La promoción y realización de actividades de carácter cultural desde el sector privado y, en concreto, en el ámbito de las denominadas entidades sin fines lucrativos —entendidas como aquellas que persiguen fines de interés general en beneficio de colectividades genéricas de personas y no reparten los posibles beneficios económicos entre sus socios o partícipes— se ha circunscrito en España, prácticamente, a dos tipos de entidades jurídicas: las asociaciones —sobre todo las declaradas de utilidad pública— y, principalmente, las fundaciones.

El impulso de estas actividades ha ido de la mano de la regulación sustantiva y fiscal que en cada momento han tenido las entidades llamadas a realizarlas. Recordemos en este sentido que, hasta bien entrada la etapa democrática de nuestro país, ambas estaban reguladas por normas anteriores a nuestra Constitución, y, en concreto, en el caso de las fundaciones, por normas promulgadas en el siglo XIX. Por eso no es de extrañar que, hasta que no se adaptaron estas normas a la vigente Constitución, las entidades sin fines lucrativos no hayan podido ser verdaderas protagonistas del gran desarrollo de las actividades culturales de todo tipo que se ha producido en nuestro país desde los últimos años del siglo XX hasta nuestros días.

En este sentido, la promulgación en 1994 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, constituyó un hito de gran relevancia. En esta ley, que consta de dos títulos, se procedió, por una parte, en desarrollo del artículo 34 de la Constitución —el cual reconoce por primera vez en nuestra historia constitucional el derecho de fundación—, a actualizar la legislación sobre fundaciones. Y, por otra, a la regulación de un régimen fiscal específico para las entidades —fundaciones y asociaciones de utilidad pública, principalmente— que desarrollan actividades de interés general, así como a la concesión de determinados incentivos fiscales a las personas físicas y las entidades que con ellas colaboran. Finalmente, y mediante una disposición adicional, la misma ley procedió a actualizar tanto el régimen sustantivo de las asociaciones declaradas de utilidad pública como el procedimiento para su concesión, hasta entonces regulado en la Ley de Asociaciones 191/1964, de 24 de diciembre.

Sin embargo, transcurridos unos pocos años se vio que esta reforma legal era insuficiente. Efectivamente, durante este tiempo se experimentó un auge significativo en la constitución de fundaciones y de asociaciones. También un número importante de asociaciones fueron declaradas de utilidad pública; sobre todo al haber pasado dicha competencia del Consejo de Ministros al Ministerio del Interior. Pero los, más bien tímidos, incentivos fiscales no resultaron eficaces para estimular la colaboración de la denominada sociedad civil en la financiación de estas entidades en los niveles esperados al promulgar la ley.

Como consecuencia de las demandas llegadas desde las entidades afectadas y, especialmente, de las organizaciones representativas en que se agrupan, en el año 2002 se procede a realizar una gran modificación legislativa que contó con un amplio apoyo parlamentario. Esta se concretó en la promulgación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones. Esta reforma no solo constituyó un avance en cuanto a técnica jurídica se trata, ya que plasmó en tres leyes diferentes temas que antes se contemplaban en una sola, sino que, además, dotó a las entidades sin fines lucrativos y a sus benefactores de un régimen fiscal mucho más acorde con las demandas sociales.

Efectivamente, en la vigente Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se regulan de una forma eficiente, tanto los requisitos que han de cumplir las entidades que desean optar por el régimen fiscal en ella establecido, como las exenciones que estas pueden gozar en los impuestos estatales y locales. Asimismo, se amplían los incentivos fiscales al mecenazgo ya previstos en la anterior ley, los cuales se complementan con otros nuevos. Todo esto ha hecho que, desde su entrada en vigor, haya crecido exponencialmente el número de entidades que se han acogido a ella y, lo que es más determinante, el importe de las cantidades que hacia ellas se han canalizado desde el sector privado al socaire de los incentivos fiscales ofrecidos.

Pero todas estas medidas son insuficientes en el marco de la actual crisis económica que padecemos, así como en el de la política de recortes presupuestarios que afecta a las Administraciones públicas. Como es bien sabido, estas dos circunstancias han llevado a una disminución considerable de las partidas presupuestarias dedicadas al impulso directo de actividades culturales (cine, teatro, música, museos, libros, etc.) desde la Administración central, las autonómicas y las locales, así como a la práctica desaparición de las subvenciones públicas dirigidas al sector cultural. Por ello, más que nunca es decisivo en este momento articular las normas jurídicas precisas que faciliten llevar a cabo desde el sector privado las actividades que el sector público es ya incapaz de financiar.

En este sentido, desde el sector de las fundaciones, la principal de las organizaciones en la que están asociadas más de mil de las fundaciones que hay operativas en España (se calcula que son unas nueve mil, entre las de ámbito estatal y autonómico), la Asociación Española de Asociaciones (AEF), en estos últimos años se ha venido trabajando en la elaboración de una propuesta de modificaciones legales que abarca tres ámbitos concretos: el régimen sustantivo de las fundaciones, el régimen fiscal interno y de sus actividades, y el régimen de mecenazgo. Esta propuesta, que conllevaría la modificación de las vigentes Leyes 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, fue presentada en su momento a los diversos partidos políticos, los cuales incluyeron, con más o menos amplitud, algunas de las medidas en ella contempladas en los programas electorales con los que concurrieron a las últimas elecciones generales. Una vez celebradas estas, el grupo parlamentario catalán (Convergencia i Unió) presentó una proposición de ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que incluía, entre otras, parte las propuestas de la AEF. Por otro lado, desde el nuevo Gobierno surgido de las elecciones, y en concreto desde la Secretaría de Estado de Cultura, también se hicieron propias las propuestas del sector. Todo ello ha suscitado el actual debate, que aún no se ha concretado en el correspondiente proyecto de ley, acerca de los objetivos que ha de alcanzar la reforma legal pretendida y los límites que no debería traspasar. En este sentido, será clave la opinión del Ministerio de Hacienda acerca de si los incentivos fiscales al mecenazgo que se proponen deben afectar solo a las entidades sin fines lucrativos que realicen actividades culturales, o todas las demás que persigan fines de interés general: sociales, asistenciales, sanitarios, docentes, cívicos, cooperación al desarrollo, medioambientales, etc. También será determinante el cálculo que por dicho Ministerio se haga sobre la incidencia que dichos incentivos pudiesen tener en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 actualmente en elaboración.

En nuestra opinión, la postura del Gobierno a estos efectos debería ser lo más generosa posible, ya que toda canalización de recursos desde la sociedad civil hacia el denominado tercer sector redundará en el mantenimiento e impulso de la actividad económica que este actualmente desarrolla y, como consecuencia, del volumen de los impuestos de todas clases que ella genera. Téngase en cuenta a estos efectos que, según el análisis realizado en el seno de la AEF por el Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF), en los años 2010/11 las fundaciones activas, además de las colaboraciones recibidas en concepto de voluntariado, generaron unos 200.000 empleos, entre directos, indirectos, y unos 18 millones de personas participaron o se beneficiaron de sus actividades.

En síntesis, y en lo que afectan al mecenazgo, las propuestas concretas más importantes que se han hecho y están siendo objeto de debate son las siguientes: a) elevación de los porcentajes de deducción fijados actualmente en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF en el 35% y 25%, respectivamente, en al menos el 50% para los dos impuestos; b) incentivar las pequeñas donaciones dinerarias mediante la deducción al 100% de los primeros 150 euros; y c) reconocimiento de las prestaciones de servicios gratuitos como aportaciones deducibles en el Impuesto sobre Sociedades o, en su caso, el IRPF del empresario prestador.

Junto a estas medidas de carácter, podríamos decir, interno. Hay otras de carácter europeo que pueden ayudar decisivamente al impulso de las actividades y del mecenazgo cultural desde el sector privado. Una de ellas es la modificación de la sexta directiva sobre el IVA. En efecto, cuando se elaboró esta norma no se tuvo en cuenta la incidencia que su puesta en práctica iba a tener en las entidades sin fin de lucro, al ser estas consideradas como consumidores finales y no prever en la estructura técnica del impuesto su forma de actuar, generalmente mediante prestaciones de servicios gratuitos o a precio de coste. La consecuencia ha sido una considerable reducción de los recursos que estas entidades pueden destinar a la realización de sus propios fines y, en algunos casos, el aumento de los precios que los receptores de sus servicios tienen que abonar. Como consecuencia de la presión efectuada por las entidades afectadas, en el mes de diciembre pasado la Comisión Europea hizo pública su postura al respecto. En este sentido, aunque en ella reconoce la situación desfavorable de estas entidades en la regulación del IVA, únicamente propone como posible solución la modificación de los sistemas de restitución o compensación que los Estados miembros pueden introducir internamente fuera del sistema del impuesto, aparte de la supresión de algunas de las exenciones vigentes. En este sentido, será decisivo tanto la continuación de los esfuerzos que desde el sector se están efectuando como, llegado el caso, las decisiones que a nivel interno español pueda adoptar el Gobierno respecto a cómo compensar a estas entidades por las cantidades tributadas. El objetivo a conseguir es que los servicios que presten las entidades sin fines lucrativos, y entre ellas las culturales, gocen de una exención real en el IVA, de forma que se puedan beneficiar de ellos un mayor número de personas y a más bajo coste.

Finalmente, otra iniciativa que puede contribuir decisivamente al impulso de las actividades culturales desde el sector no lucrativo español es el Estatuto de la Fundación Europea, impulsado por la Comisión Europea y actualmente en tramitación. En la propuesta de Reglamento del Consejo Europeo —en cuya elaboración ha tenido una participación decisiva en lo que a España se refiere la AEF, así como las fundaciones con fines culturales que en ella se integran— se incluye una disposición de carácter fiscal, según la cual toda persona física o jurídica que realice una donación a una fundación de esta naturaleza, dentro o fuera del país en que esta se encuentre, estará sujeta al mismo tratamiento fiscal que el que se aplique a las donaciones realizadas a las entidades de utilidad pública establecidas en el Estado miembro en el que el donante tenga su residencia a efectos fiscales. Sin duda, la entrada en vigor de esta norma facilitaría en gran manera la canalización de recursos desde otros Estados miembros de la Unión Europea hacia entidades españolas que, persiguiendo fines culturales, hubiesen obtenido la configuración jurídica de Fundación Europea, ampliando así el ámbito de sus posibles colaboradores y benefactores. Téngase en cuenta a estos efectos, por ejemplo, que en Italia, dependiendo del tipo de donaciones la deducción puede llegar al 100%, o que en Alemania las personas físicas pueden deducirse hasta un máximo de la cantidad equivalente al 20% del total de los ingresos anuales obtenidos.

Es de esperar que el cercano desenlace del debate actuablemente abierto sobre la reforma de los incentivos fiscales al mecenazgo cultural coloque a nuestro país en los parámetros de otros países europeos, lo que permitiría una mayor colaboración de la sociedad civil en el sostenimiento de los proyectos culturales gestionados e impulsados por el sector privado.

La actividad de fomento es una modalidad de intervención administrativa consistente en dirigir la acción de los particulares hacia fines de interés general mediante el otorgamiento de estímulos o incentivos. Se trata, así, de una actividad consistente en ayudar a una actividad privada de interés público.

En su origen, la actividad de fomento aparece vinculada al liberalismo económico desde la concepción de que el Estado ha de estimular y apoyar la iniciativa privada y no suplirla.

Con la aparición del denominado Estado Social o de bienestar, este se va a involucrar en el devenir de la sociedad formulando políticas sociales globales, configurándose la Administración en el marco del Estado moderno como una muy importante organización prestadora de servicios y suministradora de bienes, interviniendo de modo más activo en la sociedad.

Pero la actividad de fomento no pasa a un segundo plano ni queda reducida su intensidad sino al contrario, ya que se disipan las barreras entre lo público y lo privado, entre la sociedad y el Estado. La colaboración entre Administración y particulares para dar respuesta a las necesidades generales se convierte en una fórmula común e inclusive deseable en determinados sectores de la acción administrativa para la consecución de los objetivos del Estado Social.

Así, la irrupción de este modelo de Estado se plasmó en un nuevo impulso de la actividad de fomento, desde sectores en los cuales era una actividad administrativa ya habitual, como la agricultura, la vivienda, la minería o la ganadería, a muchos otros sectores del ámbito económico pero también de carácter social.

La lectura de numerosos artículos contenidos en los principios rectores de la política social y económica de nuestra Constitución de 1978, nos permite hallar una expresión muy repetida y dirigida como mandato a los poderes públicos: «fomentarán».

Así se hace en lo que se refiere a la educación sanitaria, la educación física y el deporte, el acceso a la cultura, a una vivienda digna, a las organizaciones de consumido-res, las sociedades cooperativas, la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, la investigación científica.

Múltiples y crecientes dominios, pues, en los que estas ayudas o estímulos van dirigidos a sectores productivos desde una perspectiva económica pero también a otros ámbitos que tienen un contenido netamente social y que, a través de grupos organizados, asociaciones, fundaciones, etc., desarrollan actuaciones que se consideran son merecedoras de apoyo con recursos públicos.

Las Administraciones públicas, como poderes públicos que son, tienen el deber de intervenir positivamente en las condiciones de vida de las personas, de realizar una actividad activa dirigida a garantizar y promover las condiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y los grupos en que se integran.

Antaño, la actividad de fomento conectaba como una mentalidad generalmente benéfica, casi graciable, en un ámbito libre de actuación de la Administración. Villar Palasí llego a calificar gráficamente a la subvención como una «intervención benévola del tesoro». Las consecuencias de esta consideración se manifestaron largamente en nuestro ordenamiento jurídico: no sujeción a procedimiento alguno, un régimen no garantizador del principio de igualdad.

Pero la efectiva aplicación constitucional del principio de sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, su vinculación a los intereses generales y la importancia creciente financiera de este tipo de actividad impuso ya a finales de los ochenta una regulación con rango de ley del principal medio de fomento existente, las subvenciones.

Así, fueron en un primer momento dos artículos de la Ley General Presupuestaria. Tardaría todavía trece años hasta que, por fin llegó la normativa tan deseada: la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y los reglamentos que la desarrollan. Se ponía fin a una situación de inseguridad jurídica con lagunas impropias de una actividad generadora de un volumen muy elevado de gasto público.

Esta plasmación normativa es, pues, expresión de que una parte importante de la actividad del sector público se canaliza a través de subvenciones con el objetivo de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades.

En todo caso, desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante de gasto público y, por tanto, tienen que ajustarse a las directrices de la política presupuestaria. Y esta es la que, desgraciadamente, en la actualidad, entraña una sobresaliente contención del gasto público con la consiguiente restricción de subvenciones.

Por otra parte, la consolidación del Estado de Derecho ha supuesto otra modificación del régimen de las ayudas y subvenciones públicas en lo que se refiere al carácter gratuito. La idea de liberalidad apuntada llevaba también consigo la idea de que, a cambio, la Administración nada recibía. Esto igualmente debe entenderse superado. La idea de que la Administración sirve con objetividad los intereses generales supone entender que mediante las técnicas de fomento no es ya que la Administración no obtenga beneficio sino al contrario: el debido empleo de estas técnicas de fomento es determinante para la consecución de objetivos constitucionalmente marcados.

En todo caso, esté como esté el debate entre dejar la actividad en el sector privado (sujetándola a una intervención administrativa de distinta intensidad) o entregarla al sector público (transformándola en una prestación o servicio público), si se opta por la primera fórmula, el segundo momento de decisión es el de asegurar la adecuación al interés público de la actividad privada mediante técnicas de intervención o de persuasión e incentivación, etc.

En estos momentos en que, tanto por razones económicas (crisis financiera del Estado) como por otras como la exigibilidad de transparencia y pautas de nueva gobernanza, son más que cuestionadas numerosas prestaciones y servicios públicos, las medidas de incentivación y estímulo de conductas privadas aparecen como una verdadera alternativa allí donde las técnicas clásicas de intervención unilateral del poder político se revelan ineficientes para inducir los resultados sociales pretendidos y ajustados a las disponibilidades de gasto público.

Como he dicho, es muy diverso el abanico de sectores en los cuales se utiliza el mecanismo de las subvenciones con diversas finalidades, que se reducen fundamentalmente a dos: las de «estímulo económico» y las de «carácter social». En algunos casos también se entrecruzan pues es frecuente que, sobre todo, aquellas que buscan un fin social produzcan también efectos económicos.

Subvenciones para la venta de nuevos vehículos, para la rehabilitación de fachadas, para la agricultura, para la industria, para organizaciones de discapacitados, de ayudas de comedor escolar, para la investigación, para la cultura, etc.

En toda esta ingente variedad se muestra cómo el Estado o las Administraciones públicas proceden a la utilización de recursos públicos para desarrollar su acción pública y/o política, pues dependiendo dónde ponga el acento en sus planteamientos ideológicos, primará o no la aplicación de recursos a unas u otras áreas.

Actualmente no parece que haya sector del ámbito de la sociedad que se sustraiga a la subvención que es, como decimos, en su plasmación concreta, una manifestación de la política de apoyo, estímulo, incentivación, ayuda. Puede, por otra parte, observarse que brillan por su ausencia. Eso tiene un componente bueno, de estabilidad, y otro malo, la inercia.

Junto a las subvenciones de «estímulo económico» y de «carácter social» existen otras que no tienen un carácter productivo o social en su sentido más estricto, pero que se encuentran consolidadas, como si formasen parte del sistema y que son bastante cuestionables. Me refiero a las cantidades que perciben los partidos políticos, las fundaciones vinculadas a estos y otras entidades como las organizaciones empresariales y, especialmente, los sindicatos.

La actual situación debería aprovecharse para cortar y depurar y, sobre todo, racionalizar el frondoso árbol de las subvenciones. Y esto no solo ni predominantemente desde planteamientos economicistas sino también desde otros criterios que introduzcan elementos de ponderación racional que remuevan las situaciones consolidadas por la inercia.

Me refiero a entidades o sectores económicos o sociales que tienen una enorme dependencia de las subvenciones públicas, lo cual sucede en sectores productivos cuyas subvenciones se habrán de mantener en algunos casos por la importante implicación económica del sector, pero en otros casos habría que replantearlas.

Lo dicho vale también para el ámbito de lo «social» en el que hay entidades que se hacen llamar organizaciones no gubernamentales, pero cuya casi exclusiva financiación proviene de los gobiernos. Además, en este campo debe advertirse la excesiva proliferación, lo cual lo mismo puede ser manifestación del pluralismo y vitalidad social que síntoma de dispersión y pérdida de posibles sinergias.

Quisiera destacar ahora algunos aspectos críticos en materia de subvenciones y que deberían mejorarse.

En primer lugar, el control, la evaluación y el seguimiento de las subvenciones concretas que se conceden, así como también de la relación que tiene el dinero público aplicado y los resultados obtenidos.

Es muy frecuente que ese seguimiento se reduzca a la dimensión puramente formal de recogida de certificaciones y facturas justificativas de las actividades y servicios realizados o supuestamente realizados. No es infrecuente que la Administración se ocupe más de recopilar bien las facturas que de la verdadera justificación de resultados y su efectividad.

En casos extremos puede no existir siquiera la revisión puramente formal de lo presentado por los receptores de subvenciones, quedando la documentación en cajas no abiertas o, a lo sumo, sometidas a un examen aleatorio. Claro que esto sería no solo una inercia que romper, sino un caso que denunciar.

Hay que afrontar una nueva diligencia en la gestión de recursos públicos, tanto por parte de quienes los perciben y gastan como de quienes los conceden y, en consecuencia, los deben controlar. Hay que aplicar con más rigor la vía de reintegro cuando no se cumplen los requisitos, y eso no solo en la formalidad de presentación de justificaciones sino también, y sobre todo, de efectiva realidad y aplicación de lo recibido.

Otro aspecto crítico es la no aplicación de lo que la ley de hace nueve años disponía cuando hablaba de un «plan estratégico» de subvenciones que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretende conseguir con los costes previsibles y sus fuentes de financiación con el objetivo de adecuar las necesidades públicas que cubrir mediante subvenciones de acuerdo con los recursos disponibles. Ese diseño de futuro requiere tanto una programación como un seguimiento y evaluación de la incidencia y de los resultados de las subvenciones aplicadas. Y esto no se hace.

Y hasta aquí mi reflexión sobre las subvenciones.

En una situación de grave crisis financiera del Estado y de todo el sector público, podría pensarse con mayor intensidad acudir a otras fuentes. Una de ellas podría ser el sector privado. Aunque en su gran mayoría no está saneado y sufre las consecuencias de la crisis, hay igualmente entidades y personas privadas que por su condición o su buena gestión están en condiciones de implicarse y ayudar al desarrollo de fines de diversa naturaleza. Así, como consecuencia de la crisis y del cambio de gobierno, ha adquirido gran pujanza la idea de impulsar el mecenazgo para incrementar la participación del sector privado.

Es ciertamente deseable la implicación del mundo privado y de la sociedad en actividades de interés general, especialmente en una situación como la actual donde los recortes públicos están afectando a todos los sectores. Es deseable impulsar un nuevo y mejor marco legal (la actual ley data de 2002) en la materia. Pero será necesario también proponer una reflexión al respecto.

El mecenazgo se vincula fundamentalmente con la cultura, lo cual es, sin duda, positivo, pero, a mi juicio, no debe limitarse a ella. Además, cuando se lee u oye hablar sobre mecenazgo se hace referencia a la participación en grandes programaciones o eventos culturales: de liceos, teatros, museos, lo cual suele venir de la mano de grandes empresas de gran renombre. No se debe aceptar una visión tan limitada.

Sin duda, la noción de mecenazgo tal como se entendía en el Renacimiento suponía la implicación de particulares o grandes familias adineradas benefactoras de artistas y no venía a suplir ninguna acción pública sino a adquirir relevancia social.

En actualidad, en cambio, la noción de mecenazgo, vinculada a la cultura, debería extenderse a otros ámbitos de la acción social como proyectos de atención a sectores más desfavorecidos o necesitados de integración, ayuda al desarrollo, a la investigación. No puede darse a las actuaciones privadas que operan en estos ámbitos un incentivo menor que el que se da a las que se implican en proyectos culturales. Parece que esta idea se abre paso en el último anteproyecto que conozco de la ley en ciernes.

Sin duda, conjugar la acción pública con la promoción de la iniciativa y participación social es algo positivo para lograr una sociedad más implicada en el bien común, pero no debemos olvidar que, rebus sic stantibus, esa implicación, más que completar la aportación del Estado u otras Administraciones públicas, ahora va a sustituirla. Y esto tiene que ser objeto de reflexión por dos razones. En primer lugar porque los incentivos fiscales se traducen obviamente en una menor recaudación fiscal y en segundo lugar porque la deseable participación de particulares y empresas no puede soslayar el papel de los poderes públicos en cuanto a velar, proteger y promover la cultura, la educación, la investigación y los servicios sociales.

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle (Santander, 1966), martillo cultural del PP en la pasada legislatura, ha sido profesor de Filosofía del Derecho, de Sistemas Políticos Comparados y de Historia de las Ideas, editorialista de ABC y colaborador de El País, y es autor de varios libros de temática liberal. Luce barba a lo Rajoy, tiene una mirada escrutadora de intelectual tolerante y presenta el aspecto saludable de quien corre cada mañana diez kilómetros, preparándose para participar, en breve, en una maratón de altos vuelos. Cuando recibe a Nueva Revista en su despacho de la Plaza del Rey, en el emblemático edificio de las Siete Chimeneas, nos llega la noticia de la muerte de Gregorio Peces Barba, que le afecta visiblemente, porque fue codirector de su tesis y rector de la universidad donde Lassalle ha dado clase. Le pido una necrológica de urgencia: «Yo he estado muy vinculado a Gregorio desde un punto de vista académico —me dice—, porque él tuvo que ver con la elaboración de mi tesis doctoral e impulsó de alguna manera mi carrera académica, abriéndome las puertas de la Universidad Carlos III. Más allá de ciertas desavenencias políticas que pronto hubo entre ambos, y que siempre fueron reconducidas de una manera inteligente, la verdad es que es una pena saber de su fallecimiento. Y para España, en estos momentos tan complicados, una figura como la suya era un factor de contribución al diálogo y al compromiso político, que son absolutamente imprescindibles de cara al horizonte político que tenemos por delante. Era uno de los padres de la Constitución y su pérdida, en un momento como este, supone una orfandad y hace más difícil la gestión del día a día». Con un recuerdo cordial para Peces Barba (fue mi abogado en las batallas contra el Gobierno del tardofranquismo en los últimos años del diario Madrid), entramos en materia.

—No es que sea obligatorio hablar de la prima de riesgo, pero ¿en qué medida está afectando la crisis a la cultura?

—Lo está haciendo, al forzar una estrategia de austeridad en las cuentas públicas que provoca al mismo tiempo una reducción en el esfuerzo que la Administración dedica a la cultura. No creo que sea un daño irreparable, porque afortunadamente hay que contemplar con optimismo el futuro, pero la situación se está haciendo seriamente complicada, ya que el mayor soporte de la cultura, por parte de las administraciones, se ha localizado en los últimos años en el ámbito local y en el ámbito autonómico. Y el decrecimiento presupuestario que, tanto en un sitio como en otro, ha sufrido la cultura es lo que ahora mismo sitúa a la coyuntura en un momento extraordinariamente complejo, de enorme dificultad, que esperemos que los acontecimientos ayuden a restablecer y a recuperar lo antes posible.

José María Lasalle (izda.) y Miguel Ángel Gozalo

—Lo que se preguntan muchos, y más en estos tiempos de penuria, es si la cultura es una necesidad o un lujo.

—La cultura es siempre una necesidad. Lo que hace falta es saber discriminar con claridad dónde es absolutamente imprescindible el esfuerzo público para salvaguardar el derecho a la cultura. Quien diga que la cultura es un lujo se equivoca. Nunca es un lujo. Pero desgraciadamente, como sucede en épocas de penuria, hay que discriminar las prioridades. Y las prioridades económicas del país están en estos momentos en alcanzar, como sea, la estabilidad presupuestaria. Pero eso no significa, que, a pesar de ello, la cultura no siga siendo objeto de preocupación, dedicación y esfuerzos por parte del Gobierno.

—Pero esta Secretaría de Estado ha tenido que dar un tajo tremendo al presupuesto inicial…

—Ha tenido que afrontar recortes importantes que se vienen sumando a otros ejercicios anteriores, pero creo que la parte sustancial, que identifica la política cultural del Estado, está salvaguardada y va a seguir siendo salvaguardada.

El mecenazgo, un modelo a explorar

—¿No está agotado el modelo que hacía depender casi exclusivamente del Estado el apoyo a la cultura? ¿Asume la sociedad española que debe de colaborar en el mecenazgo cultural?

—Yo creo que el modelo de mecenazgo es un modelo por explorar intensamente en nuestro país. Ha habido mecenazgo, a pesar de que no ha habido una legislación propicia a él. Mi convicción es que, con una ley y un marco normativo que favorezca el desarrollo de una estrategia de mecenazgo, la sociedad española será capaz de apostar mucho más intensamente por la cultura y por su financiación, dentro de un marco mixto que complemente la acción que el Estado siempre ha de desarrollar en el ámbito cultural. Encontrar el punto de equilibrio es una tarea que habrá que afrontar a lo largo de la legislatura y, en cualquier caso, el impulso del mecenazgo es una prioridad que está esperando la propia sociedad española, porque cualquiera de los agentes del sector cultural trasladan siempre la urgencia y la necesidad de que el mecenazgo en España sea abordado y respaldado desde el Gobierno.

—Pero la ley del mecenazgo se está haciendo esperar. ¿Qué pasa con ella?

—La Ley de Participación Social del Mecenazgo está preparada para ser enviada como anteproyecto al Congreso de los Diputados. El problema estriba en la oportunidad temporal de la misma, habida cuenta de las dificultades presupuestarias en las que se encuentra en estos momentos la economía. El debate está en determinar con claridad cuándo debe llevarse al Congreso, si es procedente su envío con una suspensión de los incentivos hasta que se alcance el equilibrio presupuestario, y una evaluación correcta —que yo creo que es en estos momentos una exigencia de interés general— sobre si eso va a tener un impacto grande o no en la sostenibilidad de nuestras arcas públicas.

En un ejercicio de responsabilidad, estamos tratando de evaluar cuál es el momento más correcto para poder remitir al Congreso lo que es un compromiso político de este Gobierno expuesto desde el primer día.

Reconocimiento al mecenas

—¿Cuáles son las líneas maestras de esa ley?

—Las líneas maestras, como ya hemos reiterado varias veces, están inspiradas en el modelo francés, que ha sido extraordinariamente fructífero para la política cultural de nuestro país vecino. Combina un diseño transversal, que no solamente está pensado para la cultura, sino también para la educación, la salud, la cooperación, la investigación… Áreas en las que habitualmente actúa el mecenazgo y, por tanto, no solo es un instrumento que actúe sobre la cultura.

—¿Qué más novedades contiene?

—En segundo lugar, combina una apuesta por los incentivos tanto en las personas físicas como en las personas jurídicas. Trata de reordenar el modelo fundacional tal y como está planteado en nuestro país.

Sobre los otros instrumentos de incentivo que prevé la legislación, actúa racionalizándolos, sistematizándolos, y redireccionándolos hacia el ámbito de la participación social y el mecenazgo. Finalmente, introduce también un espacio para el ámbito que está teniendo una enorme fertilidad en otros países: es el micro-mecenazgo, es decir, la posibilidad de que pequeñas aportaciones sean también consideradas como tales, con las correspondientes desgravaciones. Y, por último, algo que es absolutamente de-mandado por todos los sectores culturales: el reconocimiento público del mecenas. Hasta el momento, es uno de los grandes déficits que arroja la legislación española al respecto.

Una cultura global

—Unamuno decía que la cultura es una conquista, idea en la que también insistió Malraux, para el que «la cultura no se hereda, se conquista». Los jóvenes actuales ¿tienen conciencia que hay que conquistar la cultura o el cambio social también afecta a esto?

—La cultura como concepto atraviesa una compleja transición y es consecuencia del periodo de cambio que experimentan las sociedades occidentales y, en conjunto, la propia humanidad, dentro del contexto de la globalización. La cultura de masas, que ha sido la cultura del siglo XX, se está transformando en una cultura global: eso implica mecanismos de interpretación del fenómeno cultural cada vez más plurales, mucho más tolerantes, valorativamente más abiertos a la diferencia y con una decantación crítica con respecto a los propios modelos culturales heredados, lo que plantea un escenario de cambio y de transformación radical. Creo que la juventud de hoy —una juventud universitaria preparada, con horizontes mentales abiertos porque ha viajado y tiene evidentemente rudimentos intelectuales que no tenían otras generaciones anteriores—, está muy capacitada para poder liderar e impulsar. Es un momento de tradición importante, es un momento abierto. Eso genera incertidumbres pero también genera enormes oportunidades.

Foto de Teo Palomo

—Y ese fenómeno de cambio ¿va a afectar también a la vida política en general, a los modelos de partido que tenemos ahora, a la participación? ¿No se está alterando el paisaje demasiado deprisa?

—Aquí habría que discernir entre la superficie y la profundidad de los fenómenos. Y es complicado, porque la experiencia de campo está muy agitada por una inmediatez temporal que dificulta un análisis sereno. Están cambiando muchas cosas, y probablemente están cambiando las mentalidades y la cosmovisión, sobre todo en los jóvenes. Pero la decantación de los cambios requiere también una perspectiva. No sé si el modelo de participación política va a experimentar un cambio radical. Creo que las instituciones sí van a tener que cambiar en su manera de relacionarse con la propia sociedad, y creo que la propia sociedad tendrá que cambiar y experimentar profundas transformaciones. Casi me atrevería a decir que experimentarse ella misma. El espacio público, desde la democracia griega, es un espacio que ocupa el interés general y permite reflexionar políticamente entre todos. Y eso no va a cambiar. Por lo menos en tanto que la fisonomía democrática se mantenga como el rostro que ofrezcan las sociedades occidentales. La manera en la que la gente participe en ese espacio va a experimentar cambios. No va a tener probablemente la fórmula tradicional de una asamblea parlamentaria sujeta a procesos de deliberación híperformales sino que evolucionará probablemente hacia fórmulas de interacción mucho más rápidas, menos formales, pero a lo mejor mucho más prácticas a la hora de reflejar el Estado de opinión más inmediato.

El liberalismo necesario

—¿Queda sitio en este mundo actual para los liberales, ese asunto que a usted le ha preocupado tanto?

—Yo es que creo que el liberalismo es el componente ético de la civilización democrática. En la medida en que la defensa de la persona, de sus derechos, de su dignidad, de la tolerancia en torno a la cual debe construirse la deliberación política, son expresión del pensamiento liberal. Creo que la civilización democrática no puede renunciar a ese fundamento liberal, pues estaría renunciando probablemente a la propia idea de civilización. Es probable que parte de los paradigmas y de los criterios que han ido identificando el liberalismo evolucionen. Lo vienen haciendo a lo largo de la historia en esa fascinante tensión intelectual que el pensamiento liberal vive en su seno entre la libertad y la igualdad. ¿Hasta dónde la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y hasta dónde la libertad para ser diferente, la libertad para decir no, la libertad para decir sí a la hora de generar espacios de participación pública? Por tanto, el liberalismo no solamente es posible: es necesario y es de alguna manera, en mi opinión, el sustento de todo lo que más apreciablemente digno ofrece la cultura occidental.

El derecho a discrepar

Pregunto al liberal secretario de Estado cómo han sido recibidas en esta Plaza del Rey, cerca de las ventanas de su despacho, los gritos de protesta de la gente del cine, que se ha manifestado contra la subida del IVA. He aquí su respuesta: «Respetuosamente, porque yo creo y aplaudo el derecho de la gente a expresar su disconformidad con lo que en determinado momento un Gobierno cree que debe hacer. Las sociedades democráticas se sostienen sobre la deliberación y la discrepancia, y la obligación de quienes tenemos que gestionar la cosa pública es tratar de armonizar el mayor número de intereses posibles dentro de lo que se denomina el interés general. Por tanto, en modo alguno me siento molesto, sino todo lo contrario, por ver que la discrepancia en este país puede expresarse de una manera civilizada y en un espacio público que es de todos».

Hay que contemplar con optimismo el futuro, dice José María Lassalle. Bajo el calor de julio, la Plaza del Rey, esa plaza que es de todos y en donde en tiempos no tan remotos se alzaba el Circo Price como un anfiteatro para el riesgo y la risa, tiene sus terrazas llenas y asumido su papel de espectáculo, algo que fascinaba a Ramón Gómez de la Serna. Dice Vargas Llosa en su último libro que vivimos la civilización del espectáculo y que la cultura, en el sentido tradicional, está en nuestros días a punto de desaparecer. No exagere, querido premio Nobel. Vamos a ver si pasamos esta crujía, y hay por fin ocasión de sacar dinero de las piedras para la cultura y, de paso, encontrar por el camino algún que otro mecenas.

Si se entiende por cultura algo más que creación y se subraya sus efectos sociales, no hay duda de que es de primera necesidad promocionarla y fomentarla desde todas las instancias posibles. Por ello mismo es reduccionista enfocar el problema de la financiación cultural solo desde el punto de vista de la fiscalidad. Marta Rey apunta en este artículo siete puntos que tener en cuenta en el actual debate sobre el mecenazgo y el patrocinio cultural.

Con ocasión de la crisis son muchos los que se acuerdan de Maslow y sitúan la cultura entre los productos de lujo, los primeros prescindibles en tiempos de escasez y expectativas limitadas. Quizás los que entendemos la cultura como parte de nuestro ecosistema vital no hemos sabido explicarnos. La cultura no es necesariamente sinónima del espectáculo, a pesar del proceso imparable glosado por Vargas Llosa. Tampoco son necesariamente cultura los contenedores melancólicos, a pesar de sus gravosas promesas. La cultura tampoco es propaganda, mal que les pese a ciertos políticos y a los adalides de la cultura diseñada para la subvención. La cultura es sinónimo de ciudadanía y, en su segunda derivada, de bienestar. Se puede —se debe— re-diseñar el modelo de gestión de la cultura en nuestro país, pero no debiéramos cuestionar la necesidad de fomentar la cultura entendida como fermento primordial de nuestra sociedad civil y fuente de riqueza de enorme potencial por su capacidad para construir y diferenciar la marca España.

En ese sentido, hay que felicitarse porque los inevitables recortes de la financiación pública de la cultura, combinados con el debate sobre la conveniencia de mejorar el tratamiento fiscal al mecenazgo, hayan servido al menos para revitalizar la reflexión sobre la gestión de la cultura en nuestro país. Aunque el mantra de que las crisis son oportunidades se haya banalizado a fuerza de reiteración, lo cierto es que los tiempos convulsos dotan a lo importante de un sentido de urgencia que, de combinarse con sentido de propósito, redunda en nuevos y mejores modos de hacer. Y tanto lo importante —razones estructurales— como lo urgente —la desafortunada coyuntura— aconsejan una profunda revisión de los modelos de negocio de las organizaciones culturales, acompañada de un meditado replanteamiento de los mecanismos utilizados por las administraciones públicas para el fomento de la actividad cultural y de su puesta en valor social.

Cierto es que los gestores culturales se enfrentan al panorama más complejo que probablemente hayan vivido nunca. Si sus recursos públicos han disminuido sin tregua desde el estallido de la crisis, en el ámbito de la financiación privada la evolución no ha sido mejor. Debemos reconocer que buena parte del crecimiento del mercado cultural con anterioridad a la crisis estuvo sustentado por la actividad filantrópica de fundaciones que, bien en su papel de mecenas de terceras entidades, o como programadores de sus propios centros e iniciativas, dedicaron hasta finales de los noventa del pasado siglo una porción creciente de sus recursos a apoyarlo. Ahora la notoria labor cultural de ciertas cajas de ahorros a través de sus fundaciones, sin parangón en Europa con la excepción quizás de Italia, se ha visto traumáticamente afectada por la reestructuración de estas entidades financieras. Las fundaciones patrimoniales con actividad cultural han visto recortados sus presupuestos por la negativa evolución de sus inversiones. Y en cualquier caso los recursos dedicados por las empresas a mecenazgo y acción cultural han disminuido a la par que los beneficios empresariales.

Igualmente cierto es que la crisis ha venido a desestabilizar gravemente un sector cultural que tras su apariencia de consolidación contaba con frágiles cimientos. El primero, la obvia dependencia de lo público de muchas organizaciones, resultado tanto de un gasto en cultura sostenido e incluso incrementado por las administraciones hasta 2008, como de la creciente participación de estas como impulso-ras de organizaciones culturales de iniciativa pública, tanto estatales como —sobre todo— autonómicas y locales. El segundo, la combinación del acelerado crecimiento en el número de infraestructuras y actividades culturales en la España de la afluencia percibida, con el decrecimiento o estancamiento de ciertos indicadores de consumo cultural. También para nuestra burbuja inmobiliaria cultural es relevante lo sucedido en Estados Unidos, donde la asistencia a óperas, teatros, orquestas o ballets ha caído pronunciadamente en las últimas décadas, al tiempo que la edad promedio de los asistentes aumentaba también de manera sostenida, y el número de organizaciones culturales se disparaba. Todo ello acabó redundado, en nuestro país, en una oferta sobredimensionada y escasamente diferenciada, de reducido impacto social. Pudiera parecer que las hipotecas de los equipamientos han «matado» a la planificación estratégica de la cultura precisamente en un momento en que el público se estaba transformando al calor de cambios sociodemográficos y tecnológicos. Paradójicamente, mientras la demanda social para ciertos productos culturales tendía a estancarse o a decrecer, otros públicos dirigían sus preferencias a nuevos caladeros vinculados a la Web 2.0, las redes sociales, la accesibilidad o la participación.

En este contexto, creo que erraríamos gravemente si focalizamos el debate en curso sobre aspectos meramente fiscales, perdiendo una oportunidad para reinventar el modelo de gobierno, gestión y financiación de la cultura en nuestro país. La crisis será fecunda si sirve para poner a los ciudadanos en el centro del nuevo modelo que debiéramos entre todos alumbrar. A unos ciudadanos que en cualquiera de sus posibles roles —como creadores, cuida-dores, consumidores, contribuyentes, donantes, administradores o voluntarios— son siempre los verdaderos artífices de la cultura. En esa línea, lo que sigue es una propuesta articulada en siete puntos con el propósito de ampliar y, al tiempo, enfocar dicho debate.

1. Incentivos para la generosidad

Si la notable participación de las administraciones públicas en el campo cultural nos alinea con el modelo mediterráneo y nos sitúa en las antípodas del modelo anglosajón, donde la responsabilidad sobre la provisión de servicios culturales pivota casi exclusivamente sobre las entidades privadas no lucrativas con el apoyo de mecenas empresariales e individuales, el tratamiento dispensado al mecenazgo en nuestro país ha situado a las organizaciones culturales y a sus donantes en peores condiciones que países mediterráneos tan próximos como Francia. Puede discutirse la oportunidad de una mejora de los incentivos al mecenazgo o colaboración privada en fines de interés general, incluidos los culturales, pero no su conveniencia.

Ahora bien, el mecenazgo es cosa de dos, y llevarlo a su potencial requiere, por parte de los gestores de las organizaciones beneficiarias, creatividad y sensibilidad. En primer lugar, creatividad para no agotar el mecenazgo en pedir dinero a las fundaciones. A modo de ilustración de la relativa modestia de la filantropía institucional, el gasto total en fines de interés general durante un año del sector fundacional alemán, uno de los más potentes de Europa, equivale a lo gastado por el Estado alemán en menos de un día. Los gestores deberán explorar también la filantropía individual, tanto por donaciones en vida como por la vía de legados. No hay que olvidar que la naturaleza ilimitada de las deducciones por donaciones a fines de interés general en el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos durante el ultimo siglo ha sido uno de los determinantes de mayor peso en el crecimiento a largo plazo de la filantropía en aquel país. En segundo lugar, sensibilidad para construir la percepción social del mecenazgo como conducta ejemplar que todos, en la medida de nuestras posibilidades, debiéramos emular; desde los donantes más modestos hasta los patronos más comprometidos con el gobierno de sus entidades. La educación, una vez más, es fundamental en este ámbito.

2. Profesionalización para la eficacia

Huelga decir que reforzar la profesionalización de la gestión de las organizaciones culturales es requisito sine qua non para su eficiencia y eficacia, y ello incluye que la selección y remoción de los gestores se realice acorde a criterios basados en méritos objetivos, esto es a salvaguarda de los vaivenes de la política y el personalismo. Por otro lado, los nuevos gestores deberán dedicar sus mejores esfuerzos a identificar, adaptar y adoptar las mejores prácticas donde quiera que estén: en la empresa, en las administraciones o en el tercer sector; dentro o fuera de España.

3. Participación para la relevancia

El futuro pertenece a las iniciativas y organizaciones culturales que escuchan y dan satisfacción a las demandas de sus grupos de interés más relevantes. Los ciudadanos demandamos interactividad y participación. La gestión de herramientas formales como las fundaciones y asociaciones de amigos deberán combinarse con el aprovechamiento inteligente de las oportunidades que la Web 2.0 o el voluntariado cultural brindan para incardinar la cultura en lo social.

4. Colaboración para el alcance

El resolver de manera eficaz y estable la colaboración público-privada, no solo a nivel de financiación sino sobre todo en el seno de los órganos de gobierno de las instituciones culturales, es ingrediente fundamental del nuevo modelo de negocio. Como lo son el trabajo en red con centros complementarios y la internacionalización de las programaciones. Las administraciones deberán asimismo colaborar en el diseño e implantación de una estrategia sectorial que ponga a la cultura y al patrimonio cultural en el corazón de la construcción de la marca España.

5. Diversificación para la sostenibilidad

La estructura financiera de las organizaciones culturales debiera estar prudentemente diversificada entre lo público y lo privado, las aportaciones externas y los ingresos generados internamente. Debería combinar subvenciones y contratos públicos con prestaciones de servicios y venta de bienes, rendimientos de capital, mecenazgo empresarial, filantropía institucional y donaciones y legados individuales. Esto implica diversificar clientes y mecenas y orientar el modelo de negocio a sus necesidades, siempre en coherencia con la misión de interés general de las entidades.

6. Orientación al cliente para la viabilidad

Hay que dejar de rasgarse las vestiduras cuando aplicamos el marketing a la cultura. El desarrollo de un nuevo modelo pasa no solo por una estricta revisión de todos los apartados de coste en busca de eficiencias, sino sobre todo por una gestión creativa, innovadora y a largo plazo desde el punto de vista del marketing, esto es, del diseño de los productos culturales, de sus precios, de su promoción y de sus canales de distribución para diseñar una oferta de valor económico y social y hacerla llegar a los públicos objetivo. Las actividades comerciales, siempre que contribuyan directa o indirectamente a la misión cultural y sean coherentes con ella, deberán ser fomentadas. Se trata no solo de formular una planificación estratégica sino también, para muchas entidades en situación crítica o durmiente, de formular verdaderos planes de viabilidad que asienten su supervivencia y posterior desarrollo sobre ofertas culturales con impacto social.

7. Buen gobierno para la legitimidad

En el número de la revista Compromiso Empresarial dedicado en 2010 a la transparencia de los museos españoles, su presidente editor señalaba que «los museos británicos han sabido conjugar como nadie una atractiva oferta artística haciendo, al mismo tiempo, de la transparencia un arte». Si el nuevo modelo de gestión cultural pasa por abrir las instituciones a los ciudadanos para que colaboren en todos los sentidos posibles con su desarrollo, y no solo como pasivos contribuyentes, la rendición de cuentas y la transparencia serán requisitos imprescindibles para su implantación. Las instituciones culturales deberán saber explicar qué objetivos persiguen, cómo se financian, cómo emplean sus recursos y qué resultados obtienen.

Una de las características definitorias de la actividad de la Fundación Endesa más significativas, desde que la institución inició su andadura, ha sido, probablemente, la de la tenacidad y perseverancia con la que se ha considerado comprometida con las líneas de actuación definidas por sus estatutos.

Esta actitud ha procedido del convencimiento, del que han participado la inmensa mayoría de los patronos y gestores que en ella se han sucedido, de que una de las condiciones que puede contribuir más decisivamente a la brillantez y a la eficiencia, en su proyección social, de los trabajos de una fundación como la nuestra consiste en la capacidad que resulte capaz de demostrar para especializarse en un determinado tipo de actividades entre todas las que podrían configurar su misión en el campo de la responsabilidad social corporativa y para mantenerse y perseverar en ellas.

En la Fundación Endesa siempre se ha entendido que esa perseverancia tiene la virtud de garantizar frutos a largo plazo, contribuye a enraizar sólidamente sus aportaciones en el marco de la sociedad en la que desempeña sus actividades, proporciona un asidero y soporte intelectual poderoso que la hace conocida y reconocible, protege adecuadamente los fines para los que fue creada frente a las múltiples y generalmente atendibles presiones que la demanda social suele ejercer sobre estas instituciones, disciplina razonablemente la eventual exuberancia operativa de los gestores y facilita considerablemente a su entorno la posibilidad de beneficiarse de los recursos que los fundadores pusieron a su disposición. Se ha entendido también que esa tenacidad acabaría por introducir valoraciones y efectos cualitativos positivos en el empleo de sus recursos, como consecuencia de su exquisita y escrupulosa reiteración cuantitativa.

A la hora de examinar en qué medida este criterio de actuación ha podido ser servido con éxito por la Fundación Endesa, tal vez convenga recordar algunas de las especificidades con las que sus Estatutos se esforzaron por acotar el universo de actividades a las que podría acceder y dedicarse. En ese orden de cosas, se advierte inmediatamente que nuestra Fundación no ha renunciado de ninguna manera en su norma básica a plantearse objetivos de actuación en los dos grandes campos a los que suele extenderse la misión de las instituciones que comparten nuestra naturaleza. Porque, en efecto, la Fundación Endesa dispone de fines tanto en el campo de las actividades de naturaleza social, relacionadas con el desarrollo, como en el campo de lo cultural que, por cierto, tampoco resultaría posible considerarlo absolutamente separado de las necesidades y carencias puramente físicas de los colectivos a los que ayudar con nuestras aportaciones.

Así, nuestros estatutos, en su artículo 5.º, establecen que la Fundación Endesa tiene como objeto el fomento de actividades culturales y sociales de interés general. Este artículo define como propias las siguientes actividades específicas:

La iluminación, así como actividades conexas, de bienes integrantes del patrimonio histórico-artístico español o de los países en los que Endesa o sus empresas participadas están presentes, especialmente en Iberoamérica.

La cooperación en iniciativas de carácter social en las zonas y comarcas españolas donde Endesa desarrolla actividades industriales.

La cooperación al desarrollo cultural en aquellos países en los que Endesa o sus empresas participadas desarrollen actividades, especialmente en Iberoamérica, con atención preferente a proyectos al servicio de la lengua común española.

La catalogación y estudio de todos los elementos documentales e industriales, relacionados con la actividad de Endesa, que por su antigüedad o especial significación, puedan tener un valor museístico.

• Asimismo, la Fundación podrá acometer actividades no incluidas en los apartados precedentes, sin que el importe aplicado a la financiación de las mismas pueda superar el diez por ciento de los rendimientos y donaciones que reciba anualmente.

A la hora de analizar los modos y maneras de acuerdo con los cuales la Fundación ha abordado el cumplimiento de estos objetivos, vale la pena tener en cuenta la constancia con la que ha procurado que, en cada caso, las actividades comprometidas se lucraran del amparo de convenios de una cierta duración que garantizaran su continuidad en el tiempo, condición necesaria para que alcanzar su deseable maduración.

En este campo, cabría destacar que, en el área de la iluminación de monumentos pertenecientes al patrimonio histórico-artístico —una actividad que, por cierto, goza en el ámbito de las audiencias locales que rodean a tales monumentos de un alto grado de aceptación, de valoración y de empatía—, nuestra Fundación puede hacer gala de la circunstancia de que los acuerdos que a tal efecto ha mantenido y mantiene con la Conferencia Episcopal Española muestran en el tiempo una duración que coincide, casi, con la de la propia existencia de la Fundación Endesa. En este, como en otros casos, se ha procurado huir de la decisión puntual y aislada, de la mera ocurrencia ocasional. Gracias a ello ha sido posible contribuir a que una parte considerable del patrimonio histórico-artístico español, que en una gran medida se encuentra bajo la responsabilidad de la Iglesia, disfrute del ensalzamiento de sus valores plásticos y representativos que sin duda les aporta la iluminación artística.

Pero esta misma voluntad de permanencia y de continuidad en el esfuerzo de que se trate ha venido siendo practicada y mantenida por la Fundación en casi todos los ordenes de su actividad social y cultural. Así, puede tener sentido que una Fundación contribuya a potenciar la creatividad artística del país en el que desempeña su misión, pero cuando esa pretensión termina por alcanzar un valor evidente es cuando esa Fundación, como es nuestro caso, puede dar cuenta de que ha convocado la Decimosegunda edición de sus Becas de Artes Plásticas, gracias a las cuales, un colectivo muy significante de sesenta artistas plásticos españoles, entre los que se encuentran algunos de los más notables de esta hora, ha podido disfrutar, a lo largo de los años, en beneficio de su obra y de su talento, de los recursos que han podido ser puestos a su disposición.

Lo mismo sucede con otro notable conjunto de Becas que la Fundación mantiene y que se dirigen a preparar a un conjunto de beneficiarios latinoamericanos para la gestión del importantísimo patrimonio cultural que poseen los países de los que proceden. La voluntad de permanencia en esta iniciativa ha tenido como fruto, después de doce años de vida, que cerca de dos centenares de latinoamericanos, entre los que no ha faltado algún filipino o algún brasileño o brasileña, hayan adquirido las destrezas que les habrán permitido incorporarse al universo de personas que se cuida de preservar y conservar la memoria histórica y cultural de sus propios países.

La Fundación Endesa ha creído siempre que, como institución vinculada a una Compañía con una notable presencia operativa en la América latina y en Marruecos, no podía desentenderse de ninguna manera de las actividades dedicadas a la promoción de la lengua española que hablamos en comunidad con la mayor parte de los países de Sudamérica y, de alguna manera también, con nuestros vecinos del Norte de Marruecos. En este orden de cosas, la Fundación ha mantenido tres actividades de las que se siente especialmente orgullosa y en las que viene perseverando desde su constitución y puesta en marcha. La primera de ellas nos vincula a la Real Academia de la Lengua, con la que colaboramos en orden a la revisión de los americanismos que figuran en el Diccionario de la Lengua. Sostenida por los necesarios convenios consecutivos, esta iniciativa permite que las filiales latinoamericanas de Endesa se enorgullezcan de figurar en la tabula gratulatoria de la XXII Edición Oficial del DRAE.

Lo mismo sucede con la colaboración que sostenemos con el Instituto Cervantes, que garantiza la enseñanza del español en un territorio tan próximo físicamente y tan cercano desde otros puntos de vista como el norte de Marruecos. En Tánger, en la Facultad de Ciencias y Tecnología. no haría faltar señalar las numerosas razones por las que resulta conveniente mantener esta presencia cultural en un país vecino cuya juventud no cesa de contemplarnos.

En este mismo campo, destaca la colaboración que sostenemos con la Fundación Carolina. El 12 de abril de 2011, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2012, se procedió a la firma de un nuevo convenio entre la Fundación Endesa y la Fundación Carolina que aseguró la dotación de las Becas de postgrado que esta última Fundación concede para la realización del Master de Alta Especialización en Filología Hispánica/CSIC-Instituto de la Lengua Española para el Curso 2011–2012. Las instituciones que colaboran en la organización del curso son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Universidad Nacional de Educación a Distancia La duración de estas becas se ha extendido del 1 de octubre 2011 a 30 de junio 2012. Para ser beneficiario de las becas se requiere ser nacional de algún país de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, excepto España. El número de becas finalmente financiadas con la aportación de la Fundación Endesa para el programa de Filología Hispánica 2011-2012 ha sido de doce.

Estas becas resultan, además, de la colaboración de dos entidades con este programa, la Fundación Endesa y Banco Santander. La beca cubre la matrícula, el billete de ida y vuelta en clase turista a España desde la capital del país de residencia del becario y una dotación en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período de duración del programa; así como un seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa.

Este curso promueve el estudio, con un enfoque semiótico, de las disciplinas que conforman la Filología Hispánica, que comprende el conocimiento de la lengua española y de su historia, así como de la literatura y de la cultura española en relación con los problemas lingüísticos. Tiene como fin perfeccionar la formación de Licenciados y Doctores que deseen seguir carrera académica de máximo nivel, en cualquier Departamento Universitario o de investigación del Hispanismo. El claustro de profesores está formado por los máximos especialistas a nivel internacional en el campo del hispanismo, para formar a los becarios en las últimas investigaciones y estado de la cuestión de cada materia impartida de lengua y literatura española e hispanoamericana.

Hay que resaltar que los becarios de la Fundación Carolina se muestran en general muy activos, como lo prueba que participaran en actividades como Vivir en España, que se organizó, con motivo del día Internacional de la Poesía, el pasado día 21 de marzo de 2012, conjuntamente con sus colegas de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la RAE, o como el Recital de Iberoamericano de creación literaria (poesía, relato y teatro) en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Como no podría ser de otro modo, la Fundación Endesa se esforzará por mantenerse aferrada en el diseño de sus programas a rigurosos criterios de especialidad y de continuidad, dentro de los campos en los que sus Estatutos le permiten moverse. Y esto, tanto para aquellos programas que ya se encuentran en marcha, como para los que crea conveniente poner en ejecución. En el caso de los programas ya existentes, no quisiera agotar su referencia sin hacer mención a las tareas específicas que desarrolla la Fundación para gestionar el Fondo Histórico de la Compañía. Aquí, en este campo, tan próximo de la historiografía, estamos plenamente convencidos de que resulta absoluta-mente imprescindible, quizá en mayor proporción que en cualquier otro, la continuidad sobre la que se fundamenta el largo aliento.

Y respecto de los programas que estamos en trance de iniciar, motivados por la demanda social que percibimos y que nos llega por diversas vías, a las que no resulta ajena la propia Sociedad Fundadora, vale la pena de que nos comprometamos a sostener que no vamos a renunciar a este modo de actuación por lo que se refiere a las actividades de formación profesional para colectivos en riesgo de exclusión social, que constituye tal vez la más reciente de las dedicaciones de nuestra Fundación. Esta actividad, así como la que se relaciona con la instalación de determinadas infraestructuras estratégicas en comunidades aisladas, representan probablemente el paradigma de las actuaciones que convendría reclamar de una institución como la nuestra, porque reúnen casi todos los motivos propios tanto de las actividades sociales como culturales. Razón de más, en todo caso, para abordarlas de manera que resulten duraderas, que será la manera de que resulten también efectivas.