Presupuestos expansivos para 1992

Lo que pretende el Gobierno socialista, y eso dice, es crear las condiciones favorables para que se recupere la inversión privada en 1992 y la economía pueda alcanzar una tasa de crecimiento del 3,3% lo va a tener realmente difícil. Un requisito indispensable para los agentes económicos privados es la credibilidad y confianza en los objetivos fijados por el Gobierno y en las políticas diseñadas para conseguirlos.

Pues bien, tanto el Gobierno como y esto es lo sorprendente el ministro Solchaga han dado un giro desde comienzos de verano a hoy. Hasta entonces los objetivos prioritarios se centraban en reducir la tasa de inflación y el déficit público, continuando la línea de mejora de los déficit comercial y corriente. Por aquellas fechas, en el entorno del Ministerio de Economía se hablaba de unos Presupuestos del Estado para 1992 en los que el gasto público crecería en torno al 3%, la tasa de inflación quedaría bastante por debajo del 5% previsto para este año y, hasta unas semanas antes, se mantenía el objetivo de déficit público del Estado para 1991 en el 0,9% del PIB. Fue aquí en donde surgió la primera quiebra. El aumento del déficit público en 1990, derivado de un excesivo crecimiento de los gastos y de un comportamiento más desfavorable de los ingresos por la menor actividad económica, se intensificó en los seis primeros meses de este año. Ello obligó a las autoridades del Ministerio a elevar la provisión de déficit del Estado para 1991 del 0,9% citado hasta el entorno del 2% del PIB.

La inversión

Lo realmente grave y contradictorio reflejo de la presión sindical y de las disensiones dentro del Partido Socialista y del Consejo de Ministros no tardó en producirse: dejaba de ser prioritaria la lucha contra la inflación y el déficit público al fijarse como objetivos, para el próximo año, un aumento de precios similar al previsto para el actual y un déficit público igual o ligeramente superior. Si en buena parte la inversión pública ya se había visto afectada, para lo que quedaba de 1991 por el recorte del gasto aprobado hace unos cuatro meses-, los Presupuestos que están discutiéndose en las Cortes reduce, en pesetas corrientes, en un 14% los gastos de capital para el próximo año, al tiempo que aumentan en un 17% los gastos corrientes (ver cuadro adjunto).

Apenas tengo dudas de que estos Presupuestos no son los que quería el ministro Solchaga; pero el caso es que los ha hecho, y además los tendrá que defender en las Cortes y aplicar. Por definición, unos Presupuestos que prevén un déficit público del orden del 3% son expansivos. Pero, además, ese efecto sobre la actividad económica se producirá por la vía del gasto corriente, en otras palabras, por la vía del consumo; lo que resulta todavía más difícil de compaginar con la afirmación de Solchaga de un cierto relajamiento de la política monetaria para el próximo año. ¿Es sensato creer que esa combinación puede propiciar una tasa de inflación en 1992 similar a la que se espera para este año?

En todo este contexto es llamativo que el Gobierno haya previsto un incremento de la formación bruta de capital público del 3%, en términos reales —hay que suponer que a cargo de las entidades autonómicas y locales—, y más aún que espere que la del sector privado crecerá un 5,1%, también en términos reales. Por ello resulta ingenuo o demencial pensar que los empresarios privados, ante tanta contradicción económica y voluntarismo, van a dar un giro drástico a sus proyectos de inversión para 1992, después de tantos meses en los que la tasa de los mismos no hace otra cosa que decrecer. Respecto al 3,3% de aumento del PIB (ver cuadro adjunto) no creo que sea imposible conseguirlo; pero si se llega a esa tasa, ya se puede dar por descontado que tanto el déficit público como la inflación superarán los porcentajes fijados como objetivo (2,7% del PIB y 5% respectivamente).

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

(% variación año anterior)

FUENTE: Banco de España para 1987-1990; Ministerio de Economia y Hacienda, 1991 y 1992.

Los gastos sociales

Dentro de esta ristra de sorpresas con que nos ameniza la entrada del otoño el Gobierno socialista, no resulta menos llamativa la afirmación del líder de UGT, Nicolás Redondo, negando rotundamente que puedan calificarse de sociales estos Presupuestos. Y como parece que estamos metidos en una política económica en la que todo es paradójico y sorprendente, resulta que Nicolás Redondo tiene razón, ya que, como ha afirmado, si disminuye la inversión pública, se reduce la capacidad de crecimiento económico y de creación de puestos de trabajo. Naturalmente, el líder de UGT, igual que el de Comisiones, nada dicen de los fuertes incrementos que experimentan los gastos destinados a pensiones, sanidad, seguro de desempleo, etc., o los incrementos de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

Apenas tengo dudas de que estos Presupuestos no son los que quería el ministro Solchaga, pero el caso es que los ha hecho, y además los tendrá que defender en las Cortes y aplicar.

Pero no acaban aquí las sorpresas. El ministro Solchaga ha estimado que en esta legislatura, 1989-1993, se crearán 1.200.000 puestos de trabajo. Tan desmesurada afirmación le llevó, al día siguiente de que los periódicos la diesen, a calificarla de «inventos de la prensa». Desgraciadamente para él y afortunadamente para ya no se sabe quién, ahí están las cintas que demuestran que lo dijo. Esperemos, si el ministro de Economía cumple su promesa de que habrá libertad total de movimientos de capitales en enero próximo, que una vez más-Plan de Estabilización, Acuerdo Comercial Preferencial con la CEE de 1970 e ingreso en la CEE en 1986- la disciplina que necesita la economía española para caminar hacia un auténtico saneamiento nos venga impuesta desde fuera. En todo caso, necesitamos políticos con cabezas claras, ya que sólo así tendremos políticas claras.

«Realmente, la disciplina presupuestaria declaraba el subgobernador del Banco de España, profesor Rojo, a La Vanguardia-es básica en este momento en el país… Siempre se habla de la necesidad de infraestructuras, de la necesidad de mejorar los niveles de educación o de investigación, de mejorar la sanidad pública, etc. Lo que no se suele decir es que el problema presupuestario, como problema económico, es un problema de elección entre opciones. La selección de objetivos implica apostar por algunas cosas a costa de otras y, naturalmente, dentro de los sectores por los que se ha optado, hay que desarrollar el gasto público del modo más eficaz posible… El déficit presupuestario… sólo tiene solución afrontando el problema de a qué hay que apostar, a qué no hay que apostar, a qué apostar más y a qué apostar menos». «Hay un problema de replanteamiento de la estructura del gasto en el país… que habrá que resolver, ya que es el problema básico del sector público… Es perfectamente posible que la sociedad española piense que la sanidad debe ser sustancialmente pública, pero quizá haya otros sectores de prestación de servicios públicos en los cuales la población española puede encontrar iguales o mejores servicios si están en manos privadas. Incluso, además, en sectores caracterizados como públicos puede suceder que, en los términos de actividades y prestaciones determinadas y supervisadas por el sector público, la gestión privada resulte más eficaz que la pública».

Es un error que un empresario se refugie en la patronal o que un trabajador se refugie en los sindicagos, en el sentido de traspasar sus propias responsabilidades a sus respectivas organizaciones.

Responsabilidad personal

Naturalmente, como recuerda en esa entrevista el profesor Rojo, son sin que ello implique desoír a los agentes sociales los representantes políticos en el Parlamento los que tienen que decidir las prioridades y las opciones. De aquí la importancia de que los ciudadanos con derecho a voto sean conscientes de qué y a quién votan. Empresarios y trabajadores tienen unos derechos y unas obligaciones a los que deben hacer frente por su exclusiva cuenta, exigiendo sólo del Gobierno el marco legal adecuado para que puedan hacerlos efectivos. En este contexto, es un error que un empresario se refugie en la patronal o que un trabajador se refugie en los sindicatos, en el sentido de traspasar sus propias responsabilidades a sus respectivas organizaciones. Esto no se debe hacer.

Si se hace, las empresas no saldrán adelante y los trabajadores no conservarán sus empleos. Todos tenemos derecho a exigir una política económica que no deje en el olvido los intereses legítimos de un solo ciudadano, pero también es obligación de los empresarios respetar la ética empresarial y de los trabajadores cumplir con sus deberes. «El paro de larga duración en palabras del profesor Rojo- es el destino más cruel que puede soportar una persona». De aquí que, en mi opinión, tenga poco sentido hablar de la Europa de las «patrias», de las «regiones» o de las «nacionalidades». El objetivo realmente importante, y al que no se puede renunciar, es el de la Europa de las personas.