Entrevista Iñigo de Oriol e Ibarra

1. ¿Desde su subsector, cuáles son las carencias de planificación estratégica que tiene el PEN?
2. ¿La opción gasística por la que se define el PEN es real?
3. ¿Por qué es un error, que habrá que rectificar en el futuro, el mantenimiento de la moratoria nuclear?

1. En líneas generales, en lo que se refiere al Sector Eléctrico estamos de acuerdo con el PEN que en estos momentos se encuentra en discusión en las Cortes; sin embargo, junto a valiosos aciertos, presenta varias carencias significativas, y no sólo desde el punto de vista de la planificación estratégica.

Pero, puesto que su pregunta está orientada hacia los temas estratégicos, creo que hay dos comentarios especialmente llamativos.

El primero se refiere a que el PEN se aleja de lo que la Comunidad Económica Europea entiende que son las líneas maestras de su política energética. Cuando, por un lado, se están dando pasos que la propia Administración califica de irreversibles hacia la Unión Política, por otro se argumenta, como se ha hecho, que no se pueden tener en consideración las políticas comunitarias porque no están definidas, lo que es arriesgado.

El PEN en discusión no se enfrenta con decisión a los temas básicos del sector de cara a una Europa a la que debemos acercarnos con competitividad.

Hay temas que no se abordan adecuadamente, temas que por otro lado son fundamentales para el sector. Así podemos citar el tratamiento del carbón nacional, la moratoria nuclear, los costes del gas, el tratamiento económico financiero, etc.

2. Técnica y económicamente, la opción nuclear continúa siendo válida, al igual que desde un punto de vista medioambiental es claramente positiva. Pero es que, además, esta ventaja, que yo me atrevería a calificar de social, se va a traducir, también, en una ventaja económica, por cuanto la Comunidad, y España como miembro de pleno derecho, acaba de aceptar la necesidad de imponer lo que se denomina «impuesto ecológico», que, aun sin precisar la modalidad de imposición, afectará a los niveles de emisión de CO₂ primando, por tanto, la opción nuclear.

Sin embargo, he decir que la opción nuclear responde a una decisión política que aceptamos, advirtiendo que esta decisión in- volucra unas inversiones que, por lo que respecta a Iberdrola. superan el medio billón de pesetas, exigiendo, en consecuencia, una solución urgente en razón del impacto que tienen sobre la marcha de la empresa, sobre las propias tarifas y sobre la capacidad de realización de nuevas inversiones.

Finalmente, indicar que la terminación de Valdecaballeros es compatible con un mayor peso específico del gas.

3. La pregunta tiene dos vertientes marcadamente diferentes. Antes me ha preguntado por las carencias estratégicas. Pues bien, ahora tengo que decirle que la opción gasista es un claro acierto del nuevo PEN.

En este sentido, la respuesta debe ser necesariamente positiva. Cuando la participación del gas en los balances energéticos de los países industrializados se encuentra próxima al 18% y la de nuestro país es escasamenbte del 8%; cuando, además, las reservas mundiales de gas son enormes y están razonablemente distribuidas entre los distintos países, una apuesta decidida por la gasificación está plenamente justificada.

Pero una vez dicho esto, hay que analizar si el esquema adoptado para la puesta en práctica de esta opción es el más adecuado, y hay necesariamente que decir que existen dudas razonables.

Y existen dudas razonables de que el gasoducto a través del Estrecho y de los países del Magreb sea, en primer lugar, técnicamente posible en los plazos definidos en el PEN; en segundo lugar, de si económicamente es la mejor de las alternativas, y en tercer y prioritario lugar, de si el origen del gas y el trazado del gasoducto añaden seguridad de suministro suficiente como para apostarlo todo por esta alternativa.

A este respecto, me gustaría señalar que yo preferiría tener consolidada la interconexión por Europa, e incluso duplicarla, solución ésta que, además de ser ciertamente más económica, incluye una componente de seguridad de la que, desgraciadamente, creo que carece el proyecto «Al Andalus».

Por otro lado, el PEN no ofrece datos cuantitativos de los costes del gas que permitan hacer una evaluación económica adecuada.