Energía. España, atenazada

Se podría decir que las consecuencias del acierto o desacierto en el diseño de una política económica dependen, básicamente, de la distancia que haya desde el punto de partida al de «no retorno» y del volumen de recursos, humanos y económicos, que sean necesarios entre uno y otro punto. Así, la opción por una política compensatoria, cuando la primera crisis del petróleo en 1973, culminó en el caos económico de 1977, con un desequilibrio exterior insostenible y unas tasas de aumento de la inflación y de los salarios, en términos anuales, del orden del 25%. Algo parecido podría decirse —desde un punto de vista estructural— de la política económica que pone en práctica el PSOE al llegar al poder en 1982, que, con la excepción del conjunto de medidas de Boyer en 1985 y pocas más, sigue las líneas socialistas del Estado de Bienestar.

Esas líneas de forma resumida podrían esquematizarse así: presión fiscal indiscriminadamente creciente sobre las rentas; gasto público imparable, al considerar premisa ideológica la prestación de servicios públicos por el Estado, casi en exclusiva (los asalariados del sector público han pasado de 1,5 millones a comienzos de la década a 2,1 en el año actual), y resistencia a aceptar el principio de la eficaz reasignación de los recursos —tanto en la reconversión industrial como la crisis bancaria— trasladando el coste de las mismas al conjunto de la sociedad por la vía del pacto y del consenso. Con tal lentitud, además, que en el terreno industrial siderurgia, fertilizantes, textil, naval, carbón, etc. se nos ha agotado el tiempo, al menos en el sentido de que Bruselas nos está poniendo límite a las ayudas estatales. En medio, el Gobierno socialista impuso con su mayoría parlamentaria en 1984 un Plan energético que ha producido más costes que beneficios; y, como colofón, nos encontramos a las puertas de 1993 con una imposición sobre las rentas del trabajo y del capital que, como reconoce el propio Instituto de Estudios Fiscales, no es competitiva con las comunitarias.

El PIB

Pues bien, cuando falta menos de un año para que se cumpla una década de Gobierno socialista, nos amenaza con un proyecto de Plan Energético Nacional (PEN) que puede dejar pequeños todos los lastres y desajustes económicos que ha introducido en la modernización del tejido de la economía española —y en definitiva en su competitividad— la política económica del PSOE. Esta afirmación ni es pesimista ni es infundada. Es, simplemente, realista. En el gráfico que acompaña estas líneas, el lector podrá comprobar los graves problemas que evidencian los datos reales de nuestra economía, tanto en sus fases de alto crecimiento como en las de menor actividad que estamos viviendo ahora. El gráfico fundamental es el que registra la evolución del producto interior bruto real español en comparación con el correspondiente a la media ponderada de los países cuyas divisas se encuentran en la banda estrecha del SME: a mediados de 1991 nuestro crecimiento económico real era prácticamente idéntico a la de la media de estos países.

EL PEN español -que va a condicionar la producción y la demanda de las necesidades energéticas españolas- se mueve en una línea claramente distinta, en algunos aspectos opuesta, a la flactor del PIB, que constituye la medición que han diseñado o están diseñando los países más industrializados del mundo.

¿En dónde está entonces el drama de la economía española? Sencillamente en el demás realista y representativa de la inflación que padece una economía. Ello es lo que explica que la tasa de crecimiento del PIB español, en pesetas de cada año, se encuentre mucho más separada de la tasa de variación real que en el caso de los países del SME. El gráfico inferior no hace más que registrar una de las causas fundamentales de los desajustes entre los datos monetarios y los reales: la elevada tasa de crecimiento de los costes del trabajo por unidad producida. Digamos finalmente, en esta breve radiografía, que la situación en 1991 es bastante peor, en términos macroeconómicos, que la de 1988; ya que si bien la distancia que separa las tasas del PIB nominal y de los costes unitarios del trabajo entre España y el SME se ha reducido, el crecimiento económico real se ha igualado, debido exclusivamente a la caída de la tasa de crecimiento real de la economía española. Por lo que se refiere al deflactor del PIB estamos hoy como hace cuatro años.

Consumo total de petróleo y de productos petrolíferos por unidad de PIB a precios de 1985 (*)

Volúmenes

FUENTE: Estadísticas Energéticas de la AIE y cuentas nacionales de Eurostat.

(*) Base: 1972 100. Mil toneladas equivalentes de petróleo por mil millones de PIB expresado en términos de paridad de poder adquisitivo.

Irracionalidad

En este contexto, a pinceladas por razones de brevedad, es en donde hay que enmarcar el nuevo Plan Energético Nacional. En otros artículos encontrará el lector un análisis detenido del mismo que nos ahorra descender a los detalles. Pero sí es necesario hacer dos afirmaciones que, en mi opinión encauzan el contenido de esos artículos: primera, el PEN español que va a condicionar la producción y la demanda de las necesidades energéticas españolas- se mueve en una línea claramente distinta, en algunos aspectos opuesta, a la que han diseñado o están diseñando los países más industrializados del mundo; y segunda, la hipótesis de partida del PEN produce una mezcla de estupor y de perplejidad porque consiste, nada menos, en suponer que los precios del petróleo y del gas no van a experimentar variaciones importantes en la década de los noventa.

Nos encontramos de nuevo, por tanto. ante una decisión fundamental, que en vez de apoyarse en criterios técnicos y de racionalidad económica, lo hace en las exigencias ideológicas sobre la materia del Partido Socialista Español. Se repite así la oposición irracional a la energía nuclear que conocimos en 1984, que condujo a la moratoria nuclear que estamos viviendo. No se le oculta a nadie que el contenido del PEN actual es el resultado de una fortísima y despiadada lucha entre distintos sectores del PSOE. Los ministros económicos más directamente responsables, Aranzadi y Solchaga, saben muy bien que el PEN para los 90 es un contrasentido. Pero, una vez más también, el presidente González se niega a hacer frente al problema y cede en una cuestión que hipotecará empresas y sectores en el futuro y, en definitiva, el conjunto de la economía nacional. En el fondo, una falta de seguridad y de decisión política; porque esto fue también lo que llevó a ceder en el caso de la central nuclear de Lemóniz. al margen de que su emplazamiento fuese o no el adecuado.

Coste

Naturalmente, las consecuencias terminamos pagándolas los españoles. En el caso del recibo de la luz, el 3,45% de la facturación total de las empresas eléctricas se destina a hacer frente a los gastos financieros no a la amortizaación del capital invertido- derivados de la moratoria nuclear, que afectan a Lemóniz I y II, Trillo II y Valdecaballeros I y II. Si a esto se une la enorme intervención estatal que padece el sector eléctrico tanto en lo que se refiere a las fuentes de producción como a las tarifas —algo que se ha visto agravado últimamente con el crecimiento de ENDESA, que va camino de copar la mitad del mercado nacional y. además, en una situación de privilegio—, no tiene nada de extraño que el precio de nuestro kilovatio industrial, por ejemplo, duplique al francés, y que el precio de la electricidad que pagamos los españoles sea, con la excepción de Portugal, el más caro de la CEE.

Según estudio de la eléctrica francesa DEF, tomando el precio de la electricidad francesa como 100 para el año actual, el español se sitúa en 131; y eso teniendo en cuenta que la incidencia fiscal en ese precio alcanza en España sólo un 12%, mientras que en Alemania y Francia lo hace en un 24% y en un 23%, respectivamente, en Holanda en torno al 18% o en Bélgica en un 17%. Esta incidencia fiscal sólo es menor en el caso de Portugal y de Luxemburgo y es nula en el caso del Reino Unido.

En otras palabras, tanto el precio de la electricidad que pagamos los consumidores domésticos como el que pagan los consumidores industriales está muy lejos de ser competitivo con los países de la CE. Es verdad que, de momento, no está a las puertas el mercado único energético, tanto por la oposición de algunos gobiernos como de bastantes empresas; pero seamos al menos tan realistas como el presidente de Sevillana, que no dudaba en afirmar que, al final, «habrá mercado único energético».

En el documento elaborado por el Partido Popular —en el que analiza y critica el PEN para los noventa del Partido Socialista— se afirma que el recibo de la luz se incrementaría en un 25%. De este porcentaje 10 puntos se destinarían a financiar la moratoria nuclear; otros 10 a la repercusión de las inversiones en distribución, al mayor coste del kilovatio generado con gas, al precio del combustible y a la amortización de las infraestructuras gasistas; y los otros cinco puntos a las inversiones necesarias para cumplir las normas anticontaminación de la CE.

Dependencia exterior

Por si todo esto fuera poco, el peligro más grave, ya que nos somete a una incertidumbre evidente y gravísima, es que el suministrador prácticamente único del gas natural, sobre el que pivota el nuevo PEN, es un país políticamente tan inestable —nadie sabe qué ocurrirá con su régimen político, cuyas tensiones están en la prensa todos los días— como Argelia, teniendo que recibir los suministros a través de un gaseoducto que pasa por Marruecos. Pero, además, hace ilusorio esperar una reducción de nuestra dependencia exterior del petróleo. El cuadro adjunto no admite réplica sobre el fracaso de nuestra política energética.

También aquí nos llevará el nuevo PEN en una dirección contraria a la que registran los países más industrializados en los últimos veinte años. El consumo petrolífero por unidad de PIB es un exponente clarísimo de esa demencial política energética que hemos seguido en España.

Creo que ya es hora de que se imponga el realismo. La economía española ha perdido puesto en el ranking mundial y todavía ha perdido mucho más en términos de competitividad. El PIB «per cápita» de los españoles, a precios y patrón de poder de compra corrientes, se situaba en 1990 en 76.2 —tomando como base 100 la CE de doce países—. Por debajo de nosotros sólo estaban Irlanda y Portugal. Entre 100 y 112 se encontraban Italia, Holanda, Francia, Alemania Federal y el Reino Unido. La Comisión de la CE extendía el análisis a Japón y Estados Unidos, cuyos índices se situaban, respectivamente, en 117 y 152. Estos datos no se deben separar de la tasa de actividad de la población en edad de trabajar, es decir, el porcentaje de población activa total sobre el grupo poblacional en edad legal de trabajar. En 1990, España e Italia situaban su tasa de actividad en torno al 60%; Francia en el 67%; Alemania en el 69%; Japón en el 74%, y Estados Unidos en el 78%. Piensen cuál sería nuestro porcentaje de desempleo si subiese 8 o 10 puntos nuestra tasa de actividad para acercarse a las del resto de los países comunitarios. No pensemos ya en el Reino Unido, cuya tasa se situaba, también en 1990, en el 80%.

Repito que no nos debemos llamar a engaño respecto a nuestra integración en la CE y al mercado único. Dada la estructura, los desajustes, el grado de competitividad y los sistemas fiscal, laboral y financiero españoles, sería suicida que creyésemos que no vamos a tener en esos campos problemas similares a los que hemos tenido en la evolución de nuestras importaciones y exportaciones de mercancías, desde nuestro ingreso en la CE en 1986. El problema es así de sencillo: la penetración comunitaria en España ha sido más intensa que la de España en la CE. Según datos del Servicio de Estudios del BBV, entre 1985 y 1990, las importaciones españolas procedentes de la Comunidad crecieron un 183,4% —casi un 17% anual acumulativo—, mientras que las exportaciones españolas a la CE lo hicieron en un 82,8%, es decir, a una tasa anual acumulativa del 12,8%. Por ello, mientras en 1985 el porcentaje de cobertura de las importaciones españolas procedentes de la CE por las exportaciones a la misma- se situaba en el 114,4%, en 1990 había caído al 73,8%.

Pues bien, este proceso, que si bien perjudica a la mayoría de las empresas, beneficia al consumidor que no esté desempleado, no merece ni ser considerado en comparación con las negativas consecuencias que soportará la economía española si se hace realidad la política energética contenida en el PEN: aumentará nuestra dependencia exterior; estaremos en manos de Argelia y Marruecos; importaremos energía de Francia por un valor similar al de la inversión que exigiría una central nuclear; continuaremos estando más sometidos que ahora a los sobresaltos e incertidumbres que se derivan de la evolución de los precios petrolíferos; seremos menos competitivos que ahora en un «mercado único energético», y la dificultad —si no la imposibilidad— de una energía más barata, bien alimentará por todo el entramado económico nacional una tendencia alcista de los costes y de los precios o bien impedirá reducirlos. El Gobierno socialista debe ser consciente —que mire a Suecia o a Alemania, por ejemplo— de que se encuentra ante una gran responsabilidad histórica.