La sorprendente euforia de Solchaga. Una política económica equivocada

Guillermo Cid Luna

Tuve la suerte de oír por radio unas breves declaraciones del ministro Solchaga desde Bangkok, en donde se encontraba con motivo de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional. Sus palabras rezumaban optimismo, acompañado por su tono de voz, y no tenía la más mínima duda de que el próximo año sería el de la recuperación de la economía española que, por supuesto, crecería el 3,3% en términos reales, tal como ha fijado el Gobierno en su cuadro macrоесоnómnico. No pude por menos que recordar que la tasa de crecimiento fijada para el PIB en 1991, hace un año también por estas fechas, se ha ido revisando a la baja hasta estimarle en el 2,7% en la documentación que acompaña a los Presupuestos del Estado para 1992. Y que, en los últimos días, algunas fuentes oficiales han comenzado a hablar ya del 2,5%.

El enorme déficit público es la causa más importante de la inflación que padecemos y de la ineficaz asignación de los recursos.

Equivocarse en los tiempos que corren en las previsiones económicas a un año vista es casi lo habitual. Así, el propio ministro Solchaga podía haber recordado que las previsiones de crecimiento de la economía mundial para 1991 facilitadas por el FMI en su Asamblea del año pasado, en septiembre, lo situaban en el 2,4% en términos reales. El Informe del Fondo Monetario de la primavera pasada reducía esa tasa de crecimiento al 1,4%, y ahora, en Bangkok, ha vuelto a bajar la previsión hasta situarla en el 0,9%. Dicho esto, también hay que añadir que la dificultad de la previsión se reduce considerablemente cuando se refiere a un solo país. Por eso, por lo que diré a continuación, resulta sorprendente la euforia del ministro Solchaga para 1992.

Inflación

Comencemos por las estimaciones para 1991. Por lo que se refiere a la tasa de inflación, medida por el IPC, su aumento anual sólo quedaría más cerca del 5% que del 6% si conseguimos aprovechar la posibilidad que nos ofrece el pasado mes de octubre con relación al del año anterior; ya que el descenso del 0,1% y el aumento del 0,2% de los dos últimos meses de 1990 resultarán muy difíciles de mejorar. Vayamos al problema más grave de la economía española exceptuado el desempleo, que es el déficit público, ya que a su vez es una de las causas más importantes, quizá la más importante, de la inflación que padecemos y de la ineficaz asignación de los recursos.

Diga lo que diga el Gobierno,alavistadeuna política presupuestaria expansiva, no le queda más remedio que mantener los tipos de interés altos si quiere evitar el rebrote de la inflación.

El déficit de caja del Estado se redujo un 11,2% en los nueve primeros meses de este año, gracias a un crecimiento de los ingresos de casi el 13% y a un aumento de los pagos no financieros del 10%. Pero también gracias a algo más, cuyas cifras en esta ocasión, y a diferencia de agosto, no ha facilitado el Ministerio: el importante crecimiento de las obligaciones reconocidas pendientes de pago. Éstas rondaban en agosto los 1,2 billones de pesetas, lo que suponía un incremento del 42% sobre los ocho primeros meses de 1990. Al fin y al cabo, por algo el Ministerio de Economía continúa estimando el déficit público de las Administraciones Centrales para este año no en el 0,9% del PIB previsto inicialmente, sino en el 2,3% del mismo. Este porcentaje salta hasta el 3,6% -y suerte tendremos si no tenemos que escribir el cuatro- si se le suma el déficit correspondiente a las Administraciones Territoriales. Dicho sea de paso, parte del déficit de las Administraciones Territoriales es, en realidad, déficit del Estado, debido a los retrasos en las transferencias que está obligado a hacer a las mismas.

Déficit exterior

Por lo que se refiere al tercer desequilibrio de la economía española, es decir, el déficit exterior, es preciso señalar que la mejora conseguida en la primera parte del año ha desaparecido prácticamente entre julio y agosto. El propio secretario de Estado de Comercio no se mostraba muy seguro respecto a la continuación de la evolución positiva que experimentaron en la primera parte del año nuestras exportaciones. Quizá porque en torno al 40% del incremento experimentado por las mismas tuvo su origen, y suponemos que en parte lo seguirá teniendo, en el fuerte crecimiento de las exportaciones a Alemania; y porque casi la totalidad del incremento de la exportación se centraba en 10 o 12 productos, entre los que figuran las ventas de material de transporte y de frutas y verduras frescas que están sometidas a una erraticidad importante. Añadamos sintéticamente, por lo que se refiere al déficit corriente, que en la financiación del mismo está moderando su papel la inversión exterior y aumentándolo los créditos y los préstamos exteriores, algo que resulta evidente en la abultada cifra de deuda pública en poder de no residentes, unos dos billones de pesetas.

Lo razonable es mantener el empleo y no jugárselo con demandas salariales que harían inviable la vida de la empresa.

A todo esto hay que añadir que si bien es posible que el crecimiento de la cantidad de dinero finalice 1991 en las proximidades de las tasas previstas, en torno al 11%, es decir, en la parte superior de la banda, resulta mucho más difícil conseguir que el crédito a las empresas y a las familias crezca sólo el 9%. Así, mientras que los ALP se situaban a finales de septiembre un 12% por encima de diciembre del pasado año, el crédito a las empresas y a las familias rondaba el 14% para igual período. Este último dato constituye una muestra muy clara de la importante reducción del excedente en el caso de las empresas y resulta compatible con una recuperación del ahorro, sobre el período inmediatamente anterior, de las familias.

Moderación salarial

Por esto, diga lo que diga el Gobierno, a la vista de una política presupuestaria claramente expansiva y además, por el lado del consumo para el próximo año, no le queda más remedio, si quiere evitar que la inflación en vez de estancarse rebrote, que mantener los tipos de interés altos. Esto lo advirtió hace unos días el profesor Rojo, subgobernador del Banco de España, y ha vuelto a dejarlo bien claro el gobernador de la misma entidad, Mariano Rubio, en su reciente comparecencia ante el Congreso. Porque la ayuda deseable que prestaría a la coyuntura económica la moderación salarial, depende de la sensatez de los sindicatos y de la claridad y realismo de los empresarios. En otras palabras, depende de que, jugando con datos reales y claros los empresarios, los trabajadores comprendan que lo razonable es mantener el empleo y no jugárselo con demandas salariales que harían inviable a corto, a medio o a largo plazo la vida de la empresa.

La integración en 1993 barrerá a las empresas de cualquier sector que no tengan esto en cuenta; pero que no se engañen los sindicatos si, al persistir en sus radicalismos, comienzan a verse puenteados por un número creciente de trabajadores sensatos que conectan con empresarios sensatos. Bien es verdad -si se confirma la información de que la Administración eleva del 5% al 6,8% el incremento de sueldo de los funcionarios- que este último porcentaje puede constituir la «puntilla» al intento de moderación salarial en la empresa pública, y, por contagio, en muchas privadas.