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Hacia la construcción de estados del bien estar

Luis Felipe López-Calva es director regional para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

AVANCE

El autor explica cómo Las economías con alta desigualdad y momentos  de bajo crecimiento económico han dado lugar  a tensiones en el proceso de desarrollo de América Latina. Señala cómo se ha producido una disminución del apoyo a la democracia así como una desconfianza en los gobiernos, lo que ha provocado protestas sociales y a un aumento de la polarización. En este artículo, se defiende la necesidad de un nuevo contrato social, con sistemas de protección más eficaces y que, a la vez, faciliten un mayor crecimiento.

ARTÍCULO

El desarrollo es un proceso muy desigual. Los ciclos de prosperidad y contracción siempre van acompañados de heterogeneidad en los resultados: entre sectores, entre regiones, entre grupos de ingresos. Tal proceso, elegantemente planteado por Albert Hirschman hace unas seis décadas, genera constantemente tensiones y demandas de redistribución de recursos y poder. El conflicto es inherente al desarrollo.

Las consecuencias políticas de tener economías con alta desigualdad de ingresos y momentos prolongados de bajo crecimiento económico han sido motivo de tensiones en el proceso de desarrollo de América Latina. Es posible observar que la distribución de beneficios económicos y sociales ha avanzado a un ritmo más lento que las conquistas de libertades políticas y civiles en muchos de los países de la región. Algunos de los indicadores de gobernanza recientes que explican el por qué la región es una zona políticamente volátil son: la caída del apoyo a la democracia y de satisfacción con la misma, la desconfianza en los gobiernos y en toda la clase política, la incidencia de protestas sociales y el incremento de la polarización política y de la sociedad.

Los resultados a largo plazo en términos de prosperidad, equidad y paz siempre dependerán de la forma en que se procesen estas tensiones. De hecho, depende de la forma en que interactúan los actores para resolver tales tensiones; depende de una gobernanza efectiva. Si las tensiones se resuelven mediante la exclusión sistemática de algunos grupos, es más probable que la inequidad y la violencia caractericen a las sociedades.

Hay muchas formas en que las personas se adaptan a estas tensiones. América Latina, lo sabemos, ha estado siempre asociada a la existencia de altos niveles de desigualdad y de un contrato social “fragmentado”. En muchos casos extremos, la violencia ha sido un mecanismo para procesar el conflicto. Las personas también pueden “optar por salirse” del contrato social eludiendo impuestos y negándose a contribuir a los bienes públicos, demandando servicios sociales –como educación y salud– en un mercado privado (en Centroamérica, hay tres veces más seguridad privada personal como el número de personal policial formal). En otros casos, la gente simplemente “vota con los pies” y migra. Todas estas acciones individuales son síntomas que muestran que las tensiones no se están procesando de manera conducente al desarrollo inclusivo.

En América Latina, las tensiones generadas por el proceso natural de desarrollo no se están procesando de manera conducente al desarrollo a largo plazo. Las personas pierden la confianza en los gobiernos, la gente se apoya en la violencia y las actividades ilegales, las personas están decidiendo migrar para buscar oportunidades en cantidades masivas. Esto, combinado con otros elementos previamente desconocidos, ha generado graves condiciones de inestabilidad. Por ejemplo:

  1. La desaceleración del crecimiento en presencia de desigualdad y exclusión conduce a una crisis de aspiraciones: aquellos que podrían haber esperado ganar con los beneficios de los “buenos tiempos económicos” se dan cuenta de que no tienen nada que esperar; han sido excluidos.
  2. Bajo crecimiento, alta desigualdad de ingresos y vulnerabilidad combinados con percepciones (e indicadores objetivos) de una mayor concentración de la riqueza en la parte superior y mayores niveles de “injusticia” (debido, por ejemplo, a casos muy visibles de corrupción generalizada)conduce a una crisis de confianza: una confianza aún menor en el sistema político para responder a los grupos que quedan atrás.
  3. La baja confianza en las instituciones y la desvinculación debido a la “ilusión” de representación creada por las redes sociales conduce a mecanismos institucionales aún más débiles para procesar las tensiones; una severa crisis de representación política.

Utilizando el esquema de “ciclo infinito” de gobernanza del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2017,podemos ver que estos problemas se relacionan con ambos lados del ciclo: «el juego de las reglas» (donde se desarrollan acuerdos sobre normas de nivel superior que dan forma al ámbito de las políticas públicas) y el «juego de los resultados» (donde se desarrolla la efectividad de las políticas públicas para el desarrollo). Estos dos ciclos retroalimentan la dinámica de gobernanza a largo plazo al redistribuir entre los actores la capacidad de influir en el sistema. Podemos pensar en este ciclo infinito como una descripción de las formas en que los países pueden procesar las tensiones.

Desde este punto de vista, si reflexionamos sobre los resultados de desarrollo en las últimas décadas en América Latina, vemos patrones de crecimiento mediocre y lento; vemos persistentemente altos niveles de desigualdad (a pesar de las disminuciones desde hace tres décadas); vemos un deterioro de la fiscalidad; vemos altos niveles de vulnerabilidad entre la población (a pesar de la disminución de la pobreza); vemos una creciente concentración de ingresos en la parte superior de la distribución; vemos niveles desproporcionadamente altos de violencia; y una gran población juvenil que necesita oportunidades de empleo. Así mismo, en cuanto a reglas en la región, observamos bajos niveles de percepciones (y empeorándose) sobre la efectividad del gobierno, la confianza en las instituciones y el control de la corrupción.

La crisis actual ha desatado una serie de debates de política pública, conversaciones nacionales e investigación enfocados en (re) construir un verdadero estado de bienestar

Tener presente la interacción entre los resultados y las reglas puede ayudarnos a comprender mejor algunas de las dinámicas de largo plazo detrás de los dinámicas sociales de la región. Si miramos el caso reciente de Chile, por ejemplo, podemos interpretarlo de alguna manera como una crisis de expectativas generada por las brechas entre estos dos juegos. Del lado del “resultado”, Chile experimentó altos niveles de crecimiento y una expansión de la clase media, en un contexto de desigualdad persistente. Del lado de las «reglas», estos cambios fueron acompañados por nuevas expectativas para una mejor gobernanza y mejores servicios. En este contexto, las protestas sociales que piden repensar fundamentalmente la constitución pueden interpretarse como una demanda donde resolver el conflicto a nivel de resultados a través de una solución de política pública no es suficiente, sino que también debe resolverse a nivel de las reglas.

Ya sea que se interpreten las protestas sociales a través de la lente de resultados o reglas, emerge claramente un mensaje: este es un tema de gobernanza como factor subyacente (en el que la ideología no juega un papel obvio) y refleja la creciente frustración sobre la concentración de los frutos del desarrollo y del poder. Solo por poner un ejemplo, según datos de Latino barómetro 2021, en promedio, casi el 80% de las personas creen que se gobierna para unos pocos grupos poderosos en busca de supropio beneficio. Las demandas derivadas de este sentimiento se reflejan sucintamente en una frase quese ha sido visto en múltiples manifestaciones de protesta y muros de grafiti en muchos países de la región:»No somos ni de izquierda, ni de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba«. En esencia, elmalestar social en la región reflejan una frustración con la captura de la élite que socava la efectividad de la gobernanza.

La llegada de un choque sistémico como el provocado por la pandemia puede terminar por romper con los frágiles equilibrios políticos que existían en la región. Las personas en América Latina buscaron en sus gobiernos las capacidades y acciones para frenar la propagación del virus y para apoyar a la población social y económicamente. Sin embargo, esta pandemia surgió en un momento en que la confianza en los gobiernos de la región ya era débil y estaba disminuyendo. Por lo tanto, esta situación, además, pone en riesgo la legitimidad y estabilidad de cualquier agenda de recuperación socioeconómica. Si bien esta pandemia representó un enorme reto para la capacidad de los gobiernos y su credibilidad para responder de manera efectiva, también ha significado una oportunidad para reconectar con los ciudadanos y cambiar la percepción precisamente a través de una respuesta gubernamental eficaz.

¿Por dónde empezar? A pesar de la volátil dinámica a nivel de política que hemos experimentado en los últimos años y la gran heterogeneidad de los contextos en América Latina, el actual escenario político que atraviesa la región representa enormes retos y oportunidades. A diferencia de las últimas dos décadas, cuando hablamos de un nuevo modelo de contrato social, hay que tomar en cuenta tres aspectos quepreviamente no eran considerados. Esto representa un cambio a nivel de objetivos e instrumentos.

Necesitamos que un nuevo contrato social integre sistemas de protección social que sean universales, más eficientes, fiscalmente sostenibles, inclusivos, resilientes y favorables al crecimiento

Primero, la definición del objetivo. Antes, era entendido que el objetivo era el crecimiento económico; hoy es claro que el objetivo colectivo aceptado de política pública es la reducción de la desigualdad, la inclusión social, la restauración de la dignidad de las personas, independientemente de su lugar de origen y de sus posiciones políticas. Esto es consecuencia de un largo proceso de consensos políticos, gracias ala consolidación de una agenda común, la Agenda 2030 y los Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero reconociendo también los avances logrados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El crecimiento económico, por lo tanto, tiene ahora un valor instrumental; es muy importante, pero no es el objetivo.

Segundo, la fiscalidad. La importancia de las iniciativas en donde lo primero es acordar fiscalidad paraqué; es decir, la recaudación fiscal no es un objetivo en sí mismo sino que es un instrumento para el logro de los objetivos sociales y por eso la importancia de esta lógica de definir lo que es el estado de bienestary, también, la integración económica tanto en lo comercial como en lo financiero, como instrumentos y no como objetivos.

Tercero, los mecanismos de gobernanza ¿cuáles son; cómo avanzamos en la creación de coaliciones y acuerdos; y qué necesitamos para poder definir el uso de estos instrumentos para el logro de los objetivos?

Simplificando a Hume, un contrato social debe tener tres características: debe ser estable, eficiente y justo. El contrato social necesita inducir el cumplimiento voluntario, lo que requiere cierto nivel de confianza. En sociedades polarizadas, las instituciones tienen una capacidad más débil para procesar tensiones y romper la distancia entre grupos. Por ejemplo, en América Latina, las clases media y alta optan por salirse del contrato social a favor de los servicios privados y pierden incentivos para contribuir a través de los sistemas fiscales. Esto aumenta la distancia entre los grupos y erosiona aún más la confianza entre ellos.

Mirando hacia el futuro, necesitamos que un nuevo contrato social integre sistemas de protección social que sean universales, más eficientes, fiscalmente sostenibles, inclusivos, resilientes y favorables al crecimiento. Esto requiere que aquellos expuestos a cualquier choque, estén cubiertos a través del mismo programa; la fuente de financiamiento es la misma para cada programa, según el tipo de riesgo cubierto; y que cuando los programas brindan beneficios en especie, la calidad debe ser la misma para todos. Sin este cambio, es imposible pensar en un crecimiento inclusivo en la región.

La crisis actual ha desatado una serie de debates de política pública, conversaciones nacionales e investigación enfocados en (re)construir un verdadero estado de bienestar. Es necesario traer más actores a la mesa, apoyando los diálogos y consultas nacionales sobre estrategias de recuperación. Es el momento para incluir a diferentes sectores de la población, para así, y solo así, poder crear contratos sociales que fortalezcan la cohesión social y que no dejen a nadie atrás. De acuerdo a los resultados de las consultas de gobernanza realizada por PNUD LAC en 2021, queda claro que en los Estados de la región se deben detonar ambiciosos procesos de diálogo nacional que rechacen la violencia como mecanismo de negociación, y que permitan comprobar que el logro de acuerdos entre distintas facciones políticas es posible. Es decir, el choque sistémico es una oportunidad irrepetible para repensar qué es lo que queremos cómo sociedad y cómo vamos a medir dicho progreso. Este replanteamiento es fundamental ya que queda claro que volver a las condiciones del día cero de la pandemia no es una opción deseable. La necesidad de impulsar políticas públicas que hayan pasado por un proceso de deliberación ciudadana y que además sean gestionadas con transparencia les augura una mayorprobabilidad de ser efectivas y, sobre todo, de mantenerse vivas en el largo plazo. La arquitectura del bienestar individual y colectivo, entonces, no es posible sin la reconfiguración del nosotros políticamente construido (siguiendo a Bob Hockett, “the policically-constituted we”).

¿El fin de una era?: Las relaciones de América Latina con Europa en la actualidad

Lorena Ruano es Profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

AVANCE

Explica la autora que la arquitectura que América Latina y Europa diseñaron en los años 1990 para institucionalizar sus relaciones se enfrenta actualmente a graves obstáculos.
Se ven cuestionados los valores en torno a la democracia y los derechos humanos; el interés y la capacidad para liberalizar los intercambios económicos dan la impresión de haber llegado a su límite; y la cooperación para el desarrollo se ha encontrado con restricciones administrativas y presupuestales que la acotan.

ARTÍCULO

Las relaciones de América Latina con Europa se encuentran en punto de inflexión desde que inició la relación bi-regional estructurada en la Cumbre de Río de 1999. Basadas en el consenso liberal de los años 1990, actualmente se encuentran cuestionadas desde varios frentes y reflejan el fin de una era, del orden internacional liberal. Golpeadas por la crisis económica desde 2008, la pandemia de COVID-19, la convulsión política interna desde finales de 2019 y un reacomodo en la distribución internacional del poder, ambas regiones han visto socavado el piso sobre el que habían construido los tres espacios fundamentales de su relación: una comunidad de valores en torno a la democracia y los derechos humanos, la liberalización de los intercambios económicos y la cooperación para el desarrollo.

La comunidad de valores sobre la cual descansaba el diálogo político bi-regional lanzado en los años 1990 era esencialmente liberal y giraba en torno a la democracia y los derechos humanos, coincidiendo con los procesos de democratización en América Latina y Europa del Este. Sin embargo, actualmente, estos valores enfrentan cuestionamientos importantes que inciden en el estancamiento de las relaciones. El fenómeno es más generalizado y agudo en América Latina, aunque también presenta retos notables en algunos países europeos, especialmente Polonia y Hungría.

En la orilla occidental del Atlántico, el chavismo irrumpió desde principios del milenio y fue construyendo un eje bolivariano que le dio un balón de oxígeno al régimen cubano y después incorporó nuevos socios, como Nicaragua, en su rechazo a lo que denuncian como imperialismo estadounidense. En años recientes, la llegada al poder de gobiernos llamados “populistas” en los dos países más grandes de la región, México y Brasil (también en El Salvador), se ha acompañado de un marcado desdén por las instituciones democráticas, incluyendo la división de poderes y los derechos humanos, los organismos autónomos, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) -grupos indígenas, ambientalistas, mujeres- y las universidades. A finales de 2019, Bolivia, Colombia, Chile y Perú fueron escenario de estallidos sociales y de procesos electorales convulsos con mayorías exiguas, que pusieron en aprietos a los observadores electorales europeos.

Polarización creciente

Estos procesos, esencialmente internos, han generado una polarización creciente en Latinoamérica hasta volver prácticamente inoperantes algunos de los organismos regionales que, por un lado, encarnan aquellos valores antes compartidos, como de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su Carta Democrática, y por otro, se pretendían como articuladores de la relación con la Unión Europea (UE), como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o los organismos de integración regional como MERCOSUR o la Comunidad Andina (CAN). En el último lustro, los países latinoamericanos presentan una trayectoria de repliegue en sus agendas internas para atender serios problemas de gobernabilidad y desigualdad, y su actuación se ha desdibujado en la escena regional e internacional.

Cuando tuvo lugar la última cumbre de jefes de estado y de gobierno UE-CELAC en Bruselas en 2015, ya se percibía la sensación de que estos ejercicios se habían vuelto esencialmente retóricos, que difícilmente resultaban en planteamientos comunes concretos. A raíz de la crisis Venezolana de 2016, fue tal el grado de polarización al interior de la CELAC que la cumbre prevista para realizarse en San Salvador en 2017 fue postpuesta sine die. La presidencia pro-témpore mexicana de la CELAC intentó revivir este mecanismo de concertación diplomática a partir de 2019, centrando su actividad en la cooperación técnica y evitando los temas políticos, aunque también fue posible porque Brasil suspendió su membresía en 2020. La más reciente cumbre de este organismo en la Ciudad de México en septiembre 2021, tras cinco años sin reunirse, fue, sin embargo, un evento no exento de rispidez, debido a la asistencia de Agustín Díaz Canet (Cuba) y Nicolás Maduro (Venezuela) quienes chocaron verbalmente con Luis Lacalle Pou  (Uruguay) y Mario Abdó Benítez (Paraguay). La agenda impulsada por México, centrada en reformar a la OEA, buscar la salida de su Secretario General, Luis Almagro, y en una vaga idea de transformar a la CELAC siguiendo el modelo de la Unión Europea (¡!) no prosperó. Tampoco hubo un intento de reactivación de la agenga de trabajo bi-regional con Europa, a pesar de que el Presidente del Consejo Europeo, Claude Michel, asistió a la cumbre.

La UE no mereció una sóla mención en la Declaración de la Ciudad de México, que incluía  44 puntos. Las menciones de la “comunidad de valores” democráticos, en esta ocasión, fueron matizadas por las notas verbales y escritas de Colombia, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, desconociendo al gobierno de Maduro, y por la aceptación de Michel en su dicurso de que, al interior de la UE, hay “debates” que no son sencillos sobre el tema.

Más bien, quedó claro que las prioridades de unos y otros ya no coinciden tan claramente como antes: mientras la UE se concentra en la lucha contra el cambio climático y en su reconstrucción post-covid 19 con el proyecto Next Generation EU, que pone énfasis en medio ambiente y digitalización, los países de América Latina insistieron en el tema del financiamiento de cara a la COP26 de octubre en Glasgow. En este tema, el choque entre los europeos y Brasil, que no asistió a la cumbre, es aún más agudo, y tiene paralizada la firma del acuerdo UE-Mercosur.

En ausencia de un empuje conjunto a nivel bi-regional, la relación transcurre por canales bilaterales entre la UE y sus estados miembros y los países de América Latina, con un grado enorme de variación. Más allá del problema venzolano, tras el reconocimiento de los países de la UE al gobierno de Juan Guaidó entre 2015 y 2021, destaca el deterioro reciente de dos canales que eran centrales en la articulación de la relación bi-regional: la de México con España y la de Brasil con Francia. En el primer caso, el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició su adminstración pidiendo que el Rey de España se disculpe por los agravios de la conquista y, recientemente, señaló en conferencia de prensa que la relación debe entrar en una “pausa” por considerar que las empresas españolas han “saqueado” al país en administraciones anteriores. La contra-reforma energética del actual gobierno afecta a empresas europeas, y españolas en particular, y dará lugar a litigios internacionales, tema que ha contribuido a la tensión entre México y varios gobiernos europeos además del de España.

En el segundo caso, tras la conclusión de la negociación del Acuerdo UE-Mercosur, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insultó al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su esposa, en medio de las críticas francesas por el descuido y los incendios en la Amazonia, y sus reticencias ante el capítulo agrícola del acuerdo. La tensión volvió también a la relación con Cuba, tras la represión sufrida por manifestantes en septiembre de 2021 que llevó a 426 europarlamentarios a aprobar una resolución pidiendo la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que se había firmado en 2017. Con Colombia, Europa tiene una de las relaciones menos tensas en la región, aunque el importante apoyo que la UE dio al proceso de paz desde 2016 no ha encontrado eco en el gobierno de Iván Duque, al cual también criticó por el uso excesivo de la fuerza para enfrentar el estallido social de mayo de 2019.

Así pues, las relaciones políticas de América Latina con Europa transitan por una etapa de tensiones producidas, en gran medida, por la erosión de la comunidad de valores sobre la cual se habían edificado. Un alto grado de polarización, nacionalismo, reclamos sociales y pulsiones autoritarias jalonean a ambas regiones y dificultan empatar agendas y visiones compartidas que orienten el rumbo.

El estancamiento de las relaciones económicas

El segundo ámbito de mayor interés para América Latina y Europa es el intercambio económico (comercial y de inversión), y se encuentra también en un periodo de estancamiento. Al igual que en el ámbito político, los fundamentos de las relaciones económicas actuales se construyeron en los años 1990 en torno a un consenso liberal, tras una década de reformas estructurales en América Latina y en el contexto del Programa del Mercado Único en Europa plasmado en el Tratado de Maastricht. La ruta que trazó la UE en aquél entonces se enfocaba en ir firmando acuerdos de asociación que incluyeran tratados de libre comercio (TLCs) y de protección y promoción de inversiones (APPRI) principalmente con los grupos de integración regional que se instauraban o relanzaban en América Latina: el MERCOSUR, la Comunidad Andina (CAN) y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Aunque los acuerdos de asociación preveían también pilares de diálogo político y de cooperación, la construcción del marco regulatorio para liberalizar el intercambio económico constituía el interés material fundamental de todas las partes en la relación bi-regional.

Sin embargo, los esquemas de integración latinoamericanos fueron encontrando diversos retos al inicar el nuevo milenio, de manera que, al día de hoy, la UE solamente logró firmar el acuerdo con SICA en 2013, y aún está pendiente de completarse el proceso de ratificación. Con MERCOSUR, tras la firma de un acuerdo marco de cooperación interregional en 1995, las negocaciones comerciales se toparon con el proteccionismo agrícola europeo, el proteccionismo industrial de Argentina y Brasil, y graves crisis económicas en estos dos países en 2001 y 2002 que minaron la unidad del grupo en los años siguientes. Cambios políticos internos resultaron en un creciente desinterés por la integración regional y el libre comercio. Con la llegada de Luiz Inacio Lula da Silva al poder, Brasil se dedicó a impulsar otro grupo, el UNASUR, que tenía otras prioridades, como la construcción de infraestructura, la cohesión social y la seguridad, mientras que sus relaciones comerciales extra-regionales, sobre todo con China, rebasaban por mucho a aquellas que tenía con sus vecinos del MERCOSUR y, eventualmente, con la UE. Las negociaciones del TLC UE-MERCOSUR se estancaron durante más de 20 años, hasta que en 2017, se logró cerrar un acuerdo -que aún sigue en proceso de firma y ratificación con perspectivas difíciles. Con la CAN, la interacción se descarriló a partir de 2006, cuando Venezuela se salió de la organización, debido a los desacuerdos con Colombia.

La agenda de liberalización económica transitó con mayor facilidad con países individuales, como México, cuyo Acuerdo Global entró en vigor desde el año 2000, seguido de Chile en 2002 y de Colombia, Perú (2013) y Ecuador (2014). Todos estos países tenían las políticas comerciales más abiertas de la región y establecieron en 2011 la Alianza del Pacífico. En 2015, México y la UE emprendieron negociaciones para “modernizar” Acuerdo Global que concluyeron en mayo de 2020. Su firma y ratificación están aún pendientes y enfrentan diversos obstáculos, entre ellos, la “pausa” con España, el deterioro del Estado de derecho y una política energética centrada en los hidrocarburos, que pueden desacarrilar el proceso.

Los datos comerciales (ver gráfica) indican que, en la última década, México ha sido el país cuyo comercio con la UE creció más, reemplazando a Brasil como principal socio comercial de la UE en América Latina, en tanto que se observa que Argentina cayó por debajo de Chile. En general, salvo por el caso mexicano, la tendencia es de estancamiento en cuanto al valor del comercio.

Por su parte, la política comercial de la UE también ha estado cambiando hacia un mayor proteccionismo desde que, primero, el Tratado de Lisboa de 2009 involucró al Parlamento Europeo y, segundo, en 2018, el Consejo de la UE adoptó el “Nuevo enfoque para negociar y concluir acuerdos” que otorgó a los estados miembros mayores atribuciones para participar en todas las etapas de los procesos de negociación comercial internacional, reduciendo así el margen de independencia de la Comisión Europea. Además, desde finales de 2019, el Pacto Verde Europeo, que se ha planteado como prioridad de la actual Comisión, propone una serie de políticas que podrían interferir con el objetivo de liberalizar el comercio y las inversiones, en particular, el impuesto al carbono en la frontera (carbon tax) y la miriada de nuevas regulaciones en agricultura que implicará la estrategia “de la granja a la mesa” (farm to fork strategy). Requerirán complejos procesos de certificación que generarán mayor fricción comercial en un sector que es dominante en las exportaciones latinoamericanas a Europa.

No hay que perder de vista que esta relación económica se da en un contexto de clara asimetría: mientras que la UE es el segundo o tercer socio comercial de todos los países de América Latina, ésta representa a penas el 6% de su comercio exterior, del cual México y Brasil representan la mitad. Salvo en el caso de México, la UE importa de América Latina esencialmente productos primarios, y le vende manufacturas y maquinaria.

Así pues, el impulso hacia la liberalización económica que animaba las relaciones entre Latinoamérica y Europa quedó circunscrito a un número reducido de países, los cuales han planteado recientemente serios cuestionamientos a ese proceso. Actualmente, enfrenta retos importantes por el creciente nacionalismo económico, las cadenas de suministro interrumpidas y la desglobalización, debido a la pademia de COVID-19 y a la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Oportunidades y retos de la cooperación

El tercer ámbito en el que se desenvuelven las relaciones eurolatinoamericanas es el de la cooperación. También se ha visto trastocado en la última década, no sólo por la reforma de la política de cooperación para el desarrollo de la UE desde 2015, que “graduó” a la mayoría de los países latinoamericanos, sino también por la debilidad de las contrapartes institucionales latinoamericanas, desde la CELAC, el Mercosur o la SICA, hasta las OSC locales. A pesar de estas dificultades, la cooperación se ha convertido un espacio de refugio de las relaciones diplomáticas y, mal que bien, promueve vínculos entre las sociedades de ambas regiones en temas que son relevantes tanto para la Agenda 2030, como para las agendas bilaterales y bi-regionales.

En la última década, México ha sido el país cuyo comercio con la UE creció más, reemplazando a Brasil como principal socio comercial en América Latina, en tanto se observa que Argentina cae por debajo de Chile.

Este ámbito de la relación también está marcado por la asimetría. La UE y sus estados miembros son los principales donantes de ayuda al desarrollo del mundo (más del 60% del total mundial), y tienen un papel dominante en el Comité de Ayuda al Desarrollo (DAC) de la OCDE, que es el que establece los parámetros y la normatividad en este sector. Los países latinoamericanos no tienen políticas de cooperación internacional para el desarrollo muy robustas, debido a la debilidad de las instituciones estatales y las restricciones presupuestales, aunque se han lanzado algunos esquemas de cooperación sur-sur (Brasil, ALBA) y triangular (México). Los efectos de la cooperación para el desarrollo de la UE varían también enormemente de un país a otro: para los estados más débiles, por ejemplo en Centroamérica y el Caribe, puede representar un parte importante incluso del presupuesto nacional y de la capacidad de ejecutar algunas políticas públicas.

No sorprende, por tanto que, en la agenda bi-regional, la discusión haya girado sobre todo en torno a los programas financiados por la UE. Estos sufrieron cambios sustanciales en 2015, cuando la “graduación” de la mayoría de los países latinoamericanos, por ser clasificados como de renta media, dejaron de ser suceptibles de recibir ayuda bilateral. La Comisión Europea orientó esta política hacia esquemas de co-financiamiento con los estados u organizaciones receptoras y movió la mayoría de los fondos hacia bolsas y programas regionales para toda América Latina o sus programas temáticos globales, como derechos humanos, fortalecimiento de las OSC o financiamiento a la investigación. A raíz de estos cambios, no exentos de críticas por los latinoamericanos, la actividad diplomática bi-regional se ha concentrado en la adaptación al nuevo modelo y su corrección en los márgenes. Actualmente, enfrenta un reto adicional: la disminución del presupuesto para cooperación internacional por parte de la UE establecido por el Consejo Europeo de 2020 para el marco presupuestario mutianual 2021-2027.

A pesar de estos retos y restricciones financieras, la cooperación sigue siendo uno de los principales instrumentos de acción internacional de la UE, de sus estados miembros y de otros países europeos como el Reino Unido, Suiza o Noruega. Hacia adelante, por su naturaleza concreta y muchas veces técnica, puede ser un vehículo valioso para conducir las relaciones entre las sociedades de las dos regiones en un contexto en el que el diálogo político al más alto nivel se ha vuelto escabroso. La cooperación académica, en medio ambiente o sobre temas de género, son ejes que articulan la proyección de los valores de la UE en el exterior y que son apreciados por muchos actores en América Latina que buscan empujar esas agendas en ambientes nacionales que se han vuelto adversos.

Conclusión: ¿el fin de una era?

La arquitectura que América Latina y Europa diseñaron en los años 1990 para institucionalizar sus relaciones en distintos niveles y ámbitos estaba anclada en una serie de supuestos pertenecientes al orden liberal internacional que hoy enfrenta retos formidables, desde distintas direcciones. El consenso alrededor de los valores democráticos y de derechos humanos parece desvanecerse; el interés y la capacidad para liberalizar los intercambios económicos y promover la integracion regional dan la impresión de haber llegado a su límite; la cooperación para el desarrollo, que dá un soporte concreto a la proyección europea en América Latina se ha topado con restricciones administrativas y presupuestales que la acotan. Como el resto del mundo, esta relación transatlántica refleja el resquebrajamiento de lo que se siente como el fin de una era, y las agendas que la animaban parecen estancadas. Queda por ver hasta qué punto lo construido hasta ahora -y que se ha institucionalizado en no pocos instrumentos- resistirá los embates de un mundo convulso.

Políticas públicas para la igualdad en América Latina: agendas compartidas

Tatiana Revilla es coordinadora del Programa de Género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey (México).

AVANCE

¿Se puede hablar de una agenda feminista regional común? En este artículo la autora trata de identificar aquellos temas, como las políticas económicas feministas o políticas públicas del cuidado, que han sido integrados en las agendas públicas nacionales derivados de movimientos feministas y que han generado miradas internacionales como referentes de políticas públicas en América Latina y el Caribe.

ARTÍCULO

Desde hace algunas décadas el feminismo latinoamericano viene desarrollando un pensamiento crítico y una política que intente tomar en cuenta las desigualdades de raza y clase en que vive un porcentaje importante de las mujeres de la región. 

Yuderkys Espinosa Miñoso [1]

¿Se puede hablar de una agenda feminista regional común? ¿Qué políticas públicas para la igualdad compartimos en las agendas? ¿Cuáles estaremos diseñando en el futuro como región?

Los temas objeto de este texto no pretenden de ninguna manera representar la totalidad de las agendas feministas de todos los países de la región. En primer lugar, porque el objetivo no es una reflexión de la pluralidad y multiculturalidad de los feminismos y sus pensamientos críticos; y, en segundo, porque escribo desde una posición de conocimiento limitada a la gran diversidad de movimientos y reivindicaciones feministas que tienen lugar actualmente a nivel local en cada uno de los países de América Latina y el Caribe y, por ningún motivo pretendo invisibilizar.

El objetivo de este artículo es identificar aquellos temas que han sido integrados en las agendas públicas nacionales derivados de movimientos feministas y que han generado miradas internacionales como referentes de políticas públicas en la región de América Latina y el Caribe.

Justo ahora, en el resurgimiento de los movimientos feministas en todo el mundo, algunas académicas, entre ellas Judith Butler[2] han hablado de la reacción de los gobiernos (liberales o autoritarios) frente a su avance y movilización, incluyendo otras agendas como la diversidad sexual. Las ideas hegemónicas patriarcales están siendo amenazadas, y esto ha generado discursos en contra, además de manifestaciones violentas materializadas en contra de estos grupos por parte del Estado. El poder histórico de quienes se han privilegiado de él de repente observa algunas grietas y esto ha generado consecuencias. Consecuencias que observamos, por ejemplo, en las protestas más recientes del 8 de marzo del 2021, en las que feministas de toda Latinoamérica salieron a las calles: México, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, y Perú, todos con distintas consignas, pero con agendas comunes.

Los discursos en contra de los movimientos feministas no solo ocupan un lugar simbólico, sino que se ven reflejados en la obstrucción de las demandas y en los problemas estructurales de desigualdad, además, inciden en el diseño e implementación de políticas públicas y por supuesto, en el avance de los derechos humanos de las mujeres.

Chile, Costa Rica y El Salvador han generado esfuerzos importantes en la integración de instituciones relacionadas con el cuidado de las personas (infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores) estableciendo sistemas y subsistemas

Los temas regionales que la mayoría de los países latinoamericanos han posicionado en sus agendas públicas como prioridades son: (1) Legalización de la interrupción legal del embarazo (ILE); (2) Políticas económicas feministas; (3) Violencia de género y feminicidios; y (4) Políticas públicas de cambio climático y género.

Marea verde en América Latina

Un tema que ha unido a los feminismos latinoamericanos es el acceso a la interrupción legal del embarazo. Durante el mes de febrero del presente año, Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, convirtiéndose con esto, en un referente latinoamericano en la extensión de las semanas para acceder a este derecho.

En el año 2020, Argentina fue el foco de las miradas de América Latina. Después de ocho veces de haber sometido a votación el acceso al aborto, se legalizó la interrupción del embarazo garantizando así los derechos de reproductivos de las mujeres del país. Este hecho fue histórico debido a la amplitud de los criterios para garantizar el aborto, así como  la incorporación del concepto de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.

Los países latinoamericanos cuentan con distintos grados de acceso a la interrupción legal del embarazo. Están desde las legislaciones más restrictivas como se tiene identificado en Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana[3], en los cuales, bajo cualquier circunstancia, el aborto es un acto ilegal, incluyendo cuando la vida de la madre está en peligro o cuando es producto de violaciones. En un siguiente grupo, se encuentran aquellos países que establecen cierto tipo de causales para acceder a este derecho: cuando la vida o la salud de la madre este en peligro; cuando sea producto de alguna violación, estupro o incesto, y por inviabilidad del feto, encontrando en este grupo a Chile, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú, Costa Rica, Brasil, Bolivia y Ecuador y Panamá, según lo establecido en sus distintas legislaciones[4].

En un tercer grupo, se encuentran aquellos países que si bien, no es acceso totalmente libre, no dependen de las causales señaladas, únicamente de las semanas de gestación. En este grupo se encuentra Argentina, Colombia y México (Ciudad de México y Oaxaca sin una causal y otros Estados bajo ciertas causales en los códigos penales)[5].

Más allá de tener un panorama sobre las legislaciones en América Latina y el Caribe, no hay que perder de vista que 4.4 millones de mujeres abortan anualmente en América Latina y se estima que cerca de ocho mil mujeres pierden la vida al año por causas relacionadas con el embarazo y parto[6].

El acceso a la interrupción legal del embarazo es un problema en el que se intersecta el nivel socioeconómico. En todos los países, independientemente de la legislación, se practican abortos seguros aún en la ilegalidad. La diferencia es el acceso a esas condiciones seguras, y es aquí, donde radica la importancia del avance hacía garantizar este derecho para todas las mujeres y personas gestantes.

Políticas económicas feministas que reduzcan la división sexual de trabajo

Uno de los análisis comparados más importante sobre los regímenes de bienestar latinoamericanos, desde una perspectiva de género, lo realizó Martínez Franzoni (2007). En este texto, Martínez concluye que, aún con la heterogeneidad y las diferentes clasificaciones de los regímenes de bienestar de los países, comparten un rasgo en común: “A la luz de mercados laborales ineficientes y de políticas públicas débiles o inexistentes, el ámbito doméstico y el trabajo femenino en particular, desempeña un papel central sin el cual no es posible dar cuenta de la asignación de los recursos que tiene lugar en la región” (Martínez, 2007, P.13). Su tesis principal es que el género y la división sexual de trabajos de cuidado han estado ausentes en los arreglos sociales que dan lugar a los regímenes de bienestar, y desde esa premisa, quizás hoy, es la mayor demanda de política social feminista: políticas y sistemas universales de cuidado. Esto, sumado a la necesidad de políticas de recuperación económica debido a la crisis COVID-19.

En este tema, Argentina y Uruguay han servido de ejemplo en el diseño e implementación de políticas públicas. En el caso de Uruguay, como referente en la implementación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y Argentina, por su plan de recuperación económica feminista. Respecto Chile, Costa Rica y El Salvador han generado esfuerzos importantes en la integración de instituciones relacionadas con el cuidado de las personas (infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores) estableciendo sistemas y subsistemas, así como coordinaciones para solventar la falta de un sistema universal de cuidados[7].

El gran acierto de Uruguay, además de posicionar el tema coma una prioridad en la agenda pública feminista, es la creación de organismos especializados para este objetivo. De acuerdo con CEPAL (2017), este sistema es coordinado por la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social y forma parte del sistema de protección social del país. En este sistema, participan todos los ministerios y organismos relacionados, además de representación de la organización civil, academia, sector privado y trabajadores y trabajadoras.

El Sistema incluye prestaciones de cuidado dentro y fuera del hogar para las distintas poblaciones. En el caso del cuidado de infancias, incluye licencias de maternidad, paternidad y parentales; casas comunitarias de cuidado infantil y becas para inclusión educativa para la asistencia a centros privados de cuidado infantil para familias en situación de vulnerabilidad y/o exclusión. Las personas en situación de dependencia pueden acceder a cuidados domiciliarios mediante un subsidio para la contratación de asistentes personales, teleasistencia, centros diurnos y residencias de larga estadía. También se contempla un subsidio cuando estos servicios se prestan en centros privados. Además, se ha implementado un programa de formación para las personas cuidadoras[8].

Comparar países y regiones en el tema de violencia contra las mujeres y feminicidios es complejo. Aun cuando Naciones Unidas ha generado metodologías para aproximarnos a un panorama general, no contamos hoy en día con datos homologados a nivel mundial

Otro ejemplo que ha marcado la región es Argentina. Fue señalada por Naciones Unidas como referente latinoamericano en el diseño de una política de recuperación económica nacional feminista, a través del fortalecimiento de la arquitectura institucional de género en los Ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Salud y Trabajo. Además, se diseño una Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía, única en su tipo a nivel mundial.

Durante la pandemia y con el objetivo de mitigar el impacto del paro de actividades, esta Dirección implementó un paquete integral de políticas públicas sociales que implicó que el presupuesto nacional del año 2021 comprometiera 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) para abordar las brechas de género en la educación, atención médica y afectaciones en el mercado laboral para las mujeres. Además, un paquete de incentivos fiscales para empresas de tecnologías que contrataran mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Otra de las medidas fueron transferencias monetarias a las trabajadoras domésticas, amas de casa y mujeres víctimas de violencia. De las 42 medidas registradas por el Programa El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la herramienta Global Gender Response Tracker, se identificaron un total de 26 sensibles al género que incluyeron protección social, abordaje al trabajo de cuidados no remunerado y violencia con el objetivo de reducir las tasas de pobreza y desigualdad aumentadas por la pandemia.[9]

Argentina no fue el único país en implementar políticas económicas para la recuperación de la emergencia, sin embargo, se toma como referente internacional por el número de medidas y presupuesto asignado, estableciendo una política de recuperación económica feminista, contrario a otros países que implementaron medidas en de forma aislada.

Políticas de prevención y atención a la violencia de género y feminicidios

Comparar países y regiones en el tema de violencia contra las mujeres y feminicidios es complejo. Aún cuando la Organización de Naciones Unidas ha generado metodologías para aproximarnos a un panorama general en cuanto a la prevalencia de violencia contra las mujeres, no contamos hoy en día con datos homologados a nivel mundial que nos permitan análisis comparados con desagregaciones detalladas, por ejemplo, por tipos de violencia.

En este punto encontramos el primer gran reto para Latinoamérica y sus países: generación de datos y estadística desagregada que integren no únicamente perspectiva de género, sino inclusión social y, además, que estos datos y variables estén homologadas nacionalmente.

Lograr lo anterior requiere esfuerzos coordinados nacionales y regionales difíciles de lograr, ya que atraviesa por elementos como la homologación normativa en cada país y, a su vez, en sus estados o provincias y municipalidades. Además, la homologación de los registros administrativos entre las instituciones que contribuyen a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

Además de los retos en generar evidencia para la toma de decisiones en relación con la violencia contra las mujeres, algo que comparten los países latinoamericanos con más incidencia de violencia y feminicidio son los contextos de violencia generalizada, crimen organizado y tráfico de armas. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014), dos de las características comunes de los países latinoamericanos con tazas más altas de asesinatos de mujeres, son su ocurrencia en el ámbito público con involucramiento de crimen organizado y altos índices de impunidad[10].

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe[11], tomando en cuenta los datos recibidos de 26 países durante el año 2020, las tasas más elevadas de feminicidio/femicidio[12] se registran en Honduras (4,7 por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,4 por cada 100.000 mujeres) y El Salvador (2,1 por cada 100.000 mujeres). En el año 2021 se registró una disminución particularmente en Honduras y El Salvador; otros siete países informaron una disminución en las tasas de feminicidio: Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. En cuanto La Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 2019, mientras que tres países (Ecuador, Costa Rica y Panamá) registraron un aumento en comparación con el año anterior; de ellos, Panamá declaró el incremento más significativo, de acuerdo con el Observatorio.[13]

Estas cifras nos brindan un panorama general; sin embargo, como ya se señaló, debemos tomar con reservas los datos debido a la complejidad que la clasificación de los feminicidios/femicidios presenta en cada país. Lo importante en este tema, es reflexionar sobre la violencia que prevalece. Como señala Rita Segato (2018, p.62), “En este nuevo escenario bélico mundial, las guerras de nuestro continente son de tipo no convencional y hacen del mismo espacio más violento del planeta en términos de guerras no libradas formalmente entre Estados, aunque en estas participen efectivos y corporaciones armadas estatales y no estatales”.

Perspectiva de género y cambio climático

Integrar la perspectiva de género y la inclusión social en las políticas de mitigación y adaptación de cambio climático contiene diversos temas e intersecciones que dependen del país y de la especificad de las zonas, del tipo de riesgos ante fenómenos naturales, si estamos ante acciones de mitigación o adaptación, y de los sectores a intervenir a través de la política pública y planes nacionales.

En estos planes nacionales de política pública, denominados Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en ingles) se establecen las acciones y responsabilidades de los países con relación a sus acciones de mitigación y adaptación de cambio climático.

En estas Contribuciones Nacionales Determinadas, de acuerdo con IUNC (2021)[14], el 100% de los correspondientes a América Latina y el Caribe incluyen la integración de la perspectiva de género, siendo la única región en el mundo con la totalidad de los países integrando esta perspectiva. También, señala a la región como aquella que incorpora a las mujeres como un grupo vulnerable en mayor porcentaje en comparación con las otras regiones.

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe, las tasas más elevadas de feminicidio/femicidio se registran en Honduras, República Dominicana y El Salvador

De acuerdo con el mismo reporte (2021, p. 15), América Latina y el Caribe integra a las mujeres como stakeholders (56%), actores vulnerables (44%), beneficiarias (39%) y agentes de cambio (33%). En cuanto a la integración de datos desagregados por sexo, asignación de presupuesto para acciones concretas relacionadas con género e indicadores desagregados por categorías sexo-genéricas, el reporte señala a Argentina y Costa Rica como los países que más elementos presentan; Colombia y Honduras con planes a integrarlos a mediano plazo; Paraguay con integración de datos desagregados, y todos los demás países sin presentar ningún elemento.

Integrar todas las variables señaladas no garantiza mayor igualdad y minimización del riesgo, pero sí marca la dirección y esfuerzos de los gobiernos. En la medida que las Contribuciones Nacionalmente Determinadas no integren todos los elementos que establece el Programa de Trabajo de Lima sobre Género (Lima Work Programme), estaremos ante el riesgo que siga siendo un tema secundario, en el que las mujeres y poblaciones vulnerables y/o en exclusión –quienes son las principales víctimas de los efectos del cambio climático– continúen al margen de las decisiones de política pública.

El futuro…

Los temas que los feminismos están posicionando en la agenda pública de América Latina y el Caribe son diversos, en ocasiones contrarios y en constante movimiento. También, mucho más adelantados a la maquinaria estatal y su capacidad de implementar política pública que responda a estás demandas.

Los temas de política pública plasmados aquí no pretenden simplificar las problemáticas latinoamericanas, ni mucho menos, dejar reivindicaciones fuera ni al margen. Las exigencias y movimientos feministas en Latinoamérica están en uno de los momentos más importantes de la historia, y será desde allí, desde las mujeres y sus cuerpos, sus vidas, teorizaciones, protestas, encuentros y desencuentros, que se irán dibujando y desdibujando aquellos temas futuros compartidos en la región.

[1] Espinosa M. Y. (2009). Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos Latinoamericanos: Complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el espacio transnacional. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 14(33), 37-54. Disponible en http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000200003&lng=es&tlng=es.

[2] Butler, J. (9 de marzo de 2021). Feminism for our Times. [Discurso principal]. Conferencia en el Tecnológico de Monterrey, México.

[3] Kánter, C.I. 2021. Legislación en materia de aborto e interrupción legal del embarazo en países de América Latina. Instituto Belisario Domínguez, Ciudad de México, México.

[4] Ídem, p. 2

[5] GIRE. 2020. #SeráLegal: dónde está México en la lucha por la legalización del aborto. Disponible en https://gire.org.mx/blogs/seralegal-donde-esta-mexico-en-la-lucha-por-la-legalizacion-del-aborto/

[6] [6] Kánter, C.I. 2021. Legislación en materia de aborto e interrupción legal del embarazo en países de América Latina. Instituto Belisario Domínguez, Ciudad de México, México.

[7] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2018. Los cuidados en América Latina y el Caribe. Disponible en:  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44361/1/S1801102_es.pdf.

[8] Ídem.

[9] UN WOMEN. 2021. Beyond Covid-19: A Feminist Plan For Sustainability And Social Justice. Disponible enhttps://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Feminist-plan-for-sustainability-and-social-justice-en.pdf

[10] Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM.2014. Informe presentado a la Relatora de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33590.pdf

[11] CEPAL.2021. La pandemia en la sombra: femicidios o feminicidios ocurridos en 2020 en América Latina y el Caribe. Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/21-00793_folleto_la_pandemia_en_la_sombra_web.pdf

[12] La diferencia entre estos dos términos radica en que, cuando hablamos de feminicidio involura la inacción/impunidad del Estado. Es un término acuñado en México por Marcela Lagarde derivado de la negligencia del Estado en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. De acuerdo con CEPAL (2021), América Latina ha avanzdo en la tipificación del feminicidio o femicidio. Actualmente hay 17 países que han aprobado leyes o reformas a los códigos penales en esa dirección (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)

[13] CEPAL.2021. La pandemia en la sombra: femicidios o feminicidios ocurridos en 2020 en América Latina y el Caribe.Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/21-00793_folleto_la_pandemia_en_la_sombra_web.pdf, página 3.

[14] IUCN (2021). Gender and national climate planning: gender integration in the revised Nationally Determined Contributions. Gland, Switzerland: IUCN. Disponible en https://www.wocan.org/wp-content/uploads/iucn-egi_ndcs-gender-national-climate-planning-report.pdf

 

 

¿Cómo conciliar desarrollo y protección al medio ambiente?

Alicia Bárcena Ibarra es Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

AVANCE

Tras dibujar un escenario de futuro medioambiental preocupante, provocado por la tensión entre economía y naturaleza, si no se toman determinadas medidas, la autora explica los efectos beneficiosos que tendrían una serie de medidas encaminadas a la sostenibilidad ambiental. Finalmente, explica con detalle la propuesta de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), orientada a resolver los conflictos entre desarrollo, igualdad y medioambiente.

ARTÍCULO

Una postal del futuro

A pocos años de escribirse este artículo, el procedimiento normal para la producción de hierro habrá cambiado un átomo de oxígeno por uno de hidrógeno. En lugar de reducir el mineral de hierro ferroso mediante el oxígeno del monóxido de carbono, para así producir hierro y dióxido de carbono, se usará hidrógeno para producir hierro yagua. El primer método contribuye al calentamiento global; el otro, por el contrario, evita agravarlo. ¿Y de dónde podría provenir ese hidrógeno verde, producido con energía renovable, sin liberación a la atmósfera de más gases de efecto invernadero para la producción del hierro? Muy probablemente se habrá producido en algún lugar rico en energía renovable, solar, eólica, geológica u oceánica, como América Latina y el Caribe. No habrá sido necesario obtenerlo de un hidrocarburo fósil, de origen local o importado de algún lugar lejano, como se hace actualmente. El hidrógeno verde se habrá convertido en la manera de almacenar el excedente de la energía renovable y, además, será un nuevo producto de exportación clave de la región al mundo.

Este escenario, junto con otros cambios en curso, nos describe una relación virtuosa entre el desarrollo entendido como calidad de vida, el ingreso adicional, la independencia económica, las exportaciones y una menor huella ambiental.

Al mismo tiempo que se hace evidente la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la desertificación de los suelos, la congestión urbana y la contaminación de los cuerpos de agua, las tecnologías energéticas, de transporte y de riego y la remuneración de los servicios ambientales van haciendo posible un cambio en la relación entre la economía y la naturaleza.

Avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 requiere un crecimiento selectivo, sobre la base de sectores que puedan mejorar el desempeño de los pilares social, ambiental y económico simultáneamente

En el marco del Acuerdo de París se están fijando metas o contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) para la acción climática cada vez más ambiciosas para evitar cruzar el umbral de temperatura global seguro. Al mismo tiempo, hay un proceso de reflexión dentro de los países y en la comunidad internacional para evaluar mejor el estado de la naturaleza y de los recursos de los que hacemos uso como sociedad. Así, vemos cómo van apareciendo nuevos recursos como el presupuesto de carbono, al que se están adhiriendo las economías del mundo (véase el gráfico 1).

Los efectos del desarrollo en la sostenibilidad

El mundo enfrenta una crisis ambiental que va mucho más allá del calentamiento global, pues el estilo actual de desarrollo está degradando cada vez más las bases materiales que lo sustentan, mediante la sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación y desertificación de los suelos y la contaminación del aire y el agua. Además, la economía presiona cada vez más el medio ambiente en todas las etapas del ciclo económico:

  • al extraer recursos naturales (escasez, sobreuso, desconsideración de la capacidad de regeneración de los ecosistemas, desechos, presión sobre la capacidad de absorción de la naturaleza),
  • durante su transformación y consumo (emisiones de desechos, contaminación y presión sobre la capacidad de absorción),
  • y en su descarte (residuos y presión sobre la capacidad de absorción de los ecosistemas).

Se hace necesario reconocer explícitamente en los análisis y las políticas que la reproducción y el crecimiento del sistema socioeconómico y de sus estructuras biofísicas requieren permanentes intercambios de materiales, aguay energía con el medio ambiente. Para satisfacer las diversas necesidades de los seres humanos organizados en sociedad, el sistema económico debe producir y circular los bienes y servicios para su consumo por la población, procesos económicos que dependen de la extracción y la transformación de recursos naturales biológicos, minerales y energéticos.

Una vez que los recursos extraídos de la naturaleza se transforman en bienes económicos, estos son consumidos, acumulados, reciclados o convertidos en residuos que retornan al medio ambiente natural. Los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, así como otros artefactos hechos por el hombre, dependen y se componen de recursos naturales, ya estén destinados a alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, comunicación, electricidad, agua potable, saneamiento, recreación o a cualquier otro fin.

Para impulsar un estilo de desarrollo más sostenible y menos dependiente de la explotación de recursos naturales, es necesario promover una transición socio ecológica que cambie la matriz energética a fuentes renovables, mejore la eficiencia ambiental y modifique los patrones de producción, distribución, circulación, consumo y reciclaje. Desacoplar el crecimiento económico del uso de materiales y de energía y de los impactos ambientales es una estrategia necesaria para asegurar el bienestar humano presente y futuro y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La propuesta de CEPAL

Frente a la crisis ambiental, la CEPAL ha venido proponiendo un gran impulso para la sostenibilidad, inspirado en la propuesta de un gran impulso (big push) de Rosenstein-Rodan (1943), y que en el contexto actual consistiría en un conjunto coordinado y complementario de políticas e inversiones sociales, productivas y ambientales, públicas y privadas, orientadas a resolver las tensiones entre desarrollo, igualdad y medio ambiente para así viabilizar un estilo de desarrollo más sostenible. Estas políticas deberían dirigirse tanto a reducir la desigualdad y la pobreza como a elevar la competitividad auténtica1 basada en el progreso técnico y a cerrar las brechas tecnológicas y de productividad entre los países del centro y la periferia.

Dicha coordinación de políticas busca cambiar la estructura productiva hacia actividades con un uso más intensivo de conocimientos especializados, generadoras de empleo formal y con menor huella ambiental. Las políticas e inversiones en innovación tecnológica deben aspirar a desacoplar el crecimiento económico de la huella ambiental logrando una mayor eficiencia ambiental, es decir, eficiencia en el uso de recursos naturales, eficiencia energética y eficiencia en la emisión de gases de efecto invernadero. Una mayor eficiencia ambiental supone generar mayor valor con el mismo nivel de uso de recursos naturales, energía y emisiones, o el mismo nivel de valor con un menor uso de recursos naturales, energía y emisiones. Por otra parte, y en paralelo, se requieren políticas regulatorias que protejan el patrimonio natural y los servicios ecosistémicos críticos y que habiliten la aparición de nuevos patrones de producción y consumo.

Junto con este gran impulso para la sostenibilidad es clave impulsar también el consumo responsable, y alejarnos del consumo imitativo que tanta presión pone sobre los recursos naturales, los ecosistemas y sus servicios asociados (Sunkel y Gligo, 1980, Prebisch, 1981 y Furtado, 1984). Los países en desarrollo no pueden seguir los mismos estilos de desarrollo que los países industrializados, que nos han llevado a una crisis ambiental, social y económica de grandes dimensiones.

La distinción entre centro y periferia es clave. Por un lado, los países centrales tienen una mayor responsabilidad relativa en la generación del calentamiento global, por lo que en los acuerdos mundiales debe prevalecer el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, de tal manera que se reconozcan las necesidades específicas de desarrollo aún existentes en la periferia. Por otro lado, para alcanzar un estilo de desarrollo que sea sostenible se requiere una nueva gobernanza internacional que facilite la difusión del progreso técnico a escala mundial, la disminución de las brechas tecnológicas entre el centro y la periferia y la implementación de políticas para el cambio de las estructuras productivas en la periferia2.

El papel de los Estados es clave para reorientar la inversión hacia el gran impulso para la sostenibilidad, que no se está dando de manera espontánea

En ese contexto, antes que el tipo de crecimiento económico, es preciso redefinir el estilo de desarrollo: con un enfoque integral, orientado a modificar simultáneamente los patrones de producción, distribución y consumo y a destacar la necesidad de la sostenibilidad de los recursos naturales y los servicios ambientales que brinda la naturaleza.

La base del gran impulso para la sostenibilidad: el cierre de las tres brechas y los sectores dinamizadores del desarrollo

Avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 requiere un crecimiento selectivo, sobre la base de sectores que puedan mejorar el desempeño de los pilares social, ambiental y económico simultáneamente. Ya se hizo mención al pilar ambiental, en el ámbito social los rezagos se acrecentaron por la pandemia, y en el ámbito económico la región mantiene una siempre volátil dependencia de moneda extranjera para satisfacer sus patrones de producción y consumo (CEPAL, 2020; Samaniego, Sánchez y Alatorre, 2022). Por esta última razón, la velocidad de la tasa de crecimiento de América Latina y el Caribe presenta un límite, compatible con el equilibrio de la balanza comercial y, más en general, con el equilibrio de las cuentas externas3. Una tasa superior a la de este equilibrio lleva a un mayor endeudamiento externo o a devaluaciones importantes de las monedas locales, lo que tiene consecuencias en materia de inflación y recesión.

En contraste, la tasa requerida para la eliminación efectiva de la pobreza es superior a la tasa compatible con el equilibrio de las cuentas externas. Para eliminar la pobreza durante la vigencia de la Agenda 2030, se estima que en América Latina y el Caribe sería necesaria una tasa sostenida de un 4% anual como mínimo y una redistribución del ingreso de hasta 3 puntos del PIB. La pandemia ha hecho que la región retroceda al menos 10años en esta materia. Esta tasa de crecimiento social es, pues, superior a la tasa de equilibrio externo. A su vez, la tasa de equilibrio externo es muy superior a la tasa de crecimiento que resulta compatible con la meta ambiental para cumplir con las CDN del Acuerdo de París y que no debería superar el 0,7% anual para la región.

La clave de la solución a estos dilemas es lograr que las inversiones se orienten hacia sectores que son, a la vez,intensivos en empleo, bien remunerados, dinámicos en su arrastre sobre la economía, capaces de bajar lademanda de importaciones o aumentar la de exportaciones, y de menor huella ambiental. Tal es el caso de lacadena y aplicación de fuentes de energía renovables en la región, la fabricación de vehículos limpios y el reciclajey la recuperación de materiales desechados. Sectores como estos propician la interacción virtuosa entre lasdimensiones económica, social, ecológica y ambiental y permiten atender las tres crisis de manera conjunta.

Para que las tres tasas de crecimiento mencionadas puedan converger y reconciliarse, cosa que no ocurreespontáneamente, se deben alinear las políticas industriales, ambientales y sociales, actuando de manerasimultánea para lograr cambios en los patrones de inversión, producción y consumo en favor de los sectores dinamizadores, incluido el de la economía circular (CEPAL, 2020; Samaniego, Sánchez y Alatorre, 2022).

Recuadro 1

América Latina y el Caribe: sectores dinamizadores de la recuperación

Los ocho sectores dinamizadores de la recuperación en la región son los siguientes:

  • Inversión en la transición hacia fuentes de energía renovables y en su transmisión
  • Mirada estratégica de la inversión: universalización de servicios públicos de calidad como la electromovilidad pública y ampliación de la cobertura de aguay saneamiento sostenible
  • Enfoques de economía circular
  • Industria manufacturera de la salud (incluidas las vacunas)
  • Economía del cuidado
  • Agroecología, restauración de ecosistemas terrestres y marinos
  • Turismo sostenible
  • Inclusión digital para la sostenibilidad

Para lograr una mayor participación relativa de estos sectores en las economías, el papel del Estado es central, teniendo en cuenta la dificultad que implica esta coyuntura para los esfuerzos fiscales en un contexto de estrecho espacio fiscal. Contribuiría a ello un vigoroso pacto global para la provisión de bienes públicos como el acceso ampliado a las vacunas, la seguridad social universal, la seguridad climática, la paz y la estabilidad financiera.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El gran impulso para la sostenibilidad debe ser capaz de elevar la tasa de inversión de manera sostenida y sostenible, de forma que las dimensiones social, productiva y ambiental se refuercen mutuamente. El gran desafío en términos de políticas de largo plazo es, por lo tanto, lograr que las otras dos tasas necesarias converjan con la tasa mínima de crecimiento para la igualdad.

En el diagrama 1 se ilustra la forma en que las tres tasas interactúan y cómo sería posible alcanzarlas con una combinación de políticas sociales, industriales y ambientales. Las tres tasas de crecimiento pueden representarse por medio de un triángulo, cuyos vértices son la tasa de crecimiento mínima para reducir la desigualdad, la tasa de equilibrio externo y la tasa máxima para el cuidado del medio ambiente. La flecha vertical representa las políticas sociales y redistributivas para reducir la desigualdad. Al mismo tiempo, la descarbonización y las innovaciones ambientales son la clave para que la tasa social converja hacia la tasa de equilibrio ambiental, y el cambio estructural es clave para cambiar las elasticidades4 y que la tasa de equilibrio externo converja con la social.

En la base del triángulo, estableciendo una relación entre las tres tasas, se encuentra el progreso técnico favorable al medio ambiente. Se sitúa en la base del triángulo porque el progreso técnico sostiene la competitividad auténtica y la descarbonización (o, más ampliamente, la transición a patrones energéticos, productivos y de consumo con menor huella ambiental). El progreso técnico debe ser intenso para que la economía se vuelva competitiva, y debe dirigirse hacia innovaciones ambientales, para evitar que el aumento dela producción ponga en riesgo el planeta.

La búsqueda de estas tres tasas puede generar sinergias importantes, de tal modo que los avances en una dimensión apoyen los avances en otras. Así, la igualdad y la competitividad auténtica se refuerzan mutuamente: las sociedades más igualitarias, que logran universalizar el acceso a la salud y a la educación, tienden a promover y aceptar más fácilmente el cambio técnico, lo que tiene efectos favorables en la productividad (CEPAL, 2010;Bowles, 2012), y en ellas es menos probable que el poder económico concentrado capture las políticas de desarrollo (Doner y Ross-Schneider, 2016).

Por otro lado, la competitividad auténtica y la sostenibilidad ambiental también pueden reforzarse mutuamente. Sin capacidades tecnológicas endógenas no es posible responder adecuadamente a los desafíos ambientales; a su vez, las innovaciones ambientales pueden favorecer la competitividad de la empresa innovadora a medida que los consumidores se educan y prefieren aquellos bienes cuya producción tiene un menor impacto ambiental.

La alineación de la política pública 

El papel de los Estados es clave para reorientar la inversión hacia el gran impulso para la sostenibilidad, que nose está dando de manera espontánea. Para tal fin es indispensable modificar los incentivos a la inversión, seanregulatorios o económicos.

Recuadro 2

Resultados de un escenario de aplicación de políticas de desarrollo sostenible

La simulación de aplicar políticas de desarrollo sostenible basadas en regulación, inversión y gasto público en losocho sectores dinamizadores ya nos da una señal importante acerca de la dirección y la magnitud de los efectoscuantitativos de las políticas de desarrollo sostenible en las tres brechas. El resultado muestra una combinaciónde mayor dinamismo con creación de empleos y un crecimiento medioambiental más sostenible. El ejerciciotambién muestra que la cooperación internacional y las políticas sociales son complementos clave de losesfuerzos internos de transformación productiva para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones.

En el escenario de aplicación de políticas de desarrollo sostenible, en 2030 el PIB regional es un 5,4% mayor que en el escenario de referencia, como resultado de un incremento de las inversiones en la región (6,9% en 2030) y, en menor grado, del consumo (3% en 2030). También aumentan el empleo y los sueldos (un 3,1 y un 11,5%,respectivamente, en 2030); se estima que habría 9.956 millones de personas adicionales empleadas. El crecimiento mayor de los sueldos respecto al empleo se debe a que los nuevos empleos ofrecen una mayor remuneración. En lo que respecta al medio ambiente, los resultados mencionados se pueden obtener con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 41,3% para 2030 en América Latina y el Caribe respecto al escenario de referencia, una reducción que supone el doble del compromiso de los países de la región para 2030 (23,1%) (Samaniego y otros, 2019).

Sin embargo, la simulación apunta a desafíos importantes: tanto el cierre de la brecha externa como la distribución del ingreso deben ser objeto de políticas específicas, pues la transición combina la reducción del peso de algunos sectores exportadores y la expansión de las importaciones de bienes de capital en los nuevos sectores. Es necesaria una cooperación internacional con flujos predecibles y estables de financiamiento a la inversión en sostenibilidad y la transferencia de tecnología para no sufrir retrocesos ante una crisis externa. Además, se requieren políticas explícitas para una mayor igualdad en la distribución funcional del ingreso; estas, por otra parte, crean un ambiente de confianza y cooperación más propicio para la innovación tecnológica. Cabe recordar también que hay aumentos en la provisión de bienes públicos que no se cuantifican en el índice de Gini, principalmente el incremento del gasto público en salud y educación, que son beneficios adicionales.

Fuente: C. Gramkow y G. Porcile, “Un modelo de tres brechas”, El Trimestre Económico, vol. LXXXIX (1), Nº 353,enero-marzo de 2022.

En América Latina y el Caribe existe un margen considerable para facilitar la habilitación y la armonización regulatoria en favor de los sectores dinamizadores para el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente, así como para que las políticas fiscales, de combate a la evasión y elusión fiscal, de revisión de subsidios perjudiciales al ambiente y gastos tributarios, se combinen de manera coherente con un sistema financiero capaz de internalizarlos riesgos ambientales para estimular un crecimiento selectivo, basado en los sectores mencionados. La región no solo necesita un aumento de la capacidad de la banca de desarrollo regional e internacional, sino también una mejor orientación de sus recursos, a la par que mecanismos que redistribuyan la liquidez internacional y un manejo de la deuda en pro del desarrollo, que permita hacer canjes por resiliencia, por acción climática y, en general, por un desarrollo más sostenible, como el aquí descrito. Esa coherencia permite reconciliar el desarrollo con el medio ambiente y generar ganancias para todos sus pilares: el económico, el social y, por supuesto, el ambiental.

1 En contraposición a la sobreexplotación o competitividad espuria. Estos conceptos de competitividad auténtica y espuria son definidos por Fajnzylber en CEPAL (1990).

2 Véanse Bárcena y Cimoli (2022), Gramkow y Pórcile (2022) y Samaniego, Sánchez y Alatorre (2022).

3 Véase una descripción conceptual y numérica detallada del enfoque de las tres brechas al que se refiere esta sección, en Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (CEPAL, 2020).

4 El cambio de las elasticidades debe ser de tal modo que produzca un incremento de ingresos laborales y una reducción de las emisiones y las importaciones.

Una nación multilingüe

Julio Bernal Chávez es Coordinador de Investigación en el Instituto Caro y Cuervo.

AVANCE

Se aborda en este artículo la manera como se desarrolla y varía la lengua española en Colombia a partir de diversos factores culturales, históricos y geográficos, desde su ingreso al territorio americano hasta la conformación actual de la diversidad lingüística del país. El autor incluye las últimas iniciativas legislativas sobre el reconocimiento de las lenguas nativas y los avances académicos para establecer la división dialectal del español en Colombia.

Colombia es una nación multiétnica, multilingüe y pluricultural en la que se usan sesenta y cinco lenguas indígenas, de once familias lingüísticas; también dos lenguas criollas: el palenquero y el sanandresano; la lengua romanés o gitana; y la lengua de señas colombiana.

Por su parte, estudios actuales sobre el español de Colombia proponen la clasificación de tres superdialectos: antillano, neogranadino y andino, cada uno de ellos con sus respectivos dialectos, subdialectos y léxicos regionales.

El origen del español

En el norte de España, a partir de la llegada de los moros a la Península Ibérica en 711, surge una koiné de los dialectos navarro, aragonés, riojano y castellano de carácter oral y se da como una necesidad comunicativa debido a la unificación política orientada por la reconquista.

En el siglo XI ocurren los primeros procesos de elaboración de variedades escritas de las lenguas vulgares provenientes del latín. En el caso de España surge, con auspicio de Alfonso X, El Sabio, una variedad escrita de cancillería en la que se registraban asuntos legales y judiciales, mientras que la literatura se escribía en las lenguas de cada Corte, como es el caso del provenzal, portugués y gallego.

Con la Gramática sobre la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija, en 1492 se adelanta la consolidación de un concepto de lengua, no sólo desde una perspectiva lingüística, en cuanto a la representación de su estructura y de su funcionamiento, sino como un sistema de actitudes y valores sociales y simbólicos.

El español en América

Desde la llegada de los españoles a las Antillas, entre 1493 y 1519, no hay una concepción de lengua castellana o española unificada. Según testimonios de escritos del siglo XVI, en América se hablaba de manera similar a la Corte española, además de variantes del español usadas por los indígenas para comunicarse con los conquistadores y las propias de descendientes de peninsulares.

En cuanto al léxico se introducen al vocabulario español voces propias de América, fundamentalmente indígenas, y usos de palabras españolas con significado diferente en el Nuevo Continente.

La identidad de una lengua única, independiente y consolidada en los ámbitos políticos, fiscales y administrativos se robustece en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones al poder. Se genera una actitud positiva hacia los ideales de un español literario, correcto y culto y una actitud negativa hacia el habla popular, vulgar y a la inserción de extranjerismos.

La identidad de una lengua única, independiente y consolidada en los ámbitos políticos, fiscales y administrativos se robustece en el siglo XVIII con la llegada de los Borbones al poder

Tales valores orientan la creación de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) y la elaboración del Diccionario de Autoridades, que registra una variedad de lengua consolidada históricamente y respaldada en la escritura canónica española. Así, las leyes borbónicas imponen el español como lengua única frente a las indígenas, y se hacen contrastes léxicos entre los usos españoles y los americanos, teniendo como modelo de contraste el mencionado diccionario.

Sería hasta el siglo XIX cuando se da inicio a la sistematización de variantes del español propias de América, la conformación del concepto de americanismo, la posición política respecto a la lengua en América y los proyectos lexicográficos de americanismos. A fines del siglo XX e inicios del XXI se fortalece el concepto de policentrismo lingüístico mientras que desde la RAE y la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española) se propone una política del español democrático, internacional y de comercio.

Posterior al surgimiento de las repúblicas hispanoamericanas se da un proceso de consolidación política con el objetivo de delimitar una identidad cultural y política. Desde la perspectiva lingüística se establecen dos posiciones, por un lado, la separatista, proyectada desde ideas políticas a la originalidad y autonomía respecto a la normativa española frente a la lengua; por otro lado, la postura unionista, respaldada con obras gramaticales e investigaciones filológicas, que buscan la unidad y la intercomunicación entre las nuevas naciones y España.

Desarrollo del español en Colombia

El periodo de la Conquista (1500-1560) se caracteriza por exploraciones en el Litoral Caribe, inestabilidad fundacional y la catástrofe demográfica generada por el exterminio de seis millones de indígenas, entre una población de once millones. En este tiempo los españoles conforman familias con mujeres indígenas o las convierten en servidumbre con la que tienen hijos, situación que inicia un proceso de mestizaje que se verá reflejado en las lenguas usadas.

La Colonia (1560-1820) en Colombia se divide en una etapa inicial (entre 1560 y 1620), en la que sobreviven menos de dos millones de indígenas, que viven en pueblos nativos o reducciones. Mientras tanto, los españoles se concentran en el Caribe y los Andes occidentales y orientales, y los mestizos se ubican en pueblos, villas y en las afueras de las ciudades.

La comunicación entre lugares poblados era compleja, especialmente entre el Caribe y los Andes. El español se escribía en las grandes ciudades, como Santafé, Cartagena o Popayán; y en la periferia se usaban lenguas indígenas o español con rasgos indígenas.

En una segunda etapa colonial (1620-1770) se avanza en estabilidad y bonanza económica, lo que permite consolidar comunidades con un habla definida y diferenciada, aunque se reducía su dominio a espacios limitados de villas, pueblos y ciudades. A partir de 1630 aumentan los africanos en el Caribe, Pacífico y Andes occidentales. Sin embargo, entre 1730 y 1780 la cantidad de mestizos se amplía constituyéndose en el grupo demográfico más grande de Colombia.

La política lingüística de la Corona española respecto al español en Colombia en la Colonia, tuvo como centro la instauración del español como lengua vehículo de comunicación con los indígenas para incorporarlos al sistema cultural, religioso, económico, político y cultural español. En este proceso se dio la discusión acerca de la conveniencia de la comunicación y enseñanza en español o en lenguas indígenas, con las correspondientes actitudes positivas y fundamentalmente negativas hacia los indígenas, su cultura, su espiritualidad y su visión de mundo. Desde esta perspectiva, la dicotomía se daba entre español y lenguas indígenas, pero no en el español mismo o en sus características.

En el siglo XVIII, la política lingüística del Reino español busca que el castellano se imponga sobre las lenguas indígenas, en la medida en que este idioma es usado por los monarcas y conquistadores, y opera como vehículo cultural, político y administrativo.

En 1770, Carlos III emite una Cédula Real en la que prohíbe el uso de lenguas indígenas en todo el territorio dominado por el Reino de España y enfatiza en la instrucción religiosa, en la lectura y en la escritura en lengua castellana. En tal sentido, ordena a los obispos y párrocos que funden escuelas en las que se enseñe español en todos los pueblos, con el objetivo de que este se utilice como lengua universal en los territorios gobernados.

Entre 1770 y 1820, se da el Movimiento Comunero y la Independencia, se estabiliza el crecimiento de la población y se fortalecen procesos sociales, políticos e identitarios de las diferentes poblaciones. Como consecuencia, aumenta el uso del español en el país, y se vislumbra un primer panorama de sus variedades actuales.

Con la independencia de la Gran Colombia el tema central es la formación del ciudadano, no específicamente para los indígenas o los afrocolombianos. En 1820 el gobierno decreta que los establecimientos educativos de Cundinamarca dependen del gobierno y se proclama que la educación y la lecto-escritura son vehículos principales para la ciudadanía, en tal perspectiva se decreta que cada colegio ha de seguir el método Lancasteriano. Las primeras letras incluían retórica, gramática del español y del latín, matemáticas y filosofía.

El español de Colombia, el mejor del mundo

En el siglo XIX surge en Colombia de manera extendida la idea de que allí se habla el mejor español del mundo. Desde una visión externa se veía a los bogotanos como cultos, inteligentes y con habilidades comunicativas que evidencian y resaltan su inteligencia, ingenio y manejo avanzado de la lengua.

Tales características lingüísticas, cognitivas y culturales otorgadas a los bogotanos del siglo XIX fueron forjando el imaginario que etiquetaría a la ciudad de Bogotá como la Atenas suramericana. Personajes como Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, José María Vergara y Vergara, Ezequiel Uricoechea, Rafael Núñez, Rafael Uribe Uribe y José Manuel Marroquín, entre otros, buscan el buen hablar y su relación con la consolidación de una identidad nacional a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Ciertamente la preocupación por el cultivo de la lengua, promovida por estudiosos de la lengua como Cuervo, Vergara y Bello estaba ligada en esta época a la constitución de nación. Fundamentalmente se propendía por la sistematización de un modelo lingüístico gramatical, léxicográfico y literario, como parte de una búsqueda de identidad, basada en el sostenimiento del orden social a través de la tradición propia, tanto de la vida pública como privada de una nación, difundida y formada desde la educación general y continuada, orientada por representantes de las clases ilustradas.

Con la Ley 1381 de 2010 de Lenguas Nativas se buscaba establecer medios culturales, educativos, tecnológicos, comunicativos,
legales y jurídicos para la protección, uso, conservación, preservación y difusión de las mismas

En suma, la actitud positiva hacia el habla de Bogotá como modelo lingüístico proviene del siglo XIX y coincide con otras realidades hispanoamericanas en las que se continúa desde aquella época, y hasta la actualidad, con un sistema de valores, creencias y actitudes que han perdurado debido a una posición hegemónica, sustentada en el prestigio, la posición política, socio-económica y académica de los teóricos de la lengua, además de su incidencia en la educación, la prensa y las instituciones gubernamentales y de la lengua.

Identidad lingüística en la época republicana

La política lingüística en Colombia desde la época republicana, en la Constitución de 1886 hasta la Constitución Política de 1991, se caracteriza por la actitud de superioridad, negación e imposición del español sobre las demás lenguas del país con el interés de la buena y correcta expresión en el uso oral y escrito.

A partir de la independencia y a lo largo de todo el siglo XIX se evidencia la relación entre lengua, pensamiento, orden social, buen juicio y claridad y limpieza en el discurso, influenciada por Melchor de Jovellanos y las ideas de Gramática General de Condillac. También aumenta la consciencia del español como lengua nacional, lengua de comunicación, de ejercicio de la acción política y pública, y lengua literaria que engloba un patrimonio cultural.

A finales del siglo XIX y parte del siglo XX, Colombia estaba gobernada por políticos ligados a la gramática como legitimadora del poder: Miguel Antonio Caro, vicepresidente en 1892 y presidente en 1894; José Manuel Marroquín, presidente en 1898; y Marco Fidel Suárez, presidente entre 1818 y 1922.

Todos ellos realizaron diferentes obras de gramática, ortografía, ortología y estudios de la lengua con el fin de cultivar el buen hablar, la corrección y la ordenada estructuración y enunciación de las ideas, ligando la norma del español de Madrid con la del español de Bogotá, vinculando así el proyecto de nación con el hispanismo cultural y lingüístico.

El 10 de mayo de 1871 Miguel Antonio Caro y José Manuel Marroquín fundan la Academia Colombiana de la Lengua (ACL), dependiente y subordinada respecto a las decisiones idiomáticas a la Real Academia Española, la cual ha tenido como función velar por el enriquecimiento del español y mantenimiento del idioma, y determinar la norma de corrección del español usado en el país.

La Constitución Política de 1991 declara que Colombia es un país pluriétnico y multicultural lo que persigue una actitud de reconocimiento de la diferencia, de la diversidad y de la riqueza del otro como otro. Esto constituye un hito en el reconocimiento de las lenguas indígenas, afrocolombianas, rom (o romaní) y la lengua de señas colombiana como co-oficiales en Colombia.

En el marco de la Constitución de 1991, la Ley general de Educación 115 de 1994, artículos 21 y 23, decreta las bases curriculares y de formación para las lenguas del país: “Objetivos de la educación básica primaria […] El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia”.

La Ley 1381 de 2010 de Lenguas Nativas trata sobre el: “Reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupo étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes”. Con esta ley se busca establecer medios culturales, educativos, tecnológicos, comunicativos, legales y jurídicos para la protección, uso, conservación, preservación y difusión de las lenguas nativas del país.

Recientemente se ha culminado un proceso de construcción del Plan Nacional de Lenguas Nativas, fruto de la Ley 1381 de 2010, con la participación de un equipo interministerial, el Consejo Nacional de Lenguas Nativas, y comunidades, pueblos y organizaciones de lenguas indígenas, criollas, Rom y de la lengua de señas colombiana.

Los estudios sobre el español de Colombia tienen una tradición que surge con Apuntaciones críticas del lenguaje Bogotano (Cuervo, 1872), e incluye a los autores M. A. Caro, E. Uricoechea, M. F. Suárez, S. Pérez, M. Ancizar, J. Triana, Uribe Uribe, Sundheim, Revollo, Restrepo, Tascón, Tobón y Acuña, quienes durante el siglo XIX adelantaron trabajos acerca de la lengua, como El castellano en mi tierra y diversas obras lexicográficas con glosarios y vocabularios que contrastaban la norma lingüística culta con el léxico popular y regional.

Sería en 1942, con la creación de Instituto Caro y Cuervo (ICC), cuando se retoman los estudios de Rufino José Cuervo y se desarrollan investigaciones lexicográficas, dialectológicas y literarias. Surge el macroproyecto y expedición científica Atlas Lingüístico-etnográfico de Colombia (ALEC), para el que se inician labores de indagación en 1947 con la exploración de atlas lingüísticos en Estados Unidos por parte José Manuel Rivas Sacconi, y se continúa con una investigación que culmina con la publicación en 1983 del VI y último tomo del ALEC.

Esta investigación permitió llegar a un conocimiento científico de los dialectos y divisiones léxicas del país, describiendo los rasgos lingüísticos de las más de 250 localidades a las que visitaron los investigadores del proyecto. Al respecto se destacan los numerosos escritos de Luis Flores y José Joaquín Montes, entre otros, en los que se puede ver en detalle la caracterización lingüística del español de Colombia.

Actualmente el equipo de investigadores de la línea de Lingüística de Corpus y Computacional del ICC (LICC) adelanta aplicativos de documentación (CLICC), de repertorios léxicos (LEXICC) y de Sistemas de Información Geográfica (SIGICC) para la creación de mapas y atlas para recolectar, analizar y sistematizar las variedades lingüísticas del país.

Clasificación de las variedades del español

Como gran conclusión de los estudios lingüísticos acerca del español de Colombia, tenemos la propuesta de Montes (1982) de dos grandes superdialectos fundamentados en la bipartición, según el tipo de zona geográfica en la cual se realiza.

Por un lado, el español centro-septentrional, propio de la zona septentrional de la Península Ibérica y las tierras altas de América; y, por otra parte, el Español meridional, propio de la zona meridional de la Península Ibérica, Andalucía, las Islas Canarias y las tierras bajas del continente americano. Así, al aplicar esta clasificación al español hablado en Colombia, la zona centro-septentrional toma el nombre de Superdialecto A o Andino, y el meridional Superdialecto B, o Costeño.

En 2020, Néstor Ruiz Vásquez propone una nueva y actual división dialectal del español de Colombia en la que toma en cuenta divisiones que se han establecido para toda América hispanohablante, de tal manera que clasifica el español del Caribe colombiano como una variedad del Español Antillano que se habla en todo el Caribe americano.

SUPERDIALECTOS DIALECTOS SUBDIALECTOS LÉXICOS

REGIONALES
ESPAÑOL ANTILLANO CARIBE COLOMBIANO Cartagenero Bolívar
Samario Magdalena
Fonsequero Guajira
Sabanero Córdoba
ESPAÑOL NEOGRANADINO OCCIDENTAL Antioqueño

-caldense

 Antioqueño – caldense
Caucano-

valluno

 Andes del Cauca/ Valle geográfico del Cauca
Pacífico Septentrional Chocó
Pacífico Meridional Costas del Valle del Cauca, Cauca y Nariño
ORIENTAL Santandereano

 

 Santander/Sur del Norte de

Santander
Cundiboyacense

 

 Cundinamarca/

Boyacá
Tolimense-

huilense

 

 Tolima/ Huila/ Occidente de Caquetá
LLANERO Llanero Norte

 

 Arauca/ Casanare
Llanero Sur

 

 Meta
Llanero Este Vichada
AMAZÓNICO Amazónico Guaviare/Guainia/Vaupés
Amazónico Oriente de Caquetá/Amazonas
ESPAÑOL ANDINO ANDINO COLOMBIANO De tierras altas Andes de Nariño
De tierras bajas Putumayo

Fuente: Nueva propuesta de división dialectal del español de Colombia, Néstor Ruiz Vásquez, 2020.

De otro lado, clasifica el español de los Andes de Nariño y de Putumayo como una variedad del Español hablado en todos los Andes de América, caracterizado por su influjo Quechua. Otro gran bloque lo caracteriza como Español Neogranadino, dividido en cuatro grupos:

  1. Dialecto Occidental, que comprende las variedades antioqueña-caldense, caucano-valluna, Pacífico septentrional y Pacífico meridional.
  2. Dialecto Oriental, donde se habla santandereano, cundiboyacense y tolimense-huilense.
  3. Dialecto Llanero, de zona Norte, Sur y Este.
  4. Finalmente, destaca el español Amazónico, que surge de migraciones de zonas hispanohablantes de Colombia al Amazonas colombiano, caracterizado por tener contacto con lenguas indígenas.

Al cotejar la división geográfica con el desarrollo histórico del español, Ruiz Vásquez encuentra que existen tres zonas históricas del español en Colombia:

  • Coloniales, expandidas en el Caribe, Andes occidentales y orientales (siglo XVI) y Pacífico zonas bajas (siglo XVII).
  • Republicanas, el dialecto antioqueño-caldense (siglo XIX).
  • Contemporáneas, en la Amazonía alta interior, Piedemonte de la Orinoquía y la Cordillera Oriental (siglos XIX y XX).

Foto de cabecera: Miguel Antonio Caro, presidente de Colombia y filólogo. CC Wikimedia Commons.

Fuerzas Armadas y democracia

Rut Diamint es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Profesora de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires.

AVANCE

Las relaciones entre civiles y militares en democracia suponen evitar la interferencia militar directa, estableciendo una supervisión civil y anulando eventuales impugnaciones de las fuerzas sobre las decisiones civiles. No ocurre así en América Latina, señala la autora de este artículo, porque la conducción del aparato militar nunca residió completamente en los civiles. Los ministerios de Defensa de los países latinoamericanos son instituciones inconclusas, imperfectas, sin una burocracia entrenada y competente.

ARTÍCULO

“El presidente Bolsonaro, ardiente defensor de la dictadura militar de Brasil, es cada vez más beligerante contra el sistema democrático de separación de poderes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Esta frase retrotrae a un pasado ignominioso. Numerosos Estados latinoamericanos han sufrido dictaduras militares o autoritarismos con apoyo de las fuerzas armadas durante el siglo XX. Vale, por lo tanto, indagar cuál es el apego de los oficiales al régimen democrático y que acciones toman los gobiernos electos para conducir republicanamente a los militares.

La situación militar retornó. En África se revivieron tradicionales golpes de Estado (Sudán 2021, Guinea 2021, Chad 2021, Malí 2020 y Egipto 2013). La legitimidad de los golpes de Estado fue confinada en América Latina. Tantos años de militarismo infructuoso han dado paso a democracias, muchas imperfectas. Ello no supone que las fuerzas armadas se hayan retirado de la política.

El principal problema por el cual los militares continúan influenciando a la dirigencia política es que la conducción del aparato militar nunca residió completamente en los civiles. Los ministerios de Defensa de los países latinoamericanos son instituciones inconclusas, imperfectas, sin una burocracia entrenada y competente. Las relaciones entre civiles y militares en democracia suponen evitar la interferencia militar directa, estableciendo una supervisión civil y anulando eventuales impugnaciones de las fuerzas sobre las decisiones civiles.

Por cierto, la democracia no ha rendido los frutos prometidos. Tanto gobiernos de centro-izquierda como de derecha no han mejorado las condiciones sociales de la población. En numerosos casos, la economía de los países ha estado brincando entre vaivenes de crisis y progreso, sin que se asentaran las condiciones para la estabilidad. La corrupción aumentó con la democracia y la justicia ha quedado manipulada por las presidencias de turno. Brechas profundas de carácter ideológico, urbano-rurales, de valores y de distribución de los recursos estatales mellan la democracia. En ese cuadro, los militares han recobrado prestigio y, tal como muestran las encuestas del Latinobarómetro, la confianza en la democracia viene disminuyendo significativamente.

No obstante, hay otras circunstancias que han llevado a un nuevo protagonismo militar. Dividiremos esas circunstancias en tres apartados: Politización militar, Policialización militar y Socialización militar. Estas formas aluden a la militarización. Entendemos en este contexto que la militarización se refiere a las formas en que las fuerzas armadas influyen en la vida social, económica, política y cultural de una nación. Existe una diferencia respecto al concepto de militarismo que reemite a elaborar decisiones políticas desde una óptica militar, sustentada en los valores, creencias y mentalidades militares, promoviendo actitudes marciales en las prácticas cotidianas.

La justicia ha quedado manipulada por las presidencias de turno. Los militares han recobrado prestigio y, tal como muestran las encuestas del Latinobarómetro, la confianza en la democracia disminuye significativamente

Politización militar

La politización de las fuerzas armadas es un problema que viene desarrollándose desde hace varios años. Los acuerdos regionales como UNASUR y ALBA, disminuyeron las tradicionales rivalidades fronterizas. Las fuerzas armadas latinoamericanas se encontraron sin hipótesis de trabajo. Al mismo tiempo, reconocieron que sus intervenciones directas en el Estado habían fracasado. Pero ello no suponía dejar de salvaguardar su influencia en la conducción nacional.

Ha sido habitual que en los regímenes de centro-izquierda hayan intentado seducir y domesticar a las fuerzas para que apoyaran los cambios semi revolucionarios. Otorgándoles privilegios y recursos, los moderaron para que contribuyeran a la perpetuidad de sus gobiernos, tal como sucedió en Cuba, Bolivia, Nicaragua o Venezuela.

Nicolás Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, gracias a la pandemia logró desmovilizar a la sociedad, que ve agotado el modelo del socialismo del siglo XXI. Simultáneamente, otorgó a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) un mayor control del territorio y la economía. Si bien Maduro introdujo algunos mecanismos de control político para equilibrar el poder militar, depurar a disidentes y fragmentar la toma de decisiones, no ha logrado apartar a los oficiales de la co-conducción del régimen. Como contraparte fortaleció a fuerzas irregulares no integradas a las FANB. Aun así, su dependencia de los militares sigue siendo enorme.

La politización militar más intensa es la que se produjo bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. El aumento de la violencia y la ineficacia de las fuerzas policiales en la lucha contra el crimen, han llevado a un «círculo vicioso», en el que un aumento constante de los roles militares internos parece ser una opción racional para los tomadores de decisiones. Ello reforzó el papel de los militares como actor político. El presidente Bolsonaro ubicó a ocho ministros militares, un número mayor de los cargos que ocuparon durante la dictadura militar (1964-1985). Un discurso sectario, autoritario, religioso y antiliberal en lo político derrumba los valores democráticos que se construyeron en tiempos postautoritarios.

En 2016, un histórico y novedoso acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin, al menos formalmente, al conflicto de más de cincuenta años. La negociación no alcanzó el consenso esperado por el presidente Juan Manuel Santos, evidenciando una profunda fractura en la política colombiana. El proceso contó con una participación destacada de militares que reconvirtieron a sus enemigos en un actor político. Sin su actuación, posiblemente hubiera sido imposible establecer un acuerdo. Al mismo tiempo, ello ha sido la habilitación de las fuerzas armadas como garantes del proceso de paz, militarizando ese proceso.

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, giró dramáticamente de sus promesas de campaña. Convirtió a las fuerzas armadas en un protagonista político central de su proyecto. Analistas mexicanos acusan a López Obrador de producir un sorprendente proceso de militarización, asentado en la creación de una nueva Guardia Nacional bajo control militar. Él promovió la institucionalización de la seguridad pública y la seguridad nacional, que quedaran bajo el mando y la decisión del ejército.

Durante 2019 en varias naciones, y ante las revueltas ciudadanas, los presidentes recurrieron a las fuerzas armadas para garantizar el orden y establecer la represión. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú registran la presencia militar -tal como registró la prensa- detrás de los presidentes cuando toman las decisiones vinculadas a los reclamos sociales.

Los políticos confían a las fuerzas armadas tareas internas, entregando a los uniformados poder y una relación directa y privilegiada con la sociedad. Ya sea por la debilidad de los partidos políticos que los han llevado al gobierno, o por el temor a enfrentar un golpe con apoyo militar, o en función de neutralizar los objetivos de las fuerzas, los oficiales lograron retornar muy cerca del poder y de la toma de decisión. Ya no requieren llevar a cabo un golpe de Estado. Son los presidentes electos, legítimos, quienes les confieren y aseguran ese poder.

Policialización militar

La militarización de seguridad pública ha sido un recurso cada vez más expandido en América Latina, que combina la ineficiencia policial, la baja confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad pública, y el aumento de la criminalidad, para incorporar a los soldados en la imposición de la ley, algo para lo cual los militares no han sido entrenados.

Según estudios de American Barometer, los países de la región que muestran índices más altos de militarización de la seguridad pública son Brasil, Guatemala, Guayana, Paraguay, México, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras.

Al realizar estas tareas policiales, los militares no entran en terreno ilegal. La policialización de los militares ha sido avalada por documentación legal. En Honduras, los militares se sumaron a las fuerzas policiales para crear unidades de policía militar, autorizadas por el Congreso. La constitución ecuatoriana incorpora elementos sociales como parte de las tareas de las fuerzas armadas. La policía en Colombia no depende del Ministerio de Gobierno o de Justicia, sino del de Defensa, mezclando a ambas fuerzas en la aplicación de la seguridad. En Brasil, en 2014, se formalizó por medio del documento Garantía de la Ley y el Orden, la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. Los militares son también garantes del orden interno según la Constitución en El Salvador (art. 168 y 212), Guatemala (art. 244), Nicaragua (art. 92), Perú (arts. 137 y 165), Republica Dominicana (art. 252) y Venezuela (art.328). Esas constituciones permiten la intervención de los militares en el desarrollo social y económico del país.

En México, las fuerzas armadas se ocupan centralmente de combatir la producción y el tráfico de drogas. La administración de Andrés Manuel López Obrador, asignó 80.000 efectivos dedicados a enfrentar el crimen organizado y brindar apoyo directo a la seguridad pública, sin que las condiciones de seguridad muestren mejoras.

En los países del Caribe, además de su tamaño reducido y su vulnerabilidad geográfica, sus ejércitos fueron conformados bajo la modalidad de fuerzas «constabularias» (es decir, destinadas a garantizar la seguridad y el orden públicos más que la defensa exterior). Constituyen, por lo tanto, un híbrido entre fuerzas de defensa y de seguridad interna.

Las reglas que supuestamente deben resguardar las policías, al menos en teoría, son para preservar la justicia y ajustarse a derecho. Son las fuerzas de imposición de la ley. Ello no ocurre con los militares que se entrenan para anular el poder de un enemigo. Por ello, hay cuantiosos reclamos por los abusos que los soldados cometen contra ciudadanos. El uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas es contrario a la expansión de la democracia. Los militares no deben ocuparse de vigilar manifestaciones. El resultado de estas prácticas es el debilitamiento de las reglas de la democracia y una aceptación ambivalente de los valores republicanos.

Socialización militar

Este título da lugar a varias interpretaciones. Tradicionalmente la socialización refiere a los valores y prácticas que se inculcan a los militares. En varias naciones de la región se modificaron los programas de estudio para incluir valores republicanos, constitucionales y de respeto a los derechos humanos. La incorporación de mujeres a la carrera militar, que está presente en la mayoría de los países, también ha sido un signo de democratización de la cultura castrense (Costa Rica y Panamá que no tienen fuerzas armadas no entran en esta clasificación; y en República Dominicana las mujeres son “asimiladas” sin funciones operativas). Nos interesa relevar otro aspecto de la socialización, vinculado a tareas sociales que desempeñan las fuerzas militares.

a) La pandemia.-  El uso de las fuerzas armadas ha sido una de las características más destacadas de la respuesta a la pandemia de COVID-19 alrededor del mundo. Mientras en países con una sólida tradición de conducción civil de la defensa, esta amplia participación no vulnera la institucionalidad democrática, en América Latina la situación es diferente. Los militares latinoamericanos aún ostentan influencia y poder. No se trata de las operaciones relativamente comunes y aceptadas de socorro en casos de desastre, proporcionando apoyo logístico, sino de una extensión injustificada en áreas de política social. La atención médica a los civiles se vio abarrotada de soldados. Los militares participaron activamente en la coercitiva aplicación de toques de queda y otras medidas de salud pública. El patrullaje constante de los barrios, los retenes, procedimientos en el transporte público, detenciones conforman un paisaje propio de una ocupación militar. Elaboraron, junto con las autoridades nacionales y provinciales, respuestas políticas a la pandemia. Se vincularon directamente con poblaciones carenciadas, organizando ollas populares, sin mediaciones institucionales. Las agencias civiles no han liderado las operaciones de auxilio ante el COVID-19.

Ha sido habitual que en los regímenes de centro-izquierda hayan intentado seducir a las fuerzas para que apoyaran los cambios semi revolucionarios (…) Los moderaron para que contribuyeran a la perpetuidad de sus gobiernos como sucedió en Cuba, Bolivia, Nicaragua o Venezuela

Esta injerencia en la vida social lleva a la interrogante de cómo y cuándo los gobiernos de turno tienen legitimidad para desplegar sus fuerzas armadas a nivel nacional en respuesta a una crisis.  Se responde ante la urgencia sin analizar las posibles consecuencias que esos despliegues tienen para las relaciones cívico-militares. Al contrario de lo que especifica la literatura sobre control civil democrático de los militares, su interposición debilita los mecanismos de supervisión y militariza las respuestas estatales. La respuesta a la pandemia incluyó elementos menos consensuados, pero políticamente significativos de coerción y formulación de políticas.

En El Salvador, más de 1.200 personas han sido detenidas en “centros de contención” por violar órdenes de toque de queda. Los países que desplegaron más fuerzas para ocuparse del COVID han sido Brasil, Honduras y Perú. La militarización de la salud tuvo importantes efectos en Colombia, El Salvador y México.

Por otra parte, el accionar militar dejó en descubierto las falencias de los sistemas de salud. Además, las fuerzas militares se desprofesionalizan cumpliendo tareas que no son propias de su entrenamiento y formación.

Junto con los otros aspectos señalados, el uso de militares en respuesta a la pandemia es un reflejo de una progresiva securitización de las agendas domésticas y una medida de la influencia que ejercen persistentemente los militares. La pandemia se representó como una amenaza a la seguridad nacional.

b) El medio ambiente.-  Ante la ausencia de amenazas tradicionales, y en el marco de lo que fue la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), se seleccionaron los recursos naturales como el mayor riesgo que afrontaba la región. El tema «medio ambiente-seguridad» expresaba la preocupación por conflictos que implicaban una probabilidad sustancial de violencia por el control de recursos por parte de las potencias, por ejemplo, del petróleo, el agua, el oro, el litio, el cobre, el estaño, entre otros.

La protección de recursos como el agua, el control de deterioros en el medio ambiente, los efectos ambientales de la construcción de infraestructura, la producción de alimentos, la polución, y así como los daños del accionar privado en el medio ambiente, pasaron a ocupar un aspecto central de las misiones militares.

En ese contexto, los oficiales son nuevamente salvadores de la patria. Las estrategias “verdes” del activismo militar en busca de proteger especies, recursos naturales y fronteras, atenta contra derechos adquiridos de la población, la propiedad privada y los proyectos de desarrollo. El inversor, en muchos casos extranjero, es catalogado como enemigo de la nación. Los militares revalorizan su función de salvaguardar los intereses nacionales por medio de prácticas de control coercitivas sin recurrir a principios democráticos.

c) Infraestructura.- Los militares han tenido tradicionalmente el manejo de recursos extraordinarios. Muchos de ellos no eran para aventajar la operatoria militar, sino para dejar contento a un estamento que conserva altas cuotas de poder. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, llevó a cabo una investigación por pagos duplicados a militares que ocupaban al mismo tiempo cargos en su institución y en el gobierno federal.

Han despertado inquietud y críticas los proyectos de infraestructura de López Obrador. El nuevo aeropuerto que se está construyendo en las afueras de la Ciudad de México, Santa Lucía, está bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que es una agencia del ejército y la fuerza aérea, y quedó bajo control militar. También se ocuparán del aeropuerto de Tulum. Lo mismo ha sucedido con un tren de alta velocidad en la península de Yucatán, el Tren Maya. A ello se agrega la construcción de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar también encomendadas al Ejército, al igual que la edificación de cuarteles para la Guardia Nacional. Asimismo, el presidente aumentó el gasto militar.

El conjunto de países de la región mostró un significativo aumento de la seguridad privada. Las Compañías Militares y de Seguridad Privada (CMSP), son brazos armados para combatir a la economía ilegal, la criminalidad común y organizada. Muchos de sus miembros pertenecen a fuerzas de defensa o de seguridad, sin una supervisión estatal de su trayectoria pasada ni su apego a las normas democráticas.

Sumado a la histórica participación de muchas fuerzas armadas en la economía nacional, en áreas que no tienen ninguna vinculación con las tareas militares, los oficiales juntan recursos que no pasan por la asignación del congreso. Eso los provee de autonomía y poder de negociación.

Reflexiones finales

Una triste constatación de estos argumentos es que una parte importante de la sociedad apoya y celebra la intromisión militar para restaurar el orden público. La demanda por terminar con los ciclos de golpes militares y abrazar la democracia está retrocediendo. Ante la violencia y la ineficacia policial, muchos ciudadanos ven con beneplácito que se conculquen sus derechos en búsqueda de una mayor seguridad.  La tercera ola de democratización iniciada en Ecuador en 1979 significó el desmoronamiento de las dictaduras militares, mientras que los resultados socioeconómicos tendían a ser adversos en la mayor parte de la región. El giro a la izquierda de varias naciones no produjo progreso ni estabilidad democrática.

La democracia no es un valor primordial. La sociedad -tal vez manipulada por los discursos políticos y de los medios de comunicación- prioriza la seguridad, resignando derechos. Las ejecuciones extrajudiciales a manos de militares en sus operaciones provocan la letalidad de campesinos, activistas de derechos humanos u opositores políticos. Los militares prefieren ser palancas de los gobiernos y no repetir las experiencias negativas de conducir el Estado.

Ante ello, se multiplicaron las reacciones populares, vinculadas a problemas de gestión estatal y no al accionar militar. Estudiantes universitarios que ocupan las calles exigiendo una educación accesible, grupos feministas; ambientalistas; comunidades campesinas; activistas de derechos humanos; reclamos salariales; partidos políticos marginados, son un conjunto de habitantes que cuestionan el estilo de las democracias imperantes. Son certidumbres legítimas ante la desesperanza democrática. La preocupación por una mayor injerencia de las fuerzas armadas queda desplazada por estas urgencias de vida. Si las transiciones lograron apartar a los militares del poder directo, no alcanzaron a instalar ciertas prácticas políticas que son el fundamento de la democracia. La tradición histórica de nuestros países reclama que no se abandone el principio esencial de la subordinación y neutralidad de los militares.

 

La importancia del Core Curriculum

Me gustaría empezar con unas consideraciones generales sobre la ética y la educación del carácter en las universidades, ya que creo que están conectadas entre sí. ¿Cuál es la conexión entre la educación del carácter y la educación moral? La respuesta es bastante sencilla; el carácter es la moralidad en acción, por lo tanto, podemos aprender una ética profesional y aplicar esos principios morales en la práctica. Se trata de aprender a razonar de forma ética. La teoría ética siempre necesita ir de la mano de la práctica. Otra cuestión es cómo conseguirlo.

Quisiera mencionar, a este respecto, el libro de Kiss y Euben, Debating Moral Education. Rethinking the role of the Modern University (Debatiendo la educación moral. El replanteamiento del papel de la universidad moderna). Se trata de una recopilación de ensayos de diferentes seminarios en la Universidad de Carolina del Norte, que ofrecen posturas opuestas o incluso competitivas sobre el papel de la educación ética en una universidad moderna, laica o religiosa.

La ciencia ya no se entiende como una actividad libre de valores. Somos conscientes de que hay implicaciones éticas en lo que hacemos siempre que se trate de una actividad humana, como es la ciencia

En la introducción explican por qué en la actualidad se ha producido una recuperación de la ética en las universidades. La respuesta es variada. La primera razón es que la ciencia ya no se entiende como una actividad libre de valores. Somos conscientes de que hay implicaciones éticas en lo que hacemos siempre que se trate de una actividad humana, como es la ciencia.

La segunda es que la mayoría de las universidades, a lo largo del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, han proclamado estar preparando a sus estudiantes para ser ciudadanos democráticos. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en los últimos cuarenta años la respuesta a la pregunta sobre qué significa la democracia ha variado mucho; de forma que si estamos preparando a los estudiantes para la democracia, debemos preguntarnos qué significa eso realmente.

La tercera razón es que hoy en día se reconoce la importancia que tienen la capacidad afectiva, volitiva y conductual casi tanto como las capacidades cognitivas en el ámbito profesional. No basta con ser un buen ingeniero; es importante saber trabajar en equipo, escuchar, etc. También existen programas importantes en la dimensión ética, como puede ser aprender a tener una vocación de servicio.

EVITAR EL ADOCTRINAMIENTO

En este sentido, cada vez somos todos más conscientes de las dimensiones performativas que tiene la enseñanza. Y la principal de todas es que los profesores, aunque sea de forma inconsciente, somos modelos a imitar para nuestros alumnos. De ahí la importancia de que encontremos un punto neutral entre adoctrinamiento moral y la neutralidad de valor. Esta última no es real, ya que las universidades siempre tienen un objetivo, un propósito personal, por lo tanto ni en las instituciones ni en la docencia puede existir neutralidad. El riesgo estriba, cuando hablamos de educación ética o educación del carácter, en entrar en el mundo del adoctrinamiento, que no respeta la libertad, lo cual no es ético.

Hay una razón más de la recuperación de la ética en las universidades. Tal y como señala Edward Brooks, la religión y la espiritualidad se entienden como una parte de la educación moral, o por lo menos como algo que es importante para los estudiantes, y debemos tenerlo en cuenta ya que la mayoría de las tradiciones religiosas tienen unos principios o contenidos morales, y la mayoría de los estudiantes provienen de estas tradiciones.

Además, se puede decir que hay un currículo oculto, que se puede observar o estudiar en las regulaciones del campus, en las decisiones y en las normas que constituyen y contribuyen al desarrollo del estudiante para lo bueno… o para lo malo. Dos ejemplos muy conocidos sobre esto son los debates sobre la libertad de expresión o sobre los espacios seguros en los campus de EE.UU.

Por todas estas razones, Kiss y Euben concluyen en su libro –y yo estoy de acuerdo–, que la clave de la cuestión no es si las universidades deberían introducir la educación de la moral, sino cómo hacerlo. Cuanto más reflexionemos sobre esta cuestión, mejor respuesta podremos dar a este aspecto de la vida universitaria.

El objetivo del plan de estudios básico es ayudar a los estudiantes a alcanzar la madurez intelectual a través del estudio y la reflexión sobre cuestiones de la humanidad

¿Por qué un currículo base? Soy el director del Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra desde hace diez años. Voy a dar unas pinceladas sobre cómo lo hemos desarrollado y lo que estamos haciendo. El objetivo del plan de estudios básico es ayudar a los estudiantes a alcanzar la madurez intelectual a través del estudio y la reflexión sobre cuestiones de la humanidad; adquirir una interpretación global de la realidad por sí mismos; desarrollar su capacidad de juzgar así como su libertad intelectual; cultivar su sensibilidad moral y estética, a través del arte, la literatura y la intelectualidad; y descubrir la verdad, el bien y la belleza tanto en el mundo como en la persona humana.

Debo hacer una aclaración: los conceptos de educación liberal, educación en artes liberales y un programa base –como el core curriculum– tienen diferentes significados. Con el programa de las artes liberales –que también incluye a las ciencias– hacemos referencia a un programa de grado completo (3 o 4 años) en las artes liberales en general, en vez de algo concreto como economía o filosofía. Cuando hablamos sobre un currículo base, lo más común es que existe un programa de grado profesional (grado en dirección y administración de empresas, ingeniería, filosofía, etc.), en el cual, en un espacio de tiempo de medio año, un año o incluso dos, hay asignaturas comunes a todos los alumnos independientemente de su especialización. Este currículo está basado en las humanidades, pero también en ciencias.

Y ¿qué entendemos entonces por una educación liberal? Mi postura es que no hay una única definición. Yo propongo dos. En la primera, que tiene un tinte más filosófico y teórico, la educación liberal es un tipo de educación en la cual el conocimiento es valioso no solo como algo instrumental, sino como algo valioso en sí mismo. La segunda definición es mucho más práctica: la educación liberal es un tipo de educación que ofrece no solo formación profesional, sino también una educación de la persona integral; incluye una formación intelectual y moral. Esta formación moral es algo de lo que nos hemos ido concienciando más en los últimos años.

APRENDIZAJE PARA LA VIDA

¿Por qué necesitamos un programa troncal, por qué es tan fundamental? En primer lugar, porque a través de este tipo de programa ayudamos a los estudiantes a introducirse en una tradición cultural e intelectual, que yo considero que es el objetivo de la educación. En segundo lugar –y esto también es una respuesta a una crítica que se hace comúnmente–, con un programa troncal no solo estamos dando información, sino que estamos intentando crear un contexto de aprendizaje para toda la vida. Tengo compañeros que no están de acuerdo con esto, que insisten en que si uno está enseñando y al mismo tiempo debe ayudar a los estudiantes a aprender sobre la vida, está entrado en un sistema de aprendizaje como coaching o mentoring. Yo ahí no estoy de acuerdo.

Otra crítica que solemos escuchar es: pero en un año máximo, con seis clases, una de filosofía, de arte, de ciencias, etc. realmente estas son introducciones, ¿no? Pues en cierto modo sí, nuestro objetivo no es especializarnos en ninguna de estas disciplinas, pero un buen programa troncal no debería ser una introducción. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos docentes excelentes y experimentados. Estas clases se les suelen encargar a los profesores primerizos, no a los titulares o catedráticos, y esto es un error de concepto. Pero por desgracia esta es la realidad de muchas universidades. Necesitamos a personas que tengan experiencia, que conozcan la ciencia y que sean capaces de ir directamente a aquellas cuestiones relevantes del tema a tratar y ayudar a los estudiantes a verlas. Por supuesto no vamos a abarcarlo absolutamente todo, pero la cuestión es introducirlo, abrir la vía de la conversación para que, poco a poco, el alumno pueda entenderlo por sí solo.

Y finalmente otra razón: en el programa troncal recurrimos al método socrático, que nos gusta tanto y que desde mi punto de vista es el que necesitamos. No diré más sobre esto, simplemente que hay diferentes formas de entenderlo y vale la pena investigarlas y debatirlas.

ITINERARIO INTERFACULTATIVO

Una forma de hacer el Core Curriculum es con el Programa de los Grandes Libros de la Universidad de Navarra. Se trata de un itinerario interfacultativo que permite cursar los 18 créditos de las asignaturas del Core Curriculum con alumnos de otras facultades y con una metodología basada en la discusión y coloquio a partir de la lectura de grandes obras del pensamiento, la literatura y la historia. Definimos la educación basada en los grandes libros como «un enfoque dialógico centrado en importantes textos literarios y filosóficos». Los estudiantes aprenden a redactar y exponer ensayos argumentativos. Por la experiencia de otras universidades, se trata de un modo muy apropiado de alcanzar los objetivos del Core Curriculum.

Lleva activo siete años, desde el 2014, y a pesar de su novedad está bien establecido. Cualquier alumno de cualquier facultad de la universidad puede acceder a él. Contamos con 700 alumnos matriculados y cualquier escuela o estudiante puede utilizarlo. Son cuatro seminarios a lo largo de cuatro trimestres y versa sobre grandes libros, textos fundamentales. Tuvimos la suerte de encontrar, aprender y colaborar con La asociación de textos y cursos fundamentales. Digo esto porque cuando se empieza con un programa de este tipo es fundamental asociarse con instituciones que estén trabajando en el mismo ámbito.

El programa en nuestra universidad tiene un carácter optativo –en otras universidades, como Columbia, es obligatorio–. Considero que, en el contexto español, de una tradición educativa napoleónica, el hecho de que sea voluntario es la elección acertada, de otra forma no estoy tan convencido de que funcionase, por lo menos en el momento en el que nos encontramos.

Los que conocemos la historia de la universidad sabemos que existen cuatro tradiciones de educación superior: la británica, la germánica, la francesa –o napoleónica– y la norteamericana (combinación de la germánica y la británica). España, Italia, Portugal y Latinoamérica se enmarcan en la tradición napoleónica, que toma su nombre del histórico personaje que diseñó este tipo de educación. ¿Cuál es su rasgo principal? Las universidades son creadas para la práctica profesional; en sus inicios se instruía a aquellas personas que iban a trabajar como funcionarios del Estado.

Es cierto que cuando los estudiantes llegan a la universidad no están acostumbrados a estos cursos-seminario en donde hay debates y tienen que escribir artículos; es un reto, pero al mismo tiempo es una oportunidad porque se aprenden cosas muy importantes.

Si alguien me preguntase cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes, yo diría que enseñándoles el arte de la lectura reflexiva

¿Qué resultados hemos encontrado a lo largo de siete años? En primer lugar, hemos enseñado a los estudiantes a leer de forma reflexiva, a generar argumentos escritos y orales, a dialogar en una clase, y, por último, hemos generado una red que ofrece apoyo institucional, Quisiera mencionar aquí The Association for Core Text and Courses (ACTC) y también European Liberal Arts Initiative (ELAI). Somos un grupo de profesores que organizamos una conferencia cada dos años en Europa sobre este tema: educación y lecturas de vida. Por ahora hemos podido llevar a cabo tres: la primera fue en la institución de la profesora Emma Cohen de Lara (el Amsterdam University College), la segunda en Winchester, la tercera en Pamplona y espero que para la cuarta podamos volver a Holanda. Esto es prueba de que este tipo de proyectos, en Europa, se pueden hacer ya que hay un interés real en ellos.

En resumen: tener un programa troncal, dentro de la tradición francesa educativa, es posible e incluso yo diría que es necesario. Si alguien me preguntase cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes, yo diría que enseñándoles el arte de la lectura reflexiva.

ERRORES DEL PLANTEAMIENTO LIBERAL Y PATERNALISTA

Cuando nos centramos en la educación moral nos encontramos con el problema que he mencionado antes. ¿Estamos hablando de adoctrinamiento? David Carr nos ofrece una respuesta a esta cuestión en el ámbito de la educación secundaria, aunque también podríamos aplicarlo a la educación superior. Dice: «Hay dos formas de plantearnos una educación moral, como profesores o como instituciones. Una es el planteamiento liberal en el sentido norteamericano, ser neutrales, cada cual piensa lo que quiere, no hay un canon. La otra es la paternalista, yo sé lo que es correcto, eres mi estudiante, prepárate a aprender qué es lo que hay que hacer en la vida».

Pero ambos son erróneos. ¿Por qué? Carr lo explica indicando que, en ambos casos, el profesor deja de lado algo en lo que él tiene cierta responsabilidad. No puede ser neutral en el aspecto moral, pero tampoco puede transmitir los valores de una institución y, en caso de que ésta no los tenga, transmitir los suyos propios. Si ninguna de estas opciones es correcta, ¿cuál es? Un profesor, como ser humano, tiene ideas. Yo, como profesor de ética, tengo mis opiniones que puedo argumentar, pero ¿de qué manera debo exponerlas? No de forma didáctica de arriba abajo, sino más bien socrática, a través de una diálogo con los estudiantes. A fin de cuentas, como dice David Carr: «¿qué van a aprender los estudiantes sobre una posición moral de alguien que dice que en el aula no tiene ninguna?»

Por último, si estamos pensando en cómo ayudar a los estudiantes, cómo ofrecer una educación ética, una educación del carácter, no podemos quedarnos en un lado o en otro de lo que recibe el estudiante en la universidad. Debemos trabajar juntos para combinar todos los niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que partir de la base de que las virtudes no se pueden enseñar como tales, pero los profesores y otros estudiantes, pueden ser las matronas, pueden crear las condiciones necesarias para ello.

CONSTRUIR UNA COMUNIDAD

Y para eso hace falta una comunidad, en la que los principios éticos se puedan poner en práctica, no solo para lo que se espera una vez que se salga de la institución al graduarse. La universidad también es una comunidad de personas. Ya solo con asistir juntos a clase estamos conviviendo y por tanto podemos poner en práctica principios éticos y aprender de la práctica de distintos modelos, ejemplos y situaciones.

Y esa comunidad se puede construir a través de cuatro niveles de educación: el más básico, en el que se transmite contenido profesional y técnico, como la ingeniería, la filosofía, etc.; un segundo, el programa troncal, que son clases dirigidas a esta educación humanista y liberal; el tercero, son las actividades extraescolares: no ofrecen créditos, suelen ser gratuitas y son esenciales para ayudar a crear un sentido de grupo; y por último, a través de los mentores.

Presencia de Colombia en el mundo del libro de España

Darío Jaramillo Agudelo es poeta, ensayista y novelista colombiano.

AVANCE

Pasa revista el autor a los narradores, ensayistas, poetas y editores que han escrito, vivido o sido premiados en España, a lo largo del siglo XX y comienzos del actual, con el premio Nobel Gabriel García Márquez, como eje y referencia ineludible. Un recorrido que comienza y concluye con la Feria del Libro de Madrid.

ARTÍCULO

Hace poco menos de treinta años comencé a recorrer las más notorias ferias del libro en lengua castellana por razón de mi trabajo vinculado a redes de bibliotecas. Durante una época, cada año vine a Madrid a fines de mayo y, desde entonces, estoy convencido de que, entre todas las ferias del libro, la de Madrid es mi absoluta preferida. Repaso los motivos y comienzo por los cuantitativos: estamos ante la vitrina con más títulos en el idioma, la mayor exhibición anual de libros en castellano. Alguna vez la Biblioteca Luis Ángel Arango hizo un muestreo de la cantidad de libros españoles que llegaban a Colombia por los canales comerciales: representaba el 15% del total de los títulos impresos en España. De modo que esta Feria, la que más diversidad reúne, es el medio ideal para la búsqueda de materiales editoriales.

Hace un cuarto de siglo, cuando la Editorial Pre-Textos comenzó a publicar mis libros, además de mi tarea como comprador, comencé a vivir la Feria como autor. Y desde hace varias ferias es un ritual para mí estar un rato en la caseta de la editorial en compañía del poeta Mariano Peyrou, ambos en plan de firmar nuestros libros a quien quisiera. Para un poeta, este rito anual es una ceremonia de humildad, recomendable para no olvidar nunca el lugar que ocupa la poesía en el escenario de la mercadotecnia literaria.

Más allá y más acá de mis visitas de trabajo al Madrid de Feria y de mis siempre divertidas e ineludiblemente realistas sesiones de firmas en la caseta de Pre-Textos, buena parte de la euforia que este evento me provocó desde siempre la debo a mi pasión por la lectura, a mi amor por los libros. Y es este afecto, que me roba más de la mitad de mis horas, el que convierte en una aventura cada recorrido de exploración que hago y que repito en mis varias visitas a cada feria. La Feria del libro de Madrid, pues, me ha regalado a mí, su devoto de años, mucha alegría, mucha euforia, mucho placer.

Por todo esto, se darán cuenta ustedes del gusto que me da estar en la apertura de esta feria en la que Colombia es país invitado, y la emoción que me da el hacer público mi largo afecto por esta Feria y repetir sin redundar, porque sea un tan bien ajustado territorio de encuentro entre los libreros de la ciudad, los editores, las instituciones, las regiones y los gremios que editan.

La edad dorada de la que hablaba Don Quijote

Desde 1967 la feria se hace en el Parque de El Retiro, uno de los lugares más gratos de la muy grata ciudad de Madrid. Imposible un lugar más hermoso que este parque. Dice Andrés Trapiello en su imprescindible libro titulado Madrid que El Retiro, el lugar favorito de Juan Ramón Jiménez y de Pío Baroja, es “único lugar de Madrid en el que todos se ponen de acuerdo. Si como la música pacifica a las fieras, el parque del Retiro mejora a los madrileños que van a él buscando, a menudo sin saberlo, lo mejor de sí mismos, la edad dorada de la que hablaba don Quijote.”

La Feria del libro de Madrid me ha regalado a mí, su devoto de años, mucha alegría, mucha euforia, mucho placer

Y por todas esas cosas, por las utilitarias y por las más sensuales, la Feria del libro de Madrid es mi favorita entre todas. Por las horas que me ha dado, entonces, agradezco a quienes me invitan a hablar en la apertura de la Feria de 2021 la posibilidad que me dan de manifestar mi viejo amor a este evento. Gracias a la Asociación de Librerías de Madrid, gracias a los distribuidores y editores de Madrid. Gracias por darme la oportunidad de agradecer. Y gracias por la invitación especial a mi país para esta Feria. Y es a la presencia de Colombia en el mundo de libro español a lo que me referiré en los siguientes minutos.

Hay ocasiones en que la prominencia de un personaje se destaca de manera tan evidente que, en lugar de seguir un orden cronológico, es preferible iniciar el cuento destacándolo. Gabriel García Márquez es, quién lo duda, el protagonista principalísimo de la literatura colombiana. Él es el único planeta y todos los demás meros satélites, si acaso, cuando no asteroides que, a lo mejor, poseen su propia órbita distante del sol macondiano que todo lo ilumina y engendra sus propias sombras pero que, con todo y eso, con lo insignificantes que se ven al lado del monstruo, tienen la modestia y la grandeza particulares de todo lo parroquial.

Primera edición de «Crónica de una muerte anunciada»

Retrocedo al 28 de abril de 1981. Ese día se lanzó en Madrid (y en simultánea con Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México) la primera edición de Crónica de una muerte anunciada, compuesta por un millón ciento cincuenta mil copias. Ese día se vendieron en España treinta y cinco mil ejemplares. Todavía faltaban tres años para que recibiera el Nobel pero ya don Gabriel era un fenómeno de súperventas.

García Márquez se vino a vivir a España cuando acababa de publicar Cien años de soledad, en 1967, y aquí duró hasta 1975. Como quien dice, fue en Barcelona en donde se convirtió en celebridad mundial. Pero, yéndose, era tal su importancia como escritor que, aunque ahora viviera en México, podía estar presente para siempre en este país. Y aún ya desaparecido, su omnipresencia lo convierte en el más aparecido de los desaparecidos: este año, en esta Feria, es novedad Gabo y Mercedes: una despedida, que publicó su hijo Rodrigo García. A esta novedad se refirió Patricia Lara: “está lleno de ternura, de distancia, de cercanía, de sinceridad y de amor, y se atreve a revelar los detalles más humanos del impacto de la enfermedad en Gabo, y se aproxima a su final con tal maestría que, con seguridad, él, quien siempre lamentó que su muerte fuera la única faceta de su vida sobre la cual no podría escribir, estaría orgulloso de la perfección con que la había narrado su hijo”. Y añade Patricia Lara: “Rodrigo no se detiene sólo en la enfermedad y en la muerte de sus padres sino que, a través de esas pocas páginas, los retrata, a Gabo con su disciplina de hierro, su capacidad de concentración, su sentido del humor, su interés por la música y por la gente (por toda la gente, desde los reyes y los presidentes hasta las cocineras y los choferes), y a Mercedes, con su complejidad y su dureza, acompañada de ternura a la vez”.

Siguiendo con mi tema, escritores colombianos en España, vale la pena contar en este punto que el ejemplo de García Márquez provocó la llegada de otros escritores colombianos, entre los que cuento a Albalucía Ángel, Óscar Collazos y R.H. Moreno-Durán quienes vivieron durante varios años en Barcelona. Y como Ricardo Cano Gaviria que desde 1970 continúa en estas tierras, adonde también llegó para quedarse Dasso Saldívar, el autor de Viaje a la semilla, la biografía de García Márquez que el mismo Gabo pudo leer y admirar.

García Márquez, pues, es la principal y cada vez más vigente presencia de los colombianos en el mundo del libro en España. Pero no fue la primera. Hay un caso al que se refirió el mismo Gabo, según lo cuenta su amigo Guillermo Angulo en una entrevista sobre su reciente libro acerca del dueño de Macondo. Dice que García Márquez “tenía una gran admiración por el éxito de Vargas Vila porque era el único colombiano que podía vivir de la venta de sus libros. Me dijo: ‘Yo creo que, como él, cuando yo me muera, se van a olvidar de mí. Y cómo él, yo voy a morir en Barcelona’. Se equivocó.”

En verdad, tal vez en lo único en que se parecen Gabo y Vargas Vila es que vendían mucho sus libros. Pero la prosa del modernismo, y muy particularmente la de José María Vargas Vila, suena hoy pomposa, demasiado oratoria, y por eso mismo hueca. A pesar de que se propone la música, si la tiene, es estridente. Para el gusto de hoy, la prosa de Vargas Vila confunde la ostentación con el lujo y el patetismo con la profundidad. Sin embargo, como el reconocimiento depende de la moda y la moda cambia, sostenido por su capacidad para denostar, a lo mejor le lleguen mejores tiempos a su prestigio de gran escritor. Lo que interesa aquí es que, así como García Márquez llegó a vivir a Barcelona en 1967 siendo ya un superventas, en 1918 José María Vargas Vila se instaló en Barcelona en la misma calidad de gran vendedor de sus libros, y viviendo de un contrato jugoso con la Editorial Sopena para publicar sus obras completas. Y allí vivió como una celebridad hasta su muerte, ocurrida en 1933.

El novelista Eduardo Caballero Calderón fue agregado en la embajada colombiana en Madrid entre 1946 y 1948. En 1950 publicó un libro de tema español Ancha es Castilla. En 1953 estuvo involucrado en un proyecto editorial en Madrid, la fundación de Ediciones Guadarrama. Y no fue el único emprendedor de aquel tiempo en el que interviniera un colombiano. El siguiente año, 1954, el filósofo Rafael Gutiérrez Girardot figura entre los cuatro cofundadores de Editorial Taurus.

El gran momento de Caballero Calderón en el mundo del libro español ocurrió en 1965 cuando su novela El buen salvaje obtuvo el Premio Nadal. A propósito, sin vivir nunca en España, dos años antes, en 1963, este prestigioso premio fue ganado por El día señalado de Manuel Mejía Vallejo.

En 1950 llegó a Salamanca un joven estudiante de filología que, al año siguiente, obtuvo un premio de poesía organizado por la Editorial José Janés (en el jurado estaban Dámaso Alonso y Eugenio D’Ors). El poeta era Eduardo Cote Lamus y el libro ganador se titula Salvación del recuerdo y fue publicado en 1953 por el editor barcelonés.

En 1951 llegó el poeta Eduardo Carranza como agregado cultural de la embajada. Estuvo hasta 1958, publicó Alhambra, un libro de poemas con prólogo de Dámaso Alonso, hizo amistad cercana con poetas españoles como Vicente Aleixandre, como Leopoldo Panero. Por la misma vía, nombramientos en la diplomacia, llegarían años después el poeta Juan Gustavo Cobo Borda y el crítico Conrado Zuluaga, otro biógrafo de García Márquez.

Premio Planeta póstumo

La lista de diplomáticos colombianos en España relacionados con el mundo del libro no se agota con estos nombres. Está también Jesús Zárate Moreno, fallecido en 1967, quien ganó con La cárcel nada menos que el premio Planeta en 1973, seis años después de muerto. Sus hijos habían mandado la novela al concurso y, a raíz de tan inesperado resultado, Planeta “decidió modificar las bases del certamen y así impedir que en el futuro ganara el premio la obra póstuma de algún escritor español o hispanoamericano”, según cuenta la Wikipedia.

El libro como objeto, todos ustedes lo conocen mejor que yo, comienza por el escritor de un texto, pero los que siguen son otros varios pasos hasta llegar al lector. Ya continuaré más adelante con los escritores colombianos presentes en el mundo bibliográfico español, pero creo que es el momento de recordar colombianos que han participado en forma destacada en diferentes fases de la producción bibliográfica.

En 1989 se inició la edición de poesía de Galaxia Gutenberg y en 1997 se formalizó una colección de poesía. Desde el inicio, esta colección fue dirigida por el poeta antioqueño Nicanor Vélez. Su trabajo allí incluye las obras desde Rubén Darío a poetas clásicos de nuestra lengua, como Borges, Neruda, Paz, Parra, Valente y Gil de Biedma; y poetas principales de la modernidad y, en Galaxia Gutenberg, Vélez incluyó la poesía reunida de Giovanni Quessep. La mano derecha de Nicanor Vélez, hasta su muerte en 2011, fue el poeta bogotano Juan Pablo Roa, residente en España desde los noventa, ganador del premio Vila de Martorell con su libro Existe algún lugar en donde nadie (2011). Posteriormente, Roa inició en Barcelona la librería y editorial Animal sospechoso.

Como dije, Ricardo Cano Gaviria llegó a España en los años setenta, y aquí sigue su trabajo de narrador y ensayista , dirigiendo junto con su mujer la editorial Igitur. En 1988 fue ganador del premio de novela Navarra. Allí, en esa editorial Igitur, el editor, corrector, maquetista ha sido durante años el también colombiano Juan José de Narváez.

No era propiamente una editora, pero la narradora bumanguesa Elisa Mújica dedicó buena parte del tiempo que vivió en Madrid entre 1952 y 1959 a preparar la edición completa, con sus notas y su prólogo, de las Reminiscencias de Santa Fé y Bogotá de José María Cordovez Moure, cuyas mil seiscientas páginas editó Aguilar en sus colecciones encuadernadas en piel, un hito en la bibliografía colombiana.

La tradición de editores notables continúa, hasta hoy, con nombres tan destacados como Santiago Tobón, fundador -y director actual- de la Editorial Sexto Piso en España. Y con el notable papel de Pilar Reyes, desde 2014 directora editorial de Alfaguara y Taurus en el grupo Penguin.

No se agota con estos personajes el elenco de colombianos que participan en la cadena del libro. Y la lista no estaría completa sin el nombre de un librero ya legendario, cofundador de la librería Central hace un cuarto de siglo, director de la misma desde entonces, don Antonio Ramírez.

A medida que avanzo cronológicamente, también crece la cantidad de colombianos vinculados al mundo del libro en España, hasta el punto de que mi problema ahora es evitar que este texto se convierta en una lista monótona y, de todos modos, incompleta. Así que, sin la intención de ser exhaustivo, adopto dos lazarillos que me permitan continuar mi recorrido con alguna coherencia y algo de novedad; ellos son los premios y distinciones obtenidos por colombianos y mi pasión por la poesía.

Hace exactamente cincuenta años, en septiembre de 1971, un jurado presidido por el premio Nobel Miguel Ángel Asturias le concedió el premio Manacor de novela a Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardeazábal.

Ya desde 1970 Barral Editores, como quien dice el mismísimo Carlos Barral en persona, fue el primero en imprimir un volumen con la poesía reunida de Álvaro Mutis. Y, sin vivir nunca en España, fue en este país en donde se publicaron sus novelas, una por una primero y reunidas después, en dos ocasiones, primero la Editorial Siruela en 1993 y luego Alfaguara en 1996. Pero sus reconocimientos más notables vinieron después: en 1997 el Premio Reina Sofía y el premio Príncipe de Asturias y, en 2001, el Premio Cervantes. Así, Álvaro Mutis viene a ser el escritor colombiano más premiado en España. Y su seguidilla de distinciones fue el desencadenante de la racha de premios a colombianos que vendría con el nuevo siglo.

Durante la primera época del Premio Biblioteca Breve, en los sesenta y setenta del siglo pasado, ningún colombiano lo ganó; quien llegó más lejos fue Manuel Zapata Olivella, finalista en 1962, año en que ganó La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Fue tan solo en su segunda época, ya en este siglo, cuando, por fin, un colombiano, Mario Mendoza, obtuvo el premio Biblioteca Breve en 2002. Ángela Becerra ganó en 2005 el Premio Azorín, en 2009 el premio Planeta-Casa de América y en 2019 el premio Fernando Lara. También ha ganado varios premios la poeta Piedad Bonnet: en 2016 el premio de Generación del 27 y, antes, en el 2011 el Premio Casa de América de poesía americana. Este mismo premio le fue otorgado en 2009 a Juan Manuel Roca y en 2003 a Ramón Cote Baráibar. Cote Baráibar también se ganó el premio Unicaja en 2009. Sin contar el día de hoy, cuando ha ganado varios premios la versión cinematográfica de El olvido que seremos, la crónica superventas de Héctor Abad. Hablando de crónicas, vale la pena mencionar la aceptación que han tenido en España los libros de Germán Castro Caicedo y, más recientemente, del muy singular Alberto Salcedo Ramos.

Elogio de Vargas Llosa

También el ensayo colombiano ha sido distinguido con premios. Carlos Granés obtuvo en 2011 el Premio Internacional de ensayo Isabel Polanco con El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales. El acta del jurado presidido por Fernando Savater describe este texto como “un recuento narrativo de las vanguardias occidentales del siglo XX, desde el futurismo hasta la posmodernidad con agilidad cinematográfica, profundidad y creatividad». Por añadidura, Mario Vargas Llosa le dedicó una nota muy elogiosa, merecidamente, en donde declara: “No creo que nadie haya trazado un fresco tan completo, animado y lúcido sobre todas las vanguardias artísticas del siglo XX como lo ha hecho Carlos Granés en el libro que acaba de aparecer: El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales (Taurus). Lo he leído con la felicidad y la excitación con que leo las mejores novelas”.

En 2006, Evelio José Rosero recibió el premio Tusquets de novela con Los ejércitos. Antes, en 1986, Rosero fue finalista en el Premio Herralde de novela con Juliana los mira. Y, en 2010, el mismo premio Herralde fue obtenido por Antonio Ungar con su novela Tres ataúdes blancos. En 2014 el manizalita Octavio Escobar Giraldo fue el ganador del premio de novela ciudad de Barbastro con Después y antes de Dios. Hace pocos meses, Escobar Giraldo también obtuvo el premio Internacional de Poesía Las Palmas de Gran Canaria con Manual de Hipocondría.

Actualmente, y desde hace varios años, el premio de novela más apreciado en nuestro idioma es el Alfaguara, que han obtenido cuatro colombianos: Laura Restrepo con Delirio en 2004, Juan Gabriel Vásquez con El ruido de las cosas al caer en 2011, Jorge Franco con El mundo de afuera en 2014 y Pilar Quintana este año. El efecto es que sus nombres quedaron desde entonces en el mercado librero del idioma, tanto en España como al sur del Río Grande. La ganadora de este año, Los abismos, es una excelente novela que se inscribe, con mucha originalidad, en el tema del adulterio. Pero no es una más en esa tradición donde las cumbres son Madame Bovary y Ana Karenina. En el caso de la novela de Pilar Quintana, la narradora es una niña, la hija, sin la edad suficiente para entender las pasiones de la carne, pero con la lucidez necesaria para intuir el dolor y las situaciones límite, como lo manifiesta en las relaciones con su muñeca, muñeca que, según la niña, termina quitándose la vida.

Aún sin ganar premios, en los últimos años ha circulado en España narrativa de otros autores colombianos, como Ricardo Silva, Yolanda Reyes, Juan Esteban Constaín, Juan Cárdenas, Tomás González, Luis Noriega, William Ospina, Adriana Hoyos, Santiago Gamboa, Pablo Montoya, Sergio Álvarez, Daniel Ferreira, Consuelo Triviño, Samuel Serrano, Sara Jaramillo Klinkert y Lorena Salazar.

Aparte del reconocimiento universal que obtuvo la novela María de Jorge Isaacs casi inmediatamente después de su publicación en 1867, y al que no fueron ajenos los españoles, que yo sepa, las primeras menciones a poetas colombianos en España, proceden de Marcelino Menéndez y Pelayo y de Juan Valera.

El acta del jurado presidido por Savater describe «El puño invisible» como «un recuento narrativo de las vanguardias occidentales del siglo XX, desde el futurismo hasta la posmodernidad con agilidad cinematográfica, profundidad y creatividad» 

En 1902 se publicó en Madrid por Jubera Hermanos Editores el Tesoro poético del siglo XIX del sacerdote jesuita Vicente Gómez-Bravo. Es una antología y en ella figuran tres poetas colombianos, José Eusebio Caro, Julio Arboleda y Gregorio Gutiérrez González.

Enseguida sigue recordar que doce años después de su muerte, la casa Maucci de Barcelona imprimió en 1908 el primer libro que se publicó de José Asunción Silva con un precioso prólogo de don Miguel de Unamuno.

La misma Casa Editorial Maucci publicó en 1914 un Parnaso colombiano, 67 poetas seleccionados por Francisco Caro Grau, que tuvo varias ediciones. También en 1914 Eduardo de Ory publicó en Cádiz otro Parnaso Colombiano con 87 poetas y un prólogo de Antonio Gómez Restrepo. La siguiente ocasión en que se editó en España una antología de poemas colombianos fue en 1957, cuando la Biblioteca Nueva de Madrid publicó el tomo correspondiente a Colombia de la Antología de poesía hispanoamericana.

Más poetas ganadores de premios

Volviendo a nuestro tiempo, aparte de los ya mencionados, todavía hay más poetas ganadores de premios de poesía. En 2009, John Galán Casanova ganó el premio Villa de Cox con Árbol talado. En 2014 el premio Loewe a la creación joven fue para Contratono de María Gómez Lara. La poeta antioqueña Marcela Duque fue galardonada con el premio Adonais de poesía en 2018 por Bello es el riesgo. Y el premio Arcipreste de Hita fue obtenido por el barranquillero Carlo Acevedo en 2018 conFortuna del día y por Amalia Moreno en 2020 con su libro Tal vez hoy sobre mañana. Y, como para celebrar en esta Feria, el poeta pereirano Sebastián Martínez Vanegas acaba de obtener hace diez días el premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España.

Como ocurre con los narradores, también algunos poetas colombianos han merecido la atención de los editores y lectores españoles. La editorial riojana Fulgencio Pimentel publicó volúmenes con los poemas de Luis Carlos López y de Jaime Jaramillo Escobar. Visor, por su parte, editó volúmenes de Luis Vidales y de Aurelio Arturo. Valparaíso tiene en su catálogo libros de Juan Felipe Robledo y Federico Díaz-Granados. Y la editorial que tengo más cerca, la formidable Editorial Pre-Textos, no sólo se ha ocupado de publicar poetas tan reconocidos como León de Greiff, Raúl Gómez Jattin, Jaime Jaramillo Escobar, Juan Manuel Roca y Rómulo Bustos, sino que, además, ha publicado a algunos de los premios que he mencionado y a poetas actuales tan valiosos como Catalina González, María Gómez Lara, Wilson Pérez Uribe, Amalia Moreno y David Marín Hincapié.

Caja de sorpresas, documento, máquina del tiempo, compañero, compañía, juguete silencioso, gabinete de curiosidades, herramienta, guardador de secretos, arrullo, depósito de imágenes, fuente, contador de historias, ¿de cuántas maneras puede llamarse ese objeto – sencillo y misterioso a la vez-, fetiche que nos convoca aquí, en su feria, la Feria del Libro? En un precioso ensayo, Umberto Eco lo llamó memoria vegetal; allí dice que “ante el libro, buscamos a una persona, una manera individual de ver las cosas. No intentamos sólo descifrar, sino que intentamos interpretar también un pensamiento, una intención. Al ir a buscar una intención, se interroga un texto, del que pueden darse incluso lecturas distintas. La lectura se convierte en un diálogo, pero un dialogo -y esa es la paradoja del libro- con alguien que no está delante de nosotros”. “Naturalmente -dice más adelante Eco-, los libros pueden inducirnos a recordar también muchas mentiras, pero tienen la virtud, al menos, de contradecirse entre ellos y nos enseñan a valorar críticamente las informaciones que nos ofrecen. Leer ayuda también a no creer en los libros”.

Subraya Eco que el libro, “la memoria vegetal tiene todos los defectos de la democracia, un régimen que, para permitir que todos hablen, es necesario dejar hablar también a los insensatos, e incluso a los sinvergüenzas (…). Y sin embargo, hay que conseguir establecer relaciones de amor con los libros de nuestra vida. Si uno lo consigue, eso quiere decir que se trata de libros que se prestan a una amplia interrogación, hasta tal punto que cada relectura nos revela algo distinto. Se trata de una relación de amor porque justo en el estado de enamoramiento los enamorados descubren, con alegría, que cada vez es como si fuera la primera”.