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Ver productos1 May 1990 - 3min.
El Parlamento español parece decidido a sustituir el actual Estatuto de la Radiotelevisión pública por otro nuevo. Su inadecuación ha quedado patente después de varios años de vana aplicación y nadie discute que es necesario reemplazarlo.
Los bondadosos efectos que previeron los redactores de la norma vigente no han sido confirmados por los hechos como lo demuestra la magnitud e insistencia de las disputas entre los partidos políticos sobre el uso y el abuso del monopolio dirigido desde que se promulgó. Por lo demás, los mismos principios que sirvieron de base a la reglamentación de una televisión pública, monopolística y que inspiraron a los redactores del Estatuto hoy día han quedado, tanto conceptual como técnicamente, inservibles. En España contamos ya con una regulación, aunque tímida y limitada, de la televisión privada, que no fue prevista al elaborar aquella norma. Por otro lado, el espectacular desarrollo de la tecnología televisual y, más concretamente, del satélite, el cable coaxial y la industria videográfica, han acabado de convencer, incluso a los más contumaces, de que también por razones técnicas es inútil tratar de poner puertas al campo de la televisión.
No obstante, la situación española actual no deja de ser un modo, más generoso pues la fuerza ahorca, de poner puertas a una renovación tecnológica cuyo impulso viene demostrando que posee un vigor capaz de derribar cualquier barrera por difusa y sutil que sea.
Con el telón de fondo de este progreso incontenible de la industria audiovisual y en una escena más inmediata de un próximo debate parlamentario destinado a elaborar un nuevo estatuto de la televisión pública obligado a adaptarse a esas cambiantes circunstancias, NUEVA REVISTA ha tratado de conocer los puntos de vista de los protagonistas más directamente afectados por la batalla política que va a librarse y la aventura tecnológica que debería condicionarla. Con objeto de mantener la imparcialidad en el presumible conflicto de intereses que puede congregar esa regulación, ha confiado a un profesional de la información televisual que exponga el núcleo de la trama objeto de discusión y a diversos especialistas cualificados en las distintas áreas de la comunicación y de la industria audiovisuales que expresen sus particulares enfoques y expectativas.
introduce el debate y plantea la necesidad de un control público, que no es control del Estado, sino de la sociedad. Pide a las televisiones una actitud responsable.
cuenta la experiencia francesa. Hubo una época de mala información y buenos programas: ahora todo anda igual de mal.
explica que la televisión pública alemana posee una buena infraestructura. Pero en un futuro próximo habrá cuatro grandes televisiones, dos de ellas privadas.
describe la situación norteamericana, con normas más estrictas que la española, pero a la vez más libre. Con ellas no se habrían autorizado las televisiones privadas de España.
analiza el estatuto español vigente y su aplicación. Por una parte se habla de una «participación limitada» en el mercado publicitario, y por otra se alcanzan las cifras proporcionalmente mayores del mundo.
apunta hacia el futuro, la televisión de alta definición. En Europa se opera con prudente realismo, que no está exento del riesgo de una dependencia, que no decrece, de Norteamérica, igual que en los programas.
expone una nueva oferta, que aparece en el mercado televisivo: el vídeo comunitario. El canal 18 es un hecho con una audiencia estimable y gran potencial de crecimiento.
examina desde una postura liberal los modelos posibles: televisión estatal o de gobierno; televisión pública, independiente del Estado, y televisión comercial, así como las combinaciones entre ellas.