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Ver productosA principios del XVIII, mientras en otros lugares de Europa comienza a vislumbrarse el inicio del «estilo galante» -equivalente al rococó en las artes plásticas-, que conducirá hacia el clasicismo, en Francia sigue sonando .con fuerza la música barroca.
Entre los compositores ligados a la Corte francesa y herederos del absolutismo -también en las artesde Luis XIV, figura Jean-Féry Rebel (1666-1747), cuyas obras, en su mayor parte, no destacan de manera especial. Pero sí llama poderosamente la atención la obra Les Elémens (1737), una inspirada suite orquestal que ilustra la creación del mundo, compuesta por Rebel con 72 años.
Rebel debió conocer las Cuatro Estaciones de Vivaldi, que habían sido ya interpretadas en París y publicadas años antes, pero, contrariamente a los conciertos vivaldianos, ideó una música con programa en la forma de piezas libres para orquesta. Se sirve de algunos movimientos de danza de la época como la Chacona, la Siciliana o la Loure en una sucesión poco habitual y muy novedosa. Su mayor innovación reside en el Caos, primer movimiento de esta suite, cuya tensión sonora resulta inquietante incluso para nuestros oídos del siglo XX. Al Caos le suceden diversos números instrumentales, que entonan el ideal naturalista del Siglo de las Luces, y que presentan una naturaleza en plena armonía: la tierra, el agua, el fuego, los pájaros …: todo ello en un estado de plácida felicidad a la espera de la llegada del hombre, «más noble que los animales y más apto que ellos para elevarse a través de la Razón y reinar sobre todas las cosas».
El disco, impecablemente realizado por la veterana y prestigiosa agrupación Musica Antiqua de Colonia, con instrumentos originales, ofrece además obras de Telemann y Gluck, contemporáneas a la de Rebel y ligadas en alguna medida al ambiente musical francés. La Sonata-Septeto en Mi menor de G. Ph. Telemann, fue escrita según el «gusto francés» para ser interpretada en París du rante el período q ue en 1737 pasó allí el músico.
Alessandro, un balletto inspirado en los amores de Alejandro Magno y la princesa asiática Roxana, quien debe casarse con él -a pesar de que son enemigos- como única manera para salvar a su pueblo. Este era un argumento ideal para el público parisino de la época, pues el Delfín de Francia iba a casarse con María Antonieta de Habsburgo, y es conocida la enemistad existente entre las dos casas reinantes. Parece que el objetivo de Gluck -a la sazón músico de la corte austríaca- era dulcificar los ánimos de la sociedad francesa a través de esta metáfora, y para ello fue enviado por la propia Emperatriz María Teresa de Austria.
Aunque en los últimos años la figura de Gluck ha ido redescubriéndose principalmente a través de sus óperas, otras obras instrumentales, como el ballet Alessandro, merecen igualmente ser destacadas.
Desde finales del siglo pasado, la conciencia del «medio ambiente» ha arraigado en las sociedades humanas desarrolladas por dos vías paralelas: una está relacionada esencialmente con la transformación del paisaje y otra con el deterioro de los recursos naturales y la calidad de la vida humana. Son, respectivamente, los mensajes de los naturalistas y conservacionistas por un lado, y de los nuevos expertos en el medio ambiente por otro. Ambas vías tienen que ver con la existencia de un cierto caos en la ocupación humana del territorio, así como con la modificación, antieconómica en muchos casos, de algunos procesos ecológicos claves, por ejemplo, determinadas alteraciones del ciclo hidrológico.
La primera vía mencionada se debe, sobre todo, al desarrollo de las actividades agrarias -en la actualidad principalmente la agricultura intensiva industrial-. La creación, en 1878, del primer Parque Nacional del mundo, Yellowstone, responde a esa circunstancia (la conciencia del rápido avance de la colonización agrícola y ganadera, y la explotación forestal de territorios cuyos recursos naturales habían sido conservados por naciones indígenas que los aprovechaban mediante la caza y la recolección casi exclusivamente). La segunda vía de arraigo de esta conciencia es sin duda más reciente. Tiene que ver con una visión economicista del ambiente, con la apreciación del deterioro, o el agotamiento, de los recursos naturales y la evidencia de que éstos resultan cada vez más caros para una sociedad humana de tamaño poblacional sin precedentes en la historia, con una capacidad de consumo energético enorme. Entre estos recursos, no son precisamente los que tienen valor en el mercado los más reconocidos, sino, curiosamente, los relacionados con el funcionamiento de la naturaleza. Entre ellos están principalmente los suelos y el agua.
El primero de los casos comentados contiene un fuerte componente emocional, pero también reconoce lo importante que es mantener la naturaleza de forma salvaje -poco influida por el hombre tecnológico- y sus procesos ecológicos esenciales. Así, mucha gente ve en la conservación de la Amazonia el aspecto ético de preservar su diversidad biológica y la dignidad de los pueblos indígenas. Por el contrario, otra gente reconoce la importancia de este lugar por su posible papel en la regulación del clima y por su hipotética función de «pulmón» del planeta. En relación con la conservación de la naturaleza, el valor de la diversidad biológica de un lugar es, dentro de sus umbrales de variación natural, un indicador de su funcionamiento, pero no se ha puesto de moda por ello, sino porque se la considera como algo consumible: alimento, medicamento, turismo, etc. Visiones modernas de la naturaleza, reconocedoras de un cierto papel «estabilizador» del hombre rural en el territorio, dan una importancia decisiva a la cultura agraria tradicional porque ésta imita aquellos procesos de una forma admitida como buena, y por mantener una economía de escasas inversiones y alto rendimiento1.
En cuanto al segundo caso, el desarrollo industrial y el crecimiento de las ciudades, con la complicada trama de infraestructuras asociada, el alto consumo energético generado y la elevada producción de residuos, aparecen como causas de este deterioro y agotamiento de recursos. La búsqueda de soluciones viene impulsada sobre todo porque la víctima de la situación creada es la propia sociedad humana.
Las manifestaciones sobre esta problemática situación han sido numerosas, y no solo por parte de movimientos conservacionistas y ecologistas, sino que se han hecho patentes en numerosas reuniones internacionales y congresos científico-técnicos, hasta hacerla aparecer actualmente como manida – a fuerza de insistir, entre todos, mucho más en la gravedad de los problemas que en canalizar medidas y compromisos eficaces para encontrar soluciones2-. Pueden destacarse las Conferencias Internacionales de Gotemberg (1971) sobre Desarrollo Industrial, Bucarest (1974) sobre Población, Mar del Plata (1976) sobre Agua, Tiblisi (1977) sobre Educación Ambiental, Nairobi (1977) sobre Desertificación, Estocolmo (1982) sobre Medio Humano -quizás la más citada de todas hasta la reciente y ahora famosa de Río de Janeiro (1992) sobre la Tierra-. Importa señalar que a esto se añade un tratamiento poco profesional, por sectorial o monotemático, de estos asuntos, con frecuencia enfocados de forma multidisciplinar y sistemática, pero casi nunca en forma transdisciplinar ni sistémica.
Ciencia y conciencia ecológica
La ciencia ecológica ha sido raramente invitada a participar en estos problemas. El ecólogo, por su parte, es cierto que ha encontrado un inmenso laboratorio en ella y ha aprendido mucho del funcionamiento de los sistemas naturales al verlos afectados por el hombre moderno, pero su interés ha sido mucho más científico que técnico. Es evidente el contraste con la invitación de que ha sido objeto la Economía -las ciencias económicas- y muchas disciplinas o especialidades científicas que recientemente han sido denominadas «ambientales». El término «ecología», sin embargo, se utiliza mucho: «…la contaminación daña a «la ecología» de este río…», dicen con sorna algunos ecólogos prestigiosos, lamentando que las más de las veces no se tienen en cuenta planteamientos propios de la ciencia a la que alude este término. La Ecología es, sin embargo, la ciencia básica del ambiente (oikos) donde tienen lugar los procesos biológicos y donde se instala la economía humana. Si hay una cierta falta de entendimiento o interés mutuo tal vez se deba, por una parte, a que los planteamientos ecológicos son en su base filosóficos y muchas veces conservacionistas, temidos frecuentemente por quienes hacen planteamientos desarrollistas a ultranza y, por otra, a que la formalización de problemas desde perspectivas sistémicas -ecosistémicas- resulta cara, y la puesta en práctica de soluciones ecológicas -basadas en lo que la ecología enseña- es habitualmente incompatible con la visión monetarista de que goza la economía clásica. Los ecólogos han participado en estudios denominados ambientales -aplicados- desempeñando un papel más analítico que sintético, lo que contrasta con el trabajo que debieran realizar de acuerdo con la doctrina de la ciencia que practican cuando hacen su trabajo académico. Han conceptualizado, no obstante, un esquema marco de las interacciones hombre-biosfera, y han aportado numerosos y variados modelos concretos para la formalización de problemas no excesivamente complejos, métodos de estudio aplicados a diferentes problemas, así como parámetros ecológicos a los que referir efectos de perturbaciones y sistemas de vigilancia ecológica continuada -monitorings- de actividades diversas. En efecto, la Ecología ha obtenido, como otras muchas ciencias, notables ventajas de estos laboratorios que, en la práctica, constituyen los problemas ambientales. Las revistas científicas de ecología, sin embargo, muestran una producción investigadora mucho más notable que las técnicas de esta materia.
El esquema marco aludido contiene las consideraciones globales a continuación indicadas, que sirven para entender mejor los problemas ambientales y para una toma de conciencia2-3– constituyendo, en cualquier caso, el campo donde debe actuarse:
—Las sociedades humanas basan su éxito en un elevado consumo de energía no alimentaria -exosomática-. En todo el planeta esto representa, por término medio, aproximadamente un 88% de la energía consumida por individuo. Este consumo varía, no obstante, notablemente entre las sociedades desarrolladas y las consideradas en vías de desarrollo o pobres.
—El crecimiento demográfico humano es enorme. Muchas razas y variedades de animales domesticados y plantas cultivadas han llegado a alcanzar también, en la actualidad, un tamaño poblacional muy elevado y una biomasa muy grande, impensable en ausencia del hombre. Esto ha ocurrido gracias a mecanismos de control económicos, cuyo éxito se ha basado en una gran simplificación estructural y productiva de la biosfera. El tamaño de estas poblaciones es el que conviene al hombre. Sin embargo, el tamaño de la población humana parece hoy muy lejos de estar regulado por mecanismos naturales. Debe aceptarse, no obstante, que toda población biológica alcanza tarde o temprano un tamaño poblacional en equilibrio; su regulación depende de su propia tendencia de crecimiento, y su tamaño, del equilibrio de las condiciones ambientales. —La ocupación del espacio por las sociedades humanas escapa actualmente a todo mecanismo directo de control natural. Esta libertad de acción ha llevado consigo comportamientos estúpidos en países desarrollados. Por ejemplo, la ocupación de las vegas ha ocasionado la pérdida de los suelos de mayor interés productivo, costes irreversibles de pérdida de calidad de las aguas, y contaminación atmosférica por dificultad de transferencia aérea; la regulación hidráulica de ciertos ríos ha supuesto la inundación de valles fértiles y pérdidas incalculables de culturas agrarias de enorme rentabilidad y estabilidad económica.
—Los eficaces sistemas de transporte de individuos y recursos de que disponen las sociedades humanas escapan también de los mecanismos naturales de regulación. Esto ha llevado consigo el empobrecimiento material y energético de muchas regiones y, en otras, la puesta en práctica de la idea de desarrollo a ultranza, consumista y contaminante. La diferencia de consumo material y energético arriba aludida puede llegar a ser muy grande entre unas sociedades y otras. Se plantea un serio dilema ante la consideración de un desarrollo económico más racional o «sostenible» y la estimación de las necesidades de personas que se mueven entre la inanición y la saciedad en términos de energía alimentaria -lo que equivale al simple y al doble3– y entre extremos enormemente distantes en términos de energía exosomática.
El impacto ambiental
En el terreno de los problemas concretos, la Ecología como tal, como ciencia de los sistemas naturales -como ciencia que estudia las interrelaciones ambiente físico-mundo vivo-, ha participado todavía relativamente poco en los problemas ambientales. Esto es paradójico. Sus planteamientos, que parecerían decisivos y, de hecho, gozan de gran popularidad en el mundo de la conservación de la naturaleza, carecen aún de suficiente arraigo extra-académico en el campo del «medio ambiente». El mundo industrial conoce poco la ciencia ecológica, pero teme sus planteamientos porque los confunde con los propios del ecologismo (el uso social y sostenible de los recursos naturales). Los ecólogos, por su parte, podría pensarse que siguen estando demasiado ocupados en entender la «fisiología» de los sistemas ecológicos como para abordar con mayor decisión la «patología» que la sociedad humana impone a tales sistemas. Y es probable que en la era del diseño experimental y de la exactitud científica del trabajo, el celo profesional exija sensatamente que la génesis del conocimiento ambiental tenga que pasar por estas etapas. Ha sido en cierta forma contraproducente el papel llevado a cabo en las dos últimas décadas por muchos presuntos expertos ambientales y aficionados a la ecología. Pero es verdad que largos años de errores conceptuales, que los enfermos pagaron caro, caracterizaron también los comienzos de la medicina, o la farmacia. Hoy, en cualquier caso, resulta chocante que, encontrándonos en los umbrales del próximo siglo, siga operándose por decisiones de prueba y error llevadas a cabo sobre la realidad ambiental misma con unos costes enormes para los recursos naturales.
Hay que reconocer, efectivamente, cierta frivolidad en considerar como «ecológicos» a estudios que no son tales, y cierta culpa en algunos ecólogos desentendidos de problemas extra-académicos en los que sus conocimientos hubieran resultado decisivos. Hay elementos de juicio para pensar que, en parte, se debe al desprestigio de algunos proyectos ambientales en los que se ha prescindido a propósito de los ecólogos, por interesar más ignorar el problema ecológico que hacerle frente o, como se ha dicho antes, por aparentar conocimientos ecológicos quienes, careciendo de ellos, han encontrado un mercado profesional sustancioso ofrecido por clientes aún más ignorantes, o corruptos, que ellos. Cuando se ha dispuesto de estudios bien hechos, pocas veces se han tomado como modelo para otros nuevos. La mayoría de los estudios de impacto ambiental llevados a cabo en España, desde la entrada en vigor de la Directiva europea sobre el tema, no resiste el menor análisis crítico del fundamento de sus conclusiones. Es un ejercicio que podría llevar a cabo cualquier estudiante universitario de Ecología -una práctica que, de hecho, se realiza en algunas Universidades-. Pasará todavía algún tiempo para que el tratamiento serio de este tema arraigue entre los profesionales y para que la Administración ambiental del país lo considere con decisión y mayor compromiso.
El frente de trabajo de la Ecología aplicada podría reconocerse teniendo en cuenta los siguientes escenarios:
—El terreno de lo concreto contiene un fondo ético del mismo alcance que el global, el que se ha referido, más arriba, a la interacción hombre-biosfera, filosófico y educativo -de toma de conciencia razonada-. La Economía se basa en los recursos naturales. El monetarismo -la profesión de muchos expertos en finanzas- generalmente no. Al menos no directamente. La Economía debe pasar por conocer, al menos, los rasgos generales del funcionamiento de la naturaleza, algo que es lamentable que no se haya enseñado en las Universidades pensando en el trabajo de los futuros economistas. Esto es muy patente en España. Ya es malo que algunas Facultades españolas traten de enseñar la ecosfera sin contar con ecólogos, o biogeografía sin contar con biólogos, pero el trabajo de los futuros economistas tiene probablemente una repercusión ambiental mucho más directa que la de otros profesionales que, al fin y al cabo, estudian aquellas materias a manera de adorno de sus carreras fundamentales.
La explotación de los recursos naturales se basa hoy, todavía, en decisiones de prueba y error. Gran parte de los sistemas agrarios tradicionales evolucionaron a través de este mecanismo, hasta decantar diferentes formas de cultura a partir de la transmisión generacional de aciertos y desecho de errores. El desarrollo industrial habitual se ha basado también en decisiones de prueba y error, aunque soportadas por grandes medios materiales para llevar a cabo las actuaciones. Además, desde la perspectiva ambiental, ha carecido prácticamente de conciencia y previsión en su corto periodo de vigencia, al contrario que la milenaria cultura rural tradicional. El desarrollo industrial futuro debería, por el contrario, ensayar estas decisiones mediante computadoras. No se justifican ya los ensayos sobre la realidad misma. Los costes ambientales acumulados por los errores ya son demasiado altos. Existen componentes éticos y económicos de progresivo peso. Así, por ejemplo, ¿tenemos derecho a disminuir la diversidad biológica de ciertas regiones por muy «rentable» que sea a corto plazo para algunos intereses monetaristas? Extrapólese esta consideración a determinadas formas de explotación del trabajo humano que el mercado propicia. En el antiguo Imperio Romano se conocía el carbón mineral y podría haberse explotado. Sin embargo, el contexto ético de la época permitía considerar como más barata y rentable la energía de los esclavos, de manera que la inversión energética por esta vía mantuvo al Imperio largo tiempo.
—En la naturaleza casi todo se relaciona con todo. La explotación de un recurso suele guardar relación con la alteración de un proceso. La extracción de madera del bosque de un terreno en pendiente lleva consigo la pérdida de suelo por erosión, el enturbiamiento del agua de escorrentía y el cambio de las cualidades del agua de los cauces. Cualquiera puede entender esta trama de relaciones. El coste y el beneficio de esa explotación deben ser analizados en el marco de este proceso. El mundo industrial no puede permitirse seguir ignorando este tipo de cosas. Una industria puede producir un determinado artículo utilizando entre sus materias prima el agua. La puesta de este artículo en el mercado no es ambientalmente sostenible si el agua usada vuelve a sus flujos naturales en peor estado del que fue tomada. Habitualmente el proceso industrial es así, de manera que el precio del artículo en el mercado es falso: no contiene los costes de depuración del agua, el recurso que permitió su fabricación. La naturaleza dispone de mecanismos propios de depuración de ese agua, pero estos mecanismos llevan también asociados costes indirectos en una trama de relaciones en la cual nadie debería imaginar que resulta ajeno el producto fabricado, o consumido.
—La formalización de los propios problemas ambientales no es una tarea fácil que, en general, haya sido abordada en profundidad por la Ecología ni, mucho menos, por ninguna otra área del conocimiento. Los problemas ambientales (¿ecológicos?) han de entenderse dentro de tramas reales, y no como abstracciones sectoriales de la realidad. La contaminación de un río debe contemplarse en el contexto del funcionamiento del ecosistema que constituye toda la cuenca 4-5-6, no como un problema físico-químico o microbiológico, como habitualmente se enfoca. Se necesitan análisis multivariantes y modelos de síntesis que proporcionen funciones numéricas del comportamiento de todo un sistema. Éstos necesitan basarse en parámetros adecuados, unas veces analíticos: temperaturas, composiciones químicas, abundancia de organismos, etc., y otras veces macroscópicos: diversidad biológica, tasas de renovación, productividad biológica, flujos hidrológicos, etc.
—El problema ambiental suele tener tres componentes: uno es ecológico, otro económico y otro sociológico. El primero, debe analizarse en el contexto de una trama de relaciones. Se han comentado algunos ejemplos más arriba. El segundo, no es monetarista: el recurso natural debe tener un precio, y su alteración unos costes asociados; el producto interior bruto de una región contiene un término de signo positivo, comercializable, y unos costes (ambientales) que suponen la descapitalización del sistema que permitió obtener el producto; estos costes no pueden seguir siendo ignorados por más tiempo7-8. El componente sociológico constituye el parámetro de referencia de la operación. La clarificación del problema ambiental desde el punto de vista de este componente debe contemplar la percepción social del beneficio obtenido -por ejemplo, empleo, capacidad de consumo-, del problema generado -pérdida de calidad de vida, aun a costa de la subida de su nivel-, y el concepto de progreso, o retroceso, generado en la sociedad.
La trama humana (industria, comercio, infraestructuras) en la trama natural
Los aspectos anteriores requieren conciencia de que la naturaleza contiene valores intrínsecamente altos a cuyo conocimiento y disfrute la sociedad humana no puede renunciar. La educación sobre las tramas naturales afectadas por el desarrollo económico es absolutamente perentoria, porque permitiría disponer de un espíritu crítico en la sociedad para que ésta participara en la toma de decisiones. El espíritu crítico no tiene que ir en contra de la idea de desarrollo económico. Este aspecto es de más fácil arraigo en la sociedad que el monetarista, cuyo sistema de intereses nadie llega a entender realmente con la claridad que, por el contrario, ofrece un proceso natural, patente y tangible, como, por ejemplo, el asociado a la economía del agua.
Para corregir disfuncionalidades se necesita conocer la evolución espacio-temporal de los parámetros y procesos ecológicos alterados. No basta el estudio analítico y no son suficientes los equipos de trabajo multidisciplinares. El desarrollo económico se entiende bien en el contexto de las tramas comerciales creadas por el hombre. Estas tramas no son ajenas a las tramas naturales. La nueva concepción de la Economía requiere imbricar las tramas socio-económicas con las naturales. Las visiones analíticas o sectoriales no resultan válidas. Nunca lo fueron, pero hasta recientemente no se ha dispuesto de instrumentos de análisis globales. Hoy, el desarrollo de la informática permite disponer de modelos de interacción capaces de afrontar el reto de trabajar en un contexto sistémico.
En la consideración de aquellas tramas naturales, los ecólogos utilizan «hilos conductores» que permiten entender el funcionamiento de los sistemas y la comprensión de las estructuras naturales territoriales. El tantas veces citado como ejemplo ciclo del agua, puede servir para entender estas conexiones. El seguimiento sistemático del destino final de los productos de la industria como residuos de diferentes tipos y, particularmente, las ventajas e inconvenientes de su reciclaje, constituye también un excelente hilo conductor de la trama socioeconómica. En el fondo se propone simplemente dejar enteramente terminados los diseños de los proyectos industriales, cosa que raras veces se hace: dónde termina el producto, cuál es su periodo de vigencia en el mercado, qué efectos secundarios tiene su uso, cómo puede reciclarse. La naturaleza dispone de sistemas de reciclaje consolidados -el humus del suelo es, en realidad, un subproducto cuyo papel en la economía del agua es esencial; el oxígeno del aire que respiramos es un subproducto de la producción vegetal-. Lo que podríamos, tal vez, denominar «ecosistema humano» todavía no se ha planteado seriamente la importancia del reciclaje de residuos en origen y en destino. Hay razones económicas aún no vislumbradas por los economistas que, cuando lo sean, permitirán poner en funcionamiento esta parte del invento.
Racionalidad de la gestión ambiental
Existen algunos frentes de acción, no muy numerosos, ni complicados, en los que la ciencia ecológica puede enseñar a pensar en términos económicos. Es en ellos donde deben plantearse y desarrollarse las actuaciones de la moderna economía del mundo industrial. En cierta forma se trata de una economía de vuelta a sus orígenes, integrada en el sistema natural que precisamente permite su desarrollo9. No es una economía ajena a éste, como, erróneamente, han llegado a imaginar ciertos economistas y financieros en los últimos tiempos.
Merece la pena pasar revista a algunas cuestiones clave, unas veces absolutamente pendientes de desarrollo, y otras tratadas más o menos decididamente gracias a la iniciativa de colectivos diferentes:
a) Legislación. Los juristas deben conocer de cerca la ciencia ecológica. Al menos algo. No pueden seguir ignorándola de forma tan evidente como hasta ahora. En el mundo actual, sin olvidar a los economistas, son probablemente los profesionales no ecólogos o ambientalistas que menos ajenos deben estar a los problemas reales del medio ambiente. Su atención es requerida porque la diversidad biológica parece estar en peligro, porque el problema demográfico es grave y su consumo energético se ha disparado, porque cuenta más la cantidad que la calidad del consumo humano y porque los desechos industriales no pueden seguir acumulándose. De la misma forma, ecólogos y expertos ambientales deben conocer mejor las vías legales para integrar el desarrollo económico en el contexto de los recursos naturales. No puede continuar este divorcio. El reto interesa particularmente a estos profesionales e, institucionalmente, a la Administración. Por su parte, ésta no puede seguir siendo asesorada por supuestos expertos; está obligada a conocer exhaustivamente los currícula de sus consejeros -quiere decirse que estos currícula, a veces deslumbrantes a los ojos del administrador profano, deben ser analizados por especialistas en estas áreas- El sistema de selección que en España, particularmente en la última década, ha permitido acceder a puestos de responsabilidad pública a personas sin preparación, no puede continuar en materia de medio ambiente. Aquí los errores y decisiones de conveniencia han sido muy patentes. Desde luego, ese sistema no debe continuar tampoco en ninguna otra materia. La Administración tiene que ser responsable de ello.
Debe mejorarse el tiempo necesario para adaptar las leyes a las nuevas circunstancias: la ocupación del territorio, la explotación de recursos materiales, la eficacia del gasto energético, la generación de residuos, las perspectivas y condicionantes del mercado, y el contexto ambiental de estas actuaciones, necesitan normativas legales que faciliten el desarrollo de una verdadera «ecología industrial». Esta normativa tiene que ser más dinámica que ninguna otra y contemplar tramas de interacción: las leyes «ambientales» sectoriales se han mostrado inoperantes, solo son eficaces en casos muy concretos; no se vislumbran consecuencias indirectas ni a largo plazo.
Los intereses económicos de los proyectos de desarrollo con claras implicaciones ambientales no pueden seguir siendo objeto de persecución y caza por parte de conservacionistas o ecologistas. Es una baza que, en estos días, ya no tienen que jugar estos héroes. Sencillamente no puede haber -no puede seguir habiendo- esclavitud de la naturaleza. Así que la transparencia de la política ambiental ha de ser total. Un marco de referencia para gobernar -como las leyes de tráfico-, no la alternativa de un partido político iluminado frente a otros malditos.
b) Ocupación del espacio. La planificación del espacio resulta esencial. Siguen utilizándose ejes atávicos de crecimiento a través del territorio. Esto no se justifica con los medios tecnológicos de que dispone la economía actual.
En España, la Administración carece prácticamente de especialistas en ordenación del territorio y otras áreas clave de la Geografía aplicada. Se trata de un país sin planificadores. ¿Fueron acaso expertos en planificación los que llevaron a cabo la redacción del controvertido y reciente Plan Hidrológico Nacional, o el diseño de nuestro peculiar desarrollo turístico? Ambos casos son problemas genuinos de ordenación del territorio. Cuando hay planificadores, se debe más a la iniciativa de un político con conciencia del tema que a una estrategia política nacional. Así, por ejemplo, las autopistas siguen ocupando los suelos fértiles de las vegas (los antiguos caminos los ocupaban por razones hoy inoperantes); los polígonos industriales se instalan allí donde los terrenos son, sencillamente, más llanos; por su parte, los incendios forestales se tratan como un problema de bomberos (…y bastante hacen con ello los técnicos forestales que cargan cada verano con la responsabilidad de apagarlos).
c) Economía energética y de materiales. Es evidente que la integración de la economía humana en la trama ecológica natural requiere mejorar los sistemas de transformación y utilización de la energía. La naturaleza funciona con energía cuyo reparto espacial resulta muy disperso. La economía humana tiene que concentrarlos en puntos originales de transformación (centrales térmicas, presas, refinerías) y en pequeños espacios de utilización (núcleos urbanos, industrias, transportes). No debiera, sin embargo, despreciar el uso disperso. Así, la utilización de algunas formas menos clásicas de energía, como la eólica o la solar, deben considerarse como complementarias, no solo como alternativas -cuya rentabilidad parece posponerse indefinidamente-. Hasta ahora, pocos diseños industriales han dedicado un espacio a esta complementariedad. Aquí todavía se han invertido pocas ideas y menos dinero. El gasto energético de cualquier país resulta inversamente proporcional al precio de la energía. Sin embargo, la gestión ambiental -económica- de la energía utilizada en la industria merece planteamientos de racionalidad menos dependientes del precio de la energía y más dependientes de una concepción de simple ahorro de procesos.
En relación con los recursos materiales, un reto ambiental considerable de la nueva industria es la generación de residuos. En muchas industrias esto depende directamente de la gestión del agua, y, en todo caso, ésta misma constituye un objetivo central de la gestión ambiental. La moderna tecnología se orienta decididamente a evitar la propia generación de residuos. Resulta relativamente fácil inspirarse en los sistemas ecológicos naturales para acortar eficazmente la trayectoria entre la producción de residuos y su transformación -«tratamiento» o «eliminación», en la terminología industrial-. El reciclaje no debe ser un proceso de larga trayectoria. En la naturaleza, solo en los ecosistemas más inmaduros lo es -aunque en muchos casos los residuos actúan en los sistemas naturales a manera de eficaces mecanismos feed-back-. Se trata, esencialmente, de establecer vías de rentabilidad económica en el control de residuos. Esto puede hacerse mediante estrategias de creación, a partir de ellos, de productos comercializables que no contaban hasta ahora con un mercado definido. Así, el residuo de co2 de la industria cervecera ha contado habitualmente con un cliente seguro en el sector de las bebidas refrescantes -una especie de «ciclo cerrado de la materia» basado desde luego en un residuo de alta calidad química- pero otros muchos subproductos industriales no gozan de esa perspectiva. Algunos de los denominados residuos «peligrosos» contienen realmente productos químicos cuya propia obtención constituye la finalidad de determinadas industrias. Estas satisfacen el mercado de los mismos con una competencia que estaría cada vez peor justificada en el marco de una economía ambiental.
Aprender de la complejidad alcanzada en el sistema económico es bueno10. Este sistema ofrece una buena base para invertir conocimientos en la biosfera. En la naturaleza, los sistemas complejos conectan directamente los procesos de producción, generación de residuo y consumo. No es energéticamente rentable mantener los residuos en el medio ni inutilizarlos. A veces se produce una capitalización energética sin fines productivos -madera, carbón, petróleo, gas que los biólogos se explican mal. Aquella eficacia se consigue, no obstante, con un sistema bueno de transporte. Curiosamente la eficacia de este transporte se basa en que los recorridos son muy cortos. Este equilibrio de eficacias «producción-longitud del transporte-consumo» constituye probablemente una de las bases fundamentales en que asentar la integración de la economía en el medio ambiente.
Referencias
1) Díaz Pineda, F. «Ecología de los sistemas agrarios», en Molina, A. (Ed.) Prácticas ecológicas para una agricultura de calidad, Publicaciones de la Comunidad de Castilla-La Mancha, 1995, págs. 5-17.
2) Díaz Pineda, F. (Ed.) Ecología y desarrollo, Editorial Complutense, Madrid (en prensa).
3) Margalef, R. Ecología, Ed. Omega, Barcelona, 1975.
4) Schmitz, M.F. et al. Modelo ecológico de referencia sobre el funcionamiento de una cuenca, INI-ENRESA, Madrid, 1992.
5) White, I.D., Mottershead, D.N. y Harrison, S.J. Environmental Systems, Unwin, Boston, 1984.
6) Park, c.c. Ecology and Environmental Management, Butterworths, Londres, 1980.
7) Naredo, J.M. y Parra, F. (Eds.) Hacia una ciencia de los recursos naturales, Siglo XXI, Madrid, 1993.
8) Cairncross, F. Las cuentas de la tierra, Acento, Madrid, 1993.
9) Daly, H.E. «Desarrollo sostenible y escala óptima de la economía», en Díaz Pineda, F. (Ed.) Ecología y Desarrollo, Editorial Complutense, Madrid (en prensa).
10) Díaz Pineda, F. «Sobre los factores clave de la interacción hombre-biosfera», en Díaz Pineda, F. (Ed.) Ecología y Desarrollo, Editorial Complutense, Madrid (en prensa).
(*) Texto fundamental de la conferencia inaugural pronunciada por el autor en el I Seminario Nacional de Auditorías Ambientales, Madrid, noviembre de 1995.
Los resultados de los últimos comicios pueden valorarse desde distintas perspectivas: los números absolutos, la comparación «política» o el recuerdo de las últimas elecciones. Y todas han de ser tenidas en cuenta.
Después de unas elecciones sucede la maravilla de que casi todos los políticos suelen quedar contentos. Este no ha sido el caso de los últimos comicios. Se ha producido la paradoja de que el partido ganador (PP) se ha sentido desanimado. En cambio, el perdedor (PSOE) ha cobrado un renovado ánimo. Hay que explicar la paradoja.
La mentalidad más racional, después de una elección, es que cada partido se compare con los votos o escaños que antes tenía. Visto así el resultado, es claro que el ganador es el PP (cfr. cuadros 1 y 2), que pasa a ser, además, el partido más votado y el más nutrido del Congreso y del Senado. Relativamente hablando, mejora también su posición IU. En términos de escaños sobresale el BNG, que irrumpe en el Congreso con dos diputados. El PSOE pierde escaños, CIU y el PNV se quedan prácticamente como estaban.
Cabe otra comparación «más política». Es la que analiza el «mapa» electoral teniendo en cuenta la evolución de cada partido y su posición relativa respecto a los demás. Así, el movimiento más significativo es el del PP, cuyo voto crece ininterrumpidamente desde 1989 hasta sobrepasar al PSOE en 1996. Al contrario, la trayectoria del PSOE es descendente desde 1982. La última elección supone que esa trayectoria se cruza con la del PP hasta situarse por debajo de ese partido, aunque más en escaños que en votos. Así pues, los dos primeros partidos se encuentran muy próximos (después de haber estado muy lejos), ambos por debajo de la línea de la mayoría absoluta. El tercer partido (IU) se aleja cada vez más del segundo, a una distancia tal (120 escaños) que hace difícil la superación del modelo bipartidista. Aunque en realidad el modelo que funciona es el de «dos partidos y medio». Ninguno de los dos partidos puede gobernar por sí solo; necesita de la colaboración de un tercero o un cuarto.
Aquí se presenta otra consideración: es la ventaja relativa de escaños que mantiene cada partido en relación a los votos obtenidos. La fija la Ley Electoral y se determina, además, por la estructura geográfica del voto. El primer partido es el que tiene más ventaja. A igualdad de votos, el PP logra más ventaja que el PSOE al dominar en las provincias donde es más «barato» cada escaño, fundamentalmente las de Castilla y León. El partido con menos ventaja es IU, al tener pocos votos y desperdigados por todo el mapa. En cambio, los pequeños partidos de alcance regional o provincial gozan de una cierta ventaja si consideramos sus escasos votos. Esta estructura es la que lleva a la posibilidad de un Gobierno del PP con los grupos nacionalistas o regionalistas. Pero ese mismo hecho es «autoderrotante», pues inhibe la capacidad de expansión del PP en las regiones donde destacan esos partidos. Si el PP no logra entrar más en Cataluña o el País Vasco, será difícil la consecución de la mayoría absoluta.



Pero decíamos que hay otra comparación del mayor interés que resulta intrigante. Es la que realizan los partidos respecto a sus expectativas de voto. Estas se derivan de sus deseos, del resultado de las encuestas, del estado de opinión que reflejan los comentaristas de prensa. Es evidente que, por este lado, el «ganador» es el PSOE. Ha funcionado aquí la estrategia de la «campaña del miedo». Se puede juzgar como inoportuna e incluso inmoral, pero ha resultado efectiva para los intereses del PSOE. Lo peor es que, abierta la caja de los truenos, puede que se refuerce el clima de rencor entre la derecha y la izquierda: significaría un enorme retroceso respecto a los logros de la transición democrática.
La estructura electoral y sus cambios se comprende mejor cuando la proyectamos sobre el territorio. En 1993, el PP supera el 45% de votos en Galicia, Castilla y León, Baleares, Murcia y algunas provincias de Castilla-La Mancha (Guadalajara y Cuenca). Es decir, domina en las provincias que se consideran típicas de clase media. En 1996 esa «mancha» central se extiende a otras varias provincias contiguas: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cantabria, las tres aragonesas (se suma el PAR). Al tiempo se refuerza la mayoría, hasta superar el 50% de los votos, en una gran parte de Castilla y León. El PP apenas se introduce en el País Vasco y Cataluña.
El voto del PSOE en 1994 se distribuye mejor en todas las regiones, aunque también con timidez en el País Vasco y Cataluña. Pero lo significativo es que sobrepasa el 45% en Extremadura, Andalucía y parte de Castilla-La Mancha. Este núcleo coincide grandemente con lo que podríamos llamar «territorio PER» (Plan de Empleo Rural). En 1996, el PSOE se distribuye de la misma manera, aunque las diferencias son menores entre una y otra provincia.
Podemos ver los mapas de otra manera: la diferencia porcentual de 1993 a 1996 (cfr. cuadro 3). El PP sube en todas las regiones menos en Aragón (si le sumamos el PAR), Cataluña y Baleares. Cada caso se explica por una razón diferente. En Aragón perjudica relativamente la unión de dos partidos (PP y PAR). En Cataluña, se pierde clientela al tratar de «catalanizar» el PP; la parte españolista se va al PSOE y la parte catalanista se desliza hacia CIU. En Baleares se acusa ligeramente el escándalo de corrupción que por una vez afecta al PP.
El cambio del PSOE es negativo en casi todas las regiones, menos en Cataluña, Baleares y algunas provincias sueltas. El ascenso realmente significativo es el de Cataluña, donde se recogen los votos que pierde el PP.
Es interesante anotar el caso de Andalucía. Por un lado sigue siendo el bastión de votos del PSOE, pero cada vez menos. En cambio, esa misma región cada vez vota más al PP. Otra cosa es que los populares se sientan frustrados porque las elecciones autonómicas andaluzas las haya ganado ampliamente el PSOE en contra de las expectativas que se habían creado. En la Andalucía rural es donde ha debido funcionar mejor la «campaña del miedo». Es allí donde se ha instalado el nuevo clima de rencor social y político que es la peor herencia del «felipismo».
Aunque era un tema que venía arrastrándose en el funcionamiento de muchos Ayuntamientos y algunas Comunidades Autónomas, las recientes elecciones anticipadas de Andalucía, forzadas por la imposibilidad del Gobierno autónomo de sacar adelante durante dos años seguidos los Presupuestos, hacen que merezca la pena una reflexión sobre un fenómeno que puede generalizarse en nuestro sistema político: que un gobierno nacional, regional o local, nombrado de acuerdo con la Constitución o las leyes, no pueda desempeñar su función y sus obligaciones por la actuación de otros grupos que votan sistemáticamente en contra de los Proyectos de Ley, incluido el Presupuesto, pero que tampoco son capaces de elaborar una alternativa política de gobierno.
Nuestra Constitución define a España como un Estado democrático que propugna, entre otros, como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad y el pluralismo político. Fruto de ese carácter y de esos valores es la existencia de unas Cortes Generales que representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa y el control de la acción del Gobierno. Además, una parte de esas Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, tiene la facultad y la obligación de elegir, a propuesta del Rey, un Presidente del Gobierno que, a su vez, propondrá al Rey los miembros del Gobierno. Las Comunidades Autónomas, inspiradas en los mismos criterios de técnica política, bien en sus Estatutos, bien en sus Leyes, han establecido un sistema parecido de elección del Presidente del respectivo Gobierno autónomo, si bien con menor protagonismo de la Corona, que solo nombra al Presidente de la Comunidad a propuesta del Parlamento autónomo.
Este mecanismo, aparentemente tan sencillo, a veces se complica como consecuencia del pluralismo político que se refleja en la composición del Congreso de los Diputados o de las Cámaras autonómicas. Tanto nuestra Constitución como las normas que regulan la elección de los presidentes de las comunidades autónomas prevén la situación ideal de que el propuesto obtenga la mayoría absoluta de los votos de la Cámara: será un presidente con la confianza de los representantes de la mayoría del pueblo representado. No hace falta que esa confianza se la hayan dado solo los que con el candidato concurrieron a las elecciones en sus mismas filas, sino que es posible que anteriores adversarios den sus votos al propuesto, o incluso que se organice una mayoría absoluta formada por grupos minoritarios en la que no estuviese presente el partido más votado popularmente.
Pero esas normas también prevén que, como consecuencia de la diversidad de partidos presentes en la Cámara, no haya esa mayoría absoluta, estableciéndose la posibilidad de una nueva votación en la que el candidato saldrá elegido con mayoría relativa. Y para el caso de que el propuesto no lo lograse en la segunda votación, también se prevén sucesivas propuestas de candidatos a la Presidencia del Gobierno o de la Comunidad Autónoma, con la misma doble votación en la que también puede darse el caso de que haya acuerdos entre grupos distintos para apoyar un proyecto conjunto. Finalmente, si en un plazo determinado de dos meses la Cámara no consigue elegir a nadie, se prevé novedosamente en la historia del constitucionalismo la disolución anticipada automática y la convocatoria de nuevas elecciones en el caso del Presidente del Gobierno y la mayoría de las comunidades autónomas, norma que no se establece en otras comunidades autónomas que hacen recaer la Presidencia del Gobierno autonómico en el candidato del partido con mayor número de escaños, o que restringen la segunda votación a los dos candidatos con más votos en la primera.
La experiencia hasta ahora ha demostrado que no ha sido preciso llegar -ni en España ni en ninguna de sus comunidades autónomas- a la disolución de las Cámaras por este motivo, pero sí que se han elegido Presidentes del Gobierno y Presidentes autonómicos con mayoría simple. Sin embargo, ni la Constitución ni los Estatutos de Autonomía dan a los Presidentes minoritarios un trato menos favorable que si hubieran sido elegidos por arrolladora mayoría absoluta. Una vez nombrados Presidentes del Gobierno o de la Comunidad Autónoma, tienen todas las facultades que las normas superiores atribuyen al cargo, y no pueden ser cesados por la Cámara que los eligió nada más que mediante una moción de censura constructiva aprobada por mayoría absoluta. Cosa distinta sería la del sometimiento voluntario a moción de confianza y su pérdida, pero en ese caso la iniciativa es del Presidente del Gobierno o de la Comunidad Autónoma, y no es objeto de estas notas.
Un sistema parecido se ha establecido para las Corporaciones locales, en las que el Presidente o Alcalde resulta elegido por los Diputados y Concejales por mayoría absoluta entre los que encabecen las listas que hayan obtenido representación en la corporación. Y si ninguno de ellos lo logra a la primera votación, se proclama Presidente o Alcalde al que encabece la lista más votada. El nombrado asume plenamente las competencias de su cargo y solo puede ser cesado mediante una moción de censura constructiva propuesta y aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Esta situación de gobierno minoritario en las Corporaciones locales es relativamente frecuente.
De todo ello se deduce que nuestro ordenamiento jurídico político tiene como uno de sus principios el que el gobierno recaiga en quien tenga el respaldo de la mayoría de los representantes de los electores de la demarcación a gobernar, aunque no haya sido quien más votos populares o escaños haya obtenido; pero si tal mayoría no existe o no se forma, nuestro sistema establece que corresponde la potestad y el deber de desempeñar el gobierno a quien tenga más respaldo que otros, bien de los representantes de los electores, bien directamente de éstos. Este principio está plenamente recogido en la Constitución, en la mayoría de los Estatutos de Autonomía y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Puede decirse que es uno de los principios generales de nuestro Derecho Político, y debe servir de referencia a la actuación de los grupos políticos que participan en el juego democrático.
A lo largo de la historia de los regímenes políticos parlamentarios, se han dado múltiples casos de situaciones de ingobernabilidad, por la debilidad del Gobierno, sometido a los vaivenes de los grupos parlamentarios que ponían y quitaban Presidentes o Jefes de Gobierno con bastante alegría. Para evitar que eso ocurriese en sistemas políticos de nueva implantación, o para acabar con situaciones existentes, se ha acudido a fórmulas presidencialistas, con un Gobierno nacido directamente de una elección popular, con o sin mayoría absoluta, a una o dos vueltas, o a sistemas electorales que potencian la representación de los grupos con más respaldo en detrimento de los grupos menores.
Nuestra Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley Electoral General, optando por el sistema de representación proporcional que permite un mejor reflejo del pluralismo político, han establecido como mecanismo de estabilidad de los gobiernos el exigir para su destitución una moción de censura constructiva. De esta forma, hace falta que una mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, del Parlamento Autonómico o Corporación Local, voten a favor de un nuevo Presidente del Gobierno, Presidente o Alcalde, para cesar al anterior. Y mientras esa nueva mayoría no se forme, el que desempeña el cargo tiene el derecho y el deber de ejercerlo con la plenitud de sus atribuciones.
La práctica nos demuestra que la amplitud de facultades de un Gobierno en cualquier ámbito, hace posible gestionar en minoría sin grandes problemas. Hay que cuidar las leyes, de forma que sean aceptadas por algún otro grupo o conseguir que algún sector se abstenga, negociar, etc.; pero se funciona. El problema surge cuando se llega al Presupuesto, que es una norma en la que se refleja la política a seguir por el Ejecutivo durante un año.
Una de las competencias que la Constitución, los Estatutos y la legislación de Régimen Local reservan al Gobierno de la Nación o de las Comunidades autónomas, Presidentes de Corporaciones locales o Alcaldes, es la de la elaboración del Presupuesto anual, que es el documento en que se recogen todos los gastos e ingresos del sector público de la demarcación y, por tanto, donde se establecen los límites económicos de la actuación de la Administración correspondiente. Esta iniciativa no puede ser sustituida por las Cámaras o Corporaciones. Y en su debate, enmienda o aprobación, ni las Cortes Generales ni las Cámaras autonómicas pueden introducir, sin consentimiento del respectivo gobierno, modificaciones que impliquen aumento del gasto o disminución de los ingresos. En las Corporaciones locales, la prohibición del déficit inicial, que vincula a Presidentes y Alcaldes y a toda la Corporación, limita igualmente la libertad de los Plenos para modificar el proyecto de Presupuesto elaborado por el Presidente.
Debe entenderse que la existencia de un Presupuesto es requisito básico para el funcionamiento de la Administración Pública: no solo por su naturaleza, sino por el imperativo que la Constitución, los Estatutos y la Ley de Haciendas Locales establecen tanto para el titular del Ejecutivo como para su tramitación. Y si existe la obligación de presentar y tramitar un presupuesto, en cuya discusión y aprobación las Cámaras tienen limitaciones, no parece de recibo un rechazo sistemático y generalizado del Presupuesto presentado. El devolver el Presupuesto al Ejecutivo mediante una enmienda a la totalidad aprobada tiene que ir unida o bien a una moción de censura constructiva para formar un Gobierno que desarrolle esos otros criterios políticos de la Cámara, o bien a unas Bases precisas de las que pueda elaborarse un nuevo Presupuesto alternativo que no pueda ser nuevamente rechazado. Quizás sería conveniente que algún mecanismo de ese tipo se pactase o incluso se plasmase en texto legal.
El bloqueo o asedio a un Gobierno minoritario por la vía presupuestaria es una vía ilegítima de impedir la actuación de las prerrogativas gubernamentales. Nuestro sistema político, para evitar aquellas situaciones extremas como las de la República de Weimar, en la que los partidos eran capaces de derribar gobiernos pero incapaces de sostenerlos, establece con carácter general la necesidad de mociones de censura constructivas. Y tratar de derribar los Gobiernos por otro sistema, en el que se evita la responsabilidad de nombrar nuevo Presidente del Gobierno, debe entenderse un fraude a los principios constitucionales. La responsabilidad de los dirigentes políticos tiene que evitar que se caiga en situaciones semejantes, porque no solo se está alterando el mecanismo constitucional, sino que por el desgobierno en que se termina se puede poner en peligro el mismo sistema.
La representación de la pluralidad de valores e intereses sociales, económicos e ideológicos presentes en la sociedad española quedó fuertemente desequilibrada tras las elecciones legislativas de 1982, en las que desapareció políticamente el centro-derecha. El colapso de la UCD en aquellas elecciones y la abrumadora mayoría obtenida por el PSOE, consecuencia en buena medida del hundimiento del grupo centrista, configuró un sistema de partidos caracterizado por una nula competitividad interpartidista que hacía imposible la hipótesis de la alternancia política.
Durante la década de los ochenta el estancamiento electoral de Alianza Popular parecía hacer inviable la reconstrucción del centroderecha desde esa formación. Sin embargo, la renovación política y generacional que se produce en ese partido a comienzos de 1990 da sus primeros frutos en las elecciones municipales y autonómicas de 1991, anunciándose ya entonces un cambio de tendencia en sus posibilidades electorales. La distancia entre el PSOE y el PP era, en aquel momento, de catorce puntos, lo que llevó a algunos reputados analistas políticos a considerar que -con ese ritmo de aproximación- la alternancia no llegaría antes del 2025. Este tipo de lectura electoral despreciaba el hecho significativo -que desde esta revista subrayaba entonces yo misma- del gran avance del Partido Popular en los núcleos urbanos más habitados hasta el punto de ser el grupo más votado en casi la mitad de las capitales de provincia.
Dos años después de aquellas elecciones, la reconstrucción política del centro-derecha, ya tímidamente iniciada, se convirtió en un hecho. Los resultados de las elecciones legislativas de 1993 configuraron un nuevo sistema de partidos en el que la competencia interpartidista alcanzó unos niveles desconocidos desde las elecciones de 1979, rompiendo con la serie de mayorías absolutas de la década anterior: la posibilidad de la alternancia reapareció en nuestro sistema político tras once años de ausencia.
Los resultados de las elecciones del pasado tres de marzo reproducen el sistema de partidos que generaron las elecciones de 1993, de manera que ahora, como entonces, se ha ampliado el número de actores necesarios tanto para la formación del gobierno como para garantizar su acción de forma estable. Las coincidencias entre las elecciones de 1993 y 1996 son numerosas pero son más significativas sus divergencias, al haberse producido un cambio de actor en el papel de personaje principal del sistema.
Con nueve millones seiscientos mil votos, el Partido Popular vence en las pasadas elecciones del 3 de marzo, concluyendo así el largo camino que, bajo el prisma de la reconstrucción del centro-derecha, inicia en 1982. El apoyo electoral al Partido Popular ha sido muy similar al obtenido (en número de votos) por el PSOE en 1982, y porcentualmente igual al de este partido en las elecciones legislativas de 1989 –en las que logró, prácticamente, su tercera mayoría absoluta-, pero ahora esos votos y ese porcentaje alcanzados por el PP solo han podido traducirse en 156 escaños porque -a diferencia de lo ocurrido en aquellas elecciones- el resultado del segundo partido se distancia poco del obtenido por el partido vencedor.
El PP ha tenido una exitosa trayectoria electoral entre 1991 y 1996, en menos de cinco años ha alcanzado dos metas: superar el estancamiento en el que permaneció durante los años ochenta, y ganar unas elecciones a un partido que durante largo tiempo había gozado de mayorías absolutas.
Vencer en unas elecciones desde la oposición resulta siempre más difícil que hacerlo desde el Gobierno. Invariablemente, el partido del gobierno, o el candidato que se presenta a la reelección, parten de una posición más favorable (es lo que los alemanes denominan «el bono del Canciller» o lo que los que los norteamericanos interpretan como ventaja sistemática del Incumbement sobre el Challenger). Es muy plausible que el Partido Popular haya logrado casi todos los votos que podía obtener, considerando que afrontaba las elecciones desde la oposición, y que la existencia de partidos nacionalistas moderados, con fuertes apoyos electorales, sustrae un importante potencial de votos a una opción de centro-derecha de ámbito nacional. Pero igualmente razonable resulta creer algo que habrá que contrastar con los datos de las encuestas post-electorales, a saber: que la gran diferencia entre pp y PSOE, pronosticada por todos los sondeos publicados, haya movilizado en favor del Partido Socialista a un número de sus anteriores votantes que en esta ocasión se sentían inicialmente inclinados a la abstención o a otorgar su apoyo a Izquierda Unida.
Es imposible determinar qué hubiera ocurrido si la diferencia de votos pronosticada hubiese sido más ajustada, y si la estrategia electoral del PP no se hubiera definido a partir de una victoria dada por descontado. Muy probablemente, los resultados no habrían variado extraordinariamente. En mi opinión, tiene escaso fundamento, por las razones antes aludidas, pensar que el triunfo del PP se habría producido, en ese caso, por mayoría absoluta. Simplemente haber superado la cifra de los 160 escaños, (que habría supuesto para el PSOE un número inferior a 140), habría evitado al PP muchos de los enojosos prolegómenos que ha tenido que afrontar al iniciar las negociaciones para la formación del gobierno.
En los sistemas democráticos, todas las elecciones tienen esencialmente un mismo y extraordinario valor: constituyen la forma más importante de participación política de los ciudadanos. Cada elección puede, sin embargo, ofrecer valores adicionales al sistema democrático. El valor específico de los resultados electorales del 3 de marzo está en la plena consolidación de una formación política de centro-derecha, lo que significa reencontrar un equilibrio en la representación política que se había perdido desde 1982. Y en esa misma medida se recupera la posibilidad de la alternancia en una u otra dirección, lo que resulta, más allá de las propias simpatías políticas, beneficioso para nuestra democracia.
Los resultados electorales del 3 de marzo han sido sorprendentes y no han atendido a la demanda de estabilidad que necesitaba el país después de una azarosa legislatura anterior. Desde el respeto absoluto a la voluntad soberana de los ciudadanos, libremente expresada en las urnas, corresponde a los políticos establecer los acuerdos políticos necesarios para procurar, a posteriori, un marco estable que permita la gobernabilidad del país (que es tanto como decir la defensa de los intereses generales de los ciudadanos y la contribución a la resolución de sus problemas). El Partido Popular ha ganado limpia y democráticamente las elecciones, superando la inercia del miedo, los serviciales medios de comunicación públicos, otros medios de comunicación afines en comisión de servicio y -sobre todo- una estrategia política del PSOE basada en la división del país.
Los españoles han decidido; seguramente no sabían cuál iba a ser la foto final, y ahora a algunos posiblemente no les gusta la que pueden tener en la mesilla de noche en los próximos cuatro años, pero a los políticos les corresponde solo interpretar e intentar resolver las realidades políticas. En democracia, las mayorías las orientan los ciudadanos con su voto.
Desde la órbita socialista, las consecuencias apuntan a que Felipe González, con este resultado electoral, va a poder congelar la renovación del PSOE (que inexcusablemente pasa por su relegación del liderazgo del Partido Socialista). También entra dentro de lo previsible que, desde la oposición, o desde la Presidencia del Gobierno en funciones si hubiera elecciones, su partido pueda avanzar en la hegemonía de la izquierda, reduciendo a Izquierda Unida a un papel simbólico. Parece que Felipe González, que con frecuencia hace coincidir sus intereses con otros más generales, cree, como manifestó en Linares, que éste es el mejor resultado posible. Dado que no es el mejor resultado posible para el conjunto del país, es fácil deducir que lo que está pensando es que es el mejor resultado para él. En fin, que el resultado electoral parece tranquilizarle.
Tres semanas después de las elecciones y una vez producido el encuentro Pujol-Aznar -que «desbloquea el clima», «rompe el hielo» y «fortalece los puentes» (incluido el aéreo)-, lo único cierto es que el país sigue esperando un acuerdo que nos permita bajarnos de la actual noria para que el país simplemente ande. El Partido Popular está cumpliendo fielmente con sus obligaciones y con el mandato recibido; muy especialmente su Presidente, intentando de buena fe aproximar posturas con los nacionalistas catalanes y vascos; con los canarios ya lo ha conseguido.
Eso se está haciendo desde el liderazgo de un partido nacional que tiene un proyecto común y plural para España. El reconocimiento de la pluralidad de España deriva de la histórica Constitución de 1978 y de los Estatutos de Autonomía vasco y catalán, que recogen sus aspiraciones de autogobierno y cuyo desarrollo estatutario no está concluido. Galicia y Andalucía, comunidades autónomas que lo fueron por la vía del artículo 151, también tienen en sus respectivos Estatutos de Autonomía un camino que recorrer. El resto de las Comunidades Autónomas, por tener hechos diferenciales menos pronunciados o por simple sensatez política, fueron reconducidas a otra vía de acceso a su autonomía donde prima más el carácter administrativo que el político.
Hay, por lo tanto, una invitación a cumplir lo que los españoles decidimos hace dieciocho años en la Constitución española y en los Estatutos. Es muy importante resaltar que el Partido Popular no es un partido «nacionalista español», y, por tanto, tampoco parece probable que por «tomar el poder» (es su obligación moral, política y constitucional intentarlo, al ser el partido más votado) vaya a convertirse en un partido nacionalista (catalán o vasco). España es plural, Cataluña y el País Vasco también lo son, como se ve en los resultados electorales en esas comunidades. Por lo tanto, es necesario que la tolerancia sea recíproca y que nadie pueda ser descalificado por no compartir ideas o conceptos a los que no está obligado. El Partido Popular concurrió a las elecciones con un programa que pretendía modernizar España de verdad. Y modernizar España consiste en: si es plural, hacerla plural; si el país tiene una Administración ineficaz y fotocopiada por triplicado, que tenga una única Administración eficaz; modernizarla es encontrar puntos de equilibrio entre la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad, porque de lo contrario España se descompensaría, y el país no se estaría modernizando, sino fomentando privilegios y desigualdades. La corresponsabilidad fiscal lleva aparejada la responsabilidad en la gestión del gasto público («quien cobra, paga») y además la de contribuir solidariamente en un porcentaje al mantenimiento y desarrollo de las comunidades más pobres.
Por lo tanto, hay que buscar puntos de encuentro en el camino que marca la Constitución. Este camino no se recorre en un día, y no debe ser simplificado: hay que hacerlo descendiendo a los puntos y a las comas. El reto histórico es integrar generosamente a los nacionalistas vascos y catalanes en un proyecto común que respeta e impulsa sus peculiaridades, y que además debería servir para potenciar las posiciones catalanistas y vasquistas del Partido Popular en esas comunidades, como ha ocurrido con el PSOE en Cataluña y en el País Vasco. Estamos en una calle, en suma, de doble dirección: el proyecto político es tan ambicioso y serio que no podrá estar concluido en una sola legislatura. Lo importante ahora es el compromiso político, el proyecto, la confianza mutua y el diálogo. La aplicación correcta de lo pactado, en tiempo y forma, es tan serio que no puede imponerse de la noche a la mañana.
España, Cataluña, el País Vasco, Canarias -toda España- esperan una solución que respete el veredicto de las urnas. Trabajar juntos es el camino. Nadie entendería ni perdonaría las posturas maximalistas, ni los órdagos, ni las resistencias numantinas, ni las piedras en el camino que impidieran formar ese Gobierno que España necesita. No valen los dobles juegos de traspasos ejemplares del poder al mismo tiempo que la denuncia de riesgos inexistentes o irresponsables acerca de la cohesión territorial y nacional del país; el todo o nada de unos o de otros no abrirá nunca camino. Hay que intentar el acuerdo y explicar con transparencia la grandeza de lo que se pretende, tanto si se consigue el objetivo como si no. La responsabilidad personal y política, la humildad, la templanza, el diálogo sin límites, la generosidad, las buenas formas y la visión histórica son referencias que no sabemos si conducen a la tierra prometida, pero sí conducen a poder presentarse ante los ciudadanos con la mirada limpia y la conciencia tranquila. El límite es la ley, es decir: la Constitución y los Estatutos; el proyecto es el de una auténtica transformación del Estado: para que el país sea más eficaz, esté más cohesionado -lo que se conseguirá al romper tabúes, preservando las señas de identidad de cada cual- y sea más solidario, sintiéndonos todos más cómodos en la gran tarea -plural pero común- de España.
Se equivocan los que ostentan el Gobierno en funciones de este país (y por tanto son responsables de todo lo que ocurra en España hasta que se forme el nuevo Gobierno) al estar, cuando el acuerdo parece imposible, animando a que se produzca, y cuando el acuerdo es posible sembrando dudas sobre su coste. Hay que saber perder, y no podrá presentarse como salvador ni como la solución, en unas posibles elecciones que no hay que descartar, el partido de la doble cara, el de la España en blanco y negro, el que mueve los hilos desde las cavernas del poder para impedir que la alternancia que han querido los españoles por 300.000 votos (aunque hubiera sido por un solo voto habría tenido la misma legitimidad) se produzca. Hay que hacer lo que hay que hacer, porque cumplir con el deber es siempre válido, cualquiera que sea la hipótesis con la que se trabaja. Ojalá que por el bien de los españoles y de la España plural se produzca un buen acuerdo que sane la parálisis actual y envíe a los que han perdido las elecciones a cumplir la tarea de una digna oposición. El país necesita una salida política: esperemos que los que por mandato de los ciudadanos son la llave abran las puertas del cambio y no las cierren, desentendiéndose de un proyecto que debería ser común.
En una conversación con NUEVA REVISTA (Nº 11, febrero de 1991, págs. 6 y ss.) el Presidente Pujol nos habló, hace ahora cinco años, de «lo que creo yo que son las tres dimensiones históricas de Cataluña».
La primera de ellas sería la carolingia o continental: tres siglos al borde de los Pirineos (realmente fueron poco más de dos) y mirando al continente. La «Marca Hispanica», como se llamaba en latín a esa franja de territorio, era la frontera meridional del Imperio. Cataluña habría nacido allí, más bien al norte que al sur de la cordillera. (Wifredo, el primer conde independiente de Barcelona -añado yo- era carcasonés). La segunda es la española. Esa nueva «vocacion catalana», la peninsular, habría pasado de un segundo lugar al primero cuando el conde de Barcelona se convirtió en Rey de Aragón el año 1137, dando comienzo a la dinastía catalana de la confederacion.
Casi un siglo después, uno de los grandes reyes de esa estirpe, Jaime Iel Conquistador, que recuperaría Valencia para la España cristiana, conquistó antes Mallorca estrenando la tercera vocación de Cataluña, la mediterránea, sobre cuyo origen nos contó también el presidente una bella historia. Cuando el rey don Jaime, muy joven todavía, regresaba de su cautiverio en el sur de Francia para ocupar al trono de sus mayores, «los nobles occitanos, que habían sido desposeídos de sus tierras, van a verle y le piden ayuda para hacer una guerra de reconquista». El monarca, que se proponía emprender una acción sobre Mallorca, les invitó a tomar parte en ella. «Yo les daré en Mallorca lo que han perdido en Occitania». Ahí nacería la vocación mediterránea. Cataluña, decía entonces Pujol, «tiene que posicionarse de acuerdo con esos tres componentes: el español que, en ciertos aspectos (sic!), evidentemente es el más importante, el europeo, por genealogía tan importante como el español, y el mediterráneo, que es más secundario, porque en realidad está dentro de lo español y de lo eu ropeo». «Tenemos que intentar -añadía Pujol- reunir las tres cosas: dar la espalda a nuestra vocación española no tiene sentido, lo europeo es esencial y lo mediterráneo adereza esto».
Sin necesidad de acudir a muchas erudiciones, se puede afirmar que, entre las tres vocaciones, la hispánica es la principal. La Cataluña del «Millenum» -la tata Catalonia, que se dijo en la Alta Edad Media- cobró cuerpo y consistencia cuando los condes se separaron del Imperio y del reino de los francos y reconquistaron al sur de la Marca territorios árabes, que fueron repoblados por hispanos de las zonas limítrofes. Y con don Jaime, Mallorca y las Baleares -vinculadas a Hispania desde tiempos de Cartago y Roma-, acogerían a catalanes occitanos desplazados desde viejos espacios carolingios.
Poco después de la conquista de Mallorca tuvo lugar la de Valencia y la de las tierras hasta el rincón sudeste de la península, donde el monarca catalano-aragonés limitaba con su yerno, Alfonso el Sabio de Castilla y de León.
Igual que en las Baleares, la lengua de los catalanes, el «lemosín» de entonces, se extendió también por esas regiones de la península. En el siglo XVI, el valenciano Luis Vives recoge una historia que dice haber leído en viejas crónicas de su tierra. Según ella, tras la conquista por Don Jaime, el reino de Valencia habría sido repoblado con varones procedentes de Aragón y mujeres leridanas, a lo que el humanista atribuye la comunidad lingüística de los territorios de la España mediterránea, porque los hijos suelen aprender la lengua de las madres.
En los siglos posteriores, Cataluña ha vivido siempre su principal vocación histórica, la hispánica, en una larga serie de amores y desencuentros con otras culturas peninsulares, sin pérdida de su identidad, y, en líneas generales, con la efectiva solidaridad y el respeto de sus compatriotas españoles. Desde Boscán y Garcilaso a Maragall y Unamuno, los paralelos y las fraternidades intrapeninsulares son más que frecuentes en las letras, en el arte, en la política, etc.
El nacionalismo político catalán, que hoy tiene su más significativa representación en la coalición de Convergencia i Unió, se forjó progresivamente desde mediados del siglo XIX en virtud de la confluencia de diversos procesos políticos y culturales. No hay lugar aquí para narrarlo, pero sí para señalar que esa historia conoce un punto de inflexión que la parte en dos entre los años de 1977 y 1979: los del regreso de Tarradellas, la elaboración de la Constitución y la aprobación del Estatuto.
Duran te el siglo y pico que transcurrió desde las primeras manifestaciones políticas «nacionalistas» (con ese nombre o con otro) hasta 1977, la «cuestión catalana» se planteó, sustancialmente, en un juego de «reivindicación» y «concesiones», aunque a veces concluyera en pacto.
Pero en 1977 tomó la palabra el Gobierno de la nación, restableciendo la Generalidad de Cataluña con su presidente Tarradellas, exiliado hasta entonces, al frente de la institución. En el proceso costituyente, los políticos catalanes tuvieron una voz activa y con frecuencia decisoria. En la aprobación del Estatuto, igual. Así como en el gobierno general de la nación, porque el Estado español es una monarquía parlamentaria en la que gobiernan las Cortes, q ue legislan, controlan y sostienen Presidentes y Gabinetes. Y los catalanistas de Convergencia han asumido en ellas sus responsabilidades con toda la nación.
La doctrina de la «dimensión española» de que nos hablaba entonces Pujol no es un invento de ahora, sino que tiene notables precedentes. El historiador Jesús Pabón recoge unas palabras de Puig y Cadafalch el 13 de junio de 1907, que venían tras otra intervención del también diputado catalán Amadeo Hurtado, que había alineado en una relación de agravios a Maura con el CondeDuque de Olivares y con episodios de otras épocas. Puig, por el contrario, dijo: «representamos mejor que nadie la unidad nacional. El federalismo la haría depender del voto de los individuos. Nosotros la fundamos en las mismas rocas de la historia y de la naturaleza».
Durante los veinte años transcurridos desde el parlamento democrático de 1977, los catalanistas han sostenido al gobierno o han ejercido la oposición según los asuntos y el mérito que en ellos apreciaban, y han apoyado o no investiduras. «Ara decidirem» ha sido su lema: en la pasada legislatura lo lograron.
Sin entrar en coalición, pactaron con los socialistas no solo los votos parlamentarios, sino programas y acciones de gobierno. Las Cortes no las disolvió González, sino Pujo!. Ahora, en Cataluña igual que en el País Vasco, los «nacionalistas» han obtenido menos sufragios que las candidaturas de los partidos estatales. También esos electores de sus tierras, que no les han votado, deben ser tenidos en cuenta por los «nacionalistas». Porque, tras las elecciones, el país se encuentra con que son precisamente esas minorías «nacionalistas» las que se hallan en condiciones de facilitar un gobierno sólido y estable. Hay un consenso bastante general acerca de la necesidad de que ese gobierno se haga. Y la política, como dijo De Gaulle, es el arte de hacer posible lo necesario.
Populares y nacionalistas -los vascos también- son quienes tienen que acordarlo. El electorado ya ha dicho a los socialistas que no. A. F.
José del Río Sainz (Santander, 1884-Madrid, 1964) estudió Náutica en su ciudad natal y navegó durante muchos años como capitán de barco por esos mares de Dios, aprehendiendo la variedad del mundo y la inanidad de las cosas. Se dedicó más tarde al periodismo, popularizando el pseudónimo de «Pick» tanto en la prensa cántabra como en la nacional. En el ínterin, había ido publicando libros de poemas como Versos del mar y de los viajes (1912), La belleza y el dolor de la guerra. Versos de un neutral (1922), Hampa (1923) y Versos del mar y otros poemas (1924 y 1925). Es autor, también, de una estupenda obra de teatro (La amazona de Estella, 1926) y de documentadas biografías de Nelson, Zumalacárregui y Churchill. Tradujo, entre otros libros, La maga de la montaña, de Sir Walter Scott.
Si bellos son los poemas de asunto marinero de José del Río, aún lo son más los que componen la serie de Hampa, uno de los libros más frescos, originales y divertidos de la poesía española del siglo XX (además de un objeto memorable, adornado con unas bellísimas maderas que constituyen la única obra gráfica conocida de Pancho Cossío). En Hampa, del Río, desde su experiencia de marino desengañado, nos habla de ese lado oscuro que todos intentamos ocultar, muy en la línea postmodernista de la «poesía canalla». Ofrezco a continuación el último poema de Hampa, «Apelación» (págs. 103-105), en el que el poeta justifica la hechura de su libro, y un maravilloso soneto publicado en el raro volumen colectivo Sonatina al soneto (Santander, Talleres tipográficos de El Diario Montañés, 1935, pág. 59).
APELACIÓN
Burguesitas románticas, sensitivas Ofelias,
que lloráis viendo La Dama de las Camelias;
a vosotras someto mi libro taciturno,
que los hombres sin alma tacharán de inmoral
porque pinto un estado social que, cual Saturno,
a sus hijos devora en un festín bestial.
Muchachitas de tierno corazón, sed mis jueces;
si el cáliz de la vida muestro lleno de heces,
no es para recrearme con el licor viscoso,
sino por ver si presto un latido piadoso
al corazón del mundo.
La vida es una sima y en su fondo profundo,
oculta por la capa de un espejo radioso,
de un rosicler jocundo,
hay mucho negro légamo, hay mucho turbio poso.
Margarita Gautier, la de tierna raigambre,
no es la más desgraciada flor de este mundo abyecto;
ella no sufrió apenas los mordiscos del hambre
y murió consolada por un amante afecto.
¡ Ay, las que caen comidas de tisis y gangrenas
en salas de hospitales frías cual catacumbas,
y el ansia de ser puras y el ansia de ser buenas
como un sueño imposible se llevan a las tumbas!
Esas hoscas mujeres, pesadillas que oprimen
el ánimo y que a veces resbalan hasta el crimen,
quizá dentro llevaban un ángel del hogar
y empezaron su vida con un ingenuo idilio.
¡Ay, si hubieran tenido quien les prestara auxilio,
como se salva a un náufrago de la furia del mar!
En casi todas ellas, intactos y latentes,
se hubieran encontrado de la virtud los rasgos;
la mayor parte de ellas, víctimas inocentes,
fueron pasto de monstruo y carnaza de trasgos.
Yo llevo en mi conciencia como un remordimiento
el grito que mil veces oí en un meretricio,
el doliente lamento:
«¡Sácame de este infierno, redímeme del vicio!»
Y yo salí cobarde y me alejé del corro
de tristes suplicantes sin hacerles ni caso,
como cuando escuchamos una voz de socorro
de noche y apresura el miedo nuestro paso.
Yo digo que se ha visto
a las que algún milagro libró de sus vergüenzas,
como la Magdalena ante los pies de Cristo,
arrastrar por el suelo las penitentes trenzas.
Al juicio yo no intento
apelar de los hombres que la moral confunden
y que tranquilos duermen sin oír el lamento
de las blancas palomas vencidas por el viento
que con las alas rotas en el fangal se hunden,
y que luego, inflexibles,
al mirarlas de aprobio y deshonor cubiertas,
las condenan con esos anatemas terribles
que les cierran del mundo para siempre las puertas.
Yo apelo a las mujeres que saben del dolor
de vivir sin abrigo, sin pan y sin amor
cuando se tiene una graciosa juventud
y ríe un diablillo hábil y tentador…
Ellas, las que han vencido por gracia del Señor,
a las que fueron débiles y falló su virtud
comprenderán mejor
que el frío pensador,
que la hosca multitud,
y verán que no es éste un libro pecador.
SONETO
Catorce versos de bruñido acero
sobre un paño de mármol que al sol brilla,
panoplia del idioma que Castilla
labró al pulir el tosco Romancero…
Es el soneto. En cada puño fiero,
de cada espada tersa y sin mancilla,
una rosa de plata se atornilla
o un amorcillo ríe prisionero.
Es el soneto. Sus catorce espadas
se entrechocan y forman enlazadas
el dosel de la musa pensativa…
Y así el símbolo puro se completa:
fulgor de hierro en el dosel de arriba,
y abajo la humildad de la violeta.