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Tatiana Revilla es coordinadora del Programa de Género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey (México).


AVANCE

¿Se puede hablar de una agenda feminista regional común? En este artículo la autora trata de identificar aquellos temas, como las políticas económicas feministas o políticas públicas del cuidado, que han sido integrados en las agendas públicas nacionales derivados de movimientos feministas y que han generado miradas internacionales como referentes de políticas públicas en América Latina y el Caribe.


ARTÍCULO

Desde hace algunas décadas el feminismo latinoamericano viene desarrollando un pensamiento crítico y una política que intente tomar en cuenta las desigualdades de raza y clase en que vive un porcentaje importante de las mujeres de la región. 

Yuderkys Espinosa Miñoso [1]

¿Se puede hablar de una agenda feminista regional común? ¿Qué políticas públicas para la igualdad compartimos en las agendas? ¿Cuáles estaremos diseñando en el futuro como región?

Los temas objeto de este texto no pretenden de ninguna manera representar la totalidad de las agendas feministas de todos los países de la región. En primer lugar, porque el objetivo no es una reflexión de la pluralidad y multiculturalidad de los feminismos y sus pensamientos críticos; y, en segundo, porque escribo desde una posición de conocimiento limitada a la gran diversidad de movimientos y reivindicaciones feministas que tienen lugar actualmente a nivel local en cada uno de los países de América Latina y el Caribe y, por ningún motivo pretendo invisibilizar.

El objetivo de este artículo es identificar aquellos temas que han sido integrados en las agendas públicas nacionales derivados de movimientos feministas y que han generado miradas internacionales como referentes de políticas públicas en la región de América Latina y el Caribe.

Justo ahora, en el resurgimiento de los movimientos feministas en todo el mundo, algunas académicas, entre ellas Judith Butler[2] han hablado de la reacción de los gobiernos (liberales o autoritarios) frente a su avance y movilización, incluyendo otras agendas como la diversidad sexual. Las ideas hegemónicas patriarcales están siendo amenazadas, y esto ha generado discursos en contra, además de manifestaciones violentas materializadas en contra de estos grupos por parte del Estado. El poder histórico de quienes se han privilegiado de él de repente observa algunas grietas y esto ha generado consecuencias. Consecuencias que observamos, por ejemplo, en las protestas más recientes del 8 de marzo del 2021, en las que feministas de toda Latinoamérica salieron a las calles: México, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, y Perú, todos con distintas consignas, pero con agendas comunes.

Los discursos en contra de los movimientos feministas no solo ocupan un lugar simbólico, sino que se ven reflejados en la obstrucción de las demandas y en los problemas estructurales de desigualdad, además, inciden en el diseño e implementación de políticas públicas y por supuesto, en el avance de los derechos humanos de las mujeres.

Chile, Costa Rica y El Salvador han generado esfuerzos importantes en la integración de instituciones relacionadas con el cuidado de las personas (infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores) estableciendo sistemas y subsistemas

Los temas regionales que la mayoría de los países latinoamericanos han posicionado en sus agendas públicas como prioridades son: (1) Legalización de la interrupción legal del embarazo (ILE); (2) Políticas económicas feministas; (3) Violencia de género y feminicidios; y (4) Políticas públicas de cambio climático y género.

Marea verde en América Latina

Un tema que ha unido a los feminismos latinoamericanos es el acceso a la interrupción legal del embarazo. Durante el mes de febrero del presente año, Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, convirtiéndose con esto, en un referente latinoamericano en la extensión de las semanas para acceder a este derecho.

En el año 2020, Argentina fue el foco de las miradas de América Latina. Después de ocho veces de haber sometido a votación el acceso al aborto, se legalizó la interrupción del embarazo garantizando así los derechos de reproductivos de las mujeres del país. Este hecho fue histórico debido a la amplitud de los criterios para garantizar el aborto, así como  la incorporación del concepto de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.

Los países latinoamericanos cuentan con distintos grados de acceso a la interrupción legal del embarazo. Están desde las legislaciones más restrictivas como se tiene identificado en Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana[3], en los cuales, bajo cualquier circunstancia, el aborto es un acto ilegal, incluyendo cuando la vida de la madre está en peligro o cuando es producto de violaciones. En un siguiente grupo, se encuentran aquellos países que establecen cierto tipo de causales para acceder a este derecho: cuando la vida o la salud de la madre este en peligro; cuando sea producto de alguna violación, estupro o incesto, y por inviabilidad del feto, encontrando en este grupo a Chile, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú, Costa Rica, Brasil, Bolivia y Ecuador y Panamá, según lo establecido en sus distintas legislaciones[4].

En un tercer grupo, se encuentran aquellos países que si bien, no es acceso totalmente libre, no dependen de las causales señaladas, únicamente de las semanas de gestación. En este grupo se encuentra Argentina, Colombia y México (Ciudad de México y Oaxaca sin una causal y otros Estados bajo ciertas causales en los códigos penales)[5].

Más allá de tener un panorama sobre las legislaciones en América Latina y el Caribe, no hay que perder de vista que 4.4 millones de mujeres abortan anualmente en América Latina y se estima que cerca de ocho mil mujeres pierden la vida al año por causas relacionadas con el embarazo y parto[6].

El acceso a la interrupción legal del embarazo es un problema en el que se intersecta el nivel socioeconómico. En todos los países, independientemente de la legislación, se practican abortos seguros aún en la ilegalidad. La diferencia es el acceso a esas condiciones seguras, y es aquí, donde radica la importancia del avance hacía garantizar este derecho para todas las mujeres y personas gestantes.

Políticas económicas feministas que reduzcan la división sexual de trabajo

Uno de los análisis comparados más importante sobre los regímenes de bienestar latinoamericanos, desde una perspectiva de género, lo realizó Martínez Franzoni (2007). En este texto, Martínez concluye que, aún con la heterogeneidad y las diferentes clasificaciones de los regímenes de bienestar de los países, comparten un rasgo en común: “A la luz de mercados laborales ineficientes y de políticas públicas débiles o inexistentes, el ámbito doméstico y el trabajo femenino en particular, desempeña un papel central sin el cual no es posible dar cuenta de la asignación de los recursos que tiene lugar en la región” (Martínez, 2007, P.13). Su tesis principal es que el género y la división sexual de trabajos de cuidado han estado ausentes en los arreglos sociales que dan lugar a los regímenes de bienestar, y desde esa premisa, quizás hoy, es la mayor demanda de política social feminista: políticas y sistemas universales de cuidado. Esto, sumado a la necesidad de políticas de recuperación económica debido a la crisis COVID-19.

En este tema, Argentina y Uruguay han servido de ejemplo en el diseño e implementación de políticas públicas. En el caso de Uruguay, como referente en la implementación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y Argentina, por su plan de recuperación económica feminista. Respecto Chile, Costa Rica y El Salvador han generado esfuerzos importantes en la integración de instituciones relacionadas con el cuidado de las personas (infancia, personas con discapacidad y personas adultas mayores) estableciendo sistemas y subsistemas, así como coordinaciones para solventar la falta de un sistema universal de cuidados[7].

El gran acierto de Uruguay, además de posicionar el tema coma una prioridad en la agenda pública feminista, es la creación de organismos especializados para este objetivo. De acuerdo con CEPAL (2017), este sistema es coordinado por la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social y forma parte del sistema de protección social del país. En este sistema, participan todos los ministerios y organismos relacionados, además de representación de la organización civil, academia, sector privado y trabajadores y trabajadoras.

El Sistema incluye prestaciones de cuidado dentro y fuera del hogar para las distintas poblaciones. En el caso del cuidado de infancias, incluye licencias de maternidad, paternidad y parentales; casas comunitarias de cuidado infantil y becas para inclusión educativa para la asistencia a centros privados de cuidado infantil para familias en situación de vulnerabilidad y/o exclusión. Las personas en situación de dependencia pueden acceder a cuidados domiciliarios mediante un subsidio para la contratación de asistentes personales, teleasistencia, centros diurnos y residencias de larga estadía. También se contempla un subsidio cuando estos servicios se prestan en centros privados. Además, se ha implementado un programa de formación para las personas cuidadoras[8].

Comparar países y regiones en el tema de violencia contra las mujeres y feminicidios es complejo. Aun cuando Naciones Unidas ha generado metodologías para aproximarnos a un panorama general, no contamos hoy en día con datos homologados a nivel mundial

Otro ejemplo que ha marcado la región es Argentina. Fue señalada por Naciones Unidas como referente latinoamericano en el diseño de una política de recuperación económica nacional feminista, a través del fortalecimiento de la arquitectura institucional de género en los Ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Salud y Trabajo. Además, se diseño una Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía, única en su tipo a nivel mundial.

Durante la pandemia y con el objetivo de mitigar el impacto del paro de actividades, esta Dirección implementó un paquete integral de políticas públicas sociales que implicó que el presupuesto nacional del año 2021 comprometiera 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) para abordar las brechas de género en la educación, atención médica y afectaciones en el mercado laboral para las mujeres. Además, un paquete de incentivos fiscales para empresas de tecnologías que contrataran mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Otra de las medidas fueron transferencias monetarias a las trabajadoras domésticas, amas de casa y mujeres víctimas de violencia. De las 42 medidas registradas por el Programa El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la herramienta Global Gender Response Tracker, se identificaron un total de 26 sensibles al género que incluyeron protección social, abordaje al trabajo de cuidados no remunerado y violencia con el objetivo de reducir las tasas de pobreza y desigualdad aumentadas por la pandemia.[9]

Argentina no fue el único país en implementar políticas económicas para la recuperación de la emergencia, sin embargo, se toma como referente internacional por el número de medidas y presupuesto asignado, estableciendo una política de recuperación económica feminista, contrario a otros países que implementaron medidas en de forma aislada.

Políticas de prevención y atención a la violencia de género y feminicidios

Comparar países y regiones en el tema de violencia contra las mujeres y feminicidios es complejo. Aún cuando la Organización de Naciones Unidas ha generado metodologías para aproximarnos a un panorama general en cuanto a la prevalencia de violencia contra las mujeres, no contamos hoy en día con datos homologados a nivel mundial que nos permitan análisis comparados con desagregaciones detalladas, por ejemplo, por tipos de violencia.

En este punto encontramos el primer gran reto para Latinoamérica y sus países: generación de datos y estadística desagregada que integren no únicamente perspectiva de género, sino inclusión social y, además, que estos datos y variables estén homologadas nacionalmente.

Lograr lo anterior requiere esfuerzos coordinados nacionales y regionales difíciles de lograr, ya que atraviesa por elementos como la homologación normativa en cada país y, a su vez, en sus estados o provincias y municipalidades. Además, la homologación de los registros administrativos entre las instituciones que contribuyen a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

Además de los retos en generar evidencia para la toma de decisiones en relación con la violencia contra las mujeres, algo que comparten los países latinoamericanos con más incidencia de violencia y feminicidio son los contextos de violencia generalizada, crimen organizado y tráfico de armas. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014), dos de las características comunes de los países latinoamericanos con tazas más altas de asesinatos de mujeres, son su ocurrencia en el ámbito público con involucramiento de crimen organizado y altos índices de impunidad[10].

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe[11], tomando en cuenta los datos recibidos de 26 países durante el año 2020, las tasas más elevadas de feminicidio/femicidio[12] se registran en Honduras (4,7 por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,4 por cada 100.000 mujeres) y El Salvador (2,1 por cada 100.000 mujeres). En el año 2021 se registró una disminución particularmente en Honduras y El Salvador; otros siete países informaron una disminución en las tasas de feminicidio: Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. En cuanto La Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 2019, mientras que tres países (Ecuador, Costa Rica y Panamá) registraron un aumento en comparación con el año anterior; de ellos, Panamá declaró el incremento más significativo, de acuerdo con el Observatorio.[13]

Estas cifras nos brindan un panorama general; sin embargo, como ya se señaló, debemos tomar con reservas los datos debido a la complejidad que la clasificación de los feminicidios/femicidios presenta en cada país. Lo importante en este tema, es reflexionar sobre la violencia que prevalece. Como señala Rita Segato (2018, p.62), “En este nuevo escenario bélico mundial, las guerras de nuestro continente son de tipo no convencional y hacen del mismo espacio más violento del planeta en términos de guerras no libradas formalmente entre Estados, aunque en estas participen efectivos y corporaciones armadas estatales y no estatales”.

Perspectiva de género y cambio climático

Integrar la perspectiva de género y la inclusión social en las políticas de mitigación y adaptación de cambio climático contiene diversos temas e intersecciones que dependen del país y de la especificad de las zonas, del tipo de riesgos ante fenómenos naturales, si estamos ante acciones de mitigación o adaptación, y de los sectores a intervenir a través de la política pública y planes nacionales.

En estos planes nacionales de política pública, denominados Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en ingles) se establecen las acciones y responsabilidades de los países con relación a sus acciones de mitigación y adaptación de cambio climático.

En estas Contribuciones Nacionales Determinadas, de acuerdo con IUNC (2021)[14], el 100% de los correspondientes a América Latina y el Caribe incluyen la integración de la perspectiva de género, siendo la única región en el mundo con la totalidad de los países integrando esta perspectiva. También, señala a la región como aquella que incorpora a las mujeres como un grupo vulnerable en mayor porcentaje en comparación con las otras regiones.

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe, las tasas más elevadas de feminicidio/femicidio se registran en Honduras, República Dominicana y El Salvador

De acuerdo con el mismo reporte (2021, p. 15), América Latina y el Caribe integra a las mujeres como stakeholders (56%), actores vulnerables (44%), beneficiarias (39%) y agentes de cambio (33%). En cuanto a la integración de datos desagregados por sexo, asignación de presupuesto para acciones concretas relacionadas con género e indicadores desagregados por categorías sexo-genéricas, el reporte señala a Argentina y Costa Rica como los países que más elementos presentan; Colombia y Honduras con planes a integrarlos a mediano plazo; Paraguay con integración de datos desagregados, y todos los demás países sin presentar ningún elemento.

Integrar todas las variables señaladas no garantiza mayor igualdad y minimización del riesgo, pero sí marca la dirección y esfuerzos de los gobiernos. En la medida que las Contribuciones Nacionalmente Determinadas no integren todos los elementos que establece el Programa de Trabajo de Lima sobre Género (Lima Work Programme), estaremos ante el riesgo que siga siendo un tema secundario, en el que las mujeres y poblaciones vulnerables y/o en exclusión –quienes son las principales víctimas de los efectos del cambio climático– continúen al margen de las decisiones de política pública.

El futuro…

Los temas que los feminismos están posicionando en la agenda pública de América Latina y el Caribe son diversos, en ocasiones contrarios y en constante movimiento. También, mucho más adelantados a la maquinaria estatal y su capacidad de implementar política pública que responda a estás demandas.

Los temas de política pública plasmados aquí no pretenden simplificar las problemáticas latinoamericanas, ni mucho menos, dejar reivindicaciones fuera ni al margen. Las exigencias y movimientos feministas en Latinoamérica están en uno de los momentos más importantes de la historia, y será desde allí, desde las mujeres y sus cuerpos, sus vidas, teorizaciones, protestas, encuentros y desencuentros, que se irán dibujando y desdibujando aquellos temas futuros compartidos en la región.

[1] Espinosa M. Y. (2009). Etnocentrismo y colonialidad en los feminismos Latinoamericanos: Complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el espacio transnacional. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 14(33), 37-54. Disponible en http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000200003&lng=es&tlng=es.

[2] Butler, J. (9 de marzo de 2021). Feminism for our Times. [Discurso principal]. Conferencia en el Tecnológico de Monterrey, México.

[3] Kánter, C.I. 2021. Legislación en materia de aborto e interrupción legal del embarazo en países de América Latina. Instituto Belisario Domínguez, Ciudad de México, México.

[4] Ídem, p. 2

[5] GIRE. 2020. #SeráLegal: dónde está México en la lucha por la legalización del aborto. Disponible en https://gire.org.mx/blogs/seralegal-donde-esta-mexico-en-la-lucha-por-la-legalizacion-del-aborto/

[6] [6] Kánter, C.I. 2021. Legislación en materia de aborto e interrupción legal del embarazo en países de América Latina. Instituto Belisario Domínguez, Ciudad de México, México.

[7] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2018. Los cuidados en América Latina y el Caribe. Disponible en:  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44361/1/S1801102_es.pdf.

[8] Ídem.

[9] UN WOMEN. 2021. Beyond Covid-19: A Feminist Plan For Sustainability And Social Justice. Disponible enhttps://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Feminist-plan-for-sustainability-and-social-justice-en.pdf

[10] Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM.2014. Informe presentado a la Relatora de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33590.pdf

[11] CEPAL.2021. La pandemia en la sombra: femicidios o feminicidios ocurridos en 2020 en América Latina y el Caribe. Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/21-00793_folleto_la_pandemia_en_la_sombra_web.pdf

[12] La diferencia entre estos dos términos radica en que, cuando hablamos de feminicidio involura la inacción/impunidad del Estado. Es un término acuñado en México por Marcela Lagarde derivado de la negligencia del Estado en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. De acuerdo con CEPAL (2021), América Latina ha avanzdo en la tipificación del feminicidio o femicidio. Actualmente hay 17 países que han aprobado leyes o reformas a los códigos penales en esa dirección (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)

[13] CEPAL.2021. La pandemia en la sombra: femicidios o feminicidios ocurridos en 2020 en América Latina y el Caribe.Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/21-00793_folleto_la_pandemia_en_la_sombra_web.pdf, página 3.

[14] IUCN (2021). Gender and national climate planning: gender integration in the revised Nationally Determined Contributions. Gland, Switzerland: IUCN. Disponible en https://www.wocan.org/wp-content/uploads/iucn-egi_ndcs-gender-national-climate-planning-report.pdf

 

 

Coordinadora del Programa de Género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey (México).