Weber y el monopolio e la coacción

Motivos hay para el asombro. Repentinamente, la buena gente de los barrios populares se echó a la calle para protestar contra el consumo de droga en público, los camellos payos, los camellos gitanos, la falta de protección policial en los barrios, la delincuencia sin casa ni cuartel de los okupas, el desorden, en suma. Antes no se prestaba mucha atención a estos problemas, pues se pensaba que sólo preocupaba a los defensores del orden burgués; después quedó claro que también afectaba al orden pequeñoburgués; ahora la cosa se ha complicado más todavía, pues quien sufre y padece este deterioro social es el orden popular de las barriadas y suburbios. Cualquiera que sea la lacra social que padezca el orden constituido (y el orden por constituir), al cabo quien acaba pagando el pato es el más humilde y quien de menos defensas dispone.

Ni el orden, ni la justicia, ni tantasotrascosasson conceptos que dependen de la situación de clase, como tampoco las carreteras pueden dividirse en autopistas capitalistas y autovías sociales.

Tal vez ahora comiencen a pensar que ni el orden, ni la justicia, ni tantas otras cosas son conceptos que dependen de la situación de clase, como tampoco las carreteras pueden dividirse en autopistas capitalistas y autovías sociales. Donde al final se concentran las aglomeraciones de tráfico es en los barrios proletarios, y eso no depende del calificativo que se aplique a las carreteras.

«Al loro»

Éstos que ahora se manifiestan contra la droga, protestan contra los camellos e incluso organizan piquetes y grupos de seguridad ciudadana, son los que votaron las leyes despenalizadoras del consumo de drogas, promovidas por González a través del actual presidente del Consejo de Estado, y antes ministro de Justicia, Fernando Ledesma. Es posible que el ex ministro haya aconsejado ahora compensar los efectos que han provocado sus reformas con la «ley Corcuera». La vida da sorpresas como éstas, y nunca acabaremos de sorprendernos del todo. Son los que reían aquella gracia de Tierno Galván cuando alentaba a sus hijos con lo de «colocaros, al loro».

Con motivo de la polémica que ha causado el que muchos vecindarios se hayan tomado la justicia por su mano se ha apelado insistentemente a la autoridad de Max Weber, según la cual «es al Estado a quien corresponde el monopolio legítimo de la violencia».

Ya se oyó este argumento de autoridad para explicar que los servicios privados de seguridad realizaran desarmados sus tareas, que es algo así como que el torero entre a matar con espada de palo. Cada cual es muy dueño de opinar al respecto como quiera. Algunos considerarán conveniente que los guardias privados presten desarmados sus servicios, como también habrá quienes estimen que la protección civil no debe quedar en manos privadas y debe ser monopolio del Estado. Pero opinen como opinen no tienen razón en invocar a Max Weber ni probablemente a ningún otro autor.

Delegación

Max Weber nunca dijo que al Estado deba corresponder el monopolio legítimo de la violencia, como creen tanto socialistas como algunos populares que han apelado a su autoridad. Max Weber únicamente describió que, de hecho, la violencia coactiva se ejerce modernamente por el Estado. Según Max Weber, se trata de una «creencia» basada en el hecho de que el Estado es una asociación que administra la coacción «considerada» legítima. Pero aun admitiendo que la «creencia» sea el fundamento del Estado de Derecho, Max Weber no dice que ese «monopolio» no pueda ser administrado por servicios privados, ya que la comunidad política puede permitir o conceder una autorización para que las demás comunidades en general usen «legítimamente» de la coacción física».

El «monopolio» de coacción que corresponde al Estado no es incompatible con su delegación a servicios privados de seguridad.

El «monopolio» de coacción que corresponde al Estado no es incompatible con su delegación a servicios privados de seguridad. Lo único exigible es que los servicios no actúen a espaldas de las leyes del Estado y sean responsables ante el Estado por los procedimientos que use cuando actúen en nombre de ese poder delegado de coacción. El que el Estado sea la última instancia no quiere decir que sea la única, entre otras cosas porque la organización de medidas de autodefensa es irrenunciable, y más cuando el Estado renuncia a la defensa a que se ha comprometido (se la llame «burguesa», «pequeñoburguesa» o «popular»).