El profesor Roberto Saumells ha dado a conocer en este libro los hallazgos de una larga vida dedicada enteramente al estudio y, en particular, al análisis de esa clase tan importante de conocimiento que es la visión. El resultado es un libro intensamente hermoso y original, un libro en el que no sobra una línea y que se lee y se relee con creciente interés, pese a su dificultad.

Hoy vivimos en una época en que los lectores están acostumbrados a ciertas formas de trivialidad y de pedantería, pues muy frecuentemente se escriben libros perfectamente innecesarios. No es este el caso, porque estamos ante un originalísimo y profundo estudio de la intuición visual, uno de los temas más importante s de cualquier teoría del conocimiento y, por cierto, uno de los menos estudiados. Más de uno pensará que hablar sobre la visión es hablar sobre algo obvio, entre otras cosas porque la mayoría de las metáforas con que describimos nuestro saber tienen un origen visual y ello nos lleva a dar por supuesto que está muy «claro» lo que es ver.

El libro de Roberto Saumells resulta de una austeridad espartana, porque constituye un análisis minucioso y riguroso de lo que sabemos sobre la visión y de las teorías con que pretendemos explicarlo. La obra está compuesta en dos Libros, de modo que en el Libro I se examinan las cuestiones de la teoría óptica y fisiológica de la visión y en el Libro II se pasa revista a la Geometría que, en tanto teoría de las imágenes, es, en definitiva una teoría de la visión cuyo significado profundo ha sido olvidado debido a una interpretación, que es equivocada, de sus fundamentos. Saumells supone y muestra que la imagen visual es la imagen misma del acto que la aprehende, antes que una modificación subjetiva de un supuesto substrato no visible.

La interpretación corriente, académica y vulgarmente, de la visión parte de dos premisas que casi nunca se discuten pese a su indudable condición paradójica: supone, en primer lugar, que la imagen vista es un «reflejo» pasivo de algo que es de suyo visible, y, en segundo lugar, concibe el espacio visual en tanto que aspecto cualitativo de un espacio táctil y absoluto -de naturaleza más básica y más amplia extensión- en el seno del cual la visión se acomoda cuando hay luz y podemos mirar con los ojos.

Saumells consigue demostrar, mediante el análisis de fenómenos como la diplopia, el punto ciego, la agnosia, la naturaleza y los límites del campo visual o la visión del relieve, el carácter activo de la intuición visual y suministra interpretaciones muy precisas y exactas de los fenómenos que la teoría más extendida no consigue explicar sino a fuerza de paradojas e inconsistencias. Saumells nos dice que no sabemos ver, que hemos renunciado a enormes posibilidades de nuestro sentido más rico al subordinarlo a un uso meramente pragmático en el que la visión queda referida al tacto como sentido que ancla la intuición visual en un mundo más manejable por nuestros intereses. ¿Cómo es ello posible?: pues porque el complemento teórico de esta serie de concepciones insuficientes de la visión se obtiene mediante una indebida intromisión de las supuestas actividades del cerebro, de modo que éste se encarga (de manera un tanto misteriosa) de suplir las funciones mal servidas y de ocultar las paradojas que la teoría vigente provoca.

En el segundo Libro se estudia el fundamento de algunos de los más notables e importantes teoremas de la Geometría, como el de Pappus, el de Euler o el de Monge, examinando detenidamente en qué consiste la esencia de la demostración geométrica y de qué modo la incapacidad para buscar fundamento adecuado a la presencia de imágenes hermosas y enigmáticas ha conducido hasta la Geometría analítica. Esta, como dice Saumells, «significó la consagración científica de la pizarra», es decir, supuso la definitiva sujeción de las imágenes a un plano antes constructivo que visual. Así, se perdió el rastro del significado originariamente visual de los fundamentos de la Geometría, que aún está presente, por ejemplo, en Descartes.

Saumells realiza un esfuerzo verdaderamente titánico para mostrar cómo el fundamento de la inteligibilidad geométrica queda habitualmente mal entendido al referirlo a entidades que nada significan en ese contexto. El análisis de algunas demostraciones especialmente tortuosas de teoremas cuyo significado visual es inmediato, muestra hasta que punto la perversión metódica ha arruinado el fundamento inteligible de la propia Geometría. La razón de todo ello está en el persistente error de considerar que el campo visual no puede funcionar sino como copia subjetiva de la extensión exterior de la materia o del espacio físico. En definitiva, depende de la errónea concepción de la visión que hemos heredado y cuya demolición comienza, sin duda, a partir de este libro singular.

Es posible que esta obra no alcance el éxito que por su calidad merece, es más, es incluso fácil que pase completamente inadvertida: no creo que al autor le preocupe este extremo, porque está convencido de que, frecuentemente por caminos no simples, la verdad acaba siempre por imponerse.

Hoy más que nunca, el análisis del pasado no se nos muestra como un mero ejercicio de erudición, sino como una auténtica exigencia para alcanzar las raíces de lo que actualmente ocurre.

Un vistazo al actual mapa político euroasiático, con la disolución del imperio soviético, una nueva balcanización y los dramáticos problemas de las minorías en Estados ajenos -desde los kurdos a los albaneses de la extinta Yugoslavia- nos retrotrae inevitablemente a épocas que de modo ingenuo u optimista muchos creían superadas. En este aspecto, hoy más que nunca, el análisis del pasado no se nos muestra como un mero ejercicio de erudición, sino como una auténtica exigencia para alcanzar las raíces de lo que actualmente ocurre. De ahí que la reflexión, con la ventaja de la perspectiva histórica, sobre lo que dijeron las mentes más lúcidas del siglo pasado, sea casi una tarea urgente.

¿Por qué, sin embargo, una reflexión sobre las nacionalidades al hilo de lo escrito por John Stuart Mili (1806-73)? El filósofo inglés, pudiera objetarse, apenas se ocupó del asunto. Y aún podría añadirse: si se trata, como es previsible, de seleccionar un representante del liberalismo decimonónico, ¿quién mejor que Giuseppe Mazzini (1805-72) personifica la alianza entre liberalismo y nacionalismo? En todo caso, si se prefería una perspectiva menos ingenua, más madura, ¿no sería más lógico centrarse en Ernest Renan (1823-92) y en el eco de su famosa conferencia (¿Qué es una nación?, 1882)?

En efecto, Mill no sólo no era nacionalista, sino que consagró una mínima parte de su obra a la cuestión nacional. En realidad la razón de fijarnos en Mili es más sencilla. Eric J. Hobsbawm lo ha expresado en unas diáfanas líneas que podríamos hacer nuestras: Nuestra lista de lecturas [se refiere a las imprescindibles para entender la génesis y desarrollo del fenómeno nacional] contendría muy poco de lo que se escribió en el período clásico del liberalismo decimonónico (…) porque en aquella época se escribió muy poco que no fuera retórica nacionalista y racista. Y la mejor obra que se produjo a la sazón fue, de hecho, muy breve, como los pasajes que John Stuart Mili dedica al tema(l). No muy distinto es el juicio de uno de los padres fundadores del estudio académico del nacionalismo, Hans Kohn.

Kohn encuadra la actitud de Mili en el marco de la frustración que produce en muchos luchadores liberales la evolución del nacionalismo. Después de la oleada revolucionaria de 1848 el ideal de fraternidad de los pueblos en un orden universal de libertad, justicia y democracia había quedado claramente postergado ante necesidades más pedestres: consideraciones de tipo geopolítico o estratégico producto de la razón de Estado la Realpolitík, mezcladas con ambiciones expansionistas oscuramente fundamentadas en supuestos derechos históricos, hacían a los diversos movimientos nacionales y, sobre todo, a las NacionesEstado entonces existentes cada vez más insolidarios y agresivos:

«Al recordar los acontecimientos de 1 848, un año después, el filósofo inglés John Stuart Mili diagnosticó la situación con inusitada perspicacia. Se lamentó de que el nacionalismo volviera a los hombres indiferentes por los derechos e intereses de toda porción de la especie humana, salvo aquella que se llama con el mismo nombre y habla la misma lengua que ella misma. Caracterizó como bárbaros los nuevos sentimientos del nacionalismo exclusivo y del derecho histórico, y observó amargamente que en los lugares retrógados de Europa y aún en Alemania (donde hubiera podido esperarse algo mejor) el sentimiento de nacionalidad supera de tal modo el amor por la libertad, que los pueblos están dispuestos a instigar a sus gobernantes para que aplasten la libertad y la independencia de todo pueblo que no pertenezca a su raza o hable su lengua»(2).

El sentimiento de nacionalidad o, mejor dicho, la pasión nacional, parece empezar a desbordar ya la querencia por la libertad, con todo lo que ello lleva inevitablemente aparejado de distanciamiento, cuando no desprecio, de las ideas de respeto al otro, de la tolerancia y, en último extremo, de la convivencia en su más profundo sentido. He ahí, pues, ya, de sopetón, el meollo del asunto. Pero bueno será que demos ahora un salto en el tiempo, jugando con la historia, para atisbar adonde fueron a parar lo que en ese momento no eran más que primeras tendencias, como esos lectores impacientes que, en el centro del conflicto, hojean las páginas finales, a ver qué pasa…

Verano de 1918: ¿ha llegado la paz?

Demos pues ese salto hacia junio de 1918, cuando el presidente norteamericano Woodrow Wilson presenta sus famosos 14 puntos, uno de los principales documentos de partida para trazar un nuevo mapa político europeo de acuerdo con el bienintencionado principio de respeto a las nacionalidades. Podríamos señalar tres importantes fallos inherentes al mismo plan de los vencedores de la contienda mundial, empezando por la propia ingenuidad de base, la pretensión de trazar un mapa justo, cual si fuera un producto de laboratorio.

Hay que decir, en segundo lugar, que el proyecto estaba plagado de incongruencias, en cuanto que reconocía para algunos pueblos (estonios, austríacos, finlandeses…) lo que negaba a otros (macedonios, bosnios, eslovenos…), o simplemente obligaba a convivir a comunidades con una larga tradición de rivalidad (serbios y croatas, checos y eslovacos…).

Por último, como sucede casi siempre, la aplicación política concreta contribuyó a empeorar muchos aspectos, de tal modo que la ya discutible racionalidad inicial se vio adulterada por el tira y afloja de las diversas potencias, Francia e Inglaterra en particular. Todo ello sin contar con la humillación infligida a los vencidos, en especial a Alemania, que daría lugar a otro problema nacional cuya trascendencia no necesita ser subrayada, y que ya fue atisbada en su momento por las mentes más lúcidas de la escena internacional Pohn Maynard Keynes: Las consecuencias económicas de la paz, 1919).

Con todo, no eran ésas las objecciones más profundas que podían hacerse a la nueva geografía política del período de entreguerras. En realidad, no era el plan de Wilson, sino la base teórica del principio de nacionalidad la que fallaba: resultaba simplemente imposible constituir Naciones Estado homogéneas. Recordemos la clásica definición de Mazzini: «Una nación es la asociación de todos los hombres que, agrupados ya por el lenguaje, ya por determinadas condiciones geográficas, ya por la función que les es asignada en la historia, reconocen un mismo principio y marchan bajo el imperio de un derecho unificado a la conquista de un objetivo definido(3).

Pero en la vieja Europa, sobre todo en extensas zonas de la Europa central y del sureste, los pueblos, las comunidades, las etnias, las minorías religiosas, las lenguas fuese cual fuese el criterio que se aplicase se entremezclaban, para bien o para mal, como hilos de un ovillo. ¿Quién podía desenredar la madeja?

Lo malo era que había muchos intelectuales, políticos, partidos, etc. dispuestos por diversos motivos a desenredarla. El resultado no podía ser otro que un período de conflicto, más o menos largo, y a la postre un nuevo equilibrio, más justo que el anterior en algunos casos, más injusto en otros. Volviendo de modo concreto a la pugna de postguerra: aquéllos que pudieron imponer sus soluciones, lo hicieron; los demás se convirtieron en las nuevas minorías agraviadas: comunidades alemanas dispersas, minorías húngaras desplazadas, ucranios y bielorrusos en la antes mártir Polonia, judíos oprimidos como casi siempre en los nuevos Estados, armenios y griegos perseguidos con ferocidad por la moderna Turquía, y un interminable etcétera.

Aún más interesante resulta, desde nuestra perspectiva, el trasfondo ideológico que subyace a los tratados de paz de 1919 y 1920, el gran «malentendido» en certera expresión de uno de los más finos analistas del nacionalismo, Elie Kedourie: «Los liberales ingleses y americanos, pensando en términos de sus propias tradiciones de libertad civil y religiosa, partían con un prejuicio en favor de la ¡dea de que allá donde el pueblo decide los gobiernos que quiere tener, se establece ípso facto la libertad civil y religiosa». Utilizando los mismos términos -libertad, autodeterminación nacional, etc.- los anglosajones y sus interlocutores, en especial los nacionalistas europeos, decían cosas distintas: «el pueblo que se autogobierna probablemente será bien gobernado, por consiguiente estamos a favor de la autodeterminación», argumentaban los primeros; mientras que sus interlocutores estaban diciendo: «los pueblos que viven en sus propios Estados nacionales son los únicos pueblos libres, por consiguiente reclamamos la autodeterminación. La distinción es sutil pero sus implicaciones son trascendentales» (4).

Dicho más claramente, aun a riesgo de simplificar, los primeros defendían la autodeterminación nacional a fuer de liberales; los segundos supeditaban todo, incluso la libertad si era preciso, a la consecución de sus objetivos nacionales. En teoría los términos no tenían por qué ser necesariamente excluyentes. De hecho, ya lo dijimos antes, liberalismo y nacionalismo habían caminado ¡untos buena parte del siglo XIX, y aún muchos los seguían considerando como dos caras de la misma moneda. El propio Kedourie, antes citado, señala la siguiente genealogía intelectual de los proyectos de Wilson: John Locke, Edmund Burke, John Stuart Mili y Lord Acton.

Guido de Ruggiero ha escrito a este respecto en una obra que es ya clásica, que la nación, lo mismo que el individuo, es creación de la libertad. Y más concretamente: En el siglo XIX el liberalismo y el sentimiento nacional se han desenvuelto ¡untos y sostenido el uno al otro. La libertad ha sido la bandera no sólo en las luchas por las reivindicaciones nacionales de los pueblos no unificados todavía políticamente, sino que ha inspirado también a las naciones ya organizadas en Estado una política internacional favorable a aquellas reivindicaciones^). Volvamos entonces a la figura de Stuart Mili para intentar precisar la génesis del fenómeno, las raíces de los malentendidos que desembocarían en el divorcio de esa unión, tan natural y sólida aparentemente, entre liberalismo y nacionalismo.

John Stuart Mili, en la encrucijada

Con razón se ha definido la figura intelectual de Stuart Mili como la de un hombre en la encrucijada: encrucijada además de múltiples caminos (continuación de la tradición liberal inglesa, reformas democráticas, radicalismo filosófico, utilitarismo, luchas feministas, socialismo…), en un tiempo en que viejas certidumbres empiezan a cuartearse y aún no se ve claro por donde transcurrirá el futuro inmediato. Pero incluso desde esa caracterización se ha insistido en la ecuanimidad y templanza de sus planteamientos: «Stuart Mili no es en absoluto un radical -en el sentido no inglés de la palabra- sino un moderado, cuya moderación tiene mucho que ver con sus dudas intelectuales» (6).

Fue Mill en efecto un hombre con una completísima formación intelectual -producto de los desvelos, a todas luces excesivos, de su padre, James Mill- y sobre todo un temperamento abierto a múltiples corrientes: en poesía, o en literatura en general, a Coleridge, Wordsworth y Carlyle; en filosofía, a Comte; en política, a Tocqueville; a su propia mujer, Harriet Taylor, en cuanto a sensibilización intelectual acerca del nuevo papel de la mujer en la sociedad moderna; en ética y moral, al utilitarismo de Bentham. De todos tomó algo, en un eclecticismo que no rehuía a veces la discrepancia frontal; así, en la célebre refutación del concepto utilitarista de felicidad: «Es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho; es mejor ser Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho».

Esas capacidades de recepción y asimilación se manifiestan luego en la propia diversidad de sus escritos, que abarcan desde la lógica (Sistema de lógica inductiva y deductiva, 1 843) hasta la economía (Principios de Economía política, 1848); desde la ética [El utilitarismo, 1 863) hasta la política (Sobre la libertad, 1859; Del gobierno representativo, 1861), pasando por la defensa de la liberación femenina (¿a servidumbre de la mujer, 1869).

Además de «clásico» por su madurez, penetración crítica y capacidad de sugerencia, Mill nos interesa, como ha subrayado Lucas Verdú, porque «sus temas predilectos coinciden, en gran medida, con los que teórica y prácticamente preocupan en la actualidad» (7).

Las reflexiones de Stuart Mili sobre las nacionalidades ocupan unas breves páginas de una de sus obras más conocidas, Del gobierno representativo. En concreto, constituyen el escueto capítulo XVI, cuyo epígrafe es lo suficientemente significativo de las intenciones y del enfoque de Mili, para que no pueda dejar de citarse: De la nacionalidad en sus relaciones con el gobierno representativo(8). Es decir, la reflexión de Mili se enmarca en la preocupación por diseñar y construir un sistema efectivo de libertades, de tal modo que podemos decir ya desde este momento que su empeño fundamental estriba en la armonización del principio de nacionalidad con la existencia y desarrollo de las instituciones libres.

Nación y Libertad

El punto de partida de Stuart Mili es el «sentimiento de nacionalidad», entendido como una simpatía ambigua, difícil de precisar, pero no por ello menos real que mueve a los hombres no sólo a colaborar con sus semejantes más próximos cultural o étnicamente, sino en última instancia a desear «vivir [con ellos] bajo el mismo Gobierno».

En teoría esa armonización de las libertades con el principio de nacionalidad no es excesivamente problemática. Mili distingue, por un lado, pueblos dispersos, disgregados, que no pueden encontrar su acomodo político hasta hacer realidad el sentimiento nacional al que aspiran (sin ir más lejos, por esa época, el caso de italianos y alemanes); pero desde la perspectiva opuesta, observa Mill que los Estados (los grandes Imperios) que engloban distintas nacionalidades difícilmente podrán salvaguardar los derechos de todas ellas, crearán en el mejor de los casos agravios comparativos, e incluso lo más probable es que la nación o grupo dominante se mantenga en el poder mediante la opresión sistemática de las demás. El ejército no será en esos casos una fuerza al servicio del pueblo, sino un instrumento de represión, de control interno, en manos de un gobierno que tarde o temprano caerá en el despotismo.

De todo ello se deduce evidentemente que «es condición generalmente necesaria, de las instituciones libres, la de que los límites de los Estados deben coincidir o poco menos con los de las nacionalidades».

La palpable ausencia de dogmatismo que, como habrá podido apreciarse, es uno de los rasgos característicos de Mili, desemboca de una manera natural en unas consideraciones pormenorizadas, de tipo realista o pragmático: la cuestión nacional, viene a decirnos, es tan compleja, que hay que estar abiertos a múltiples excepciones a los principios generales antes enunciados. Hay, sin ir más lejos, obstáculos geográficos -lo que hoy llamaríamos condicionantes geopolíticos insalvables a corto o medio plazo-, problemas de mezclas inextricables de pueblos y razas, a veces abismos culturales insalvables…

No podemos aquí extendernos siguiendo paso a paso la casuística que despliega John Stuart Mili, pero sí es imprescindible que señalemos los rasgos dominantes de su pensamiento.

En primer lugar hay que dejar claro que esa flexibilidad en la aplicación práctica de los mencionados principios teóricos no le convierte en ningún momento en acomodaticio o, mucho menos, en arbitrario, ni tan siquiera en prisionero de las circunstancias. Mill es un racionalista, un hombre que cree, por encima de todo, en la razón humana como constructora de las bases de la convivencia humana; cree en el intelecto como árbitro supremo para dirimir los conflictos de todo tipo; cree en la mesura, en la ponderación. Por eso, por ejemplo, cuando habla de la satisfacción de las «exigencias geográficas», que antes mencionábamos, se apresura a añadir «en la medida que es razonable».

Mill es lo contrario de un esencialista, de un metafísico de las nacionalidades. Para él la atracción de la nacionalidad para bien o para mal existe, es una realidad política, hay que contar con ella, pero nada más. Mill no trata de fundamentar ese sentimiento en ninguna raíz atemporal, en ninguna esencia enterrada en la historia, en el propio suelo, en los ancestros, en los genes, tradiciones, lengua, etc.

Evidentemente la aplicación práctica de la racionalidad de la que hablábamos puede ser muy discutible. Stuart Mill tenía muy cerca el conflicto anglo-irlandés, al que también cita en estas páginas, para pedirle una ecuanimidad absoluta, en todos y cada uno de los casos. En este sentido se le ha reprochado que su reflexión encubría unos intereses muy concretos: «tras la rotundidad de las palabras de John Stuart Mill, poco más parece adivinable que la intención de justificar ideológicamente la desmembración de los viejos imperios al tiempo que garantizar la integridad de los Estados europeos y muy particularmente del Reino Unido»(9).

Por nuestra parte, no vemos por ningún lado esa pretendida rotundidad. Más bien nos parece que el escritor inglés si destaca por algo, es por subrayar en distintas ocasiones la inexistencia de soluciones absolutas, universales, por repetir que en cuestión tan delicada como ésta todo es, o debe ser, producto de acuerdos, acercamientos, tanteos, etc. Pero no es en este aspecto en lo que queremos insistir.

Nos interesa más destacar lo que a nuestro juicio es el punto fundamental: en esa pretendida armonización de los derechos nacionales con la libertad, bajo la égida de la racionalidad, se llega a unas conclusiones muy distintas a las que después caracterizarían la andadura de los nacionalismos (escaldados ya todos, además, por este trágico fin de siglo en la Europa oriental). Lo que hoy llamaríamos «elogio del mestizaje», tiene su precedente en Mili de una forma rotunda: «Todo lo que tienda a mezclar las nacionalidades, a fundir sus cualidades y caracteres particulares en una unión común, es un beneficio para la raza humana».

Culturas superiores e inferiores

Quizás el aspecto que resulte más ajeno a la sensibilidad actual del análisis de Mill es su defensa de las fusiones o absorciones de unos pueblos en otros, a partir de una catalogación de culturas superiores e inferiores. La plasmación y desarrollo de esta idea resulta aún más chocante dada la sensibilización actual sobre el derecho de supervivencia de las pequeñas comunidades y la preservación de sus señas de identidad. Escribe Mili:

«Nadie puede dudar de que no sea más ventajoso para un bretón o para un vasco de la Navarra francesa ser arrastrado en la corriente de ideas y de sentimientos de un pueblo altamente civilizado y culto ser miembro de la nacionalidad francesa, todos los privilegios de un ciudadano francés, participando de las ventajas de la protección francesa y de la dignidad y prestigio del poder francés, que vivir adheridos a sus rocas, resto semisalvaje de los tiempos pasados, girando sin cesar en su estrecha órbita intelectual, sin participar ni interesarse en el movimiento general del mundo».

En un tiempo de fuerte relativismo cultural y de impregnación nacionalista incluso en ámbitos intelectualmente alejados -consagración del «derecho de los pueblos»-, las palabras de Stuart Mill tienen que sonar por lo menos «extrañas». ¿Cuál es el baremo para medir civilizaciones superiores e inferiores -se argumentaría inmediatamente- y, en todo caso, quién aplicaría ese baremo? Más aún, ¿qué sentido tendría una traslación inmediata de niveles culturales a la órbita directamente política? Dicho más claramente, ¿qué legitimidad podía tener un dominio político basado en una supuesta supremacía cultural?

Y sin embargo… A pesar de que esas críticas estarían sobradamente justificadas, corremos el riesgo de malinterpretar a Stuart Mili, sobre todo porque es fácil caer en el cliché del uniformador insensible, cuando no el paladín sotto vece de las tesis imperialistas. No pretendemos hacer una defensa a ultranza de Mill, sino poner las cosas en su lugar. Porque si en verdad discutibles son sus aplicaciones concretas -como no podía ser menos: estamos hablando a siglo y medio de distancia-, también es cierto que sus premisas son impecables, y hoy más válidas que nunca. Lo que Mill pretende es aplicar la racionalidad en beneficio de todos. Ni siquiera postula la uniformidad: «La unión no destruye los tipos (puede estarse seguro de que quedan numerosos vestigios de ellos en los casos que acabamos de citar) sino suaviza su rudeza y colma el vacío que los separa».

No se olvide el substrato, el planteamiento que está subyacente en el discurso de Mill, como en líneas generales, en todo el liberalismo decimonónico cuando aborda la cuestión nacional: se pueden reconocer los derechos de todo tipo de comunidades, de todo tipo de pueblos, grandes y pequeños, pero no que esos derechos tengan por fuerza que alcanzar una dimensión política, en forma de constitución de naciones-Estado.

¿Cómo iban a formar un Estado propio (con todo lo que suponía: homogeneidad étnica y cultural en un espacio definido) cada una de las comunidades -magiares, alemanes, polacos, eslavos, rumanos…- dispersos cual manchas cuyos límites se confundían, por toda la Europa central y oriental? O incluso en los Estados clásicos del Occidente europeo, ¿qué sentido tenía un Estado borgoñón, bretón o galés? El liberalismo piensa que, para bien o para mal, en política no hay soluciones metafísicas, es imprescindible una cierta convencionalidad. Y esa convencionalidad se traduce en este caso como defensa de la formación de Estados viables, es decir, de una cierta extensión geográfica, con una población suficiente, unos recursos que garanticen su independencia, etc.

Se dirá, no sin cierta razón, que el camino que se dejaba a las pequeñas naciones no era muy atrayente: un nacionalista diría que nada menos que su anulación política, su desaparición de hecho al integrarse en un Estado superior, con el probable declive incluso de su identidad cultural. Pero no es menos cierto que en algún punto debía estar el límite. Refiriéndose a acontecimientos de este fin de siglo, M. Azcárate (Guerras en Europa, El País, 81111992), ha alertado sobre el trágico callejón sin salida que constituye esa vía contraria de atender cualquier reivindicación nacionalista: «Tomemos el caso de Moldavia. Ésta proclama su independencia; la zona rusófona de la ribera oriental del Dniestr se subleva y se declara independiente de Moldavia; pero en esa zona las aldeas de etnia rumana toman las armas para separarse del Estado creado por los rusófonos. Es una dinámica perversa que no tiene fin: los barrios rusófonos de esas aldeas rumanas podrían sublevarse a su vez para incorporarse al Estado rusófono. Se llegaría a que cada casa sería un Estado en guerra con la vecina». Lo que hace unos años hubiera pasado por una caricatura excesiva hoy, ya lo sabemos, es una dramática realidad. Y hay casos más complicados, con cuatro o cinco comunidades entremezcladas.

Volver a Stuart Mill

El liberalismo y el nacionalismo decimonónicos parecieron en un primer momento formar una pareja indisociable, con elementos y objetivos comunes. Sólo parecía separarles el ámbito de aplicación de esos principios, el individuo y la comunidad. Pero desde mediados del XIX es ya claramente perceptible, no en todos, pero sí en la mayor parte de los movimientos nacionalistas europeos, una tendencia mitificadora, de búsqueda de esencias, que se concretaba en una utilización tan hábil como peligrosa del pasado: glorificación acrítica de supuestos hechos heroicos, con un aura de leyenda y hasta de santidad en figurassímbolo.

Más aún. La manipulación del pasado como arma arrojadiza para el presente, la resurrección de determinados derechos históricos, la proclamación de cuentas pendientes o agravios con respecto a comunidades vecinas la mayoría inventados o amplificados desmesuradamente, se tradujo, como no podía ser menos, en un nuevo espíritu de violencia, y pronto de fanatismo. La misma lucha dejó de tener sólo un carácter político: el autosacrificio de los nacionalistas reemplazó al martirio de los santos.

No debía ser necesario subrayar -aunque siempre hay en este tema suspicacias a flor de piel- que esa evolución del pensamiento nacionalista no tiene por qué cumplirse en cada uno de los casos. Nacionalismos hay muchos: es obvio, sin ir más lejos, que ha pervivido una interpretación liberal o democrática del nacionalismo. Pero no es menos cierto que no ha sido esta tendencia lo suficientemente vigorosa o mayoritaria para caracterizar el conjunto, el devenir de los movimientos nacionalistas a lo largo de esta centuria convulsionada por incontables carnicerías, a cual más espeluznante, ante las cuales un extendido fanatismo nacionalista no puede rehuir la alta cuota de responsabilidad que le corresponde.

La involución nacionalista en el propio siglo XIX es de tal calibre que incluso intelectuales como Renán, a pesar de rehuir expresamente el concepto germano de nación (basado en una metafísica de la raza, lengua, cultura, etc.), no pueden evitar caer a su vez en una nueva retórica de la nación como «alma» o «principio espiritual». «La mitificación nacional -ha escrito G. Jáuregui- llega en Renán a su máxima expresión en la interpretación histórica del pasado)…) El culto a los antepasados, la mitificación de la historia, la espiritualización de la colectividad a través de expresiones como el alma del pueblo, etcétera, son rasgos que nos recuerdan inequívocamente el idealismo posthegeliano, o el historicismo»(10).

Antes incluso de la célebre conferencia de Renán, Lord Acton ya había certificado el divorcio entre liberalismo y nacionalismo, dando un paso que el mismo Stuart Mill no se hubiera atrevido a suscribir: la defensa del Estado plurinacional como mejor garantía de preservación de la libertad. «La coexistencia de diferentes naciones bajo el mismo Estado es la prueba, a la vez que la mejor garantía, de libertad. Es también uno de los principales instrumentos de civilización!…) e indica un Estado de mayor progreso que la unidad nacional, que es el ideal del liberalismo moderno» (11).

Esas palabras de Acton difícilmente pueden despejar la sospecha de encubrir los intereses políticos inmediatos de su nación, y sobre todo en su radicalidad, en su falta de matices, resultan contrarias a lo que cualquier observador de su tiempo hubiera podido apreciar en la misma Europa. Los grandes Estados plurinacionales no eran precisamente un modelo de respeto a la libertad. Por eso tendríamos que volver al equilibrio de John Stuart Mili, esa búsqueda general de las proporciones, lejos de la pasión, la retórica o la rentable apelación demagógica; ese intento de mezcla armónica entre la satisfacción de las aspiraciones nacionales y la preservación de las libertades, entre el respeto a las características culturales y el mantenimiento de instituciones de gobierno representativas, entre el vigor de unos principios teóricos, fruto de un análisis racional, y la flexibilidad a la hora de aplicarlos, todo ello siguiendo los cauces de la tolerancia, no de la imposición, o dicho más rotundamente, evitando siempre con una elegancia intelectual, no muy frecuente en estos temas, la mística y el irracionalismo que serían las notas más características de la reflexión nacionalista posterior.

(1) Hobsbawm, E. J.: Naciones y nacionalismo desde 1780, Edit. Crítica, Barcelona, 1991, pág. 10.

(2) Kohn, Hans: El nacionalismo. Su significado y su historia, Paidós, Buenos Aires, 1966, pág. 70.

(3) Véase Suratteau, JeanRené: La ¡dea nacional. De la opresión a la liberación de los pueblos, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975, en especial págs. 17 y 110111.

(4) Kedourie, Elie: Nacionalismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, pág. 105.

(5) Ruggiero, G. de: Historia del liberalismo europeo, Edit. Pegaso, Madrid, 1944, págs. 425427. Algo muy parecido escribe Edward Hallet Carr (Nationalism and after, Macmillan, Londres, 1967): El siglo XIX fue apasionadamente fiel al individualismo y a la democracia, tal como entonces eran entendidos; y el nacionalismo parecía un corolario natural de ambos (pág. 9). Del mismo modo que el liberalismo hermanó libertad individual y liberación nacional, el socialismo anunciaría más tarde que sólo con la revolución proletaria podría hacerse realidad la aspiración de algunas naciones a su libertad. Cf. por ejemplo Bauer, Otto: La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, Siglo XXI Edif., México, 1979.

(6) Negro Pavón, Dalmacio: Liberalismo y Socialismo. La encrucijada intelectual de StuartMill, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, pág. 209.

(7) Lucas Verdú, Pablo: Introducción a una Selección de Obras de Mili (De la libertad, y otras], Tecnos, Madrid, 1965. No todos comparten obviamente esa valoración: véase la caracterización de Mili como ejemplo significativo de la identificación, predominantemente retórica, del liberalismo con el sentimiento nacionalista de base cultural, en Vallespín, F.(Ed.): Historia de la teoría política, Alianza Edif., vol. III, Madrid, 1991, pág. 517. Pedro Schwartz (ta nueva economía política de John Stuart Mili, Tecnos, Madrid, 1968) opina por su parte que la posteridad ha tratado muy severamente a John StuartMill (pág. 15).

(8) Mili, J.S.: Del gobierno representativo, Edit. Tecnos, Madrid, 1985, págs. 182187. Las citas textuales de este artículo sobre el pensamiento político de Mili se refieren a esta edición.

(9) Blas Guerrero, Andrés de: Nacionalismo e ideologías políticas contemporáneas, Espasa Calpe, Madrid, 1984, pág. 47.

(10) Jáuregui Bereciartu, G.: Contra el Estadonación, Siglo XXI Edif., Madrid, 1986, págs. 6465. Véase también Renán, E.: ¿Qué es una nación? (Ed. de A. de Blas), Alianza Edit., Madrid, 1987.

(11) Lord Acton: Nacionalidad, en Ensayos sobre la libertady el poder, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1959, págs. 273330.

Un debate complejo y necesario DROGA: ¿QUÉ HACER?

La producción, tráfico y consumo de drogas se han convertido en uno de los fenómenos mas preocupantes de nuestras sociedades. Tras muchos años de silencio y disimulo en España se ha iniciado una reflexión diversa, y no siempre coherente, sobre esta realidad que afecta letalmente a bastantes ciudadanos. NUEVA REVISTA inicia con este texto una primera cala en una problemática que seguramente merecerá aportaciones multidisciplinares de diferente volumen. Para ello convocó a dos profesores de reconocido prestigio, miembros del Consejo Editorial de la revista, Francisco Cabríllo y Rafael Rubio de Urquía cuyas posiciones sobre el problema difieren aunque sean también en ciertos aspectos, complementarias. El diálogo fue moderado por Alberto Míguez.

– Alberto Míguez: Me gustaría empezar esta charla preguntando si a juicio de ustedes existe una economía de la droga y cuál sería su característica principal.

– Francisco Cabrillo: Sí, desde luego puede hablarse de una economía de la droga porque hay una oferta, una demanda e incluso una regulación del mercado. Pero se trata de un mercado intervenido en el que la venta y, en algunos países, también el consumo, están prohibidos. Esta economía es obviamente muy distinta de otra, abierta y pública, en la que se crean empresas, se produce y vende sin cortapisas, etc.

– Rafael Rubio de Urquía: Coincido, desde luego, con la existencia de esta economía aunque el producto intervenido no sea uno cualquiera. Y aquí se plantea un problema que está en la base de muchas discusiones intelectuales: el de las relaciones entre la economía, la moral y el derecho. Hay quien cree que cualquier cosa que genere demanda debe tener un estatuto aceptado. Para mí el asunto tiene mayor dimensión porque se trata de saber qué lugar ocupa este producto intervenido en el proceso de producción de la realidad social. La droga no es un producto cualquiera, como tampoco lo son las armas o la estricnina. Lo que caracteriza al mercado de la droga, aparte de su naturaleza intervenida, son los efectos letales del producto. Y desgraciadamente estos efectos no son fácilmente discernibles por parte de una serie de grupos sociales (los jóvenes, ciertas personas sometidas a especial tensión psicológica, etc.) particularmente vulnerables.

– A.M.: A su juicio ¿debe haber relaciones de dependencia entre la moral privada y el derecho positivo en este asunto?

– R.R.U: Sí, claramente. Para mí ése es el núcleo de la discusión porque si no es así y cada cosa que genera oferta y demanda puede aflorar al mercado sin problemas, entonces no hay más que hablar…

– F.C.: Para mí, sin embargo, el tema básico está en qué se diferencia el mercado de la droga del mercado del alcohol, por ejemplo, porque hay drogas que son más perjudiciales que el alcohol (la heroína, por ejemplo) y otras no, como la marihuana. En el mercado del alcohol hay producción y venta libre (con algunas limitaciones, claro, como no vender a menores) y, sin embargo, la marihuana está perseguida. De modo que la diferencia está en lo que dije antes: uno está intervenido y otro, no. En cuanto a los otros problemas…

– A.M.: Esta intervención ¿no se convierte tangencialmente en un incentivo para ciertos consumidores? La mención de los efectos negativos del consumo de otros productos no debe, sin embargo, servir para relativizar la singular gravedad del problema de la droga

– F.C: Hay quien dice, en efecto, que ciertos grupos marginales encuentran incentivos en consumir algo que está prohibido.

– R.R.U: Hay que precisar más respecto del alcohol y otros productos análogos: es obvio que el consumo excesivo de alcohol tiene consecuencias negativas y por tanto es rechazable. Pero en esta misma perspectiva moral el consumo de drogas debe rechazarse con idéntica o mayor severidad, pero no sólo mediante regulaciones o leyes con su consiguiente correlato penal, sino también mediante normas morales que se inculcan en la familia, en la escuela, etc. Es obvio que existe cierta incongruencia entre aquellas personas que se manifiestan tajantemente en contra de las drogas y son sumamente tolerantes con el abuso del alcohol o con muchos programas de televisión. Que un porcentaje altísimo de españoles estén sometidos a diario a programas que son, objetivamente, lesivos para su desarrollo intelectual y moral, me parece gravísimo. La heroína es malísima pero cinco horas diarias de consumo de estos programas por parte de niños y jóvenes, tal vez no sea mejor. Ahí hay un problema de inconsistencia o incoherencia ética. La mención de los efectos negativos del consumo de otros productos no debe, sin embargo, servir para relativizar la singular gravedad del problema de la droga.

– F.C.: Ese es otro tema distinto, el de la protección del menor y tal vez convendría dejarlo a un lado para no confundirnos y confundir. Hay criterios para esta protección pero me parece más que dudoso que deban aplicarse a personas adultas. Y ya que ha salido el tema del alcohol convendría traer a colación la Ley seca norteamericana y los efectos no buscados y nada positivos de aquella medida. Está claro que pese, a los efectos negativos que tiene el alcohol, y tiene muchos se está mejor con la venta libre que con la prohibición.

– A.M.: Hay quienes se preguntan si la intervención o prohibición global de todas las sustancias estupefacientes no llevará a un caos generalizado ante la proliferación de las llamadas drogas de diseño que de alguna manera están sustituyendo, o pueden hacerlo en el futuro, a las de origen vegetal como la heroína o la cocaína…

– R.R.U: Si por intervención se entiende una prohibición selectiva de algunas sustancias que son malignas y de otras no, eso no tiene sentido. En ese caso la prohibición y no prohibición ya no responderían a criterios claros sino cambiantes al azar de las circunstancias como estaban. Ahora bien, si por intervención se entiende la educación, el autocontrol, la vigencia de normas morales compartidas y un sistema de normas legales fundadas en principios claros y coherentes, la cosa es distinta…

– A.M.: Pero eso no tiene mucho que ver con la realidad actual de la droga y del narcotráfico…

– R.R.U: Yo creo que no se pueden desvincular unos aspectos de otros. No hay que olvidar que la introducción del consumo masivo de drogas en Europa tal y como hoy se conoce, no fue casual, sino coadyuvada, cuando no inducida, por campañas enormes de gentes con gran prestigio intelectual o social; se produjo desde las sedes fundamentales de producción de la cultura, la intelectual y la popular, y obviamente la corrección de estos males no puede provenir más que de una reordenación de estas fuentes de producción cultural. El Estado, en realidad, no puede hacer mucho si tiene detrás un determinado clima cultural o social.

– F.C.: El problema que se está planteando ahora es qué hacer no sólo con las viejas drogas sino, también, con las que vienen, las drogas de diseño y otras. Este es un problema cambiante y a mí me parece que será totalmente imposible regularlo como hasta ahora. Lo que subyace es que, dada la situación actual y dados también los hábitos No parece razonable legalizar prácticas radicalmente contrarias al bien común culturales en plena mutación, cada vez será más difícil regular, prohibir o controlar. La situación es ahora mala, pero en el futuro puede ser peor si no se varía el rumbo.

– A.M.: Hay, en efecto, la sensación que segregan ciertas corporaciones (policía, jueces, educadores) o la propia opinión pública según la cual esta batalla se está perdiendo…

– R.R.U: Yo no lo creo así; este tipo de sensaciones suelen ser efímeras. En 1989 mucha gente creía que el comunismo iba a ser eterno y después ocurrió lo que ocurrió. Pero volviendo al tema de la prohibición no me parece razonable legalizar prácticas radicalmente contrarias al bien común. Otra cosa es que la mera declaración de ilegalidad sea suficiente para evitar la producción de eso que se declara ilegal. Pero al señor Al Capone no se le puede dar carta de naturaleza. Además, para mí es mucho mas grave el problema de la producción de droga que el del tráfico. El tráfico depende de la producción…

– A.M.: Pero ¿no depende también de la demanda?

– R.R.U: No en el sentido de que la oferta se haya creado como respuesta a una demanda autónoma. La demanda no es autónoma sino inducida. Hay un proceso de inducción al consumo de drogas por parte de personas interesadas por muy diversas razones. En este proceso la demanda comenzó siendo muy principalmente inducida. Inducida decíamos por la difusión de estímulos, ejemplos y doctrinas de diverso tipo y origen en el seno de un clima moral, social y cultural progresivamente propicio para la acogida de la droga. Una vez desencadenado el consumo hay, por una parte, una oferta que responde a la demanda y, por otra, una oferta de inducción adicional que persigue ampliar la demanda y renovar el espectro de drogas ofrecidas. Esto es con seguridad lo que está ocurriendo ahora.

– F.C: Yo creo que las cosas pueden verse de otra manera. Tal vez fue la prohibición la que creó a Al Capone. Y es la prohibición de la droga la que crea las mafias. Facinerosos siempre habrá, porque tal vez la naturaleza humana es así. Pero no cabe duda que la prohibición estimula este tipo de conductas, porque crea unos incentivos económicos tales que mucha gente que no se dedicaba a estas tareas ahora lo hace. Ahí está el caso, clarísimo, de los contrabandistas gallegos que durante mucho tiempo se dedicaron al tabaco y que pasaron a la droga porque era mas rentable.

– A.M.: El 80% de los presos españoles están relacionados directa o indirectamente con el tráfico o el consumo de droga. ¿Un nuevo planteamiento de la lucha contra el narcotráfico y la drogodependencia podría reducir el problema penal? ¿No lleva la prohibición a la delincuencia?

– R.R.U: No, no lo creo. La prohibición puede procurar incentivos adicionales pero si no estuviera prohibido robar en las casas tampoco habría presos por robo…

– F.C: El problema es distinto: si alguien roba en una casa o en cualquier otro sitio está causando un daño al propietario, pero si se inyecta heroína o fuma marihuana a quien se causa daño es a sí mismo. Hay una gran diferencia.

– A.M.: Los Estados no parecen muy convencidos de que la solución contra la droga sea la paideia y recurren sobre todo a la represión, no a la prevención ni a la educación. Parece poco probable que vayan a cambiar en el futuro, porque hay una larga experiencia de inmovilismo y cerrazón, además de que algunos grupos de intereses incrustados en el aparato del Estado salen ganando con la situación actual. Y no son, desde luego, insignificantes estas ganancias. ¿Cuál es la solución? Es incoherente despenalizar el consumo entendiéndose simultáneamente que debe penalizarse el tráfico

– R.R.U: Para mí está claro: educación moral, capaz de ordenar la mentalidad de las gentes, y que los Estados asuman sus responsabilidades. En. primer lugar, la educación. Los Estados se encuentran inermes ante estos problemas. Pero eso se debe a la naturaleza de estos Estados que se ocupan más en atender a clientelas mediante la recaudación de impuestos, que a velar por el bien común.

– F.C.: Es verdad que casi todos los intentos para acabar con la producción de opio o coca mediante sustitución de cultivos, han fracasado. En el mejor de los casos la producción se trasladó a otras regiones. Lo que me parece claro es que con las nuevas drogas todo será mucho más complicado. En cambio, creo que en el tema del consumo se puede hacer mucho. España tiene una política de despenalización del consumo y yo, que soy partidario de la despenalización paulatina e incluso de la venta libre, considero incoherente permitir el consumo y prohibir la venta.

– R.R.U: Estoy de acuerdo en que es incoherente despenalizar el consumo entendiéndose simultáneamente que debe penalizarse el tráfico. Pero, no estoy, desde luego, de acuerdo con la despenalización de la venta. La despenalización de la venta, además de ser inmoral no evitaría la delincuencia de los adictos que, si no tuviesen dinero, lo conseguirían como ahora, robando o asaltando. Insisto en que una sociedad en la que se legalizan prácticas como el narcotráfico es una sociedad en trance de disolver sus meros fundamentos morales, y, por lo tanto, en trance de disolverse a sí misma. Y esto hay que decirlo ahora. No callarse, y cuando el proceso sea de difícil reversión lamentarse y, apelando al realismo, decir que eso había que haberlo pensado antes. Pero, además, resulta que legalizar el tráfico con el propósito de que descienda el precio de los estupefacientes es ilusorio. Se generaría una enorme industria oligopolística legal y poderosísima con todo tipo de diferenciación de productos, etc. y, al cabo, habría que subvencionar a muchos consumidores, es decir a los narcotraficantes, ya leales y respetables. Esa legalización equivaldría a admitir la legitimidad de la percepción de un tributo por parte de las organizaciones criminales, sin hacer desaparecer el consumo.

– F.C: Pero ¿cuándo se ha visto a un alcohólico asaltando una tienda de licores para conseguir una botella? Lo importante es que el consumo no perjudique a terceros. Que el pobre señor que va pacíficamente por la calle no sea atracado o asesinado por un adicto a las drogas. Yo no excluyo que una salida ya que no solución sea abastecer a los adictos con sustitutivos (metadona, por ejemplo) o incluso con droga, siempre bajo control médico y policial. Pero no debe olvidarse que los adictos son una minoría y que hay una mayoría de consumidores ocasionales. Debe insistirse en la prevención, la educación desde la niñez, las campañas en contra del consumo de todos los estupefacientes, sean químicos o de origen vegetal, tolerados o prohibidos. Esto puede hacerse y la batalla puede también ganarse: el caso de la caída del consumo de tabaco en Estados Unidos es una prueba…

– R.R.U: Si de verdad queremos acabar con esta lacra hay que ir al fondo, no buscar pseudosoluciones. Si las cosas siguen así, dudo incluso que sea relevante la prohibición de la droga. Porque este gravísimo problema no es algo aislado. Se relaciona con el sistema de producción social en su conjunto, el concepto de Estado, etc.

– F.C: Yo tengo la impresión, sin embargo que soluciones tan genéricas no responden a casi nada. Las grandes palabras, las buenas intenciones no ofrecen soluciones para el día a día…

– R.R.U: Si no se quiere acabar con la producción y con el consumo, estamos perdiendo el tiempo. Aquí, o cambiamos la sociedad o no hay nada que hacer. Hay que inducir coherencia. Si queremos liegar al fondo de las cosas y no poner parches, hay que proponer una mudanza esencial de nuestra sociedad. Reconozco que es una posición impopular. Los procesos de producción cultural se nos escapan. A veces la pequeña cirugía social hace que las cosas funcionen pero no en los grandes temas. Las únicas soluciones reales a los grandes problemas sociales son siempre complejas. El resto de las soluciones suelen ser juegos de palabras. Legalizar, facilitar y, aún, subvencionar la existencia de un gigantesco oligopolio de la droga, con dimensiones planetarias por una parte, y, por otra, tratar de luchar contra el natural desenvolvimiento de su industria mediante campañas publicitarias e informativas, a las que, por cierto, también tendrían acceso la industria de la droga, es lo opuesto a una política antidroga: es la institucionalización del poder de la industria de la droga en la sociedad. A.M.: En resumen ¿qué propone usted ante la situación actual?

– R.R.U: En primer lugar intensificar de manera expresa y por todos los conductos a nuestro alcance la reordenación cultural de la sociedad. En segundo lugar, ofrecer estatuto de enfermos a los drogadictos: acogerlos y cuidarlos integral y sistemáticamente. Y en tercer lugar, guerra a muerte a la producción y tráfico de estupefacientes. Todo esto me parece razonable y posible.

– A.M.: Y usted, profesor Cabrillo, ¿qué sugiere?

– F.C.: Sin excluir, desde luego, la reordenación cultural y una campaña intensa de información y prevención a todos los niveles, en la situación actual, yo sería partidario de ir hacia un acceso más fácil a las drogas por parte de aquellas personas que son adictas, de modo que los precios de estos productos caigan y se evite así el tráfico, es decir, se reduzca la delincuencia relacionada con la droga. Tenemos ya una larga experiencia sobre los resultados de la represión y parece necesario cambiar de rumbo. Tal vez en el futuro la venta de droga sea libre. Hoy no lo es. Pero habría que establecer un programa de actuación a largo plazo, cuyo primer objetivo debería ser combatir a las mafias de la droga. Y esto no se consigue sólo con represión.

A escasos 8 meses de la entrada en vigor del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) el camino recorrido permite ser optimista, a pesar de los problemas a los que se enfrenta, sobre lo que sería el primer éxito real de un proceso de integración económica entre países hispanoamericanos.

Algunos observadores pudieron pensar que el Tratado de Asunción del 26 de Marzo de 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que creaba MERCOSUR no sería sino un nuevo intento de integración económica llamado al fracaso, como tantos otros en Hispanoamérica. En esta ocasión la receta, aunque novedosa, era excesivamente ambiciosa porque:

1. El impulso político inicial presentaba serias dudas sobre su continuidad. Los promotores políticos de MERCOSUR, los presidentes brasileño y argentino, Sarney y Alfonsín, dieron la sensación de que lanzaron el proyecto para crear ilusiones en sus países y desviar la atención de los agudos problemas políticos y económicos que sufrían. Paraguay, a su vez, recién derrocado el dictador Stroêsner necesitaba un aval político internacional para consolidar su proceso a la democracia; su aceptación por un club de socios democráticos parecía la receta adecuada. Uruguay, por último, no podía quedar marginado de un proceso, por escasas perspectivas de éxito que tuviera, en donde estaban integrados la totalidad de sus vecinos.
2. Se eligió la fórmula de integración más avanzada y compleja, es decir el Mercado Común, desechando otros mecanismos más sencillos, como la Zona de Libre Cambio o la Unión Aduanera. Para que sea sostenible la libertad de circulación de mercancías basta que haya voluntad política y políticas macroeconómicas no divergentes. Sin embargo, la implementación sostenida de libertades de circulación de capitales, trabajadores y de libre prestación de servicios requiere esfuerzos políticos y económicos mucho más complejos.
3. Se decidió integrar a cuatro áreas muy heterogéneas en cuanto a su dimensión, política económica, población, estructura de su comercio exterior, y grado de dependencia comercial con los restantes países del MERCOSUR. Es bien sabido que cuanto más próximos en términos económicos y cuanto más interrelacionados están los países más fácil es realizar un proceso de integración.
4. Los plazos fijados en el Tratado de Asunción pecaron de un optimismo y un voluntarismo excesivos. Así, se fijaron plazos y períodos transitorios brevísimos y, por tanto, difícilmente cumplibles desde un punto de vista técnico. Por sólo citar un ejemplo, el Tratado de Asunción prevee que el 1 de Enero de 1995, en apenas 4 años, haya libertad total de intercambios intrazona y que entre en vigor en su totalidad y sin período transitorio el Arancel Exterior Común (AEC).
5. Por último, en el Tratado de Asunción no se definió la configuración concreta del MERCOSUR, sino que únicamente se establecieron los objetivos generales. Esto obligaba a un proceso lento, complejo y dinámico de negociación siempre sujeto a que los avatares políticos y económicos de los países miembros pudieran retrasar o impedir.

Los cuatro países miembros iniciaron una frenética actividad para llevar a cabo los compromisos acordados. Es en el área de liberalización de los intercambios comerciales intraMercosur donde se han producido los resultados más espectaculares: a principios de 1994 casi la totalidad de los intercambios comerciales intraregionales han quedado liberalizados (1), lo que ha supuesto que el comercio intraMercosur se ha duplicado alcanzando 8.000 millones de dólares.

Sin embargo, tal y como podía preverse MERCOSUR, a principios de 1994, estaba al borde del fracaso. Desde un punto de vista técnico la negociación estaba estancada: no se habían cumplido los calendarios previstos para la determinación del Arancel Externo Común (AEC), ni para la coordinación de las políticas macroeconómicas ni para las necesarias armonizaciones de las legislaciones nacionales. Brasil (2) continuaba con gravísimos desajustes macroeconómicos que no sólo imposibilitan la puesta en marcha de un mercado común, sino incluso la de una simple zona de libre cambio.

Desde el punto de vista del necesario impulso político, los países grandes de MERCOSUR, a principios de 1994, han olvidado su inicial apoyo al mismo. Así, Brasil ha propuesto la creación de una Zona de Libre Cambio Latinoamericana (3). Mas bien parece que no quiere que sus socios le recriminen que su indisciplina macroeconómica está imposibilitando la puesta en marcha de MERCOSUR. Argentina, a su vez, parece estar más interesada en alianzas comerciales con EEUU (es decir, en entrar en el TLC) que con sus vecinos, olvidando que las distancias geográficas y los ya reducidos sistemas proteccionistas norteamericanos le aportarían escasas ventajas económicas. Además la postura negociadora de Argentina con el TLC será mucho más fuerte desde un Mercosur sólido que como uno más de los numerosos países que quieren sumarse al TLC.

A pesar de éstas lúgubres perspectivas MERCOSUR, sin embargo, ha dado recientemente un gran paso adelante. Se produjo en Colonia, Uruguay, durante la reunión de Jefes de Estado de los países miembros celebrada el pasado mes de Enero. En ella, el Paraguay tomó la bandera del integracionismo, olvidando definitivamente, esperemos, su larga tradición aislacionista. El presidente Wasmosy promovió un importante impulso político para superar la crisis y ofreció soluciones técnicas adecuadas a los problemas planteados; entre otras, el establecimiento de plazos y ritmos de adaptación para la implementación del AEC. Uruguay decididamente se ha unido a esta iniciativa.

Quedan muchos temas por negociar y decidir: las Instituciones comunitarias que velarán y materializarán el MERCOSUR, la adopción de una Política Comercial Común, la imprescindible coordinación de políticas macroeconómicas y legislativas, etc. La creación del MERCOSUR será un proceso lento y complejo que difícilmente podrá alcanzarse el 1 de Enero de 1995. Ello, no obstante, no debe ser tomado por una tarea imposible. Baste recordar que la Unión Europea lleva más de 35 años intentándolo y aún no lo ha logrado plenamente.

Si no quiere quedar descolgada de las irreversibles tendencias mundiales a la apertura e integración económica, ni ser el socio pobre de otros procesos, America del Sur no puede permitirse un nuevo fracaso integracionista. MERCOSUR tiene que seguir adelante, con ritmos pausados y acordes con las necesidades de cada uno de los países miembros. La Comunidad internacional y, especialmente España, deben seguir apoyando este proceso.

1) Es decir, se han suprimido los aranceles, contingentes y otras medidas proteccionistas.

2) El reciente plan del cruceiro real (muy parecido en el fondo a las recetas que tan exitosas han resultado en Argentina) pueden suponer una vuelta al orden macroeconómico. Sin embargo, la proximidad de las elecciones generales y su incierto resultado no nos permiten mostrarnos optimistas sobre el éxito de este programa de estabilización económica.

3) Lo cual no deja de ser una repetición de las ya fracasadas ALADI y ALALC, pues no aporta nada nuevo sobre aquéllas y repite el esquema de múltiples negociaciones bilaterales por países, de difícil armonización y ejecución técnica. Además, de no ser MERCOSUR quien negociase en nombre de los 4 países miembros, la propuesta podría plantear problemas de orden jurídico.

La conversación de la humanidad, que también llamamos cultura, ha sido registrada y documentada casi siempre, al menos desde los epígrafes en informes hasta el CDRom. En las sociedades democráticas, donde cada uno tiene, naturalmente, el derecho a alzar su voz, y algunos incluso la oportunidad de ser famosos al menos cinco minutos en su vida (según Warhol, una de las virtudes de la TV), el número de voces privadas y coros públicos es amplio, y los archivos que registran esas voces tienen una extensión casi abrumadora.

Su cualidad y relieve políticos son, sin embargo, diferenciados. Para el análisis cultural, algunas de esas voces merecen más atención: entre las que tienen la preferencia del sociólogo, el intelectual o el político destacan aparte de la TV y el cine la literatura, en buena parte la épica de nuestros tiempos; la filosofía, a la que Hegel adscribía la tarea de elevar a concepto el lenguaje de cada tiempo (o sea, cada tiempo), y, por supuesto, la jurisprudencia.

Pues en los ordenamientos jurídicos alcanzan expresión normativa las prácticas morales y lingüísticas que las dos primeras realidades expresan y que, en gran parte, también inducen. En esta tercera voz, que es más bien un coro público, se registran, de un modo particularmente vivo cambios de mentalidad, valoraciones y desvaloraciones, contradicciones, deudas y créditos, recambios y lustres: o sea, el movimiento de ideas y prácticas que parece preferir los finales de siglo para producirse a mayor velocidad.

Otros vientos

Como ejemplo de la evolución de nuestra sensibilidad y nuestras autodescripciones puede considerarse la sentencia del Tribunal Constitucional alemán (recogida en NUEVA REVISTA, núm. 33, II. 94, pp. 144158) sobre la nueva Ley de ayuda al embarazo y la familia (del 27.VII. 1992).

El Tribunal la ha declarado inconstitucional. El fallo es un modelo de habilidad jurídica que pone sobre el tapete la cuestión del aborto o de la interrupción del embarazo, por ahora da igual en las sociedades democráticas. Su conjunto tiene luces y sombras. En el fondo declara al mismo tiempo contraria a derecho, pero no punible, la interrupción del embarazo por indicación social (el llamado cuarto supuesto), antes de las doce primeras semanas y siempre que la mujer haya pasado por una oficina de asesoramiento. Es verdad que esto, como la doctrina del bien jurídico aplicada a este caso, y la noción misma de exigibilidad (Zumutbarkeit) del hijo, sobre la que pivota la sentencia, compromete a la doctrina expuesta en una serie de dilemas.

Y sin embargo: hay una explícita «prohibición fundamental de la interrupción del embarazo», a la que se considera «por principio como una injusticia». Se afirma que «el derecho a la vida del no nacido no puede quedar, ni siquiera por un tiempo limitado, a merced de la decisión libre y sin vínculo legal de un tercero, aunque este tercero sea la propia madre».

La sentencia contiene fórmulas del tipo «los derechos fundamentales de la mujer no tienen tanto alcance como para que el deber jurídico de gestar al niño sea abolido con carácter general -ni siquiera sólo por un tiempo definido-«; y busca un modelo de regulación basado en la ayuda a la madre y en la orientación «que anime a la protección de la vida», y que comprenda «la salvaguarda de los peligros para la vida del no nacido procedentes del entorno familiar o del más amplio entorno social de la embarazada».

Proclama además que ese modelo «sólo puede ser constitucional, si además toma las medidas adecuadas y necesarias que posibiliten y faciliten a la mujer la decisión de gestar al hijo». Alude al deber del médico «no sólo para proteger a la mujer de perjuicios contra la salud, sino también para proteger al no nacido».

Declara incompatible «la concesión legal de prestaciones de la seguridad social (…) con el deber de defensa de la vida del no nacido que tiene el Estado, porque ello «representa una participación del Estado en una acción homicida» (síc) y porque (…) en la ciudadanía se percibiría como algo normal y conforme a derecho aquello para lo que se concediesen prestaciones de la seguridad social (con lo que «resulta considerablemente dañada en los ciudadanos la conciencia de que el no nacido tiene un derecho a la vida también frente a su madre»). Afirma, en fin, que «no cabe considerar, en virtud de la Constitución, que sea conforme a derecho una cualificación de la existencia de un niño como una fuente de perjuicios».

Otra percepción

Todo ello supone un cierto cambio de patrones jurídicos y culturales de juicio. Es verdad que no llega a ser una ruptura. Sensiblemente, sin embargo, algo ha hecho crac.

Con independencia de algunos aspectos de la sentencia, ese «crujido» es significativo. ¿Qué ha cambiado, cómo se explican estas declaraciones, que acompañan a una interpretación por lo menos restrictiva de la interrupción del embarazo?

Desde el punto de vista cultural, este parece ser un crac más de las tesis que proclamaban unas utopías que eran ingenuas respecto a su propia dialéctica y que mantenían una idea de progreso políticamente miope. Esta perspectiva bárbara, que presentaba la interrupción del embarazo como condicio sine qua non de la emancipación de la mujer, era en realidad, tal y como se la presentaba, la indiscutida concesión de un derecho de disposición a unos individuos absueltos de cualquier responsabilidad pública y cualquier vínculo legal, que los facultaba para decidir unilateralmente sobre otros.

Esta clase de utopía empezó a resquebrajarse en Europa al menos desde fines de los 60.

Quizá no hacía falta esperar a la década de los 60 para caer en la cuenta de esto. Es posible que la tardanza europea tenga que ver con nuestras diferencias con los regímenes totalitarios de la Europa oriental, que fueron, por cierto, pioneros en la liberalización del aborto. Nos faltaba el contraste. Ahora, sin embargo, lo tenemos: el muro ha caído.

Con el muro, al Occidente no sólo se le han caído unos ladrillos, sino también unas escamas de los ojos. El paisaje gris desolación que ahora vemos sin obstáculos interpuestos, nos permite ver también que las utopías se convierten en cruelmente conservadoras en cuanto alcanzan sus objetivos.

Por eso es muy significativo que la ley considerada inconstitucional por el alto Tribunal alemán, la ley que debía determinar una regulación de la interrupción del embarazo con vigencia para toda Alemania, suprimiendo las diferencias jurídicas existentes entre las dos partes reunificadas, haya sido precisamente la que representaba la unificación de las legislaciones de la ex RFA y la ex RDA en dirección Este. O sea, la que pretendía la asimilación de la legislación de la RFA a la de la antigua RDA.

La de esta última era, en correspondencia a los alegres usos de nuestra encantadora dictadura da drüben (del otro lado), más liberal. Está claro: allí ya se había alcanzado la utopía, ya había un Estado democrático que había hecho la revolución y, por tanto, aseguraba a sus ciudadanos, por ley y con cargo a la seguridad social, su feliz existencia emancipada: en el caso del aborto, sin trabas legales de ningún tipo durante las doce primeras semanas.

La negativa constitucional a esto, por dilemas que contenga, es un cambio a festejar, porque inscribe en el orden jurídico del Estado de derecho, en el caso concreto del aborto, la proclamación de la injusticia radical de la disposición absoluta sobre el otro (no penarla todavía en nombre de algo es el primer paso para la conciencia de la ilegalidad del disponer de la vida en nombre de nada); porque supone una limitación poderosa a la voluntad de poder y a su economía; porque supone una refrescante revisión de progresismos exclusivamente utópicos. Su revisión tiene en cuenta tanto los derechos y el sufrimiento de seres humanos mínimos como los sufrimientos y las responsabilidades de la mujer.

Este ejemplo de cambio cultural apunta al alza de la invención de la solidaridad sobre el individualismo. Muestra una conciencia viva de un conflicto entre valores que antes era despachado de un modo tiránico. Ahora somos menos ingenuos y más realistas. El respeto a la naturaleza y a los animales, porque ellos son algo que tiene un valor por sí mismo, es un signo. La sentencia del TC alemán es otro.

Lo que pasa a primer plano y está en juego

La sentencia tiene, en este contexto, valor de ejemplo. Que sea discutible también es un valor. Ha puesto sobre el tapete real, en un caso problemático concreto, cuestiones tan centrales en una sociedad pluralista como la articulación jurídica de lo público y lo privado, de la dignidad, el poder y la libertad; la función del derecho y el cuarto supuesto. Este problema del aborto en las sociedades democráticas, que pone al descubierto paradigmáticamente las paradojas del individualismo (la expresión es de V. Camps), hace más fácil discutir de todo aquello en la arena de lo real. El intercambio de slogans absurdamente espiritualistas (¡mi cuerpo es mío!), de argumentos que se bastan a sí mismos porque cargan sobre los hombros de los adjetivos lo que debía correr por cuenta de la fuerza argumentai (legislación liberadora ra ley penal represiva), o de cómodas clasificaciones (del tipo conservador vs progresista, et tout le reste est litterature) que evitan la pesada tarea de pensar; todo ello quizá pueda empezar a verse como lo que es: una discusión banal sobre etiquetas de botella. Ahora estamos ante la tarea de hacer leyes y de argumentar acerca de un problema real. La sentencia alemana, lejos de moralismos desvinculados, dice algo más que el viejo estribillo sí, el aborto es un trauma, pero qué le vamos a hacer: propone una doctrina y algunas aplicaciones prácticas.

Los aspectos de la sentencia que son signo de una mayor sensibilización por las cuestiones humanas ya han sido citados y aludidos. Entre los que plantean dilemas pueden señalarse dos: la doctrina de los bienes jurídicos aplicada al caso de los derechos en conflicto en el caso del aborto (los del niño y los de la madre), y su resolución con la categoría de hijo exigible (zumutbare Kind).

Según se lee en la sentencia, aunque los derechos de la mujer no tengan tanto alcance como para abolir el deber jurídico de la gestación con carácter general, sin embargo, el estado de los derechos fundamentales de la mujer llevan a que, en situaciones de excepción, esté permitido, y en algunos de esos casos esté, si es posible, indicado, que tal deber jurídico no le sea impuesto. Corresponde al legislador determinar en cada caso tales circunstancias de excepción según el criterio de la noexigibilidad (Unzumutbarkeit). Para eso tienen que existir unas cargas que exijan un grado de sacrificio tal de los valores vitales propios que no pueda exigirse de la mujer.

Esto es problemático. De entrada, no está nada claro que el derecho a la vida (del niño) y el sacrificio de los valores vitales propios (de la mujer) tengan el mismo valor. Con ello, de hecho, el niño (su gestación, su vida, su educación) aparece aquí aunque la sentencia declare esto contrario a la Constitución como un perjuicio para los bienes jurídicos de la madre.

No imponer el deber de la gestación en nombre de sacrificios no exigibles es traducible inmediatamente a otros terrenos. Por ejemplo, la eutanasia.

Plutarco y las vidas exigibles

Hacia finales del siglo I escribió Plutarco, con evidente intención moralizante, sus «Vidas paralelas». En nuestro futurible acaso ahorraríamos a un potencial Plutarco gran parte del trabajo que tuvo que tomarse el original para decidir qué vidas eran dignas de ser mostradas en paralelo. Plutarco tenía perfecto derecho a decidir acerca de sus criaturas literarias. En nuestro caso, se habla de hijos no exigibles y exigibles…: ¿por quién?

Plutarco lo tuvo más fácil. Pudo decidir él sólo, con independencia de la existencia real de sus personajes (pertenecientes al pasado y realmente muertos) si el sacrificio que le suponía dar existencia literaria a sus biografiados le era exigible o no, merecía la pena o no. Sólo estaba limitado por su deseo de publicar, no vidas privadas sino vidas públicas.

El caso de la interrupción de la gestación del niño no exigible o, como dice la sentencia, de la muerte que acompaña a esa interrupción (síc), es más problemático. No es lo mismo dejar en manos de un escritor la existencia literaria de vidas pertenecientes al pasado que dejar en manos de alguien la existencia real de una vida perteneciente al futuro. Además, mientras Plutarco pudo distinguir entre lo público y lo privado sin necesidad de dar razones a nadie, el caso del hijo se resiste a ser encuadrado como cosa privada. No es poseído por nadie, y por tanto sólo es propiedad privada de sí mismo; y, en cuanto dependiente de su madre, es público: está en interdependencia de los demás. Por eso, el embarazo es una cuestión privada, pero con vinculaciones legales, públicas, jurídicas.

La cuestión no consiste sólo en si alguien tiene derecho a decidir la existencia de otro. También se trata de cómo puede articularse la obligación de la gestación (que es públicoprivada) con la libertad individual (privada). Plantearse esto supone un avance en dirección a la cuestión de si el ser humano, al final, es subsumible en categorías o se caracteriza precisamente por ser irreductible a ellas.

La exhaustiva y razonada sentencia proclama la obligación que, según la Ley fundamental, tiene el Estado de proteger la vida humana, también la del no nacido, cuya dignidad no se funda sólo en su aceptación por parte de la madre. La sentencia declaró también inconstitucional, y anuló, la propuesta de la Ley según la cual no era obligatoria la declaración de las interrupciones por indicación social en el registro estadístico federal. Seguirá habiendo desaparecidos en el combate social entre libertad individual y dignidad del otro (aunque este sea un falso conflicto), entre la interrupción de un proceso en parte privado (el embarazo) y su carácter público (la creación de un otro singular), pero sabremos que esos desaparecidos existen. Y será mas difícil que nos dejen indiferentes.

Este tema de la interrupción del embarazo es también un dilema político, que debe resolverse con prudencia política. Seguramente exige un desarrollo de las legislaciones sobre la adopción y seguramente necesita un nuevo lenguaje. A ese lenguaje no le compensa empeñarse en la demolición de ideas que se están desmoronando solas, pero debería atender a los modos de articular en los ordenamientos que escriba la indisponibilidad del ser humano, su dignidad. Debería intentar equilibrar ley, poder, razón y libertad, en un momento en el que, para eso, probablemente hay que inventar un lenguaje nuevo, porque ahora todavía pagamos el engaño de que ese cuarteto es inarticulable.

La cuestión no es sencilla. Mientras tanto, esta voz extensa y alemana debería ser atendida. Puede que esté diciéndonos donde están los cuernos por los que habría que coger al toro. Al cuarto toro del cuarto supuesto. El que indudablemente algunos van a tener que torear.

En la entrada veraniega de 1994, España vive la zozobra de un poder político en crisis que alcanza al estado de ánimo, pensamiento y actitudes del conjunto de la nación. Es una crisis del poder político que lo condiciona todo y frena el relanzamiento económico y las reformas necesarias de liberalización y modernización de la sociedad y el mercado.

No es una crisis del sistema. Es una crisis del poder político, por corrupto. Más allá de los presupuestos generales del Estado y de los escándalos económicos, el origen de la crisis está en una forma y estilos de ejercer el poder. Y, al mismo tiempo, en una ¿inmadurez? de la sociedad y sus dirigentes, para saber reaccionar ante los abusos de ese poder.

Ambos fenómenos convergen en la concepción muy arraigada por la historia y herencia totalitaria española de que todo se fía a una persona: el jefe del Gobierno, Poder o Régimen. De tal manera que siguiendo la vida cotidiana española, se comprueba que a los males o favores todavía se les otorga un origen gubernamental, y que los propios gobernantes así se lo atribuyen.

Las propias compañías automovilísticas anuncian hoy sus promociones de venta con la frase el Gobierno les da 100.000 pesetas. Ni siquiera matizan, al tratarse de una subvención de la Administración. Y en esa desaparición de fronteras, tan clave y considerable en el auténtico pensamiento democrático, entre el Gobierno y la Administración, hace tiempo que desapareció, también, la del partido político. Todo ello fusionado en torno a un liderazgo personal, que durante los últimos doce años ha sido el de Felipe González.

Cuando todo se fía al líder

También recientemente, cuando el ex ministro José Luis Corcuera anunciaba que dejaba el Parlamento, lo hacía diciendo que a pesar de que el escaño era de él, en realidad era del partido, y por lo tanto tenía que ser el PSOE el que confirmara finalmente su salida. En ningún caso se refería a los electores y ciudadanos como verdaderos propietarios del escaño. Sin embargo, el dato fundamental es que a nadie por lo menos nadie lo reseñó en los medios de comunicaciónle extrañó el comentario.

Cuando todo se fía al poder político personal, la historia secuencial y su devenir más inmediato, emana del de la persona en cuestión. La del líder. En este caso, la historia ha sido lo está siendo todavíamuy ilustrativa, pues el país y sus intereses, a todos los niveles, se ven zarandeados por los demonios personales de Felipe González.

No lo digo a humo de pajas, ni en sentido teórico, sino muy real y práctico. Podemos ilustrarlo con un hecho relevante y significativo. Pasado el referéndum de la OTAN que tensionó al país, sus instituciones y ciudadanos, hasta límites extremos, el Presidente Felipe González me dijo en la Moncloa:

– ¿Sabes qué haría si tuviese que convocar otro referéndum como éste?

Le miré expectante

– No lo volvería a hacer, me dijo.

– ¿Y por qué lo hiciste?

– Porque era un compromiso personal. Era una cuestión de orgullo.

Un Presidente capaz de poner en danza al país por una cuestión de orgullo personal.

El discurso de la mentira

Aquel día yo no estaba sólo con Felipe González. Había acudido en una audiencia con la directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la que entonces formaba parte. Pero no sé si González se dirigía a mí con su dedo índice, su mirada y sus palabras porque yo me había significado (siendo firme partidario de la presencia de España en la OTAN) en contra del referéndum. España ya estaba en la OTAN, había entrado democráticamente, y, por si fuera poco, el Parlamento de mayoría socialista lo había ratificado por una mayoría superior al 90 por ciento. Por lo tanto, había que comprender que aquel referéndum poco o nada tenía que ver con la OTAN, y sí con una maniobra política personal y en todo caso partidista que trataba de consolidar, mediante un plebiscito, un estilo y esquema de poder presidencialista y personal. España y su poder político entraban en una pendiente de la que años más tarde está pagando -¡y a qué precio!- las consecuencias.

Nada nuevo era todo esto, ni en la historia ni en la conducta de los hombres y sus líderes. Entre muchos, hay dos libros muy diferentes en el tiempo, lugar y sus autores que lo describen. Uno el de la historiadora norteamericana, Barbara Tuckman, titulado La marcha de la locura (The march offolly), donde se describe el precio que han pagado las naciones y sus pueblos a lo largo de la historia por la obcecación de sus líderes a los que se someten. Otro, el titulado El discurso de la mentira, compilación de un seminario celebrado en 1987 en Cádiz y dirigido por el profesor Carlos Castilla del Pino.

Entre otros autores, citaremos a la catedrática de ética Victoria Camps, porque años más tarde ha terminado en las filas del PSOE bajo el liderazgo de Felipe González. En su reflexión La mentira como presupuesto, Camps señala que es la dominación lo que hace posible y fácil la mentira.

«Lo que hace de la mentira una injusticia condenable es la intención de engañar, la no consideración del otro como un igual, la utilización del otro como medio», dice la profesora Camps.

Un país estremecido

La nueva senadora socialista concluyó aquel estudio citando a Nietzsche, cuando éste dice que «no el que me hayas mentido, sino el que yo ya no te crea a ti, eso es lo que me ha hecho estremecer».

Así ha amanecido España en este cuarto de hora que vive la experiencia del ocaso del poder socialista de Felipe González. Estremecida.

Demasiado tarde para aplicar recetas de escasa consistencia. Hay que creer que el propio González está sinceramente sorprendido de cómo se enfrenta a la realidad de un poder político tan descompuesto. ¿Puede ser obra, todo este panorama, de un sólo ser humano? ¿Soy yo un monstruo?, se pregunta.

El «hombre de poder» -y González lo es en todas sus características- no obra con los valores de la verdad o la mentira, el bien y el mal.

Recién llegado a la Moncloa, el 21 de Enero de 1983, le hice a González la siguiente pregunta.

– ¿Y cuándo, Presidente, vas a romper con Alfonso Guerra?

Podía parecer insólita la pregunta, cuando los dos dirigentes comenzaban a vivir juntos la gloria del poder. Era como preguntar a una esposa o marido, en plena luna de miel, cuando van a separarse. Pero el análisis de ambas personalidades, y de la convivencia en el poder, me llevó a pensar que aquello resultaría inevitable.

González me miró, cambió su rostro en un gesto de frialdad, y me dijo: nunca. El Presidente comentó entonces que las relaciones de ambos trascenderían a las disputas del poder. Y, efectivamente, pocas semanas antes, González había declarado: Cuando algunos dicen que Alfonso y yo somos las dos caras del socialismo, yo les quiero decir que somos la misma cara del socialismo. La cara de la justicia, la solidaridad, la libertad, la cara de la mano tendida que no está en la corrupción. Fue una noche sevillana ante miles de asistentes a un acto electoral, preludio de la victoria socialista.

El hombre de poder

A la vista de los hechos ocurridos en estos doce años, estas palabras resultan cuando menos irónicas. Desde luego, González quería transmitir y lo consiguió con la mayoría de los españoles su convencimiento, pero el hombre de poder no dudó en justificar años más tarde la decisión del cese de su amigo y vicepresidente, produciéndose una ruptura.

Por muy cruentas que resulten sus decisiones, el hombre de poder actúa convencido de razones supremas que las Justifican. Por mucho que contradigan sus palabras o propósitos de la hora anterior. La mente del hombre de poder vincula siempre el destino de la nación al suyo propio. Por eso el líder del principal partido de la oposición, José María Aznar, acertó al identificar a González como el problema de España. El líder socialista encarna un modelo de poder, que condiciona todo el resto. Y son lógicas, asimismo, las reacciones numantinas de quienes temen que la caída del poder les arrastre a la pérdida de privilegios en primer lugar, y a culpabilidades más dramáticas posteriormente. La ley del péndulo es una reacción típica en estas experiencias.

Estos problemas los está viviendo todo el sur de Europa, donde el socialismo sirvió en las dos últimas décadas para frenar el acceso al poder de los comunistas vinculados a la antigua Unión Soviética. Desaparecida aquella amenaza, los muros de contención no sólo el de Berlín han saltado por los aires, y los modelos de poder de Grecia, Italia, Francia y España (no ha sido el caso de Portugal) han padecido la misma enfermedad de la corrupción, aunque con distintos síntomas y evolución.

La solución francesa

Ha sido Francia el país que aplicó la solución más traumática, pero también la más eficaz para la pronta recuperación del enfermo. Antes de perder el poder y cuando ya se preparaba el cambio de página hacia una nueva mayoría de centroderecha (en convivencia con una presidencia socialista) la Asamblea aprobó una polémica ley que libraba a todos los partidos de los abusos cometidos en el pasado para su financiación, que desembocó en un sistema de corrupción de amplias responsabilidades personales.

La salida

Pero ¿cuál es la salida a la situación española?

Pregunta que viene transitando por los foros más relevantes y cotidianos del país, desde que se adquirió conciencia de la gravedad del problema. La repetición casi mimética de esta interrogante la vengo escuchando en los últimos meses de los más destacados dirigentes, políticos, empresarios, y de la vida social española en los más diversos rincones.

¿Transición o ruptura?, fue el dilema del cambio del franquismo a un régimen democrático en 1976. ¿Depuración o cambio de página?, es el dilema del fin socialista que algunos le llaman felipista casi veinte años más tarde.

Difícilmente el país podrá afrontar el futuro, con la celeridad, energía, y los cambios que exige estar entre las sociedades más avanzadas de este cambio de ciclo histórico, si se enzarza en una de sus reyertas históricas. Mientras que una salida pactada reclama la visión, generosidad y liderazgo, de los dirigentes con voluntad de iniciar una etapa regeneradora.

Bajo el ruido electoral de Junio y de los escándalos que florecen de quienes conciben el poder y protagonismo mediante la explotación de las miserias humanas y no de las virtudes la preocupación de la nueva transición está latente en los principales dirigentes del país. Y, por lo que dicen con coincidencia generalizada los más fiables estudios sociológicos, también en la sociedad. Por muchas razones, entre las que se incluye su carácter conservador, alguna conciencia de complicidad con el pasado, y su propio desarrollo hacia un perfil más innovador (a muchos que habían confundido el conocimiento con el prestigio, les ha sorprendido que el científico Severo Ochoa goce del mayor reconocimiento social, y que Mario Conde, por el contrario, no sea, precisamente, el ejemplo predilecto).

¿Depuración o salida pactada?

En el final del franquismo, el cambio de escenario venía dado por un contexto internacional y por una realidad interna. Si se quiere sobrevivir y los pueblos tienen esa voluntad no se suele ir contra los vientos de la historia. En la realidad española, la máxima de Schumpeter de la destrucción constructiva determina el rumbo del futuro, de manera razonable. El cambio político está condicionado por un proyecto regeneracionista, y la recuperación de un modelo de valores y reglas.

Pero como todo es susceptible de empeorar, llegamos al otro riesgo. El triunfo de la tesis de la depuración (sangre, suicidios, cárcel, espectáculo…), o la del bloqueo político del poder que se traduzca en la frustración de amplios sectores sociales. Generando en ambos casos la explosión de actitudes extremistas, extravagantes y aventureras, revestidas de etiquetas demagógicas y populistas.

Ante la sorpresa universal de sociólogos, politólogos y, ¿por qué no confesarlo?, de historiadores, el nacionalismo ha vuelto a convertirse en el gran protagonista de la evolución de los pueblos un siglo y medio más tarde de ser el motor de los acontecimientos en numerosos países europeos. ¿Venganza del ayer por no haber sabido dar solución adecuada a las exigencias razonables de algunas nacionalidades? ¿Reemplazo de energías de un cosmopolitismo agotado simple máscara de egoísmos estatales a un nacionalismo pujante, en el que encuentran sentido la vida de muchos hombres y mujeres? ¿Mero compás de espera ante la llegada de una civilización verdaderamente planetaria? La respuesta variaría si se diera a nivel de etnias y estados o al de naciones en búsqueda de formas Estatales; si bien siempre nos encontraríamos cara a un mismo fenómeno de insatisfacción y remecimiento de las estructuras políticas y sociales actuales.

En la España reciente, los nacionalismos catalán y vasco fueron actores destacados de la erosión del franquismo. Tal actitud no tardó en capitalizarse con la restauración de la Monarquía. Las credenciales democráticas de ambos movimientos estaban fuera de duda y se contaba con ellas para construir el nuevo edificio constitucional e, incluso, en parte, el de una nueva sociedad. Ha de reconocerse que las demandas de las dos regiones, en especial, la catalana, no fueron desmedidas. Así lo entendieron los responsables de la primera fase de la transición, aunque no extensos sectores de la opinión pública. La espiral de los contenciosos de agravios comparativos y reproches mutuos recuperaron el vigor de otros tiempos, al paso que las corrientes dialogantes no ensanchaban su caudal por la progresiva crispación de los ánimos.

A fines de los ochenta, estaba ya claro que el Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978 no había demostrado fórmula eficaz para articular una convivencia de las diversas comunidades españolas relativamente estable. En tanto que casi todos los constitucionalistas y los altos cuadros de la Administración rompían y rompen lanzas en favor de la viabilidad de aquél aún inédito en múltiples de sus virtualidades, vascos y catalanes se afanaron y afanan en poner de relieve sus carencias y limitaciones a la hora de afrontar con alguna garantía de firmeza el inmediato porvenir. Sin preterir el juicio de catedráticos y expertos, resulta, empero, evidente que las continuas referencias e invocaciones al federalismo del lado incluso de ciertos sectores gobernantes descubre una extendida insatisfacción en medios políticos e intelectuales, a los que sería temerario descalificar globalmente por la frivolidad e ignorancia de algunos de sus exponentes. En política valen casi todas las armas y nadie duda que el oportunismo ha sido una de las principales utilizadas por los dos nacionalismos históricos. A la caída del comunismo, con la nueva primavera de los pueblos, y, un poco más tarde, con el debilitamiento del gobierno socialista, la coyuntura favorable se aprovechó por uno y por otro para hinchar las velas de reivindicaciones hasta entonces refrenadas por una atmósfera externa e interna poco propicia.

Ello es, importa repetirlo, legítimo y comprensible. El gran interrogante surge en otro campo. ¿Puede poner en peligro las libertades y la democracia todavía flamantes en España y otros países la pleamar de los nacionalismos? ¿Es la desembocadura natural de las naciones sin Estado a la búsqueda de éste la guerra y la violencia? El perspectivismo influirá, desde luego, en manera decisiva, en el sí o en el no, pues la cuestión no es demasiado propensa a los matices. Sin embargo, éstos existen y en ellos tal vez se encuentre la clave de un tema que determinará nuestro futuro individual y colectivo. Es la hora de los estadistas; pero también la del esfuerzo singular de los creadores de opinión por vencer prejuicios y abandonar mitos y narcisismos.

«Nación o muerte», era el grito de guerra y supervivencia de los revolucionarios franceses de 1793 frente a la coalición monárquica contra el régimen regicida. Dos siglos más tarde vuelve a oírse el mismo grito, bien que sin resonancias bélicas, en muchas tierras de la vieja Europa. El nacionalismo está ahí, sobre el primer plano de la escena política. Y en España, acaso con mayor presencia que en ningún otro país de los de larga historia estatal, es decir, comunitaria, avenida, integradora, aunque, claro está, tratándose de obra humana, con innumerables opacidades, claroscuros y hasta manchas…

Arraigo de la cultura del pacto

Más arriba apuntábamos la hipótesis de que tal vez los actuales nacionalismos los formados sobre un marco estatal preexistente, precisaríamos mejor de savia e intentos democráticos quizás se opongan al desarrollo de dichas ideas, esencialmente igualitarias. Los más fervorosos defensores de un nacionalismo brotado en la entraña del pueblo y desenvuelto invariablemente en coordenadas de la misma índole, sostienen que el arraigo de la cultura del pacto en los hábitos político-sociales de nuestra colectividad hará desaparecer cualquier peligro de insolidaridad por remoto que fuere. Al caer ello en el terreno de lo futurible, hay que dejar al menos a los escépticos o cautelosos frente a tal aserto, el beneficio de la duda. Nadie cuestiona los serondos frutos que Cataluña, y, en ocasiones no en todas, el resto de España, cosecharon del pactismo; y es lógico que, dentro de una mentalidad historicista como la de los nacionalismos, así se pregone y propugne. Mas la apelación al pasado y a sus más abrillantadas páginas es recurso que, en el punto que nos ocupa, no debe prodigarse. En un Estado de Derecho las leyes tienen que tener sustantividad propia y estar por encima de cualquier otro procedimiento o hábito; y en caso de limitación o insuficiencia el Parlamento es el único órgano legitimado para ampliar o mutar su contenido. Lo opuesto sería trastocar la noción misma de soberanía y convertir el diálogo entre el poder central y el autonómico en una negociación diplomática semejante a las desplegadas en las mesas internacionales.

Gran parte del clima enrarecido o confuso que envuelve lo expuesto deriva, como se sabe, de la ardida vocación de sepultureros que sobre el fin del Estado moderno demuestran no pocos sectores intelectuales y políticos. Se ha dicho por voz muy autorizada Daniel Bell que la tragedia de éste radica en que a fines del segundo milenio es demasiado pequeño para resolver los temas de gran dimensión mundializados casi todos ellos y excesivamente grande para ser eficaz en las cuestiones y ámbitos de menor radio, los más cercanos al hombre de la calle. Probablemente sea así. Pero las piezas mayores de su recambio orden público, moneda, relaciones exteriores, memoria colectiva aún están en farfara, y en fase de mero diseño esto es, especulación en la mayor parte de sus extremos. A costa del sacrificio de innumerables gentes de todos los países de Europa sin duda, uno de sus vínculos más estrechos en la hora presente, el Leviatán de todo en el Estado y nada fuera del Estado es ya un capítulo de su historia reciente. Creer, sin embargo, que en la coyuntura política y económica de hodierno, el marco de sus competencias, de coordinación y gestión tenga que reducirse o aparcarse es situarse al margen de los intereses y deseos de la ciudadanía.

El análisis de los orígenes y de las causas es quizás el método más apropiado en el estudio de los grandes fenómenos de la Historia, tanto más cuanto con el que tratamos la apelación a ésta es elemento nuclear. ¿Por qué este revival finisecular de los nacionalismos? ¿Cuáles son los principales motivos de su retorno? Las respuestas, bien lo sabe el lector, llegan a descorazonar por su abundancia. En una rápida aproximación al hecho se impone elegir. Forzado a ella, el cronista se decanta por la visión que lo observa a la luz del problema irresuelto de la conciliación entre modernidad y tradición. Ni el Estado ni la sociedad han encontrado en los países en que los nacionalismos resurgen que son casi todos los del Viejo Continente una fórmula válida en la solución de un tema planteado con frecuencia en términos dicotômicos. Privilegiar responsabilidades o responsables sería tan extraviado como inútil. Con razón proclive a la deformidad, las naciones sin Estado atribuyen al proceso centralizador la ausencia de una confrontación fecunda en la búsqueda de un modelo funcional en territorios de herencia y conformación pluralistas. De modo opuesto, los contradictores sostienen que el arcaísmo de la mentalidad de aquéllos frustra cualquier tentativa de progreso real en las sociedades avanzadas. Los nacionalismos tuvieron su gran oportunidad cuando estas últimas adquirieron su configuración y sus bazas no pudieron imponerse por su manifiesta inferioridad ante las opciones de progreso. Llegados a este punto, la polémica historiográfica levanta su vuelo para convertirse en campo de Agramante de especialistas y audaces aficionados.

¿Federalismo?

Al margen de sus incursiones y radiografías, queda en pie el gran interrogante si la asunción del lado de las instituciones y poderes estatales de las reivindicaciones y sugerencias de otra convivencia desembocaría en su efectiva mejora. En los Estados de caracteres jacobinos como el nuestro, pero de rico y plural pasado, el federalismo vuelve en estos tiempos a recuperar la audiencia de otras épocas, impulsado o al menos propiciado desde las esferas centrales que ven en él un pis aller para cruzar una travesía cada vez más encrespada. Ante la sorpresa del ciudadano de a pie, el proyecto no entusiasma en exceso a sus tradicionales propugnadores. Uno de los motores de la Historia, en frase de Hegel, la astucia de la razón, entra en juego en ello. La articulación federal del Estado, que en la España de hoy significaría la equiparación de los nacionalismos históricos y los de flamante cuño, no satisfacen ni poco ni mucho, como es lógico, a los guías de los primeros. Reconocer su diferencia constituye la premisa básica para cualquier diálogo o negociación. Lo cual no supone, en principio, ningún atentado para la solidaridad peninsular, sino la sanción de su identidad esencial, fraguada en la conjunción inteligente y esforzada de piezas muy singulares y diversas.

Aceptado este legado histórico, que Cataluña y el País Vasco no creen plenamente reflejado en la Constitución de 1978 y su Estado de las Autonomías, el desiderátum federal ganaría probablemente más adhesiones, en especial, si se incorporase a dichos territorios la Galicia de A. Brañas, Castelao y… Manuel Fraga. Sólo así cabría suprimir el espejismo de un federalismo europeo como asiento y marco naturales de Cataluña y Euskadi, conforme propugnan velada o clamorosamente buena parte de sus líderes. Aunque el tiempo tendrá seguramente la última palabra, no hay que dejar todo a su obra. Sin deturparlo, hay que actuar sobre él. La pasividad o la réplica no deben ser las únicas actitudes de la clase gobernante y de los partidos de ámbito estatal.

El próximo 12 de junio van a tener lugar las cuartas elecciones, terceras para los españoles, al Parlamento Europeo. Con la elección directa de esa Institución, prevista ya en el Tratado de Roma pero celebrada por primera vez en 1979, se pretendía aliviar el denominado déficit democrático que arrastraba el proceso de integración confiriéndole por tanto una mayor legitimidad. Pero además existía la presunción de que la implicación de los electores tendría otros efectos positivos sobre el desarrollo de la integración comunitaria. Así, por un lado, permitiría desarrollar un sentimiento de ciudadanía europea, lo que iba a constituir un estímulo para el proceso de integración y, de otra parte, ese mismo sentimiento facilitaría superar los problemas que el largo y difícil camino hacia una mayor integración inevitablemente iba a generar. Transcurridos quince años desde aquellas primeras elecciones, ¿qué balance se puede hacer?, ¿para qué han servido realmente las elecciones al Parlamento Europeo?

Elecciones y legitimidad democrática

En las democracias, las elecciones constituyen el procedimiento por el que se hace efectivo el principio democrático de legitimidad del poder. En los regímenes parlamentarios las elecciones cumplen, muy brevemente desarrolladas, las siguientes funciones: a) la representación de los intereses de individuos y grupos (se podría decir que los electores intervienen así en el input del proceso de decisión política); b) la designación y control de los parlamentarios, e indirectamente del Gobierno, cuya actuación es evaluada de manera periódica (lo que significa el pronunciamiento del electorado sobre los outputs del proceso político) y ; c) legitimar, en suma el poder y las políticas de quienes deciden.

Para que las elecciones cumplan esas funciones efectivamente es necesaria una serie de prerequisitos que van más allá de garantizar un procedimiento electoral democrático. Primero, es preciso que el Parlamento tenga capacidad legislativa y de control sobre el Gobierno. Segundo, es preciso que los electores posean una información suficiente sobre las posiciones de las distintas candidaturas entre las que pueden elegir, así como de la actividad que esos grupos han desarrollado previamente en el ámbito específico de su actuación. De ello se deriva que la amplitud, contenido y estructura de la comunicación política es esencial para que la elecciones desempeñen el papel que se acaba de apuntar. La existencia, en suma, de una opinión pública es crucial para que las elecciones constituyan de manera efectiva el desarrollo del principio democrático de legitimidad.

Las precondiciones anteriores se encuentran presentes, con mayores o menores deficiencias, en los sistemas políticos nacionales, pero totalmente ausentes del sistema político europeo. Por un lado, el Parlamento Europeo carece de las competencias legislativas y de control del ejecutivo que tienen (en los sistemas parlamentarios) los parlamentos nacionales. Hoy, los rasgos de la arquitectura política comunitaria responden en realidad a una organización de tipo intergubernamental, si bien con algunas características casigubernamentales. Recientemente Dahrendorf describía al Parlamento Europeo como un bello gesto simbólico pero engañoso y, de hecho, un insulto al concepto de responsabilidad democrática. Y así es, el Parlamento tiene un carácter ornamental con una muy escasa incidencia en el proceso de decisión de las políticas comunitarias y ningún control sobre el Consejo de Ministros de la Comunidad y tampoco, a pesar de las últimas reformas, sobre la Comisión.

Por otra parte, no existe una opinión pública sobre temas europeos (con la excepción de Gran Bretaña y Dinamarca en los que la integración europea se ha convertido en un issue político nacional). Ello significa que difícilmente, la dimensión europea puede desempeñar un papel significativo en la decisión de los electores, por no decir que resulta imposible. No se puede, además, olvidar que las elecciones al Parlamento Europeo consisten en realidad en unas elecciones parceladas. Es decir, se trata de doce elecciones nacionales reguladas por otros tantos y distintos sistemas electorales, en las que se elige la cuota de parlamentarios correspondientes al país y en las que concurren sólo grupos de ámbito nacional.

Las razones anteriores determinan la imposibilidad de que las elecciones al Parlamento Europeo puedan contribuir a la legitimación democrática del sistema político de la Unión Europea. A lo sumo podrían constituir un escenario periódico, bien para alimentar simbólicamente la idea de la integración o bien, o a la vez, para debatir los problemas y límites de la integración. Pero tampoco ha sido así.

La verdadera naturaleza de las elecciones europeas

En el campo de los estudios sobre comportamiento electoral, las elecciones al Parlamento Europeo han sido incluidas en la categoría de las denominadas elecciones de segundo orden. En este tipo de consulta los electores considerarían que la institución que van a elegir tiene un poder de decisión menor, de tal forma que su composición final no tendrá una excesiva importancia. Desde esta perspectiva sólo las elecciones legislativas son decisivas mientras que las restantes (cantonales, municipales o regionales) constituyen, aunque con distintos niveles de significación, elecciones de segundo orden. En ellas el comportamiento de los electores la participación y la preferencia partidista se explican en un alto grado por los mismos factores que determinan la decisión de ir a las urnas y la opción por un partido en las elecciones legislativas, mientras que los factores locales (políticas y líderes) tienen un impacto secundario en el comportamiento de los electores.

Las elecciones de «segundo orden» suelen presentar, no obstante, algunos rasgos diferenciales entre los que destacan una participación más reducida y un incremento del voto experimental. El descenso en la participación es consecuencia lógica de la menor importancia atribuida a la Institución que se elige, y esta opinión también da cuenta del carácter experimental que tiene la decisión de algunos votantes.

Por razones de diversa índole, desde un voto más cercano a los sentimientos y menos marcado por el criterio de la utilidad, hasta un voto de aviso al partido del Gobierno o a los grandes partidos, un sector de los votantes aprovecha ese tipo de convocatorias para otorgar un cierto reconocimiento a opciones marginales o menores en la escena política nacional. Por esta razón es frecuente que el partido del Gobierno (aunque no es el caso de España en las dos elecciones al Parlamento Europeo), y también los partidos mayoritarios, obtengan peores resultados que en las elecciones legislativas. Por otra parte, las elecciones de segundo orden constituyen un escenario favorable para el lanzamiento de nuevos grupos políticos, que difícilmente podrían haber emergido en el contexto de unas elecciones legislativas. Así ocurrió, por ejemplo, en la década de los ochenta con el Frente Nacional en Francia o los Verdes alemanes, para quienes las elecciones europeas, regionales o municipales significaron un paso decisivo en su alumbramiento al escenario político nacional.

Diversos estudios sobre las elecciones al Parlamento Europeo desde 1979 aportan suficiente fundamento empírico para considerar que las elecciones europeas (salvo en Dinamarca, donde han generado un sistema de partidos distinto al nacional) encajan en buena parte de los rasgos esenciales de elecciones nacionales de segundo orden (aunque también hay razones, sobre las que ahora no me voy a extender, que hacen muy discutible incluirlas en esa categoría).

Efectivamente, la participación es considerablemente menor que en las elecciones legislativas y el comportamiento de los electores no se encuentra determinado, en este caso en mucha menor medida que en las elecciones municipales o regionales, por factores específicos de esa elección (tales como actitudes, opiniones, información sobre temas europeos). Y también un cierto número de votantes utiliza estas elecciones para experimentar, equilibrar, castigar o advertir a las fuerzas políticas que votan en las elecciones legislativas, aunque este voto diferencial alcanza un porcentaje considerablemente menor que en las elecciones locales o regionales. Por ejemplo, en las elecciones europeas del 89 sólo un 7% de los votantes se decidieron por una opción distinta a la que habrían elegido si en aquel momento hubieran tenido que votar también en unas elecciones legislativas. Ese porcentaje es sólo algo superior en otros países comunitarios, siempre con la excepción de Dinamarca.

Aunque las elecciones europeas sean unas elecciones menores, no por ello dejan de tener consecuencias que en ocasiones son extraordinariamente importantes. Dado que los partidos orientan estas elecciones desde y hacia la política nacional siempre con algunas distracciones sobre la cuestión europea y que el voto se decide con referencia a los problemas políticos nacionales, es inevitable que los resultados de las elecciones tengan consecuencias sólo para la política doméstica. El impacto de los resultados puede ser muy distinto, y siempre dependiente de la intensidad de los problemas que en ese momento afronten el sistema político nacional y los propios partidos políticos. En España la importancia de los resultados de las elecciones Europeas ha ido in crescendo: en 1987 pasaron inadvertidas, en 1989 determinaron la convocatoria de elecciones generales anticipadas, al considerar el PSOE que la proyección de los resultados europeos les valdría en las generales una tercera mayoría absoluta. Y en 1994, bien pueden volver a decidir la convocatoria de elecciones legislativas, ahora por razones muy distintas a las de 1989.

Integración europea y legitimidad democrática: el debate necesario

El tratado de Maastricht implica un salto cualitativo de gran magnitud en la integración europea. Ha significado dar dos vueltas de tuerca a ese proceso, reconduciendo el sendero neofuncionalista por el que circulaba la configuración de la Comunidad hacia un camino que tiene muchos riesgos de desembocar en un modelo centralizado, burocratizado, y con problemas de legitimidad muy superiones a los que ha venido teniendo hasta ahora. El déficit democrático en la integración europea ha constituido en realidad un problema marginal, en la medida en que los asuntos cuya competencia recaía en el ámbito comunitario eran sólo de importancia relativa, y sobre todo, en tanto que se mantenía la regla de la unanimidad. La extensión de las competencias de la Comunidad recogidas en el Tratado de Maastricht y la ampliación de las materias que podrán ser decididas por voto mayoritario (bien es cierto que de importancia todavía menor) confieren una mayor relevancia al asunto de la legitimación democrática del poder del Gobierno de Europa que irá incrementando su importancia en la medida en que el Tratado de la Unión vaya desarrollándose.

En 1996 está previsto que tenga lugar una Conferencia intergubernamental con el objetivo de evaluar y revisar el funcionamiento del Tratado de Maastricht, y en la agenda de la reunión ocupa, también, un lugar preeminente, debatir la posibilidad de llevar a cabo una profunda reforma institucional que tendría como una de sus principales consecuencias ampliar muy notablemente los poderes del Parlamento Europeo. Son muchos los argumentos que plantean dudas más que razonables acerca de que una reforma en esa dirección resulte aconsejable. Pero si hay que destacar alguna razón yo señalaría aquí la inexistencia de una opinión pública europea, instrumento indispensable para el control de todo Gobierno. En esa situación, la imposición de las decisiones del Parlamento Europeo a los países comunitarios crearía graves problemas de legitimidad. Parece más sensato afrontar la cuestión del principio de legitimidad democrática de la Unión Europea esencialmente dentro del ámbito de los Estados nación. Pensadores como Dahrendorf y François Furet han llegado incluso a proponer que el Parlamento Europeo sea elegido indirectamente por los parlamentos nacionales.

Con alguna frecuencia he oído afirmar que la inexistencia de un pueblo europeo no es óbice para construir un Estado europeo. Según este razonamiento primero se crean las estructuras y luego se desarrolla el demos. El argumento parece un buen ejemplo sobre los riesgos que siempre acechan a los sueños de la razón como en forma tan magnífica expresara plásticamente, hace ya casi dos siglos, el pintor de Fuendetodos.

La «cuestión» europea apenas ha sido debatida en España. La integración europea ha funcionado como un mito y por tanto sin posibilidad de ser discutida. El horizonte de la Conferencia de 1996 constituye una magnífica oportunidad para recuperar el tiempo perdido e introducir la dimensión europea en el debate político nacional.