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Una región particular ¿Qué pasa con Navarra?

Hace escasas semanas tuvo lugar la ruptura del pacto político que desde el año 1991 mantenían el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro (UPN), un acuerdo cuyo eje principal consistía en que los populares no concurrieran a las elecciones municipales y autonómicas en territorio navarro porque lo harían en su lugar los regionalistas navarros; y, como contrapartida, en política nacional, UPN se comprometía a que sus diputados en el Congreso votasen lo acordado por el PP, especialmente en temas considerados importantes. Con este acuerdo, UPN y PP acababan con la facilidad del Partido Socialista de Navarra (PSN) para gobernar por ser siempre la lista más votada.

Han sido 17 años de entendimiento, pero los tiempos cambian, y, en concreto, España ha evolucionado hacia un modelo autonómico en el que el papel del Estado central prácticamente ha cedido su protagonismo a las autonomías —cada vez con más aspiraciones soberanistas—, aunque esta misma cesión haya hecho patente la necesidad de volver a fortalecer el Estado en temas claves como la educación, el sistema fiscal, la seguridad social, la distribución del agua, la reacción ante emergencias de diferente índole, etc., pero ello no es motivo directo de este análisis.

España ha cambiado, nadie lo duda. Y en este nuevo escenario, los representantes de Unión del Pueblo Navarro, encabezados por Miguel Sanz, parecen reflexionar sobre su posicionamiento en el escenario nacional y, por tanto, sobre las ventajas e inconvenientes de mantener su compromiso con el Partido Popular —una vez más el pragmatismo po- lítico se impone—. Lo que queda claro es que, independientemente de que puedan existir razones que la hagan más o menos comprensible, la decisión de ruptura la toma UPN y no el PP, que únicamente actúa en consecuencia una vez que los regionalistas navarros, no sólo no cumplen su parte del acuerdo —votar con el PP contra los Presupuesto Generales presentados por el Gobierno socialista para 2009—, sino que lo hacen a bombo y platillo como si del ruido hecho dependiera alguna contrapartida ulterior.

La óptica de UPN

Es cierto que la situación de UPN no es fácil en el nuevo escenario político. El estatus actual como oposición del Partido Popular a nivel nacional no facilita que sus socios regionales (UPN) sean tratados con garantías por el Gobierno socialista, mientras que desde todas las comunidades autónomas se presiona para obtener réditos de toda clase y condición. Tampoco permite un diálogo fluido de UPN con los socialistas navarros (PSN) para seguir manteniendo la «presa» política que contiene los deseos de los nacionalistas (Nafarroa Bai) con respecto a Navarra. No se debe olvidar que uno de los motivos del nacimiento de UPN fue la defensa de una Navarra ajena al proyecto soberanista del País Vasco que ha pretendido siempre que la comunidad foral fuera el estandarte de lo que se viene a denominar «Euskal Herría». No en vano se suele decir que el navarro es navarro y español pero también «antivasco», en el sentido nacionalista del término, no así culturalmente hablando porque Navarra se enorgullece de su cultura vasca.

La actitud del PSN frente al nacionalismo vasco no dista mucho de la de los regionalistas navarros, pero la mimetización de UPN con el PP ha provocado situaciones límite como la vivida por la amenaza del último candidato socialista al Gobierno de Navarra, Fernando Puras, de pactar con Nafarroa Bai para desbancar a UPN, situación que no se dio finalmente porque lo impidió la Ejecutiva Federal Socialista.

UPN ha podido sentirse responsable de aquella situación porque al sumirse en la lucha bipartidista a nivel nacional entre el PP y el PSOE, no dejaba al PSN más que una única puerta abierta para salir de su ostracismo: echarse en los brazos de los nacionalistas. Ese sentimiento de «culpabilidad» y el deseo de evitar futuros desencuentros ha podido ser clave en su distanciamiento del PP. Es una realidad, que al margen del «episodio Puras», tanto regionalistas como socialistas navarros se han entendido relativamente bien y sólo cuando ha habido pactos con otras formaciones se han tomado decisiones que no encajan a priori con una sociedad conservadora como es la navarra.

Otra consecuencia negativa del mimetismo de UPN con el PP es que en el nuevo escenario nacional en el que las autonomías han potenciado sus identidades con respecto al Estado central, los regionalistas navarros han perdido en parte la vitola de ser el partido que defendía los intereses regionales de Navarra frente a Nafarroa Bai que, paradójicamente, es percibido por una parte de los navarros como un partido que defiende los intereses de Navarra, «paradójicamente», insisto, porque no deja de ser una coalición del nacionalismo vasco con el PNV y EA como principales impulsores.

Inevitablemente, el peaje que UPN va a tener que pagar es el de que su imagen en el resto de España cambie ostensiblemente y pase de ser el modelo de comunidad fiel a la idea de España a ser una comunidad como las demás en lo que a la lucha «por lo suyo» se refiere. Es comprensible que la sociedad española se sienta defraudada después de que gran parte de españoles de otras comunidades se trasladaran a Pamplona para participar en una manifestación convocada por UPN contra la posibilidad de entregar Navarra a los vascos.

La visión popular

Da la sensación de que al Partido Popular esta situación le ha cogido ciertamente desprevenido, quizá porque son muchos los problemas con los que tiene que lidiar en los últimos tiempos, entre ellos cierta falta de orden o liderazgo que no han terminado de acallar algunas críticas sobre su rumbo actual.

Con respecto al caso de Navarra ha adolecido principalmente de una falta de conocimiento de la idiosincrasia de los regionalistas navarros, quizá en parte como consecuencia de la atareada vida de algunos de sus representantes navarros en Madrid que ha hecho que puedan haber perdido la perspectiva local.

O los argumentos de UPN no fueron bien explicados, todo ha podido suceder, o sólo se tuvieron en cuenta en clave de política nacional con respecto a la votación de los Presupuestos Generales del Estado, cuestión en parte anecdótica teniendo en cuenta que los votos de UPN no eran necesarios en ningún caso para «tumbar» la propuesta socialista. A los líderes populares les ha faltado mano izquierda para hacerse cargo de la situación de los regionalistas navarros y haber sabido restar importancia al sentido del voto de los diputados de UPN en el Congreso.

En ello han tenido que ver necesariamente las formas de la que ha hecho gala el presidente del Gobierno navarro, no precisamente las mejores, y que han obligado a los populares a dar por roto el pacto e iniciar las gestiones para organizar a sus futuros representantes en la comunidad foral.

Quizá el deseo de ambos partidos no era distanciarse tanto y la sola conciencia de ello permite augurar que, de una u otra manera, las aguas volverán a su cauce. Tanto regionalistas como populares se han entendido durante mucho tiempo, beneficiándose ambos, así como la sociedad navarra. Sería una pena de hecho que esto realmente pudiera constituir un punto final cuando es tiempo de unir y no de separar.

Nacionalismo y regionalismo, una técnica de poder

El tiempo es justiciero y pone todas las cosas en su sitio», escribió Voltaire. Aunque, a veces, no haga justicia y las ponga patas arriba, como ha sucedido con la Constitución más democrática e innovadora de nuestra historia, aprobada hace ahora treinta años, el 6 de diciembre de 1978. El cambio, provocado, es un desplazamiento del eje del poder, desde España como nación indivisible a un conjunto de comunidades, que primero fueron autonomías dentro del Estado y hoy caminan hacia la insustanciosa condición de territorios.

Triste herencia de los partidos nacionalistas y regionalistas, inflados hasta el exceso por el Gobierno central, que les ha dado un plus de respetabilidad al pactar con ellos. Ambos han sacado pingües ventajas de una operación de reparto del poder, planificada por el actual presidente del Gobierno y sus ayudantes más próximos. Los grupos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos han forcejeado todo este tiempo hasta desnaturalizar el Estado de las Autonomías; los regionalistas se han pegado al terreno, vendiendo sus resultados electorales al mejor postor.

Paradójicamente, unos y otros vienen perdiendo votos desde hace tiempo. Sin embargo, ganan influencia en las decisiones de Estado, de Gobierno y en las administrativas. Han adelgazado la fortaleza del Estado español y puesto al descubierto que el nacionalismo no trata de despertar ninguna realidad colectiva preexistente, como dicen ellos, sino de alentar una voluntad política que, a su vez, fabrique una nación (A. Cruz Prados. El nacionalismo. Una ideología. Tecnos 2005).

USAR Y TIRAR

En definitiva, a lo largo de una generación, y sobre todo con la llegada (2004) del nuevo socialismo al poder —el de usar y tirar, representado por José Luis Rodríguez Zapatero—, el Estado autonómico y unitario se ha cuarteado en un mosaico de territorios, cuyo ideal más acariciado parece ser una confederación de pueblos (¿ibéricos?). Las cesiones del presidente, lejos de moderar a nacionalistas (entre los cuales incluyo a IU) y regionalistas, les ha procurado más brío. Y ha devenido en una nueva técnica: la de mantenerse en el poder mediante pactos entre fuerzas políticas antagónicas, pero ambiciosas de mando. Han nacido los nuevos amos de la España posconstitucional, los nuevos ricos en plena crisis de las ideologías.

¿Explicación de este fenómeno? La Constitución quiso hacer descansar la bóveda del Estado autonómico sobre dos partidos de implantación nacional. Como el sistema electoral producía mayorías parlamentarias frágiles, aquellos dos partidos recurrieron a los nacionalistas, al PNV y CiU. Hasta que Pasqual Maragall, aprovechándose del «buenismo» de Rodríguez Zapatero, recién llegado a la dirección del PSOE, avanzó un paso más e impuso una estrategia rompedora en el socialismo catalán: se tiñó de nacionalista, ganó por la mano a CiU y tomó la Generalitat (2003) con los independentistas de ERC y ex comunistas de Iniciativa por Cataluña. CiU, nacionalismo más proclive al diálogo, ganadora de las autonómicas, quedó fuera de combate, mientras ERC e ICV, arrellanados en los sillones de cachemir, lucían en el club de los nuevos amos.

AL PODER COMO SEA

Tan excéntrico modo de gobernar, dirigido expresamente a conquistar el poder político (Maragall, 2003; Pérez Touriño, 2005) o a conservarlo (Montilla, Iglesias, Paulino Rivero, Revilla) es la trocha por la que circula Zapatero desde 2004. Al ganar las generales por la mínima, el presidente sentencia el descabello de un derrotado PP. Inspirándose en el nuevo arte de Maragall, se alía con nacionalistas de toda especie, también con ERC, BNG y EA, rivales a muerte del constitucionalista PP. Los tres declaradamente independentistas, y por lo tanto, deseosos de abatir al Estado autonómico y con la prioridad de la soberanía plena para Cataluña, País Vasco y Galicia.

Se oficializaba así la novedosa técnica de hacerse con el poder «como sea», aplicada con mortífera agresividad. Desde entonces, los nacionalistas son la coartada del socialismo para gobernar, en España y en la periferia, sin atender al segundo partido nacional, el PP, que representa a diez millones de ciudadanos. Y los regionalistas participando en las labores de tunear tan onerosa realidad.

DE SOPLO A HURACÁN

El hecho es que, en el Congreso, a los cinco años de la implantación de esta nueva técnica, los diputados nacionalistas y regionalistas representan un raquítico 7,4%, 26 escaños de un total de 350. Un soplo, que con la nueva técnica de acceso al poder, se ha travestido en huracán.

Con tan genuflexa escolta el presidente del Gobierno publicó en el BOE la dudosamente constitucional reforma del estatuto catalán; la inquietante de los estatutos andaluz y valenciano; el blindaje del agua de los ríos a su paso por determinadas comunidades (Aragón, Andalucía); la ley de Educación para la Ciudadanía; la entrada en el Tribunal Constitucional de representantes autonómicos; el vaciamiento del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, con delegación de funciones a las autonomías; el cambio de mayorías para elegir altos cargos de los tribunales y controlar al personal; el matrimonio de homosexuales; el cambio de sexo.

Y para no ser pesado, la guinda: una vergonzante negociación con ETA; la ley de Memoria Histórica y el acoso al castellano en favor del catalán, vasco y gallego.

PÉRDIDA DE VOTOS

Y sin embargo, paso ahora a la prueba de que los partidos que sirven de comodín a los socialistas para cambiar la Constitución sin reformarla se hallan en retroceso. Respecto de 2004, de los diez partidos nacionalistas y regionalistas representados hoy en el Congreso, solamente dos —CiU, diez diputados, y Nafarroa Bai, uno— tienen ahora idéntico número de escaños y porcentaje de voto. Todos los demás o registran un notable descenso de voto ciudadano, o desaparecen.

El PNV (seis escaños) ha perdido 120.000 votos, y un diputado. ERC tiene tres diputados, cinco menos. IU, fuerza asimilada al nacionalismo catalán y vasco más combativo, es una fuerza testimonial, al perder tres de sus cinco escaños.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), fiel vasallo del PSOE en la pasada legislatura, pierde una de sus tres actas, al igual que Coalición Canaria. A la Chunta, paladín del nacionalismo aragonés de izquierdas, sus electorales le han echado del Congreso de los Diputados, igual que a Eusko Alkartasuna, anclada ya en el separatismo vasco.

PARLAMENTOS AUTONÓMICOS

En el ámbito autonómico, los nacionalistas se dejan detrás cada vez a más votantes. Así, CiU pasa del 46% del voto, en 1992, al 31,5% actual, 14,5 puntos porcentuales menos. ERC sacó en 2003 el 16,46% de los votos (23 diputados) y ahora tiene el 14% (21 escaños). Con todo, el president Montilla (PSC) mima a ERC y la utiliza para obtener del Estado todas las ventajas posibles: en financiación, en imposición de la lengua catalana o en desafío soberanista y al Tribunal Constitucional.

En el Parlamento vasco hay menos diputados nacionalistas puros que no nacionalistas. La formación gobernante de toda la vida, el PNV, logró el 42,72% de los votos en 2001, mientras en 2005 bajó hasta el 38,6%, 4 puntos menos.

Galicia. Entre 1997 y 2008, el BNG ha caído 6,1 puntos en voto autonómico, no obstante, la ayuda prestada en el Congreso a Zapatero revaloriza su cartera de valores como socio del PSOE en la Xunta, pues Touriño le ha tenido que dar un peso en el Gobierno desproporcionado a su fuerza en las urnas.

En definitiva, los gobierno autonómicos disponen de puestos para todos los compañeros de viaje, sin reparar en su grado de constitucionalidad o en si, como BNG, ERC, ICV, CiU, PNV y Coalición Canaria (nuevo en la plaza) buscan hacer de Galicia, Cataluña, País Vasco, Canarias y Baleares naciones soberanas.

REGIONALISTAS

El pacto a nariz tapada rindió al PSOE el mismo buen resultado en Aragón y Cantabria, en donde los partidos regionalistas han preferido pactar con los socialistas, no por afinidad ideológica sino para estar más confortablemente en el poder. El Partido Aragonés (PAR) conserva su porcentaje de voto y facilitó la permanencia de Marcelino Iglesias (PSOE) en la presidencia cobrando una alta tasa en términos de poder.

En Cantabria, el éxito acompañó en la última convocatoria al Partido Regionalista de Cantabria (PRC), el único de toda España con una subida apreciable de votos. El perspicaz Revilla, bien informado de la ambición socialista por someter los principios a negociación, puso a populares y socialistas la condición de quedarse él con la presidencia, sin haber ganado las elecciones. El PP se negó; el PSOE, siempre leal a la técnica de asalto al poder como sea, aceptó. Revilla, agradecido, es hoy el gran propagandista de Zapatero. Cuando va a la Moncloa a pedirle una autovía le regala anchoas. De paso, enreda en el PP.

Coalición Canaria, que en los últimos ocho años ha perdido 14 puntos en porcentaje de voto autonómico, impuso igualmente en la presidencia a Paulino Rivero, que tampoco ganó las elecciones. En este caso, el PSOE canario no aceptó la humillación; pero el PP, sí. En Baleares, Antich (PSOE, 16 diputados) es presidente no por sus votos, sino por la habilidad de arrebañar 15 más procedentes de un semillero de cinco partidos.

UN MERCADO

Está claro. La infección de acordar el reparto del poder se propaga por todas latitudes políticas. Al desvertebrarse el Estado, cambia también la formación de mayorías de gobierno. A buena parte de las comunidades que ahora prefieren llamarse territorios, les interesa entenderse con el PSOE —no con el PP— porque no hace ascos a la desvertebración del Estado autonómico y unitario que, en teoría, es España. Al tiempo, el PSOE utiliza su poder en la periferia como una subasta de contrapartidas: si me apoyas contra el PP en el Congreso, te doy entrada en los gobiernos autonómicos.

Gracias a ello, Zapatero convertirá en ley la eutanasia (y quizá el suicidio asistido), una ley de plazos para abortar, cambios en las relaciones con la Iglesia y la nacionalidad española para las Brigadas Internacionales. Y si gana Patxi López en el País Vasco probablemente habrá una pareja de hecho entre PNV y PSOE, y nuevas exploraciones para entregarse al eslogan de los nuevos amos de España: «Menos Estado y más supermercado». Lo que no impide a socialistas, nacionalistas y regionalistas presentar a España como «la cantante calva que sigue peinándose», que decía García de Cortázar.

El «Manifiesto de Lausanne», un precedente

A los seis lustros de la Constitución, quizá no sea inoportuno recordar un episodio de hace más de sesenta años que, a pesar del tiempo transcurrido, tiene mucho que ver con el presente y también con el futuro de España. Me remonto a 1945 y a un importante documento histórico de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, hijo y heredero de Alfonso XIII, y padre del Rey Juan Carlos: el llamado «Manifiesto deLausanne» de 19 de marzo de ese año.

Los españoles —que no nos movíamos entonces muy activamente en la política— no nos enteramos hasta unos días después, y nos enteramos mal. La censura impidió que el «Manifiesto» se diera a conocer en España y los «servicios» hicieron todo lo que estuvo en su mano para evitar que circulara reservada o clandestinamente. A los pocos días, dentro de ese mismo mes de marzo, se desató en los medios informativos oficiales una campaña de descalificación de la persona del conde de Barcelona.

Yo tenía veintiún años. Había terminado en el junio anterior la licenciatura de Filología Clásica, y llevaba ya a mis espaldas más de un año en el Ejército, con un servicio militar que resultaría larguísimo—¡treinta y cuatro meses!— a causa de las movilizaciones de distintos reemplazos que se habían decretado por los posibles problemas que acarrearía para España el inminente final de la guerra mundial. Concretamente, en ese mes de marzo, estaba en el campamento de Colmenar Viejo como instructor de los reclutas de la recién incorporada quinta de 1945, la de los nacidos en 1924, un año después que yo mismo.

Tardé bastante tiempo en saber algo del documento de Lausanne y en tener ocasión de leerlo. No es un texto muy extenso. Son poco más de mil palabras, bien ordenadas en un castellano cuidado y expresivo.

En sus primeros párrafos, don Juan declara que ante la situación de España y del mundo, como depositario y administrador del patrimonio histórico y político que es para España la Corona, se sentía obligado a ofrecer a su patria lo que podría ser una Monarquía nacional y moderna en aquellos momentos tan difíciles del inminente final de la guerra mundial.

Seguidamente, tras un sumario examen de la situación de España y de Europa y de lo que ocurriría en el orden internacional con la victoria de los aliados, don Juan ofrece a sus compatriotas un bien construido y sucinto esquema de lo que representaría para la nación una Monarquía moderna como la que era capaz de encarnar la dinastía histórica de la que en esos momentos él era el titular.

«Puede ser —dice don Juan— instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles, obtener respeto en el exterior mediante un efectivo estado de derecho y realizar una armoniosa síntesis del orden y de la libertad en que se basa una concepción cristiana del Estado».

En el pasaje más concreto y detallado de lo que lograría España con la instauración de la Monarquía, don Juan enumera una serie de medidas y objetivos importantes que habrían de adoptarse cuanto antes tras la restauración de la Corona. A su amparo sería hacedero convertir esos proyectos en realidades.

En el párrafo séptimo, quizá el principal del documento, se lee lo siguiente: «Bajo la Monarquía —reconciliación, justicia y tolerancia— caben cuantas reformas demande el interés de la Nación. Primordiales tareas serían la aprobación inmediata por votación popular de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana y garantía de las libertades políticas correspondientes; establecimiento de una Asamblea Legislativa elegida por la Nación; reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política, una más justa distribución de la riqueza y la supresión de injustos contrastes sociales contra los cuales no sólo claman los preceptos del cristianismo, sino que están en flagrante contradicción con los signos político-económicos de nuestro tiempo».

A cualquier español que haya estudiado o al menos leído totalmente o en parte la Constitución española del 78 estos ocho principios enunciados en 1945 por el conde de Barcelona le suenan a algo conocido y familiar. Esos postulados han resultado ser algo así como «la almendra» de lo que se halla amplia y detalladamente desarrollado en los diez Títulos y 169 artículos del prolijo texto de la «Constitución española» aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado, ratificado en referéndum por el pueblo español y promulgado por el Rey Don Juan Carlos en la solemne sesión conjunta de la dos Cámaras de las Cortes Generales, hace ahora treinta años, el 27 de diciembre de 1978.

La Monarquía parlamentaria que por iniciativa del Rey Juan Carlos y al amparo de su autoridad tomó forma con esta Constitución del 78 es a la vez heredera de la Historia, abierta a la realidad del tiempo presente y prometedora para un futuro que la mayoría de los españoles quieren duradero o para siempre. El apoyo que tuvo el texto constitucional en el referéndum de diciembre de aquel año, el respeto y la confianza en la institución de la Corona y en la persona del Rey se mantienen probablemente incrementados por la presencia de nuevas generaciones para las cuales, además, todo eso es una costumbre nacional y un elemento vivo y natural de la vida pública de la nación.

Desde su entrada en vigor la Constitución no ha sido reformada más que en una ocasión para un cambio meramente gramatical y casi de pura semántica que facilitara algún aspecto de la entrada de España en las instituciones europeas. Como ese cambio fue aprobado por una amplísima mayoría de las dos Cámaras y ningún parlamentario solicitó que se aplicara el apartado 3 del artículo 167 de la propia Constitución, no hizo falta someter a referendo una modificación que era prácticamente casi una cuestión de estilo.

No obstante es sabido que pese a su formal continuidad literal, la Constitución no ha dejado de sufrir rasguños a causa de ciertas leyes orgánicas como algunas de las reformas de estatutos de comunidades autónomas, que en determinados casos han sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional y están pendientes de sentencia. También se podría decir lo mismo de lo que afecta a sus artículos 15 y 32, cuyo enunciado literal dice, en el primer caso, que «todos tienen derecho a la vida» y, en el segundo, que «el hombre y la mujer tiene derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica». Dos preceptos que para no pocos juristas y políticos, y muchos ciudadanos, han sido desvirtuados o lesionados por leyes orgánicas sobre el derecho a la vida del nasciturus y la legislación civil de la institución matrimonial.

Pero estas mismas leyes y otras, que afectan a cuestiones ciertamente importantes y de gran trascendencia social, pueden ser objeto de modificación por futuras mayorías parlamentarias de signo distinto a las que impusieron la legislación ahora vigente en estas materias. No son precisas para ello reformas constitucionales. Otra cuestión ampliamente debatida en ciertas comunidades autónomas es la del idioma y el uso de la «lengua española oficial del Estado» que «todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar», que los órganos de gobierno de una región o territorio pretenden eliminar en la enseñanza, en la relación con instituciones oficiales e incluso hasta en la vida comercial en la calle. Pero eso no es un problema constitucional, ni siquiera de leyes orgánicas, sino simplemente de respeto por parte de algunas autoridades a la legislación común vigente y al derecho de los ciudadanos a exigir algo tan elemental como que le enseñen, le hablen y le escuchen en la lengua común oficial del Estado español.

Los problemas de España no son constitucionales, sino de gobierno y gestión por parte de los poderes públicos de todo «el acervo constitucional» del que el Gobierno y el Parlamento son responsables ante la ciudadanía y ante la Historia.

La confluencia entre lo que el conde de Barcelona, en su condición de jefe de la dinastía histórica de España, ofrecía a su patria en 1945 y lo que se ha realizado bajo la inspiración del Rey Juan Carlos y al amparo de su autoridad y de su prestigio son una prueba evidente de los beneficios que presenta para España continuar su historia con una institución como la Monarquía a la que tanto debe la nación desde no pocos siglos ya.

La instauración de la democracia y del sufragio universal, de los partidos políticos, del sistema parlamentario, de las libertades públicas, de la distribución regional del poder y de la administración y de las otras instituciones e incluso hábitos políticos de las grandes naciones de Occidente, ha sido obra de meritorios políticos que han gobernado —unas veces mejor que otras— el Estado, y siempre —en el orden de los principios— como proponía el conde de Barcelona en 1945, en un clima de «reconciliación, justicia y tolerancia». Todas esas personas son acreedoras al reconocimiento que merece su labor. Pero esos mismos políticos, y la ciudadanía española en general, saben que todo eso ha sido posible, e incluso en algunas cuestiones fácil, gracias a lo que ha sido y es la institución nacional de la Corona.

La transformación de la universidad española

La universidad europea no goza en la actualidad de buena salud. Los estudios realizados en la última década y, sobre todo, los rankings tan en boga arrojan siempre el resultado de que cuarenta de las cincuenta mejores universidades del mundo se encuentran en América del Norte, mientras que la decena restante se reparten entre el Reino Unido, Europa continental y Japón. De ordinario, en esas posiciones destacadas no figuran ni una sola de las universidades francesas, italianas o españolas que tan importantes fueron para el desarrollo de la educación europea y de la ciencia en general. Por ejemplo, en el ranking de Shangai la Universidad de Bolonia, cuna de las universidades, se encuentra —como la Complutense o la Autónoma de Madrid— en la segunda división, esto es, en la franja de universidades entre la 200 y la 300 del mundo.

Este contraste entre las mejores universidades norteamericanas y las mejores universidades europeas ha sido pudorosamente ocultado, tanto por los académicos como por los responsables europeos de la educación y la investigación universitarias. Se trata, además, de un proceso relativamente reciente. En el siglo XIX la universidad alemana era la que atraía a los mejores estudiantes norteamericanos para hacer estudios de postgrado y muchas universidades europeas brillaban con luz propia por su producción científica. Hoy día con carácter general ya no es así: basta con ver cómo los premios Nobel en ciencia y en economía van a parar casi siempre a profesores de universidades norteamericanas.

El traslado al otro lado del Atlántico de la excelencia académica se remonta a la derrota de Alemania en la primera guerra mundial y, sobre todo, a la importantísima transformación acaecida en la educación universitaria norteamericana tras la segunda guerra. A lo largo de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo se produjo en los Estados Unidos no sólo una expansión sin precedentes del sistema universitario, sino que además sus mejores centros de enseñanza se convirtieron en centros de investigación avanzada, dedicando muchísimos recursos a esa tarea investigadora.

A este lado del Atlántico, hemos sido lentos en darnos cuenta de ese despegue académico, y sólo ahora están advirtiéndose tímidos atisbos para intentar corregir ese lamentable retraso. En estos momentos, tratamos en Europa de —sin decirlo abiertamente— acercarnos al modelo universitario norteamericano empleando el atractivo argumento de la unificación del espacio europeo de enseñanza superior.

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS LICENCIATURAS ESPAÑOLAS

A alguien familiarizado sólo con el sistema universitario europeo le lleva algún tiempo llegar a entender con cierta precisión el mundo universitario norteamericano que, considerado globalmente, tanto nos aventaja. Hay una distinción clave que atraviesa toda la organización académica y es la diferencia entre los estudios de grado, los tres o cuatro años que ellos llaman de college o undergraduate studies, y los graduate studies que nosotros hemos comenzado a llamar ahora estudios de postgrado y a los que aquí prestaré particular atención. Dicho globalmente puede afirmarse que en los Estados Unidos los estudios de grado son muy inferiores en calidad y exigencia a sus equivalentes españoles de licenciatura, mientras que los graduate studies norteamericanos son sensiblemente superiores en calidad y exigencia a nuestros postgrados: por eso los mejores estudiantes españoles marchan a los Estados Unidos para hacer allí el máster o el doctorado.

Nos encontramos en estos momentos en toda Europa, y en particular en España, en medio de la reforma educativa que bajo el emblemático nombre de Bolonia pretende crear un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a la vez que nuestras universidades intentan aproximarse al modelo norteamericano. El proceso comenzó hace ya más de una década con la introducción del sistema de créditos para las asignaturas y las carreras: un crédito equivalía a 10 horas de clase y servía como unidad académica de referencia para la movilidad de los estudiantes, las tasas académicas y las retribuciones de los profesores. Ahora la piedra angular de la reforma es una nueva definición del crédito. En lugar de medir las horas de clase, la nueva unidad de medida son las horas de trabajo del alumno. Un «crédito europeo» (también llamado ECTS = European Credit Transfer System) equivale a 25-30 horas de trabajo del estudiante, estimándose que un curso académico equivale a 60 ECTS, esto es, a 1.500-1.800 horas de trabajo del alumno por año, incluyendo clases, prácticas, estudio personal, tutorías, exámenes, etc.

Sin duda, este cambio resulta muy interesante pues pone el foco de la enseñanza en el aprendizaje por parte del alumno en lugar de en las horas de clase del profesor. Todos tenemos comprobado que, como enseñó John Dewey, la mejor manera de aprender las cosas es haciéndolas, sea en un entorno real o, para minimizar riesgos, en un entorno ficticio preparado para el aprendizaje como puede ser un laboratorio, una biblioteca o la utilización del método del caso y la discusión en grupo. Devolver el protagonismo del aprendizaje al estudiante es el atractivo lema que propugnan los defensores y promotores del proceso de reforma de Bolonia.

Personalmente, estoy del todo de acuerdo en esa reforma, pero pienso que hasta ahora se han ocultado sus consecuencias últimas. La reforma de las licenciaturas para ajustarlas al esquema de Bolonia significa la disminución total del número de horas de clase en el grado y, por consiguiente, la disminución del profesorado, de su cualificación académica y de su retribución global. Nadie se atreve a decir esto, pero —al menos tal como veo yo las cosas— de lo que se trata es de igualar por abajo las enseñanzas de grado de las universidades europeas de forma que lleguen a tener unos contenidos y un nivel similar —realmente bajo— a los estudios norteamericanos conducentes al grado.

Por supuesto, si quiere seguirse de cerca el modelo norteamericano, esto implica que las carreras más profesionales como Medicina, Derecho, Arquitectura o Ingeniería pasen a ser graduate studies, esto es, estudios a los que sólo puede accederse después de haber obtenido un bachelor of Arts o de Science. El grado proporciona una formación básica relativamente común y general a buena parte de los ciudadanos (piénsese que un 50% de los norteamericanos llega a la universidad), pero una vez obtenido el grado son sólo unos pocos los que van a especializarse adquiriendo una profesión universitaria, realizando unos caros y exclusivos estudios de postgrado. En su mayor parte quienes han obtenido el grado trabajarán después como dependientes de unos grandes almacenes o de un banco, o en tareas que no requieren una capacitación más sofisticada que los cursos de especialización o perfeccionamiento que organizan las propias empresas o las entidades educativas dedicadas a las enseñanzas profesionales aplicadas.

Mientras no se entienda que lo importante de la universidad norteamericana no son los años de college, sino los estudios de postgrado no se estará en condiciones de imitar el modelo norteamericano. Las dificultades para cambiar el modelo continental napoleónico que pone el énfasis en la licenciatura por el modelo angloamericano son muy grandes. Las universidades como instituciones multiseculares tienen una enorme inercia, más aún cuando son entidades públicas tuteladas o administradas por el Estado. En este caso, sólo es posible la revolución desde arriba a golpe de real decreto por parte de los sucesivos equipos ministeriales que tratan de conjugar la reforma europea con las oportunidades políticas y económicas nacionales. Esto es lo que se ha venido haciendo en estos últimos años en nuestro país.

LA TRANSFORMACIÓN DEL POSTGRADO

El inicio de la reforma se encuentra en el Real Decreto 56/2005 por el que se regulaban los estudios universitarios oficiales de postgrado en España «para la consecución del objetivo trazado en las Cumbres de Lisboa y Barcelona con la intención de lograr que los sistemas educativos europeos se conviertan en una referencia de calidad mundial para el año 2010».

El cambio más decisivo que trajo esta nueva ordenación legal fue la introducción en el sistema oficial universitario del título de Máster que hasta entonces no había tenido en España ningún reconocimiento por parte del Estado. Por poner un ejemplo, hasta esta nueva legislación el título más prestigioso que expedía mi universidad, el MBA («Master of Business Administration») del IESE no tenía ningún reconocimiento oficial a pesar de su formidable demanda social y de las considerables tasas que abonan sus alumnos. La nueva legislación ha corregido esa grave omisión y ahora regula con carácter general las condiciones que han de llevar a la obtención de ese título oficial y confía a las propias universidades su desarrollo pormenorizado.

En estos tres años muchas universidades españolas han procedido a desplazar los antiguos cursos de doctorado a los nuevos estudios de máster y a adaptar los másters ya existentes a la nueva legislación. Esto se ha hecho, sobre todo, en el caso de aquellas facultades y escuelas superiores que contaban con doctorados acreditados con la mención de calidad emitida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA), para la que hacía falta un claustro prestigioso de profesores y una efectiva demanda social. «El principal acierto de esta nueva ordenación —me decía un experto en la gestión de los postgrados— es que obliga a cada facultad a replantearse su postgrado, para evitar la atomización y poder así focalizarse en unas áreas de investigación determinadas». Mientras los tradicionales cursos de doctorado podían darse con un número escaso de alumnos, no tiene sentido —más aún resulta inviable— un programa de estudios de máster sin un número sustancial de estudiantes, ya que esta modalidad de estudios requiere una amplia dedicación del profesorado y de los alumnos.

En estos momentos, hay una notable incertidumbre acerca de cómo van a evolucionar los estudios de máster en nuestro país y de cómo va a desenvolverse su efectiva demanda para llegar a su consolidación. Ya en el real decreto del año 2005 se preveían dos tipos muy distintos de máster que figuran también en la más reciente legislación de 2007: uno, el máster especializado —como el de las escuelas de negocios— que lleva a una preparación profesional en un campo determinado; otro, un máster dirigido a «promover la iniciación en tareas investigadoras». Es este segundo tipo de máster donde nos jugamos —al menos así me lo parece a mí— el futuro de la excelencia investigadora de la universidad española. Son los estudiantes de estos másters de investigación los que accederán al doctorado en nuestras universidades o los que se marcharán, si obtienen las becas necesarias, a los Estados Unidos para proseguir allí sus estudios superiores.

EL FUTURO DEL DOCTORADO

Indudablemente, la excelencia de una universidad puede medirse de muy diversos modos, pero hasta ahora el indicador cuantitativo más acreditado internacionalmente para identificar la calidad de una universidad es el número y calidad de las publicaciones registradas en la Web of Knowledge, antiguamente desarrollada por el Institute of Scientific Information de Filadelfia, y en la actualidad propiedad del gigante de la comunicación científica Thomson Reuters. Un investigador vale de acuerdo con el número de sus publicaciones registradas en esa ingente base de datos y, sobre todo, por el número de veces que éstas han sido citadas por sus colegas. De esta forma no sólo se mide la cantidad, sino también el impacto efectivo de las investigaciones desarrolladas.

Un dicho norteamericano afirma que los doctorandos son los bueyes de la investigación. Los estudiantes de doctorado con sus ilimitadas horas de trabajo dedicadas pacientemente a las tareas más tediosas de la investigación rutinaria en los laboratorios y en las bibliotecas, hacen posible a la larga los descubrimientos y los avances científicos de cierta entidad. Es raro que una tesis doctoral tenga una importancia decisiva para la transformación de un área de investigación, pero casi siempre es decisiva para la transformación personal del investigador y para su promoción profesional. En este sentido, un buen indicador para evaluar a los investigadores maduros es el número de tesis doctorales que han dirigido y un buen índice de la producción científica de una universidad es el número de tesis doctorales que anualmente en ella se defienden. La atracción de doctorandos es una señal infalible de un entorno científico prometedor.

Llevar a cabo una tesis doctoral requiere de ordinario unos cuatro o cinco años de dedicación del doctorando, una excelente biblioteca en el caso de las investigaciones de humanidades y los laboratorios adecuados para los experimentos y los ensayos clínicos en el caso de tesis científicas. Tanto el mantenimiento del doctorando como los gastos de la investigación a lo largo de los años son muy cuantiosos. Hasta el momento, no se han dado pasos realmente efectivos para el cambio del modelo económico de los estudios de doctorado en España más allá de la declaración voluntarista de que se piensa incrementar el número de becas y su cuantía.

El potencial humano que nuestro país habría de aprovechar es el del profesorado universitario de Latinoamérica deseoso de promocionarse haciendo los estudios de doctorado que no pueden realizar en su país de origen por falta de recursos económicos, de bibliotecas y de laboratorios. La Agencia Española de Cooperación Internacional y la Fundación Carolina tienen un programa de becas, pero el número de los becarios es realmente limitado si se aspira a que nuestro país «se convierta en una referencia de calidad mundial para el año 2010» como dice el real decreto. Necesitamos un plan realmente ambicioso de cooperación con las universidades de Latinoamérica por el que miles de estudiantes de postgrado de Latinoamérica puedan incorporarse anualmente a nuestras universidades y centros de investigación para hacer aquí estudios de postgrado con el compromiso de regresar a su país tras la terminación de sus estudios y permanecer durante un número determinado de años en su universidad de origen de forma que puedan transmitir allí los conocimientos adquiridos en España.

Como la reforma de Bolonia llevará a medio plazo a abaratar las enseñanzas de grado, los recursos económicos y personales que con este motivo se liberarán deberían desplazarse decididamente a los estudios de postgrado, a los masters de investigación —que en muchos campos no pueden ser cubiertos por el mercado— y, sobre todo, al doctorado.

La nueva configuración del doctorado en España prevé un periodo de formación equivalente a los estudios de máster y un periodo posterior de investigación dedicado a la tesis doctoral. Queda a criterio de cada universidad el establecimiento de procedimientos y criterios de admisión, pero no parece preverse ningún tipo de prueba como los temidos qualifying exams con los que en las mejores universidades norteamericanas se selecciona a los estudiantes que pueden pasar al doctorado, después de haber cursado el máster durante dos años, de ordinario, muy exigentes.

Los legisladores españoles parecen no saber que el periodo normalmente requerido para completar el doctorado en los Estados Unidos es de unos 7 ú 8 años con dedicación completa a la universidad o al centro de investigación en que se trabaje. En este tiempo se incluyen, por supuesto, los dos años formativos del máster, y no puede pensarse que estos estudiantes de postgrado dependan económicamente de sus familias o puedan financiarse con otros trabajos. Se trata realmente de personal investigador en formación que, al término de sus estudios de postgrado, habrían de poder emplearse en España o en otro país en tareas de investigación avanzada y enseñanza superior.

CONCLUSIÓN

Sin duda la universidad española se encuentra en la encrucijada. A la proliferación de centros universitarios en las últimas décadas va a suceder muy probablemente un periodo de clarificación. No puede pretenderse que todas las universidades españolas por su actividad sean una research university, una universidad de primer rango tal como categoriza a las universidades norteamericanas la Carnegie Foundation. Piénsese que de las 4.400 universidades que hay en los Estados Unidos sólo dos centenares alcanzan ese rango, que depende sobre todo del número y diversidad de las tesis doctorales y de los recursos económicos que cada universidad logra para financiar la investigación.

No está lejos el momento en el que nos encontraremos en España con unas pocas —muy pocas— superuniversidades, equiparables a esas excelentes universidades norteamericanas, mientras que la mayoría se asemejarán más bien a las universidades estatales de aquel país que tienen una importantísima función docente en el nivel de los estudios de grado, pero que —con honrosas excepciones en algunos centros en particular— son del todo irrelevantes para el desarrollo científico internacional.

Es necesario que los responsables del sistema universitario y de la red nacional de investigación en nuestro país afronten con decisión estos temas si de verdad queremos transformar la universidad española. La transformación radical del postgrado como motor de la investigación y la asignación masiva de recursos públicos y privados a esa finalidad abrirían efectivamente el camino para convertir a España, al menos a unas cuantas de sus universidades o facultades, en centros de referencia internacional en investigación.

Gastar mejor en la universidad

Uno de los argumentos más socorridos para explicar todos los males de la universidad española es el del gasto. Gastamos poco en ella. En el fondo, todo se arreglaría, según esta interpretación, volcando más recursos, públicos y privados, en la enseñanza universitaria.

Desde luego, España podría dedicar más medios económicos a la educación superior. Según los últimos datos de la OCDE¹, en 2005 el gasto en España por estudiante universitario fue de 10.089 dólares, algo por debajo de la media de la OCDE (11.512 dólares). De hecho, la primera línea de actuación de la «Estrategia Universidad 2015», en el programa presentado por la ministra ante el Congreso de los Diputados, consistía en lograr «un sistema universitario mejor financiado»². Sin embargo, si se analizan los datos con un poco más de profundidad, se aprecia que nuestro rendimiento para ese gasto —con todas las dificultades que tiene medirlo— es más bien pobre³.

Pese a todas las críticas que se han vertido contra nuestro sistema universitario, en muchas ocasiones justificadas, sigue siendo una referencia comparativa interesante el índice de las 200 mejores universidades del mundo de The Times Higher Education Supplement⁴, que se viene publicando anualmente desde el año 2004. Como es sabido, sólo una universidad española se encuentra incluida en ese índice, la de Barcelona. En la edición de este año 2008 ocupa el puesto 186, empatada con la Universidad de Canterbury (Nueva Zelanda), y ha mejorado ocho puestos desde el año 2007.

Francia según la OCDE tiene un gasto por estudiante universitario similar al español (10.995 dólares al año, frente a 10.089), también inferior a la media de los países de esta organización internacional antes mencionada. De hecho, las diferencias entre España y Francia se invierten si tomamos en consideración el gasto total acumulado por estudiante a lo largo de la duración media de sus estudios universitarios, porque en España los estudiantes están más años en la universidad: España gasta 47.015 dólares por estudiante, casi la media de la OCDE (47.159), mientras que Francia se sitúa por debajo de esa media (44.202 dólares)^5.

Sin embargo, en el índice de las 200 mejores universidades del mundo se encuentran cuatro francesas, dos de ellas situadas entre las 35 mejores (la École Normale Supérieure y la École Polytechnique, ambas de París). Irlanda también gasta aproximadamente lo mismo que España por estudiante universitario al año (10.468 dólares)⁶, y pese a su pequeña población (en torno a 4.300.000 habitantes), incluye dos universidades entre las 200 mejores del mundo (el Trinity College, en el puesto 49, y el University College, en el puesto 108, ambos centros ubicados en Dublín).

Otra referencia internacional utilizada con frecuencia es el de la Universidad Jiao Tong de Shangai. De acuerdo con el índice académico de universidades del mundo del año 2007⁷, de nuevo sólo está presente una española, la de Barcelona, entre las 200 mejores del mundo —en la última cincuentena—⁸. Irlanda no incluye ninguna (el Trinity College pasa a la tercera centena), pero Francia sitúa cinco entre las primeras doscientas⁹.

Si acudimos al informe sobre competitividad global del World Economic Forum 2008/2009¹⁰, España tiene un índice de calidad del sistema educativo, excluyendo la educación primaria, de 3,81 puntos, inferior al de Francia (5,02 puntos) y desde luego al de Irlanda (5,61 puntos). Dicho sea de paso, esto no ocurre en el índice de calidad de las escuelas de negocios, en las que España (5,94 puntos) casi iguala a Francia (6,07 puntos), y supera a Irlanda (5,41 puntos) y a otros muchos países, como Alemania y el Reino Unido¹¹.

Sirvan las consideraciones anteriores para ilustrar que, incluso si no aumenta el gasto por estudiante universitario en España, existe mucho margen para mejorar la calidad de nuestra educación superior. Gastar mejor, y no necesariamente gastar más, puede ser la clave.

En realidad, el aumento del gasto público universitario se convierte en una auténtica utopía en el contexto actual de crisis económica. Las finanzas autonómicas, de las que depende el sostenimiento de la generalidad de las universidades públicas españolas, están sufriendo una dramática caída de ingresos. La menor recaudación de tributos ligados a la actividad económica en general, y a la inmobiliaria en particular, está empezando a provocar todo tipo de restricciones en el gasto. Esto ha llevado a alguna comunidad autónoma a aplicar incluso recortes inesperados en las cantidades transferidas a sus universidades públicas. Abogar en estas circunstancias por un aumento en el gasto público educativo es poco menos que ilusorio.

Gastar mejor es una de las frases redondas con las que todos suelen estar de acuerdo. Las discrepancias empiezan cuando se entra en detalles.

A la hora de analizar el gasto de las universidades españolas conviene diferenciar entre las públicas y las privadas, pues tienen una estructura de ingresos muy diferente. Las universidades públicas básicamente viven de los fondos públicos. Según datos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas12, 47 de las 50 universidades públicas son presenciales de enseñanzas regladas. En ellas, el origen del 79,73% de los fondos es público, el 19,26% privado y el 1% patrimonial. En cambio, las universidades privadas se financian muy mayoritariamente con recursos privados¹³.

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

Comenzando por las universidades privadas, la mejora del gasto constituye una decisión empresarial o institucional autónoma. Como apenas compromete recursos públicos, ni puede ni debe ser impuesta por los poderes públicos. Las que no gasten mejor seguramente serán expulsadas por otras competidoras, presentes o futuras, según una dinámica propia del mercado.

No obstante, corresponde a las Administraciones educativas establecer un marco regulatorio razonable, que no imponga costes poco justificados a las universidades privadas y les permita que efectivamente mejoren la eficacia de sus recursos. Sin embargo, las sucesivas normas aprobadas desde 1983 para regir las universidades privadas de España adolecen de una desconfianza mayúscula hacia este tipo de instituciones y las someten a controles muy severos. Y esto es algo sorprendente cuando se trata de actividades que se deberían fomentar, por el servicio que sin duda prestan a la sociedad.

La Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983 (la famosa LRU)¹⁴ impuso la obligatoriedad de que una universidad privada fuese reconocida nada menos que por una ley singular para que llegase a existir¹⁵. Esta exigencia de una ley de reconocimiento se mantiene hasta nuestros días en la Ley Orgánica de Universidades de 2001¹⁶ (y en su reforma de 2007).

No es un asunto indiferente que se obligue, para abrir una universidad privada, a la tramitación de una ley. En primer lugar, se ha de afrontar un largo procedimiento, primero gubernamental hasta la formulación del proyecto de ley y luego parlamentario. Con frecuencia la suma de ambos no es cuestión de meses sino de años. Además, como las leyes contienen unas ciertas determinaciones para la universidad en cuestión, modificarlas exige una nueva ley, con la rigidez que ello conlleva. Lo peor, sin embargo, es que por esta vía se limitan drásticamente las posibilidades de recurso jurisdiccional. En efecto, si el parlamento autonómico se niega a aprobar un proyecto de ley del gobierno correspondiente, es muy difícil que los tribunales le obliguen a ello. Y si lo aprueba, la norma es irrecurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa por su rango legal.

Exigir una ley de reconocimiento para una universidad privada supone un grado de control máximo por parte de los poderes públicos, insólito en el panorama de las distintas actividades empresariales. La apertura de instalaciones, incluso muy peligrosas, puede requerir una autorización administrativa previa, pero nunca (salvo en las universidades privadas) se necesita una ley. Centrales nucleares, industrias petroquímicas, fábricas de explosivos, presas hidráulicas y otras instalaciones que entrañan riesgos son miradas con menos recelos por los poderes públicos que una universidad, a efectos de la apertura de una nueva instalación, en la medida en que en ninguno de estos casos se exige una ley singular de autorización.

Por supuesto la ley de reconocimiento es sólo el inicio de un largo camino de estrechísimo control público sobre la universidad privada. Cuestiones como los estatutos de la universidad (y sus modificaciones), la creación, modificación o supresión de escuelas o facultades, la implantación y supresión de las enseñanzas cuya superación suponga un título oficial requiere aprobación administrativa previa. Otras muchas exigen comunicación previa, con posible denegación por parte de la Administración… Por lo demás, en la medida en que el modelo universitario para muchas administraciones educativas es la universidad pública clásica, las autoridades con frecuencia miran con recelo la innovación y el ensayo de modelos distintos. Y todo esto para universidades que no comprometen recursos públicos, y cuya autonomía reconoce la Constitución en su artículo 27.10.

No ofrece duda que un régimen de control público más flexible y más acorde con la naturaleza de la institución universitaria favorecería que mejorase la eficacia de sus recursos y su rapidez en la respuesta a las exigencias del mercado. Contribuiría, pues, a que la universidad privada gastase mejor.

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Y de la universidad pública, ¿qué decir? Por de pronto, gastar mejor supone gastar menos en organización, instalaciones e infraestructura y más en otras partidas que tienen una relación directa con la calidad de la actividad universitaria, como retribuciones de personal docente e investigador, que permita atraer, incentivar y retener a los mejores, o fondos para proyectos y recursos de investigación. Con este fin, por supuesto, convendría evitar la presente dispersión de recursos en demasiadas universidades.

Cincuenta universidades públicas en el conjunto de España¹⁷ es probablemente un número excesivo, cuyo mantenimiento detrae recursos de áreas relevantes. Es cierto que todas las ciudades españolas quieren contar con las mejores instalaciones y servicios públicos, incluyendo una estación de tren de alta velocidad, un aeropuerto, un hospital con todas las superespecialidades y, cómo no, una universidad. Sin embargo, no podemos pretender financiar una universidad en cada ciudad española y, al mismo tiempo, aspirar a que su calidad docente e investigadora sea comparable a las mejores de Europa. Y mucho menos con la actual caída del alumnado, cifrada para los alumnos matriculados en el primer y segundo ciclo universitario en un 8,6% en la última década¹⁸.

Gastar mejor en la universidad pública supone también gastar en explicar lo que se hace en materia investigadora. Y no sólo hacerlo para los colegas investigadores nacionales o extranjeros, que probablemente ya las siguen a través de publicaciones, congresos u otros medios —aunque en este campo también se puede mejorar—. Tampoco para la empresa, que constituye un campo complejo, en desarrollo, y a lo que se presta creciente atención, a través de la Red OTRI y de diferentes iniciativas. Me refiero sobre todo a explicar lo que se hace al sector de las fundaciones, españolas o no.

Las organizaciones llamadas non-profit tienen una importancia enorme y pueden movilizar medios cuantiosos para apoyar a la investigación. Su posición, sin embargo, es muy distinta de la empresa interesada en desarrollar un tipo de tecnología o de avance científico, y sus vías de acceso también. No obstante, en ocasiones no se dedican recursos a presentar las actividades investigadoras que se están desarrollando a las fundaciones más relevantes, cuando hacerlo podría suponer una rentabilísima actuación. Además, a diferencia de la industria, las fundaciones pueden estar más inclinadas a financiar la llamada investigación fundamental, sin aplicación práctica inmediata. Ahora bien, para esto se requiere, por parte de los investigadores, una dedicación de tiempo, y por parte de las universidades una atribución de recursos para explicar los proyectos, en la forma y en el lenguaje adecuados, y a las entidades más indicadas dentro de este grupo de destinatarios.

Gastar mejor en la universidad, tanto pública como privada, es un reto innegable de nuestra enseñanza superior. Miles de profesionales están dedicados a hacerlo realidad en el seno de cada institución. Sin embargo, ello tal vez exige la reconsideración de algunas decisiones básicas de nuestra estructura universitaria. Y también de su relación con la sociedad. Ojalá la crisis económica presente, al dificultar que se gaste más, sirva para afrontarlas.

NOTAS

1· Education at a Glance, 2008.
2· 16 de junio de 2008, texto en www.micinn.es.
3· En este sentido, The Economist. A special report on Spain, 11 de noviembre de 2008, p. 10.
4· Accesible en www.timeshighereducation.co.uk
5· Education at a Glance, 2008.
6· En realidad, de nuevo los estudiantes españoles están más años en la universidad que los irlandeses, y por eso el gasto total acumulado por estudiante a lo largo de la media de duración de los estudios universitarios, España (47.015 dólares) supera a Irlanda (33.916 dólares) (OCDE, Education at a Glance, 2008).
7· Accesible en www.arwu.org
8· La Ministra de Ciencia e Innovación, en el programa «Los desayunos de TVE» del pasado 3 de septiembre de 2008, manifestó que «no nos podemos permitir en España no tener ninguna universidad dentro de las cien mejores de Europa, porque no nos lo merecemos» (www.rtve.es).
9· Por su parte, el ranking web de universidades del mundo que publica el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (www.webometrics.info) sólo sitúa una española entre las 200 mejores del mundo: la Complutense de Madrid en el puesto 140.
10· www.gcr.weforum.org
11· Como recuerda The Economist, España tiene tres escuelas de negocios de importancia mundial (A special report on Spain, 11 de noviembre de 2008, p. 10). Las tres están entre las mejores del mundo, según los diversos rankings de esta revista y del periódico Financial Times.
12· Crue, La Universidad española en cifras, 2008 (director: Juan Hernández Armenteros).
13· Según datos de la Universidad de Navarra, para el curso 2006/2007, sólo el 5% de los recursos tuvieron origen en entidades públicas (Información económica, accesible en www.unav.es).
14· Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto.
15· Artículo58.1.
16· Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.
17· Crue, La Universidad española en cifras, 2008.
18· Datos oficiales del Ministerio, Datos y cifras del sistema universitario. Curso 2006/2007, p. 5, accesible en www.micinn.es. La comparación es entre el curso académico 1995/1996 y el 2005/2006.

El legado de Diego Saavedra Fajardo

En 1748 se publicaba en Alemania Locuras de Europa, un opúsculo del diplomático español Diego de Saavedra Fajardo, fallecido en Madrid exactamente un siglo antes. Se trata de unas observaciones sobre la política exterior de los principales Estados europeos en los años anteriores a la paz de Westfalia, que consagraría el sistema de equilibrio entre los Estados como el fundamento básico de las relaciones exteriores en el Viejo Continente.

Cien años después de Westfalia, la hegemonía europea se estaba desplazando desde Francia a Gran Bretaña, países que habían estado una vez más en bandos opuestos al firmarse en 1748 la paz de Aquisgrán que puso fin a la Guerra de Sucesión de Austria. Sería cuestión de poco tiempo, con la paz de París en 1763, que los británicos asumieran el control de las colonias francesas de América del Norte. La hora de protagonismo francés en la escena internacional tocaba a su fin, si bien se recuperaría efímeramente con Napoleón. ¿Quién sabe si el impresor de esta obra póstuma de Saavedra Fajardo quería mostrar lo acertado de los juicios del español sobre la política exterior francesa, que tarde o temprano labraría su propia ruina.

Las interpretaciones sobre esta obra de Saavedra son de lo más dispares en las escasas monografías que se han hecho sobre ella. No obstante, no pretendemos hacer aquí un trabajo de análisis, literario o político, sino algunas reflexiones sobre la voluntad de hegemonía que siempre tiene aspectos trágicos como bien supieron exponer Plutarco o Shakespeare. Por lo demás, siempre será interesante recordar a un personaje un tanto olvidado, puesto de actualidad en el Año Saavedra Fajardo, conmemorativo del 360 aniversario de la muerte del diplomático murciano. Una destacada aportación de la Región de Murcia para presentar otros aspectos de la historia de España que no sean ese currículo minimalista reductor de nuestra historia a hechos cercanos al mito como la España medieval de las tres culturas, la Ilustración de Carlos III y la Segunda República.

Hay quien considera que Saavedra es un nostálgico de la idea imperial de los Austrias, un fiel servidor de Felipe IV que mantiene con entereza las posiciones de la monarquía católica, en un tiempo en el que un monarca como Felipe IV pretende asemejarse a los reyes de Israel o Judá que sufren derrotas militares como castigo de sus pecados. Así lo atestigua su correspondencia con sor María de Ágreda, donde se muestra convencido de que él, otro ungido del Señor, ha de hacer penitencia por ver si Dios aparta de su reino su mano justiciera. Pero Saavedra Fajardo, hombre de confianza de Felipe IV, no hace uso de estas poderosas imágenes del Antiguo Testamento. Sus consejos se asientan en la experiencia o el sentido común, que ha puesto al servicio de la monarquía española como propagandista. Su tarea no es la del análisis sosegado sino la de las respuestas urgentes, capaces de ejercer algún tipo de influencias en las diplomacias de otros Estados.

Los resultados tenían que ser forzosamente ingratos, pues los gobernantes de todos los tiempos suelen apostar por el corto plazo, aquello que reporte beneficios inmediatos. Son, por tanto, más dados a las tácticas que a las estrategias. Y es que por mucho que Saavedra advirtiera a Holanda, Suecia o la Santa Sede de los riesgos que les supondría a largo plazo la política hegemónica de Francia en Europa, no sería fácil que estos Estados cambiaran sus actitudes acomodaticias hacia los franceses. De una u otra manera, la constelación de Estados europeos, que se consolidará en Westfalia, acepta el triunfo de la teoría política del interés de los Estados, predominante en Francia, sobre todo argumento derivado del derecho natural. El interés es presentado como una victoria de la razón, aunque la realidad es que la única razón valorada era la de Estado, por mucho que Baltasar Gracián la descalificara con el lúcido calificativo de «razón de establo».

Locuras de Europa se nos presenta bajo la cobertura de la literatura fantástica: un diálogo entre el dios Mercurio y el filósofo Luciano de Samosata, prototipo del desengaño y del escepticismo. No hay, sin embargo, profundidad en los caracteres sino simple pretexto para exponer los criterios del autor, por entonces de vuelta de muchas cosas, y con una especie de fatiga intelectual, que acaba afectando a su estado físico, pues el 24 de agosto de 1648 fallece en el convento de los agustinos recoletos de Madrid, que estuvo en lo que hoy es la Biblioteca Nacional. La obra debió de escribirse en Münster hacia 1646, en los prolegómenos de la paz de Westfalia, cuando la representación española, de la que Saavedra formaba parte, debía conocer toda clase de penurias económicas y se sentiría desmoralizada al ver que los delegados del Imperio alemán buscaban sus propios intereses en vez de hacer causa común con los Austrias. Se asombra nuestro diplomático de la actitud de Alemania: «Que, pudiendo con la unión y concordia aspirar al dominio universal, se rinda por división a sus enemigos». Pero Saavedra sabe reflejar el ambiente de Münster en sencillos y esclarecedores términos: «La paz anda en las bocas, y la guerra en los corazones y las plumas». Así sólo se podía favorecer la arrogancia de los franceses, en nada dispuestos a firmar una paz con los españoles sino les favorecía por completo.

De hecho, habría que esperar a la paz de los Pirineos (1659) para que Francia se sienta plenamente satisfecha, incluyendo la alianza forzosa que supone el casamiento de Luis XIV con la infanta María Teresa, hija de Felipe IV. Tiempo llegará para que los franceses se cobren los réditos de esta boda, exponente más del interés de Estado que de la tradicional política matrimonial de los Austrias, instrumento en el pasado de prevención de conflictos. El fracaso de los objetivos de la monarquía española en Europa explica el pronto olvido del opúsculo de Saavedra Fajardo y el que tardara más de un siglo en publicarse. No había conseguido su propósito de presentar la política de Francia como «capricho y conveniencia de uno solo». Otras delegaciones debieron leer el escrito del español e internamente pudieron darle la razón, pero nada más podía esperarse pues se estaba repitiendo la antigua fábula en la que todos los animales se unen contra el león viejo y cansado. En cambio, el león francés era joven y con plena capacidad para enseñar sus garras. El agotamiento le llegaría un siglo después.

No parece desacertado percibir en esta obra de Saavedra una cierta melancolía. El cetro imperial ha caído de manos de los Austrias, que apenas pueden aspirar a conservar lo que poseen. Se diría que nuestro autor ha captado que el empecinamiento en la aspiración hacia una monarquía universal sólo traerá nuevas guerras, en las que la victoria es tan incierta como costosa, y se agravará la condición de los súbditos con el riesgo de perder sus vidas y haciendas. Y es que Westfalia supone en sentido estricto el triunfo de la política sobre una visión del mundo en que lo religioso era el vínculo que unía al Estado y la sociedad. Si el Cristianísimo Rey de Francia ha optado por la razón de Estado, nuevo nombre de la Fortuna elogiada por Maquiavelo, el Rey Católico estaba destinado a quedarse solo en Europa.

La teoría del interés de los Estados parece haber desplazado a las enseñanzas sobre el derecho de gentes de la Escuela de Salamanca, aunque éstas no siempre coincidieran con la práctica de los gobernantes españoles. No es extraño que en la época de entreguerras, tras los horrores de la primera contienda mundial, hija del sistema de equilibrio entre las potencias, algunos juristas volvieran su pensamiento a las enseñanzas de los teólogos españoles del siglo XVI. Con Westfalia se impone en las relaciones interestatales un sistema de individualismo societario, por lo que no podemos hablar de locuras de Francia sino de locuras de Europa. No era sólo un problema de quien ostentara la hegemonía sino que todos los Estados adoptan similares comportamientos. De ahí que la paz se asentara en bases frágiles, las de un tablero de ajedrez en la que los jugadores están atentos al mínimo descuido del adversario.

En ese tablero se muestra en toda su crudeza esta situación descrita por el padre José, consejero de Richelieu: «¿Quién duda de que un soberano débil y mal obedecido de los suyos o una república agitada de desórdenes tengan menos consideración de sus vecinos y aliados y de todos los demás, que la que tendría si este príncipe se viera en un Estado floreciente bien servido y temido de los suyos, o si este señorío gozara en dulce paz de una perfecta y entera libertad?».

Saavedra, buen conocedor de la literatura política francesa a la que tenía que rebatir, habría asentido a este texto de 1624 porque cuando escribe Locuras de Europa está en marcha el proceso secesionista de Cataluña y Portugal. La decadencia de la España de los Austrias en Europa está marcada por síntomas de debilidad interna, y será una constante histórica que un papel marginal de España en la escena internacional esté asociado a problemas de cohesión interna, tanto políticos como territoriales. Lo refleja Saavedra en su opúsculo, pero sus razonables argumentos, con plena base histórica, de que a portugueses y catalanes no les convenía la independencia, difícilmente encontrarían acogida en la era del triunfo del interés de los Estados.

Saavedra Fajardo y la vulpeja

Don Diego Saavedra Fajardo era un hombre de mundo: había viajado mucho; representó a su rey en multitud de negocios diplomáticos; sabía lo que se podía decir ostensiblemente y lo que era preciso velar y disfrazar. Saavedra Fajardo abomina también de la vulpeja florentina. En su Idea de un príncipe político cristiano, él dice —empresa XLI— que el hombre debe obrar con equidad, no queriendo para otro lo que no quiera para sí. Y añade, lleno de profunda indignación: «De donde se infiere cuán impío y feroz es el intento de Maquiavelo, que forma a su príncipe con otro supuesto o naturaleza de león y de raposa, para que lo que no pudiese alcanzar con la razón, lo alcance con la fuerza y el engaño».

Esto dice Saavedra Fajardo, indignado y vejado por la doctrina de la redomada vulpeja florentina. Ahora, si leemos con cuidado su libro, veremos cómo también aquí asoma, bajo la piel del mastín, un hopo y un hocico que acaso dejan muy atrás a los de la raposa italiana. ¿Quién ha escrito el consejo de que «decir siempre la verdad sería peligrosa sencillez, siendo el silencio el principal instrumento de reinar»? ¿En qué libro está escrita la sentencia de que «ninguna cosa mejor ni más provechosa a los mortales que la prudente difidencia»? ¿Quién es el que celebra cierta astucia que con respecto a Gonzalo de Córdoba ejercitó Fernando el Católico, el cual «no tuvo ocasión para que entrase en su pecho sospecha alguna de la fidelidad del Gran Capitán, y con todo eso le tenía personas que de secreto notasen y advirtiesen sus acciones, para que penetrando aquella diligencia viviese más advertido en ellas»? ¿Quién ha trazado el apotegma de que «lo que no puede facilitar la violencia, facilite la maña, consultada con el tiempo y la ocasión»? Finalmente, y para no hacer enfadosa la materia, ¿qué autor, impío y feroz ha estampado la siguiente advertencia, que es una maravilla de astucia: «Ocultos han de ser los consejos y designios de los príncipes, con tanto recato, que tal vez ni aun sus ministros los penetren, antes los crean diferentes y sean los primeros que queden engañados, para que más naturalmente y con mayor eficacia, sin el peligro de la disimulación, que fácilmente se descubre, afirmen y acrediten lo que tienen por cierto, y beba el pueblo de ellos el engaño, con que se esparza y corra por todas partes»?

Sílaba por sílaba, es preciso leer esta sentencia para ver toda la profundidad y complejidad psicológica que encierra.

El político, capítulo XIX, Azorín

Cuba. Medio siglo entre la revolución y la dictadura

El próximo 1 de enero se cumplen cincuenta años del triunfo de la revolución cubana. Es decir, medio siglo, expresión que explica mejor el tiempo transcurrido. En 1959 nadie hubiese apostado por la permanencia de la revolución durante tanto tiempo. Ni siquiera Fidel Castro, que había repetido hasta la saciedad que su objetivo era devolver la democracia al país y restaurar la Constitución de 1940.

Desde 1952, Cuba sufría la dictadura de Fulgencio Batista tras un golpe de estado incruento que fue justificado como «revolucionario» y «por el bien de la patria amenazada por la corrupción partidista». Ante la indiferencia casi general de los cubanos, su llegada al poder también fue tolerada por EE.UU.

Batista, que era un sargento mulato convertido en general y hombre fuerte desde los años treinta, tenía una ideología cercana al populismo de Perón o Getulio Vargas. Por eso su primer anuncio fueron viviendas para los más pobres y un aumento general de salarios. De hecho, en 1940 había sido presidente de Cuba gracias a los votos de la clase media, que apoyó mayoritariamente a su partido, la Coalición Socialista Democrática. Su programa estaba basado en el orden y el gasto público, pero sin ocultar su cercanía al socialismo, tendencia confirmada al nombrar ministros a dos destacados comunistas, Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez.

En 1958, sin embargo, la dictadura estaba a punto de ser derrotada debido (y quizá esto sea el «determinismo retrospectivo» del que hablaba Max Weber) a la corrupción, el rechazo popular y la represión descontrolada de la policía. Sin embargo, un motivo sobresalía por encima del resto: el deseo de libertad de los cubanos, cansados de las injusticias de Batista. Si a eso unimos la retirada del apoyo estadounidense y la presión guerrillera tendremos el cuadro completo de la caída del régimen en la madrugada del 1 de enero de 1959.

Batista, rumbo a Santo Domingo, dejó atrás una república enmarañada y a los pies del Movimiento 26 de Julio. En ese instante, las fuerzas rebeldes ya habían llegado al centro del país, aunque no controlaban las principales capitales de provincia y mucho menos La Habana. Sin embargo, los revolucionarios triunfaron y lo hicieron con el absoluto respaldo de los cubanos, convencidos de que Fidel Castro era el caudillo salvador de Cuba.

Desde 1898, la casi totalidad de los políticos cubanos habían combatido contra España y, por tanto, tenían formación castrense. Esto dio lugar a un estilo de gobierno «militar» en el que la nación era sentida como un gran campamento que se dirigía por decreto e impulsos caudillistas. Y donde hay un caudillo carismático las instituciones se difuminan y terminan por desaparecer. Por eso la república cubana era presa fácil y periódica del populismo y los políticos «revolucionarios», adjetivo habitual desde las guerras contra España del siglo XIX.

En 1958, los rebeldes fidelistas no eran los únicos opositores a Batista y tampoco eran los más preparados para tomar el poder. A su lado había organizaciones como el Directorio Revolucionario (de origen universitario) o la Triple A, además de una oposición en la que destacaba Carlos Márquez Sterling (del Partido del Pueblo Libre), político moderado que en las elecciones de ese año propuso una amnistía general y la conversión del movimiento revolucionario en un partido político. De este modo, podría participar en unas hipotéticas elecciones democráticas que se hubiesen celebrado en 1960. Es decir, entre la dictadura de Batista y la revolución de Castro, Márquez Sterling defendía una vía pacífica y democrática anclada en la Constitución de 1940, cuya Asamblea constituyente había presidido.

Sin embargo, la historia oficial de la revolución no reconoce más oposición a Batista que la de Fidel Castro y se esfuerza por ocultar que el comunismo nunca logró más del 3% de los votos en unas elecciones libres. Tampoco asume que la clase media en Cuba había aumentado sus ingresos y calidad de vida desde el fin de la II Guerra Mundial ininterrumpidamente.

Sin embargo, junto a esas realidades también había otras menos positivas. Así, en 1955 un informe del Banco Nacional de Cuba afirmaba que el país no podía continuar dependiendo del azúcar para mantener su economía, ni tampoco que el trato comercial favorable de los EE.UU. fuera eterno. «Si no damos a nuestra economía una estructura y orientación que permitan una distribución equitativa y adecuada de los medios de vida, días muy aciagos nos esperan».

Otro informe, en este caso de la Agrupación Católica Universitaria, señalaba en 1957: «La ciudad de La Habana está viviendo una época de extraordinaria prosperidad mientras que en el campo se están dando condiciones de estancamiento, miseria y desesperación difíciles de creer» y denunciaba el alto analfabetismo en las zonas rurales, así como la falta de asistencia médica primaria. Ambas realidades fueron aprovechadas por Fidel Castro para respaldar su revolución.

LA HISTORIA COMO COARTADA

El análisis oficial cubano de la etapa prerrevolucionaria se basa en que el comunismo era la voluntad de toda la nación desde la independencia de España. Es decir, el comunismo no es una imposición de la minoría que toma el poder en 1959, sino que es la voluntad del pueblo. Esa voluntad fue correctamente interpretada por Castro que, tras una etapa de transición entre 1959 y 1961, la consagró definitivamente al declarar que Cuba era una república marxista-leninista.

Para que este mensaje sea coherente es necesario convertir el periodo republicano (de 1902 a 1958) en un régimen clasista en el que unos cubanos explotaban a otros, un tiempo de corrupción, segregación racial y servidumbre ante los EE.UU. Por eso se le bautiza como «periodo neocolonial».

Para justificar el triunfo de la revolución, se presenta entonces toda la política cubana anterior a 1959 como una lucha del socialismo contra el capitalismo burgués. De este modo, la pluralidad política y las instituciones son acusadas de ser un lastre para la unidad de la nación en un proyecto común. Es decir, la democracia liberal parlamentaria es el origen de una decadencia que sólo Fidel Castro puede enmendar.

Desde abril de 1961 el discurso oficial se construye sobre divisiones artificiales que justifican la falta de libertades. Por eso comienza a hablarse de «Socialismo contra Democracia» o de «Libertad popular contra Servidumbre neocolonial» y se atacan aquellas realidades que pudieran introducir dudas en el pueblo. Por ejemplo, la fuerte influencia cultural católica y su presencia en la vida diaria republicana, en la que el 90% de la población estaba bautizada, unos 125.000 alumnos iban a colegios religiosos (como el propio Fidel Castro) y la intensa participación en la vida política de miembros en la Acción Católica era constante.

Es cierto que otros índices eran mucho más bajos. Por ejemplo, el cumplimiento dominical, que apenas llegaba al 13%, o la poca atención que recibían las zonas rurales en comparación con las ciudades, ya que prácticamente sólo se visitaba a los guajiros para bautizarlos. Sobre todo, en el Oriente del país, donde su arzobispo, Enrique Pérez Serantes —el mismo que salvó a Fidel de ser fusilado en 1953 tras el asalto al cuartel Moncada—, se esforzó en superar el secular olvido con la población rural. En esto Cuba no era diferente al resto de América.

El mismo espíritu revisionista de los comunistas cubanos provocó el ocultamiento de las guerrillas alzadas contra el gobierno de Castro a principios de 1960 (y que fueron bautizadas como «Luchas contra bandidos») o las acusaciones de connivencia con Batista del movimiento obrero (que había logrado mejoras como la jornada de ocho horas o las vacaciones pagadas) y, en general, cualquier referencia al mayoritario acuerdo político y social que supuso la Constitución socialdemócrata de 1940.

Como ya he señalado, el único referente inexcusable en el discurso oficial cubano es Fidel Castro, y esto a pesar de que no fuera el único líder revolucionario hasta 1958. Por el camino se quedaron otros hombres de gran talla política, como Frank País —el jefe de la guerrilla urbana en Santiago de Cuba y posible rival en la dirección del Movimiento 26 de Julio—, o José Antonio Echeverría, Manzanita, líder del Directorio Revolucionario y último presidente de la FEU (Federación Estudiantil Universitaria). Ambos fueron asesinados antes del triunfo de la revolución, lo que permitió convertirlos en héroes silenciosos.

En ese panorama histórico Batista, es el reverso de Fidel Castro y el justificante de todo lo ocurrido más tarde. Para legitimar aún más a Fidel se crea el mito del Che Guevara y, en menor medida por su temprana y misteriosa desaparición, de Camilo Cienfuegos. Ellos forman la trinidad revolucionaria que salvará a Cuba de sus todos sus males —algunos innegables—. Como es conocido, Guevara y Cienfuegos murieron en los primeros años de la revolución y también se convirtieron en héroes silenciosos.

Por tanto, ya desde la etapa guerrillera, la historia de la revolución ha sido un asunto de Estado que debe ser narrado según el discurso de los sectores más radicales del 26 de Julio, que es llamado «movimiento» por imitación al Movimiento Nacional franquista (no en vano Fidel Castro, ya desde su época con los jesuitas, se sabía discursos enteros de Primo de Rivera y, aparte de copiar los colores negro y rojo de la Falange, de él había tomado su aversión a la democracia parlamentaria y al liberalismo).

Los «sectores radicales» antes citados son los comandantes de la Sierra Maestra: Fidel, Che y Raúl. Entre los tres deciden la composición del primer gabinete ministerial, de modo que no se le pueda tachar de comunista. Así, la mayoría de los ministros nombrados en 1959 eran políticos de reconocida trayectoria democrática (como el primer presidente, el juez Manuel Urrutia) y algunos de ellos abiertamente anticomunistas.

Sin embargo, desde los primeros días del triunfo, Fidel asume que sólo podrá mantenerse el poder si es capaz de crear un Estado fuerte y unitario, ya que es consciente de que el M-26-J tiene escasa implantación urbana, sobre todo en La Habana. Sabe también que aún sobreviven estructuras e intereses que intentarán convertir la revolución en algo pasajero, sin cambiar nada y sin reformas profundas.

El precio para evitarlo será sovietizar la revolución, ya que Castro tomó la senda marxista-leninista por coherencia intelectual con su pensamiento nacionalista y revolucionario (si la partitocracia y la burguesía, la Iglesia y los EE.UU. han saqueado inmoral e impunemente a los cubanos, su gobierno devolvería al pueblo todo lo robado) y porque sólo el comunismo podía justificar un gobierno autocrático y convencer a la URSS de la pureza ideológica de la revolución cubana.

Según esta tesis, Fidel no traicionó la esencia del pensamiento radical nacionalista en el que, como tantos otros, maduró políticamente. Lo único que hizo fue llevarlo al extremo para crear un Estado totalitario. Es cierto que hasta 1961 siempre negó ser comunista, pero, al menos desde El Bogotazo de 1948, en el que participó activamente, puede apreciarse su afinidad con el socialismo.

Cuestión distinta es que dichas tendencias izquierdistas se hubiesen mantenido hasta entonces en los límites de la democracia. Como ha destacado Richard Pipes (Harvard University): «Desde un punto de vista histórico, el castrismo es un líder en busca de un movimiento, un movimiento en busca de una ideología y una ideología en busca del poder».

El resto del trabajo lo hizo la intelectualidad de izquierdas occidental, que saludó con gozo el experimento cubano. Comienza entonces el «turismo revolucionario» de escritores y artistas ávidos por conocer de primera mano los logros de la revolución. Así, desfilan por La Habana Neruda, Vargas Llosa, Sartre, Cortázar y otros conversos a la nueva fe fidelista, que funciona como un fenómeno religioso según las tesis del historiador Michael Burleigh.

En el fondo de todo el proceso hay dos constantes: la revolución como única fuente del derecho y el arraigado convencimiento de que la represión es un elemento imprescindible en la acción de gobierno, ya que sólo el terror revolucionario logra la obediencia colectiva. Batista instauró esas prácticas y Fidel Castro las ha mantenido, ya que nadie se siente a salvo en un sistema que castiga arbitrariamente y en el que las nociones de «ciudadano» o «seguridad jurídica» se convierten en resabios burgueses.

Finalmente, gracias a la propaganda cristaliza la leyenda de que los miles de cubanos que lucharon contra Batista lo hicieron por el socialismo. Lejos de ese mito, lo cierto es que cientos de ellos murieron por derrotar a la dictadura, ya fuera por lealtad a las ideas democráticas, al nacionalismo republicano o simplemente por la libertad de Cuba. Lo que resulta inaceptable es el discurso oficial de que toda oposición al proceso revolucionario sea, en el fondo, anexionista o mafiosa. Esa es la tragedia última de Cuba: la existencia de un exilio y, si se me permite el juego de palabras, un insilio creado por la conversión de la revolución al comunismo, algo que la mayoría de los cubanos no quería y que el gobierno de La Habana sigue sin asumir en 2008.

UN FUTURO INCIERTO

Precisamente 2008 ha sido especial por la renuncia de Fidel Castro a la presidencia y a la jefatura militar de Cuba. Termina así medio siglo de historia concentrada en un solo hombre.

El deterioro de Fidel Castro es progresivo —como demuestra la reciente fotografía filtrada por la Iglesia ortodoxa rusa durante la consagración de un templo en La Habana— y, por lo que se deduce, irreversible. Él mismo confirma que, a sus 82 años, le falta el vigor suficiente para afrontar el futuro.

Sin embargo, Castro está tranquilo porque la vieja guardia, apoyada en los jóvenes comunistas, continuará con la revolución. Concluye así «el postotalitarismo carismático», según expresión del profesor de Georgetown Eusebio Mujal-León, ya que a partir de ahora será el Partido Comunista —pese a su progresiva debilidad ideológica y organizativa quién sustituya— al comandante. Desarmada la utopía, el miedo al cambio es el principal aglutinador y legitimador del régimen, ya que el núcleo nacionalista y antiamericano que tantas cosas ha justificado se ha reducido en la última década.

Da la impresión, por tanto, de que la nación está madura para asumir la despedida. Más dudas existen acerca de si estamos en el inicio de la transición, algo que el paso del tiempo parece desmentir. Raúl Castro y sus ministros, que han realizado con éxito el traspaso de poderes, están ahora inmersos en una batalla política de gran calado y atan cabos para que la situación no se desquicie.

Con la renuncia de Fidel llega el turno de la diplomacia y la política porque el triunfo de Obama y los nuevos acuerdos con Rusia marcarán el futuro escenario cubano. A corto plazo todo seguirá en manos de los militares, como garantes el orden interno, y el Partido Comunista, dueño de un arma poderosa: autorizar la salida incondicional del país. Si eso se permitiera, el éxodo inmediato hacia Miami sería de cientos de miles de personas, posibilidad que aterra a los EE.UU. Por tanto, a todos conviene que el Partido y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) continúen «en la vanguardia del proceso».

Como señala el historiador Rafael Rojas, en las dictaduras la historia oficial es incuestionable y, a la vez, ficticia, ya que transmite la idea de que el poder lo ejercen las masas populares. «Cuando es el pueblo quien rige la nación, la historia política desaparece y en su lugar queda una leyenda consoladora. En ese mundo perfectamente armónico no hay disidencias o fricciones y quienes se oponen son […] asumidos como agentes de alguna fuerza diabólica exterior».

La historia de la revolución o, más bien, de las dos revoluciones cubanas (la que se dio entre 1956 y 1961 y la posterior de 1961 en adelante) sigue rescribiéndose cada día para evitar enfrentarse una dolorosa realidad: la perpetua condena de los cubanos a vivir entre la revolución, la dictadura y el exilio. O dicho de otro modo, a vivir en una guerra civil que dura ya medio siglo. Ni Orwell lo hubiera mejorado.

Siete argumentos a favor de Bolonia

A nadie se le oculta que la universidad española, con las lógicas diferencias entre instituciones, es un bien manifiestamente mejorable. No puede negarse su papel decisivo en la formación de los profesionales actuales y en la democratización de nuestra sociedad, pero no debemos instalarnos en la complacencia por estas bondades, olvidando las insuficiencias que limitan su capacidad. Luces y sombras, combinadas en dosis distintas según los casos, definen una trayectoria gris que debemos mejorar a través de reformas tan profundas, como urgentes.

En contra de algunas voces críticas, soy de la opinión de que el proceso de Bolonia ofrece una excelente oportunidad para replantear la formación de los graduados y hacerla más acorde con la realidad laboral y económica de nuestras sociedades.

Precisamente Bolonia nace no sólo para el establecimiento de titulaciones que sean reconocidas académica y profesionalmente por los otros países que forman parte del proyecto, sino también para modernizar y mejorar la calidad de los sistemas universitarios implicados y para desarrollar la diversidad y flexibilidad en la educación superior como instrumento para afrontar los desafíos de la globalización y de una sociedad basada en el conocimiento.

¿Qué elementos introduce Bolonia para modernizar y mejorar la calidad de las universidades? (Dejo al margen, por el momento, el tema de la investigación que requeriría una reflexión específica y extensa, para centrarme exclusivamente en la formación):

1. La posibilidad de definir nuevos productos educativos derivados de los existentes o completamente nuevos, que permitan una mejor adecuación de las titulaciones a las necesidades del mercado. La substitución de un catálogo rígido de títulos por un registro permitirá una mayor oferta de productos diferenciados. Las universidades no deben producir clones con los mismos conocimientos e ignorancias y deberían evitar los grados uniformes en lo que todo se parece a todo y nada (o muy poco) resulta distinto.

2. Un cambio en los métodos de enseñanza tradicionales. La introducción del crédito ECTS diversifica los procesos de enseñanza-aprendizaje. Reduce, el papel de la lección magistral y prima otros procedimientos, como los seminarios, las tutorías, las prácticas o el propio trabajo personal del alumno, como métodos más adecuados para mejorar la formación.

3. La oportunidad de incorporar a las titulaciones algo más que contenidos. También destrezas, herramientas, valores, capacidades que van a redundar en una mayor empleabilidad de los titulados. Permítanme, en este sentido, que mencione la experiencia que se está llevando a cabo con los nuevos grados en la IE Universidad. Todas las titulaciones, además de los contenidos propios de cada una de ellas, tienen tres módulos que se denominan módulos IE: uno de Management, otro de Humanidades, en sentido amplio (Liberal Arts), y otro de Deontología profesional, sin olvidar en ningún momento la enseñanza de «Skills» fundamentales relacionadas con el aprendizaje de idiomas y las nuevas tecnologías.

Que los estudiantes estén en mejores condiciones para acceder al empleo no debe ser entendido como un proceso de mercantilización de la universidad. En ningún país de los que ya se han adaptado a Bolonia se ha producido una situación de este tipo. Además, en la cumbre de Londres de 2007 se ha dado un impulso significativo a la dimensión social del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este sentido, se reconoce la importancia de la educación universitaria como elemento de cohesión social y se propone la eliminación de obstáculos socioeconómicos que impidan a los estudiantes acceder y acabar sus estudios.

4. El EEES sienta las bases para que la movilidad de los estudiantes sea mayor que la actual. Una movilidad en el interior de sus universidades para que puedan cambiar de estudios y una movilidad interuniversitaria nacional e internacional para que puedan cursar módulos de estudios o titulaciones completas en otras universidades. De esta manera se enriquecerá su experiencia y crecerá igualmente su empleabilidad.

5. Una mayor internacionalización de las universidades. Condición que se nutre no sólo de una mayor movilidad de estudiantes y profesores, sino de acuerdos básicos entre universidades de países distintos para el establecimiento de estudios compartidos o de programas de investigación conjuntos.

6. Un proceso de acreditación ex post permitirá contrastar la calidad y complementará la autonomía, al menos teórica, de las universidades para el diseño de las titulaciones. Esa garantía de calidad será una condición imprescindible para asegurar la necesaria confianza entre las universidades del espacio europeo, de modo que el reconocimiento de títulos y estudios no planteen reticencias y permita que el sistema avance con confianza y eficacia.

7. Un mayor énfasis en la formación práctica de los estudiantes, lo cual tendrá que provocar una positiva intensificación de las relaciones universidad-empresa hoy manifiestamente mejorables. Se lograría, de esta forma, mitigar la desconexión entre la formación que demanda el mercado de trabajo, atestiguada tanto por los graduados como por las empresas.

El decreto español que recoge y desarrolla estos y otros principios de Bolonia, es esencialmente correcto. Sin embargo, es necesario evitar que, por la vía de ciertas actuaciones, se desvirtúe su aplicación. Los departamentos universitarios no pueden pretender incorporar a las nuevas titulaciones todo lo que saben sus profesores o prescindir de todo lo que ignoran. Las conferencias de decanos y directores de una determinada titulación tienen que admitir que no son Fuenteovejuna y que pretender cerrar lo más posible un grado es un ataque al corazón de Bolonia. Los colegios profesionales han de ser más abiertos y menos corporativos. No pueden pretender regularlo casi todo y considerar inconveniente todo lo que se salga de sus exigencias y recomendaciones.

Las universidades públicas, sobre las que ciertamente descansa el sistema universitario español, tienen que conducirse con menos reticencias con las privadas y no descalificar, sin más, sus iniciativas con el argumento de que las necesidades del mercado están cubiertas con su oferta. Las universidades privadas, en buena parte jóvenes e imperfectas, han hecho un esfuerzo de adaptación a Bolonia mucho más rápido e intenso que las públicas. La mayoría de los títulos sometidos a la verificación han correspondido a las instituciones privadas que además han podido, por sus menores constreñimientos internos, diseñar titulaciones con un mayor grado de libertad. No se pueden desautorizar esos proyectos con el argumento injusto de una pretendida competencia (en el fondo eso sería positivo), tanto más si se tiene en cuenta que las privadas no consumen recursos públicos.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) tiene que actuar con rigor, pero también con flexibilidad en la verificación de los títulos, dando margen a iniciativas novedosas e imaginativas. Ya habrá tiempo, cuando llegue la acreditación, para saber si «el producto» tuvo el valor y el alcance con el que se diseñó.

Quizás tienen razón los alumnos cuando afirman que han intervenido poco o nada en la confección de los nuevos planes. Pero no la tienen algunos grupos o asociaciones cuando afirman que el proceso de Bolonia supone una supeditación de las universidades a los «intereses» empresariales. Todos los estudios no tienen por qué adaptarse como un guante de seda a las necesidades del mercado laboral, pero ese grito que hace pocos días oía en la Universidad Complutense en la entrega de becas patrocinadas por una gran entidad financiera, de «¡Fuera empresas de la universidad!», no tiene fundamento alguno. Permítanme que exprese el contrapunto a esa exclamación, con esta otra: «¡Más empresas en la universidad!». Más empresas para hacer más y mejores cosas. No sólo para ofrecer prácticas a nuestros estudiantes y licenciados, sino para que nos presten sus profesionales, nos ayuden a financiarnos o nos encarguen proyectos de investigación. Pero no lo harán si no somos capaces de mejorar la calidad de la enseñanza y de la investigación que ofrecemos. Si no somos competentes para ofrecer una mayor eficiencia y una mayor eficacia.

Las comunidades autónomas han de superar la pretensión de no crear demasiadas diferencias entre sus universidades. Hace pocos días me comentaban que el Gobierno andaluz pretende que sus universidades se pongan de acuerdo para el diseño de una misma titulación. Una vez más se impone el cómodo, pero poco competitivo, «café para todos».

Por último, el Ministerio, ahora con nueva denominación y competencias, pero con el mismo reto de mejorar el sistema universitario, ha de favorecer, entre otras cosas, la venida de estudiantes internacionales mediante procedimientos ágiles para entrar en nuestro sistema. Favorecer que los centros tengan más estudiantes foráneos es contribuir a paliar las carencias de trabajadores cualificados que vamos a tener a medio plazo. La universidad española, tras sufrir la abundancia de usuarios de la etapa del «baby boom», va a pasar por un periodo de escasez relacionado con los años de fuerte caída de la natalidad. Hay disponibilidad para atender una demanda exterior más fuerte, pero, una vez más, no lo podremos hacer si no somos capaces de ofertar productos atractivos y rigurosos.

Sé que no son buenos tiempos para implementar todas estas acciones. La financiación de las universidades públicas sufre recortes presupuestarios que van a obstaculizar la puesta en marcha del nuevo marco. Y observo una preocupante apatía de una parte del profesorado, con edades medias altas, que no acaba de ver qué ventajas ofrece el sistema de Bolonia. Exigir mayores esfuerzos a los profesores y a las autoridades académicas en un marco económico restrictivo no es el mejor camino para el éxito de la operación. Pero a pesar de todo, Bolonia es la senda para llevar a cabo una reforma basada en la flexibilidad, la transversalidad y la multidisciplinariedad de los sistemas educativos, y en una oferta de productos diferenciados que promueva una auténtica competencia entre universidades. Sólo así será posible que las universidades ejerciten la función de la autonomía responsable que significa libertad de diseño, pero también compromiso con el rigor de los títulos ofertados. Sólo así seremos capaces de superar los estrechos límites de nuestro mercado interior, con un número de estudiantes cada vez más pequeño debido a los efectos de una demografía implacable.

Los estudiantes deben poder elegir aquello que más conviene a su formación. Moverse entre titulaciones, universidades y centros educativos internos y externos a la búsqueda de lo mejor. Adquirir los conocimientos básicos de su profesión, pero también formaciones complementarias y diferenciadas que den singularidad a su competencia. Deben aprender a aprender y el profesor a enseñar de otra manera, más práctica, más ágil, más útil. Bolonia es una oportunidad para hacer cosas nuevas, distintas, originales e innovadoras. Es nuestra gran apuesta de futuro.