Una década perdida

Primero corrió la brisa del ajuste fino, más tarde soplaron con fuerza los vientos del plan de competitividad, ahora, como un huracán, aparece el programa de convergencia. Sin embargo, tras los nombres cambiantes, tras el intento de convertir un grave problema económico en un objetivo nacional, no se encuentra más que la imperiosa necesidad de atajar una determinada política de desarrollo basada en un continuado crecimiento, tanto en términos absolutos como relativos, del gasto público.

No se puede negar la legitimidad del uso del concepto de convergencia real con los países europeos más desarrollados, como referencia de nuestra política económica. Alcanzar niveles de bienestar semejantes a los existentes en Alemania o Francia es un objetivo que sin duda comparten la inmensa mayoría de los españoles. Sin embargo, reconocer que para que ello sea posible es necesario conseguir la convergencia nominal en determinadas variables (déficit público, endeudamiento público, tipos de interés, tasa de inflación y tipos de cambio) no deja de ser una triste muestra de cinismo cuando su divergencia actual con respecto a los índices mostrados por dichos países tiene su origen en una consciente política económica.

Los distintos gobiernos autónomos, con independencia del signo de su respaldo político, han actuado en la única forma que era racionalmente esperable: gastando cantidades crecientes en su territorio y reclamando, a continuación, una mayor financiación.

Resulta sorprendente oír al Sr. Solchaga afirmar ahora, tras diez años de gobierno socialista, que la única posibilidad de asegurar una tasa de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo consiste en que vaya acompañada de estabilidad, deduciendo de ello que la reducción del déficit público es, antes que un imperativo de Maastricht, una garantía de viabilidad para nuestra economía. Bien estarían esas afirmaciones en un recién nombrado ministro que, tras esa profunda crítica a la política económica de un gobierno anterior, pasase a justificar un duro plan de ajuste pero, cuando se ha impulsado durante una década una política de gasto público creciente, son difícilmente defendibles. No puede por menos que llamar la atención el hecho de que un encubierto plan de estabilización se convierta en el objetivo político de quien ha provocado los desequilibrios previos que lo hacen necesario.

Uso electoralista del gasto

En el origen del déficit público está una determinada actitud frente a las Comunidades Autónomas y un uso electoralista del gasto. Con respecto a lo primero, han transcurrido ya muchos años desde la transición como para que se pueda culpar a las CC.AA. de la falta de un modelo de financiación que introduzca la corresponsabilidad en la obtención de ingresos como cuestión esencial. Cuando se permite a un determinado nivel político que asuma la gestión del gasto sin asumir en paralelo el coste que supone la obtención de los recursos necesarios para financiarlo, no es posible a continuación recriminar un comportamiento que tiende a maximizar las ventajas que esa configuración ofrece. Los distintos gobiernos autónomos, con independencia del signo de su respaldo político, han actuado en la única forma que era racionalmente esperable: gastando cantidades crecientes en su territorio y reclamando, a continuación, una mayor financiación.

El gobierno que ha mantenido este modelo de distribución de competencias con la única intención de mantener así un poderoso instrumento de control sobre las administraciones territoriales no debería poder variarlo sin coste político, por mucho que ahora, ante la delicada realidad de las finanzas públicas, no quepan alternativas.

En cuanto a la segunda de las circunstancias señaladas, el uso electoralista del gasto público, no parece necesario insistir mucho. Las últimas grandes inversiones pueden obedecer a variadas causas, pero a buen seguro que razones de eficacia o eficiencia nunca aparecerán entre ellas.

Inversión extranjera

La estabilidad conseguida en la cotización de la peseta en los últimos meses no es más que un pequeño logro causado por un grave problema subyacente. España arrastra en los últimos años un importantísimo déficit en sus saldos por cuenta corriente en transacciones exteriores. Esta situación no se hubiese podido mantener si los altos tipos de interés internos, originados por la necesidad de financiar el déficit público, no hubiesen atraído la inversión extranjera. Nos encontramos así con la paradoja de que el ahorro privado exterior ha servido para financiar gasto público interno no productivo pero, como ésta no puede ser una situación permanente, ha llegado la hora de proceder a la devolución de lo tomado en préstamo.

Disminuir el volumen del déficit público significa, parece obvio, aumentar los ingresos o disminuir los gastos. En cuanto a lo primero se afirma que no va a aumentar la presión fiscal individual, hecho que resulta difícilmente comprensible si la obtención de mayores ingresos es un objetivo. De lo segundo hemos empezado a percibir algunas de sus primeras y claramente insuficientes consecuencias; sin duda lo peor queda aún por llegar. En todo caso, la factura por el período expansivo artificialmente disfrutado ha sido ya puesta al cobro.

Una vez más se utiliza a las instituciones comunitarias como coartada europea para justificar ante el electorado interno medidas necesariamente impopulares. Tal vez, a la vista de los últimos acontecimientos, no tengan muchas más posibilidades de hacerlo en el futuro y, al menos por eso, todos tendremos algo importante que agradecer al pueblo danés.