Coincidencia de críticas: se pide el cambio de política económica

La coincidencia en un corto espacio de tiempo de tres duras críticas a la política económica del Gobierno socialista, realizadas por los presidentes de Banesto y de la AEB y por el profesor Fuentes Quintana, han sido interpretadas por algunos observadores como un auténtico jarro de agua fría para el Gobierno de Felipe González, y más concretamente para el ministro de Economía, Carlos Solchaga. Tanto Fuentes Quintana como Mario Conde han coincidido en que es necesario cambiar una política económica que ha utilizado las medidas monetarias como arma casi exclusiva para conseguir un ajuste económico, en el que se pudiese fundamentar un crecimiento de la economía sostenido y estable. Por lo que se refiere al presidente de la AEB, José Luis Leal, creo que su principal afirmación se puede sintetizar así: mientras existan los actuales coeficientes que pesan sobre las entidades financieras, estarán en desigualdad de condiciones para competir con las comunitarias.

La verdad es que resulta llamativa la enorme repercusión que han tenido estas tres intervenciones. Casi parece que no tenemos memoria. Desde el Gobierno, por supuesto, desde instituciones públicas y privadas y en comentarios de destacados dirigentes del sector privado se repitió a lo largo de la década de los ochenta —desgraciadamente, hasta con insistencia— que no había alternativa a la política económica socialista. Y esto tuvo lugar tanto en la época de Boyer como en la de Solchaga. Es verdad que hubo instituciones y personas que nunca compartieron ese criterio y que criticaron, desde principios de los ochenta, las líneas básicas de la política económica española; y también lo es que algunas personas que defendieron la no existencia de alternativa —véanse las hemerotecas— ahora están calladas o incluso defienden la inevitabilidad del cambio de política económica.

Déficit público

¿Por qué todo este revuelo? Por varias razones: porque el déficit público, tanto estatal como autonómico o local, se ha disparado hasta el punto de que desde 1987 hasta 1990 ningún año ha quedado por debajo del 3% del PIB; porque el carácter pactado de la reconversión industrial la ha dilatado en el tiempo, ha encarecido su coste económico y social, en algunos sectores no ha conseguido sus objetivos todavía, y desde Bruselas nos dicen que se acabaron buena parte de las ayudas estatales a esa reconversión; porque el ajuste económico basado exclusivamente en medidas monetarias ha hecho que la inversión decrezca en términos reales y que el crecimiento económico se base en el consumo y sólo en una pequeña parte en las exportaciones; porque nuestro sistema financiero en un contexto de libertad de movimientos de capitales y de establecimiento de instituciones financieras comunitarias en nuestro país puede conocer situaciones extremadamente delicadas, y porque la reforma de nuestro sistema fiscal, quizá con la excepción del IVA, está sin hacer, con lo que continuará penalizando el ahorro y favoreciendo el consumo. Y la prueba de fuego de todas estas cuestiones va a comenzar dentro de poco más de un año: en enero de 1993. Nada de lo que se dice en estas líneas es desconocido para los lectores de NUEVA REVISTA prácticamente desde su primer número.

No veo razón para compartir el optimismo del ministro Solchaga cuando estima que si se hace realidad la Europa de las «dos velocidades», España estaría en el primer grupo.

Pues bien, en este contexto, después del inevitable alejamiento de UGT del PSOE, han hecho acto de presencia las escisiones y las luchas dentro del partido, llegando hasta el mismo Consejo de Ministros. El ministro Solchaga se ha dado cuenta que es necesaria una contención drástica del gasto público; sin embargo, el afán del PSOE en atender, casi en exclusiva, los servicios públicos, ha hecho que el gasto que los financia sea excesivamente rígido y les va a llevar a recortar el gasto, precisamente, por el lado más dañino: el de la inversión. Lo difícil ahora es saber en qué partidas y en qué volumen tendrá lugar esa reducción del gasto. Prueba de la confusión existente es que al final de los tres últimos Consejos de Ministros la portavoz del Gobierno calificó en una ocasión los Presupuestos para 1992 de «restrictivos», en otra de «expansivos» y en otra simplemente habló de «recorte del gasto». El propio Gobierno ha elevado el objetivo inicial de déficit de las Administraciones centrales para este año del 0,9% al 2% del PIB. A ello habría que añadir un punto o punto y medio más, procedente de los déficit de las Comunidades y Ayuntamientos.

Aumento

Tampoco esto es una sorpresa. Más de una vez se ha dicho en NUEVA REVISTA que en el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española correspondiente a 1989 se llamaba la atención sobre los aparentes descensos del déficit público, señalándose que en ese año el déficit neutral de la economía española continuaba en niveles similares —entre el 6% y el 7% del PIB— a los de dos o tres años antes. Y así ha sido: en cuanto han caído los ingresos fiscales debido a una menor actividad económica al tiempo que el gasto continuaba creciendo excesivamente, el déficit ha vuelto a rebrotar. Consecuencias: que la deuda del Estado ha pasado entre 1985 y 1990 de 11,4 a 18,7 billones de pesetas y la de las Comunidades Autónomas de 124.000 millones a 916.000 millones entre iguales fechas.

Hay que ser realistas: o se lleva a cabo un cambio brusco en la política económica o el déficit público y el endeudamiento, en sus distintos niveles, continuará creciendo.

Es posible que en estos momentos el déficit del Estado continúe superando la cifra prevista para el conjunto de 1991; y sí se sabe que el endeudamiento de las Autonomías ha pasado de la citada cifra en diciembre de 1990 a 1,1 billones de pesetas en el pasado mes de mayo. Hay que ser realistas: o se lleva a cabo un cambio brusco en la política económica o el déficit público y el endeudamiento, en sus distintos niveles, continuará creciendo.

En otras palabras, continuaríamos avanzando por el camino más dañino para el crecimiento del ahorro y de la inversión privados y para un crecimiento económico basado, fundamentalmente, en la inversión y en las exportaciones. No veo razón para compartir el optimismo del ministro Solchaga cuando estima que si se hace realidad la Europa de las «dos velocidades», España estaría en el primer grupo.

Guilleremo Cid Luna es licenciado en Derecho, Filosofía y Periodismo. Actualmente es director de Información del Instituto de Estudios Económicos.