Los dictámenes principales

Ya es posible efectuar un análisis correcto de lo sucedido en el terreno de la economía como consecuencia del cambio de régimen político sucedido desde el 14 de abril de 1931 y hasta el 17 de julio de 1936. Para eso se dispone de una bibliografía adecuada. En primer lugar, es preciso citar el artículo de Román Perpiñá Grau, «Der Wirtschafts sufbau Spaniens und die Problematik seiner Aussenhandelspolitik », publicado en Weltwirtschaftliches Archiv, enero 1935, págs. 61-131. También, por sus colaboraciones en Agricultura y en Economía Española a lo largo de esos años de la II República, es preciso tener en cuenta contribuciones muy valiosas de Manuel de Torres. En el Servicio de Estudios del Banco de España, bajo el impulso de Olegario Fernández Baños, aparecían informaciones de gran interés, como el notable trabajo La crisis económica española en relación con la mundial, o el trabajo de Jáinaga gracias al que existen, por primera vez en nuestra historia estadística, balanzas de pagos españolas, para el periodo 1931-1934. Luis Olariaga, con su maestría habitual, publica en 1933 La política monetaria en España (Victoriano Suárez, 1933). Hay que echar mano continuamente de los trabajos del buen economista Antonio Bermúdez Cañete, aparecidos en El Debate, Acción Española, La Conquista del Estado y Blanco y Negro, así como de los de José Larraz en El Debate. Pascual Carrión publicó Latifundios en España. No se pueden dejar a un lado tampoco dos trabajos de Martín Aceña en colaboración con Francisco Comín, y otro en el libro colectivo Historia económica y pensamiento social (Alianza, 1983), sobre la política monetaria de este periodo; ni el de Jordi Palafox, Atraso económico y democracia. La II República y la economía española 1892-1936 (Crítica, 1994); ni el de Juan Sardá, La intervención monetaria y el comercio de divisas en España (1936); ni el de Pedro Tedde, La economía de la II República, contenido en la Historia General de España, de Rialp; ni la síntesis muy completa de Tamames, en el volumen de Historia Alfaguara, La República. La era de Franco, ni el artículo en la Revista de Estudios Políticos de Gabriel Tortella, publicado en 1983 con el título de «Los problemas económicos de la II República»; ni finalmente datos que aparecen la obra de Tuñón de Lara La España del siglo XX. De la II República a la Guerra Civil (1931-1939) (Laia, 1973). Pero tampocoes posible dejar de citar un ensayo magnífico de Pedro Fraile Balbín, «La intervención económica durante la Segunda República», un capítulo importante de la obra 1900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo, editado por la Fundación BSCH el año 2000, y por supuesto, continuamente se han de manejar las Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, que se deben a Albert Carreras y Xavier Tafunell, editadas por la Fundación BBVA.

Una vez intentado sintetizar todo esto, me encuentro con que la política económica de la II República resulta ser el fruto de ocho mitos que acabaron creando, cuando previamente no existía, una gravísima crisis económica. Esos ocho mitos fueron: que era necesario apartarse, al considerar errónea y causante de toda suerte de males, de la política económica seguida por la Dictadura de Miguel Primo de Rivera; que en el terreno agrario era preciso aceptar el mito del reparto y poner en marcha, por cierto, como expondré, una pintoresca reforma agraria; que el pan debería ser barato, y que para ello había que utilizar toda clase de recursos; que se debería equilibrar el presupuesto estatal por encima de todo; que se debía buscar, de modo impecable, que la peseta se revalorizase en los mercados de divisas; que sería muy bueno poner en marcha una política económica basada en un intervencionismo creciente integrado en un corporativismo casi asfixiante; la aceptación plena del mito del nacionalismo económico lanzado por Cambó en 1918; finalmente, la firme creencia de que el mejor procedimiento para igualar los ingresos residía en una creciente legislación centrada en el mercado del trabajo. Y una base esencial para eso era la ignorancia absoluta que de asuntos económicos tenían los más activos dirigentes republicanos. Tengo publicado sobre esto último, documentado creo que exhaustivamente, lo que sucedía en este sentido a Azaña. Pero ¿qué decir de Marcelino Domingo? ¿Y de Largo Caballero? Indalecio Prieto tenía alguna intuición mayor que todos ellos, pero nunca fue decisivo, aunque impidió que muchos desastres siguiesen adelante. Lerroux lo ignoraba todo, lo mismo que Martínez Barrios. Por supuesto se salvan Alcalá Zamora y Gil Robles, pero ambos fueron expulsados del control serio de la II República. Creo, sinceramente, que si estos dos políticos hubieran dispuesto de más poder, se hubieran evitado mil sinsabores. Pasemos, pues, a observar, sintéticamente lo sucedido.

Del «error Berenguer» al «error Argüelles» y otros errores

Por el primero de los mitos, se buscó destruir todo lo que había conseguido la esencia de la Dictadura. Un español insigne habló del «error Berenguer». De él se deriva el que el profesor García Delgado denominó «error Argüelles», que comenzó precisamente, al rectificar la política económica que se heredaba en el último trono de la Monarquía, a acentuar la crisis económica. Pero en el primer Gobierno republicano, quien encabezó esa rectificación fue Álvaro de Albornoz. Liquidó, por ejemplo, toda la política de obras públicas de Guadalhorce-Primo de Rivera, y, naturalmente, la crisis industrial que se originó de inmediato, fue considerable.

El reparto a través de una reforma agraria sensata, como aconsejaba por entonces Vergara Doncel basada en una política de revalorización de los productos y «una intervención orientada hacia el aumento de la producción en lugar de situarla únicamente desde el punto de vista de la distribución del producto, sin olvidar por eso la descongestión de la propiedad que la Reforma Agraria puede realizar». Se abandonó todo intento de crear, para los nuevos asentados, un sistema adecuado de crédito agrario; se orientó la reforma agraria a castigar a quienes se consideraba que se habían implicado de algún modo en el alzamiento de Sanjurjo, hasta proyectarse buena parte de esta acción hacia los ruedos de los pueblos, como mostró el profesor Juan Muñoz en una investigación preparada a instancias de Malefakis. Nada racional se había puesto en marcha, y las medidas de rectificación, obra de Jiménez Fernández, desarrolladas en 1934 y 1935 concluyeron por perturbarlo todo. Sólo quedó viva una línea racional vinculada, como técnico, a Leopoldo Ridruejo, y políticamente a Prieto unida a la expansión de regadíos, pero su significación fue escasísima.

El mito del pan barato se basó en el hecho de que el Gobierno se había alarmado por la mala cosecha de trigo recogida en 1931, pensando que podía hacer subir el precio del pan, un típico bien inferior. Si así sucedía, por el efecto Giffen, aumentaría su demanda a costa de otros elementos del bienestar de las zonas urbano-industriales, que eran las que habían mostrado mayor preferencia con el nuevo régimen. Se decidió una fuerte importación de trigo argentino que llegó a nuestros puertos, cuando El Norte de Castilla profetizaba, como así sucedió, que la cosecha triguera de 1932 iba a ser magnífica. Lo que en economía se conoce como ley de King, tuvo lugar en España: una gran cosecha genera un hundimiento de los precios tal, que provoca la ruina de los agricultores. Pero es que, además de una gran cosecha, llegaba otra adicional embarcada desde Argentina. Surgió así, como atinó a exponer Malefakis, en un artículo publicado en Agricultura y Sociedad, la enemiga contra la República de todos los campesinos españoles: a la izquierda, al observar la pésima marcha de la Reforma Agraria, y a la derecha, porque el hundimientos de los precios se unía la obligación de atender a los obreros parados de cada municipio, una carga intolerable además, por la subida de salarios decidida por el ministro de Trabajo, Largo Caballero. Y este hundimiento del campo era entonces fundamental para consolidar una quiebra que se añadía a la crisis industrial ya señalada. En 1932 la agricultura suponía el 44% del PIB español.

Política española y depresión mundial

El mito del presupuesto equilibrado tenía que plantearse, en aquellos momentos, con un cuidado extremo, dada la onda depresiva que se vivía. Tenía que ser atendido cum grano salis. Pero no fue así. Lo complicó muchísimo Chapaprieta. Alcalá Zamora lo critica con claridad, sin necesidad de haber leído a Keynes, solo por buen sentido. Pero esas medidas estabilizadoras concluyeron por añadir peso a una barca, la de la realidad económica española, que por lo indicado, ya se hundía.

Todo esto se amplió al aceptarse el mito de que era bueno lograr una alta cotización de la peseta, justo cuando decrecían nuestras exportaciones, como consecuencia lógica de la Gran Depresión. Para sostener la peseta y afianzar su crédito se hicieron todo tipo de maniobras. Incluso se decidió que España debía entrar en el bloque oro. Estas medidas provocaron, entre otras cosas, que en nuestra balanza comercial se agudizase el déficit. Para mantener las importaciones, nuestro país no tuvo más remedio que contemplar cómo comenzaba a marcharse el oro que se había acumulado en el Banco de España.

Para impedir que eso continuase surgió el renacimiento, con mucha fuerza, del mito de las ventajas del nacionalismo económico. Lisa y llanamente, se decidió aumentar el proteccionismo frente al exterior, ahora, además de con el apoyo del Arancel Cambó, que ya había sido calificada por la Sociedad de Naciones como «la muralla china arancelaria española», con una política de contingentes y tratados comerciales, así como con permisos de importación y otras medidas en tal sentido, que colocaron a España en el conjunto de países, que al interrumpir el tráfico internacional, hundían la producción de las naciones exportadoras, creándose así nuevas crisis, que cada país creía poder esquivar aumentando el proteccionismo. El talante derivado fue señalado por Perpiñá Grau en el artículo citado, y tenía toda la razón, como un intento para lograr en España la autarquía. La política económica comercial de la II República contribuyó, pues, a que ese círculo vicioso de depresión internacional se consolidase, y lo hiciese, dentro del perjuicio general, también en perjuicio de España.

La intentona orientada hacia una superación de todo esto se consolidó con la aceptación de un mito adicional que, además, en aquellos momentos triunfaba en Europa: el intervencionismo corporativista. En este caso, no fue la izquierda sino la derecha la que consolidó este mito. Como dice el profesor Fraile Balbín, «el corporativismo encontró un poderoso aliado en la doctrina social de la Iglesia, que especialmente a partir de la modernización de la II República redobló sus esfuerzos y sus argumentos. La actualización de la doctrina de Pío XI produjo una larga serie de documentos doctrinales durante los años treinta que reforzaban su oposición al mercado liberal y sus consecuencias sociales… La República intentó cambiar la situación económica a fondo y para ello movilizó, siempre que pudo, todos los resortes legales. En el primer bienio la coalición de republicanos y socialistas legislaron en un sentido, y a partir de finales de 1933 la coalición liderada por la CEDA lo hizo en otro». Incluso Manoilescu, y su industrialización corporativa y con fuerte nacionalismo económico tuvo mucha audiencia. Por supuesto que el corporativismo ligado al intervencionismo venía de atrás. Sus primeros pasos los había dado en el Gobierno largo de Maura (1907-1909), pero ahora se acentuaba. En el artículo citado de Perpiñá Grau he encontrado, en la nota 2 de la pág. 89, que se habían creado, desde 1931 y hasta entonces —finales de 1934—, no menos de 27 organismos de este tipo, y el proceso continuó. Naturalmente, esto contribuyó a disminuir la eficacia de la agricultura, la industria y los servicios, desde el punto de vista de la productividad, incrementando con fuerza, en muchos casos, el grado de monopolio del sistema.

Crisis agraria y desempleo

Había llegado al Gobierno español, en 1931, por primera vez en la historia, todo un grupo de ministros socialistas. Su lógica preocupación era la de conseguir una más igualitaria distribución de la renta. No se orientó desde el mundo de la Hacienda. Por supuesto, tras las vacilaciones derivadas de un famoso «Dictamen» de Flores de Lemus, que en relación con la puesta en marcha de un impuesto sobre la renta de las personas físicas, va a ser el ministro Carner, quien sucedió a Prieto en el Ministerio de Hacienda, el que crea este tipo de importación. Pero, a causa del mito del presupuesto equilibrado, nada se piensa en la posibilidad de que ahí se derivara la posibilidad de igualación de rentas. Por eso, todo va a orientarse, para lograr este objetivo social, hacia la mejora de las remuneraciones que percibían los trabajadores. Y ¿cómo lograrlo? La realidad laboral entonces fue así, aparentemente, beneficiada por la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, y toda una pléyade de derivaciones legales, que se inician de modo bien visible, no solo con esta ley, sino con la de Accidentes al Decreto-ley del 8 de octubre de 1932, sin olvidar, para los accidentes en la agricultura el Reglamento de 25 de agosto de 1931, todo ello junto con una copiosa ratificación de convenios de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT) que motivó que, según el documento «Progreso de ratificaciones» incluido en la Revista Internacional del Trabajo, abril 1934, España, junto con Uruguay, ambos Estados con 30 ratificaciones, se pusiese en cabeza de las efectuadas. Entonces tales acuerdos a ratificar eran 33. Francia o Gran Bretaña sólo habían ratificado 18.

Agreguemos a todo lo dicho, el famoso arbitrio derivado de la Ley de Términos Municipales, de 28 de abril de 1931, que pretendía resolver el problema del paro campesino repartiendo los desempleados de cada municipio entre los propietarios rurales del mismo. Únase esto a lo señalado con la mencionada política del pan barato, y tendremos, de modo evidente, la explicación, con este complemento de incremento de los costes salariales cuando caían los ingresos, de la ruina agraria generada, con repercusión general. Añádase que las instituciones de arbitraje —los jurados mixtos, creados por la Ley de 27 de noviembre de 1931—, en los conflictos sociales, como señalaba entonces textualmente en el trabajo citado Perpiñá Grau, daban «en la mayoría de los casos, la razón a la parte obrera». Todo ese despliegue se debió, esencialmente, a la estancia en el Ministerio de Trabajo, como titular, de Francisco Largo Caballero, desde el 14 de abril de 1931 al 13 de septiembre de 1933. Añádase a esto, del texto citado de Perpiñá Grau, que «en cuanto a los costes…, en su integración en los productos españoles intervienen los jornales en una proporción muy superior a la de las industrias del extranjero. Así pues, ante una gran proporción en los costes industriales españoles de la mano de obra directa, fácil es colegir que éstos están influidos por los elementos que obligan a fijar jornales, relativamente a España, elevados». Continúa indicando que estos costes también luego están influidos por los altos precios de venta de los bienes alimenticios que «intervienen en una proporción del 50-60% sobre el total del coste de vida del obrero». Esto hace que los obreros demanden, y hayan obtenido, «jornales relativos caros».

Pero la oscilación de las cosechas y el progreso de la crisis agraria, golpeaban a la industria y los servicios, con lo que el desempleo en éstos aumentaba. A ello se unía un incremento en el coste de la vida, que se intentaba paliar con radicalizaciones, y era causa —de nuevo transcribo lo que señala Perpiñá Grau— «de perturbaciones obreras y un periódico refuerzo a los argumentos de los dirigentes de las organizaciones sindicales». Y esto estaba tan ligado a la coyuntura española que, continúa Perpiñá, «es sumamente instructivo el hecho de que los dos grandes movimientos revolucionarios en España hayan aparecido en dos épocas de grandes dificultades para la colocación en el extranjero de los productos agrícolas de exportación, 1917 y 1934».

Hundimiento industrial al actuar rectificando la política económica de la Dictadura, y se une a la tensión social creada por una política laboral que no percibía las consecuencias inexorables que así se generaban. Pero el hundimiento facilitado por el aislamiento español, impuesto por una política con designios de autarquía, obligaba a la industria y los servicios a depender de la demanda nacional de las zonas rurales, que se hundía a su vez como consecuencia de la puesta en acción tanto de las políticas derivadas del mito del pan barato como del mito del reparto. Todo lo complicaba la acción de una búsqueda continua de un equilibrio presupuestario inoportuno en aquel momento. Añádase que la percepción de todo esto, y el marco de una crisis económica internacional, eliminaban expectativas empresariales favorables. El resultado pasaba a ser el lógico, y se consigna en las dos estadísticas que se acompañan seguidamente.

Las cifras

Inmediatamente se observa que el primer bienio republicano socialista, donde se pusieron en acción la mayor parte de las políticas económicas que hemos reseñado, comenzó a enmendarse por la acción de la CEDA y sus coaligados. También debe añadirse que el IPC, que Carreras y Tafunell consideran que cayó en la década 1920-1930 a la tasa de un 1,08%, en el periodo 1930-1936, subió anualmente en un 0,58%. Su evolución año por año, de acuerdo con la estimación de Maluquer de Motes, fue la siguiente:

Finalmente, del paro registrado sólo tenemos la cifra, a finales de diciembre de cada año de 1933, 1934 y 1935.

Pasó de 618.000 desempleados en 1933 a 667.900 en 1934 y a 674.200 en 1935.

Por tanto, tenemos los tres componentes del denominado «índice miseria» que sube de modo claro cuando simultáneamente cae el PIB por habitante, sube el IPC y aumenta el desempleo. Ese fue el fruto de la lamentable política económica desarrollada durante la II República. El 30 de julio de 1931, alarmado ante lo que se venía venir, José Ortega y Gasset señaló en las Cortes constituyentes: «La cuestión económica… hoy… arrolla los regímenes ». La profecía se cumplió.

En efecto: República ilustrada

Y no fue tanto que fuese o no ilustrada, esa no era la cuestión, como que ella, la República, representaba la Ilustración, los principios de la Ilustración, contra los que se alzaría seis años después un conglomerado de fuerzas anti-ilustradas de clérigos, militares, terratenientes, industriales y diversas facciones reaccionarias dispuestas a dejar España de una manera oscura en el tiempo anterior al que fue proclamada en 1931.

Cuando, en el prólogo a la última edición de Las armas y las letras (2010), se dijo esto mismo, algunas personas desconfiaron o se mostraron abiertamente contrarias y contrariadas. Fue necesario, en la subsiguiente reimpresión, añadir un párrafo más, para despejar toda duda: «Los crímenes, de una zona y otra, fueron, ciertamente, equiparables. Pero, por suerte para España y para nosotros, no todos los que vivieron aquella guerra fueron asesinos ni representan lo mismo: los irrenunciables principios de la Ilustración sólo estaban representados en la República; la lucha del otro bando fue por la civilización cristiana de Occidente y los privilegios seculares bendecidos por ella, mediante una cruzada que trataba precisamente de conculcar tales principios, sabiendo, desde luego, y como se repite hasta la saciedad en este libro, que ni todos los que combatieron con la República fueron demócratas o ilustrados ni todos los que arroparon a los fascistas fueron fascistas ni dejaron de ser ilustrados, si acaso lo eran antes. “Nosotros tenemos ahora que cerrar la frivolidad de un siglo. Que desterrar hasta los últimos vestigios del espíritu de la Enciclopedia”, diría Franco al recibir su laureada de San Fernando, terminada la guerra».

Unamuno: «Están arrastrando a los mayores unos chiquillos corporalmente de 17 a 23 años, pero que mentalmente no llegan a los cinco años»

Por tanto, esos principios de la Ilustración, que aquí defendieron desde finales del siglo XIX principalmente los hombres de la I República y aquellos que fundaron la Institución Libre de Enseñanza, con don Francisco Giner a la cabeza, llegaron a su cenit el 14 de abril de 1931. A partir de ahí, la confrontación política y la radicalización revolucionaria y contrarrevolucionaria darían al traste muchos sueños legítimos de reforma.

Desde luego ilustrados fueron los escritores del 98, si exceptuamos a Maeztu; también los intelectuales del 14, si advertimos que D’Ors no dudó en hacer de la pre-Ilustración dieciochesca una especie de bandera dandy que acabaría por llevar él mismo a Pamplona en 1937, y muchos de los jóvenes del 27. De hecho, algunos prosistas y poetas de esta generación tuvieron la veleidad de cambiar de nombre la suya, y pasar a llamarla «la generación de la República», cosa a todas luces inapropiada: ¿qué podríamos ver de republicano en el Romancero gitano, Cántico o Perfil del aire, por hablar de obras que aparecieron todas ellas cuando se estaba lejos de la República y de imaginar que ésta podría llegar? Al contrario, diríamos que la sedicente generación de la República fue en realidad la generación de la guerra, la que decidió resolver las cosas en España no de un modo ilustrado, sino barbárico, convencidos de que la fuerza de sus revoluciones respectivas estaba justificada en la probabilidad de la victoria. ¿No habían triunfado los soviets, los nazis y los fascistas en sus respectivos países? Así lo vio, por ejemplo, Unamuno en una carta de abril de 1936, dirigida a uno de los amigos que había hecho en la isla de Fuerteventura, durante su confinamiento, don Ramón Castañeyra. Le diría: «Veo esto muy mal. Lo que toma aquí fuerza es algo que no se da ya en la Europa civilizada [???], y es el socialismo, en el fondo anarquista, de la CNT, y de otro lado crece el fascismo. Y uno y otro en una forma peor que de barbarie, de estupidez. La degeneración mental es espantosa. Están arrastrando a los mayores unos chiquillos corporalmente de 17 a 23 años, pero que mentalmente no llegan a los cinco años». La República había bajado de 25 a 23 la edad para poder votar, por tanto la guerra acabaron haciéndola quienes ni siquiera habían pasado por las urnas, convencidos de que no era preciso pasar por ellas para traer a España una revolución o una contrarrevolución, gentes que, si tenían en 1936 veinte años, por ejemplo, tenían catorce cuando en 1931 se proclamó la República.

El derribo de aquella ilustración

Diríamos, al contrario, que la Ilustración que había cristalizado en La Gaceta Literaria, dirigida por Giménez Caballero desde su fundación en 1927, alguien llamado también a engrosar las filas de la anti-Ilustración, quedaría deshecha precisamente cuando llegó la República. Cualquiera que se haya entretenido en hojear las páginas de esa revista admirable, se quedará atónito, porque por primera y última vez en España en mucho tiempo (habría que esperar a los Papeles de Son Armadans de la posguerra), coincidían y trabajaban por ese proyecto común muchos españoles de todas las edades y de toda condición humana, literaria, intelectual y política: desde Unamuno, a quien dedicaron un número monográfico de homenaje, Baroja, los Machado, Valle, Juan Ramón Jiménez o Azorín, a los más jóvenes, Lorca, Guillén, Cernuda, Alberti, Aleixandre, Salinas o Altolaguirre, pasando, naturalmente por los Ortega, Pérez de Ayala, Díez-Canedo, Azaña y tantos otros.

¿Qué decir de quienes como Ortega, encarnación por antonomasia de los principios de la Ilustración, se desengañaron en 1933 no de la Ilustración, sino de la República?

¿Y qué decir de quienes como Ortega, encarnación por antonomasia de los principios de la Ilustración, se desengañaron en 1933 no de la Ilustración, sino de la República, acaso porque empezaban a ver que ya nadie estaba interesado en ninguna de las dos, ni en la Ilustración ni en la República reformista, y sí en proyectos revolucionarios socialistas y anarquistas o contrarrevolucionaros y fascistas?

La República representó, en efecto, el eclipse de algunos de los más conspicuos defensores suyos, por no hablar de aquellos otros, como Azorín, Baroja, los Machado, el propio Valle (enarbolado, no obstante antes de su muerte, por los jóvenes comunistas cuando el viejo carlista empezó a circular su entusiasmo bolchevique) o el mismo Juan Ramón Jiménez, a quien los integrantes de «la generación de la República» daban a diario el «paseo» en esos años previos a la guerra, en sus revistas, en los periódicos, en los corrillos e, incluso, en su propio teléfono, en el que deponían macabras bromas y suciedades sin cuento: todos ellos parecen estar viviendo en esos años treinta la salida de escena, arrumbados, con su gran prestigio desde luego, pero como esa arpa que después de dar muchos tumbos por el salón acaba, nadie sabe cómo, en un desván. Los jóvenes, abonados a otro romanticismo, eran partidarios de músicas menos acordadas, estridentes y modernas, sincopadas y secas, como el tableteo de las ametralladoras.

Sí, había llegado el momento de los jóvenes, y estos no parece que escucharan mucho, como le recuerda Unamuno a su amigo Castañeyra.

Sólo algunas voces de lo que más adelante hemos dado en llamar «la tercera España» advirtieron del peligro, entre ellas las de  Chaves Nogales o Clara Campoamor

No obstante, sería engañoso contar las cosas por lo que oímos hoy, no por lo que se escuchaba ayer, en aquel preciso momento. Quiero decir, que hoy la República nos parece más ilustrada de lo que debió de parecerles a quienes como Baroja, Ortega, Marañón o Pérez de Ayala no dejaron de criticarla, sobre todo a partir de 1933, y no digamos a partir de octubre de 1934, cuando una gran mayoría de fuerzas de izquierdas y nacionalistas se lanzaron al aventurerismo político, apoyando una revolución que sólo después, cuando ya había fracasado, algunos reputaron disparatada. Y decimos algunos, porque otros muchos, una mayoría en la izquierda, por ejemplo todos aquellos socialistas radicales, comunistas y anarquistas, siguieron apoyándola abiertamente y la reivindicaron y celebraron en público siempre que les vino a mano, en periódicos, mítines y frentes, cuando, ya en guerra, se apelaba para combatir al fascismo, al espíritu que la inspiró. Sólo algunas voces de lo que más adelante hemos dado en llamar «la tercera España» advirtieron del peligro, entre ellas las de quienes como Chaves Nogales o Clara Campoamor o Morla Lynch eran inaudibles, sepultadas por el ruido y la furia durante la guerra y… setenta años más por la interesada memoria de quienes quisieron recordarnos la historia a su manera.

La pluralidad de «ilustraciones» en los años de la República

Por tanto no es fácil hablar de una República ilustrada. Hubo varias, como varios eran también los conceptos de Ilustración. Si nos ceñimos únicamente a las publicaciones literarias, quedaríamos abrumados. Por no mencionar los periódicos y los semanarios de información general. En parte porque los más jóvenes, esos precisamente que iban a arrastrar a los mayores al matadero (y no debemos olvidar que uno de los títulos de Bergamín, poco antes de la guerra, fue precisamente ese Disparadero español, en el que más que vaticinar o conjurar lo que se avecinaba parecía estar convocándolo o propiciándolo, como probaría, ya desatada la guerra, el título de la sección que incluía la revista de combate El mono azul: A paseo, animando a la gente a esa justicia popular del tiro en la nuca), estaban en el apogeo de su vigor físico e intelectual y muchos de ellos en lo más granado de su facundia.

¿Qué podían hacer publicaciones como Revista de Occidente frente a Octubre en los años de la República, autores como Azorín o Baroja frente a Alberti, los republicanos reformistas frente a los revolucionarios? Al leer los periódicos de entonces en su propio soporte, no en los resúmenes o citas de los historiadores de ahora, asombra y aterra el sentimiento de fatalidad que parecían tener todos. Diríamos que muchos no sólo sabían que aquello desembocaría en una guerra, sino que además era bueno que fuese así, para dejar las cosas asentadas de una vez.

Apenas proclamada la República el proyecto de La Gaceta Literaria se vino al traste, y sus colaboradores reprodujeron con cinco años de antelación lo que iba a ocurrir en la guerra. De una parte: Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Alberti, Cernuda, Arconada, Petere, Altolaguirre, Chacel, Zambrano, Aub, Moreno Villa, Maroto, Alberto y muchos más. De la otra: el propio Giménez Caballero, Guillén Salaya, Alfaro, Foxá, Gómez de la Serna, Sánchez Mazas, Neville, Tono, Montes, Mourlane Michelena y quienes se iban a sumar a ellos un poco más tarde, Cunqueiro, Pla, Torrente Ballester, Ridruejo y tantos más. ¿Y en medio? Todos los demás, la legión de gentes que no iban a tener la fortuna de poder elegir bando y que acabarían en uno u otro forzados por las circunstancias, a veces a punta de pistola: el propio Ortega, Unamuno, Baroja, Azorín, Manuel Machado…

Uno de los lugares comunes más inanes de nuestra historiografía fue el de considerar durante casi setenta años que los mejores y más importantes escritores, poetas, artistas e intelectuales se habían decantado durante la guerra por la República. Nos ocuparemos de ello ahora, pero antes abordemos esto de otro modo. No es tanto que los mejores escritores, intelectuales y artistas fuesen republicanos a partir de 1936, sino que la inmensa mayoría, buenos y malos, lo eran antes de 1936… Muchos lo seguirían siendo después de 1939, en el exilio, desde luego, pero en España también. En 1931, excepto cuatro monárquicos, eran republicanos todos, diríamos que hasta los curas (a estos se les pasó pronto, cuando vieron menoscabados sus privilegios, desaforados sobre todo en el terreno de la enseñanza, lo que a muchos les fanatizó e inoculó el virus de la rabia).

Pero ¿alguien cree de verdad que Ortega dejara de ser republicano alguna vez, que sólo porque acabara volviendo a la España de Franco fue un franquista? A partir de 1933 no le gustó aquella República. Nada más. Claro que el error de la historiografía viene propiciado en parte por este doble hecho: que la República seguiría en cierto modo en el exilio (aunque la institución, tras la guerra, se nos antoje hoy un tanto formolizada y de guardarropía, con esa sucesión de presidentes, ministros y secretarios de Estado que nada eran y nada significaban en la diáspora, representando un teatro republicano) y que muchos de los escritores que salieron de España siendo unos autores aún sin hacer y desconocidos alcanzarían en el exilio un papel relevante, de primer orden, en la literatura española, como Cernuda, Sender o Zambrano, por no hablar de quienes como Juan Ramón llevarían su obra a sus logros más altos en medio de la hostilidad de tantos escritores y poetas, en el exilio y dentro de España.

La guerra en las palabras y la realidad

Ocupémonos, pues, ya, del tópico al que aludíamos antes. En las ediciones de Las armas y las letras anteriores a 2010 no se hubiese uno atrevido a incluir las dos listas de escritores, enfrentados según el lugar en el que acabaron en la guerra. La mayoría, había formado parte de la República ilustrada y hubiesen querido formar parte de ella, de no haber venido la guerra a acabar con una República que ya en 1936 tenía, como hemos dicho, poco de República y poco de ilustrada (y bastaría leer entre líneas no pocas de las entradas de Juan de Mairena para constatar que así sentían también republicanos moderados como Machado).

Esto es lo que se decía allí, y, a mi modo de ver, es importante: la propaganda de uno y otro bando quiso poner desde el principio de la guerra al mayor número de intelectuales, artistas y escritores de su parte en uno de los platillos de la balanza, dejando el del enemigo lo más desasistido posible. Hasta el nombre que se dieron o le dieron al contrario perseguía fines propagandísticos. Ni siquiera se pusieron de acuerdo en nombrar el hecho: unos hablaron de sublevación o traición, en tanto los otros hablaban de alzamiento. La palabra movimiento como sinónimo de alzamiento la emplean los periódicos de los sublevados, que acabarían adoptándola en exclusiva, pero también se encuentra en periódicos republicanos de los primeros meses de guerra como sinónimo de revolución de izquierdas. Los sublevados se llamaron a sí mismos nacionales, en tanto llamaron rojos o marxistas a sus enemigos.

Por su parte, los republicanos se dieron este nombre, el de leales o el de demócratas, y el de traidores, fascistas o franquistas a los sublevados y cuantos los apoyaron, con patente inexactitud en algunos casos, ya que no siempre podría aplicarse el nombre de fascistas a quienes apoyaban a los rebeldes ni el de demócratas a quienes combatían al lado de los republicanos. La propaganda y la literatura de guerra recurrió a descalificaciones intercambiables, aunque se aprecia un léxico propio en cada bando: populacho, horda marxista, horda roja, piojera marxista, menudean por parte de los sublevados hacia los republicanos, y horda fascista, la sentina burguesa, señoritismo facha, gusanera mora, sanguijuelas, de los republicanos hacia los rebeldes. Unos y otros tratan de hacer valer sus derechos exclusivos sobre la palabra revolución, tanto la revolución nacionalsindicalista como la revolución social. En ambos bandos es idéntica la expresión de que se lucha en defensa de la civilización y cada bando da cuenta minuciosa en su prensa respectiva de los crímenes, matanzas y represalias que tienen lugar en el otro, convenientemente magnificados e incluso inventados.

Por otro lado, cuando se ponderan las adhesiones, conviene tener presente el contexto histórico. Si la guerra en el campo de batalla la ganaron los rebeldes sin apenas reveses militares, la guerra de la propaganda quedó decidida desde el primer momento a favor de la República, cuyos propagandistas convencieron al mundo de que los escritores e intelectuales más valiosos y representativos se pusieron en masa a favor de la República. «Los artistas anacrónicos se han ido con los facciosos […] [y no podrán] entrar en la Historia de hoy ni en la Historia española de mañana. Casi todos los artistas de vanguardia han quedado con nosotros, o nos hemos llevado la canción», escribirá León Felipe, lo que es a todas luces inexacto, tanto cuantitativa como cualitativamente.

El propio León Felipe acabaría diciendo en 1958: «Con estas palabras quiero arrepentirme y desdecirme […] Ahora estoy avergonzado: Yo no me llevé la canción. Nosotros no nos llevamos la canción… Al final todo se hizo grito vano, lamento hinchado, blasfemia sin sentido…». Hasta J.R.J. fue víctima de la propaganda. Por cada hombre representativo que puedan presentar las derechas, hay diez en las izquierdas. La República representó en todo momento el proyecto ilustrado para España (y si el 80% de los profesores universitarios sufrieron la depuración de sus cátedras tras la guerra, hay un hecho importante del que nadie que yo sepa se ha dado por enterado: la gran mayoría de la emigración intelectual no se produjo en 1939, al final de la guerra, sino en 1936, a su comienzo, dirá Julián Marías en sus memorias, acaso por ser él mismo uno de los depurados y, al mismo tiempo, uno de los que decidió rehacer su vida en el país franquista), pero se advierte que, en unos casos, muchos de los escritores que apoyaron la causa republicana estaban lejos del ideario comunista o anarquista, como podían estar otros del bando sublevado cercanos a la Ilustración y alejados del ideario fascista.

Cabe señalar también que la mayor parte de los escritores de las generaciones del 27 y del 36 sólo adquirieron notoriedad y trascendencia, y en parte debido a ella, después de la guerra, durante la que eran desconocidos para el gran público (Cernuda, Miguel Hernández, Max Aub, Chacel, Zambrano o Barea, por un lado, y Ridruejo, Torrente Ballester, Cunqueiro, Panero, Rosales, Foxá, Neville, Pla o los Villalonga, por el otro), al contrario de lo que ocurría con otros escritores de generaciones anteriores que se sumaron a la rebelión, muy populares antes de la guerra y eclipsados después de ella (Maeztu, Muñoz Seca, Ricardo León, Fernández Flórez, Concha Espina, Marquina, Jacinto Benavente) o, por el contrario, vigentes hasta hoy, como Azorín, Baroja, Ortega, Gómez de la Serna y otros. Sería un error, pues, confundir y mezclar tiempos y evoluciones posteriores. En ambos bandos, la mayor parte de estos escritores pasaron la guerra parcial o totalmente lejos de los frentes, en la retaguardia o fuera de España, en labores diplomáticas, de propaganda o sencillamente exiliados.

En Las armas y las letras aparecen unas columnas que son, como resulta obvio, mostrativas, en absoluto comparativas.

Es de justicia recordar, por último, dos cosas: la primera, que una buena parte de los incluidos en esas dos columnas habría querido formar parte de una tercera, de la que fueron desalojados por los responsables políticos y literarios de las otras dos; y la segunda: que si a los que se quedaron a vivir en la España franquista les resultaba imposible o muy difícil la desafección pública del régimen, llegando muchos de ellos a ser de facto franquistas, no siéndolo, los que marcharon al exilio conservaron su libertad de expresión para manifestar en todo momento sus adhesiones o sus distanciamientos políticos, sin tener que ser comunistas, como pretendía el régimen. En cuanto a Armando Palacio Valdés, Carlos Arniches o los hermanos Quintero, Manuel de Falla, Jorge Guillén, Jacinto Benavente, Carles Riba, Vicente Aleixandre, Rafael Cansinos Assens, Dámaso Alonso o Marià Manent, fueron algunos de los que no pudiendo elegir bando, capearon sus respectivos temporales con mayor o menor pericia y equidistancia, lo que les libró de represalias durante la guerra o de posteriores depuraciones. Es justo poner en lugar aparte el caso excepcional de Miguel de Unamuno, de conocida complejidad, ya que si se sumó a los rebeldes de manera entusiasta, con no menos ímpetu se enfrentó y alejó de ellos, sin pasarse por ello al otro bando.

Cuántas veces se nos ha repetido, sí, que los mejores, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Cernuda, María Zambrano o Azaña se pusieron del lado de la República, pese a que muchos de ellos ni siquiera la considerasen ya una República ilustrada a la altura de 1936. ¿Pero es que Azorín, D’Ors, Baroja, Ortega y Gasset, Gómez de la Serna, Pla, Gaziel o Gutiérrez-Solana eran menos grandes que aquellos?

Acabemos, pues, con los lugares comunes. Sí, la República ilustrada había acabado antes, como República y como Ilustración, antes de que terminase la guerra en 1939. Todos ellos hubieran merecido otra República, la que soñaron en 1931 y de la que tantos, en uno y otro bando, empezaron a combatir ya en 1933 y a idealizar a partir de 1939.

Diego Martínez Barrio

En enero de 2000 se efectuó el traslado de los restos mortales de Diego Martínez Barrio (Sevilla, 1883-París, 1962), muerto en el exilio, a su ciudad natal. La iniciativa se debió a la Asociación de Abogados Progresistas de Andalucía, que cumplimentó así el deseo expresado en su testamento tras casi cuarenta años de su fallecimiento y más de veinte desde las primeras elecciones democráticas tras la Guerra Civil.

Para la casi totalidad de los españoles —me temo que incluida buena parte de la clase política—, Martínez Barrio era y sigue siendo un perfecto desconocido. Nacido en el seno de una familia modesta, tipógrafo de profesión y más tarde propietario de una imprenta, su labor en el Partido Radical de Alejandro Lerroux le llevó a formar parte, en 1930, del Comité Revolucionario creado con el propósito de derribar la Monarquía, y en abril del año siguiente, a desempeñar la cartera de Comunicaciones en el Gobierno provisional de la II República.

Bajo su presidencia como jefe del Ejecutivo, en noviembre de 1933, se celebraron con toda pulcritud las elecciones que dieron el triunfo a la coalición de centro-derecha. Disconforme con la deriva conservadora del Partido Radical, en 1934 fue uno de los fundadores de Unión Republicana y, tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, fue elegido presidente de las Cortes, en cuyo palacio puede verse actualmente el retrato que le hizo Agustín Segura.

Entre abril y mayo de aquel mismo año 1936, tras la destitución de Niceto Alcalá-Zamora como jefe del Estado y hasta la elección de Manuel Azaña, ocupó provisionalmente la Presidencia de la República, cargo que volvería a desempeñar en 1939 y 1945, ya en el exilio.

El asesinato de José Calvo Sotelo

Pero su actuación decisiva se produjo en el mes de julio más nefasto de nuestra historia. En sus memorias póstumas, que tuve el honor de editarle en Espejo de España en 1983, explicó así su reacción al conocer el asesinato del diputado de derechas José Calvo Sotelo:

«Yo sentí la impresión de que todas las treguas estaban terminadas y disipadas todas las esperanzas de concordia. Las Españas irreconciliadas e irreconciliables se colocaban frente a frente, con las pistolas en la mano. Cualquier intento de mediación era ya inútil. Resucitaba la pugna histórica, blancos y negros (ahora, azules y rojos) reanudaban el diálogo sangriento» (2).

Pese a aquel juicio por desgracia lúcido y cumplido, intentó por todos los medios parar la catástrofe. Su actuación al frente de la Diputación permanente de las Cortes mereció que el conde de Vallellano manifestase a los periodistas su gratitud y la de los grupos parlamentarios de Renovación Española —el partido monárquico alfonsino— y de los tradicionalistas por la conducta observada con motivo del asesinato de Calvo: «Esta conducta y esta cortesía del señor Martínez Barrio —afirmó— son dignas de elogio y de reconocimiento» (3). Martínez Barrio dedujo que el líder derechista, con estas palabras, quiso protegerle frente a un posible atentado personal o las represalias producidas por un golpe de Estado triunfante, que todo el mundo sabía que estaba en el aire desde hacía meses, y que se inició el 17 en África, aunque, contra las previsiones de sus organizadores, fracasase en media España (4).

Al habla con «el Director»

Dimitido el jefe del Gobierno, Santiago Casares Quiroga, Manuel Azaña encargó a Martínez Barrio, en la anochecida del 18 de julio, sábado, la formación de gabinete. «Ni la ambición de poder, ni mucho la vanidad de ejercerlo, podían hacer olvidar, en aquellos momentos de tremenda convulsión —ha escrito el socialista Julián Zugazagoitia, fusilado por el general Franco en 1940—, los riesgos inmensos del dificilísimo cometido […]. Antes de dar su conformidad al encargo, [Martínez Barrio] conocía mejor que nadie los inconvenientes de su cometido y las exiguas posibilidades de remontar con éxito la asperísima prueba. Probablemente, a despecho de un análisis pesimista, encontró que no podía negarse al requerimiento y, por sí solo, este gesto de subordinación al deber republicano le hacía acreedor, cuando menos, al respeto de todos» (5).

En una alocución radiada, Martínez Barrio explicó que aceptaba «para evitar a mi patria los horrores de una guerra civil y para poner a salvo la Constitución e instituciones de la República».

Desde que recibiera el encargo hasta la constitución del nuevo Gobierno en la madrugada del domingo, 19, Martínez Barrio se colgó del teléfono en su intento de asegurar la fidelidad de los jefes de las comandancias regionales que parecían indecisos y detener en su marcha a los generales sublevados. De todas aquellas conversaciones, la más importante seguramente fue la mantenida con Emilio Mola, último director general de Seguridad con la Monarquía, entonces, julio del 36, gobernador militar de Pamplona, que era el director del proyectado alzamiento, y, según le confesó su superior inmediato, el general Domingo Batet, a Martínez Barrio, el «jefe indiscutible de la División».

De aquel diálogo hay diversas versiones, pero la más completa —y seguramente la más veraz— es la del propio Martínez Barrio:

«General, he sido encargado de formar Gobierno y he aceptado. Al hacerlo, me mueve una sola consideración: la de evitar los horrores de la guerra civil, que ha empezado a desencadenarse. Usted, por su historia y por su posición, puede contribuir a esta tarea. Desconozco las ideas políticas de los generales, entre ellos usted, que están al frente del Ejército. Supongo que por encima de todo otro estímulo, colocan su amor a España y el cumplimiento de su deber militar. En esa confianza me dirijo a usted, para excitarle a que la tropa a sus órdenes se sostenga dentro de la más estricta disciplina, y bajo la obediencia de mi Gobierno».

Mola se negó: «Ya no puedo volver atrás. Estoy a las órdenes de mi general don Francisco Franco y me debo a los bravos navarros que se han colocado a mi servicio».

Al día siguiente los periódicos de Pamplona —Diario de Navarra, El Pensamiento Navarro— publicaban el bando de Mola proclamando el estado de guerra, y la noticia de la conversación mantenida por el general con Martínez Barrio, al que atribuyeron que le había ofrecido al militar faccioso la cartera de Guerra. Pero Mola seguramente mentía, como había mentido a su superior orgánico, el general Batet, días antes, cuando le aseguró que se mantendría fiel al Gobierno legalmente constituido: «Yo en aquella ocasión —confesaría Mola— le mentí a Batet a conciencia de que por encima de mi palabra y de mi honor estaba el interés de España» (6) (Batet, que el 6 de octubre de 1934 había sofocado la rebelión de la Generalitat catalana, fue fusilado por Franco).

Un Gobierno de conciliación

El diario El Socialista, de Madrid, en su edición del 19 de julio, informó que, a las 4 de la madrugada de ese día, había quedado constituido el nuevo Gobierno:

Presidencia: Diego Martínez Barrio (Unión Republicana), Guerra: José Miaja (independiente), Gobernación: Augusto Barcia (Izquierda Republicana), Estado: Justino Azcárate (Partido Nacional Republicano), Hacienda: Enrique Ramos (Izquierda Republicana), Obras Públicas: Antonio Lara (Unión Republicana), Justicia: José Blasco Garzón (Unión Republicana), Marina: José Giral (Izquierda Republicana), Comunicaciones: Joan Lluhí (Esquerra Republicana de Catalunya), Agricultura: Ramón Feced (Partido Nacional Republicano), Trabajo: Bernardo Giner de los Ríos (Unión Republicana), Industria y Comercio: Plácido Álvarez Buylla (Unión Republicana), Instrucción Pública: Marcelino Domingo (Izquierda Republicana), ministro sin cartera, Felipe Sánchez Román (Partido Nacional Republicano).

Era, evidentemente, «un Gobierno de conciliación», como el mismo Martínez Barrio lo califica.

Todo en vano.

Cuando en Madrid se conoció la noticia de que Martínez Barrio había sido encargado de formar Gobierno, una manifestación integrada mayoritariamente por socialistas, comunistas, anarquistas y algunos republicanos recorrió las calles céntricas en señal de protesta. Las voces de «¡Fuera el Gobierno!» y «¡Abajo Martínez Barrio!» se mezclaban con las de «¡Sánchez Román, no!» —Sánchez Román, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Madrid, miembro del Tribunal de la Haya y de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, se había negado a integrarseen el Frente Popular—.

Martínez Barrio dimitió, y Azaña encargó la formación de Gobierno a José Giral. El último intento de salvar la paz y la convivencia se frustró por la ceguera y la pasión de los extremistas de uno y otro bando.

El Gobierno preconizado por José Antonio Primo de Rivera

Los intentos de mediación de Diego Martínez Barrio para evitar el estallido de la tragedia me parece que, desde la acera de enfrente, sólo fueron correspondidos por José Antonio Primo de Rivera, líder del partido Falange Española. Detenido en Madrid en marzo de 1936, a primeros de junio fue trasladado a la Prisión Provincial de Alicante, donde le sorprendió el inicio de la contienda. Allí, probablemente en el mes de agosto, redactó la lista de un posible Gobierno más que curioso, con el que, de manera ilusa, pretendía poner fin al drama que enfrentaba hermanos contra hermanos:

Presidencia y Guerra: Diego Martínez Barrio, Estado: Felipe Sánchez Román, Justicia: Melquíades Álvarez, Marina: Miguel Maura, Gobernación: Manuel Portela Valladares, Agricultura: Mariano Ruiz Funes, Hacienda: Juan Ventosa Calvell, Instrucción Pública: José Ortega y Gasset, Obras Públicas: Indalecio Prieto, Industria y Comercio: Agustín Viñuales, Comunicaciones, Trabajo y Sanidad: Gregorio Marañón.

El hecho de que el líder falangista encabezara aquel utópico Gobierno con el nombre de Diego Martínez Barrio, miembro del Comité Revolucionario que en 1931 se constituyó en Gobierno provisional de la II República, y masón notorio, no dejaba de ser significativo, pues de entre toda la clase política del momento parecía la cabeza más templada; el resto del gabinete lo integraban republicanos y socialistas moderados, amén de algún nacionalista catalán, pero ni un solo miembro de la CEDA —el partido acaudillado por José María Gil Robles— ni, por supuesto, de los partidos monárquicos.

Años después, en 1996, Miguel Primo de Rivera y Urquijo certificó la autenticidad del documento al incluirlo en los Papeles póstumos de su tío José Antonio (7), pero pensaba, con toda razón, que en el momento de redactarlo su desconocimiento de lo que ocurría en España era notorio: Melquíades Álvarez sería víctima de la infame saca de la Cárcel Modelo, de Madrid, en agosto de aquel año; Maura, en septiembre, había tenido que huir de España —avalado por el Gobierno, eso sí—, para evitar ser paseado por los pistoleros de la FAI, y se había refugiado en el extranjero; Ventosa, pasado a la zona nacionalista, se convirtió en uno de los asesores financieros de los sublevados; Ortega y Marañón, al principio leales a la República, se exiliaron voluntariamente y, ya fuera de España, se manifestaron a favor del general Franco.

En cualquier caso, el intento del joven Primo de Rivera era la consecuencia, supongo, de una amarga reflexión: Todas las guerras son, en principio, una barbarie; y una guerra civil, además de una barbarie, es una ordinariez, porque el pueblo que tiene que lanzarse a ella pone de manifiesto que ha malogrado una de las gracias más grandes recibidas por la humanidad del Todopoderoso: la inteligencia y un lenguaje común para entenderse (8).

Una cita de Shakespeare

«Si pudierais, doctor, examinar la orina de mi país, encontrar su enfermedad y purgarla para devolverle su entera salud original, os aplaudiría hasta que el mismo eco os aplaudiera otra vez», se lamenta Macbeth al fin de su reinado preconizado por las brujas (9).

Al rememorar la última tentativa de Diego Martínez Barrio en julio de 1936 para salvar la paz resulta obligado pensar que un Shakespeare redivivo detectaría en los meados de España, desde tiempo inmemorial, la falta de diálogo como el origen de la mayoría de nuestros males al desatender las razones de los otros.

NOTAS

1 Manuel Penella, La causa contra Franco. Juicio al franquismo por crímenes contra la Humanidad, Barcelona, Editorial Planeta, 2010, pág. 9.

2 Diego Martínez Barrio, Memorias, Barcelona, Editorial Planeta, 1983. Las citas incluidas en el presente trabajo corresponden a las págs. 341-368.

3 Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, conde de Vallellano (Madrid, 1886- 1964), había sido alcalde de la capital de España (1924-1927) con la Dictadura de Primo de Rivera y bajo el régimen de Franco desempeñó, entre otros cargos, la cartera de Obras Públicas (1951-1957).

4 Ricardo de la Cierva (Historia de la Guerra Civil española. Tomo primero. Perspectivas y antecedentes. 1898-1936, Madrid, Librería Editorial San Martín, 1967, pág. 763) ha documentado que, según el testimonio del general Antonio Aranda, la sublevación militar fue planeada «un mes antes de las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular».

5 Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, tomo I, Librería Española, París, 1968, págs. 64-65.

6 General Jorge Vigón, General Mola (El conspirador), Barcelona, Editorial AHR, 1957, pág. 109.

7 Miguel Primo de Rivera, Papeles póstumos de José Antonio, Barcelona, Plaza y Janés, Barcelona, 1996, pág. 144-145.

8 Citado ibídem, pág. 61.

9 William Shakespeare, Macbeth. Introducción, traducción y notas de José María Valverde, 12.ª ed., Barcelona, Editorial Planeta, 1993, pág. 185.