Valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo, se remontó ayer al origen del sistema de pensiones (Alemania, 1883, con Otto von Bismarck y la Ley del Seguro de Enfermedad) para afirmar que las pensiones entonces resultaba relativamente fácil asegurarlas: eran pocos los que alcanzaban edades considerables y por lo tanto posible la financiación con una cotización baja. Aun así, en España, lo que suponía la Ley de Retiro Obrero quebró antes de la guerra civil y realmente no se puede decir que el sistema de pensiones funcionara hasta 1972, con la Ley de la Seguridad Social. El sistema moderno de pensiones en España, pues, apenas tiene medio siglo de vida. “Ha ido madurando” hasta suponer “un gasto de 11 puntos de nuestro PIB” y “casi el 50 por ciento del gasto social”; es “la pieza fundamental del estado de bienestar” y había que sostenerlo.
“La reforma de 2013 reduce el gasto sobre la base de la congelación; no actualiza las pensiones” (Valeriano Gómez)
Había que sostenerlo. Pero ¿con qué reformas? España, continuó Gómez, había venido consensuado bien las reformas, con diálogo, con participación de todos los agentes sociales, hasta la última de 2013. “No hubo juego: se decidió el resultado”. “Nos alineamos con Lituania y con Irlanda y somos, como ellos, los únicos que no actualizamos las pensiones”. Con la reforma de 2013, el índice de revalorización de las pensiones (IRP) no revalorizará. Gómez defendió que los pensionistas y los futuros pensionistas deben saber de forma clara por dónde anda su poder adquisitivo, “y ahora no lo saben”. Solo así se estará en condiciones de reaccionar. Si la reforma de 2013 reduce el gasto “sobre la base de la congelación, ¿para qué sirve esa reforma?”, se preguntó. Habría que ajustar los ingresos del sistema al poder adquisitivo. Mencionó el artículo 41 de la Constitución, que impide hablar de un modelo único de seguridad social. Y esto lo hizo en el contexto de la caída demográfica. Añadió: “No soy partidario de reglas fijas”, sino de ajustes según las circunstancias; “sabemos cómo funciona el sistema de pensiones tanto como la política monetaria” y en consecuencia las medidas necesarias para estimularlo.
José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), en un tono más coloquial, defendió que hay que “reinventar la seguridad social” parafraseando a John F. Kennedy: “No se trata de preguntarse qué puede hacer por nosotros la seguridad social, sino nosotros por ella”. De media, vivimos dos meses y medio más por cada año que pasa, de tal manera que asegurar el sistema de pensiones ahora equivalía a que en la época de Bismarck se hubiera asegurado las pensiones hasta edades en torno a los noventa, a las que casi nadie llegaba: desembolsos imposibles para el Estado. Solo hacía falta acudir a las tablas de mortalidad que publica el INE para percatarse de que no podíamos seguir engañándonos. No se trata de que los “robots nos vayan a quitar el trabajo, que no nos lo van a quitar”, al revés (sostuvo), ni de hacer que los robots cotizaran a la seguridad social (“mejor sería comprar acciones de las empresas que fabrican los robots”), ni de asegurar rentas básicas. El ajuste de 2013 era dañino pero no había salida. Añadió al cóctel de dificultades la dependencia y la financiación de la dependencia y concluyó de nuevo con que había que reinventar el sistema de pensiones.
“No se trata de preguntarse qué puede hacer por nosotros la seguridad social, sino nosotros por ella”. (José Antonio Herce)
José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de FEDEA, subrayó la caída alarmante de la tasa de natalidad en España y eso le facilitó afirmar que la reforma de las pensiones de 2011, que puso en 67 la edad de jubilación, ha sido la más importante desde los años ochenta. La de 2013 “tenía otra lógica”: asegurar la sostenibilidad con menos pensión a partir de 2019, ante la mayor esperanza de vida. En cualquier caso, el efecto por las restricciones presupuestarias hubiera sido el mismo, porque “no se puede gastar de donde no hay: es como la ley de la gravedad”. La revalorización solo sería posible con más impuestos y entramos en un círculo vicioso. “Las restricciones presupuestarias siempre se van a cumplir”. La caída de pensiones es clara, según sus cálculos: 1000 euros de ahora a los 65 años serán 700 a los 85 y 600 a los 95. Cae el poder adquisitivo y si sube la inflación, cuando suba, el escenario es de bomba de relojería, a cuya explosión se une la injusticia de que los últimos años de la vida laboral son los que más cuentan para calcular la pensión de jubilación. Conclusión y reto: hay que buscar otros mecanismos que no sean la congelación. Conde-Ruiz recurrió a las ideas de William Beveridge: edades de jubilación flexibles, cuentas nocionales y planes de pensiones personales y empresariales adicionales a los públicos.
Caída de pensiones: 1000 euros ahora a los 65 años serán 700 a los 85 años y 600 a los 95. (José Ignacio Conde-Ruiz)
Luis Miguel Ávalos, director de UNESPA, evitó la “perspectiva alarmista” y defendió tres pilares para la sostenibilidad de las pensiones: empresas y pensiones individuales sumadas a la pública. Hay que hablar más de las pensiones complementarias porque es la clave, y no se habla o se habla poco. Había que profundizar mucho más en la previsión social dentro del ámbito de la empresa.
Hay que hablar más de las pensiones complementarias porque es la clave, y no se habla o se habla de ellas o se habla poco. (Luis Miguel Ávalos)
Juan Francisco Gimeno, economista del Banco de España, dentro del turno de réplica, objetó que el sistema de pensiones hay que cambiarlo no porque no esté consensuado, sino porque no es sostenible. Y para hacerlo sostenible primero había que preguntarse por los objetivos que se quieren cumplir. ¿El mantenimiento de nuestros nivel de vida y de renta tras la jubilación? ¿O lo fundamental es un fondo contra la pobreza? ¿Qué tipo de seguridad queremos y qué nos queremos gastar? Ni siquiera con fondos privados, ante la volatilidad de los mercados, estaba asegurado el éxito en la consecución de un capital privado tras la jubilación.
“¿Qué tipo de seguridad queremos y qué nos queremos gastar?” (Juan Francisco Gimeno)
Carlos Bravo (CC.OO.) dijo que las cuentas nocionales suponían la reducción de prestaciones en un 40 por ciento y perjudicarían a las mujeres y a los autónomos. Introducir mecanismos de corrección, según él, podría hacer la cosa tan complicada como en este momento es complicada. Luego estaba la protección de la dependencia. Si se añadía la devaluación del factor trabajo y que el incremento de producción no se traduce en incremento de salario, el panorama era que el sistema actual nos aboca a Beveridge, es decir, al abandono del sistema público de pensiones, algo con lo que Bravo no está de acuerdo.
Borja Suárez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, pintó también un escenario duro porque la prueba dura al sistema de pensiones vendrá con la jubilación de la generación del baby boom. Sumado a un mercado de trabajo precario, a la ruptura laboral de 2012, a la uberización de la economía digital, le llevaron a proponer una sostenibilidad del sistema de pensiones no solo social, “sino jurídica y financiera”. Auguró que el IRP de la reforma de 2013 será declarado inconstitucional. Su modelo es Frances Perkins, secretaria de Trabajo de Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt, para quien la democracia implica sistema de pensiones.
Manuel Herrera, catedrático de Sociología y profesor del máster en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento de UNIR, introdujo la perspectiva de su disciplina en el debate: había cambiado el modelo de familia basado en el género, había cambiado el trabajo, el estilo de vida. La reforma de las pensiones tenía que tener en cuenta esto si no desea terminar en el fracaso.
Elisa Ricón, directora general de INVERCO, inyectó un tono delicado a línea argumental: “España siempre ha cuidado a sus mayores y no tengo duda de que los seguiremos protegiendo”. Somos el país más longevo después de Japón, y “eso porque cuidamos bien”. Nuestro meta no es empeorar, sino “ganar a Japón”. ¿Cómo? De nuevo: con sistemas complementarios. Ahorrando e informando bien a los ciudadanos.
“España siempre ha cuidado a sus mayores y no tengo duda de que los seguiremos protegiendo” (Elisa Ricón).
Raymond Torres, economista de Funcas, denunció el “fetichismo” de la edad de jubilación y apuntó el modelo austríaco de pensiones como un buen ejemplo a seguir en España.
Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, protagonista él mismo de dos acuerdos sobre pensiones, concluyó con que el problema es más profundo que esos acuerdos que él firmó, con los que al fin y al cabo se trataba de “demorar”, de “ganar tiempo”, porque básicamente volvía a lo de Conde-Ruiz: no se puede sacar de donde no hay.
A la pregunta de un alumno de UNIR a Valeriano Gómez sobre la sostenibilidad del sistema, Gómez dijo que sí, que pensaba que era sostenible, pero “sobre la base de un esfuerzo mayor”.
