La representación de la pluralidad de valores e intereses sociales, económicos e ideológicos presentes en la sociedad española quedó fuertemente desequilibrada tras las elecciones legislativas de 1982, en las que desapareció políticamente el centro-derecha. El colapso de la UCD en aquellas elecciones y la abrumadora mayoría obtenida por el PSOE, consecuencia en buena medida del hundimiento del grupo centrista, configuró un sistema de partidos caracterizado por una nula competitividad interpartidista que hacía imposible la hipótesis de la alternancia política.
Durante la década de los ochenta el estancamiento electoral de Alianza Popular parecía hacer inviable la reconstrucción del centroderecha desde esa formación. Sin embargo, la renovación política y generacional que se produce en ese partido a comienzos de 1990 da sus primeros frutos en las elecciones municipales y autonómicas de 1991, anunciándose ya entonces un cambio de tendencia en sus posibilidades electorales. La distancia entre el PSOE y el PP era, en aquel momento, de catorce puntos, lo que llevó a algunos reputados analistas políticos a considerar que -con ese ritmo de aproximación- la alternancia no llegaría antes del 2025. Este tipo de lectura electoral despreciaba el hecho significativo -que desde esta revista subrayaba entonces yo misma- del gran avance del Partido Popular en los núcleos urbanos más habitados hasta el punto de ser el grupo más votado en casi la mitad de las capitales de provincia.
Dos años después de aquellas elecciones, la reconstrucción política del centro-derecha, ya tímidamente iniciada, se convirtió en un hecho. Los resultados de las elecciones legislativas de 1993 configuraron un nuevo sistema de partidos en el que la competencia interpartidista alcanzó unos niveles desconocidos desde las elecciones de 1979, rompiendo con la serie de mayorías absolutas de la década anterior: la posibilidad de la alternancia reapareció en nuestro sistema político tras once años de ausencia.
Los resultados de las elecciones del pasado tres de marzo reproducen el sistema de partidos que generaron las elecciones de 1993, de manera que ahora, como entonces, se ha ampliado el número de actores necesarios tanto para la formación del gobierno como para garantizar su acción de forma estable. Las coincidencias entre las elecciones de 1993 y 1996 son numerosas pero son más significativas sus divergencias, al haberse producido un cambio de actor en el papel de personaje principal del sistema.
Con nueve millones seiscientos mil votos, el Partido Popular vence en las pasadas elecciones del 3 de marzo, concluyendo así el largo camino que, bajo el prisma de la reconstrucción del centro-derecha, inicia en 1982. El apoyo electoral al Partido Popular ha sido muy similar al obtenido (en número de votos) por el PSOE en 1982, y porcentualmente igual al de este partido en las elecciones legislativas de 1989 –en las que logró, prácticamente, su tercera mayoría absoluta-, pero ahora esos votos y ese porcentaje alcanzados por el PP solo han podido traducirse en 156 escaños porque -a diferencia de lo ocurrido en aquellas elecciones- el resultado del segundo partido se distancia poco del obtenido por el partido vencedor.
El PP ha tenido una exitosa trayectoria electoral entre 1991 y 1996, en menos de cinco años ha alcanzado dos metas: superar el estancamiento en el que permaneció durante los años ochenta, y ganar unas elecciones a un partido que durante largo tiempo había gozado de mayorías absolutas.
Vencer en unas elecciones desde la oposición resulta siempre más difícil que hacerlo desde el Gobierno. Invariablemente, el partido del gobierno, o el candidato que se presenta a la reelección, parten de una posición más favorable (es lo que los alemanes denominan «el bono del Canciller» o lo que los que los norteamericanos interpretan como ventaja sistemática del Incumbement sobre el Challenger). Es muy plausible que el Partido Popular haya logrado casi todos los votos que podía obtener, considerando que afrontaba las elecciones desde la oposición, y que la existencia de partidos nacionalistas moderados, con fuertes apoyos electorales, sustrae un importante potencial de votos a una opción de centro-derecha de ámbito nacional. Pero igualmente razonable resulta creer algo que habrá que contrastar con los datos de las encuestas post-electorales, a saber: que la gran diferencia entre pp y PSOE, pronosticada por todos los sondeos publicados, haya movilizado en favor del Partido Socialista a un número de sus anteriores votantes que en esta ocasión se sentían inicialmente inclinados a la abstención o a otorgar su apoyo a Izquierda Unida.
Es imposible determinar qué hubiera ocurrido si la diferencia de votos pronosticada hubiese sido más ajustada, y si la estrategia electoral del PP no se hubiera definido a partir de una victoria dada por descontado. Muy probablemente, los resultados no habrían variado extraordinariamente. En mi opinión, tiene escaso fundamento, por las razones antes aludidas, pensar que el triunfo del PP se habría producido, en ese caso, por mayoría absoluta. Simplemente haber superado la cifra de los 160 escaños, (que habría supuesto para el PSOE un número inferior a 140), habría evitado al PP muchos de los enojosos prolegómenos que ha tenido que afrontar al iniciar las negociaciones para la formación del gobierno.
En los sistemas democráticos, todas las elecciones tienen esencialmente un mismo y extraordinario valor: constituyen la forma más importante de participación política de los ciudadanos. Cada elección puede, sin embargo, ofrecer valores adicionales al sistema democrático. El valor específico de los resultados electorales del 3 de marzo está en la plena consolidación de una formación política de centro-derecha, lo que significa reencontrar un equilibrio en la representación política que se había perdido desde 1982. Y en esa misma medida se recupera la posibilidad de la alternancia en una u otra dirección, lo que resulta, más allá de las propias simpatías políticas, beneficioso para nuestra democracia.
