Chile y Perú, cara y cruz de un continente

El invierno austral se adelantó este año en Chile. Las lluvias llegaron después de muchos años al Norte Grande y Chico de esa loca geografía. Pero los círculos políticos de Santiago, los diarios y las televisiones se ocuparon más de otros asuntos que de los climatológicos. Chile avanza con relativo éxito en un proceso de transición hacia la democracia que algunos se empeñan en comparar con el español: con la diferencia, nada leve por cierto, de que el dictador sigue vivo y mandando.

Chile vive a la sombra de las elecciones presidenciales del año que viene. Aylwin querría legar a su sucesor un régimen plenamente democrático, con unas fuerzas armadas obedientes al poder civil y una situación económica y social saneada.

El general Augusto Pinochet, sigue en efecto vivo aunque lo acaban de colocar un marcapasos. Es, por imperativo constitucional, el jefe del Ejército y el presidente de la República no puede ni jubilarlo ni cesarlo. Precisamente por eso hay quien dice —con bastante razón— que el régimen chileno sigue «protegido» por las fuerzas armadas o, si se prefiere, bajo vigilancia castrense. Cuando se le sugiere a Patricio Aylwin, presidente de la República y líder democristiano tal evidencia, asemeja este santo varón una cólera controlada. Pero él sabe, igual que sus colaboradores y adversarios, que mientras no se reforme la Constitución, las cosas seguirán igual.

Una reforma constitucional difícil

Esta reforma se presenta bastante difícil. Entre los artículos que Aylwin y la coalición gobernante (democristianos, socialdemócratas y socialistas) desean cambiar están los referidos a las fuerzas armadas y de seguridad. La Constitución chilena fue hecha a medida por Pinochet y para Pinochet. De modo que, si el proyecto del general hubiera salido adelante (los electores chilenos lo impidieron en su momento), todo hubiese funcionado perfectamente. Pero en las actuales circunstancias, con un régimen democrático con limitaciones, resulta inadecuada. El principal problema estriba en que para reformar el texto fundamental hay que contar con las dos terceras partes del Congreso. Y la coalición gobernante, aunque mayoritaria, no tiene votos suficientes para implementar la reforma constitucional. De modo que, si desea llevarla adelante, tendrá que contar con la derecha, extrema y moderada. La derecha pinochetista anunció ya que votará contra las reformas. La derecha conservadora (Renovación Nacional), heredera de la vieja derecha del Partido Nacional, se lo está pensando.

El país vive a la sombra de las elecciones presidenciales del año que viene. Aylwin querría legar a su sucesor un régimen plenamente democrático, con unas fuerzas armadas obedientes al poder civil y una situación económica y social saneada.

La economía chilena sigue siendo ejemplar en un continente con cierta densidad democrática (recientemente amenazada) que no ha salido todavía de la gran depresión de los ochenta. Las políticas de ajuste que algunos países (Venezuela, Argentina, Uruguay, Ecuador, etc.) han puesto en marcha con un enorme coste social, fueron adoptadas por Pinochet y sus economistas miltonianos en los años setenta y ochenta. La prosperidad chilena tiene, para los demócratas del país, un origen sospechoso pero no cabe duda de que sin el ajuste de la dictadura las cosas hubieran sido mucho más difíciles en la transición.

Memoria y perdón

Hace tiempo, durante una entrevista con el presidente Aylwin, éste me dijo que los chilenos estaban dispuestos a perdonar los excesos de la dictadura pero que antes desearían saber a quién. Y que para ello era preciso saber, investigar lo que pasó en aquellos años de hierro. La recuperación de la memoria escondida ha resultado dolorosa y todavía no concluyó. La justicia al fin se ocupa de aquellos casos olvidados como, por ejemplo, el degollamiento de tres dirigentes comunistas en 1985 por un grupo de «carabineros» (policía uniformada) cuyo nombre y apellidos se han hecho al fin públicos, mientras un portavoz del cuerpo decía públicamente que la buena fe y la dignidad de los carabineros chilenos habían sido defraudadas por estos agentes. Era la primera vez que una declaración de este tipo salía a la luz.

Con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo las fuerzas políticas chilenas se preparan. No se sabe si finalmente la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición gubernamental) presentará o no un candidato único y mantendrá su unidad. Dos personalidades se presentan como probables candidatos a la presidencia: el senador Eduardo Frei (democristiano) y el ministro socialdemócrata de Educación, Ricardo Lagos. En cuanto a la derecha, las ve y se las desea para alcanzar un acuerdo común que le permita presentar un candidato en los comicios. La alternancia no es para mañana y el «síndrome Pinochet» puede seguir basculando sobre quienes en el pasado defendieron su candidatura a la presidencia.

Chile parece haber ingresado en el grupo de países donde el proceso democrático se produce sin altibajos ni sofocos.

De todos modos, Chile parece haber ingresado en el grupo de países donde el proceso democrático se produce sin altibajos ni sofocos. Su larga historia republicana, excepcionalmente rota por la polémica experiencia de la Unidad Popular primero y de la dictadura militar después, vuelve por sus fueros.

El infierno peruano

Al otro lado de la frontera, el Perú de Fujimori. La otra cara de la política continental. Todos los elementos para la inestabilidad y la explosión se concentran en este desventurado país: una situación económica y social crítica, un movimiento terrorista poderoso y sin escrúpulo, la corrupción generalizada, que afecta tanto a las fuerzas armadas y policiales como a la judicatura, una ciudadanía exhausta y decepcionada por los partidos y dirigentes políticos tradicionales, un presidente autoritario que prefiere recurrir al golpe de Estado «institucional» que consensuar con los partidos políticos un plan de salvación nacional… y por si faltase algo, la sequía y el cólera.

Nunca se sabrá con exactitud si el llamado «golpe de Estado institucional» del presidente Fujimori fue idea de las fuerzas armadas peruanas o una iniciativa del jefe del Estado. Sea como sea, la ruptura del orden constitucional coloca al presidente «de facto» y a su régimen en el ghetto internacional donde se encuentran Fidel Castro y los militares haitianos.

El problema para Fujimori estriba en que su régimen no podrá salir adelante si no cuenta con el apoyo económico y financiero tanto de los países del continente —y especialmente de Estados Unidos— como de los organismos de crédito internacionales. Fujimori ha intentado con la convocatoria de unas elecciones constituyentes, ganar tiempo y ofrecer a Estados Unidos un argumento para defender su aventura. Pero puede haber caído en su propia trampa al permitir que la OEA (Organización de Estados Americanos) fiscalice esos comicios. La primera exigencia para que las constituyentes sean aceptadas por la comunidad internacional consiste en que sean pactadas con los partidos políticos que, unánimemente, acaban de rechazar las pretensiones del presidente de facto. De modo que, o Fujimori cede a lo que las fuerzas políticas exigen para entrar en el juego electoral o deberá convocar las constituyentes en solitario: en cualquier caso, su cabeza pende de un hilo. Y con ella, el extraño régimen cívico-militar puesto en pie ante una situación, sin duda alguna, delicada y con reducidas posibilidades de solución.

La «intensidad democrática» que en los últimos años había arraigado en Iberoamérica parece, ahora, amenazada: las tentativas golpistas en Venezuela, la situación en Haití, el golpe institucional de Perú constituyen pésimos augurios. Pero el llamado mundo occidental mira hacia el Este. Lo que ocurre al sur del río Grande le interesa bien poco.