No son pocos (o sea, que son muchos) los manuales de Retórica que se han publicado en las últimas décadas. Razones teóricas y prácticas han producido una verdadera floración de manuales sobre el arte de expresarse con eficacia. En España, tenemos, entre otros, el libro de Vallejo Nájera, los de Kurt Spang y el de José Antonio Hernández Guerrero y María del Carmen García Tejera, amén de numerosísimas aportaciones eruditas y no menos traducciones acerca de la retórica en la empresa, la publicidad, la política, la literatura y hasta… la medicina.

El libro que ahora comentamos, dirigido a sus alumnos, tiene por misión, tal y como indican sus autores, ofrecer pistas útiles y consejos eficaces a quienes se enfrentan a la tarea de construir mensajes y comunicarlos a un auditorio. Pero, a diferencia de las obras que reducen la expresión y la comunicación a unas cuantas recetas simplistas, en este caso, se abraza la venerable tradición de la Retórica, o sea, se propone un análisis clásico tanto del orador como del mensaje y el receptor.

Después de una breve introducción, los autores se adentran en una reflexión práctica sobre las características propias del orador. Hay una apreciación que estas páginas no pasan por alto: la diferencia entre el discurso escrito y el oral, que con frecuencia se mezclan y confunden lamentablemente en la práctica. En este sentido, es frecuente que quienes se enfrentan por vez primera a un auditorio cedan a la tentación de leer literalmente lo que han preparado o que se decidan por la complejidad, como si redactaran prolijamente un texto; frente a este peligro y defecto —ya que no solo desnaturaliza la forma comunicativa, sino que normalmente aburre a la audiencia—, el consejo de estos expertos es simplificar la oralidad: el vocabulario debe ser comprensible, se ha de buscar apoyar el argumento con ejemplos, realizar pausas marcadas y evitar el uso de muletillas.

La oratoria es un don, pero también una facultad que puede desarrollarse por el ejercicio, de modo que el orador, el comunicador o quien pretenda serlo ha de ejercitarse en este arte y prepararse de forma conveniente. Humanidad, carácter ético, liderazgo son, a juicio de los autores, los rasgos principales de quien quiere comunicar su mensaje con eficacia. También se incluyen una serie de recomendaciones a la que acudir en caso de errores.

Pero lo importante no es solo las cualidades del orador. Hay que atender también al contenido que se transmite: pensar con tiempo el mensaje que se quiere comunicar, esbozar su estructura, así como el «estilo» a que va a pertenecer —que dependerá de la audiencia y del contexto.

Por último, se añade un apartado en el que se analiza la relevancia del receptor o de la audiencia, de forma que se cierra el triángulo comunicativo. En este último caso, se recuerda que es necesario saber quiénes son los oyentes, su nivel de conocimientos y sus expectativas, sin olvidar nunca que el orador debe, ante todo, saber escuchar a su audiencia.

Se trata, pues, de un manual divulgativo, de consejos sencillos y accesibles. No está de más realizar estos avisos en medio del proceso de empobrecimiento de los discursos al que venimos asistiendo y que se advierte tanto en las conversaciones de móviles como en el ámbito político y de los medios de comunicación.

Cabe esperar que los lectores de este breve ensayo tomen buena nota de sus consejos y se constituya así en una aportación más a la tarea de elevar el nivel de la comunicación pública, objetivo en pro del cual toda aportación es bienvenida. Mi reconocimiento por esta a sus autores.

La personalidad de Azaña ha ejercido fascinación, sobre todo tras la Transición, y han proliferado los estudios sobre su vida y sobre sus aportaciones, realizados, por cierto, desde diversas perspectivas ideológicas. Fue muy importante, a este respecto, la publicación íntegra de sus Diarios, gracias a los cuales se pudo contar con un testimonio excepcional, y sin ningún tipo de intermediarios, sobre las vicisitudes de la II República, de la que, como muy bien indica Miguel Ángel Villena, Azaña fue un símbolo. No hay que olvidar que Azaña pasó por todas las altas responsabilidades del régimen, desde que, como dirigente de Acción Republicana, se integró en el primer Gobierno en calidad de ministro de Guerra. Es conocido el apunte de su diario con motivo de la sublevación de Sanjurjo, en el que refiere las dudas sobre las decisiones a tomar. Es este, sin embargo, el sino del político.

Por otro lado, Azaña fue detenido en 1934, en un momento de crispación creciente. Pero la detención tuvo, como efecto, un aumento de popularidad y apoyo. Tal vez fue entonces cuando se fraguó el personaje como símbolo, en los discursos a campo abierto que congregaron a miles de personas y que han quedado como una de las imágenes más familiares de la República. Con una estudiada oratoria, Azaña se convirtió en el referente ideológico de la regeneración y consiguió unir a los radicales republicanos con el futuro del régimen, identificando al enemigo como antirrepublicano.

Sin embargo, cuando Azaña asumió la presidencia en 1936, su mensaje a la población insistía en que la victoria del Frente Popular aseguraba la continuidad del proyecto republicano y, por tanto, llamaba a la calma y a respetar la ley y el orden. Pero el enfrentamiento popular y la violencia habían prendido ya en el ánimo de muchos. Al estallar la guerra, el presidente de la República intentó mediar diplomáticamente con potencias europeas, confiando en que el apoyo internacional a la causa republicana constituiría una ventaja. Pero un hombre que, a juicio de Villena, se había caracterizado por el poder de las razones y las palabras se encontraba desesperanzado y perdido en medio del ruido de la batalla. De hecho, durante el conflicto y precisamente debido a su concepción, se fue debilitando su posición y prestigio. Finalmente, su política realista —la guerra estaba perdida y había que empezar a negociar, advirtió— fue derrotada y ganó la resistencia de Negrín.

Ciudadano Azaña dibuja un retrato personal, en ocasiones íntimo, de uno de los políticos españoles más importantes del siglo XX, evitando, en todo caso, enjuiciar duramente algunas de sus decisiones y buscando más comprender al hombre que al ideólogo. En cualquier caso, es una buena manera de acercarse a la vida de un personaje y a su contexto político, en el que ejerció un papel protagonista indudable.

La vida de la República fue más larga de lo que acostumbramos a pensar; olvidamos con frecuencia que existió un régimen republicano en el exilio, presidido oficialmente por Juan Negrín hasta 1945. Y su presidente ha sido uno de los personajes más desconocidos y atacados de todos los que, de una u otra manera, protagonizaron la República. Pablo Azcárate, embajador en el Reino Unido cuando estalló el conflicto civil, fue no sólo consejero de Negrín en política internacional, sino amigo y confidente. Por ello, En defensa de la República es el mejor documento para conocer los primeros años de la República fuera de España y para comprender de cerca su historia interna y sus decisiones políticas.

El preámbulo de Ángel Viñas resulta indispensable para sacar partido de la lectura de la obra, sobre todo para los no especialistas, es decir, para aquellos que conocen poco a Negrín y que apenas tenían noticia de Azcárate. Éste intentó explicar los problemas por los que atravesó un poderoso y fracturado complejo institucional sin territorio y sin que cejaran las querellas internas, como experimentó el propio Negrín, que aparece como protagonista en estas páginas.

Azcárate busca superar algunas interpretaciones erróneas. Cierto es que Negrín se mostró partidario de la resistencia frente a los nacionales y se opuso a un apaciguador como Azaña, en un momento en que el bando republicano estaba ya menguado, pero lo hizo esperando la salvación en el contexto de la II Guerra Mundial. Por otro lado, ya vencido el proyecto republicano, fue fácil buscar culpables y errores, y Negrín estaba por entonces en primera línea de responsabilidad.

Azcárate nos relata el drama de los refugiados republicanos, que en ocasiones fueron represaliados como consecuencia de una contienda ideológica de la que eran los chivos expiatorios. En Francia, por ejemplo, explica que muchos fueron dirigidos a campos de concentración; la mayoría fueron separados de sus familias. Pero a partir de 1940 se gestionó la evacuación de los refugiados del territorio francés a Sudamérica, gracias a los fondos que partían del Gobierno republicano.

Azcárate trata de mostrar cómo Negrín siempre tuvo conciencia de su responsabilidad en este sentido, y que organizó y desarrolló ayuda humanitaria para los refugiados, preocupándose por su suerte tanto en Europa como en América. Por otro lado, Negrín se encargó de institucionalizar los contactos diplomáticos necesarios que facilitarían la entrada de los republicanos en algunos países.

Negrín cayó tras la reunión de las Cortes republicanas en México, en 1945, a cuya convocatoria se oponía. Son elocuentes las palabras con las que Azcárate expone la caída del político canario: «Fue el factor —explica— que más contribuyó a frustrar la posibilidad de que al término de la segunda contienda mundial se restableciera en España un régimen político normal basado en los principios de libertad, democracia y progreso social». Problemas internos dentro del PSOE, un enjuiciamiento crítico excesivo —se le consideraba culpable de la deriva de la guerra—, fueron algunos de los factores que empañaron su memoria. Aunque Azcárate fue amigo de Negrín, estas memorias suyas son indispensables para conocer la situación de los exiliados, sus penurias y la organización institucional de la República fuera del territorio nacional.

¿Cuál fue en realidad la participación de los anarquistas durante la República? A esta pregunta trata de responder Juan Pablo Calero en un libro que recuerda que, en el momento de su implantación, la derecha, por motivos obvios, se oponía a la línea anarcosindicalista, pero que también la izquierda veía en la CNT y la FAI organizaciones que comprometían el proyecto republicano. En cualquier caso, la pretensión de El gobierno de la anarquía es determinar la implicación de esta ideología en la decantación del régimen y aportar así datos sobre sus fracturas ideológicas.

El anarquismo estuvo implicado, ciertamente, en la Revolución de Asturias y alimentó la insurrección de Octubre, de forma que su fracaso fue también una certificación anticipada de que un movimiento ácrata, antiparlamentario y que desconfiaba de los cauces institucionales tradicionales requería de un mayor potencial para realizarse. Por ello, tampoco la CNT hizo nada por colaborar con la organización del Frente Popular en 1936, en la que ni se movilizó ni pudo aceptar un manifiesto que consideraba «raquítico». Se percibía en el Frente Popular no un programa revolucionario, sino un proyecto de cambio superficial que, en el mejor de los casos, dejaría las cosas tal y como estaban. Porque las propuestas de los oficiales de la II República eran, a su juicio, la garantía de continuidad de un régimen como el burgués, centrado en la economía y la primacía del comercio e injustamente desigual para las clases trabajadoras.

La insurrección del bando nacional fue un motivo para que la izquierda más libertaria se aunara y promoviera inicialmente una unión de los esfuerzos. El autor subraya el papel estimulante que la propaganda anarcosindicalista ejercía sobre la población, aunque en general, unos y otros no tuvieran conocimiento de cómo se desarrollaba la situación en las diferentes líneas de combate. Una vez que los acontecimientos se precipitaron, en noviembre de 1936, la CNT renunció a iniciar su propio proyecto revolucionario ácrata. ¿Lo hizo por razones ideológicas? Más bien, como explica Calero Delso, la decisión fue fruto de un ejercicio de racionalidad política: hubiera tenido pocas garantías de éxito. Además, tras la guerra, «anarquistas y socialistas salieron profundamente divididos» y el movimiento anarquista no pudo mantener la unidad entre las dos líneas: una que hablaba de colaborar con la burguesía en el plano político y otros que exigían una vuelta al sindicalismo tradicional, oponiéndose a las instituciones del nuevo régimen.

Paul Preston ha anunciado esta obra como una contribución a la reconciliación de los españoles, evidentemente sobre la base de que la primera condición del entendimiento es la verdad. Lo que impediría que la verdad sirviera para reconciliarse sería, únicamente, su empleo partidario para alimentar odios. Ha contado con más de un centenar de historiadores de toda España que le han abastecido de las investigaciones básicas necesarias para explicar hasta dónde llegó la represión durante la Guerra Civil en ambos bandos. Este número de Nueva Revista quiere ceñirse a la II República y, por tanto, concierne a las primeras 190 páginas del libro, que son las que recogen lo que podría ser la explicación de la represión subsiguiente. Verán que ya hay, con eso, materia más que suficiente.

En la obra de Preston se recogen las conclusiones y, por tanto, no hay razones para rechazar que, desde el principio, el autor no manifieste su veredicto; no hay que olvidar que los libros de historia se escriben —generalmente— después y como resultado de la investigación histórica que requieren. No debe extrañar, por lo tanto, que Preston asegure, desde el comienzo, que fue mucho más dura la represión franquista que la republicana; que el número de muertos fue mayor y que, además, la primera obedeció a un propósito expreso de aniquilar físicamente al enemigo («fue una operación minuciosamente planificada») y la segunda, en cambio, fue una reacción comprensible —aunque injusta— de gentes desesperadas por la opresión o por el hambre, si no por ambas cosas (concretamente, por «el odio subyacente nacido de la miseria, el hambre y la explotación»).

Parte de esas primeras ciento noventa páginas se dedica a explicar por qué sucedió así y constituyen, por lo mismo, no sólo una historia de la II República, sino un estudio de las bases ideológicas de la represión franquista; bases que el autor relaciona insistentemente con el antisemitismo y, en concreto, con los famosos Protocolos de los sabios de Sión, que habrían sido el alimento principal de los exterminadores franquistas. Falta, quizás, un estudio parejo de las bases ideológicas de la otra represión. Cierto que esa otra represión, si fue respuesta a la pura desesperación de la gente, no requería protocolos. Pero Preston aporta datos que pueden confundir a los lectores. Por ejemplo, asegura que, en la zona republicana (o sea allí donde la represión fue obra de la gente desesperada), «el mismo aparato de seguridad que había puesto fin a la represión descontrolada de los primeros meses se ocupó luego de los elementos extremistas de uno y otro signo» (que era la gente de derechas pillada en zona «roja» y la que considera de extrema izquierda, o sea anarcosindicalista y trotskista, según explica él mismo). Aquí, «ocuparse de» esos elementos significa matar a esas personas, y no por desesperación. En cambio, puede haber una explicación psicológica para el hecho de que los yunteros «desesperados» —afirma el autor—, al tener que vender sus bueyes y herramientas en 1932, respondieran con invasiones de fincas «con cierta ceremonia, banderas y música ». Pero es necesario dar esa explicación psicológica, la que fuere, para entender que la desesperación desembocara en ceremonia. Sentenciar —con razón— que el hecho de que, en la zona republicana, fue violada una docena de monjas y que eso es vergonzoso pero que no se puede comparar con lo sucedido con las mujeres en la otra zona puede inducir a concluir que, en la zona republicana, sólo fueron violadas doce. Y, si fue así, hay que decirlo claramente; es fundamental. No se entiende que «la Iglesia » respaldara a los ricos y que la Confederación Nacional Católico-Agraria (CONCA) fuese «una importante formación política que proclamaba su “sumisión completa a las autoridades eclesiásticas”» y gozaba de «un apoyo considerable entre los propietarios de los pequeños minifundios del norte y el centro de España», o sea de los propietarios más pobres. Uno sabe, además, que una de esas regiones es Navarra y no puede saber —si no se le explica— por qué se habla de «los latifundios del sur» de esa región, que en ella llaman «corralizas». Preston da, de pasada, una noticia de enorme gravedad: habla de los «millones de documentos » que fueron destruidos entre 1965 y 1985 y que incluyeron los de Falange Española, los de las cárceles y los de los Gobiernos civiles. Sabemos, sin embargo, que esto último no es cierto (por lo menos en muchos casos, no hay más que acudir a los Gobiernos civiles y preguntar) y que el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) sobremanera abunda en documentación del Movimiento Nacional (documentos que hoy corren, a mi entender, serio peligro de destrucción si se aplica indebidamente la Ley de Memoria Histórica). Esto último sí debería preocuparnos. ¿Qué harán los historiadores que dirijan la selección que se ha puesto en marcha cuando encuentren multitud de papeles que comprometen —a lo mejor— a sus padres y abuelos? No es una insinuación, sino experiencia de quien ha trabajado mucho en ese archivo y sabe qué hay en él y comprende lo que puede sentir quien encuentre lo que no querría encontrar. El propio historiador que suscribe este comentario encontró, de manera fortuita, un informe que la Guardia Civil elaboró sobre su padre en 1942. Hoy equivale a un expediente de limpieza de sangre (y, además, del PSOE de 1936- 1942; no del de ahora). Pero preferiría que no le hubiese delatado ningún amigo ni pariente.

Hay detalles de erudición que deberían corregirse en la cuarta edición: Acción Española no fue un «diario»; El Siglo Futuro no era un diario carlista, sino integrista (del Partido Integrista que se fundió después en la Comunidad Tradicionalista, que tampoco era «carlista», sino precisamente tradicionalista, incluidos desde luego los carlistas pero también los integristas). Ramón Sales no era «fascista »; era tradicionalista.

Preston se refiere a algunas personas que procuraron hacer el bien; pero no valora la eficacia histórica de esa actividad, sino el hecho de que lo pagasen caro: así, el general Batet, el derechista Luis Lucia, el Frente Nacional de Trabajadores de la Tierra, de cuyos dirigentes socialistas dice que, en 1936, «pusieron todo su esfuerzo en contener la ira de las bases de su sindicato». Si uno lee éste —y tantos otros libros sobre la represión de izquierdas y derechas (y no digamos memorias de la Guerra)— con esa otra perspectiva —dispuesto a descubrir la gente que hizo el bien (poco o mucho) y de la que no se habla porque hiciera el bien, sino porque se le hizo el mal— uno se ve forzado a preguntarse si esos otros comportamientos no fueron eficaces para impedir que el horror de 1936- 1939 fuese aún mayor y no alcanzara la medida que alcanzó por aquellos tiempos en el resto de Europa, desde Rusia hasta Francia. La investigación de esa otra parte de la historia contribuiría de forma menos discutible (es mi opinión, claro es) a la reconciliación de los españoles, que es lo que, de verdad, debe lograrse.