de la campaña1. La división de Norteamérica en dos es más que política; es geográfica, religiosa y cultural. En las costas Este y Oeste predominan los demócratas, así como en las grandes ciudades; pero en el interior y en el Sur del país, la mayoría se declara republicana. El partido republicano defiende el concepto tradicional de familia e iglesia cristiana; el partido demócrata, un Estado secular y el matrimonio entre homosexuales. El primero propugna un sistema limitado de impuestos y gastos (excepto los destinados a seguridad), mientras que el segundo prefiere mayor intervención estatal e incremento de la seguridad social (no obstante, la Administración Bush, a pesar de ser republicana, ha apoyado el concepto de big government y aumentó además los gastos públicos muy por encima de lo que lo hiciera Clinton, por ejemplo, en educación). Pero si hablamos de política exterior, en cambio, sostiene Gaspar Atienza, la línea que separa la ideología republicana de la demócrata es más difusa.
Tradicionalmente la economía es el factor que más influye en una campaña electoral por la presidencia, pero en la reciente campaña la política exterior ha adquirido un papel de enorme relevancia. Según las encuestas, estas elecciones han sido determinadas tanto por la economía como por la política exterior. Desde Kennedy o Nixon no participaba la política exterior con tanta intensidad en unas elecciones; para Bush padre, para Clinton, para Gore y Bush Jr. en el año 2000 fue la economía y no las relaciones internacionales, el factor esencial («It’s the economy, stupid»2, se decía por entonces).
Pero los atentados del 11 de septiembre y sus consecuencias —las guerras de Afganistán e Irak, la ruptura de las relaciones transatlánticas, etc.— han puesto las relaciones internacionales en la primera línea del debate político americano. Una política exterior, entonces, que puede determinar un resultado electoral, pero ¿pueden las elecciones definir la política exterior de los siguientes cuatro años de Estados Unidos? La política exterior americana, como argumenta el profesor Vicente Palacio de Oteiza3, no es reflejo directo de la voluntad del presidente americano sino el resultado de la relación de una serie de elementos internos e internacionales.
De hecho, si hubiera ganado Kerry la política exterior de Estados Unidos no variaría en exceso, no implicaría una política más o menos unilateral. Como veremos, las formas adoptadas por la Administración Bush en su primer mandato han guardado ciertas semejanzas con las adoptadas por Clinton; y Kerry, si hubiera ganado las elecciones, podría haber variado las formas gracias a una retórica más agradable a oídos europeos, pero no habría variado de facto respecto a la anterior política de Bush. La historia de Estados Unidos muestra que su política exterior siempre ha oscilado entre el aislacionismo y el compromiso o intervencionismo sin estrategia fija ni compromisos previos.
Y es que la política exterior americana depende en gran medida de la posición y predisposición de los aliados a compartir responsabilidades y cargas en la esfera internacional y sobre todo, de la ejecutividad del derecho y de las resoluciones dictadas por las instituciones internacionales, verdaderos promotores de una política exterior americana multilateral. No es la ideología de los partidos la que indique si la política exterior americana será más o menos unilateral, sino la evolución del nuevo orden mundial tras el 11 de septiembre de 2001 y la capacidad resolutiva de los mecanismos internacionales vigentes.
LA ESTRATEGIA EXTERIOR
Estados Unidos nunca ha tenido una estrategia definida en sus relaciones con otros países. Ha conquistado, defendido, atacado, pacificado, recriminado, sancionado o ayudado a numerosos países en todos los continentes en uso o aplicación de todas las teorías de relaciones internacionales existentes y dependiendo de la voluntad del presidente, de la composición del Congreso y Senado americanos, de la opinión pública, de las alianzas con terceros países, de la situación internacional, de los think tanks, de los lobbies y de una larga lista de elementos o fuerzas sociales que influyen directa o indirectamente en la determinación de la política exterior americana, y que han influido en este país desde su independencia.
De hecho, toda la historia de Estados Unidos está marcada por las relaciones internacionales. La independencia de Gran Bretaña y constitución de un país en contraposición al modelo de Estado europeo de finales del siglo XVIII son acontecimientos de inequívoca naturaleza internacional. Siguieron las alianzas con Francia, la declaración de la doctrina Monroe y el incremento de la influencia norteamericana en el resto del continente americano, para así acabar con el poder europeo al otro lado del Atlántico. Durante el siglo XIX la expansión de Estados Unidos chocó con los intereses de Francia, Gran Bretaña y España, pero también con los de México y de otros países americanos. En definitiva, como dice Walter Russell Mead, en los primeros ciento cuarenta años de independencia —es decir, hasta el período de entreguerras— las relaciones internacionales tuvieron una influencia, prioritaria en la política americana.
Llegado el período de entreguerras, en cambio, Estados Unidos se convirtió en un actor importante para la ruptura del modelo liberal internacional que siguió a la I Guerra Mundial. Si en los años veinte los preceptos propuestos por el presidente Wilson para acabar con la guerra en el mundo —el derecho internacional, la Liga de las Naciones, la seguridad conjunta— fueron rechazados en su mayoría por el propio Congreso .americano, durante los años treinta Franklin Délano Roosevelt y su New Deal negaron toda posibilidad de intervención americana en el continente europeo. Y aunque la historia les contradijo a ambos —Wilson no consiguió la paz y Roosevelt llevó a Estados Unidos a intervenir en la II Guerra Mundial— las ideas propuestas por Wilson para la construcción de un orden internacional son las que los líderes europeos utilizan para criticar la política unilateral o militar de Estados Unidos de nuestros días, y las de Roosevelt, vencedor en la II Guerra Mundial, las que diseñaron la Europa de 1945 en adelante.
Así como las Naciones Unidas y el derecho internacional tuvieron su precursor en Wilson, la doctrina de la guerra preventiva defendida por George W. Bush también tiene su precursor en anteriores presidentes. A finales del siglo XIX y principios del XX, McKinley y Theodore Roosevelt llevaron su influencia a zonas como Cuba, Filipinas y Puerto Rico, por entender que los países entonces colonizadores no podían ejercer un efectivo control sobre sus colonias. Incluso antes, durante la expansión americana del siglo XIX, John Quincy Adams adujo que Estados Unidos debía arrebatar la Florida a España por el peligro que suponía para la seguridad americana la incapacidad española para hacer frente a sus colonias. Wilson, McKinley y Bush Jr., entre otros, buscaron la misma justificación para sus acciones unilaterales o multilaterales: la unión (de la fuerza militar con los principios de democracia y libertad4.
Todo esto muestra que el recorrido de Estados Unidos por la política internacional, como dice Kissinger, representa el triunfo de la fe americana sobre la experiencia, y que en la búsqueda de un mundo mejor, Estados Unidos no h a dudado en oscilar entre el aislacionismo y el compromiso internacional5. De hecho, el mismo Kissinger, como secretario de Estado bajo la presidencia de Nixon, varió su política exterior en función de los intereses en China, Camboya o Chile. Cada acción exterior se definía de acuerdo con las circunstancias, sin ideas preconcebidas, sin limitaciones previas. Así lo demuestra la política de Kissinger, la historia política de Estados Unidos e incluso las diferentes decisiones de la actual Administración republicana. Esta falta de estrategia global es una de las dos características principales de la política exterior americana; la otra es su optimismo.
Los gobiernos americanos que deciden intervenir en el extranjero lo hacen confiados en su capacidad y buena voluntad. La fortaleza de Estados Unidos radica en su optimismo; demócratas y republicanos creen en su sistema, en sus ideales y ahora están convencidos de que la mejor arma para defenderse ante los peligros internacionales es la exportación de sus valores, de su sistema político y económico. Ya en el siglo XIX Abraham Lincoln afirmaba que Estados Unidos representaba «la última mejor esperanza en la tierra, y que por ello no podía esconderse en tiempos de conflicto y dejar que la historia evolucionara por sí sola». Entonces, al igual que ahora, Estados Unidos quería hacer historia y que fuera ésta la que juzgara en el futuro las decisiones del presente6. Wilson creía poder cambiar el mundo y acabar con las guerras, y aunque la historia no le haya dado la razón, sus ideas perduran hasta nuestros días.
Esta filosofía del optimismo lleva a creer en que no existen límites, que no hay problemas irresolubles ni países que no puedan ser reconducidos por el buen camino. Por ello, tras los atentados del 2001 que rompieron la invulnerabilidad americana y supusieron la crisis de su identidad nacional, los dirigentes americanos se presentaron como líderes en la guerra contra el terrorismo —como hombres con capacidad de acción y decisión dispuestos a enfrentarse a toda amenaza exterior—. Desde entonces todo candidato a la presidencia debe mostrar fuerza, convicción y valor para tomar decisiones difíciles, debe convencer como presidente y como comandante en jefe del ejército americano, como líder civil y militar al mismo tiempo. Al otro lado del Atlántico, en cambio, la política exterior se entiende de forma diferente.
Mientras los americanos estiman que ya no queda más remedio que asumir una política exterior activa e intervencionista, los europeos siguen prefiriendo la política paciente, la política de la espera a la evolución natural de los hechos. Por ello los americanos seguirán haciendo historia mientras puedan, quizá apoyándose en las instituciones internacionales en función de la eficacia del régimen legal e institucional en vigor. Los europeos, mientras, seguirán a la espera y actuarán a remolque de la acción previa americana.
CLINTON Y BUSH EN POLÍTICA EXTERIOR
Desde el 11 de septiembre de 2001, el principal objetivo de la política america na es su defensa y seguridad, y el método más efectivo que se ha concebido con ese objetivo ha sido la exportación de la democracia y libertad americanas. Se trata de un objetivo compartido por todos, demócratas y republicanos, y sus consecuencias más inmediatas —la guerra de Afganistán y de Irak— han sido consideradas como relativamente adecuadas a tales efectos. Respecto a Afganistán, la mayoría de los demócratas consideran justa y necesaria la lucha contra el régimen talibán que cobijaba a los terroristas de Al-Qaeda; respecto a Irak, aunque critican los engaños y la desorganización de la posguerra, la mayoría considera que el régimen de Saddam Hussein constituía un problema que debía resolverse de una forma u otra. Así, el debate no ha estado tanto en los objetivos como en las formas y en los medios; y en lugar de enfrentar a demócratas contra republicanos, enfrentó a las diferentes facciones del partido republicano.
Desde octubre de 2002 hasta marzo de 2003 el intenso debate entre el Departamento de Estado, liderado por Powell, y el Departamento de Defensa y el Pentágono, liderados por los neoconservadores —Perle, Wolfowitz y Rumsfeld, entre otros—, silenció las voces de los demócratas que entonces buscaban un líder sólido. Tras meses de negociaciones diplomáticas, incitación del sentimiento antiamericano por algunos aliados europeos con fines electorales y la parálisis del Consejo de Seguridad, los neoconservadores, ya inicialmente reacios a acudir al Consejo, encontraron suficientes deficiencias en el sistema internacional para decidirse a intervenir en Irak sin apoyo internacional. Cabe preguntarse si Clinton o Kerry, en las mismas circunstancias que George W. Bush7, habrían esperado más tiempo —tras la resolución 1441 y el juego diplomático ejercido por franceses y alemanes—, si habrían actuado unilateralmente para acabar con Hussein o si habrían logrado convencer a los europeos para apoyarles en sus pretensiones en Irak.
También es cierto que tras los atentados de 2001 Bush no ha conseguido que los europeos se identifiquen con la causa americana —con su objetivo global de erradicación del terrorismo—. Y es que Europa no se ha identificado con un presidente «vaquero», religioso y poco dado a las finezas europeas como pudiera identificarse con Clinton durante los años noventa o como pudiera haberse identificado con Kerry. Europa siente nostalgia del carácter diplomático de Clinton, de su buena oratoria y elegante apariencia, y por ello continúa recordando sus discursos iniciales, sus llamadas a un multilateralismo agresivo y a una mayor atención de los derechos humanos y los problemas del medio ambiente. Europa, en cambio, ha olvidado que la política exterior de Clinton no fue un fiel reflejo de su discurso multilateral —no quiere recordar que el complejo y lento mecanismo legal e institucional internacional contribuyó a que Clinton actuara en Ruanda, Somalia, Sudán e incluso Irak sin acudir a las Naciones Unidas o a la OTAN—. Y si Europa ha criticado que Bush apruebe nuevas sanciones contra Cuba, ¿no fue en 1996 cuando el Senado americano, en plena presidencia de Clinton, aprobó la Ley Helmsurton perjudicando intereses europeos en Cuba?
Si lo anterior muestra las similitudes entre la política exterior de Clinton y Bush, se puede argumentar que la elección de Kerry como presidente no habría conllevado modificaciones en los objetivos exteriores de Estados Unidos. Pero para un análisis más claro de las diferencias principales, resumimos a continuación la política exterior que republicanos y demócratas deberían llevar a cabo según los argumentos expuestos por el senador de Nebraska, Chuck Hagel, y el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Clinton, Samuel R. Berger8, en la revista Foreign Affairs:
Según Hagel, uno de los principios que debería tener en cuenta la Administración republicana son sus intereses de seguridad a largo plazo, que están en relación con las alianzas, coaliciones e instituciones internacionales. Una política exterior republicana, señala Hagel, debe considerar las alianzas y las instituciones internacionales como extensiones de la influencia americana y no. Como limitaciones a su poder. Ningún país puede, por sí solo —incluido Estados Unidos— enfrentarse con éxito a los problemas del siglo XXI. Estados Unidos debe, por lo tanto, fortalecer las instituciones globales y las alianzas, empezando por las Naciones: Unidas, y por la OTAN.
Para Berger, una Administración demócrata debería reafirmar la capacidad y voluntad de Estados Unidos de hacer uso de su fuerza militar, sólo si fuera, necesario, en defensa de sus intereses vitales. Pero más urgente aún sería revitalizar la imagen de Estados. Unidos en el mundo y convencer a otros países a unirse a las propuestas del Gobierno americano. Para ello la Administración debería mostrar que Estados Unidos procurarán actuar con sus aliados como primera y no como última medida.
Si demócratas y republicanos comparten los principales objetivos, americanos —por encima de todo, la seguridad— y ambos afirman la necesidad de crear alianzas y de fortalecer las instituciones internacionales, la variación en la política exterior de uno u otro dependerá tanto de la capacidad diplomática del presidente como de la capacidad ejecutiva de las resoluciones de la ONU, del derecho internacional, la predisposición de los aliados y la rapidez del sistema, institucional. De ello dependerá que la primera o última medida sea acudir a mecanismos, internacionales; que, como decía Madeleine Albright, se actúe multilateralmente cuando se pueda y unilateralmente cuando se deba, o que se actúe unilateralmente cuando se pueda y multilateralmente cuando se deba9. Al final, durante los años noventa, Clinton intentó buscar apoyos internacionales, pero terminó actuando habitualmente sin ellos.
Pero no sólo fue la política de Clinton regularmente unilateral, sino que si comparamos sus pretensiones iniciales con las dé Bush, vemos que las diferencias entre ambos también son mínimas. Así, mientras los tres objetivos principales expuestos por Bush son la defensa de la paz mediante, la lucha contra terroristas y tiranos, la preservación de la paz mediante la construcción de buenas relaciones entre las potencias mundiales y la extensión de la paz mediante la promoción de sociedades abiertas y líbreselos expuestos por Clinton en diciembre de 1999 comprendían el fortalecimiento de la seguridad de Estados Unidos, el aumento de su prosperidad económica y la promoción de la democracia y los derechos humanos en el extranjero.
El discurso de Bush podía incluso parecer más multilateral que el de Clinton, pero nuevamente era sólo en apariencia. La verdadera diferencia radica en la actitud y predisposición de uno y otro: mientras Clinton asumía la paz (actitud pasiva), Bush manifiesta actuar en pos de la misma (actitud activa). En palabras de John Lewis Gaddis: «La solución de Bush es extender la democracia a todas partes. Su administración difiere de la de su predecesor en dos puntos importantes: que ve el objetivo como asequible en el futuro próximo, pero que no ve el proceso automático —como algo para lo que podemos mirar y esperar—. Estados Unidos debe terminar el trabajo empezado por Wilson»10.
Mirar, esperar y asumir la paz constituía la actitud de Clinton en los años noventa y constituye la actual de Europa. Pero si antes del 11 de septiembre se podía aplicar la tesis del profesor Fukuyama del fin de la historia, desde entonces el presidente americano está obligado a adquirir una posición más activa y a no esperar y mirar la evolución de los acontecimientos. El presidente de un país en guerra no puede caer en la pasividad —los acontecimientos le superarían— sino que tiene que ejercer el mando de las fuerzas armadas con perseverancia, fuerza y sin temor a represalias: tiene que actuar como un líder y hombre de acción. Por ello, en la campaña electoral ambos candidatos han procurado dar una imagen de fuerza, liderazgo y capacidad de decisión, y de ahí el amplio debate sobre la participación de Kerry en la guerra de Vietnam y la importancia de los veteranos en estas elecciones. Y aunque Kerry hubiera prometido «volver a la otra América», dando a entender con ello la América de Clinton, su margen de maniobrabilidad, de haber ganado, habría sido ciertamente limitada.
Kerry podría haber mejorado el diálogo y la diplomacia con Europa pero los Estados Unidos de hoy no son los de 1996: no es un país que pueda esperar. El presidente americano, comandante en jefe de los ejércitos, puede acudir a las instituciones internacionales —y deberá hacerlo si quiere tener éxito en la lucha internacional contra el terrorismo, por el bien americano y del orden mundial—; pero no puede someterse enteramente a un sistema estancado en reglas de la guerra fría que no responde con suficiente rapidez a conflictos internacionales de muy diferentes dimensiones. La política exterior americana, por lo tanto, está limitada por la figura de lo posible: acudirá a la ONU o a la OTAN cuando éstas le permitan ejecutar acciones exteriores y actuará unilateralmente cuando no sea posible repartir responsabilidades y gastos o cuando los aliados interpongan excesivas demandas a los americanos. Las mismas encuestas indican que la ONU está perdiendo adeptos entre la ciudadanía americana —que debido al fracaso del sistema de la ONU para parar o llevar adelante la intervención en Irak, un amplio sector de los americanos aprueban la actuación americana sin acudir a Naciones Unidas—.
EL PAPEL DE EUROPA
He aquí donde encontramos el papel primordial de Europa. Como hemos indicado, la forma de la política exterior americana dependerá de las posibilidades de éxito de los métodos de las instituciones internacionales, de su eficacia. Depende por lo tanto de lo que sea «posible», de la voluntad y capacidad de los aliados para repartir las responsabilidades del sistema internacional y del grado de eficacia de las instituciones internacionales. Europa puede llevar a un presidente americano, demócrata o republicano, hacia las instituciones internacionales sí logra ofrecer una imagen coherente, cohesionada, unida y firme, propia de una unión de países con capacidad decisoria común por encima de la de los entes que la componen, una Europa con carácter ejecutivo e imperativo sobre sus miembros y una creciente capacidad militar.
Europa es un actor global con capacidad suficiente para conducir a los americanos por el camino legal e institucional internacional, y no debe rehuir sus responsabilidades internacionales. El soft power de Europa, según la conocida definición de Joseph Nye —el conjunto de principios humanitarios, de cooperación, democráticos y divulgación de ideas que componen la base de la cultura occidental— es superior al americano, pero en cuanto a hard power —el poder militar y la capacidad de decisión—, la distancia es abismal. Si Europa, en lugar de utilizar su poder e influencia para impedir las acciones americanas, contrarrestar su poder y sus iniciativas, lo utilizara para modernizar, reformar y agilizar las instituciones internacionales y para asumir las tareas internacionales que, como potencia mundial, le corresponden, no sólo colaboraría al establecimiento de un orden internacional más seguro,, sino que al mismo tiempo actuaría como aliado y moderador de los excesos americanos y de su ala más radical. Así Europa convencería a los americanos de acudir a la vía multilateral y compartiría el peso de hacer historia y un orden internacional más seguro.
CONCLUSIONES
Las elecciones americanas del 2 de noviembre no hacen sino confirmar que el electorado americano se encuentra dividido prácticamente al cincuenta por ciento entre demócratas y republicanos. Del segundo mandato de Bush no se esperan cambios en política exterior, pero si en lugar de Bush hubiera ganado Kerry, quizás se podrían haber esperado cambios en política económica, educativa y de seguridad social, pero tampoco en política exterior, ya que ésta no varía en función de la ideología del partido gobernante sino de otros elementos internos e internacionales que influyen en el proceso político. Uno de ellos, principal, es el funcionamiento del sistema legal e institucional internacional.
Históricamente Estados Unidos no ha dudado en adoptar una política multilateral y otra unilateral, y por ello nunca ha existido una estrategia exterior que pueda englobar todas las acciones americanas más allá de sus fronteras. En algunos casos, presidentes republicanos han actuado como se esperaría de un demócrata y viceversa; y en la mayoría de los casos, todos los presidentes han actuado multilateral o unilateralmente en función de la situación en concreto y no del partido en el gobierno. Por ello, si Kerry hubiera resultado vencedor de las elecciones tampoco habría sido lógico esperar grandes cambios en la política exterior americana. Quizás habría mejorado la imagen diplomática de Estados Unidos y las relaciones personales con algunos líderes europeos, pero Kerry, como presidente de Estados Unidos, habría estado forzado a llevar a cabo una política activa y lo habría hecho a través de las instituciones internacionales sólo en la medida en que éstas no impidieran o paralizaran todas sus pretensiones en política exterior. Una importante función de Europa en el orden internacional del siglo XXI es la de procurar que Estados Unidos acuda a las instituciones internacionales y respete las reglas del derecho internacional; pero para ello tiene que contribuir a su reforma, a su mejora y a lograr una mayor eficacia en el seno de instituciones que, como el Consejo de Seguridad, siguen estancadas en mecanismos e ideologías de otra época.
NOTAS
1 Stanley B. Greenberg; «The two Americas«. Thomas Dunne Books, St. Martin’s Press, 2004.
2 Como indica el profesor Vicente Palacio de Oteiza, la frase «It’s the economy, stupid» debería ser sustituida hoy en día por «It’s security, stupid». Vicente Palacio de Otéiza, «¿Quién hace la política exterior de Estados Unidos? Actores y procesos en la Administración de George W. Bush», Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, 2003.
3 Vicente Palacio de Oteiza, ibídem.
4 Hoy en día la ONU es él órgano principal para legitimar o justificar moralmente los actos de agresión entre Estados.
5 Henry Kissinger, cit. en Walter Russell Mead, Special Providence. American Foreign Policy and how it changed the world, Routledge, 2002.
6 John Lewis Gaddis, «Surprise, Security, and the American Experience», Harvard University Press, 2004.
7 En este sentido, cabe decir que Bush procuró seguir el «momentum» adquirido tras el éxito inicial en Afganistán.
8 Revista Foreign Affairs, mayo/junio y julio/agosto de 2004.
9 Pierre Hassner y Justin Vaisse, «Washington et le monde. Dilemmes d’une superpuissance», Ed Autrement, 2003.
l0 John Lewis Gaddis, ibídem, p. 89: «Bush solution is to spread democracy everywhere. His administration differs from its predecessor in two important things: it regards the objective as achievable within the forseeable future, but it does not see the process as automatic —as something we can simply back and wait for. The EEUU must finish the job Wilson started».
Actualmente las comisiones supranacionales de Bioética están teniendo un papel decisivo, no sólo en lo que se refiere a la discusión y debate sobre los distintos retos que continuamente plantea la bioética, sino también en relación a la elaboración de documentos y declaraciones de alcance internacional e incluso mundial. Fruto de estas comisiones ha sido, por ejemplo, la aprobación de La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos o la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, en lo que se refiere al Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. También la Convención Europea de Derechos Humanos y Biomedicina, es, en gran medida, el resultado de los trabajos del Comité Director para la Bioética del Consejo de Europa.
En este breve artículo me propongo responder, fundamentalmente, a las siguientes cuestiones:
¿Es positivo, e incluso necesario, crear comisiones supranacionales para unificar los criterios y principios que deben inspirar la bioética a nivel internacional?
¿Es factible conseguir acuerdos internacionales en este ámbito, o tales comisiones supranacionales están condenadas de antemano a conseguir sólo fórmulas vagas e inútiles en la práctica biomédica diaria?
¿Finalmente, qué requisitos, si es que hay alguno, debe reunir la composición y el modo de trabajo de estas comisiones para que sus resultados sean aceptables?
Es una realidad que en las últimas décadas la bioética ha contribuido decisivamente a revitalizar la importancia de la ética a muchos niveles, ya sea social, profesional, legislativo, etc. Si miramos hacia atrás en el tiempo, podemos comprobar que, con anterioridad a los años setenta del siglo XX, la ética parecía abocada al relativismo y al subjetivismo más radicales. Muchos defendían con convicción que no existen valores ni principios éticos universalizables. El mundo de la ética, en su opinión, es siempre relativo a tradiciones y culturas, o bien depende exclusivamente de las preferencias subjetivas. Para otros, la referencia a la ética remitía al terreno religioso, de modo que sólo los que profesaban algún credo debían sentirse apelados por las cuestiones morales.
Ciertamente, aún quedan claros defensores de estas visiones. Pero, como decía al principio, hay que reconocer a la bioética parte del mérito de haber contribuido a rescatar el debate ético del campo estrictamente relativista o religioso. En la actualidad, una gran mayoría de personas entiende que la importancia y trascendencia de los derechos e intereses que suscitan las nuevas posibilidades técnico-científicas en relación a la vida, sea o no humana, requieren principios y derechos universalizables, apoyados, a su vez, en sólidos principios éticos. No se trata ya de cuestiones relegadas al ámbito de las creencias privadas o religiosas, sino de temas que despiertan el interés nacional, e incluso internacional.
Esta es la razón por la que, en los últimos años, se han creado multitud de foros y comisiones de bioética que pretenden establecer criterios éticos en los que apoyar decisiones de gran relevancia para la vida humana. La trascendencia práctica de estas comisiones es indiscutible. Así, por ejemplo, en España, los resultados de los trabajos del Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica y Tecnológica tuvieron una influencia trascendental en la modificación de la Ley 35/88, de 22 de noviembre, de Técnicas de Reproducción Asistida.
Centrándonos en las comisiones supranacionales, considero que éstas poseen aún más influencia práctica que las nacionales. Ello se debe a que se trata de foros que pretenden elaborar normas o directrices que sirvan de inspiración a las legislaciones de los diversos Estados. Su repercusión es, por ello, decisiva a nivel mundial. Un ejemplo claro lo podemos encontrar en los trabajos del ya mencionado Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, en los que he participado en varias ocasiones. En sus sesiones intervienen no sólo los miembros del comité, treinta y seis representantes de diversos países, sino también delegados de diversos gobiernos y observadores de todo el mundo. Ya he señalado que como fruto del trabajo de dicha comisión se han aprobado, hasta la fecha, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. La primera fue posteriormente sancionada por la XXIX Conferencia de la UNESCO, el 11 de noviembre de 1997, y ratificada, el 9 de diciembre de 1998, por la Asamblea General de Naciones Unidas. La segunda fue aprobada por unanimidad el 16 de octubre de 2003 por la Conferencia General de la UNESCO.
En la actualidad, el mencionado comité internacional está trabajando en la elaboración de una Declaración Universal de Bioética. Como es lógico, el número de cuestiones que se pretende incluir en el texto es muy amplio: desde la protección que merece el embrión humano en el ámbito de las técnicas de reproducción artificial a la problemática relativa a los xenotrasplantes o la protección de la biodiversidad. Actualmente también se está trabajando en una futura Declaración sobre Diagnóstico genético preimplantatorio e intervenciones en la línea germinal humana.
Creo que no hace falta insistir en el hecho de que estos textos, con independencia de su carácter no vinculante jurídicamente, son una referencia mundial para estudiosos y para aquellos profesionales que se enfrentan a cuestiones bioéticas. Por otro lado, estos documentos son también referentes indiscutibles en el ámbito del Derecho Internacional de la Bioética.
Dicho esto, podemos volver a las preguntas que hacía al principio del texto. La primera era: ¿hasta qué punto es positivo, e incluso necesario, crear estas comisiones y otorgarles un poder tan contundente y decisivo en la configuración de los principios que deben inspirar la bioética a nivel internacional?
Lo primero que quiero señalar es que estas comisiones son, en cierta medida, un resultado más del proceso de globalización qué caracteriza a nuestra época. Tal fenómeno, que se advierte en muchos ámbitos, como la política, él comercio o la cultura, alcanza también a la resolución de los difíciles dilemas derivados del desarrollo biomédico. En este sentido, podemos decir que son un fruto, difícilmente evitable, de la realidad actual.
Cuestión distinta es si su contribución a la resolución de los gravísimos problemas que actualmente la bioética está llamada a resolver es positiva, e incluso necesaria. Se trata de una pregunta cuya respuesta es muy compleja y requiere matizaciones.
Para algunos, el problema de los límites del desarrollo biomédico debe resolverse, fundamentalmente, mediante mecanismos de «autocontrol» ético o deontológico. Se trataría de un sistema de autodisciplina que incluiría, en palabras de Martín-Municio, desde una «actitud crítica frente a los trabajos de otros miembros de la comunidad científica hasta la implicación en graves cuestiones sociales, pasando por la debida presentación de los límites de la incertidumbre de sus propios resultados y criterios, la liberalidad en el intercambio de opiniones y la comunicación medida y honesta en el entusiasmo o la denuncia». En esta instancia ocuparían un lugar fundamental los códigos deontológicos. Pero conviene insistir en que se trata de instancias de regulación internas, del propio colectivo profesional.
En mi opinión, esta instancia es imprescindible, ya que fomenta la base de todo comportamiento ético: la conciencia de la importancia del esfuerzo por adquirir la honestidad e integridad profesional. Además potencia la asunción de responsabilidad personal. Ninguna ley, norma o directriz, ya sea nacional o internacional, puede sustituir la intransferible labor de ¡formación de una recta conciencia, la búsqueda de la verdad y del bien en el propio trabajo profesional. Si queremos una sociedad mejor y más humana, es absolutamente imprescindible formar conciencias íntegras y, al mismo tiempo, críticas e independientes.
En relación a este tema, quiero hacer un inciso sobre una cuestión que no siempre se entiende bien: en la búsqueda de soluciones a los graves problemas bioéticos no hay que remitirse al Derecho, entendido como la «panacea» para resolver todos los conflictos que puedan surgir. El Derecho marca pautas, aporta normas y principios, pero éstos son susceptibles de múltiples interpretaciones, que pueden ser incluso contradictorias. Ciertamente, el Derecho ayuda a resolver problemas, aporta seguridad. Pero no podemos olvidar que también puede «equivocarse». Las normas jurídicas pueden ayudar a resolver un problema o, por el contrario, crearlo y multiplicar sus efectos nocivos para los seres humanos. Tal es el caso, en mi opinión, de la regulación española sobre técnicas de reproducción artificial. Por ello, es imprescindible, como acabo de señalar, la existencia de profesionales que, siendo conscientes de que el progreso no es tal si no está al servicio del ser humano individualmente considerado, no se vendan al espejismo del sentimentalismo, los beneficios económicos o del prestigio profesional, conseguido por cualquier medio y a cualquier precio.
Dicho esto, y volviendo al tema de las comisiones supranacionales de bioética, quiero destacar que la labor de las mismas, encaminada fundamentalmente a dar directrices que inspiren la legislación de los diversos Estados, es, en mi opinión, algo positivo y deseable. Parece claro que, en la actualidad, los países no pueden enfrentarse de un modo aislado a los grandes desafíos derivados de la medicina y la genética. De hecho, la mayoría de los especialistas insisten en la necesidad de conseguir una legislación similar en los distintos países, evitando así la creación de lo que podríamos denominar «paraísos genéticos». Realmente no tiene mucho sentido que normas aprobadas en un determinado país puedan ser impunemente negadas con tal sólo cruzar una frontera.
A ello habría que añadir otro factor que, en las últimas décadas, también ha contribuido a mostrar con mayor claridad la necesidad de los foros internacionales. En la actualidad, como nunca antes en la historia, existe una clara conciencia de la necesidad de asegurar el respeto de los derechos humanos a nivel mundial. La convicción de que existen ciertas exigencias derivadas directamente del hecho de pertenecer a la familia humana y que por lo tanto son universales, está profundamente arraigada en nuestra época. Pero conviene tener presente que una verdadera cultura de los derechos humanos debe conllevar, lógicamente, una exigencia de universalidad. Ningún ser humano debe quedar excluido de su reconocimiento. Podríamos decir, en términos coloquiales, que los derechos humanos «o son de todos o no son de nadie».
Estas ideas empujan a considerar que las cuestiones bioéticas, que en gran medida remiten a problemas de derechos humanos, no son, tan sólo, un asunto interno de los diversos países. Además, los mismos Gobiernos deben abstenerse de franquear determinados límites y a ello pueden contribuir los documentos internacionales de bioética.
Hasta ahora me he referido a aspectos positivos. Sin embargo, la unificación internacional de las normas y principios de la bioética también plantea grandes riesgos y dilemas. Por ello, no quiero pecar de optimista, ignorando las profundas carencias, dificultades y limitaciones a las que están sometidas de antemano estas Comisiones. Quizás uno de los peligros más graves sea precisamente el de influir a nivel mundial, en la difusión de una bioética excluyente, en la que queden al margen de su protección precisamente los que más la necesitan: enfermos terminales, ancianos, fetos y embriones, personas con deficiencias, etc. De este modo se conculca gravemente la mencionada exigencia de la universalidad de los derechos humanos.
En esta línea, el gran reto actual es conseguir la universalidad en el reconocimiento de la dignidad inherente a cada miembro de la especie humana. Ello presupone, entre otras cosas, que todo ser humano, y en cualquier circunstancia, debe ser considerado como «otro yo». De este modo, este principio dejaría de convertirse en un enunciado teórico para traducirse en una realidad práctica. Sobre este punto volveré más adelante.
La segunda cuestión que me planteaba al principio es si tales comisiones supranacionales pueden ser capaces de conseguir acuerdos internacionales en este ámbito o, por el contrario, están condenadas de antemano a no alcanzar más que fórmulas vagas e inútiles para la práctica biomédica diaria.
Acabo de hacer mención de las profundas limitaciones a las que están sometidas, desde un principio, estas comisiones. Entre ellas destacaría ahora la influencia en las mismas de una realidad incontestable: la mentalidad cientificista y economicista que impregna profundamente la cultura actual. Tal mentalidad presiona de una manera sutil, pero dramática, para sustituir las razones éticas por las pragmáticas. A nadie se le escapa que una primacía definitiva de la razón técnica o instrumental sobre la razón moral en la toma de decisiones supondría transformar estas comisiones en foros que podríamos considerar como «antiéticos».
La expresión puede parecer dura, pero lo que quiero subrayar es que se daría una profunda perversión de la naturaleza de estas comisiones si sus decisiones, en lugar de estar apoyadas exclusivamente en la búsqueda del respeto a la verdad y a la dignidad de todo ser humano, se contaminaran con razones pragmáticas, economicistas o utilitaristas. Así, por ejemplo, considero que por elevados que ellos sean, «los objetivos de la investigación médica no pueden predeterminar el momento a partir del cual debe protegerse o no la vida humana» (J. Rau, Discurso del «18.06.2001).
Desgraciadamente, no siempre ocurre así. En mi opinión, una muestra de la primacía de este tipo de razones la podemos encontrar en la raíz de la desprotección, por parte de muchas Comisiones, del embrión humano antes de los catorce días o, incluso, antes del nacimiento. Así, por ejemplo, resulta cuanto menos chocante que, por un lado, la Convención Europea de Derechos Humanos y Biomedicina, elaborada en el seno del Comité ad hoc de Bioética (CAHBl) sostenga, en su artículo 2, que «el interés y el bienestar del ser humano deben prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad y de la ciencia». Ello, por pura lógica, significa que ninguna razón de eficiencia económica ni de progreso científico, por muy prometedor que sea, puede justificar la instrumentalización de un solo ser humano. Sin embargo, por otro lado, la comisión y el texto definitivo de la convención no prohíben la experimentación con embriones humanos. El artículo 18, inciso 1, establece, con una tremenda ambigüedad que, «cuando la experimentación con embriones esté admitida por la ley, ésta debe asegurar una protección adecuada del embrión». En verdad, no se entiende bien a qué tipo de «protección» se hace referencia, cuando al mismo tiempo no se prohíbe el uso de embriones como material de experimentación.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en el. Protocolo europeo sobre Clonación. Se trata de un texto adicional a la Convención Europea de Derechos Humanos y Biomedicina. El documento prohíbe, en su artículo 1, «toda intervención que tenga por objeto crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano, vivo o muerto». Sin embargo, en el informe explicativo del protocolo se deja a cada Estado la libertad de interpretar la noción de «ser humano» de un modo acorde con su propia legislación.
Estas cuestiones nos sitúan en el núcleo de la segunda cuestión planteada: la relativa a si las referidas comisiones están condenadas de antemano a no alcanzar más que fórmulas vagas e inútiles en la práctica biomédica.
Como ya he señalado anteriormente, el Derecho posee, por su propia naturaleza, profundas limitaciones. Las verdaderas soluciones provienen de una mentalidad social que entiende el valor de la vida humana y la profunda riqueza de la cultura del respeto universal al otro.
No obstante las evidentes limitaciones de sus resultados, creo que la estrategia de estas comisiones es razonable: se trata de fijar un marco mínimo en el que existe un consenso mayoritario, de tal modo que, al menos determinadas prácticas de extrema gravedad sean evitadas.
Hay que admitir que el trabajo de estas Comisiones es difícil y que, en muchas circunstancias, los acuerdos no son plenamente satisfactorios para los distintos miembros. Las ambigüedades son, en ocasiones, modos de alcanzar relativos acuerdos que, de otro modo, sería imposible conseguir. En cualquier caso, hay que tener presente que en los resultados finales de los trabajos suelen estar presentes unas notas características:
En primer lugar, el minimalismo de las propuestas. Dado que se abordan problemas a los que subyacen concepciones muy distintas de la vida y la sociedad, vinculadas a tradiciones culturales y religiosas diferentes, no suele resultar fácil la adopción de normas comunes. Por ello, los acuerdos comienzan a gestarse a partir de lo que se puede considerar un «mínimo común denominador». En mi opinión, y como ya he señalado, entre este mínimo debe encontrarse el principio de la dignidad humana o, lo que es lo mismo, el valor inconmensurable de cada individuo humano.
¿Qué ocurre cuando, debido a este minimalismo, en un determinado informe o declaración no se prohíbe una práctica concreta que es contraria a la dignidad humana? Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en los debates y posteriores acuerdos de la Comisión Internacional de Bioética de la UNESCO en relación a la clonación humana con fines experimentales. En el texto de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos se sostiene, en su artículo 11, que deben estar prohibidas aquellas prácticas contrarias a la dignidad humana, como la clonación humana con fines reproductivos. Pero no se menciona la clonación humana con otros fines.
En estos casos, es importante entender que del hecho de que una determinada práctica no sea expresamente prohibida no puede deducirse, automáticamente, que está permitida. Significa que ha habido un acuerdo en un determinado aspecto. Pero ello no implica que otras prácticas deban estar permitidas. No se pueden juzgar estos documentos como si se tratara de leyes nacionales en las que se presupone el principio de que «todo lo que no está prohibido, está permitido». Estamos ante lo que podemos denominar textos-marco, en los que se establece un mínimo común denominador. Éste recoge aquellos puntos en los que todos los miembros de la comisión están de acuerdo.
En consecuencia, aunque no se haya llegado a un acuerdo en un punto conflictivo, los Estados y los profesionales deben tener plena libertad para limitar o incluso prohibir una determinada práctica. De hecho, la misma Convención Europea de Bioética prevé, en su artículo 27, este aspecto. Lo contrario conduciría al absurdo de que, precisamente porque no se ha llegado a un acuerdo o, lo que es lo mismo, porque existe una clara discrepancia en un determinado aspecto, una práctica debe considerarse permitida.
Otra nota que suele caracterizar a estos textos es su flexibilidad y no vinculatoriedad. Los textos se adoptan, en muchos casos, en base a acuerdos parciales y no vinculantes. De hecho, la única comisión que en la actualidad trabaja con la perspectiva de que sus acuerdos puedan, una vez seguidos los preceptivos trámites y aprobaciones, tener carácter vinculante es el Comité Director para la Bioética del Consejo de Europa.
Para acabar con este punto, sólo quiero insistir en la idea, ya apuntada, de que a pesar de estas importantes restricciones siempre parece mejor poder fijar algún tipo de límite a los abusos, aun cuando sea mínimo, que no contar con ninguno.
La tercera y última cuestión que enunciaba al principio de mi reflexión es la relativa a los requisitos que deben reunir las comisiones y el modo de entender el trabajo de las mismas para que sus resultados puedan ser considerados aceptables. Ciertamente, en la composición de las comisiones supranacionales de bioética, así como en los textos surgidos de las mismas, deben concurrir ciertas exigencias. Tales requisitos deben ser tan estrictos, o más, que los relativos al Derecho común. La razón es que de estas comisiones surgen textos que van a tener una influencia decisiva a nivel mundial. A ello se añade que en ellos se abordan cuestiones de una gran trascendencia para la dignidad del ser humano, e incluso de las futuras generaciones. Entre estos requisitos se podrían distinguir aspectos formales y exigencias materiales.
En relación a los aspectos formales destacaría, en primer lugar, el requisito de la capacidad de los miembros de las comisiones. Resulta evidente que, desde el surgimiento de la ciencia moderna, se ha producido una fragmentación del saber. Los antiguos «sabios» han sido sustituidos por especialistas o técnicos, cuyos conocimientos se centran en ámbitos muy limitados del saber. Sin embargo, existe una verdad elemental: no se puede comprender en profundidad la realidad sin ser capaz de abordarla desde diversas perspectivas, de integrar lo que aparentemente está disgregado.
Esta capacidad de saber integrar saberes procedentes de diversos campos es, en mi opinión, un requisito especialmente importante para aquellas personas que están llamadas a tomar decisiones sobre problemas relacionados con la vida humana. Es necesario que, además de conocer los aspectos biológicos o médicos del problema, posean una formación humanística, ética y antropológica que les permita acercarse a la realidad de una manera no reductiva o excesivamente cientificista. Sin embargo, este requisito no siempre se cumple. De hecho, en muchas Comisiones se encuentran profesionales, muy prestigiosos en su especialidad, pero profundamente ignorantes de otros aspectos del problema, éticos o antropológicos, por ejemplo. Es una realidad que en las sociedades occidentales se ha producido un gran desfase —podríamos incluso denominarlo «abismo»— entre los avances técnicos y la reflexión ética. Por ello, si lo que se trata es de «humanizar» los avances científicos, se debe potenciar la formación integral.
Otro requisito de tipo formal es la independencia de los miembros de las comisiones. Pero esta independencia debe ser bien entendida. Se trata de la exigencia de que tales miembros no tengan intereses económicos o personales que dependan de los resultados de la comisión. Así, por ejemplo, parece muy lógico que no formen parte de una comisión ética que va a abordar el problema de la crioconservación de embriones humanos personas que tienen intereses en clínicas de fecundación in vitro.
Sin embargo, la independencia no debe entenderse como «neutralidad moral» o «asepsia ética», por la sencilla razón.de que nadie la tiene. Todos poseemos nuestra visión de la vida y de la sociedad, ya sea más o menos acertada. Por ello, resultaría cuando menos chocante, que sólo se admitieran como miembros de las comisiones éticas precisamente a aquellos profesionales conocidos por carecer de cualquier ética o convicción sólida, descartando a los que sí que la tienen.
Para finalizar, esta breve reflexión, voy a referirme a cuestiones de fundamento o materiales. Entre ellas destacaría una exigencia que debe encontrarse en el transfondo de toda comisión de bioética: la clara conciencia de que el fundamento de sus decisiones no se encuentra en el mero acuerdo. La comisión no puede creerse depositaria de un poder ilimitado. No «crea» principios o normas, sino que comprende e interpreta la realidad, en toda su riqueza. A partir de ahí, debe intentar aplicar principios de justicia subsistentes a las nuevas situaciones creadas por los avances biomédicos. Entre estos principios se encuentran los derechos humanos, entendidos como inalienables e independientes de las características físicas, de edad, raza, sexo, condición social o religión. Son derechos directamente derivados de la condición humana de un ser viviente, con independencia de que, de hecho, hayan sido reconocidos en las diversas legislaciones.
Por ello, el acuerdo explica el procedimiento fáctico, el camino a través del cual se concretan ciertas exigencias que se derivan natural y previamente de todo ser humano. En definitiva, los miembros de estas comisiones deben trabajar con la clara conciencia de buscar la verdad y el bien para todos los seres humanos, sin olvidar las exigencias de respeto al resto de los seres vivientes.
En conclusión, en los últimos años algunas comisiones supranacionales han venido realizando un considerable esfuerzo con el fin de encontrar soluciones coordinadas a los nuevos problemas derivados del desarrollo biomédico. Este trabajo es positivo, en la medida en que siempre es mejor poseer normas y principios de referencia que carecer de ellos. No obstante, es importante tener presente que el trabajo de estas comisiones debe realizarse en el marco de unas determinadas coordenadas.
Lo que, en última instancia, cualquier comisión debe dilucidar es la distinción entre lo justo y lo injusto, lo lícito y lo ilícito en relación a una situación concreta. Ello implica la previa indagación dialéctica de lo que corresponde a cada uno, según su propio estatuto ontológico y, en consecuencia, de acuerdo con su dignidad. Por ello, se presupone que existen ciertas verdades sobre el ser humano y el resto de lo creado que deben ser buscadas en común a través del debate y del diálogo. En realidad, se podría afirmar que la existencia de estas ciertas verdades previas es lo que da verdadero sentido al diálogo, entendido como algo más que una búsqueda de un mero consenso fáctico. Entre esas verdades se encontraría la dignidad humana, entendida como el principio ético y jurídico fundamental, y los derechos de ella derivados. La dignidad sólo se puede basar en la idea de que todo ser humano posee un valor inherente y merece un respeto incondicionado. Se presupone su valor inconmensurable que lo eleva (cuerpo y espíritu) por encima de los objetos. El ser humano es valioso por lo que es, nunca por el beneficio científico o social que produce.
Más allá de la imprescindible apelación al beneficio económico, que obviamente les da su principal razón de ser, las empresas de nuestro tiempo se ven cada vez más sujetas a la obligación de conjugar su actividad con las necesidades más acuciantes de las sociedades en las que operan. En ámbitos como el jurídico, la existencia de estas necesidades, si bien no concretadas, quedó sugerida desde hace ya decenios por principios como la sujeción de la libertad de empresa a «las exigencias de la economía general» o la «función social de la propiedad», ambos recogidos en Constituciones como la española, sin ir más lejos.
En lo que al mundo de la empresa se refiere, y sin duda a resultas de lo que a inicios de los noventa comenzó a suceder en Estados Unidos, aquellas necesidades suelen plasmarse en postulados de la siguiente índole: sostenibilidad del desarrollo; honestidad en la gestión general de la empresa (y desde luego en su rama financiera); el respeto a los derechos humanos, especialmente en sus dimensiones más novedosas, cuáles pueden ser las derivadas del uso de las biotecnologías y de las tecnologías de la información y la comunicación, o las que se originan en fenómenos masivos como la inmigración o la participación de la mujer en la vida laboral (con sus evidentes repercusiones familiares). Todos ellos han sido agrupados bajo el marchamo común de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Al respecto, Como señala una de las autoridades españolas sobre la materia, Manuel Escudero, la RSC halla su razón de ser en dos factores característicos de la humanidad de nuestro tiempo: la globalización y las ya mencionadas tecnologías de la información y la comunicación. Son ellas las que habrían hecho posible el surgimiento de una «nueva ciudadanía», a la vez global y autoconsciente, y que justamente es la que está comenzando a demandar de las empresas el respeto a los principios enunciados.
Si se observan con atención, estos principios atañen a algunos de los asuntos sociopolíticos más en la vanguardia de nuestro siglo. En este sentido, la agenda RSC constituye un excelente punto de encuentro para iniciativas sociales procedentes de los distintos ámbitos del espectro político, lo mismo de la izquierda que de la derecha. Piénsese por ejemplo en el interés de la izquierda por políticas de acción positiva en favor de la mujer, o en el interés de la derecha por políticas de promoción y protección de la familia: unas y otras hallan fácil acomodo en la RSC, que de hecho comienza ya a invocarse para justificar su adopción, bien por las propias empresas, bien por gobiernos pioneros.
Al fin y al cabo, la Responsabilidad Social Corporativa se ha erigido ya en un muy serio intento de poner límites a posibles ejercicios omnímodos del poder empresarial o del mercado. Sin perjuicio de la vigencia de cuantas obligaciones jurídicas vinculan a la empresa (muy notablemente por ejemplo el derecho de la competencia), los principios RSC han venido a consagrar el más satisfactorio y completo código ético para las empresas de nuestros días. Un código ciertamente desprovisto de la inexorabilidad propia de la norma jurídica, si bien reforzado por el hecho de que sus principales destinatarios —las empresas— son asimismo las principales protagonistas de su confección. Todo ello sin perjuicio de que los países exijan a través de normas legales alguno de sus aspectos; y con independencia de que en algunos países —entre otros, España— se haya llegado más allá, al proponerse sus gobiernos imponer a corto plazo su obligatoriedad mediante leyes ad hoc.
Una de las primordiales puntas de lanza de la agenda RSC viene representada por el llamado Pacto Mundial (en su acepción inglesa, Global Compact). Presentada en 1999 por su promotor, Kofi Annan, como una «iniciativa internacional para avanzar en la ciudadanía corporativa responsable», y puesta en marcha en el año 2000, el Pacto Mundial pretende persuadir a las empresas de todo el mundo de la posibilidad de beneficiarse del desarrollo económico global a través de la aceptación y puesta en práctica de políticas empresariales socialmente responsables. El pacto ha sido firmado por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se ha logrado articular hace apenas unos meses en los llamados «Nueve principios», relativos a los derechos humanos, las relaciones laborales y el medio ambiente. Siempre según fuentes de la propia ONU, el pacto aglutina hoy en día a unas mil quinientas empresas de alrededor de setenta países, además de a líderes sindicales y de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Convencido de la gravedad del problema, el secretario general de las Naciones Unidas decidió abrir en enero del 2004 un proceso de consultas orientado a añadir, en su caso, un décimo principio a los ya existentes nueve del Pacto Mundial. Se trataba de un principio relativo a la corrupción y su tenor era el siguiente: «Las empresas deberán combatir la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno». Las razones que a tal fin se esgrimía eran fundamentalmente tres. Primera, la corrupción distorsiona la competencia justa entre empresas, al favorecer a la empresa corrupta, sea o no la más apta. Segunda, la corrupción perpetúa la pobreza, pues aleja los beneficios del desarrollo de los sectores sociales desfavorecidos, ya provengan aquéllos del exterior o del interior de un país. Y tercera, se hacía precisa la mención explícita de un problema de tamaña importancia como es la corrupción.
Algunas de las empresas consultadas en calidad de firmantes del pacto expresaron ciertas reservas a la inclusión de este décimo principio, en la opinión de que no son sólo las empresas las que deben actuar contra la corrupción, sino también los gobiernos y los demás agentes sociales. Entre otras, fue principalmente esta opinión la que llevó a la Secretaría General de las Naciones Unidas a suavizar el inicial tenor del décimo principio que, tras la reunión celebrada en Nueva York el 24 de junio de 2004, quedaba oficialmente añadido a los otros nueve del Pacto Mundial, con el enunciado siguiente: «Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno». Afirmar que la corrupción es uno de los grandes problemas del siglo XXI es por supuesto tautológico. Por eso bastará un solo dato para justificarlo: como ha recordado Chuck Hardwick, vicepresidente de la multinacional Pfizer, nada menos que tres billones de dólares se gastan cada año en sobornos a lo largo y ancho del mundo. Una inmensa cantidad de dinero que, bien invertida, podría lógicamente revertir en favor de pueblos o colectividades indiscutiblemente necesitados. Y parece natural que un problema de semejantes dimensiones, por más que sea tan antiguo como la historia y tan ubicuo como el aire, despierte un creciente interés en gobiernos y organizaciones internacionales, pero también en diversos sectores académicos, alarmados ante la posible implicación de cargos o funcionarios públicos en episodios más o menos graves de corrupción.
A fin de cuentas, la ética en la gestión de los asuntos públicos se ha convertido ya en un elemento clave de gobernanza, y más concretamente aún, de legitimidad, para gobiernos y administraciones. Más en particular, respecto de los países en desarrollo, recientes encuentros multilaterales de máximo nivel y más que autorizadas voces de instituciones como el Banco Mundial han denunciado la corrupción como el principal obstáculo para el desarrollo, mientras en consecuencia preconizan la ética en la gestión pública como el factor capital para el progreso político, económico y social.
Y este interés por la vertiente pública de la corrupción, palpablemente generado en Estados Unidos desde mediados de los setenta o en la Europa de los primeros noventa, es el que ahora brota por su vertiente privada de la mano del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Debido a ello, y a lo que más adelante se explica, la inclusión de la corrupción como décimo principio del pacto no puede dejar de saludarse como un paso trascendental, que además goza de pleno sentido, por las razones que a continuación detallaremos.
En primer lugar, porque la corrupción vendría a representar un verdadero problema-gozne entre los ámbitos de la ética pública y de la ética privada. Del mismo modo que la conducta de los cargos y funcionarios públicos es punto esencial de atención para la ética pública, así la conducta de los agentes privados es crucial objeto de atención para la ética empresarial. Una ética que acabamos de ver magníficamente plasmada en los principios de la RSC y, más específicamente, en los ya diez principios del Pacto Mundial.
Además, la redacción final de este décimo principio incorpora una noción profundamente amplia de corrupción. De hecho, y como principal acierto, hemos de llamar la atención sobre la renuncia a definir lo que ha de entenderse por corrupción: en múltiples campos académicos se han llegado a verter océanos de tinta intentando esa definición, sin que ninguna haya logrado una formulación plenamente satisfactoria. Todo lo más, se ha asumido como una convención, sobre todo para su uso en normas jurídicas o en códigos de conducta nacionales o internacionales, la fórmula que la identifica con «el uso en provecho privado de un cargo o función públicos», siendo particularmente notoria la ulterior dificultad de concretar el significado de la expresión «provecho privado» en ese contexto, si bien se suele estimar que en todo caso comprende el lucro (pecuniario o en especie). Esto es por lo demás lo que se entiende vulgarmente por corrupción. El silencio de los redactores del Pacto Mundial es el que precisamente contribuye a considerar que es esta acepción a la vez convencional y vulgar de corrupción a la que el décimo principio se refiere. Y abona también esta interpretación el último inciso del principio, al indicar explícitamente que «la extorsión y el soborno» han de estimarse incluidos, por más que el vocablo «extorsión» presente una ambigüedad excesiva: al postre, el soborno de cargos o funcionarios públicos constituye la actividad corrupta paradigmática.
En tercer lugar, esta iniciativa se ha erigido en una suerte de «complemento en positivo» para la Convención de la OCDE sobre corrupción en transacciones comerciales internacionales, firmada en 1997. Es un complemento, pues incide en la conducta de las empresas: la Convención proscribe el soborno a cargos o funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales. Pero lo es «en positivo», a diferencia de la Convención OCDE, que opera «en negativo», pues mientras que esta última invita a los Estados signatarios a tipificar como delito los comportamientos citados (España lo hizo en el 2000), el nuevo décimo principio del Pacto Mundial no invita a los Estados, sino a las propias empresas, y no lo hace a sancionar, sino a «trabajar contra la corrupción».
Pero no obstante que la Convención OCDE haya supuesto un avance decisivo —en tanto que efectivo— en la lucha internacional contra la corrupción, la actual ausencia de condenas penales en cualquiera de los Estados signatarios en aplicación de la misma sugiere dos ideas. La primera, qué difícil resulta a los Estados dar pasos significativos en la lucha anticorrupción, cuando los intereses económicos de sus empresas (y por ende sus respectivas riquezas nacionales) están en juego. Y la segunda, justamente la conveniencia de incentivar a las empresas a que, con independencia de las sanciones en que de lo contrario podrían incurrir, promuevan éticamente sus intereses.
En cuarto lugar, la inclusión de la corrupción como décimo principio ha venido a conferir una importante y nueva dimensión a la ética. Muy notoriamente a la ética privada, hasta ahora básicamente centrada, bien en aspectos estrictamente personales (en el fondo los ya explorados por la filosofía de la antigua Grecia), bien en asuntos deontológico-profesionales (el juramento hipocrático sería el más claro modelo). Es esta además una dimensión apreciablemente concreta y tangible, sintéticamente articulada y respaldada por la organización internacional por excelencia. Es de esperar que a resultas de ello la ética privada experimente un redescubrimiento, bajo el prisma de la agenda RSC y de los otros nueve principios del Pacto Mundial. Mas esa nueva e importante dimensión surge también así para la ética pública, por fin segura de que sus esfuerzos por garantizar comportamientos dignos de los cargos y funcionarios públicos se ven reforzados por un texto de autoridad universal, que sugiere a los agentes privados la necesidad de hacer frente a la corrupción.
En fin, la mera existencia de este décimo principio podría también al menos comenzar a imbuir en quienes desde las empresas rehúsen «trabajar contra la corrupción», la mala conciencia de seguir haciéndolo; y, en todo caso, la seguridad de que la persistencia en el ejercicio de prácticas corruptas se irá haciendo más difícil día a día, en cualquier lugar.
Glosando una glosa del gran Eugenio d’Ors, lo que no es autobiografía es plagio. Algo hay diferente, llamémoslo específico, en cada uno de nosotros, y ese algo justifica que empleemos palabras como «originalidad» a la hora de definir, y hasta de valorar, el libro que estamos leyendo.
Porque hay una cosa que me gustaría dejar clara desde el principio, y es que siempre estamos leyendo un libro. No sé cómo lo hacemos, ni sé tampoco cómo continuamos haciéndolo, pero el caso es que no hay un solo día en el año, ni un solo día, en que no dediquemos unos minutos o unas horas a la lectura. El vicio de leer suele ser solitario, pero también puede compartirse. Los griegos de la Antigüedad leían en voz alta (me enteré de eso hace muchos años, leyendo la Sintaxis griega del inefable Lasso de la Vega). Lo mismo hacía Federico Nietzsche. Y (en los viejos tiempos, al menos) mi compañero de colegio Luis Antonio de Villena. Durante muchas noches, mi mujer, Alicia Mariño, y yo mismo nos hemos leído, alternativamente, en voz alta las Sonatas de Valle-Inclán, y sólo entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, de los errores garrafales que presenta la estructura de Sonata de estío y del perfecto ensamblaje de Sonata de primavera. Pero no sé por qué sigo divagando sobre la condición de lectores adictos que tenemos algunos y sobre las ventajas de leer en voz alta, porque lo que a mí de verdad me interesa es la frase citada al principio sobre el plagio y la autobiografía, que es donde se origina el párrafo siguiente.
Lo autobiográfico confiere, pues, autenticidad, dentro de lo que cabe, a la literatura. Y digo dentro de lo que cabe, porque nadie cuenta su vida tal y como ocurrió, sino como le conviene que haya ocurrido, surgiendo en todo momento dudas razonables sobre qué es ficción y qué realidad (si es que no son el haz y el envés de una misma cosa). Pese a todo, la autobiografía goza de cierta inmunidad diplomática en las siempre tormentosas cuestiones de la clonación literaria, entre otros motivos porque no parece lógico hablar de la experiencia propia inspirándose exclusivamente en la ajena. Pero no descuiden la guardia: hay escritores capaces de contarnos los avatares de su existencia a partir de la Vida de Torres Villarroel o de las Confesiones de San Agustín y quedarse tan anchos. Lo que voy a contarles en lo sucesivo, a saber, mis primeros pasos como lector y los caminos de mi iniciación bibliográfica, no creo haberlo leído previamente en ningún otro sitio, aunque nada es seguro en un mundo como el nuestro, bien definido por Gabriel Bocángel como «república de viento / que tiene por monarca un accidente».
En el Museo del Juguete de Figueras se exhiben, junto a las piezas de la colección permanente, diferentes fotografías de personas más o menos «famosas» con muchos menos años a cuestas y un juguete en las manos. El director del Museo, Josep Maria Joan i Rosa, me pidió una foto por el estilo, y yo acabé enviándole una de hace más de cincuenta años en que aparecía sentado en las escaleras de entrada de nuestra casa en Pozuelo de Alarcón, muy cerca de Madrid, y sumido en la (presunta) lectura de un Pulgarcito. No, no fue un oso de peluche, ni un coche teledirigido (¿los había entonces?), ni un tren eléctrico, ni un tablero de parchís, el amuleto o fetiche lúdico que me acompañaban en la foto. Lo que envié a Josep Maria fue la imagen de un niño rubicundo y cabezón de dos años de edad leyendo un tebeo.
Mis mejores juguetes, mis mayores juguetes, mis juguetes preferidos fueron, sin duda, los tebeos. Por generación (nací el 29 de diciembre de 1950) me correspondieron aquellas innumerables colecciones apaisadas de Bruguera, de Maga o de Valenciana, que costaban 6 reales en los años cincuenta y habían empezado costando exactamente la mitad, 75 céntimos, a comienzos de los cuarenta. Las grandes series de Valenciana, Purk, el Hombre de Piedra, El Espadachín Enmascarado, El Hijo de la Jungla, Milton el Corsario, Roberto Alcázar y Pedrín y El Guerrero del Antifaz eran mis favoritas. Había una tienda en la madrileña calle de los Hermanos Miralles (antes General Díaz Porlier y hoy General Díaz Porlier), semiesquina a Ayala, donde vendían números atrasados de esas colecciones, de modo que era fácil completarlas, y a mí siempre me ha interesado, sobre todas las cosas, completar las colecciones que comienzo. El dueño de la tienda se llamaba don César, era gallego y había sido condiscípulo de Franco, lo que situaba su nacimiento hacia 1892. Su ayudante tenía cuarenta años menos que él y fue quien, a su muerte, se hizo cargo del negocio, que pasó a ser una papelería normal y corriente, sin tebeos antiguos ni nada que se le pareciese. Hoy ni siquiera es ya papelería.
Pero no sólo eran las colecciones de Editorial Valenciana las que me nublaban el sentido, sino otras series como El Cachorro, El Capitán Trueno y El ]abato (por citar sólo tres entre las de Bruguera), o El Cruzado Negro, Hacha y Espada y Don Z (por citar otras tres de Maga). Todos los sábados (entonces íbamos al colegio los sábados; librábamos los jueves por las tardes, como las criadas), al salir del colegio, me detenía en un quiosco de periódicos que había -y hay- en la calle de Goya, entre Castelló y Núñez de Balboa, y me compraba los tebeos de la semana, que eran como diez o doce, y luego los leía plácidamente tumbado en un sofá del cuarto de estar de mi casa de Jorge Juan, después de merendar como un príncipe.
Esos tebeos, y los alargados de la mexicana Editorial Novaro (entre los que podría citar decenas de títulos, como Hopabng Cassidy, Gene Autry, Red Ryder, Tomahawk, Vidas Ilustres, Vidas Ejemplares, La Zorra y el Cuervo o La Pequeña Lulú), y las ediciones de Dólar de los grandes clásicos del cómic norteamericano (Flash Gordon, El Hombre Enmascarado, El Príncipe Valiente, Mandrake, Brick Bradford), constituyeron el pan bendito de mi educación sentimental. Hasta que en 4² de bachillerato, cuando tenía doce años, me encontré por primera vez en el colegio con una asignatura que dedicaba todo su temario al estudio de la Literatura (sin mezclarla con la Lengua). A fe mía que tal encuentro resultó para mí revelador.
Y no es que a partir de aquella deslumbrante revelación de la literatura dejase de leer tebeos. Ni que no hubiese leído libros antes de aquel manual de Historia de la Literatura. Desde luego que no. Siempre he compaginado la lectura de libros y tebeos sin mayores problemas, y pienso seguir haciéndolo hasta que me muera. Pero darse de bruces, en las páginas de aquel libro de 4² curso, con los autores más importantes de las letras universales, maravillosamente clasificados por épocas, por géneros y por países, supuso un antes y un después en mi carrera de lector. Sabía ya, por los tebeos (que incluían secciones de cultura recreativa) y por los nutridos estantes de la biblioteca familiar, quiénes eran, más o menos, los grandes nombres de las letras universales, pero no conocía a los que venían detrás, en letra más pequeña, y a través de mi libro de texto pude acceder a cientos de nombres que se quedaron a vivir para siempre en las mejores habitaciones del recuerdo, y allí siguen viviendo como en su propia casa, cordiales y sonrientes, hasta la atrofia de mi mente o el final de mis días. Fueron aquellas breves semblanzas biográficas y aquellas sinopsis arguméntales las que instalaron de forma permanente en mi alma el dulce tósigo de la literatura. Si unimos a las múltiples magias del providencial manualillo el descubrimiento por mi parte de los catálogos editoriales (lo que, probablemente, sucedió en la madrileña Feria del Libro, entonces ubicada en el Paseo de Recoletos), mi suerte como lector estaba echada, y mi destino como bibliófilo, asegurado. A los bibliófilos nos vuelven locos los catálogos, sean éstos meros repertorios de libros a la venta en determinadas editoriales, o sean elencos de libros antiguos, siendo estos últimos, empezando por los que la librería anticuaría Ojanguren, de Oviedo, enviaba a mi padre (y yo devoraba), los que más placer me proporcionaban en mi adolescencia y siguen proporcionándome ahora.
Dos librerías, dos, tenía abiertas la Editorial Aguilar cerca de casa de mis padres. Hoy se han convertido en sendas zapaterías, lo que habla del inexorable deterioro de los tiempos (no sé si mi admirado amigo y maestro Luis García Berlanga, confeso fetichista del calzado, estaría de acuerdo en esto). La librería Aguilar que estaba en Goya, entre Núñez de Balboa y Velázquez, era mi favorita. La visitaba siempre que podía, o siempre que lograba ahorrar las 55 pesetas necesarias para comprar un tomo de la preciosa colección «Crisol», que era lo que más ilusión podía hacerme en este mundo. Cuando mi abuela María de la Presentación, pongo por caso, me daba dinero para festejar mi santo o mi cumpleaños, yo me lo gastaba íntegramente en libros editados por Aguilar. Luego le pedía a mi abuela que me dedicase los volúmenes adquiridos para guardar un recuerdo de ella: conservo, por ejemplo, sus dedicatorias, escritas en airosa cursiva de señorita nacida en tiempos de la Restauración alfonsina, en los Libros de caballerías españoles editados por Felicidad Buendía (colección «Obras Eternas») o en Hambre y Pan del premio Nobel noruego Knut Hamsun («Crisol»). Si alguno de mis protectores prefería no darme el dinero, sino molestarse e ir a comprar el libro, yo siempre le decía que se dirigiese a Aguilar.
Había otra librería, más pequeña, llamada Pro Cultura o Procultura (no me acuerdo si se escribía junto o separado), en la calle de Goya, entre Velázquez y Lagasca, donde compraba siempre los libros Amparo Robles, una de las personas que más he querido y querré en esta vida. Amparo había sido la primera novia de Enrique Jardiel Poncela, allá por 1916 o 1917, cuando ambos tenían quince o dieciséis años, y entró a mi casa a trabajar como señorita de niños (más bien de niño, o sea, de mí, porque mi hermana ya era mayorcita) en 1952. La dueña de Procultura era una señora bajita, de nariz grande y cutis mal cuidado, gran amiga de Amparo. A mí me encantaba acompañar a mi señorita a esa librería. Todavía me acuerdo del impacto que en mí produjeron los seis tomos de las Obras de Papini (Aguilar), cuidadosamente alineados en una estantería de Procultura y marcados con un precio absolutamente prohibitivo para mi bolsillo. Ahora esos seis tomos se alinean en una privilegiada estantería de mi biblioteca, junto a las Obras completas de Stendhal, traducidas por Consuelo Berges, y a las de Rómulo Gallegos. Son imágenes que, no se sabe por qué, permanecen indelebles en el astroso desván de la memoria. Y algún significado tendrá esa permanencia, digo yo.
Me he referido antes a la biblioteca familiar, que es donde, en mi caso, empezó todo. En otras personas ese «todo» comienza en la biblioteca municipal, o en la colección de novelas francesas que había en la casa de campo de los abuelos, o en el armario con libros del aula colegial, o en el desvencijado Quijote con que la maestra premió una redacción afortunada, o en cualquier otra parte. Yo tuve la fortuna, y doy gracias a Dios por ello, de no tener que moverme de casa de mis padres para iniciarme en el vicio de la lectura (todos los vicios los adquiere uno en la niñez; luego nos limitamos a regarlos para que crezcan). En el vicio de consumir las novelas de Rafael Sabatini, por ejemplo. Allí estaban, encuadernadas de dos en dos, respetando las deliciosas cubiertas de Editorial Molino, con sus escasas, pero sugestivas, ilustraciones en blanco y negro, con sus títulos, desbordantes de pasión aventurera (El capitán Bbod, Bardelys el magnífico, El antifaz veneciano, El príncipe romántico, En el umbral de la muerte, Scaramouche, creador de reyes…), con sus formidables tramas arguméntales, que me traían y me llevaban desde el Caribe a la Italia de César Borgia, de la Revolución francesa a la Inglaterra de Cromwell, envuelto siempre en el manto protector de la fantasía, que me hacía invisible para poder asistir impunemente, y desde primera fila en el patio de butacas, a hechos heroicos, desafíos, traiciones, emboscadas, situaciones comprometidas y amores absolutos sin que me salpicara una sola gota de sangre, ni una sola gota de odio, ni una sola gota de angustia. Un Sabatini que llegaba desde Inglaterra con ese apellido tan italiano para anular fronteras entre realidad y deseo, para hacerme llegar a la felicidad suprema de ponerme en contacto con unas existencias mucho más dignas de ser vividas y mucho más interesantes que la mía, sin que el maravilloso regalo tuviese otra contrapartida que no fuera coger el libro de su estante y empezar a leerlo. Un Sabatini que, junto a Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, sir Arthur Conan Doyle, Alfred de Vigny y Edmond About, por citar sólo algunos nombres, me descubrió los dos únicos oficios que nunca me han defraudado: parásito de invenciones literarias y vampiro de pasiones ajenas. Dos oficios que glosan y prolongan la noble profesión de lector y robustecen su estructura semántica, de por sí sana y fértil en matices.
Me referiré a los autores que acabo de citar, mencionando al menos una obra de cada uno de ellos que podía encontrarse en la biblioteca familiar y que leí entre los once y los trece años, inmediatamente antes e inmediatamente después de toparme en el colegio con el nunca bien ponderado manual de Historia de la Literatura. En primer lugar, El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde, de Stevenson, en la vieja colección Universal, de Calpe; sería imposible trasladarles aquí y ahora una centésima parte de la emoción y de la sensación de plenitud lectora que experimenté echándome al coleto esa novela. Más tarde, digamos que hacia 1975, me topé con la editio princeps en la madrileña Librería del Prado, entonces regentada por un abuelete que respondía al nombre de don Cayo: era, efectivamente, la edición edimburguesa de 1886 de The Strange Case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde la que se presentó ante mi vista, con su encuademación editorial original y en un estado inmejorable, pero yo no tenía esa tarde -porque era una tarde, lo recuerdo nítidamente- las mil seiscientas ridículas pesetas que don Cayo pedía por el libro; no lo reservé, probablemente por timidez; volví al día siguiente, también por la tarde, ¡y se había vendido por la mañana! A pesar de tan dolorosa contrariedad, o quizá a causa de ella, la novela stevensoniana que aborda el tema del doble se ha quedado a vivir para siempre en las entretelas más profundas de mi espíritu. Y es que todos nosotros, absolutamente todos, nos sentimos aludidos en lo más íntimo por la doble faz de un personaje que es capaz de llevar una existencia rutinaria, burguesa, pacata y victoriana de día, y que se transforma de noche en un titán del mal por el mero hecho de trasegar un vaporoso bebedizo. Las drogas modernas nos han dado a conocer de cerca ese fenómeno. Pero no es necesario tomar pócima alguna para que el monstruo que habita en lo más hondo de nuestro ser tome las riendas de nuestra conducta y nos meta en un lío. Somos dos en uno (como ese aceite milagroso que anuncian en la tele), aunque vayamos por ahí presumiendo de un solo cuerpo y una sola alma, y dándonoslas de gente muy vertebrada en lo psicológico. Somos dos. Ya se sabe: Borges y el otro.
De Kipling, cómo no, debo citar el poema If, o sea, «Si» (la conjunción condicional), que mi padre tenía enmarcado en su despacho y que ha servido de decálogo laico a muchísimos jóvenes de toda Europa a lo largo de varias generaciones. Lo de «Serás hombre, hijo mío» nos parecía -no sé muy bien por qué- un estremecedor vaticinio por cuyo pleno cumplimiento había que luchar hasta el final, ignorantes de que nuestra conversión en «hombres» nos acercaba peligrosamente a la edad en que los sueños se pudren en los vertederos y entra en barrena la imaginación. Con todo, If es un extraordinario poema, y estoy muy satisfecho de haberme dejado seducir por él.
Luego estaba El libro de la selva, en aquella edición de Gustavo Gili con la cubierta en relieve que fuera de mi abuelo Luis, que devoró mi padre y que seguía conservándose estupendamente cuando cayó en mis manos. Y que Alvaro e Inés, mis hijos, recibirán en el mismo impecable estado, porque en mi casa no habremos aprendido cosas prácticas, como ganar dinero, pero estamos puestísimos desde hace varias generaciones en cuestiones de higiene y terapéutica del libro. Nunca he sentido cariño, sino repulsión, hacia un libro zarandeado por usuarios negligentes, aunque éstos tengan nombres ilustres y salgan reseñados en las enciclopedias. Mis padres me dijeron que los libros eran nuestros amigos y que, en consecuencia, había que tratarlos con amor y delicadeza, y que disfrutaría más leyendo libros impolutos, bien cuidados y protegidos amorosamente a lo largo del tiempo por sus lectores, que leyendo volúmenes rotos o desencuadernados, con lamparones de grasa en las páginas y estúpidas o inanes anotaciones en los márgenes. Y yo he seguido al pie de la letra el consejo de mis padres. Pero volvamos a Kipling y demos por concluido el capítulo conservacionista del manual de buenas maneras que estudié en ingreso de Bachillerato y que se titulaba El muchacho bien educado.
El libro de la selva se ha seguido leyendo sin cesar en todo el mundo. Parte de la culpa la tuvo una excelente película de dibujos animados que fabricó la factoría Disney hace, tal vez, cuarenta años. Pero Mowgli y sus amigos de la jungla hubiesen sobrevivido sin Disney al desgaste de los años, porque están trazados con la mano maestra con que están dibujados los sueños literarios más consistentes y las ficciones más lúcidas y entrañables. Alianza Editorial, en su célebre colección «El libro de bolsillo», lanzó la saga en dos pequeños y manejables tomos que aún siguen reeditándose y que han entrado en todos los hogares imaginables. La elección de El libro de la selva sigue siendo una apuesta excelente a la hora de recomendar una obra literaria a los que apenas leen, porque abre el apetito lector como muy pocos libros. Yo he tenido la experiencia de poner en las manos de personas semianalfabetas los dos tomitos de Alianza, y he cosechado el fruto de que, luego, esas mismas personas me agradeciesen efusivamente un regalo que tanta diversión y placer les había suministrado.
De Alfred de Vigny leí, en aquellos años en que mi alma se desperezaba, una novela de aventuras, Cinq-Mars o una conjura en tiempos de Luis XIII, que aún circula a caballo por los loci más amoeni de mi memoria, lo mismo que El rey de las montañas, de Edmond About, una novela de agrestes bandoleros ambientada en la Grecia del siglo XIX. Mi padre, que fue siempre un aficionado impenitente a la novela de aventuras y que cuando había que jurar lo hacía siempre por el bigote y la perilla de D’Artagnan o por los venenosos ojos azules de Milady, me hizo cómplice de su afición y me asoció a su dependencia literaria, cosa que le agradezco muy de veras. Como le agradezco, y aún más si cabe, que me dejara encima de la mesa los dos volúmenes de la colección «Joya», de Aguilar, que contenían las hazañas completas de Sherlock Holmes. Pero el tema merece párrafo aparte.
Retrocedamos en nuestra máquina wellsiana del tiempo hasta el verano de 1962. Veraneábamos entonces, por absurdo que pueda parecer hoy, en el barrio de la estación de Pozuelo de Alarcón, en un hotel desvencijado de dos pisos (en aquella época llamábamos «hoteles» a lo que hoy llaman «chalés»), con aspecto de Casa Usher venida a menos. Allí me hicieron la foto con el Pulgarcito en las manos a que he hecho alusión más arriba. Allí, y más concretamente en el hall de ese hotel, que era donde se estaba más fresco de toda la casa, y a la hora de la siesta obligatoria, fue donde me metí en vena a Sherlock Holmes, de la misma manera que el detective inglés se inyectaba en la sangre todo tipo de drogas cuando no tenía trabajo. Les puedo asegurar que la droga llamada Sherlock Holmes crea adicción. Pero una adicción que en ningún caso genera ansiedad ni sufrimiento, sino diversión y placer. Tardé todo el verano en dar cumplida cuenta de los dos tomos de Aguilar (que, por cierto, se guardan ahora en mi biblioteca, en impecable estado de conservación). A partir de ese momento me convertí en un fanático de Conan Doyle, devorando (en la misma edición de Obras completas de «Joya» en que habían visto la luz los volúmenes holmesianos) sus novelas históricas, el ciclo del profesor Challenger y, desde luego, sus prodigiosos cuentos, más tarde reimpresos en varias entregas de la deliciosa colección «Nostromo», que lideraba Mauricio d’Ors. Pero la herida estética más profunda me la produjo el detective de Baker Street. Tanto las novelas largas (Estudio en escarlata, El signo de los cuatro, El sabueso de los Baskerville, El valle del terror) como los relatos breves tejen en torno al personaje una tela biográfica apasionante donde hay un contrapunto, John Watson, con el que era muy cómodo identificarse desde la butaca del hall de Pozuelo y que confirma y refuerza de manera admirable la textura moral y psicológica de Holmes. Mucho se ha escrito sobre figuras literarias tan atractivas al margen del corpus narrativo inventado por Doyle. Hubo toda una serie, rotulada «Los Archivos de Sherlock Holmes», de Ediciones Valdemar, dedicada a publicar pastiches holmesianos, y ocupó nada más y nada menos que catorce gruesos volúmenes, lo que representa, sin embargo, una mínima parte de lo que existe. Pocos personajes de ficción han obtenido un grado de reconocimiento y adhesión por parte del público tan elevado como Sherlock Holmes. Mi amigo Santiago Rodríguez Santerbás, a guisa de ejemplo, publicó en su hermoso y olvidado libro Tres pastiches Victorianos una aventura apócrifa de Holmes, donde jugaba un importante papel el violinista Sarasate, fundiendo así, como es habitual en un subgénero como el pastiche, la ficción más enloquecida con la realidad más estricta. No se pierdan el libro de S. R. S.: lo publicó Hiperión hará veinte años.
He llegado al final de la arbitraria lista de escritores que me autoimpuse a la hora de hablar de mis más remotas lecturas. Pero esa lista no es completa, ni mucho menos. Podría haberles hablado de otras obras y otras autores sin salirme por ello de la veracidad autobiográfica. Será en otra ocasión. Pero a lo que no puedo dejar de referirme, aquí y ahora, es a dos lecturas que no figuran en esa lista y que son, sin lugar a dudas, las más importantes y decisivas que realicé en los años de mi primera adolescencia. Se trata de los de Benito Pérez Galdós y de las Obras completas de William Shakespeare, que leí, «por no hacer mudanza en mi costumbre» (si me permiten el préstamo garcilasiano con un cambio en el posesivo), en los viejos y nobles tomos de la Editorial Aguilar.
Me da la impresión de que las primeras series de los Episodios nacionales galdosianos fueron lectura familiar (que no escolar) obligatoria durante muchos, muchos años. Pongamos entre 1910 y 1965, más o menos. Cuando digo «lectura familiar» quiero decir que la familia prescribía a los niños, como rito de iniciación a la adolescencia, la lectura de los Episodios. No de todas las series, porque el republicanismo y la libertad de costumbres asomaban con excesiva crudeza en las últimas. Pero sí, al menos, de las dos primeras, protagonizadas respectivamente por los inefables Gabriel Araceli y Salvador Monsalud. Y si me apuran ustedes, sólo de la primera, que es la que recomienda el reverendo padre Ladrón de Guevara en su indescriptible volumen Novelistas malos y buenos, condenando tajantemente el resto de la obra.
A mí me recetaron mis padres los Episodios nacionales en tres tomos de cortes pintados de la mencionada colección «Obras eternas». Y resulté un enfermo aplicado, porque me pulí tan preciada medicina de cabo a rabo, desde la batalla de Trafalgar a la primera República, sin dejar una sola miga en el plato. A lo ancho y largo de cinco series que Galdós fue escribiendo durante treinta años, la historia de España del siglo XIX se traslada al lector adaptada a los signos distintivos de la novela, de una novela realista en la que don Benito no deja cabo suelto en su análisis de la progresiva decadencia y del creciente ensimismamiento del sufrido solar ibérico.
Debo reconocer que leí con mucho más placer las dos primeras series que las siguientes, y especialmente la primera, que es sin lugar a dudas mi favorita, de forma que coincido con el reverendo padre Ladrón de Guevara, tan pintoresco en sus apriorísticos juicios morales como excelente catador de prosas ajenas. Cuando escribe los episodios de la primera serie, Galdós es joven todavía, y le fascina la posibilidad de tejer una laboriosa tela novelesca, folletinesca incluso, que tenga como fondo los sucesos históricos de un período tan importante de nuestra historia como es el que media entre 1805 y 1814. Prueben ustedes a sumergirse en la maraña de acontecimientos reales e inventados que don Benito mezcla, de manera sumamente efectiva, en esta primera serie, y advertirán hasta qué punto ha alcanzado lo que se proponía. Decir que sus personajes están vivos no refleja los niveles de respiración, y hasta de transpiración, con que se pasean por la saga. Se diría que están siendo filmados por una cámara y no descritos por una pluma: tal es la inmediatez, la frescura, la solidez, la realidad tangible, la verdad que desprenden sus ectoplasmas literarios.
Inés, la novia del protagonista, fue entonces, a mis doce años, mi ideal femenino. Lo sigue siendo hoy. Mi hija Inés no se llama así por la santa homónima, ni por doña Inés de Ulloa (la del Tenorio), ni por aquella reina postuma de Portugal que inmortalizaron, entre otros, Luis Vélez de Guevara y Henry de Montherlant con el nombre de Inés de Castro. Se llama Inés por Inés de Santorcaz, la hija de Luis de Santorcaz y de la bellísima Amaranta, la portentosa criatura que se inventó Galdós para justificar el paso por el mundo de Gabriel de Araceli, el héroe de la primera serie de sus Episodios nacionales. Varias generaciones de adolescentes españoles aprendimos en esa Inés lo que significa «Ewigweiblich», una de las palabras con las que el viejo Goethe, pensando siempre en Gretchen, cierra su Faust. Y no es que los Episodios carezcan de virtudes: son trepidantes, comunican vida, dan pleno cumplimiento al viejo adagio de instruir deleitando. Pero sin Inés valen poco. Imagínense cómo descendería el precio del mundo si no hubiese albergado en su interior, en algún momento de su larga y fatigosa historia, a un tipo tan genial como Shakespeare. Pues algo así.
Leer a Shakespeare ha sido lo más importante que me ha pasado en los últimos cuarenta años. Y estoy seguro de que será, también, lo más importante que va a pasarme en el futuro. Porque en Shakespeare confluyen el pasado, el presente y el porvenir como tres grandes olas que se amansan en su teatro, mientras nos susurran esta canción: «Cuanto es el hombre, cuanto ha sido y cuanto será se contiene en este puñado de piezas teatrales. Quien quiera conocer las miserias y las grandezas del ser humano de hoy, de ayer y de mañana ya sabe adonde debe acudir». A un lugar donde nunca quedará defraudado. De eso sabía un rato mi admiradísimo Víctor Hugo, quien, en su William Shakespeare, formidable monografía sobre el Cisne del Avon que leí por aquel entonces en la inevitable colección «Crisol», abordó la dramaturgia shakespeareana con un impulso homérico, con esa inigualable fuerza épica que transmite la obra del autor de Los miserables. «Quand on est jeune, on a les matins triomphants» puede leerse en el capítulo «Booz endormi», de La légende des siècles; cualquiera puede dar fe de ello: Bradomín, por ejemplo, que en Sonata de estío reconoce que prefiere hacer el amor por la mañana, al despertarse, porque «tiene las mañanas triunfantes» como el poeta francés; o yo mismo, que al aprobar la reválida de 4º con una buena calificación, les pedí a mis padres como regalo las Obras completas de Shakespeare, muy bien traducidas por don Luis Astrana Marín en un único y grueso volumen de la colección «Obras eternas», de Aguilar, y las leí de cabo a rabo a lo largo de todo el curso siguiente, durante las triunfantes mañanas de los domingos y, por lo general, en la cama. Desde las 6 hasta las 11AM, para que se hagan una idea.
Leer a Shakespeare en la cama es como hacer el amor, también en la cama, con la vida, que es una morena espectacular de ojos verdes que se parece a Hedy Lamarr. Y leerlo en la adolescencia, cuando uno está en esa etapa en la que sin remedio va convirtiéndose en uno mismo, resulta una experiencia incomunicable. La verdad es que casi todo acaba resultando incomunicable, si es que no lo fue desde siempre, pero esto todavía más, se lo aseguro. Además, ya saben ustedes a qué me refiero: todos los letraheridos hemos sentido la misma sensación en algún momento de nuestra vida, unos con William Shakespeare, otros con cualquier otro autor. Y es la sensación de que aquella lectura inaugural, sin dejar de serlo, era también la última, la de clausura. La obra dramática del viejo Will (y no sólo la dramática: ahí están los prodigiosos Sonetos, La violación de Lucrecia o El fénix y la tórtola) agota el repertorio humano y explora el territorio de nuestra especie con minuciosidad ucrónica.
Después del autor de Macbeth vendrían el Marqués de Sade, Darwin y Freud, entre otros muchos, a descubrir mediterráneos que, en su momento, resultaron muy novedosos. Pero -y fíjense cómo exagero- la teoría de la evolución, la de la relatividad, el psicoanálisis, la bomba de hidrógeno, la cartografía genética y todas esas zarandajas que surgen del barullo de la modernidad tratando de poner orden donde no lo había o de certificar el desorden, todo eso está en Shakespeare. No hay sentimiento, sensación, pasión, descubrimiento, hallazgo, frenesí, que no pueda encontrarse en el teatro de Shakespeare, en la fantástica e hiperrealista galería por donde circulan sus personajes, hechos del viento y de la arcilla con que Dios creó al primer hombre, arquetipos de todas nuestras culpas y de todos nuestros aciertos, mensajeros que llegan a explicarnos nuestras propias vidas con el ejemplo de las suyas, rebosantes al mismo tiempo de verdad y de ambigüedad. Una galería poblada por fantasmas reales de muy diverso género que, cuando pasan a nuestro lado, nos arrojan a la mente la semilla de nihilismo que llevan en la mano, una semilla que germina paradójicamente en nuestro interior, repoblando los bosques y las selvas del nuestra alma, que son los bosques y las selvas del universo, porque lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande son tan sólo metáforas de una misma espesura intelectual.
Así que cuando Macbeth nos dice aquello de que «la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y de furia y que nada significa», no se refiere sólo a su vida -la de un tirano regicida cuya esposa ha perdido la razón y cuya estrella política está a punto de declinar-, sino a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros, y también a la vida del ancho mundo, tejida con los hilos del padre Caos. No sé si acierto, pero me parece que en esa frase de Macbeth y en aquella otra, tan célebre, de La tempestad en la que Próspero dice que estamos hechos de idéntica materia que los sueños, está resumido todo el programa anímico y vital del gran Will. Algunos lo hemos hecho propio, siguiendo las venerables huellas del maestro.
Que las obras dramáticas de Shakespeare hablan de cosas que pueden y que deben ser escuchadas por los jóvenes. Lo atestigua, por ejemplo, la existencia de los famosos Cuentos basados en el teatro de Shakespeare, de Charles y Mary Lamb, uno los clásicos más leídos de la literatura juvenil inglesa del siglo XIX. Lo atestiguan también dos tomitos de la benemérita colección Araluce, respectivamente titulados Historias de Shakespeare y Más historias de Shakespeare, en los que quien firma estas líneas encontró el motivo para solicitar de sus padres la adquisición de las Obras completas del Cisne del Avon. Lo atestigua la infinidad de adaptaciones para niños de las obras dramáticas shakespeareanas, incluyendo algunas translaciones al mundo del cómic que tienen verdadero interés, o alguna feliz incursión en el apasionante universo del dibujo animado. Shakespeare, como esos puzzles de un montón de piezas en cuya caja consta la recomendación «de 9 a 99 años», no tiene contraindicaciones en lo que atañe a la edad de sus lectores. Sus argumentos son los de siempre: Quiero decir con ello que Shakespeare no inventa plots, sino que se limita a elegir esos plots del amplio muestrario textual que tiene a su alcance (las Vidas paralelas de Plutarco en la versión de North, las Historias de Holinshed, William Painter, acaso nuestro Antonio de Eslava…) y luego los reelabora a placer, marcándolos a sangre y genio con la inconfundible marca de la casa, una marca que sus geniales contemporáneos -los Jonson, Marlowe, Kyd, Webster, etc.- quisieron imitar sin éxito, quedándose en Avellanedas de ese fantástico Quijote que es el corpus dramático shakespeareano.
Ha habido películas maravillosas inspiradas en el teatro de Shakespeare. Ese es otro de los méritos innegables del viejo Will. Se diría que al componer sus dramas ya era consciente de que, siglos más tarde, iba a existir una cosa llamada «guión cinematográfico» que él había practicado ante litteram con la precisión de un experto. Recuerdo un admirable filme de Trevor Nunn sobre Noche de Epifanía que dejó turulata a mi hija hace tiempo, cuando tenía nueve o diez años; la sorprendí la misma noche en que habíamos visto esa película con las Obras completas de Shakespeare, abiertas por Twelfth Night, en las manos: me dijo que sólo leía lo que decía Viola, la protagonista, que era quien le caía mejor, y que lo demás se lo saltaba; creo que aún no ha leído completa esa comedia, pero siempre se acordará de ella gracias a Trevor Nunn.
En cuanto a mí, no había visto ninguna película basada en Shakespeare cuando leí por primera vez el teatro de Shakespeare. Iba rodando en mi imaginación mis propias películas mientras iba leyendo cada pieza. Salvo las ilustraciones que acompañaban a la edición de «Obras eternas», yo no tenía cultura iconográfica shakespeareana. No había visto todavía las recreaciones de Füssli de El sueño de una noche de verano, ni la Ofelia de Millais que está en la Tate, ni tantas otras joyas de la pintura universal inspiradas por Shakespeare. Fui pintando mentalmente a los personajes del maestro con la ingenua fascinación de la primera adolescencia, y aún siguen ahí, agazapados en un rincón de mi imaginario, recordándome el irrepetible momento en que surgieron del caballete de mi fantasía, cuando la alegre brisa de la literatura comenzó a soplar en mi alcoba.
Les he contado algunos hitos de mi prehistoria como lector. Si pasado mañana tuviese que escribir un trabajo que llevara por título «La forja de un lector», repetiría algunas de las cosas que he dicho aquí, pero recordaría muchas otras, completamente diferentes, y serían distintos los nombres propios que sacaría a colación. La vida es breve, pero el arte es largo y recurre a menudo, gracias a Dios, a la magia sutil de la sorpresa.