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Ver productosEn cosa de diez días, y al hojear distintos periódicos, tres notas me saltan a los ojos. Era justamente un momento en el que andaba dubitativo buscando un tema que satisficiera los deseos de los compañeros que amablemente me solicitaban esta colaboración: Que sea algo asequible a todos; que a los matemáticos, cuando escribís de vuestras cosas, no hay quien os entienda. Pues difícilmente, pensé, encontraré algo más común que glosar o apostillar lo que leemos en la prensa; y hasta me parece demasiado ligero para una revista cultural. Estas eran las notas entresacadas:
(A) Estoy ante unos libros muy bellos… Formato rectangular, de clásica proporción áurea (ancho, dos tercios de alto). [15 octubre 1993].
(B) El sector turístico sigue mostrándose extraordinariamente receloso: tan sólo un 9 por 100 de consultados entiende que va a mejor, un 35 por 100 entiende que anda igual y el 87 por 100 que se ve peor… [25 octubre].
(C) El Gobierno ha aprobado, a solicitud del Consejo Superior de Deportes, una rebaja del 400 por ciento en el Impuesto de Actividades Económicas para federaciones y para clubes no profesionales. Esto supone que si antes se pagaban 100.000 pesetas de impuestos, ahora sólo habrá que pagar 5.000. [20 octubre].
Comentar esto acabaría por dar la razón a Amando de Miguel, que decía no tener mucho respeto a los números, mentirosos como son. Muy en especial cuando los números se enjaretan en tos trabajos periodísticos, suceso cada vez más frecuente.
Empezaremos por la noticia (A), sin duda la menos reprobable. El rectángulo de que se habla en ella es sólo aproximadamente áureo. Para que lo fuera, el cociente entre la altura y la anchura, que aquí es 1,5, debería haber sido un raro número, 1,61803…, o, si prefieren su valor exacto, (l+V3)/2. Parece aceptarse universalmente y se han llegado a hacer estadísticas de opinión, que el tal rectángulo áureo es el de más bellas proporciones: el rectángulo más perfecto, para un Luca Pacioli a caballo entre los siglos XV y XVI cuyo nombre y su obra sobre La Divina Proporción no pueden eludirse al hablar de estas cosas. Y, en efecto, pintores y arquitectos, desde los griegos o Leonardo a Mondrian y Le Corbusier, han sacado partido de las propiedades del rectángulo de oro; por ejemplo, de que al dividir este rectángulo en dos trozos, un cuadrado y otro rectángulo, también este último es un rectángulo áureo. Así encontramos sus proporciones en los templos dóricos singularmente en el Partenón y en su distribución en partes, o en capiteles corintios y compuestos,… Pero ¿por qué?, ¿de dónde sale ese número?
Ya Euclides habla de la media y extrema razón, y la define. Dividir un segmento en media y extrema razón, lo que en el Renacimiento se vino a conocer por división o sección áurea de un segmento, es hacer de él dos partes, una de las cuales sea media proporcional entre la otra y el segmento total. Es decir, partir un segmento AB por un punto C de tal modo que, si AC es la parte más larga, la razón entre AB y AC es igual a la de AC respecto de la parte más corta CB. Esa proporción, ABAC=ACCB, es la divina proporción, y el valor común de las dos razones es precisamente la razón áurea: el rectángulo de lados AC y CB sería, pues, un rectángulo áureo. Una sencilla operación de la que libro al lector (leí hace poco que cada ecuación que aparezca en un trabajo de divulgación científica reduce a la mitad el número de posibles lectores) afirma que la razón áurea, la razón ABAC, es justamente aquel número (l+V5)/2 de que hemos hablado.
Número que también se ha dicho establece un aceptado canon de belleza no sólo en los rectángulos sino en otras figuras: la estrella regular de cinco puntas de los pitagóricos, adoptada por el llamado «pentáculo» de los templarios (ya sabemos que los pitagóricos formaban una secta que atribuía a números y figuras significados místicos), tiene la propiedad de que cada dos lados de la estrella se cortan entre sí en media y extrema razón. Y, para los artistas del Renacimiento, en la representación perfecta del cuerpo humano el ombligo debe dividirlo igualmente en media y extrema razón, con la distancia del ombligo a los pies como parte mayor. También Le Corbusier establece toda una serie de medidas entre distintos puntos del cuerpo que forman una progresión geométrica cuya razón es cabalmente la razón áurea. Este tipo de progresiones geométricas, que utiliza igualmente para conseguir armonía en sus construcciones, tienen una propiedad característica: la de ser asimismo sucesiones de Fibonacci. Y con esto entramos en otro argumento.
Las sucesiones de Fibonacci: Son sucesiones de números, cada uno de los cuales es la suma de los dos inmediatamente precedentes. La más sencilla, la arquetípica, es: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; … Pues bien, si tomamos ahora la sucesión formada por los cocientes de cada término al anterior, 11; 21; 32; 53; 85; 138; …, esta sucesión tiene como límite la razón áurea, 1,618… Véase aquí cómo aquella relación 32 de las dimensiones del libro aludido en la noticia (A) es una aproximación todavía pequeña de la razón áurea, y podríamos mejorarla a medida que fuéramos alejándonos, recorriendo los términos de esta última sucesión. (También sobre esto puedo aportar un nuevo recorte periodístico. Se refiere a la obra artística de un autor que une siempre estos elementos naturales y de poca valoración estética con otros característicos de la actualidad, como puedan ser la luz de neón, los periódicos y el sistema numérico de Fibonacci (sic), un sistema que se emplea mucho en bolsa y en finanzas (este sistema consiste en sumar a un número el siguiente, siempre doblando: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc.) Como se ve, el crítico de arte había oído campanas pero… Esta es una progresión geométrica pero no es de Fibonacci porque su razón es 2 y no la razón áurea.) Apuntemos de paso que modelos de la sucesión de Fibonacci aparecen no sólo en bolsa sino en muy otros aspectos de la naturaleza o del arte, como en las espirales de los girasoles, en la población de sucesivas generaciones de conejos, en la concha del nautilus, etc.; y, por citar una obra artística, una más, en la composición de Halffter que se titula así, Fibonacciana, y a la que no llego a sacarle gusto, seguramente por mi falta de preparación para saborear ese tipo de música.
Adecentaré finalmente el tema con dos trozos literarios. El primero, extraído del Bomarzo, de Mújica Laínez, podría ser ilustrado por el conocido retrato de Pacioli, debido a laco Bar, al que en el texto se alude:
«… Luca Pacioli, el monje ebrio de belleza, cuando realizó su trabajo sobre la proporción divina, y Leonardo da Vinci, su ilustrador, hubieran podido utilizarlo para explicar sus leyes armónicas… Se presentía, alrededor, regida por las inflexiones matemáticas de la Sección de Oro, la telaraña pujante de geométricas figuras que sostiene la armazón de los cuadros del Renacimiento… El poliedro de cristal que del techo pendía… era la exacta reproducción de un diseño de Leonardo da Vinci, uno de los que figuran en el tratado de la Divina Proportione de Luca Pacioli y que se ven también en el retrato del matemático por un discípulo de Piero della Francesco. La charla… rodó entonces hacia las virtudes de la Sección Áurea, que interviene en la construcción del pentágono regular pues es la división de un segmento en media y extrema razón, cuyas propiedades -e Hipólito citó al propio Fra Luca Pacioli- corresponden en semejanza a Dios mismo».
Es el segundo un soneto de Rafael Alberti, A la Divina Proporción, del proemio de una edición, hecha en 1946, de la obra de Pacioli. Un querido compañero, Rafael Rodríguez Vidal, no ha mucho desaparecido (y que, por cierto, me enviaba poco antes una fotografía otro ejemplo de la columnata de un moderno santuario diseñada según la disposición de los términos de Fibonacci), hace una magnífica glosa matemática del soneto en uno de sus amenos libritos, Cuentos y cuentas de los matemáticos (Reverté, Barcelona, 1986), que por sí sola supera cualquier pretensión que pudiera tener este artículo. Me limitaré a transcribir algunos de los versos de Alberti:
«A tí, maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura … A tí, cárcel feliz de la retina, áurea sección, celeste cuadratura, … que el universo armónico origina. … flor de las cinco formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro. Luces por alas un compás ardiente. Tu canto es una esfera transparente. A tí, divina proporción de oro».
Mucha gente, y seguro que todo lector que sufridamente me haya seguido hasta aquí, sabe lo que es una proporción, como igualdad de dos razones o cocientes, a/b=c/d, que, ya desde chicos, solíamos leer: «a es a b como c es a d». Y que era equivalente, decíamos, a que el producto de a por d, los extremos, era igual al de b por c, los medios. Que una de las proporciones sea divina no quita que no existan, aunque más terrenales, todas las que queramos. La teoría de la proporcionalidad, además de estar en la base del álgebra lineal, es el origen de muchos problemas elementales, como los de regla de fres, aritmética comercial, porcentajes, etc., que pertenecen a la cultura general más simple.
¿Cómo se explica, entonces, una información como la (B)? Si un 8 por 100 dice una cosa, un 35 otra distinta y un 87 otra, resulta que de cada 100 personas han respondido 130. Ya sé que puedo pasar por picajoso y que acaso no haya aquí otro misterio que el de una mera errata de imprenta: que sea de 57 y no de 87 el porcentaje de los que han contestado que aquello va a peor. Pero es que son demasiados errores de este tipo los que a diario vemos en la prensa, y en alguna ocasión he señalado una buena colección de ellos. Hoy, más por diversión que por censura, traigo unas calificaciones que Pilar Urbano adjudica a Encarna Sánchez: Cuarto y mitad de Margaret Thatcher. Cuarto y mitad de Teresa de Calcuta. «Cuarto y mitad de Golda Meir. Cuarto y mitad de Violeta Parra. Cuarto y mitad de Indira Ghandi». Yo no sé a ustedes qué cuentas les saldrán pero me parece que a mí me sobran tres cuartos de Encarna y mitad de cuarto.
Lo que, desde luego, ya no hay quien lo entienda es lo afirmado en la nota (C). ¡Señor!: si se van a pagar 5.000 pesetas de impuestos en vez de 100.000, será que la rebaja ha sido del 95 por 100; por el contrario, si nos hubieran rebajado, como se dice, el 400 por 100, tendríamos, no que pagar 5.000, sino que cobrar 300.000. Insisto en que este tipo de falsos cálculos aparece más de lo que sería deseable para exhibir una mínima instrucción. «Mi tesis es que en la prensa cotidiana -y también en la hebdomadaria- abundan las cifras, los porcentajes especialmente, sin explicación, sin sentido… Casi todos los comentaristas de prensa nos ayudan a leer entre líneas, a entender las palabras. Son muy pocos los que nos ayudan a comprender la significación de los números». Es, de nuevo, una cita de Amando de Miguel en un artículo titulado, por cierto, Porcentajes turbadores.
Lo malo es que este calificativo no es sólo atribuible a los porcentajes sino a casi todas las informaciones que se nos suministran a través de los números. Antes hemos hablado de progresiones geométricas que supongo conocidas de todos puesto que aparecen frecuentemente, incluso en las conversaciones. Una progresión geométrica es una sucesión de números, cada uno de los cuales se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo, que es su razón. La que veíamos: 1; 2; 4; 8; 16;… es de razón 2; y, por ejemplo, la 3; 15; 75; 375;… es de razón 5. Entre las utilizadas por Le Corbusier encontramos la siguiente: 26,7; 43,2; 69,8; 113; 182,8; 295,8;…, que tiene la razón áurea por razón y es, por consiguiente, una sucesión de Fibonacci.
¿Cómo, entonces, entender este suelto aparecido hace unos cuantos años en una revista? Decía que la población delincuente se concentra en las grandes casas urbanas, tanto más cuanto más altas sean: … esta criminalidad se constata a partir del sexto piso multiplicándose en proporción geométrica a medida que el edificio crece en altura. Así, la delincuencia se habrá duplicado en el piso doce y triplicado en una torre de dieciocho plantas. ¡Pero eso es una proporción simple y lineal, nada de geométrica! Claro que también nos inventamos otras proporciones, como ésta que se planteó en un congreso de musicología: A simple vista podemos afirmar que la investigación de la música folklórica en España está en relación indirectamente proporcional a su riqueza. Conocíamos la proporcionalidad directa y la inversa, pero ¿la indirecta?
Otras veces se acude a una vaga idea de porcentaje. Y así, Porcentajes, se titula una pequeña nota que un diario insertaba aún no hace dos años y que nos da esta extraordinaria información: «Quizá las estadísticas mientan, pero el hecho es que en Europa hay 531 enfermerosas por habitante, mientras que en España sólo contamos con 386 profesionales que debería multiplicarse todos los días, y aún más en vacaciones. Es necesario que la Sanidad apoye este servicio hasta ‘converger'». Pienso que las estadísticas deben de mentir como bellacas si dicen eso o, de lo contrario, lo que iba a converger era todo un ejército de sanitarios alrededor de cada infeliz español, hasta no dejarle vivir.
Y si a los números acompañan unidades del sistema métrico decimal, otro de los temas que antaño había que dominar desde los primeros estudios, el susto puede producir escalofríos. Alguna vez he transcrito un artículo de un periódico madrileño en el que, por creer que el hectómetro cuadrado tiene cien metros cuadrados en lugar de diez mil, se llegaba a la conclusión de que los habitantes de Madrid no cabrían en sus calles si se les ocurría salir todos a la vez. La redacción del diario no debió de leer mi comentario porque algún tiempo después publicaba a toda plana un segundo artículo aún más alarmante: tampoco los habitantes de la Comunidad Autónoma Madrileña tenían cabida en los límites de la misma; todo el campo disponible resultaba insuficiente y por la misma razón, por pensar que el kilómetro cuadrado tiene mil metros cuadrados y no un millón.
Hoy he elegido éste, publicado el 4 de marzo de 1992: «Según los datos ofrecidos por Matilde Fernández, los españoles donaron más de tres toneladas y media de ropa ‘de todas clases’ durante la campaña de Cruz Roja de recogida de ropa para ayudar a los refugiados kurdos. Casi una tonelada y media se envió a los campamentos kurdos de Irán, Irak y Turquía… Del sobrante de ropa, 38.000 kilos se enviaron a Angola, Honduras, Bolivia y la India, y el resto decidió reciclarse». Aparte de la redacción, literariamente no muy feliz, tendrán que convenir ustedes en que el acreditado milagro de los panes y los peces se queda en mantillas frente a este portento: si de las dos toneladas sobrantes se pueden separar 38 toneladas, que eso son los 38.000 kilos, y aún queda un resto, ustedes me dirán.
Si me dejo llevar convertiría esto en una cacería de gazapos como las que con gran fortuna publican algunas revistas. He aquí dos consecutivos, levantados por una de ellas, y que hacen, siquiera levemente, referencia a nuestras cuestiones: «Fueron presentados al barrio los nuevos gigantes de San Jorge, cada uno de los cuales tiene una altura de 3,80 centímetros de altura», dice uno. Y el otro: «Una enana de diecinueve años de edad, que medía 128 centímetros, ha crecido en tres años, convirtiéndose en una persona normal de 154 metros de estatura». Como comenta el cazador de ambos gazapos: «Ya quisieran tener esa estatura los gigantes de San Jorge».
Todavía podría presentar ante ustedes un buen montón de papeletas de parecida índole, pero mayor profusión resultaría enfadosa y tampoco sería procedente trivializar con ellas el tono de una revista seria como ésta. Pienso, no obstante, en mi descargo, que ilustres filólogos dan de cuando en cuando toques de atención sobre el mal uso que se hace del idioma en los medios de comunicación, reproduciendo numerosos y, a veces, divertidos errores gramaticales y lingüísticos. ¿Por qué, pues, no atacar también con idénticas armas los errores de matemática elemental que tan a menudo se cometen? Cárguenme, si no, el descaro de hacer llegar a estas páginas una colaboración que seguramente será en ellas rara avis. O, peor aún, ave raris, como dijo una vez un locutor de radio. (Otro dijo va de retro, cambiando de seguro el significado al mudar la grafía.) No estaría mal por eso, con permiso de Campoamor, saber algo de latín para algunas citas, como ésta que vemos en una revista semanal: «Ahora les preocupa más el estado de su mente que los kilos. Y es que hay que competir. Corpore sano sí, pero in mens sana. ¡No me diga!.
Poca gente reconocería a Wayne McLaren por su nombre, pero muchos lo han visto multitud de veces montado en su caballo mientras anunciaba el auténtico sabor americano de cierta marca de cigarrillos rubios. Este vaquero, cuya imagen transmitía seguridad y fortaleza, sucumbió a un cáncer de pulmón causado por el producto que tan glamorosamente anunciaba. Poco antes de morir, hace ahora un año, el Sr. McLaren se quejaba en una entrevista de no estar bien informado de las consecuencias que acarreaba fumar hasta que fue demasiado tarde. En Estados Unidos este argumento no es del todo válido puesto que en los últimos 30 años las campañas informativas sobre los efectos perjudiciales del consumo de tabaco han sido masivas e insistentes. Gracias a ello ha disminuido de forma considerable el porcentaje de personas que fuman, aunque todavía lo hacen la cuarta parte de los adultos y sigue aumentando el número de nuevos fumadores adolescentes.
En España la situación es mucho más grave porque no hay una mentalización pública contra el tabaco. En Estados Unidos el fumador es considerado poco menos que portador de una enfermedad contagiosa, mientras que en España fuma una gran parte de los médicos y enfermeras y se permite fumar en edificios públicos, incluidas las Facultades de Medicina. Menciono específicamente a los médicos puesto que si ellos no ven el problema, ¿cómo lo va a ver el resto de la población? Sin llegar al extremo norteamericano, es preciso que en España cambiemos la actitud de la mayoría, lo cual sólo se conseguirá con información veraz y al alcance de todos.
No basta con decir que fumar es perjudicial para la salud. Con ello se equipara el consumo de tabaco con las dietas ricas en grasa, o con el estilo de vida sedentario que, desgraciadamente, padecemos en Occidente. Fumar es mortal. Ahí están las estadísticas de la Sociedad Americana contra el Cáncer. El tabaco mata a más gente que el alcohol, la cocaína, la heroína, los homicidios, los suicidios, los accidentes de tráfico, los incendios y el sida combinados. En Estados Unidos se calcula que van a morir de cáncer de pulmón unas 150.000 personas durante el año 1993. Además, el cigarrillo está directamente relacionado, o es el causante, de otras 300.000 muertes por otras enfermedades como el infarto de miocardio y el enfisema. Por otro lado, se ha descubierto recientemente que niños expuestos al humo del cigarrillo de los padres tienen nicotina detectable en la sangre y sufren ataques asmáticos con más frecuencia y de mayor severidad que niños de padres que no fuman. También se ha demostrado en varios estudios epidemiológicos que personas no fumadoras tienen mayor riesgo de sufrir cáncer de pulmón cuando están expuestas al humo exhalado por fumadores.
El problema es muy complejo, debido al poder adictivo de la nicotina. Uno de los signos más característicos de cualquier adicción es la negación de la realidad. Dejar de fumar es muy difícil, pero si uno no está convencido de que debe hacerlo, es prácticamente imposible. Por esta razón, con prohibiciones se consigue muy poco aunque, limitando los lugares donde se permite fumar, se protege a los que no fuman, no sólo de la incomodidad del humo, sino de los efectos dañinos antes mencionados. Pero, en cambio, no se conseguiría reducir el consumo de tabaco, lo cual debe ser el objetivo primordial. Para ello hay que cambiar de actitud general ante el tabaco y de esa forma, eliminar en lo posible la negación de la realidad.
La iniciativa en esta lucha debería tenerla el gobierno español y los gobiernos autonómicos y municipales, aunque probablemente sean estos dos últimos los que puedan realizar la labor con mayor entusiasmo y, por tanto, eficacia, al no ser dueños directos del monopolio de Tabacalera. Los objetivos de dicha ofensiva serían dos: prevenir que los jóvenes empiecen a fumar, y conseguir que los adultos que ya fuman lo dejen. Tres son los grupos de población a los que habría que dirigir las campañas informativas con mayor énfasis. En primer lugar, los médicos y demás personal sanitario. A estos habría que presionar más que informar, puesto que la información se supone que ya la tienen. Mientras que fumen tantos médicos españoles, poco se le puede exigir al resto de la población. Los otros dos grupos son el profesorado escolar y los padres. Estos colectivos pueden neutralizar con mayor eficacia las campañas publicitarias de las compañías de tabaco que estratégicamente están dirigidas a niños y adolescentes, siempre asociando el consumo de cigarrillos con imágenes de cuerpos atléticos y sanos practicando deportes.
El proceso será muy lento y los resultados tardarán en llegar, pero en países como Estados Unidos, donde empezaron hace 30 años, empiezan ya a notarse. Como nota final, sirva una paradoja que Wayne McLaren no llegaba a entender: ningún ejecutivo de RJ. Reynolds, gigante compañía de tabaco norteamericana, es fumador. Por algo será.
El Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que acaba de ser sometido al proceso de participación ciudadana, ofrece a la consideración de la ciudad un conjunto de posibles soluciones para los problemas existentes, de acuerdo con la realidad de la sociedad madrileña y ante las demandas que ésta hoy plantea como consecuencia de las insatisfacciones producidas por la aplicación y desarrollo del Plan General de 1985.
Debe recordarse al respecto que aquél nació casi desfasado con la realidad del momento de su aprobación. Redactado a partir de la hipótesis del carácter estructural de la crisis económica del mundo occidental, en cuanto se inició un cambio de sentido en la misma otoño de 1985 el Plan comenzó a hacer aguas en algunos aspectos sustanciales, de los que cabría destacar, por su importancia, dos al menos: la insatisfacción de la demanda de vivienda y el consiguiente incrementó en la expulsión de la población madrileña a la periferia metropolitana la solución de este problema era una de las principales apuestas de aquel Plan y la incapacidad de la infraestructura de comunicaciones y transportes para hacer frente a los incrementos de la demanda de movilidad en la ciudad, que trajo como consecuencia una generalización de la congestión, especialmente en los accesos a Madrid.
El boom de la promoción y construcción producido a partir del otoño de 1985, en respuesta a un cambio radical en la situación de la demanda, se tradujo en una espectacular subida de los precios del suelo, a la que, además de factores externos, no fueron ajenos ciertos rígidos planteamientos del propio Plan General. El encarecimiento del suelo, junto con la incertidumbre legal que supuso la calificación impuesta de Viviendas de Protección Oficial en el suelo urbanizable, hizo que se paralizara prácticamente la construcción de VPO. Todo ello produjo la aparición de un gran segmento de población -aquél que no podía conseguir vivienda de promoción pública y que tampoco podía acceder a la vivienda libre- que se vio abocado a fijar su residencia en los municipios colindantes.
Según el actual Plan General, Madrid tenía en 1985 una suficiente capacidad infraestructural y, en base a ello, no sólo se recortó la entonces vigente red arterial, sino que, además, aquél no hace reservas específicas para viario exterior del continuo edificado. La realidad demostró la equivocada visión del Plan General en relación con el sistema viario. Unicamente la firma, en Diciembre de 1988, de un Convenio por parte del Ayuntamiento con el MOPU y la Comunidad de Madrid sirvió para reconducir en parte el problema, Ahora bien, los casi cuatro años de retraso produjeron consecuencias decisivas y difíciles de evaluar. La modificación sustancial del sistema viario contenido en el citado Convenio, que necesariamente se verá aún más reforzada al considerarse todavía insuficiente, conlleva una nueva visión de partes importantes de la estructura de la ciudad, dado el carácter formalizador y estructurante del mismo.
En relación con el problema de la vivienda, éste se había agudizado tanto que hubo de ser, inevitablemente, una de las preocupaciones fundamentales tanto de la coalición CDSPP, que gobernó el Ayuntamiento en el período 1989-1991, como del gobierno municipal del PP, encabezado por el Alcalde Álvarez del Manzano, que rige los destinos de aquél desde julio de 1991.
Así pues, además de las razones legales derivadas de la nueva regulación urbanística surgida a partir de la Ley 8/90 de 25 de julio, existían, a juicio del equipo de gobierno del Ayuntamiento, auténticos fundamentos reales que hicieron aconsejable acometer la Revisión del Plan General.
El nuevo Plan General de Madrid intenta dirigirse hacia un nuevo tipo de planeamiento, alejado de rigideces y dogmatismos, que permita su gestión y ejecución en un proceso de evolución continua. Ello requiere que se conciba como un documento abierto y flexible que garantice aquellas y la consecución del máximo respaldo social a través del fomento de la participación de la sociedad en toda su gestación.
Desde un punto de vista conceptual, el nuevo Plan General persigue, fundamentalmente, conseguir un incremento notable de la calidad de vida en la ciudad, basado en obtener para ésta un mayor equilibrio en todos los órdenes, a partir del perfeccionamiento de su estructura urbana, en el marco del cuidado del medio ambiente urbano que la sociedad actual exige. Ello supone que han de sentarse las bases para conseguir entre todos la solución de los problemas que la ciudad hoy presenta, entre los que destacan los de la vivienda y movilidad, como sustanciales, además de otros muchos. El incremento de la calidad de vida requiere también otorgar el medio ambiente el protagonismo que para el mismo demanda la sociedad y en el que han de jugar un papel esencial los espacios libres, parques, jardines y áreas peatonales, así como dotar al conjunto del término municipal de los adecuados equipamientos.
Este gran objetivo sólo será posible si se flexibiliza la concepción del planeamiento, para que éste pueda ser adaptado de forma permanente y continua a las demandas de la sociedad, y así se consigue el máximo respaldo social en la elaboración de aquél a través del fomento de la participación ciudadana. Para ello es imprescindible que todo el proceso esté revestido de la máxima transparencia.
Este criterio de transparencia es el que se encuentra en la base de la configuración estructural de la Oficina Municipal del Plan (OMP), en cuyo Consejo de Administración se encuentran representados, proporcionalmente, los tres grupos políticos que componen el Ayuntamiento. La operatividad del Consejo en este año y medio de funcionamiento ha sido muy notable. Especialmente debe destacarse su pronunciamiento sobre las modificaciones puntuales del Plan General que se han sometido a su consideración, en la mayoría de los casos resueltas por consenso.
La participación ciudadana ha sido fomentada por la OMP, desde el arranque de los trabajos de la Revisión, hasta cotas no conocidas en la ciudad. En las primeras fases, a partir de las posibilidades ofrecidas al escalón institucional de la sociedad en las mesas redondas desarrolladas, con presencia de órganos de las distintas Administraciones, entidades de todo tipo, colegios profesionales, sindicatos y operadores urbanos en general, para la preparación del documento de Criterios y Objetivos, y en tomo a la propuesta de Estrategias Básicas elaborada por la OMP. Recientemente, y desde el 1 de julio hasta el pasado 15 de diciembre, a través del proceso abierto, para todos los ciudadanos, de participación sobre el Avance de Planeamiento sometido a la consideración de la ciudad.
El equipo de gobierno y la OMP han venido apostando decididamente por este proceso de participación ciudadana. En primer lugar al extender el mismo durante cinco meses y medio, con el fin de dar a los madrileños las máximas oportunidades para poder conocer el Avance y presentar escritos de sugerencias. En segundo, con las exposiciones montadas para dar a conocer el Avance: una central y completa en el Museo de la Ciudad y otra con lo fundamental en cada una de las Juntas Municipales de distrito. También se han presentado exposiciones en aquellas entidades que lo han solicitado, como por ejemplo el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Finalmente, con el esfuerzo que se ha venido desarrollando de difusión del contenido del Avance, a través de las explicaciones que la OMP ha dado tanto en cada Junta Municipal, en reuniones abiertas para todos los ciudadanos, como en el propio Museo de la Ciudad, y en otras instituciones y entidades con protagonismo en la construcción de Madrid.
Las propuestas del Avance intentan recuperar la visión metropolitana, perdida en el Plan General de 1985. Para ello se ofrecen a la Comunidad de Madrid las conclusiones que se han obtenido a partir de una reflexión sobre las interrelaciones e implicaciones existentes entre la ciudad y su entorno metropolitano más directo, los problemas derivados de las mismas y las soluciones que se consideren más aconsejables para su superación. En definitiva y para un marco territorial concreto el ámbito geográfico interior a la futura M50 una posible solución estructural sobre la que trabajar a fin de conseguir la imprescindible concertación administrativa por la que el Avance apuesta.
Las soluciones de carácter metropolitano y las urbanas de contenido estructurante que el avance plantea enmarcan, de forma adecuada desde un punto de vista territorial, las propuestas de futuros crecimientos. Unas ya en marcha: los seis Programas de Actuación Urbanística (PAUs), cuyas estructuras urbanas se acomodan a aquellas soluciones. Otros, como posibilidad de futuro, a medio y largo plazo, sobre los que la ciudad ha de manifestarse: las áreas de oportunidad para nuevos asentamientos en el Sureste. La consideración y presencia en el Avance de estas áreas constituyen la respuesta a una pregunta que parecía lógico plantearse dado el desarrollo actual de la ciudad en relación con los límites de su término municipal: ¿cuál puede ser el límite razonable de capacidad de acogida de nuevos asentamientos dentro de aquel, sin límite de plazo temporal, y desde una visión territorial metropolitana?
La preocupación por definir los posibles nuevos asentamientos de futuro, se extiende también a la adecuada integración en el tejido urbano existente, lo que se logra precisamente a partir de las propuestas estructurales de carácter metropolitano que el Avance desarrolla; la Corona Norte metropolitana y la Corona Suroeste-Sur-Sureste.
El modelo de ciudad de futuro que el Avance propone se define, en cuanto a su estructura urbana, a partir de las propuestas de Red Viaria y Sistema de Transporte, planteadas de forma coherente con la concepción metropolitana diseñada. Dos son las premisas sobre las que se sustentan aquéllas: la superación de las carencias que presentaba el Plan General de 1985 y la recuperación del equilibrio, perdido en éste, entre las propuestas a corto, medio y largo plazo.
La afirmación del Plan de 1985 sobre la existencia de un exceso de capacidad infiraestructural en la ciudad se ha revelado insostenible y exige una reconsideración en profundidad. Igualmente, el reparto modal perseguido del 80%20% entre el transporte colectivo y el privado se encuentra muy alejado de la realidad y ha de replantearse.
Asimismo, un nuevo Plan General no debe plantearse sólo a corto y medio plazo, pues la historia de la ciudad revela cómo muchas de sus infraestructuras fundamentales se han previsto con bastante antelación a su ejecución real, por ejemplo la M30, diseñada en 1942 y concluida cincuenta años después. Es, pues, preciso considerar también el futuro en términos de largo plazo. Ello puede permitir recuperar otro equilibrio perdido, el del protagonismo de las propuestas estructurales y las basadas en el diseño urbano, aquellas contempladas en general para un futuro sin determinar y estas concebidas como herramienta de trabajo para hoy o para mañana.
En el nuevo Plan General se deberá hacer el máximo uso de posibilidades que ofrece la legislación urbanística para distinguir entre Plan y Programa, entre futuro sin horizonte temporal concreto y futuro programado, este último a corto y medio plazo, ocho años.
El Avance de planeamiento que acaba de ser sometido al trámite de participación ciudadana, apuesta fuertemente por el tratamiento y consideración de la ciudad existente. En este tema concreto, el nuevo Plan será continuista con la línea iniciada en el actualmente vigente desde 1985. El Centro Histórico Casco Antiguo y buena parte del Ensanche las colonias de hotelitos, los cascos de los municipios anexionados en los años cincuenta y los cementerios históricos por una parte y toda el área urbana construida después de la guerra civil, por otra, van a ser objeto de la máxima atención en el nuevo Plan General, pero con una profundidad de estudio y análisis, a los que aquél no llegó, desconocidos, en consecuencia, hasta el momento en la ciudad, pero acorde con lo que la sociedad hoy demanda, especialmente con las áreas históricas.
Se propugna, por tanto, el mantenimiento y desarrollo del tratamiento de la ciudad existente, criterio básico para alcanzar una mejora de la calidad de vida.
En esta línea de pensamiento se entiende, en relación con el tratamiento del patrimonio edificado, que el problema principal ya no es el de evitar su destrucción sino que la sociedad reclama hoy sentar las bases para conseguir una auténtica recuperación, tanto de aquel, como de la vida en el casco histórico con calidad suficiente. Como ejemplo paradigmático el Avance contiene sobre el Casco Antiguo un diagnóstico y propuestas de futuro que constituyen un adelanto y referencia de cómo va a ser estudiada toda el área histórica en la siguiente fase de los trabajos.
Sobre las áreas más modernas de la ciudad, el esfuerzo debe ir dirigido a mejorar su integración en la trama urbana, así como a incrementar notablemente su calidad de vida en todos los órdenes. Las áreas de intervención detectadas, sobre las que ya se está trabajando, junto al anunciado proceso de revisión del planeamiento vigente sobre aquellas, constituyen en el Avance la declaración de principios respecto de las intenciones que al respecto alberga el nuevo Plan.
Los planes generales suelen fallar, en el futuro, a causa de su gestión que la mayoría de las veces se retrasa. El Nuevo Plan General pretende obtener, en su definición, la máxima credibilidad para ese futuro, tratando de evitar este tipo de problemas. En efecto, los planes generales tienden a dejar la solución de problemas concretos y el desarrollo de los crecimientos programados para momentos posteriores a través de los planeamientos remitidos. Cuando éstos se retrasan o no se elaboran y ejecutan, el plan va perdiendo credibilidad poco a poco, porque, en definitiva, no se cumplen buena parte de sus previsiones. Eso es lo que en buena medida ha ocurrido con el Plan General vigente.
El nuevo Plan General de Madrid se está elaborando desde una nueva concepción en relación con esta circunstancia. Concretamente, debe señalarse que la mayor parte del suelo que razonablemente habría de clasificarse como urbanizable programado se encuentra ya en tramitación avanzada PAUs y planes parciales del programa municipal de suelo para vivienda, puesto en marcha por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Igualmente, ha de mencionarse que el planeamiento especial de todas las áreas de intervención y zonas históricas de la ciudad se encuentra actualmente en elaboración, con la finalidad de incorporar sus determinaciones al nuevo Plan General. El objetivo es que el planeamiento remitido sea mínimo y las soluciones de futuro de la inmensa mayoría de la ciudad se diseñen en el momento procesal en que nos encontramos. Con ello pensamos que el nuevo Plan tendrá garantizada, en buena medida, su credibilidad.
Dos son los temas sobre Cuba que más inquietan al lector español. La polémica eterna entre los partidarios de que Estados Unidos levante el embargo como es el caso del D Gobierno español o del Parlamento Europeo, o los que piensan que debe mantenerse para forzar a Castro a moverse en dirección de la democracia. El otro tema es el de la extraña evolución que se observa en la Isla y que los analistas intentan descifrar: hacia dónde va Cuba con la dolarización y la bienvenida a los inversionistas extranjeros. Parece que se encamina a lo que ya se llama la variante china.
Discutir sobre la conveniencia o inconveniencia del embargo americano contra el gobierno de Castro es discutir sobre el sexo de los ángeles. Pura chachara. Un inútil ejercicio retórico. Ni republicanos ni demócratas tienen el menor interés en levantarlo. Y la razón es obvia: el embargo no es americano, sino cubano. Quienes lo mantienen vivo y vigente son los cubanos exiliados en Estados Unidos y su numerosa prole. La clase política americana pragmática y conciliadora probablemente le hubiera puesto fin de no haber existido la generalizada convicción de que la inmensa mayoría de los dos millones de personas de origen cubano radicadas en Estados Unidos desea que se mantenga, y -de ser posible- se arrecie.
Es importante entender este fenómeno para poder juzgar las relaciones entre los dos países. Cuba sencillamente no es ya un tema de política exterior americana. Pertenece a su ámbito doméstico, más o menos como sucede en el caso de Israel, y exactamente por las mismas razones; porque en el país existe una minoría poderosa, con representación parlamentaria, capacidad para hacerse oír y un contorno electoral claramente definido. Aunque los exiliados no respaldan masivamente a ninguna de las decenas de organizaciones instaladas en Miami, se sabe con toda precisión cómo conquistar esos votos dispersos: con una fuerte dosis de anticastrismo. Y también se sabe cómo expresar la actitud política más rentable: apoyando el embargo. Pidiendo, incluso, más embargo.
Desde una perspectiva ética el asunto tampoco muestra rasgos peligrosos. ¿Cómo extrañarse de que los adversarios del gobierno de La Habana pretendan vengar viejos agravios y tomar alguna represalia contra quienes tanto daño les han hecho? Es cierto que muchos analistas bien intencionados opinan que el levantamiento del embargo significaría el fin de la última coartada del gobierno y del último elemento cohesionador que impide su desplome, pero esa refinada hipótesis pesa mucho menos en el ánimo de los exiliados que la percepción monda y lironda de que la ausencia de vínculos económicos entre Estados Unidos y Cuba perjudica al castrismo mucho más de lo que lo beneficia. Al fin y al cabo, eso es lo que constantemente confirma Castro en sus discursos y declaraciones. Puro sentido común. Si tanto se queja, por algo será.
Para demócratas y republicanos del establishment no hay nada raro ni sorprendente en este enfoque de la cuestión cubana. La democracia americana es así: una difícil conciliación entre los intereses nacionales y particulares. Si eso -el embargo- es lo que quieren los electores de la minoría cubana, y no está en contradicción con lo que desea el resto del país ¿qué sentido (político) tiene oponerse a los legítimos deseos de los electores? Es verdad que el Parlamento Europeo, el Latinoamericano y casi la totalidad de la ONU han solicitado el fin del embargo y han repudiado la ley Torricelli, pero ¿votan estas personas en la Florida o en New Jersey? ¿Pagan taxes? ¿Cuántos representantes tienen en el Congreso americano? ¿Forman parte de la constituency?.
Es bueno que Castro entienda de una vez esta dura realidad, para que no pierda más el tiempo organizando costosas campañas diplomáticas dentro y fuera de Estados Unidos, reclutando religiosos ingenuos y desprevenidos, o pidiendo el apoyo de cancillerías amigas para «presionar a Estados Unidos». En Washington no hay más presión que la electoral y en ese terreno Castro tiene la batalla perdida.
Le toman el pelo quienes le dicen que es posible movilizar la opinión pública americana en favor de su causa, recordándole lo que ocurrió en el país durante la época de Vietnam. En Cuba no mueren decenas de estadounidenses todos los días frente a las cámaras de televisión, y en la sociedad americana no hay el menor interés en hacerle la vida más fácil al gobierno cubano. Tampoco -es verdad- reina la emoción contraria. Lo que prevalece frente a Castro es una indiferencia cargada de vagos sentimientos negativos. Lo detestan, pero sin fanatismos, como se detesta el lejano zumbido de un tábano molesto.
Castro no supo prever el signo de los tiempos. Con el fin del gobierno de Cárter y el inicio de la era Reagan, el Máximo Líder perdió la oportunidad histórica de pactar con Estados Unidos por encima de los deseos y conveniencias de sus enemigos. En la década de los ochenta, los exiliados pasaron a ser Cuban-Americans, asumieron una identidad étnica en el complejo mapa cultural y político del país, y rechazaron su parte alícuota del poder, que consistía, básicamente, en cierto implícito derecho a orientar la política de Washington con relación a La Habana. En ese momento, un Castro vencedor en Nicaragua, Angola y Etiopía, cabeza de los No-Alineados y flagelo del imperialismo, embriagado por la certeza de que el mundo se orientaba hacia el comunismo, no supo advertir el poder que adquirían sus adversarios. No entendía la sociedad americana. Ahora lo está pagando.
Sólo que este fenómeno no se agota con el fin del castrismo. En lo adelante, y por varias décadas, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estarán condicionadas por el peso y la intención de los Cuban-Americans. Esto es fundamental comprenderlo, porque se trata de un dato sin el cual es imposible hacer planes para el futuro. Cuba cuenta con una ciudadanía escindida, y ese veinte por ciento de personas de origen cubano avecindadas en los Estados Unidos van a tener una cierta influencia en el destino de la Isla, aunque sólo sea porque Cuba no dejará de ser un problema doméstico americano mientras los Cuban-Americans mantengan su interés en el asunto.
¿Cuánto tiempo durará este fenómeno? Probablemente un par de generaciones más. El tiempo que demore la sociedad norteamericana en integrar totalmente a los Cuban-Americans y debilitar sus raíces. Les ocurrió a los irlandeses, italianos y alemanes, y les ocurrirá a los «cubanos de Miami». Les ocurrió a chícanos, tampeños y newyoricans, y les sucederá a los descendientes de los exiliados. De eso se trata el meltingpot.
No obstante, algo se mueve en Cuba, aunque el embargo permanezca invariable. Ahora estamos en la variante china. La variante china consiste en admitir cambios económicos pero no cambios políticos. Es un chopsway de inversiones extranjeras espolvoreado con picadillo de disidentes. La receta no produce platos suculentos sino apenas una magra ración para matar el hambre. Algo para ir tirando no se sabe qué ni hacia dónde.
Magnífico. Otra prueba de que Castro no está totalmente mineralizado. No era verdad su fiero grito de marxismoleninismo o muerte. El Máximo Líder está dispuesto a cambiar el sistema económico si con ello consigue conservar el poder político. Está resignado a recurrir al capitalismo para salvar la revolución marxista.
El asunto no deja de tener su gracia. La columna vertebral del marxismo, la piedra angular del dogma, sostiene que todos los valores y creencias, toda la superestructura, descansan en el régimen de relaciones económicas. Para Marx, política y economía no están separadas. No son entidades distintas. La política es una expresión de la economía. Si cambia la economía tiene que cambiar la política. Todo el galimatías marxista está montado sobre ese supuesto. No es posible negarlo y afirmarlo al mismo tiempo sin decir una inmensa tontería.
Pero si Castro entiende poco de marxismo, sus conocimientos del capitalismo son aún más precarios. ¿Quién pudo meterle en la cabeza que los grandes inversionistas, las compañías serias, van a acudir a un país cuyo principal factor de riesgo es, precisamente, de carácter político? ¿No se da cuenta este confundido caballero que toda la estabilidad del país depende de un anciano hipertenso de sesenta y siete años, que patrulla y reprime a una sociedad mayoritariamente hostil, mientras administra un Estado en ruinas dentro de la peor tradición caudillista latinoamericana? ¿Qué sucedió cuando terminó la dinastía somocista? En 1979, cuando se fue Somoza, Nicaragua tenía 1,500 dólares anuales per capita y una moneda estable. En 1990, cuando Daniel Ortega perdió el poder, los ingresos per capita apenas alcanzaban los 350 dólares por año y la inflación alcanzaba el cuarenta y tres mil por ciento anual. En ese momento un dólar valía cinco mil millones de córdobas. He dicho bien: cinco mil millones. Las revoluciones -ya se sabe- son incosteables.
Para los cubanos el problema es Castro, pero para los inversionistas extranjeros el problema consiste en el después de Castro. ¿Qué pasará después de Castro? ¿Viene el caos? ¿Viene la matanza? ¿Viene un golpe militar? ¿De qué signo será ese golpe? ¿Cuántos años demorarán esta vez los cubanos en alcanzar la estabilidad? La revolución del 33 no amainó hasta siete años más tarde. La del 59 todavía está dando coletazos.
¿De qué sirve posicionarse en Cuba ahora, para esperar el fin del castrismo, si ese episodio puede acarrear una feroz turbulencia de muchos años de duración? Castro no entiende que el requisito más importante para los inversionistas es la posibilidad de hacer planes futuros sin otros sobresaltos que los que proporciona la competencia.
El noventa por ciento de las inversiones que se hacen en el mundo se llevan a cabo en Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá y Australia. Y no es precisamente la rentabilidad lo que explica este fenómeno de endogamia económica, sino la posibilidad de poder predecir a largo plazo el resultado de las inversiones. Lo que se busca es seguridad, leyes que se cumplan, y -sobre todo- estabilidad política. Lo que se aprecia (y se precia) es poder asegurar que si a Kennedy lo matan, o a Nixon lo envían a su casa antes de tiempo, nadie tiene que correr rumbo a Suiza con un fajo de billetes atado a los calzoncillos.
La más notable bendición que proporciona la democracia es la calma social. Nadie puede afirmar que la mayoría siempre toma las decisiones más sabias. Pero no se trata de eso: lo importante es poder trasmitir la autoridad ordenadamente, de acuerdo con reglas previamente pactadas dentro de un Estado de Derecho, y en Cuba no existe nada de eso. Si mañana Castro muere de un infarto, o si su lugarteniente le perfora el occipital de un taconazo, es muy probable que sobrevenga un largo período de desconcierto y violencia que se saldará con la ruina absoluta de la nación. ¿Quién va a invertir con esos truenos potenciales?.
Va a invertir cierta gente de dudosa catadura. Van a invertir, pero poco, los tramposos. En general, a Cuba no acude venture capital sino capital de aventureros. Gente que quiere lavar dinero malhabido, o capital de «muerde y huye» que acude a la Isla para hacer una inversión rápida que proporcione en el acto resultados importantes. Y así, claro, no es posible aliviar la crisis tremenda que el país padece. Por esa vía lo que Castro logrará son pequeños y malos negocios que desangrarán aún más la ya casi exangüe economía nacional.
¿Cuándo Castro se convencerá de que su variante china no funciona y se moverá en otra dirección? Dado lo agudo del desastre, no creo que demore seis meses en advertir las dimensiones de este nuevo fracaso. En ese momento se descubrirá un fenómeno que no es extraño en la historia: descubrirá que carece totalmente de opciones. Descubrirá que no puede evadirse del camino de la reforma política, aunque se resista, aunque sea el más autoritario y déspota de los dictadores, porque no tiene absolutamente nada más que hacer o ensayar.
Sin embargo, todavía intentará una última jugada: la llamada a escena de una falsa o débil oposición con el objeto de controlar la democracia con la misma cadena con que controló la tiranía. Pero será totalmente inútil: en Cuba no habrá sosiego, alivio a las penurias, buenas relaciones con Estados Unidos, inversiones extranjeras o recuperación económica, hasta que exista una democracia real en la que toda la sociedad pueda expresar sus preferencias. Algo de esto -sin pensar en Cuba, naturalmente- fue lo que trató de explicar Fukuyama cuando habló del fin de la historia. No hay más camino que la democracia. No existen las variantes. Y mucho menos la china. Eso es imposible, incluso para China. Mucho menos para Cuba, claro.
El titulado Pacto de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 (firmado y ratificado por España en 1976 y 1977, respectivamente) comienza su parte dispositiva estipulando lo siguiente (apartado 1 del artículo primero): Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. En el derecho positivo internacional vigente no hay una cláusula más autorizada que ésta, ni que se invoque con más frecuencia, en apoyo del derecho de libre determinación, o autodeterminación, de los pueblos.
La primera de las dos frases que ese texto comprende se refiere al sujeto del derecho de que se trata, mientras que la segunda de ellas se refiere al objeto o contenido de este derecho.
Por lo que al sujeto respecta, el texto del Pacto no puede ser más claro: «todos los pueblos»; o sea, los pueblos del mundo, sin excepción; sea cual sea su situación en el mapa, su grado de desarrollo económico y cultural, etcétera. Ahora bien: ¿qué ha de entenderse por pueblo? Fijándonos en los principios y las prácticas de los representantes de los Estados, que fueron quienes firmaron y ratificaron el Pacto, así como en los de los expertos juristas que colaboraron en la redacción de este y otros textos fundamentales de las Naciones Unidas, llegamos a la conclusión de que el término pueblos no es utilizado aquí para designar específicamente colectividades humanas de carácter étnico. En efecto: la Carta fundacional de las Naciones Unidas garantiza la integridad territorial de los Estados miembros de la Organización, y sabido es que la mayoría de estos Estados agrupa en el seno de cada uno de ellos y agrupaba ya cuando se redactó la Carta en 1945 varias colectividades étnicas o varios fragmentos de éstas, cuyo derecho de secesión respecto del Estado de que forman parte se halla frecuentemente en contradicción con las normas constitucionales de este último. Es más, tratándose de los pueblos descolonizados, nadie se ha cuidado de que las fronteras de los nuevos Estados independientes coincidan con las de las etnias locales, sino que se ha actuado y deliberadamente de modo que coincidan con las de las administraciones coloniales que los precedieron. A consecuencia de lo cual, dichas fronteras dividen muy a menudo en dos o más trozos el territorio habitado por una misma etnia, o bien agrupan en un mismo Estado varias etnias o varios fragmentos de etnias que, con frecuencia, se hallan mal avenidas entre sí y conviven a disgusto en el seno del Estado así constituido. Prueba de ello, los innumerables choques interétnicos con su cortejo de muertes, migraciones y otros resultados lamentables de la mutua intolerancia y de la opresión.
Con el término «pueblos», el Pacto parece tener sobre todo presentes, y referirse por antonomasia, a las colectividades constituidas por los ciudadanos residentes en el interior de unos límites territorial les fijados por la autoridad soberana de los Estados, únicos sujetos del derecho internacional competentes para trazar fronteras susceptibles de ser reconocidas por las Naciones Unidas. Y es a esos ciudadanos, en cuanto miembros de tales colectividades, a quienes se reconoce el derecho de libre determinación en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, sin hallarse sometidos a autoridades no elegidas o no deseadas por ellos. Pues no hay que olvidar que el sujeto de derecho es, por excelencia, el ser humano individual, cuya sociabilidad obedece a su propio bien y al bien de los demás individuos de la sociedad, por lo que los derechos y las libertades que una colectividad puede reivindicar están necesariamente ordenados a la mejor defensa de los derechos y las libertades de los individuos que la componen. Por otra parte, las colectividades constituidas por los ciudadanos de los Estados, o por los ciudadanos de entidades locales legalmente delimitadas, pueden comprender una sola o varias comunidades o fragmentos de comunidades étnicas cuyos rasgos distintivos están determinados por la raza, o por el idioma, o por las formas de vida y de trabajo, o por la religión, o por varios de estos u otros condicionantes a la vez, sin que según se desprende del espíritu que parece haber inspirado a los autores del Pacto el carácter étnicamente homogéneo o heterogéneo de una colectividad sea determinante de su calidad de pueblo titular del derecho de libre determinación.
Ahora bien: es un hecho que, en el lenguaje corriente, el vocablo pueblo tiene una polivalencia que da lugar a diferentes interpretaciones. Y su maleabilidad es tan grande, que incluso cabe atribuirle, dentro de un mismo texto, varios significados distintos sin incurrir en contradicción ni en paradoja. Por ejemplo, el preámbulo de la vigente Constitución española habla del pueblo español y de pueblos que forman parte integrante de España (es decir, que son fracciones del pueblo español), muy en la línea del artículo 2 de su parte dispositiva, en el cual se habla de la Nación española y de las nacionalidades que (juntamente con las regiones) la componen; pues aun cuando nación y nacionalidad son vocablos distintos, en su acepción que aquí más interesa son sinónimos, y la distinción entre ambos es puramente convencional.
Forzando un tanto la interpretación del texto que estamos analizando, son muchos los que entienden que la palabra pueblos se refiere (exclusivamente o no, según las opiniones; que en esto varían, y a veces desvarían) a las colectividades étnicamente diferenciadas, las cuales son, en consecuencia, sujetos del derecho de libre determinación. Mas no se escapa así a las trampas de la ambigüedad. Por ejemplo, es muy difícil admitir por muchos esfuerzos que algunos hagan para convencernos de ello que Alsacia no es un país germánico; y todavía más difícil es negar que la aplastante mayoría de los alsacianos desee formar parte de la República Francesa. O sea que el pueblo alsaciano en cuanto tal, si se determina libremente acerca de su destino político, sin dejar de ser una etnia germánica, opta por integrarse en el Estado francés. (Dejemos ahora de lado el hecho de que, según la jurisprudencia del Consejo Constitucional, que hoy prevalece en Francia, el pueblo alsaciano carece de posibilidades de ser oficialmente reconocido en cuanto tal, pues dicho órgano, definidor supremo de la constitucionalidad, no ha aceptado la expresión pueblo corso, ni siquiera enriquecida por la precisión parte integrante del pueblo francés: bloque, este último, tan compacto, que sus partes no pueden ni separarse ni distinguirse unas de otras).
Ahora bien: si, aplicando el criterio etnicista, llegamos a fundir el pueblo alsaciano en el conjunto de la nación alemana o pueblo alemán, privándole de la facultad de tener voluntad propia distinta de la voluntad de este conjunto, le denegamos el derecho de optar en forma distinta de la mayoría de los alemanes; y tal es la tesis tradicional del nacionalismo pangermanista. Del mismo modo, entre los nacionalistas irlandeses, los hay que no admiten que el pueblo del Ulster, parte integrante del pueblo irlandés, pueda tener voluntad propia distinta de la de este último, por lo que no reconocen su derecho a vivir, si así lo desea, políticamente separado del resto de Irlanda. Y abordando un caso que se da no ya más cerca de nosotros, sino entre nosotros mismos, tenemos por una parte un sector del nacionalismo español que se opone al secesionismo vasco con el argumento de que los vascos peninsulares, por ser parte integrante del pueblo español (aun cuando muchos de ellos no se crean ni se sientan españoles), no pueden tener voluntad propia, en cuanto pueblo vasco, distinta de la voluntad de la mayoría de los españoles; y por otra parte, un sector del nacionalismo vasco que se opone a que Navarra se halle políticamente escindida de las Vascongadas, con el argumento de que los navarros, por ser parte integrante del pueblo vasco (aun cuando muchos de ellos no se crean ni se sientan vascos), no pueden tener voluntad propia, en cuanto pueblo navarro, distinta de la voluntad de la mayoría de los vascos.
Esta idea del pueblo (o, también, de la nación) como unidad étnica, predefinida con arreglo a criterios independientes de la voluntad de los individuos y los grupos que la componen, y de la voluntad de cuyo conjunto no puede, a priori, diferenciarse autónomamente la voluntad de ninguna de sus partes integrantes, encierra (al menos teóricamente) a cada una de estas partes y a los ciudadanos que las componen, en una predeterminación que es lo contrario de la libre determinación. No hay que confundir con ella los compromisos expresos o tácitos y otros condicionantes que limitan legítimamente el ejercicio del derecho de autodeterminación, el cual (como en seguida veremos) no es absoluto e incondicionado.
En cambio, y al menos en principio, es respetuosa con la libertad de individuos y colectividades la idea de pueblo o de nación expresada en la celebérrima definición de esta última, que Renán formuló diciendo que es un plebiscito cotidiano; o sea, el fruto no de factores predefinidos y predeterminantes, independientes de la voluntad de los ciudadanos, sino de esta última voluntad en toda la medida en que, legítimamente, pueda cumplirse.
Si es necesario forzar un tanto la interpretación del tenor del artículo primero del Pacto, para entender que la palabra pueblos se refiere a las colectividades étnicamente diferenciadas, distintas de los Estados, un esfuerzo interpretativo mucho menor es suficiente para entender que se refiere (no exclusivamente) a cualquier colectividad definida por la voluntad, suficientemente probada, de convivencia de los ciudadanos de un territorio claramente delimitado, independientemente de su condición étnica y de cualquier otro factor determinante que no sea su deseo de convivir políticamente unidos. En la medida no hay que cansarse de repetirlo en que este deseo pueda legítimamente cumplirse.
En cuanto al objeto o contenido del derecho de libre determinación, el apartado 1 del artículo primero del Pacto es suficientemente explícito: se trata de la libertad de establecer su propia condición política y de proveer al propio desarrollo económico, social y cultural; en otras palabras: de autogobernarse, en el sentido más amplio de este término. Está, pues, claro que, para los autores del texto, la autodeterminación no se reduce a tomar, en un momento preciso, una decisión sobre si el pueblo sujeto de este derecho va, en lo sucesivo, a ser o no independiente, o a formar o no parte de un Estado, o a unirse o no a otro Estado o a otros Estados para formar un Estado nuevo, sino que llega mucho más allá, comprendiendo también el derecho a decidir en una serie muy amplia de materias que le conciernen, lo cual implica tomar continuamente decisiones muy diversas sin límite de tiempo. Los pueblos libres están autodeterminándose ininterrumpidamente dentro de las limitaciones que ellos mismos han fijado a sus propias competencias y de las que fijan, por encima de ellos, las normas de la convivencia de unos pueblos con otros en paz y libertad. Cabe, pues, decir que, con arreglo al Pacto, autodeterminación equivale a autogobierno.
Sin duda alguna, el hecho de que un pueblo sea o no independiente, o que forme parte del Estado X en vez de formarla del Estado Y o del Estado Z, es de importancia primordial para lo que a su gobierno respecta. Por eso es esta materia una de las capitales, acerca de las cuales tiene derecho a decidir libremente. Sin embargo, la decisión sobre ella no agota, ni mucho menos, su ejercicio del derecho de libre determinación, contra lo que entienden, o parecen entender, los muchos que no hablan de autodeterminación sino cuando un pueblo se pronuncia en lo tocante a ese punto y solamente a él. Con arreglo a la letra y al espíritu del Pacto, semejante reduccionismo es inadmisible.
Como todos los derechos, el de libre determinación no es absoluto. Sus límites dependen de las circunstancias en cuyo marco se trata de ejercitarlo. Según cuáles sean éstas, hay que distinguir entre las limitaciones intrínsecas y las extrínsecas.
Las intrínsecas brotan de la naturaleza misma del derecho de autodeterminación. La limitación intrínseca por antonomasia se da cuando el ejercicio de este derecho contradice el sistema de libertades que el Pacto define y trata de proteger, y del cual el derecho de libre determinación forma parte inseparable: tan inseparable, que si lo sacamos de ese sistema (y más aún, si lo enfrentamos con él) pierde su sentido y su justificación. Así, aunque la inmensa mayoría de los ciudadanos*de un pueblo manifieste libremente su deseo de vivir bajo un régimen político que, sistemáticamente, ignora y viola los derechos cívicos y menosprecia y oprime a las minorías ideológicas, étnicas, religiosas, etcétera, no será lícito cumplir esa voluntad. Pues el derecho de autodeterminación no puede, por su naturaleza misma, ser invocado para justificar el mantenimiento de un sistema político que está en contradicción con el sistema de derechos y libertades, fuera del cual la autodeterminación no puede ser afirmada, ni siquiera concebida, como un derecho. No existe el derecho a destruir el sistema de derechos.
Interpretación abusiva
Cuando, por ejemplo, en 1935 la mayoría aplastante de los ciudadanos del territorio del Sarre decidió la incorporación de éste a la Alemania hitleriana, en lugar de ejercitar el derecho de libre determinación, lo que hizo en realidad fue destruirlo porque se privó a sí misma, y privó a los demás ciudadanos, de la posibilidad de autogobernarse, o sea de autodeterminarse, en lo sucesivo; ya que la totalidad del poder público quedaba supeditada a un sistema esencialmente tiránico (lo que dicho sea de paso no era un secreto para nadie al cabo de dos años de experiencia: Hitler había subido al poder en enero de 1933).
Las limitaciones extrínsecas del derecho a la libre determinación se dan en virtud de las relaciones entre el pueblo que ejerce este derecho y los demás pueblos, respecto de los cuales esas relaciones han generado para aquél una serie de deberes. Deberes que, en unos casos, han sido asumidos libre y voluntariamente, mediante acuerdos explícitos o implícitos; pero que pueden ser también consecuencia de otros hechos. Así, no sin razón (aunque la forma y varias cuestiones de fondo fueran discutibles e, incluso, en ocasiones, abusivas), fueron impuestas al pueblo alemán muy serias y duraderas restricciones en el ejercicio de su derecho de autodeterminación en varias materias importantes, entre ellas, la de proceder a su propia reunificación política, debido a su comportamiento agresivo en el desencadenamiento de la Segunda guerra mundial y, seguidamente, a lo largo de ella. Este comportamiento es todavía demasiado reciente y ha tenido consecuencias excesivamente dolorosas y trascendentales para que ciertos aspectos del ejercicio del derecho de libre determinación por el pueblo alemán y, entre ellos, su reunificación política no estuvieran supeditados al mantenimento del equilibrio interior de Europa frente a la posibilidad del resurgimiento de hegemonías avasalladoras. Lo mismo ha de decirse acerca de la edificación de un nuevo orden europeo después del derrumbamiento de la Unión Soviética, ante la desvertebración progresiva que está padeciendo no sólo el territorio que era de esta última, sino también la Europa oriental y la península de los Balcanes, a consecuencia de la interpretación abusiva y el ejercicio desenfrenado de un pretendido derecho de libre determinación que, en realidad, no merece el nombre de tal porque el derecho de un pueblo se disuelve y se desnaturaliza cuando no está delimitado y circunscrito por las obligaciones nacidas de los derechos de los demás pueblos y por los de la comunidad de pueblos, de que aquél y éstos forman parte.
El pasado -que, retóricamente, se acostumbra llamar «la historia»-impone a su vez limitaciones extrínsecas al derecho de autodeterminación. No hay duda de que una convivencia pacífica de siglos, e incluso no tan larga, avalada por una voluntad popular expresa o tácita, o de la que se han beneficiado ampliamente una o varias de las partes afectadas por la cuestión, es generadora de «intereses creados» y «derechos adquiridos» cuyo número, importancia y peso -económico, político, cultural, moral- varía mucho según los casos, pero en ninguno es justo desdeñar, por lo que su magnitud es susceptible de poner trabas considerables al ejercicio del derecho de libre de determinación por un pueblo que no tiene la facultad de hacer así tabla rasa de sus obligaciones. Aunque también es cierto que, salvo en circunstancias muy excepcionales, si la voluntad claramente expresada y claramente mayoritaria de un pueblo se manifiesta de modo constante y sostenido durante un tiempo razonablemente largo, el pasado no puede proporcionar pretextos que impidan encontrar la solución equitativa necesaria para que ese pueblo se autodetermine en la materia de que se trate.
Como puede verse por lo que antecede, las limitaciones extrínsecas del derecho de libre determinación obedecen al mismo principio en virtud del cual el individuo humano no está facultado, so pretexto de que es libre, para perturbar el orden, romper el equilibrio o poner en peligro la evolución pacífica de la sociedad en que vive. Lo mismo que la libertad del individuo está limitada por normas que amparan la libertad y los intereses legítimos de sus conciudadanos considerados a la vez individualmente y en su conjunto, así también la libertad de un pueblo tiene sus límites en normas que amparan la libertad de los demás pueblos y los intereses legítimos de éstos, individualmente y en su conjunto. Igual que, además de derechos individuales, hay deberes individuales, a falta de los cuales los derechos carecen de razón de ser, además de derechos colectivos hay deberes colectivos de importancia tan vital para los pueblos como la de los deberes individuales para los individuos.
La opinión pública europea empieza a acostumbrarse. Cada día y con destaque decreciente los medios de comunicación informan sobre la muerte de varias personas, civiles o militares, en Argelia. Son campesinos, funcionarios, policías, intelectuales, soldados, generales, profesores, amas de casa, cooperantes o comerciantes extranjeros. Algunos encontraron la muerte en enfrentamientos armados, otros murieron por una bala perdida, los más fueron inicuamente asesinados, degollados, dinamitados, asfixiados, fusilados. Según la condición nacionalidad o sexo, las víctimas merecen mas o menos atención. La situación es insostenible, declaró recientemente el ministro de Asuntos Exteriores francés, Alain Juppé. Pero este tipo de situaciones insostenibles suelen durar hasta límites irracionales: los ejemplos de Angola, Bosnia, Somalia, Georgia o Sri Lanka, son apenas un botón de muestra pero hay muchos más, aunque no obtengan la notoriedad internacional que se merecen.
Argelia arde en guerra civil desde hace años. Resulta simplificador e inexacto decir que esta guerra empezó en enero de 1992 cuando el poder militar decidió suspender las elecciones que los islamistas del FIS (Frente Islámico de Salvación) se aprestaban a ganar tras haber triunfado meses antes en otras, municipales. El conflicto actual se inició en octubre de 1988 cuando las fuerzas armadas dispararon a los manifestantes que protestaban conta el coste de la vida, la falta de trabajo, la corrupción de la clase política y de la nomenklatura del Estado. Entonces se abrió una herida que sigue supurando y cuya cauterización resulta, por el momento, ilusoria.
Entre 1954 y 1962 los argelinos lucharon contra el poder colonial francés y también entre sí para conseguir una independencia tan anhelada como problemática. La guerra de liberación logró, en efecto, que se sacudieran el yugo colonial pero mantuvo intactas las otras razones del conflicto. El país se emancipó sin haber resuelto sus hondos problemas de identidad, tanto en el terreno político como en el cultural y étnico. Los vencedores es decir, el ejército y su cobertura política, el Frente de Liberación Nacional impusieron muy pronto a toda la población unas pautas de conducta irreductibles. Entre 1962 y 1965, el carismático y autoritario Ahmed Ben Bella fue incapaz de unir voluntades y generar el consenso necesario para construir una nación moderna, un proyecto económico y social coherente y una cultura democrática participativa.
Tras varios años de política económica errática y represión policíaca, el pequeño Ahmed fué derrocado por el coronel Huari Bumedien, que ya controlaba el poder político desde el Estado Mayor de las fuerzas armadas. Bumedien implantó un régimen policial, reprimió con dureza cualquier veleidad cultural diferenciada (y especialmente, la lengua y la cultura kabil o bereber), acabó con la feraz agricultura, impuso una industrialización descabellada y costosísima, toleró la progresiva corrupción de la clase política y militar, rehuyó cualquier proyecto de control demográfico y quiso imponer una economía planificada al socaire de la crisis energética y el aumento de los precios del crudo y el gas natural. Argelia se convirtió pronto en un país despilfarrador y totalitario, donde las diferencias sociales eran máximas y las inversiones sociales (en vivienda, educación, sanidad, etc.) poco reflexivas o inconsistentes. Mientras tanto, su activa diplomacia intentó ganarse un puesto en el escenario internacional como líder del Tercer Mundo, de los países no-alineados o del socialismo autogestionario. En realidad, como sucedió en Venezuela, la riqueza del petróleo arruinó a la nación argelina mientras el aparentemente austero y gélido coronel Bumedien presenciaba sin inmutarse el desastre anunciado.
Trece años después de haber tomado el poder «manu militari», Bumedien murió sin haber resuelto el problema de su sucesión y debieron ser las fuerzas armadas quienes se encargasen de nombrar al nuevo presidente, en la persona del general Chadli Benjedid, un alto oficial de improbable moral que intentó liberalizar un régimen irreformable.
Chadli intentó hacer una tortilla sin huevos: no quiso o no supo enfrentarse a los grandes grupos de intereses mañosos formados por la gente del aparato, los militares de alta graduación y los negociantes próximos al partido único. Hubo ciertas reformas cosméticas y las inexistentes libertades se ampliaron una pizca, pero las herencias desastrosas de Ben Bella y Bumedien siguieron pesando en el rumbo económico y social del país. La caída de la emigración hacia Europa (salida de urgencia para un país con una tasa demográfica disparatada) y la crisis agraria concentraron en los centros urbanos a millones de jóvenes sin oficio, trabajo, hogar y perspectivas de futuro. Los tímidos intentos liberalizadores (fin de las subvenciones a los productos básicos) desencadenaron los violentos disturbios de octubre de 1988, aquella revuelta del pan y de la sémola, ahogados en sangre por las fuerzas armadas y la policía.
Tras este primer shock el poder incidió en su política de reformas políticas y el partido único fue suprimido sobre el papel. Del vacío surgieron decenas de pequeños partidos, muchos de ellos telecomandados por los aparatchiks del FLN, y, sobre todo, el movimiento islamista estructurado en el FIS, heredero en cierta medida del partido único. La carencia de una cultura democrática facilitó la extraña alianza entre el denostado aparato de poder anterior y los islamistas, un pacto entre la rana y el escorpión que condujo a la doble victoria electoral de estos últimos y al golpe de Estado de 1992 en el que, una vez más, el ejército asumió el poder y no sabe ahora cómo soltarlo ni cuándo.
Mientras los islamistas, aprovechando la ciega complicidad del poder, establecían una base firme en las zonas más desfavorecidas de la sociedad argelina, se sucedían los primeros ministros con el objetivo de reformar el tejido económico, lastrado por una inmensa deuda externa (26.000 millones de dólares), un sector público ineficiente y una iniciativa privada maleada por el sistema de prebendas pretérito. Pero el proceso de liberalización estuvo sometido desde el principio inevitablemente a los altibajos políticos y a la inestabilidad permanente. El ejército terminó destituyendo a Chadli e instaló una presidencia colegiada bajo la dirección de una personalidad histórica reconocida, Mohamed Budiaf, un líder histórico de la independencia, de moral intachable y acendrado patriotismo que había pasado 28 años exiliado en Marruecos donde lo traté y aprecié. Pero Budiaf fue asesinado en junio de 1992, cinco meses después de regresar a su patria. Los instigadores del crimen no su autor material nunca fueron descubiertos ni castigados pero no hace falta ser un lince para imaginar que formaban parte de la extraña entente nomenklatura-islamistas, interesada en reducir al mínimo las perspectivas de futuro y llevar al país a un callejón sin salida.
La detención, juicio y condena de los principales líderes civiles integristas, así como la detención en campos de concentración de miles de militantes y simpatizantes del FIS ordenada por la dirección política colegiada que gobierna Argelia desde 1992, no sirvió precisamente para moderar el ímpetu de los fanáticos y el resentimiento de los desfavorecidos. Es difícil saber quién empezó antes, si la violencia asesina de los grupúsculos integristas o la represión, a veces ciega, de las fuerzas armadas y la policía. El caso es que a finales de 1992, la suerte estaba echada: el país entró en una guerra civil larvada de la que ahora difícilmente puede salir.
La ¡legalización del HS, los excesos de la represión, la crisis económica y social galopante, la corrupción y el lujo irritante en que viven todavía ciertas minorías privilegiadas y la impronta ideológica de algunos regímenes como el iraní o el sudanés sobre los simpatizantes del integrismo, han sido factores coadyuvantes en el estallido de la violencia. La dialéctica acciónrepresiónacción no pudo pararse hasta ahora por falta de voluntad política: ambos bandos creen que sólo la aniquilación del contrario generará la paz. Entre los dos extremos, la inmensa mayoría de la población sufre las consecuencias de esta guerra fratricida e inconfesada.
Es más que dudoso que la dirección del FIS en el interior o en el exterior, cautiva o en libertad, controla a los grupúsculos militares que bajo diferentes etiquetas cometen actos terroristas ciegos y de una crueldad prehistórica. Ello explicaría, tal vez, por qué los integristas han exigido condiciones imposibles al poder militar para sentarse a negociar y por qué, también, sus llamamientos para que no se sacrifique a inocentes, extranjeros o nacionales, fueron desoídos. El movimiento integrista carece de líderes indiscutibles, de un proyecto político global y coherente, de portavoces fiables… Curiosamente algo parecido le sucede al poder militar: el impulso político, social y económico que debería sacar a Argelia de la crisis, parece diluido en la algarabía de la sangre y la irracionalidad. El apéndice político de este poder, es decir, el gobierno, intenta ofrecer alternativas pero la inmensa mayoría de la población, sea o no favorable a los integristas (cuyo apoyo social ha disminuido considerablemente en los últimos meses) desconfía.
El proceso de reformas sufrió en los últimos meses bandazos e indefiniciones que explican el pesimismo generalizado de la población. Del primer ministro liberal Ahmed Ghozali se pasó al dirigista Abdessalam Belaid y ahora, al modernista Reda Malek. Acabar con el terrorismo, iniciar un diálogo nacional, abrir la economía argelina al mundo, son los tópicos que todos cuantos llegan al gobierno en Argelia parecen dispuestos a realizar. Pero la realidad se encarga de reducir sus esperanzas. Las fuerzas armadas, por su parte, desearían desentenderse de su protagonismo político y regresar a sus cuarteles antes de que el virus integrista las alcance. Vana ilusión, porque hoy como ayer el único poder viable, el único valladar contra la desintegración generalizada de la nación son los militares. Es la herencia de la guerra de liberación de Ben Bella, Bumedien y, en menor medida, de Chadli Benjedid.
Los partidos políticos democráticos, las organizaciones profesionales o sindicales, podrían haberse convertido en el amortiguador de esta crisis. Pero irreflexivamente los dirigentes militares han cegado esta posibilidad. El lider del frente de fuerzas socialistas (el partido más importante del país), Ait Ahmed, me decía recientemente en Madrid que los militares han frenado cualquier intento de los partidos políticos por crear un régimen democrático porque no quieren que las cosas cambien.. Ait Ahmed me recordaba que el FIS fue legalizado sin ningún tipo de problemas mientras que su Frente tardó años en lograrlo. El Frente de Ait Ahmed como la Agrupación por la Cultura y la democracia de Said Saadi representan a esa otra Argelia alejada del fanatismo religioso, culta, moderna, ilustrada y tolerante que la brutalidad terrorista o la violencia institucional quieren ocultar a los ojos del mundo. Esa otra Argelia secuestrada se encuentra ahora ante la alternativa de, o bien tirar la toalla y escoger el exilio, o bien luchar con las reducidas armas que el poder le autoriza. Ait Ahmed teme que el fantasma del peligro islámico se utilice para producir una fractura entre Occidente y Argelia y el país se convierta en un caso irremediable a los ojos del mundo.
Los países occidentales han sido bastante solidarios con el proceso argelino desde que el presidente Chadli inició el proceso de transición hacia la democracia y la economía de mercado. Estados Unidos, Japón y Francia otorgaron créditos importantes al país para renovar la industria del gas natural. El FMI facilitó créditos y favoreció la renegociación de la deuda. Lo mismo puede decirse de España que ha invertido grandes recursos en el gaseoducto MagrebEuropa a través de Marruecos y el estrecho de Gibraltar.
Aunque bien poco es lo que los países europeos y Estados Unidos pueden hacer ahora para restañar la herida argelina y parar la hemorragia, lo cierto es que se encuentran en una situación incómoda. El régimen militar cercenó la primera experiencia democrática más o menos libertaria de cuantas se produjeron en Argelia tras la independencia: encarceló a disidentes, cometio excesos reseñados meticulosamente por Amnistía Internacional acabó con las escasas libertades políticas y sometió al país a un estado de sitio permanente que todavía no ha concluido. Cualquier apoyo explícito a este régimen, sean cuales sean las razones de su implantación, parece poco coherente con los principios que Occidente defiende o dice defender. Pero cualquier crítica, por leve que fuese, podría interpretarse como un apoyo indirecto a la barbarie integrista. De modo que se prefirió el silencio o el disimulo mientras se aconsejaba a las partes la negociación y el entendimiento.
Claro que tras esta circunspección se ocultan intereses reales y temores en absoluto imaginarios. Hace meses, antes de que asumiese la cartera de Interior en Francia, Charles Pasqua me dijo en París que si los integristas llegasen al poder en Argelia provocarían inevitablemente la estampida de medio millón o más de ciudadanos cuya vida y trabajo se vería amenazada. Y la mayoría de ellos vendría a Francia. Nosotros no podríamos acogerlos, añadió. Aunque en menor medida este éxodo afectaría también a España, cuyas relaciones económicas y comerciales con Argelia son importantes y podrían verse amenazadas, sobre todo en el terreno energético pese a que varios diplomáticos enviados especialmente a Argelia pudieron hablar con el líder integrista Madani antes de ser encarcelado y éste les aseguró que si el FIS llegase al poder los abastecimientos de gas y petróleo a España no peligrarían en absoluto. Los funcionarios transmitieron el recado con encomiable candor a sus superiores.
Siempre que se habla del drama argelino se cae en la tentación de mencionar el eventual contagio o transmisión del virus integrista a los países vecinos, especialmente Túnez y Marruecos. Sin que esta eventualidad sea descartable a priori lo cierto es que resulta un tanto remota porque las condiciones sociales, culturales, económicas, políticas y geoestratégicas de estos dos países difieren considerablemente de las argelinas. El «efecto dominó» del que tanto se habló cuando los ayatollahs llegaron al poder en Irán, parece poco probable en el Norte de África, pero qué duda cabe que un triunfo del FIS o de sus parientes introduciría un elemento distorsionador en una región que no se caracteriza precisamente por su estabilidad.
Antes, sin embargo, de que esta hipótesis se verifique tendrá que correr mucha sangre por la geografía argelina y lo que parece urgente es parar la hemorragia. Pero ¿cómo? Occidente no puede interferir porque sería peor una internacionalización del conflicto. Los militares argelinos difícilmente pueden eliminar a sus oponentes sin producir miles y miles de muertes inocentes. Los integristas moderados tampoco alcanzarán el poder eliminando a sus adversarios, civiles o militares: no tienen la fuerza ni seguramente la voluntad. En cuanto a los terroristas islámicos, saben muy bien que la vía militar está cegada y la política les resulta inalcanzable. De modo que la situación es, seguramente insostenible, como dice Juppé, pero se sostiene porque cualquier alternativa sería francamente peor.
Jamás una negociación comercial había suscitado tanta expectación como la conclusión de la Ronda Uruguay del GATT. Ello por dos razones fundamentales: en primer lugar porque la finalización positiva de las negociaciones iba a representar una importante inyección de moral para las maltrechas economías occidentales, agarrotadas por una crisis económica que las golpea desde hace cuatro años. En segundo lugar, porque los países en vías de desarrollo esperaban la feliz consecución del acuerdo como signo de liberalización y expansión de sus producciones hacia Occidente.
Estas dos afirmaciones pueden parecer antagonistas y contradictorias, pues podría pensarse que el beneficio de unos países debería comportar el perjuicio de los otros. Pues bien, con la firma de la Ronda todos ganan, aunque de forma diferente, según la estructura de sus economías y de los sectores en ellas más y mejor desarrollados.
Un rápido y sencillo análisis del texto del acuerdo final nos presenta la siguiente situación: los países desarrollados ganan en los sectores de más valor añadido como los servicios, las telecomunicaciones, las finanzas, el transporte, la industria química y farmacéutica y la propiedad intelectual, mientras que los países en vías de desarrollo se benefician más en los sectores básicos, como la agricultura y el textil. Esta es una consecuencia positiva si se tiene en cuenta que en general, cada bloque de países gana más en lo que mejor preparado está. En definitiva, se ha diseñado un nuevo orden económico internacional del que todos los países salen mejorados, aunque con la obligación de aumentar la competitividad de sus empresas y perfeccionar las condiciones socioeconómicas del trabajo.
En España las consecuencias del GATT van a ser buenas en términos generales, aunque con diferentes lecturas según los sectores, puesto que en algunos el proceso de ajuste derivado del GATT será más duro y profundo. En efecto, nuestros sectores agrario y textil sufrirán un proceso de adaptación a la liberalización y a la competitividad que será especialmente intenso en el factor trabajo, pero el nuevo GATT representa para todos, incluidos agricultura y textil, un reto y una oportunidad. Afortunadamente, algunos de nuestros políticos como Rodrigo Rato o Jordi Pujol han comenzado a difundir este mensaje, que la sociedad española tiene que captar en toda su extensión y significado ya que la oportunidad será real sólo si se mejoran la calidad y la competitividad de nuestros productos y empresas.
Un proceso inevitable, derivado de la liberalización de los acuerdos de la Ronda Uruguay y que incide muy notablemente en el incremento de la competitividad de nuestras empresas, es la internacionalización de sus actividades, mediante la que podrán posicionarse adecuadamente en el flujo de los intercambios comerciales que no se optimizan necesariamente sólo desde el territorio nacional. La internacionalización, necesaria consecuencia de la globalización de los mercados por la liberalización del tráfico comercial, ha de plantearse en una doble vertiente: primero, promoviendo las actividades exportadoras de nuestras industrias, y en segundo lugar, estableciendo empresas en otros países desde los que la participación en los intercambios comerciales sea más eficaz en razón de costes de producción bajos y aproximación a los mercados consumidores.
La deslocalización de capitales no debe ser un efecto temido, pues generalmente suele ser transitoria y los flujos financieros retornan a los países de origen por la vía de los dividendos o la financiación cruzada, haciendo a su vez más competitivas a sus empresas matrices que de otra manera languidecerían en el mercado doméstico. Este proceso requiere del esfuerzo de nuestros gobernantes en una doble vertiente, primero apoyando la internacionalización mediante un proceso de mentalización y motivación personal de la clase empresarial, y segundo financiando estas actividades con fondos de coste y plazos adecuados y beneficios fiscales suficientemente estimulantes.
Por último, sólo señalar que el mejor incentivo para nuestros empresarios sería ver a nuestros gobernantes convertidos en agentes comerciales itinerantes, abriendo mercados a lo largo y ancho del mundo además de viajar a Bruselas para obtener las ayudas comunitarias que, siendo bien importantes, no conseguirán por sí solas que nuestra economía despierte.
La música jugaba un papel muy importante en las festividades litúrgicas de la Basílica de San Marcos de Venecia en los siglos XVI y XVII. Constituía un elemento fundamental para realzar los ritos y ceremonias religiosas del principal centro eclesiástico de la flamante República de Venecia. Las Vísperas de la Anunciación de la Santa Virgen se celebraban en Venecia con gran pompa y solemnidad, pues la tradición decía que la Serenísima República veneciana había sido fundada ese gran día de la Fiesta mariana. Esta era pues una de las ocasiones en que el Doge acudía a San Marcos a presenciar este solemne acto, en el que también se exponía el Pala d’oro, el célebre retablo de oro situado detrás del altar mayor.
En la grabación que nos ocupa, Paul Me Creesh ha elaborado un programa para las Vísperas de la Anunciación que podría haberse celebrado el viernes 24 de marzo de 1643, último año de vida de Monteverdi, quien durante treinta años estuvo al servicio musical de este templo. Gran parte de las piezas musicales escogidas son de Monteverdi, y las demás se deben a sus colegas en la Basílica: Grandi, Marini, Rigatti y Cavalli, así como los fragmentos de canto llano pertenecen a los antiguos libros de coro de esta iglesia y algunos otros conservados en bibliotecas venecianas.
Las Vísperas en San Marcos eran como una especie de Concierto espiritual, pues en el ceremonial aparecía incluso escrito que si los sacerdotes interrumpían la música serían amonestados y multados. Es decir, la música era la verdadera protagonista del acto. El trabajo musicológico e interpretativo es muy loable y se ha cuidado especialmente la sonoridad de la grabación de modo que sea lo más parecida a la que podría darse en el espacio acústico de la Basílica de San Marcos.