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Ver productosAntes de pasarlo al papel, los autores de este número 156 hablaron en Santander entre el 31 de agosto pasado y el 4 de septiembre, invitados por los Cursos de verano, todos menos uno. El aniversario de Nueva Revista pedía consultar a sus autores sobre la perspectiva de la política liberal, cuando surgió la ocasión de manos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ambas circunstancias eran maneras seguras de traer con nosotros allí la figura de Antonio Fontán.
Anfitriones fuimos el editor y director de la revista, quien firma esta nota y, naturalmente, Pilar Soldevilla. Otra vez respondieron magníficamente a nuestro propósito los colaboradores del consejo editorial, aunque hay que mentar a los diputados Guillermo Mariscal y Vicente Martínez-Pujalte, quienes ayudaron a nuestros propósitos sin petición siquiera de parlamentar por su parte. Así como a Jorge Martín Frías, por esa facilidad suya de juntar nuevos con veteranos liberales. Lástima que Miguel Herrero de Jáuregui y Emilio Lamo de Espinosa hayan resistido dejar a la imprenta sus trabajos, bien originales y necesarios, que desean completar en el 2016.
Quizá sea de excusar que esta hoja quede en meramente informativa, pero el riesgo de las reseñas es que se deslizan siempre hacia la superioridad del entendimiento propio sobre el del preciso autor del artículo, y en la materia que la firma lo declara progenitor. Cuanto menos, las entradillas a cada uno de los artículos pueden servir de crónica interior del grato seminario, habiendo dejado libres de ellas el discurso de apertura y la exhortación conmemorativa de cierre. ¢
Carlos Aragonés
Hablar de desigualdad y de pobreza en España es lo mismo que hablar del paro, de sus causas y de sus remedios. La falta de empleo, y la precariedad de parte del existente, explican con nítida precisión los preocupantes datos de nuestro país. Para la izquierda, las cifras solo sirven como pretexto para tratar de imponer sus paradigmas tradicionales en relación con el mercado de trabajo, la política educativa o el Estado de bienestar. Sin embargo, un análisis riguroso desmiente muchos tópicos y permite establecer políticas públicas de corte liberal mucho más orientadas a la mejora del bienestar social.
Gráfico 1
Desglose de cambios en el índice de Gini de ingresos salariales. Cambio de puntos porcentuales en el índice de Gini 2007-11, personas en edad de trabajar.

La desigualdad es un resultado lógico y legítimo cuando deriva de las diferencias de capacidad, de esfuerzo o de decisiones libremente adoptadas por los individuos, pero se convierte en socialmente intolerable cuando es consecuencia de la falta de oportunidades, de las restricciones institucionales, la captura de rentas o de la corrupción.
El primer tipo de desigualdades lejos de ser un problema constituye el reflejo natural de un sistema de incentivos adecuado que premia la iniciativa, la innovación, el trabajo y la asunción de riesgos; por el contrario, aquellos frenos que impiden la progresión económica de quienes lo desean y lo merecen suponen un auténtico lastre social.
La globalización y los cambios tecnológicos han tenido un notable impacto sobre la distribución mundial de rentas. Es incuestionable que la internacionalización de la economía ha permitido salir de la pobreza a centenares de millones de personas y está dando paso, tras una etapa de fuertes desigualdades internas en los países emergentes, a la aparición de nuevas y prósperas clases medias en países inmensamente poblados como China, India o Brasil. El reverso parcial de esa moneda lo encontramos en los países con altos niveles de renta y economías ya maduras, como los europeos. Entre nosotros se han reducido las oportunidades de muchos trabajadores poco cualificados, incapaces de competir con el nuevo entorno exterior. La solución pasa por mejorar el sistema educativo, reforzar la formación continua y trabajar para mantener una ventaja tecnológica que nos permita alcanzar una productividad mayor. Los países europeos que vieron el cambio con anticipación y tuvieron la inteligencia y la determinación necesarias para impulsar las transformaciones profundas que se necesitaban son los que mejor han afrontado esta nueva realidad. La desigualdad creciente, conviene insistir, no es un fenómeno global sino la consecuencia local de políticas públicas equivocadas, que se han demostrado incapaces en algunos países occidentales de mantener los ritmos de crecimiento económico requeridos.
Hasta el comienzo de la crisis España se situaba en posiciones intermedias de la Unión Europea en relación a las cifras de desigualdad y pobreza. Si tomamos como referencia la desigualdad de riqueza, el nuestro es uno de los países más igualitarios entre los más desarrollados, circunstancia derivada en gran medida de la extensión de la propiedad inmobiliaria. Es más, la caída del precio de la vivienda y de las cotizaciones bursátiles han provocado una disminución de las diferencias de riqueza entre los españoles durante la crisis. La alarma salta cuando nos fijamos en las diferencias de renta o en las cifras de movilidad social que nos sitúan en un nivel medio-bajo europeo. Tras la crisis, España presenta con carácter general unos datos de desigualdad de rentas y de pobreza peores que los observados por término medio en los países de nuestro entorno, un dato que se explica por la caída de los ingresos de las clases menos favorecidas y no por las ganancias de las más altas. La explicación evidente se encuentra en la rápida e intensa destrucción de empleo y la solución, en consecuencia, exige mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo haciéndolo más eficiente y menos dual. El aumento de las diferencias en las rentas salariales tras la crisis, clave que explica el incremento de la desigualdad en España, se debe en tres cuartas partes al crecimiento del paro; el resto se deriva de las variaciones salariales. Estas rebajas salariales, además, se han concentrado en los niveles inferiores de renta.
Debe ponerse también una especial atención en la escasa movilidad educativa intergeneracional. En España el nivel educativo alcanzado por los hijos replica en gran medida el de sus padres. Dado que el nivel educativo es el factor que más determina la obtención de rentas futuras combatir las cifras de abandono escolar y mejorar el rendimiento deberían ser el eje de cualquier política educativa. En cualquier caso, mejorar la calidad de la educación y de la preparación de los jóvenes ante los retos de la mayor competencia permitiría aumentar la eficacia en la función igualadora del gasto educativo, aumentando los niveles de movilidad intergeneracional. Y tal vez convenga insistir en que los datos más recientes, obtenidos en gran medida gracias a las evaluaciones de los informes pisa, nos muestran que no existe correlación entre gasto público por alumno y resultados del sistema educativo.
Gráfico 2
Porcentaje de gasto público social pagado al quintil más bajo y al más alto en 2011.

Quizá el dato que resulta más sorprendente nos lo ofrece la relación entre intervención pública, desigualdad y pobreza. España ha mantenido durante la crisis un gasto social, medido como porcentaje del pib, casi constante y muy parecido al de otros países europeos. La gran diferencia la encontramos en los efectos económicos de esa intervención. En España las rentas monetarias recibidas del Estado por los niveles más altos de renta (pensiones y seguros de desempleo básicamente) superan ampliamente a las recibidas por los grupos de renta inferior. La explicación es evidente; nuestro modelo —a diferencia de los nórdicos— establece que las transferencias monetarias públicas están directamente relacionadas con los años de trabajo y los niveles salariales alcanzados. Cuanto más tiempo se trabaja y mejor es el salario obtenido mayores serán los seguros de paro y las pensiones recibidas. Puesto que el paro y la formación insuficiente son los factores determinantes de la incapacidad de obtener rentas elevadas, y ambas circunstancias están mucho más determinadas por la actuación de las administraciones que por decisiones individuales, es por lo que cabe afirmar que en España es el fracaso de la intervención pública el que ha provocado una mayor desigualdad y unos resultados regresivos desconocidos en otros países europeos.
El hecho más definitorio del gasto social en España es la edad del beneficiario. Es lógico, puesto que el gasto en pensiones y sanidad está íntimamente ligado a la edad de quien recibe la prestación. Los Estados de bienestar mediterráneos dedican cantidades unitarias de gasto social proporcionalmente mayores a la población de mayor edad, mientras que los nórdicos centran en mayor medida su atención sobre los más jóvenes, dada su orientación más universalista. La evidencia es que nuestro modelo mediterráneo ha coexistido con, y posiblemente ha potenciado, altos niveles de desempleo y desigualdad. La diferencia profunda entre ambos modelos radica en la diferente responsabilidad que asignan al Estado y a cada uno de los ciudadanos. En los esquemas del sur de Europa, el Estado pretende asumir un papel dirigista como responsable y gestor del bienestar de los ciudadanos. Es un reflejo de actitudes paternalistas que a través de estructuras jerárquicas y una confianza ilimitada en la planificación tecnocrática pretenden reducir al individuo a un mero receptor de servicios públicos configurados desde la autoridad. No queda apenas espacio para la responsabilidad individual y se desconfía profundamente de cualquier margen abierto para permitir el ejercicio de la libertad de elección. El contraste entre los dos modelos, nórdico y mediterráneo, es también reflejo de una actitud completamente diferente de encarar los retos de la globalización. Nuestros vecinos pronto advirtieron la necesidad de reconfigurar su modelo clásico de bienestar para que pudiese seguir dando los frutos deseados, y para hacerlo no dudaron en introducir las dosis adecuadas de flexibilidad y competencia para poder ofrecer servicios públicos de mayor calidad a un coste inferior. En el sur de Europa, mientras tanto, la resistencia al cambio sigue siendo la característica dominante, con actitudes políticas, estructuras corporativas e inercias administrativas capaces de frenar cualquier asomo de modernización.
Gráfico 3
Evolución del índice de percepción del balance fiscal por grupos de edad

Este distinto trato recibido en función de la edad es claramente percibido por los ciudadanos y, muy posiblemente, permite justificar algunos cambios recientes en el comportamiento electoral. La edad y el año de nacimiento (momento del ciclo vital individual y generación a la que se pertenece) son los dos factores que mejor explican las diferentes actitudes de los españoles ante el gasto público y el Estado de bienestar. Las distintas expectativas actuales están claramente influidas por la edad, mientras que la interpretación de lo acontecido en el pasado está claramente determinada por la generación a la que se pertenece. Resulta muy significativo observar cómo los nacidos antes de 1960 son, según los estudios elaborados por el cis a lo largo de las últimas tres décadas, los más conformes con nuestra estructura de ingresos y gastos públicos.
El consenso social y político que hasta ahora ha sido dominante en torno a la actividad financiera del Estado está asentado en un análisis coste-beneficio individual mucho antes que en cualquier consideración de justicia o solidaridad. Cuando se les pregunta, los españoles justifican mayoritariamente sus opiniones en términos de utilidad y eficiencia no en argumentos de equidad. Y esa visión instrumental está influida de manera muy clara por la edad y la generación. Este fenómeno no es distintivo de la sociedad española sino que es compartido en términos generales con sus homólogas europeas, pero se acentúa aquí como consecuencia de tener una estructura demográfica singularmente desequilibrada y una regulación laboral muy orientada a la protección de una parte de la población en detrimento de la otra. Comprobar hoy que la posición intergeneracional es el principal factor explicativo de los estados de opinión sobre los impuestos y el gasto público nos debe llevar a presagiar para el próximo futuro una fuerte deslegitimación social de nuestra estructura presupuestaria. Solo reaccionando con una decidida voluntad reformista será posible hacer frente a este fenómeno con alguna posibilidad de éxito.
Realmente, para quienes hoy tienen más edad el equilibrio entre ingresos y pagos a lo largo de su vida ha resultado muy beneficioso, pudiendo recibir, tras una vida laboral prolongada y estable, unas contraprestaciones sociales en sanidad y pensiones razonablemente generosas. Las dudas comienzan a surgir, sin embargo, entre quienes ahora tienen menos de 55 años y las valoraciones más negativas se extienden entre los más jóvenes. Para ellos las cuentas ya no resultan tan favorables y cunde la sensación de que el esfuerzo fiscal que están realizando apenas se verá correspondido en el futuro por las restricciones que ya advierten en las coberturas sanitarias y los evidentes problemas de sostenibilidad que el factor demográfico induce al sistema de pensiones. Las generaciones más recientes, que no han participado en la Transición política ni en la rápida expansión del modelo de bienestar público, se ven a sí mismas mucho más expuestas a las incertidumbres de un sistema más abierto a la competencia y, en consecuencia, presentan valores más individualistas. Los más jóvenes se cuestionan en mayor medida la legitimidad de un sistema con impuestos crecientes sobre salarios, sabedores de que este esfuerzo resultará insuficiente para financiar en el futuro prestaciones y servicios públicos equiparables a los actuales.
Por último, conviene destacar que los programas públicos específicamente dedicados a combatir la pobreza más severa arrojan en España unos resultados preocupantes. Mientras que Suecia, Alemania o Dinamarca eliminan con la intervención pública entre 8 y 10 puntos de tasa de pobreza —medida como índice de Gini—, España, Italia o Grecia apenas consiguen llegar a los dos puntos.
De todos estos aspectos y algunos más ha tratado el reciente informe faes sobre «Desigualdad, oportunidades y sociedad de bienestar en España». Sin duda el tema es poliédrico, y los aspectos allí estudiados no agotan ni mucho menos la complejidad del problema. Pero dar un primer paso, firme y decidido, para encajar el análisis de la desigualdad desde una perspectiva liberal, y tratar de apuntar líneas consistentes de evolución de las políticas públicas es un esfuerzo necesario y urgente. En España, la desigualdad no ha crecido por los recortes, ni por la austeridad fiscal. La desigualdad ha crecido como consecuencia de un mercado de trabajo ineficiente, que excluye a los jóvenes y a los menos cualificados, un sistema educativo que carece de la calidad competitiva requerida para un país como el nuestro, y un Estado de bienestar mal financiado y erróneamente configurado. Esas son las conclusiones y, en consecuencia, deben ser los fundamentos de una política mejor.
La crisis económica que España parece empezar a dejar atrás ha sido la más intensa y prolongada que hemos vivido, al menos desde mediados del siglo pasado. Antes de que se produjera, ningún español vivo podía recordar haber atravesado una situación en la que nuestro país experimentara semejante retroceso económico y social. Millones de españoles han perdido sus empleos, negocios y hogares. Han perdido bienestar y confianza en su propio futuro. Muchas cosas que antes de la crisis se daban por sentadas, hoy nos parecen inciertas. La renta de las familias ha experimentado un fuerte retroceso y las empresas han tenido que aprender a hacer más con menos y a salir a conquistar otros mercados para poder sobrevivir. La España real se ha visto abocada a vivir de un modo distinto: se ha apretado el cinturón y ha redoblado esfuerzos.
La pregunta que hoy podemos hacernos es si el sector público ha imitado el comportamiento de los ciudadanos a quienes debe servir y con cuyos impuestos presentes o futuros se financia o, si por el contrario, ha continuado expandiéndose, tal y como predicen James Buchanan y otros autores de la Teoría de la Elección Pública. Esto como consecuencia del sesgo de las decisiones en materia presupuestaria hacia la satisfacción de las preferencias de los políticos y de los intereses de los empleados públicos, que no necesariamente tienen por qué coincidir con el interés general. La constatación de un comportamiento divergente entre la España «oficial» y la «real» invitaría, a su vez, a preguntarse en qué medida el comportamiento de los gobiernos ha mitigado los efectos de la crisis o, si por contra, ha contribuido a que se prolongue y sea más intensa. Una nueva expansión del sector público podría interpretarse, también, como un desafío a la libertad de los ciudadanos, como un terreno conquistado por los gobiernos en detrimento de la sociedad civil, por mucho que se haga en su nombre, en un momento de especial debilidad de esta última.
Para intentar dar respuesta a estas preguntas, voy a utilizar fundamentalmente los datos de la Contabilidad Nacional referidos al consolidado de las Administraciones
Gráfico 1: Capacidad / Necesidad de financiación de las AAPP (IGAE)

Públicas, correspondientes al periodo 2007-2014, publicados por los auditores del Reino, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Son datos agregados, que comprenden el resultado del desempeño del conjunto de los gobiernos municipales, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, comunidades y ciudades autónomas, de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social, desde el comienzo de la crisis en el año 2007, que se toma como punto de partida, hasta el último ejercicio auditado por la IGAE, el 2014. No se trata, por tanto, de un juicio a la labor de un gobierno en concreto, sino un análisis de qué ha ocurrido con las Administraciones Públicas (la España oficial) a lo largo del periodo considerado y su contraste con el comportamiento de la sociedad (la España real).
Gráfico 2: Recursos y empleos de las AAPP (IGAE)

La crisis económica provoca, a partir del año 2007, un abultadísimo déficit público (Gráfico 1) que durante cuatro ejercicios consecutivos, entre 2009 y 2012, llega a superar los cien mil millones de euros. Incluso, en 2014 se sitúa por encima de los 60.000 millones. Este colosal desequilibrio es consecuencia de la abrupta caída de los ingresos pero, sobre todo, del crecimiento sin control del gasto público (Gráfico 2). De hecho, el único capítulo de gasto que se ha reducido entre 2007 y 2014 es el de la inversión pública (Gráfico 3). El gasto corriente (Gráfico 4) sube un escalón de 70.000 millones de euros, entre 2007 y 2009, para situarse en torno a los 430.000 millones y en ese nivel parece haberse acomodado, sin que pueda apreciarse ningún esfuerzo relevante por ajustarlo. La diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes es el «ahorro de las Administraciones Públicas» (Gráfico 5) y permite apreciar que parte de las
Gráfico 3: Empleos de capital de las AAPP (IGAE)

Gráfico 4: Recursos y empleos corrientes de las AAPP (IGAE)

inversiones son financiadas con los ingresos ordinarios, sin necesidad de recurrir al endeudamiento. Cuando el saldo es negativo nos indica que nos estamos endeudando para financiar gasto corriente y supone una luz roja que alerta de la insostenibilidad de las cuentas públicas. En España, el saldo es negativo desde 2009 y se mantiene sin cambios sustanciales.
Gráfico 5: Ahorro de las AAPP (IGAE)

Esto se traduce en un «desahorro» que ronda los 40.000 millones de euros, lo que supone un deterioro de este saldo de casi 117.000 millones, en comparación con 2007, del que cabe atribuir dos tercios del aumento del gasto corriente y el tercio restante a la caída de los ingresos (Gráfico 6).
Gráfico 6: El deterioro de las cuentas públicas se debe al aumento del gasto corriente, mas que al deterioro de los ingresos
Gráfico 7: Intereses

Gráfico 7B: Prestaciones sociales «monetarias»
El crecimiento del gasto corriente obedece, en gran medida, a las prestaciones sociales (Gráfico 7B) y a los intereses de la deuda pública (Gráfico 7). Entre las primeras se encuentran las pensiones y el desempleo, cuyo gasto ha crecido en casi 50.000 millones de euros, entre 2007 y 2014. Evitar cualquier ajuste o reforma en nuestro sistema de pensiones se ha convertido en una prioridad política proclamada por los sucesivos gobiernos. Por su parte, el gasto en prestaciones y subsidios a los parados ha crecido exponencialmente en un contexto de fuerte destrucción de empleo. En el mismo periodo, el gasto por intereses se ha duplicado, como consecuencia del aumento de la deuda pública y por la mayor rentabilidad exigida durante la mayor parte de estos años por unos inversores que habían perdido la confianza en España.
Pero, incluso, sin contar el gasto en prestaciones sociales y en intereses, el resto del gasto corriente (Gráfico 8) es en 2014 significativamente superior al de 2007, el último ejercicio de un largo periodo de bonanza económica en el que las Administraciones se comportaron como si todo tuviera cabida en el presupuesto público. La burocracia nos cuesta más: dedicamos más recursos a pagar las retribuciones de los empleados al servicio de las Administraciones Públicas y sus gastos de funcionamiento.
Gráfico 8: Empleos corrientes sin intereses ni prestaciones sociales «monetarias» (distintas a las prestaciones sociales en especie) IGAE

Gráfico 9: Remuneración asalariados AAPP CN (IGAE, INE)

El ajuste ha recaído en la España real. Si se atiende solo a los discursos publicados se puede llegar a la conclusión de que todo el sufrimiento de la crisis lo ha asumido la España oficial: disputas entre Administraciones por el reparto de los recursos, marchas blancas, verdes y de otros colores, y protestas por la (inexistente) reducción del gasto público promovidas por perceptores de transferencias del presupuesto público de diversa condición. Lo cierto es que el ajuste lo ha sufrido casi en exclusiva la España real que financia con su dinero, a través de los impuestos, a la oficial.
Gráfico 10: Remuneración asalariados sector privado CN (IGAE, INE)

En contraste con el crecimiento de la masa salarial de los empleados públicos (Gráfico 9), la remuneración total de los asalariados del sector privado (Gráfico 10) se redujo en más de 30.000 millones, entre 2007 y 2014. El resultado: un aumento de participación de los salarios de los empleados públicos sobre el total. Según los datos de la Memoria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), las rentas fiscales medias de los salarios del sector público eran en 2010 un 47% superiores a las del sector privado; en 2014, las superaban en un 50%.
La misma Memoria de la AEAT recoge una caída de la renta bruta de los hogares, sin tomar en cuenta los impuestos, de casi 31.000 millones (un 5,4%) entre 2010 y 2014, como consecuencia de la destrucción del empleo y de la evolución de los salarios. Pero mayor aún es la merma que produce en el bienestar de las familias el aumento de los tributos: los importes devengados por IVA e IRPF crecen en ese mismo periodo en más de 43.000 millones, a lo que habría que añadir el impacto de otras contribuciones.
Gráfico 11: Financiación de entidades de crédito a otros sectores residentes (BANCO DE ESPAÑA)
Gráfico 12: Financiación de las AAPP y de las sociedades no financieras residentes (BANCO DE ESPAÑA)

La asimetría del ajuste también se refleja con toda contundencia en la evolución de la deuda pública en comparación con la deuda de las empresas y de las familias. Mientras estas últimas han reducido su endeudamiento a niveles de hace una década (Gráfico 11), la deuda pública ha continuado creciendo hasta alcanzar dimensiones desconocidas en nuestra historia reciente (Gráfico 12). Solo entre diciembre de 2011 y marzo de 2015, el crédito bancario a empresas no financieras, excluidas las de los sectores inmobiliario y de la construcción, se redujo en 93.000 millones de euros (Gráfico 13).
Gráfico 13: Financiación entidades de crédito a sectores productivos residentes sin construcción y servicios inmobiliarios (BANCO DE ESPAÑA)

Parece evidente que la España oficial se ha comportado de forma distinta a la España real que ha aprendido a hacer más con menos. La oficial ha gastado más, ha subido los impuestos y ha aumentado la deuda pública hasta alcanzar un punto cercano al de no retorno, cuya corrección exigirá en un futuro no muy lejano un esfuerzo colosal a los contribuyentes.
Habrá quien defienda que de haberse contenido el crecimiento del gasto público se habrían agravado los efectos de la crisis y que el sector público ha jugado, de cierta manera, un papel contracíclico dejando que los llamados estabilizadores automáticos entren en juego. Desde mi punto de vista, el sector público en su conjunto ha contribuido a prolongar la crisis. El aumento de los impuestos directos e indirectos a las familias ha mermado su renta y ha contribuido a agudizar la caída del consumo interno. El aumento de la deuda pública, en un contexto de crisis financiera internacional, ha contribuido a reducir la financiación a las empresas. Es evidente que debía producirse una reducción de la financiación a la construcción y a los servicios inmobiliarios, que alcanzó dimensiones absurdas en los últimos años previos a la crisis. Pero, sobre todo a partir de 2012, se drenaron recursos financieros a la España más productiva y dinámica: a la agricultura, la industria y a los servicios. ¿Cuántas empresas han cerrado sus puertas por la falta de liquidez provocada por la ausencia de financiación adecuada y por la demora en el pago de las propias Administraciones Públicas?; ¿cuántas empresas competitivas han pasado por dificultades para financiar no solo nuevas inversiones sino su capital circulante?; ¿cuántos empleos se han perdido o se han dejado de crear por el efecto de la competencia de un sector público insaciable por unos recursos financieros escasos?; ¿qué sacrificios adicionales se exigirá a la sociedad para poder pagar una deuda que está cerca de ser impagable? Todo esto ha ocurrido mientras celebrábamos con alborozo que el Tesoro Público era capaz de cubrir las emisiones de deuda necesarias para financiar un gigantesco déficit público.
En España es imposible dar una respuesta a esta pregunta porque no hay una medición rigurosa, relevante, sistemática y ampliamente publicitada del desempeño de los servicios públicos. No solo no existe un sistema eficaz de evaluación de su calidad, sino que en no pocos ámbitos de lo público se ha instalado una corriente de opinión contraria a medirla. El ejemplo más significativo es el de la denominada «Marcha Verde» de la educación, que ha hecho de la oposición a la evaluación de los conocimientos de los alumnos de primaria una reivindicación central. Esto significa que en uno de los países del mundo con peores resultados del sistema educativo y donde el sector público es el principal provisor de estos servicios, los empleados públicos (o al menos una parte de los mismos que goza de un amplio respaldo por parte de partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación) se oponen a que los contribuyentes conozcamos los resultados de su trabajo. En esta cultura de oposición a la medición del desempeño de los servicios públicos parece subyacer un sentimiento de propiedad por parte de quienes los prestan. Desde ese sentimiento, algunos empleados públicos se consideran legitimados incluso a negar a un contribuyente el acceso a un servicio al que tiene derecho si, por ejemplo, sus preferencias políticas son distintas a las suyas. Eso es lo que reveló el «escrache» de más de un centenar de trabajadores del Hospital General Universitario La Paz a la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Contra la ley y contra la más elemental ética profesional, un buen número de sanitarios tomó las puertas del hospital para protestar por la atención prestada a una paciente que había ingresado inconsciente y en estado crítico.
Para James Buchanan hay un escenario aún peor y más amenazante para la libertad que el crecimiento descontrolado del presupuesto público (y de su contrapartida, los impuestos detraídos de los bolsillos de los individuos) como consecuencia del sesgo hacia las preferencias e intereses de los políticos y de los empleados públicos. Ese escenario es el que se produce cuando los gobiernos y otros poderes del Estado sobrepasan los límites del marco legal e imponen sus propias preferencias e intereses por encima de la legislación vigente, cambiando «de facto» la ley a su propia conveniencia. Lamentablemente, también podemos encontrar ejemplos (y, no pocos) de lo que Buchanan denomina «anarquía constitucional» que constituyen un síntoma inequívoco de un deterioro de la libertad frente al que no debiéramos ser indiferentes. Como bien avisaba Tomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Esa vigilancia corresponde a todos y cada uno de los ciudadanos y es indelegable.
No me cabe duda de que necesitamos recuperar el espacio de libertad individual perdido. Hoy estamos más cerca de Rousseau que de Locke. Y de Rousseau a Hobbes hay solo un paso. Nos hemos instalado en una dictadura de las mayorías, en la confusión de los conceptos de libertad y democracia, en la fantasía de que siempre hay otro para pagar la factura y en una inmoral indiferencia hacia los abusos del poder que sufren algunos de nuestros conciudadanos desde la ingenua convicción de que nunca seremos víctimas. Por tanto, mi respuesta a la pregunta planteada en este seminario es que hace falta más liberalismo.
Nota:
(1) Resumen de la transcripción de la intervención en el seminario de la UIMP «Después de 2015: ¿más o menos liberalismo?» revisada por el autor.
El título de la conferencia nos impele a analizar cuál es la política económica del Gobierno de España, surgido tras las elecciones de noviembre del 2011, para hacer frente a la crisis económica.
En primer lugar, conviene examinar si es verdad que todavía hay ciclos económicos o si se puede superar la visión de los ciclos: ¿Va a haber siempre años de vacas gordas y años de vacas flacas? Algún economista manifestó que había elementos que permitían pensar en el fin de los ciclos en la economía. En el entorno de 2006-2007 algunos creyeron esta teoría y pensaban: «Ya se han acabado los ciclos económicos».
¿Es eso verdad? En mi opinión, la respuesta es que no. Los fundamentos de la economía marcan funcionamientos cíclicos. Va a haber épocas de alza y épocas de descenso.
Los mecanismos monetarios fundamentan un desarrollo económico con ciclos.
Antonio Erias manifestaba que él había estudiado mucho el funcionamiento de la moneda. Sus estudios demuestran que los mecanismos monetarios producen que en el momento del alza económica se genere una burbuja y en el momento de la baja un pinchazo de la misma. Creo que académicamente no tiene ningún fundamento hablar de la desaparición de los ciclos.
Lo que sí es verdad es que los ciclos pueden tener un comportamiento en la fase ascendente o descendente con mayor o menor intensidad, dependiendo de que la respuesta sea más o menos intensa o más o menos acertada.
No hay una respuesta única a los ciclos económicos. Hay dos tipos de respuesta a los ciclos económicos, una por el lado de la oferta y otra actuando sobre la demanda. Hay «un blanco y un negro» y, luego, «un conjunto de grises».
Hay políticas fundamentalmente de oferta y otras políticas que inciden especialmente sobre la demanda. Hay una respuesta a las situaciones económicas con políticas de oferta, de cualificación de la oferta y otras políticas de demanda, incrementando el gasto público como elemento dinamizador de la economía. Y esos dos extremos, con toda la gama de grises intermedia, configuran las respuestas no solo a las crisis económicas, sino a todos los ciclos económicos, tanto ascendentes como descendentes.
En España, el gran fallo de respuesta a la crisis, que se intensificó como en ningún otro país europeo, no se fraguó solo tras el estallido de la misma, sino que se debió fundamentalmente a que previamente, entre 2004 y 2007, el gobierno de Zapatero instauró una máxima que era: «conmigo más y mejor».
Zapatero decía que el PP lo había hecho mal, pero «conmigo más y mejor». Para ello, en una fase ascendente del ciclo le metieron «más gasolina al fuego», e hincharon la burbuja hasta niveles extraordinarios y luego, cuando ya empezaba la fase descendente, creyeron que, como el ciclo descendente iba a ser muy corto, con políticas de gasto público se podrían tapar los efectos y los ciudadanos no se enterarían de la crisis. Por eso, se siguieron haciendo políticas de fortísimo estímulo sin reformas estructurales desde 2007 a 2010. 2010 fue el momento de quiebra porque la crisis se hizo demasiado larga y las finanzas públicas ya no aguantaban.
Ni siquiera respetaron lo que mantienen algunos economistas keynesianos ortodoxos, de que cuando estás en una época ascendente del ciclo tienes que introducir elementos para ir dejando que la burbuja no se vaya acelerando demasiado y cuando tienes una fase descendente puedes introducir elementos de estímulo monetario.
El PP en esta legislatura se encontró con una situación de profundísima crisis económica y con una situación de las finanzas públicas en quiebra.
Desde el primer momento el Gobierno entendió que la mejor respuesta a esa situación era ofrecer políticas de oferta: de cualificación de nuestra capacidad con políticas de reformas estructurales y con estabilidad en las cuentas públicas. Se dio una respuesta fundamentada en unas ideas de políticas de oferta ante una situación de profundísima crisis económica, que se alargaba en el tiempo porque ha sido una crisis muy larga y en uve doble.
Desde el primer momento de esta legislatura se generó un ambiente de confianza y, en economía, la confianza funciona como elemento esencial. La economía, como en otros muchos aspectos de la vida donde interviene lo social, la confianza es esencial. Las personas tienen como elemento esencial en su toma de decisión garantizar la seguridad en el futuro. Las decisiones de ahorro o consumo están ligadas a las expectativas y a la confianza en el futuro.
Cuando las personas perciben inseguridad, lo que hacen es restringir los gastos. Cuando un inversor piensa en un futuro incierto, toma decisiones más conservadoras. La confianza es esencial porque las personas buscan garantizar su futuro en todos los campos de la vida, pero en el económico, que se ha impuesto ahora como uno de los ejes centrales del comportamiento humano, más aún. La confianza, que siempre ha sido un elemento esencial en la economía, hoy lo es muchísimo más. Desde el Partido Popular, lo que se hizo fue generar confianza desde el primer momento porque las políticas de oferta son percibidas mucho mejor que las que se basan en el gasto público.
En 2012, más allá del contenido de las reformas, de si había que subir un poco el IRPF o cambiar iva por cotizaciones sociales e ir a un comportamiento de mayores ingresos a través de la imposición indirecta, más allá de si la reforma laboral se podría hacer con mayor o menor profundidad, más allá de que la reforma financiera se pudiera hacer con los tres decretos leyes de forma progresiva, o habría que haberla abordado en una sola vez… Más allá de todas las reformas, todo el conjunto de la política económica que se inició, generó un clima de confianza. El Gobierno se comprometió con las reformas y con la estabilidad y «fue creído».
Los logros de esta legislatura han tenido que ver con un comportamiento exterior favorable y con una respuesta adecuada en España. La decisión europea de apostar decididamente por la irreversibilidad del euro, unido a un precio del petróleo favorable y a la apertura de la liquidez por parte del Banco Central Europeo, han sido factores exógenos muy positivos, que unidos a la política económica de reformas y consolidación fiscal han permitido superar la crisis, crecer más que el resto de países europeos y empezar a crear empleo.
En esta legislatura se ha aprovechado que el ciclo estaba cambiando para responder con políticas de oferta que mejoraran la situación. Igual que nos fue muy mal en la respuesta que dimos a la fase descendente, ahora estamos dando una mejor respuesta en el inicio de la fase ascendente del ciclo.
¿Va a ir bien la economía en los próximos años? Pregunta importante. Creo que entramos en una fase buena del ciclo económico que va a durar un tiempo. No estamos hablando de un ciclo de seis meses. Trascenderá al día de las elecciones.
En mi opinión, salvo que en España se produzca una situación inconveniente el 20 de diciembre, viviremos una fase ascendente del ciclo económico. En economía el futuro no está escrito y las decisiones influyen. Si se siguen haciendo bien las tareas económicas, los próximos cuatro o cinco años van a ser años buenos en lo económico. Lo que hemos hecho en esta legislatura no es solo dar una respuesta adecuada a la crisis, sino poner bases para aprovechar muy bien la fase ascendente del ciclo económico.
Si no se modifican las reglas ortodoxas de la economía, España crecerá y creará empleo durante los próximos años. Los últimos años han sentado las bases de una economía sana que se trasladará a los ciudadanos en forma de empleo, oportunidades y garantías del Estado del bienestar. ¿Qué cambiaría si de un gobierno comprometido con la consolidación fiscal y con las reformas se pasara a un gobierno que le «eche más gasolina al fuego»? No creo que eso cambie la situación económica en el 2016, pero empeoraría la situación a medio plazo. Más políticas de demanda en la situación actual nos llevaría a la aceleración de una burbuja que haría peligrar nuestra situación a medio plazo.
Las elecciones solo podrían llevarnos al desastre si se produce una quiebra total de la confianza, que es lo que ha pasado con Tsipras y Grecia.
La política económica desarrollada por los gobiernos de Zapatero de «echar gasolina al fuego», llevó el déficit exterior de España al 10%. Eso, si se vuelve a repetir en una economía muy endeble como la nuestra, tendríamos muchos problemas a medio plazo.
Europa garantiza la estabilidad, porque los países que compartimos moneda única tenemos la obligación de cumplir unas reglas de ortodoxia económica que permiten, al menos, garantizar una cierta estabilidad. Las políticas económicas aplicadas en el ámbito de competencia de los países miembros permiten mejorar la tendencia del ciclo. En España nos están haciendo crecer más rápido que el resto de países europeos.
El euro constituye un elemento de estabilidad para los países. Su irreversibilidad nos garantiza un futuro mejor, pero exige políticas económicas coordinadas. Efectivamente, con el euro hay una pérdida de soberanía. Cuando se oye hablar a algunos políticos de países europeos, que tienen el euro como moneda, de la recuperación de la soberanía, están engañando a los ciudadanos. La política monetaria ha dejado de ser un instrumento de los Estados.
Los países para dar respuesta a los ciclos tienen solo dos instrumentos: reformas y política presupuestaria, que además está restringida por los compromisos de consolidación fiscal.
Por eso, España para salir de la crisis y recuperar competitividad, lo que ha tenido que hacer es una devaluación real con reformas y consolidación fiscal. Si hubiéramos tenido la peseta, el camino habría sido devaluación, con una pérdida absoluta de los niveles de renta de los ciudadanos. Con el euro, la capacidad de recuperar competitividad es más rápida, pero exige lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy planes de reforma y un calendario de reducción del déficit.
En el futuro, habrá Estados que, dentro de márgenes, tengan mejores y peores comportamientos y, por tanto, que mejoren su posición en las fases del ciclo, tanto ascendente como descendente, cuando se realizan reformas económicas y se comprometen más con las políticas de control del déficit.
El futuro va a ser mejor, pero las elecciones generales pueden mejorar o empeorar las expectativas.
En esta legislatura, en mi opinión, se han hecho reformas basadas en un principio ideológico: las políticas de oferta. Creemos que se mejora la economía desde las políticas de oferta. Hayek escribe sobre el poder creador de la civilización libre. Él mantiene que una civilización libre genera una capacidad y una potencialidad de creación enorme. En el fondo, las políticas de oferta tratan de conceder la iniciativa al poder creador de la libertad y más que de la libertad como concepto abstracto, de la libertad de cada una de las personas, del poder creador de cada una de las personas. Creo que desde una posición de políticas de oferta, de creer profundísimamente en el poder creador de personas que actúan con libertad, con iniciativa, se han planteado las reformas por parte del Gobierno del Partido Popular.
Esta legislatura (2011-2015) se ha trabajado mucho y bien para responder con éxito a la crisis.
Se ha transformado el desempleo en creación de empleo, se ha consolidado el Estado del bienestar y se han invertido sustancialmente las expectativas y los niveles de confianza.
La reforma financiera consolidó el sistema financiero español. Fue fundamental para que nuestros bancos tuvieran mayor fortaleza y comenzaran a dar créditos. Se ha hecho una reforma laboral que ha permitido tener un mercado de trabajo más flexible, que genera más oportunidades y ofrece más empleos y de mayor calidad. Se ha abordado una reforma de la Administración Pública que simplifica enormemente la administración y facilita los trámites a ciudadanos y empresas. Se ha podido hacer una reforma tributaria que baja los impuestos a todos los ciudadanos y se ha mejorado la independencia y el funcionamiento de los órganos reguladores.
Junto a estas reformas se ha trabajado muy sólidamente en la consolidación del gasto público y se ha intentado avanzar en la eficiencia del dinero público. La austeridad no está reñida con la eficacia ni con la garantía de la prestación de los servicios públicos. Todo el esfuerzo presupuestario no ha tenido ninguna incidencia en los servicios públicos básicos.
Creo que hay todavía muchas acciones que se pueden y se deben hacer, pero el balance en mi opinión es positivo y vamos a unos años buenos del ciclo económico que hay que intentar que nos aporten un diferencial de crecimiento de la media europea. Además, deben servirnos para prepararnos para que, cuando lleguen las «vacas flacas», nuestra caída no sea tan brutal como la que sufrimos entre 2008 y 2011.
Buenos días a todos: Voy a presentaros mi punto de vista acerca de la liberalización del comercio mundial en estos momentos, y en una perspectiva tanto europea como española. Voy a dedicar unos minutos a hacer un esbozo del comercio internacional y, particularmente, del ámbito del comercio hispano europeo, en el que España, por ser miembro de la UE, no tiene capacidad por sí misma de comprometer nada, ya que la política comercial es una política exclusiva de la ue y quien negocia todo, previa consulta a los Estados miembros, es la Comisión Europea.
La primera institución, sin ninguna duda, es la Organización Mundial de Comercio, que se funda tras la financiación de la Ronda de Uruguay, en el año 1994, por el acuerdo de Marrakech, y comienza a funcionar un año más tarde. Esto no significa que, hasta entonces, no se hubieran producido liberalizaciones comerciales importantes, sino lo contrario. En 1948, la Conferencia de La Habana, instaura un sistema comercial multilateral que pretende ir eliminando las barreras comerciales, las que se habían creado en el periodo de entreguerras y que, por cierto, fueron factores coadyuvantes de la segunda guerra mundial en muchos casos. En La Habana pretendían eliminar esas barreras de una forma igualitaria. Voy a dedicar unos segundos a explicar esto, porque si no, se entiende mal el orden multilateral, y el por qué aparcar el orden multilateral termina por beneficiar a los grandes países sobre los pequeños.
EN EL PRINCIPIO FUE EL GATT
En la conferencia de 1948 se firma el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y allí queda establecido el principio fundamental de la cláusula de nación más favorecida. Esta obliga a que cualquier ventaja comercial que un firmante del acuerdo otorgue a otro se extienda de forma automática a todos los países cosignatarios del GATT, ahora miembros de la Organización Mundial de Comercio.
¿Qué es lo que pretendía esa cláusula? Pues que si Estados Unidos negociaba un acuerdo de libre comercio con Irlanda, por ejemplo, las ventajas que usa otorgaba a la otra parte se extendieran a los demás países; o si Estados Unidos negociaba, digamos ahora con una economía del tamaño de Francia, tales acuerdos se aplicaran a las pequeñas economías de África, de Asia, o de América Latina, y a la misma Europa. Es un sistema que ayuda, obviamente, al pequeño, porque en una negociación bilateral entre grandes y pequeños, el menor tiene poco que ofrecer mientras que el mayor lo tiene y mucho. La desigualdad de partida desemboca, necesariamente, en que el grande oferta poco frente a un pequeño que, para poder acceder a ese gran mercado, ha de ceder, y mucho, lo que genera una asimetría evidente en la negociación.
La fundación del GATT ha permitido que las negociaciones se produzcan en un ámbito multilateral y de forma equilibrada. A través de las sucesivas rondas de negociación desde La Habana, la Ronda Kennedy, la Ronda Dixon, la Ronda Dijon, etc., se ha conseguido liberalizar el comercio mundial en los años 50, 60 y 70, de una forma muy importante. Aunque nos cueste o no queramos reconocerlo y se ponga énfasis solamente en los obstáculos que sigue habiendo, que son muchos, el comercio mundial en estos momentos es más libre que nunca. Nunca el comercio mundial había estado tan liberalizado como ahora, probablemente desde los tiempos del patrón oro en el XIX, gracias a que particularmente el GATT ha sido extremadamente eficaz a la hora de garantizar la eliminación de barreras en todas las rondas comerciales habidas en el siglo XX.
Paradójicamente, la constitución en 1995 de la Organización Mundial de Comercio (OMC), llamada en teoría a ser la herramienta fundamental para acelerar los procesos de negociación multilaterales, ha conducido, por razones que no tienen nada que ver con la omc, a detener el avance multilateral. Desde el año 95 no hay progresos significativos comerciales, con excepción del «Paquete de Bali», de diciembre de 2014. Se celebraron varias conferencias ministeriales, alguno recordará la de Seattle en 1999 por el lío mediático que dio lugar a la generación de protestas de los antiglobalización y de otros grupos antisistema, una forma perversa, creo yo, de culpar a una Organización Mundial de Comercio convertida en inexplicable punto de ataque, pues, si hay algo seguro como factor de desarrollo que permita a los países pobres salir de su condición, es justamente el libre comercio en estas condiciones.
TODAVÍA LA RONDA DOHA
La realidad es que desde 1995 apenas se ha avanzado. Y su efecto colateral es que se ha producido en los últimos veinte años una proliferación de acuerdos bilaterales o regionales. Lo que ha ocurrido es que, cuando se bloquea una liberalización en el plano multilateral pero los intereses permanecen a favor de la liberalización, los avances ocurren por esta vía bilateral o regional, algo que beneficia en definitiva a los grandes bloques económicos. Es decir, a los Estados Unidos y a la Unión Europea, como beneficia en estos momentos a la economía de China, y a Japón, por supuesto.
¿En qué situación nos encontramos? Pues una en la que el orden multilateral avanza a duras penas. La Ronda de Doha sigue bloqueada. En este diciembre tendrá lugar una conferencia ministerial en Kenia1, donde se va a intentar progresar en el informalmente llamado «Paquete de Bali» que se acordó a finales ya del 2013, pero en realidad hay muy pocas esperanzas de que la conferencia ministerial de Nairobi pueda llegar resultados alentadores porque se necesita imprimir la voluntad política que permite desbloquear este tipo de conversaciones y negociaciones.
Lo poco negociado en Bali fue un acuerdo de facilitación de comercio, de mucha importancia para las economías en desarrollo, aunque no tanto para las desarrolladas. La supresión de todo tipo de trámites burocráticos y normas de dudosa utilidad lo único que hacen es obstaculizar el comercio y facilitar la corrupción en los países institucionalmente débiles. Es un acuerdo que va a traducirse en una reducción de los costes de exportación calculada entre un doce y un quince por ciento. Para que el acuerdo entre en vigor, es necesario llegar a dos tercios de ratificaciones, es decir 108 de los 162 miembros de la OMC. Hasta el momento, han ratificado el acuerdo unos 55 miembros de la OMC. El único asunto polémico en aquel momento fue la seguridad alimentaria exigida por países como la India, que dan valor estratégico a disponer de stocks de alimentos, así como a cerrar al comercio el abastecimiento de determinados productos para garantizarse la producción nacional. Principio incompatible con las reformas de la Organización Mundial del Comercio, pero al que se buscó una solución temporal, la que ahora mismo está vigente.
UN EJE ECONÓMICO MUNDIAL QUE SE DESPLAZA
En ese contexto, los movimientos están discurriendo en dos ámbitos alejados entre sí, dos grandes acuerdos están en marcha de forma paralela, y van sin duda a transformar el orden comercial mundial, con efectos probablemente profundos y positivos en el orden comercial multilateral mundial en mi opinión. Me refiero al Tratado de Asociación sobre Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) que la Unión Europea y los Estados Unidos están negociando, el mayor acuerdo comercial de la historia, porque es el caso de que el norteamericano y el mercado europeo siguen siendo los principales mercados del mundo en tamaño, más grande que el chino. La renta per cápita estadounidense es varias veces la china y lo mismo ocurre con su mercado; los dos mercados atlánticos siguen siendo más grandes por su lado y la suma de ambos hace un mercado muy superior al chino, por supuesto. ¿Qué significa esto? Que, si todo concluye favorablemente, y eso podría ocurrir no antes de 2016, Estados Unidos y la Unión Europea configurarían el mercado libre de barreras más amplio del mundo. En paralelo se negocia otro, el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) que tendrá repercusión mundial. Este acuerdo, que lidera Estados Unidos y Japón con un conjunto de países asiáticos, México y Perú, configura un área muy prometedora de comercio del Pacífico con grandes y pujantes economías asiáticas.
Una reflexión desde este lado europeo: el eje económico mundial se está desplazando hacia Asia, es así a pesar de que Europa siga siendo el principal mercado del mundo. El auge de las economías asiáticas y el progreso de unos Estados Unidos que siguen creciendo año a año por encima de la UE, hace que el eje gire hacia Asia. De hecho, a los que pasamos bastante tiempo en la zona, al principio nos llamaba la atención ver que los mapamundis de los colegios asiáticos no colocan a Europa en el centro sino que Occidente aparece en un extremo; en el centro de los mapas escolares está básicamente China con Japón, es su eje mental. Pero es lo que comienza a configurarse poco a poco en la economía mundial, con los números en la mano.
¿Qué implicaciones tiene para Europa? Si el Acuerdo Transpacífico llega a materializarse2 mientras que el Acuerdo Transatlántico no ve la luz, por motivos políticos, la ue habrá desaprovechado no solamente una oportunidad histórica sino que habrá cometido un error estratégico de gran calibre, porque habrá consentido que el mercado estadounidense quede abierto para los grandes productores asiáticos y para otros productores a orillas del Pacífico.
Nos podemos encontrar, los europeos, perdiendo facilidades de acceso a un mercado esencial para el poderío comercial de la Unión, dejándolo abierto a sus competidores asiáticos. Y no solo eso, sino que los Estados Unidos, país tremendamente competitivo por el coste de la energía, que es una ventaja para ellos decisiva respecto a Europa, verá abierto esos mercados libres de barreras, mientras que los productores europeos tendrán que afrontar el acceso a sus mercados con las barreras que permanecen de décadas atrás.
Dos grandes acuerdos en ciernes que van a cambiar el orden mundial y que, muy probablemente, saldrán adelante porque quienes bloquean la Ronda Doha no son ni Estados Unidos ni la Unión Europea, sino las grandes economías emergentes, muchas de las cuales tienen aún ventajas de acceso al mercado de países desarrollados pero mantienen relativamente cerrado el suyo propio, considerando que el statu quo les beneficia. Este es eldiscurso del Sur, sean estos países emergentes o los menos adelantados. La Ronda no se ha concluido básicamente porque los emergentes no lo han querido porque Doha les obligaba a abrir sus mercados. Muchos países africanos en desarrollo son altamente proteccionistas en África, pero también en Asia tienen miedo de la potencia económica china y países adyacentes. Estos países echan la culpa a los países desarrollados, que no se muestran lo suficientemente generosos, pero el objetivo es seguir cerrados nacionalmente a las amenazas competitivas.
EL IMPACTO MÚLTIPLE DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
¿Qué va a ocurrir si sale adelante el TTIP o el TPP? Pues que se van a encontrar con que buena parte de su producción exportada a los Estados Unidos es sustituida por producción europea; y otra buena parte de la exportación a Europa será reemplazada por la producción norteamericana. La tónica general será un incremento en todas las uniones aduaneras de lo que llamanefectos de creación de comercio y, en paralelo, efectos de desviación de comercio, es decir: por el mero hecho de eliminar aranceles, las economías tienden a suministrarse mutuamente no al precio internacional —el más barato desde el punto de vista de la eficiencia y el que tiene más sentido económico— sino aquel que le resulta más barato de suministrarse porque no paga aranceles, así de simple.
Es una consecuencia poco entendida de este tipo de acuerdos internacionales, ya que levantar aranceles habría de generar de inmediato una ganancia mutua de bienestar, casi por sentido común, pero la realidad económica es otra; esa misma eliminación de aranceles puede acarrear una pérdida neta de bienestar para las respectivas economías. Esto es conocido por la teoría económica, pero imaginémoslo de forma sencilla: ¿dónde compra la carne o la leche España? Pues, básicamente de los europeos, de Francia, Holanda y otros países al norte, a pesar de que no sean suministradores más eficientes que Brasil o Argentina, ni incluso Australia o Nueva Zelanda, productores capaces de enviar carne a una calidad/precio mucho más bajo que los países europeos. La única razón de comprar a los mencionados socios europeos es por esa falta de obstáculos frente a lo que importamos de Brasil, Argentina y países terceros, donde hay que pagar aranceles y superar una serie de barreras no arancelarias, que muchas veces son impenetrables, y que en muchas ocasiones no son otra cosa que obstáculos encubiertos al libre comercio.
No estando nada claro sus efectos positivos en términos de bienestar, hay que ir al balance de este tipo de acuerdos, y se comprueba con números en la mano que, al menos en países desarrollados de aranceles muy bajos respecto a países terceros, los efectos netos positivos se producen por el solo hecho de eliminar barreras bilaterales, salvo en mercados muy concretos donde las altas barreras, el caso típico de los productos agroalimentarios, suponen una gran distorsión. Todavía Estados Unidos y Europa siguen siendo fortalezas comerciales en este campo.
¿Por qué considero que los acuerdos anteriormente mencionados van a dar lugar a un cambio decisivo para el orden multilateral? Porque el mero hecho de que Estados Unidos y Europa eliminen barreras entre sí va a desplazar significativamente la exportación de países terceros. Cuando los que ahora mismo viven cómodos en el bloqueo de la Ronda Doha vean que sus cuotas de mercado empiezan a caer de forma drástica, tanto a los EE.UU. como en la ue, tendrán un poderoso incentivo para apoyar la conclusión de la Ronda Doha, sin esforzarse, en paralelo, a liberalizar sus economías. Podemos citar como ejemplo Brasil e India, dos ejemplos de países muy proteccionistas cuya pretensión viene siendo la de crecer con su economía cerrada mientras los demás abren la suya. Esta práctica supone otro error —lo explica impecablemente Pedro Schwartz— y también un prejuicio habitual entre los no economistas, el pensar que cuando yo cierro mi economía, pero los demás se abren, ganaré siempre. Proteger una economía de forma unilateral equivale a perjudicarse uno mismo. Al desproteger unilateralmente una economía, básicamente se explotan sus ventajas comparativas, ello produce efectos positivos netos sobre el bienestar: importas lo que necesitas a precios internacionales y producido de una forma mucho más eficiente. Eso sí, empujas a tu economía a es pecializarse en lo que tu país posee una ventaja comparativa y de mejorar en bienestar.
POLÉMICAS Y CIFRAS DEL ACUERDO TRANSATLÁNTICO
Volviendo a la Unión Europea, se presentan por delante varios acuerdos. El de Vietnam se está cerrando ahora mismo3, hay negociaciones abiertas también con alguna economía asiática, poco relevante por los flujos de comercio que tenemos. Se cerró el acuerdo con Singapur, un acuerdo importante por muchos motivos, porque fija estándares de apertura comercial muy agresivos, en el sentido positivo, con paquetes muy interesantes desde el punto de vista de la movilidad laboral, es decir, con paquetes de visados, etc. Se ha negociado también con Canadá un acuerdo de libre comercio que está cerrado ya, muy similar al que pretendemos que sea el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Los acuerdos con Centroamérica, Perú, Colombia ya están vigentes, y en los últimos dos años y medio o tres, Europa ha dado un salto espectacular en la cobertura geográfica de sus acuerdos: de México y Chile, que son los más importantes, a Perú y Colombia, más toda Centroamérica, Canadá y Singapur. Vietnam a punto de concluirse y muy avanzados los de Japón y Estados Unidos. De no haber tropiezos, en 2016 se habrá dado un salto ambicioso. Sin olvidar los acuerdos vigentes con Turquía y los del norte de África en revisión con objeto de ampliarlos. Se va a actualizar el acuerdo con México y Chile, que tienen ya quince años de vida.
Además de aspirar a eliminar todo tipo de barreras entre EE.UU. y la U.E., hay temas clave como el de movilidad laboral, imprescindible para una economía tan terciarizada como la atlántica, o la protección de inversiones. De nada valdría liberalizar el comercio de servicios si luego una ingeniería española no puede desplazar a sus ingenieros a detallar el diseño de su proyecto de infraestructuras en Estados Unidos. Esta clase de servicios requiere de presencia física en el lugar y eso exige remover dos obstáculos: los visados que permitan a profesionales europeos trabajar en los Estados Unidos, un visado de una tipología especial, y el reconocimiento de los títulos que habiliten como arquitecto, ingeniero, etc., para poder ejercer allí. En cuanto a la protección de inversiones, este es uno de los más polémicos en el debate público. Se ha hablado mucho del mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, un capítulo fundamental para el acuerdo con Estados Unidos.
Conviene mencionar unas cifras: la relación que mantenemos con Estados Unidos en mercancías es de unos 700.000 millones de dólares anuales, dos mil millones de dólares diarios; otros 300.000 millones, más o menos, de comercio de servicios transfronterizos, pero la relación atlántica principal no está ahí sino que pivota, sobre todo, en la inversión. Estados Unidos es el segundo inversor directo para España, por encima de Francia, de Alemania y de Reino Unido. Y lo mismo le ocurre a Irlanda, Reino Unido, Holanda, Alemania, etc., el gran inversor en Europa es Estados Unido, lo que lleva a un tipo de relación económica muy diferente. Hablamos de inversiones directas a producciones en suelo europeo comercializadas por el continente y resto del mundo. Una parte estimable de la exportación española, como el sector de la automoción es de origen extranjero, porque el 100% de las compañías son extranjeras. Una gran parte de la exportación española industrial solo se entiende a través de la inversión de fuera y, más que ninguna, de la inversión estadounidense. Esa inversión explica nuestra relación especial en el ámbito industrial y de servicios. Ese tipo de inversiones requieren un régimen de protección o seguridad jurídica singular mutua, un régimen, digamos tasado, que permita resolver las disputas que surgirán sin ninguna duda, como sucede en cualquier relación comercial.
Un apunte adicional para España: las estimaciones calculan que España sería el segundo país qué más se beneficiaría del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. La Fundación Bertelsmann ha calculado que cerca de 143.000 empleos se podrían generar si el acuerdo con los EE.UU.. ve la luz, y que la renta per cápita española podría incrementarse en un 6,55%. Para la Unión Europea se calcula el incremento de la renta per cápita en cerca del 4,9%, incremento que es muy considerable. Es importante para toda Europa hacer la prospectiva del impacto del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica sobre la UE. El Instituto de Estudios Económicos presentará a mediados de octubre un estudio sobre el impacto del acuerdo con Estados Unidos para la economía española en su conjunto. Además, la consecución de este acuerdo revitalizará negociaciones estancadas, como la de Mercosur, un acuerdo regional para España muy relevante. Acuerdo que apenas tiene en estos momentos posibilidades de salir adelante, a falta de voluntad política manifiesta por parte de algunos Estados miembros de la ue, como también por parte de algunos países del Mercosur tras veinte años estancados4. Pero, después del TTIP no habrá otro acuerdo con impacto más positivo para la ue, según estudios realizados por la misma Comisión Europea5. El TTIP puede marcar la diferencia, porque, si el TTIP es una realidad, Brasil y Argentina, sabedores de que sus exportaciones agropecuarias a Europa se reducirían muy considerablemente reforzarán su interés por el Mercosur, sin ninguna duda. Este tipo de acuerdos comerciales siempre tiene efectos dominó. Cuando se abre una puerta, el socio comercial perjudicado modifica sus incentivos y puede llegar a reconsiderar su estrategia. Estamos seguros de que así va a ocurrir en el caso de Mercosur ante una aprobación del TTIP.
En cuanto al estado de situación de las negociaciones TTIP: en julio el Parlamento Europeo aprobó una resolución favorable al TTIP, que incluía el procedimiento de solución de controversias Inversor-Estado, con unos matices que incorporó el Grupo Parlamentario Socialista. Del lado del Congreso de los Estados Unidos y después de sus elecciones legislativas, ya se ha otorgado la autorización fundamental Trade Promotional Authority al presidente y su gobierno para negociar los términos de acuerdo con la ue y someter el eventual acuerdo a la votación de las Cámaras como un todo, sin que ni Congreso ni Senado puedan modificar nada del Tratado cerrado. Esta es una facilidad absolutamente determinante para que estos acuerdos puedan ver la luz. Si se diera la competencia legislativa para entrar a renegociarlos se harían completamente inviables.
A finales de año se quiere tener ya el esqueleto del TTIP definido y, es de suponer, que se tomen las decisiones resolutorias lo largo del 2016.
Es importante mencionar que este es el acuerdo más transparente que se ha negociado nunca, presumiblemente porque recibía muchas críticas, infundadas, en mi opinión, respecto a la falta de información pública de las conversaciones. Por vez primera, se ha hecho público el mandato de negociación, algo que no se había hecho con ningún otro acuerdo comercial. Se han publicado también las propuestas de texto de la UE. Nosotros hemos hecho también un ejercicio de transparencia abriendo una página web conjunta con el gobierno de los Estados Unidos y con la Comisión Europea en la que se va colgando toda la información disponible sobre el TTIP en español.
EL TRATADO DEL PACÍFICO ESTÁ PRÓXIMO
El otro gran acuerdo internacional es el que inician en 2011 nueve países, Australia, Brunei, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam con Estados Unidos, y que cobra otra dimensión aún mayor al incorporar a Canadá, Japón y México. Se han cerrado ya veintisiete de los treinta capítulos del TTP, la negociación está por tanto muy avanzada, y queda relativamente poco por cerrar, una señal de lo urgente que es para la Unión Europea avanzar rápidamente en él sus acuerdos atlánticos, tanto con ee.uu. como con Mercosur. Es cierto que el TTP no representa un bloque económico muy homogéneo al incluir países tan dispares como Brunei, los Estados Unidos o Perú junto a Canadá o Japón. Tanto en estructura económica como en renta per cápita, o peso del sector agrario, no tienen nada entre sí. Es decir, cuatro grandes economías mundiales, más Australia que, junto a las citadas componen el 40% del PIB mundial, y un tercio del comercio mundial.
Sin embargo, además del PIB que aglutina, el acuerdo supone la liberalización de los intercambios comerciales entre países cuyas economías están entre las más dinámicas del mundo. Se trata de un acuerdo completo de liberalización comercial, que incluye el acceso completo a los mercados, que incluye también temas transversales como armonización regulatoria, un aspecto fundamental que se intenta también incluir en el TTIP, la promoción de pymes, aspectos de economía digital, y, no por último, con la cláusula para actualizarlo y renovarlo de forma periódica para que el acuerdo no quede obsoleto.
Por la información de que disponemos quedan abiertos todavía temas difíciles pero muy delimitados. La relación entre Japón y Estados Unidos es una conexión comercial siempre compleja y está todavía bloqueada en aspectos como comercio agrario y también en automoción, un sector muy sensible para Japón como para Estados Unidos; en derechos de propiedad intelectual y normativa de origen e indicaciones geográficas. Ahora bien, si este acuerdo se aprueba, a principios del 2016, antes que el nuestro, Estados Unidos va a tener mucho más poder en la negociación del acuerdo atlántico, va a traducirse en una mayor presión negociadora para la Unión Europea porque se sabe que quedaríamos excluidos de un TTP hecho realidad mientras no prospere el TTIP.
Mi intención es comentarles un conjunto de ideas que necesitan de gran precisión por plantear contenidos muy controvertidos y por su compleja formulación en el escenario económico y social actual. Para ello, resultará imprescindible recopilar y formular preguntas para comprender mejor la situación presente y las políticas que se pretenden desarrollar para el futuro.
En cualquier caso, aquellas resultarán difíciles de implementar por las limitaciones a las que se enfrentan y no solo por intentar cambiar «principios», sino porque la ciudadanía todavía no perciba el riesgo que supone no actuar sobre los actuales escenarios. Ahora bien, no cabe duda alguna que los planteamientos y reflexiones que desarrollaremos, incluso pueden resultar pretenciosos por simplificar demasiado la compleja realidad a la que hacen referencia.
Una vez hechas estas reflexiones, es obvio señalar que el cambio climático puede ser considerado como uno de los problemas ambientales más graves al que se enfrenta la humanidad en el momento actual. El calentamiento global es un asunto que amenaza a los ecosistemas mundiales, comprometiendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Los estudios científicos muestran que el planeta se enfrentará a desastres humanos y naturales irreversibles si la concentración atmosférica de co2 continúa por encima de 350 partes por millón (ppm).
Entre 1991 y 2011 hay más de 11.944 artículos de 29.083 autores, en los que más del 98% son favorables a que el calentamiento global tiene que ver con la acción humana; por tanto, esta trayectoria científica avala, a mi juicio, de manera suficiente —aunque con evidencias distintas— la ligazón entre los efectos producidos por la acción humana y las emisiones de CO2 y el calentamiento global, en definitiva los resultados que aquella tiene sobre el clima de la Tierra.
Si esto es así, el cambio climático se erige como un reto al que hemos de hacer frente de forma irrenunciable, instrumentando políticas y planteando objetivos que sirvan para limitar el impacto que la actividad humana, especialmente en su vertiente económica, tiene sobre el medio ambiente. La búsqueda de estos objetivos solo será posible a través de la descarbonización de la economía, lo que llevará consigo una transformación del sector energético, dado que este representa aproximadamente las dos terceras partes de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Es más, para asegurar una estabilidad climática futura será necesario limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC respecto a los niveles de 1990, lo que lleva consigo volver a concentraciones de CO2 de 350 ppm y, en última instancia, a las concentraciones preindustriales. O lo que es lo mismo, que los países industrializados reduzcan para el año 2020 sus emisiones de gases de efecto invernadero un 40% respecto a los niveles de 1990 y al menos un 85% en 2050.
La COP21 (Conferencia de las Partes de diciembre de 2015 en París) promueve un compromiso de reducción de emisiones que facilite la transición hacia la consecución de metas más exigentes en los próximos años y que aquellas expliciten con qué instrumentos se podrán lograr tales propuestas. En tal empeño, el gas natural debería de ser el sustituto principal del carbón en generación eléctrica en el mundo2.
Para lograr tal tarea no quedará más remedio que establecer nuevos y mayores impuestos a las emisiones de CO2. Aunque implementar tributos de esta naturaleza no es sencillo de forma inmediata, sí sería aconsejable dar señales de la voluntad de llevarlo a cabo a lo largo del tiempo y considerar la pertinencia de acometer, en estos momentos de bajos precios del petróleo y del gas, estas figuras impositivas
Tal y como señala Christiana Figueres: «Las emisiones de gases de efecto invernadero de las últimas décadas han sido tales que el calentamiento global ya no se puede revertir» (Cambio climático comprometido), y como no resulta posible solucionarlo, sus impactos, a pesar de las políticas, los protocolos y las conferencias, ya los estamos sufriendo.
El cambio climático exige asimismo un replanteamiento de las tareas que hasta ahora se llevaban a cabo para convertir en oportunidades los nuevos retos a los que se enfrenta el planeta. La temperatura de la superficie de la Tierra ha aumentado 0,74ºC en el último siglo, en Europa este aumento es de 0,95º, y en España se ha incrementado en 1,5º en las tres últimas décadas, lo que supone más de tres veces la subida a nivel mundial. La COP21, si bien pretende establecer responsabilidades compartidas, estas han de ser diferentes para cada uno de los países, según su grado de desarrollo, industrialización y niveles de emisiones históricas.
De ahí que el cambio climático y la lucha contra el calentamiento global no puedan ser únicamente consecuencia de un pacto, sino más bien el resultado imperativo de la búsqueda de una meta que persiga un objetivo más amplio como es el de calidad de vida.
La Cumbre de París debe elevar a la categoría de objetivo compartido, la mitigación de las emisiones3, especialmente CO2, para lograr, que si bien, como acabo de señalar, no se puede revertir el calentamiento existente, cuando menos seamos capaces de manejar los posibles riesgos futuros asociados al mismo.
Dicho esto, está claro que el cambio climático no deja de ser un aspecto parcial de la contaminación atmosférica y uno más de los generales de la actual crisis ecológica; por ello, cuando contemplamos aquella en su conjunto, incluso podrían resultar hipócritas las propuestas que formulen el concentrar tantos esfuerzos en una pequeña parte de la naturaleza para intentar evitar el mismo, dejando de lado soluciones a problemas más cercanos como la erradicación de la pobreza o el despilfarro en el uso de los recursos naturales. En cualquier caso, está claro que en el momento actual persiste un modelo de desarrollo basado en «el crecimiento económico como pilar fundamental, sometiendo a la dimensión económica, la social y la ecológica lo que es contrario al desarrollo sostenible», tal y como se planteó, en la reciente cumbre de la ONU en septiembre de este año en Nueva York, en la llamada agenda 2030. De ahí que cuestionar el actual modelo de desarrollo nos exija reconocer y abordar las limitaciones e inconsistencias a las que nos han llevado las políticas públicas implementadas individualmente hasta el presente por los diferentes gobiernos, motivo por el cual el papa Francisco en su reciente encíclica Laudato si’ incide en la imprescindible integración de los componentes ambiental, social y económico para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Por otro lado, la sostenibilidad constituye también un concepto en sí mismo complicado y muy sugerente. Como acabamos de decir, puede entenderse como una manera de minorar cierto tipo de injusticias, ya que usar los recursos limitados para beneficio inmediato y empobrecer con ello a las generaciones futuras, sin ninguna duda, lo es. Por ello, promover la sostenibilidad se convertirá en una decisión estratégica para no interiorizar más iniquidad.
De hecho, si el desarrollo humano es uno de los objetivos básicos del crecimiento económico, este deberá distribuirse equitativamente entre presente y futuro para intentar corregir así esa posible injusticia que supone el tener en cuenta solo lo inmediato y no el porvenir; de ahí que Solow recalque que la decisión de buscar y apoyar la sostenibilidad se convierta en una forma más de evitar estas arbitrariedades.
Permítanme que —sin pretenciosidad pero como clara expresión de complicidad con el planteamiento de este autor y las formulaciones de este seminario—, en este complejo y controvertido escenario no solo nos circunscribamos al medio ambiente como expresión de calidad de vida presente y futura, sino que también hagamos referencia a una de sus manifestaciones más conocidas, la pobreza humana4. En este ámbito la pobreza humana se puede entender como una forma de denegación de los derechos humanos, y dado que para su erradicación es necesario la existencia de desarrollo económico, medioambiental y social, este ha de orientarse prioritariamente a combatir la misma, asunto que evidencia una relación muy cercana entre pobreza y desarrollo sostenible, reclamando claramente aquella en la que para alcanzar el mismo se realice un uso sostenible de los recursos económicos.
En el siglo XXI nos enfrentamos a importantes transformaciones que ya se han ido anticipando en el pasado siglo XX, y que hunden sus raíces en el siglo XIX, de tal modo que las preocupaciones actuales son muy distintas y los sucesos muy diferentes de aquellos que en otros momentos de la historia se han dado. Por ejemplo, frente a la escasez de combustibles fósiles, en estos momentos no solo por las caídas de sus precios sino por nuevas estrategias desarrolladas básicamente en Estados Unidos (shale gas) y por la crisis, da la impresión de que estamos ante un nuevo y aparente escenario de abundancia.
Los vínculos entre energía y crecimiento económico están claros y en los últimos dos siglos hemos visto cómo se han ido manifestando, estrechándose la correlación entre ambos en unos casos y evolucionando en otros —como ocurre actualmente— en la que puede suceder que una economía con baja intensidad de emisiones de CO2 (compatible con el objetivo de no superar los 2ºC) posibilite alcanzar niveles de prosperidad iguales o superiores a los de una economía con elevada intensidad de CO2, especialmente cuando tenemos en cuenta los múltiples beneficios que lleva consigo la instrumentación de políticas de descarbonización (mayor seguridad energética, mejora de la calidad del aire y los consiguientes beneficios sanitarios).
Conviene insistir y recalcar que la dicotomía crecimiento económico-incremento de las emisiones de CO2 no presenta la misma correlación positiva en el presente que en el pasado por dos motivos básicamente: primero, porque la intensidad energética ha disminuido (para producir una unidad de producto se necesita menos energía de la que antes era necesario utilizar a tal fin) y, por otro lado, por la propia mejora de la eficiencia energética en cada uno de los procesos productivos y por la introducción de fuentes de generación de energía limpias.
En cualquier caso, resulta evidente que si bien no es posible detener el cambio climático, sí se puede limitar este; para ello, hemos de intentar promover cambios en el comportamiento social y empresarial que sirvan para rebajar la utilización y la enorme dependencia actual de los combustibles fósiles como fuente de energía. Por tanto, en la medida en que los efectos del cambio climático tienen que ver en un 80% con los combustibles fósiles, será necesario abordar una modificación en el uso de aquellos, cambiando el modelo energético existente por otro que sustituya, poco a poco, los combustibles fósiles por opciones bajas en carbono en todos los ámbitos energéticos, permitiendo así avanzar hacia una economía descarbonizada. De este modo, el desarrollo de energías renovables, la puesta en práctica de medidas de eficiencia energética o la introducción de límites al volumen de emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) resultan ser herramientas indispensables para tal fin. Sin embargo, la transformación a la que tenemos que hacer frente hace necesario la introducción de cambios de pautas de consumo que también limiten los daños causados por los sectores difusos. En este sentido, debemos definir nuevas fórmulas para el transporte5que nos permitan reducir las emisiones de manera drástica. Solo actuando de este modo resultará posible alcanzar los fines propuestos. En consecuencia, se hace necesario cambiar de modelo económico y energético al mismo tiempo, e ir hacia una re-formulación del uso de la energía basada en la consecución de un desarrollo sostenible que haga posible la reducción de emisiones y mantener un consumo responsable.
Es conocido que el clima evoluciona, la cuestión es saber con qué rapidez lo hace y con qué margen de adaptación cuentan los seres vivos. En poco más de un siglo, la actividad humana ha aumentado la cantidad de CO2 atmosférico en un 25% y doblado la concentración de metano; el reforzamiento consiguiente del efecto invernadero necesariamente dará lugar a un aumento de la temperatura de 1ºC cada treinta años, mientras que desde la última glaciación su ritmo de cambio ha sido de 1ºC cada quinientos años. Esta alteración es semejante a otras anteriores, pero manifestada entre diez y cien veces más deprisa.
¿Por qué se ha llegado a esta situación y en un tiempo tan breve? La quema de combustibles fósiles arroja a la atmósfera una media de 3 kg. de carbono por persona y día en el mundo; esta media combina los 15 kg. diarios de un norteamericano, o los 4,5 kg. de un español, con el escaso 1,4 kg. emitido por un habitante de un país no desarrollado. Los combustibles fósiles se queman casi exclusivamente para producir energía, que el primer mundo utiliza siete veces más por habitante que el tercer mundo.
El modelo económico y productivo dominante identifica bienestar con expansión económica, y esta con consumo de energía creciente (desde principios de siglo se ha multiplicado por treinta). Sin haberlo planeado, nos hemos topado con que las transformaciones inducidas por la acción humana en los diferentes ecosistemas están suponiendo la aparición real de límites al desarrollo de la actividad económica alejándonos de la idea de un crecimiento sostenido y sostenible. Estas cuestiones nos sitúan en la necesidad de hacer frente a un cambio de paradigma en el que la eficiencia energética permita romper el binomio crecimiento económico e incremento de las necesidades energéticas y, por extensión, aumento de las emisiones de GEI.
La única defensa razonable ante el cambio climático es la reducción drástica de emisiones de dióxido de carbono, modificando el sistema energético y, por tanto, el económico, y renunciando a la devoradora filosofía del desarrollo sin límites. Se ha calculado que la estabilización de la concentración efectiva de CO2 en la atmósfera requiere la reducción de emisiones de origen energético al 70% del nivel de 1990 para el año 2020, y aun así, dicha estabilización solo tendría lugar una década después con una cantidad de dióxido de carbono un 8% mayor de la que existía en 1990.
Tal es la evidencia, y como no podemos culpar al barómetro de la tormenta, en cualquier caso hemos de comprender que cada país tiene sus propias razones. Los 1.200 millones de personas que no disponen de energía eléctrica en el mundo lógicamente están más preocupados de contar con aquella que por las fuentes de generación de la misma, mientras otros países y ciudadanos están más inquietos por mejorar su calidad de vida que por la pobreza energética de otros, a los que su renta no les permite disfrutar de los beneficios de una energía asequible y competitiva.
La creciente inquietud por el cambio climático y sus efectos en las generaciones futuras, ha llevado a los principales gobiernos a tratar de poner en marcha una acción internacional coordinada a la hora de marcar objetivos y acometer la lucha contra el mismo. El tratado por el que se crea la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) constituye el marco jurídico internacional de referencia en el que se encajan estas actuaciones globales de lucha contra el mismo.
Asimismo, a lo largo de las sucesivas copse han ido introduciendo paulatinamente nuevos elementos en la arquitectura internacional de las negociaciones de cambio climático para afrontar retos concretos, entre los que se encuentran, entre otros, aspectos tan importantes como la financiación necesaria para acometer acciones que ayuden a la mitigación y adaptación al cambio climático o la transferencia tecnológica. Este mes de diciembre, tal y como hemos dicho, tiene lugar la copnúmero 21 en París con un claro objetivo: establecer un acuerdo internacional vinculante que sea ratificado por la mayor cantidad de países posibles y que permita limitar el incremento de la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados.
En esta ocasión, la lucha contra el cambio climático y los planteamientos formulados individualmente por cada uno de los países participantes están marcando lo que será el devenir de la copde París. Europa ha abanderado durante mucho tiempo este proceso, introduciendo ambiciosos objetivos que la sitúan como la región desarrollada con menor intensidad de emisiones por unidad de producto. En este sentido, el marco definido a 2030 —siguiendo la línea propuesta por el 20-20-20— establece unas metas claras en reducción de emisiones (40% menor en las emisiones de co2respecto de los niveles de 1990), en participación de energías renovables (27% del total de la energía final consumida) y en la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética como aquellas mejoras para reducir, al menos en un 27%, las previsiones de consumo energético en 20306, la implementación de las mismas permitirá una profunda transformación del sector energético y de la economía en general.
Estados Unidos ha dado un importante paso adelante en materia de protección ambiental. En junio de 2014 dio a conocer la propuesta de reducción de las emisiones del sector eléctrico (de las centrales ya existentes), del 30% en 2030 respecto a las de 2005. Recientemente, en agosto de 2015, también los Estados Unidos presentaron su nuevo «Plan de Energía Limpia» (Clean Energy Plan), que pretende reducir adicionalmente un 32% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en sus plantas energéticas para 2030, frente a lo registrado en el año 2005.
Estas medidas, de gran impacto mediático, han dado lugar a reflexiones de diversa índole, desde las centradas en las consecuencias que puede acarrear esta reducción de emisiones en la economía global, hasta las que analizan qué alcance real tiene en la toma de conciencia de la población sobre el deterioro medioambiental.
No obstante, y dejando de lado las particularidades de cada país, lo que sí es cierto es que la COP21 va a marcar un hito en la lucha contra el cambio climático, abordando la negociación de un futuro acuerdo internacional para el periodo post-2020 que incluya a todos los grandes emisores de gases de efecto invernadero, tanto los países desarrollados como los más relevantes en desarrollo.
Sin embargo, la lucha contra el cambio climático no debe circunscribirse exclusivamente a los gobiernos. La Cumbre de París representa una oportunidad excepcional para que el sector empresarial refuerce su papel en la consecución de los objetivos ambientales. Esta idea ha sido remarcada desde Naciones Unidas demandando la implicación del sector privado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). Esta nueva agenda global establece 17 objetivos y 169 metas para que el planeta alcance tal fin, de forma que se dé continuidad a los retos iniciados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm), junto a los que abarcan nuevos retos y que pretenden incrementar las oportunidades de crecimiento socioeconómico de los países en vías de desarrollo.
En definitiva, a nuestro juicio, se está produciendo, en los planteamientos evaluativos del cambio climático y del calentamiento global, una modificación sustancial consistente en pasar del cómputo de emisiones a estimar los cambios que se pueden tolerar en la temperatura del planeta, instrumentando las acciones con planes de corta duración, como máximo cinco años, y formular nuevos mecanismos para la gestión de los bienes públicos globales7, tanto desde la perspectiva de quienes han de proveerlos como de aquellos que serán los encargados de defenderlos, para lo que será preciso buscar e implementar una nueva cooperación institucionalizada, así como una regulación mundial que sirva para amparar estos nuevos desafíos.
Las futuras cop deberán acometer los detalles de este acuerdo internacional vital para continuar en la lucha contra el cambio climático y el objetivo común de evitar que el incremento de la temperatura media del planeta sobrepase los 2ºC. Y ello, si se logra, será gracias a la puesta en práctica de cuatro estrategias que habrán de implementarse en los próximos años: la presencia de mayor potencia instalada de energías renovables; un uso más elevado del gas frente a otros combustibles fósiles; la adopción de medidas que faciliten el logro de una mayor eficiencia y menor intensidad energética; y, por último, un manejo óptimo de las nuevas tecnologías y la búsqueda de nuevos mecanismos para conseguir el almacenamiento de energía.
NOTAS
1 Extracto de la ponencia presentada en el seminario «Después de 2015, ¿más o menos liberalismo?». Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 1 de septiembre de 2015.
2 «El gas es la fuente de energía convencional que menos co2emite en la generación eléctrica, un 50% menos que el carbón, y la menos contaminante, tanto en términos de óxido de nitrógeno como de óxido de azufre, y su combustión no emite prácticamente ninguna partícula», cuestiones ambas que facilitan una mejor calidad del aire, especialmente en las ciudades; de ahí que el gas resulte ser la fuente más eficiente ambiental y energéticamente para la generación eléctrica y como tecnología de respaldo para las renovables intermitentes. Ahora bien, el enfoque de la cop21ha de contemplar, junto con la minoración del carbono, asuntos tales como la «prosperidad económica» o la «pobreza energética», tal y como señala Menelaos Ydreos.
3 Europa representa el 10% de las emisiones mundiales de co2y plantea un acuerdo que supone una reducción del 50% de las emisiones en 2050. Entre 1990 y 2012 redujo sus emisiones un 17,9%, y en este encuentro de París pretende alcanzar un acuerdo firme y vinculante para cada uno de los firmantes.
4 Véase al respecto: «Informe sobre desarrollo humano 1996» e «Informe sobre desarrollo humano 1997». Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo. Edt. Mundi Prensa. Madrid.
5 Son muchos los posibles ejemplos de medidas encaminadas a conseguir un transporte más limpio. De entre estas, podemos destacar el desarrollo de los biocombustibles y combustibles alternativos como el hidrógeno, la potenciación del vehículo eléctrico, o la introducción de estándares más rigurosos de emisiones para los nuevos vehículos, así como el establecimiento de nuevas figuras tributarias que graven el consumo de combustibles contaminantes y, por último, la potenciación del transporte ferroviario como alternativa a la carretera.
6 Este objetivo es de carácter indicativo y será revisado antes del año 2020 con intención de incrementarlo hasta el 30%.
7 En el concepto de bien público global hemos de precisar, para los asuntos del cambio climático, no solo sus características sino que a la conocida no exclusividad y no rivalidad han de sumársele tres precisiones más: una, que sus beneficios sean universales en términos de países; dos, que se extiendan los mismos preferiblemente a todos los grupos de población; y, tres, que sus beneficios satisfagan no solo las necesidades de las generaciones presentes sin con ello impedir las opciones de las generaciones futuras. Para comprender en toda su dimensión el alcance de este concepto, véase Kaul, I., Grunber, I., Stern, M. (eds.) (1999). Global Public Goods. International cooperation in the 21st century. Oxford University Press; y Kaul, I, Conceiçao, K., Le Goulven, K. y Mendoza,
R. (eds.) (2003). Providing Global Public Goods. Managing Globalization. UNP. Oxford University Press. New York; así como Velásquez González, J.A. (2009) «Los bienes públicos globales y regionales: una herramienta para la gestión de la globalización». Cuadernos Unimetanos. nº 18, marzo, pp. 14-19; Escribano Francés, G. (2012). «Provisión de bienes públicos globales y economía política internacional». Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, pp. 39-54; y Marín Quemada, J.M., García Verdugo, J. (2003). Bienes públicos globales. Política económica y globalización. Edt. Ariel, España.
· El duque de Saint-Simon es uno de los grandes de la literatura inspirada por el rencor y el alejamiento de los poderes absolutos. ¿Hubo en sus “Memorias” una mínima pasión por convertir la memoria en literatura o estrictamente el afán de contar todo lo visto, como una gran venganza? Agitado snob de la corte del Rey Sol, fenomenólogo de la etiqueta y el protocolo, merodeador proustiano “avant la lettre”, retratista soberbio, adulador aplicado, prosista anómalamente modélico, miniaturista del absolutismo y amigo de Montesquieu, ahí está todo en siete mil páginas que –hasta su publicación ya a mediados del siglo XIX- quedaron arrinconadas, como la aristocracia a la que Saint-Simon vio yendo perecer, postergada por la burguesía entrometida. Escribió con sequedad y mucho nervio. Observa al príncipe de Conti, libertino, bifásico y rey no coronado de Polonia. Dice el duque: “Este hombre tan amable, tan encantador, tan delicioso, no amaba nada. Tenía y quería amigos como se quieren y se tienen muebles”. En sus páginas sobre la revocación del edicto de Nantes –con la prohibición de protestantismo en Francia, a la que se opone- Saint-Simon lanza una secuencia acelerada, a la que el maníaco del rito cortesano da con su prosa elíptica todo el movimiento de una escena trágica. De todos modos, ¿es mejor leer al duque de Saint-Simon o al Cardenal de Retz? No siempre gana el más maligno.
· En la duda, lo juicioso es acogerse al “Leer a Saint-Simon” de Carlos Pujol. Alude al personaje de Proust que recomendaba, en vez de leer el periódico todos los días y Pascal una vez al año, invertir los términos: leer cotidianamente a Pascal y hojear muy por encima una vez al año un periódico cualquiera. Ya casi todos los periódicos son cualquiera. Pero, ¿quién resistiría hoy una dosis pascaliana diaria? Para esas cosas, en el pasado uno tenía una tuberculosis bajo control que permitiera pasarse una temporada en cama para leer todo que luego cuenta en la vida de un escritor. Pero la estreptomicina fue eliminando la tuberculosis en la vida del aprendiz de escritor. Jean Paulhan, tan fino como de sustancia huidiza, sostenía que un hombre normal necesita por lo menos un tifus para leer a Proust, para Saint-Simon una tuberculosis. Con una antología inteligente a mano, sin el lastre de detallismo, confesemos que ya casi nadie lee las “Memorias” del duque de Saint-Simon de principio a fin.
El poeta Enrique García-Máiquez está teniendo un más que justificado éxito con su nuevo libro de aforismos, editado por Comares. Aquí seleccionamos algunos de los más brillantes.
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