Corona, Parlamento, partidos y autonomías o los cuatro elementos del Estado

Hubo Corona desde el primer día y, a su amparo, partidos y elecciones al año y medio y, por fin, una constitución al cumplirse tres. Hasta las nuevas comunidades territoriales empezaron a existir y a funcionar en forma preautonómica durante el período constituyente. La operación salió bien en sus líneas maestras, porque fueron simultáneos el diseño y la realización, y los hechos precedieron a las normas. Cuando llegaron las leyes estaban ensayadas.

Quince años después, ¿cuál es la salud política del sistema y de sus elementos capitales?

En amplios sectores de la sociedad y de la opinión (no sólo de la publicada sino de la pública), se advierte un desasosiego quizá más extenso que profundo, pero que responde a una realidad. Se extiende el descontento en los medios obreros y en los empresariales, en la escuela, en los periódicos, en las conversaciones, en la calle. Muchos sienten desapego de las cuestiones de interés general o una pasiva indiferencia que podría traducirse en cotas de abstención que erosionaran la representatividad de unos comicios.

La fuerza política y moral de la Corona

La Corona —y no sólo su titular como numerosos españoles pensaban al principio— goza de un aprecio casi universal, y está, por así decir, integrada en el paisaje de la política y del pueblo. El menor atisbo de una falta de respeto molesta a mucha gente.

La institución monárquica funciona como un nexo con la historia y una referencia de presente que garantiza y representa la identidad nacional

La institución monárquica funciona como un nexo con la historia y una referencia de presente que garantiza y representa la identidad nacional. Se ha hecho un lugar en la vida del Estado y en la del país. Si el Rey está unas semanas retirado por un accidente deportivo, se le echa en falta. La fuerza moral —y política— de la Corona es mayor que al empezar. Y no sólo por el 23-F, que es ya una fecha muy antigua, sino por los demás días de todos estos años.

Los retos de las Autonomías

Las Comunidades autónomas suman diecisiete y estaban ya trazadas al aprobarse la Constitución. No son todas iguales ni tendría sentido que lo fueran, pero pueden y deben alcanzar un grado de homogeneidad mayor en cuanto a sus responsabilidades políticas, de modo que se superen los presuntos agravios comparativos, que agitados por políticos y partidos son una fuente de malestar social.

Pero los dos retos principales que tienen ante sí las Autonomías son el de su propia administración y la coordinación con el conjunto del Estado. No se trata de que los gobernantes territoriales tengan más poder o dispongan de mayores presupuestos, sino de que, más pegados al terreno, presten un mejor servicio, sin que la afirmación regional —nacional en ciertos lenguajes y casos— conduzca a parroquialismos de aldea.

Existe una impresión bastante generalizada de que el nuevo sistema de administración pública es menos práctico, más caro y también más provinciano en el sentido negativo de este término. Los viejos cuerpos de funcionarios reclutados por oposiciones o concursos nacionales están cobrando un prestigio que antes no se les reconocía.

Pero la necesaria coordinación de la administración territorial es una responsabilidad política de los grandes partidos nacionales. En definitiva, entre populares y socialistas gobiernan quince de las diecisiete comunidades. Los pactos autonómicos no deben limitarse a la enunciación de competencias, sino que han de alcanzar a los principios y a la técnica de la gestión.

Los casos de Cataluña y del País Vasco difieren de los otros, pero no por motivos históricos sino políticos. Histórica es por igual toda la península desde hace más de dos mil años

Los casos de Cataluña y del País Vasco difieren de los otros, pero no por motivos históricos sino políticos. Histórica es por igual toda la península desde hace más de dos mil años. Pero en esas dos Comunidades existen partidos territoriales —los nacionalistas— que son gobierno o parte de él. Lo cual introduce en el diálogo autonómico otros interlocutores cuya naturaleza y vocación, así como sus intereses políticos, son distintos.

En una palabra, faltan todavía tiempo y experiencia para ultimar la organización del Estado llamado de las autonomías. Pero eso es desarrollo constitucional y ha de realizarse por consenso.

Críticas al Parlamento

La opinión pública española parece descontenta y quejosa del funcionamiento de las Cortes Generales. Los medios de comunicación suelen ser muy severos con ellas y con sus miembros. Se piensa y se escribe que el Senado es una cámara superflua y que el Congreso de los Diputados sirve para poco, porque ni el gobierno lleva a él los asuntos de interés público actual, ni la oposición acierta a plantearlos.

Las críticas se extienden a los partidos y a sus más significados dirigentes: se les acusa, siempre, de vivir de espaldas a la realidad, preocupados por la política pequeña y las llamadas luchas por el poder en sus respectivas organizaciones y en las entidades que administran, desde el gobierno de la nación hasta los municipios noticiables.

Las críticas se extienden a los partidos y a sus más significados dirigentes: se les acusa, siempre, de vivir de espaldas a la realidad, preocupados por la política pequeña y las llamadas luchas por el poder

Por una extraña paradoja, esa misma opinión pública acepta el régimen parlamentario y lo respeta en abstracto como no había ocurrido en España desde los días de Cánovas y de Sagasta. (No hay que olvidar que en la Segunda República el antiparlamentarismo llegó a ser una moda en la derecha y en la izquierda, y que en 1923 fue ampliamente mayoritario el aplauso a Primo de Rivera cuando cerró los hemiciclos).

El mapa de los partidos políticos ha experimentado cambios importantes desde los días de las primeras elecciones y los albores de la transición. Las fuerzas del centro-derecha no se han recuperado todavía del todo del monumental batacazo de principios de los ochenta.

Se hace difícil pensar que los populares, que ocupan ese espacio en solitario después de la evaporación del CDS, lleguen a ser en plazo breve el partido más votado del país. La gran inflación izquierdista del 82 no ha remitido todavía, a pesar de lo acaecido en el mundo en estos años y los desplazamientos hacia la derecha de la opinión pública y de los gobiernos europeos. Pero ya los populares muestran las hechuras de una alternativa: gobiernan en siete de las diecisiete Autonomías y son minoría mayoritaria en la de Madrid, más un apreciable número de municipalidades grandes.

Lo más significativo es que entre los dos partidos principales ocupan las cuatro quintas partes del Congreso de los Diputados y una proporción mayor en el Senado. Más altas son todavía las participaciones porcentuales del partido del gobierno y el de la alternativa en el conjunto de los electos regionales y locales.

Estas consideraciones sobre los partidos mismos, sobre el parlamento y las autonomías son suficientes para mostrar con el resplandor de la evidencia el papel central de los partidos —y concretamente de éstos dos— en el sistema político español. Pero esa no es una peculiaridad española, sino una característica sustancial de los regímenes democráticos.

Lo que ocurre es que los partidos no están llamados simplemente a estar, sino a proponer, a convencer y a guiar.