Cinco horas con Mario

El próximo 8 de abril se celebrarán en Perú elecciones presidenciales y generales. La importancia de estos comicios sobrepasa el marco geográfico de este enorme y dolorido país y adquiere, por las características de los contendientes, trascendencia continental. Dos alternativas se enfrentarán en estas elecciones: por una parte la izquierda marxista y populista (escindida en tres candidatos y otras tantas tendencias) y, por otra, el centro-derecha liberal. La novedad estriba en que por primera vez un candidato de renombre mundial — el escritor Mario Vargas Llosa — encabezará la alternativa reformista, democrática y liberal agrupada en el «Frente Democrático», punto de encuentro de dos partidos tradicionales (el Partido Popular Cristiano encabezado por Bedoya Reyes, y Acción Popular, que dirige el ex presidente Fernando Belaunde Terry) y de un movimiento («Libertad») creado alrededor del candidato hace apenas algunos meses.

De lo que suceda en el Perú en los próximos tiempos dependerá en parte el futuro del continente iberoamericano y no sólo porque en estas elecciones se enfrentan dos concepciones antagónicas del mundo y de la vida. El país atraviesa una de las peores crisis de su convulsa historia y todos los remedios hasta ahora ensayados para curar sus males (desde el cesarismo militar de izquierda hasta el «caudillismo populista») han fracasado estrepitosamente. Si, como todo parece indicar, Mario Vargas Llosa gana las elecciones y se convierte en presidente de la República, la herencia que recibirá será amarguísima: terrorismo y narcotráfico generalizados, inflación récord (3.000 por 100 en 1989), deuda externa elevadísima e impagada (más de 20.000 millones de dólares), corrupción administrativa, descenso vertiginoso de la producción y del consumo (en 1988 el PIB se redujo en un 12 por 100 y lo mismo sucedió el año pasado), aislamiento internacional, desmoralización de los sectores sociales más activos, descontento creciente en el seno de las Fuerzas Armadas y de la Policía, etc. En estas condiciones, la misión de Vargas Llosa se anuncia como casi imposible. Y, sin embargo, parece la única alternativa coherente a una explosión social incontenible, a un cuartelazo sanguinario o a una victoria de la subversión marxista en toda la línea.

Esta larga conversación es fruto de bastantes horas de diálogo en Lima y en otros lugares, dentro y fuera del Perú. La última charla se realizó a mediados del mes de enero, en la casa particular de Vargas Llosa, en las afueras de Lima, un domingo de verano por la tarde cuando el escritor y político tenía tiempo y ganas de explayarse sobre esto y aquello. El tono general de la conversación resultará obligatoriamente familiar: conozco a Mario desde hace muchos años y soy amigo suyo, aparte de un apasionado lector de su obra. A la admiración por su producción literaria se une ahora, inevitablemente, el respeto por su coraje político.

Poder y literatura

ALBERTO MIGUEZ – Lo primero que debo preguntarte, querido Mario, es algo que te resultará tópico y hasta aburrido: ¿qué hace un escritor como tú metido en un lío político tan monumental como este?

MARIO VARGAS LLOSA – Esa pregunta, en efecto, comienza a ser tópica pero no me importa responderla por enésima vez. Yo siempre hice política, desde muy joven: en la universidad, durante mi actividad como periodista y escritor, siempre. Pero naturalmente nunca se me había pasado por la cabeza realizar el tipo de actividad que hago ahora. Jamás pensé en ser presidente de la República. Incluso si hace tres o cuatro años me hubieran sugerido una eventualidad parecida, me hubiese echado a reír. Durante mucho tiempo creí que la mejor manera de hacer política era escribiendo, opinando, interviniendo en la vida social del país o de los países en que viví. Así sucedió cuando vivía en Francia o en España.

A. M. Era, naturalmente, una forma crítica de hacer política…

M. V. Claro, la literatura es uno de los modos que tiene la sociedad para resistir o cuestionar el poder. La auténtica literatura es un rechazo constante, permanente, del orden existente, o, si se prefiere, la propuesta de un orden alternativo. La literatura es, sobre todo, un instrumento de la insatisfacción humana.

A. M. De modo que poder y literatura son incompatibles…

M. V. Más o menos lo son. Si un escritor decide participar en política, debe asumir cierto porcentaje de contradicciones, y una de ellas, tal vez la más llamativa, es esa.

A. M. En julio de 1987, el actual presidente de la República, Alan García, decide estatizar la banca, sin previo aviso ni explicación coherente. ¿Por qué entonces saliste a la palestra pública? ¿Por qué sucumbiste a la tentación?

M. V. La tentación era antigua pero la había rechazado. No me interesaba participar directamente en la vida pública de mi país. Creía que cumplía perfectamente siendo escritor y opinando cuando lo considerara preciso. En un momento dado el presidente Belaunde me ofreció ser primer ministro y después embajador. Lo rechacé. Previamente, a finales de los años setenta, cuando la dictadura militar iniciada por el general Velasco Alvarado estaba en plena disolución, el ex presidente Belaunde (que acababa de regresar del exilio) me había dicho en casa de un amigo común: Mire, usted debe entrar en política. El gobierno militar se acaba y usted debe participar. Hay muchas razones para que considere la posibilidad de ser candidato. Me pareció una propuesta insólita y no la tuve en cuenta. Posteriormente, hice lo mismo con otras ofertas.

A. M. – Hasta que se produjo la matanza de periodistas en Uchuraecay y aceptaste formar parte de la comisión investigadora.

M. V. Entonces acepté. Pensé que aquel drama nacional debía ser aclarado y en la medida de mis fuerzas colaboré en ello. Eso me sirvió además para descubrir un Perú que desconocía, un Perú profundo y tremendo, empobrecido, sin esperanzas, donde la violencia y el hambre hacían estragos….

A. M. Hasta que Alan García decide estatizar todos los establecimientos de crédito. Fue ésa la espoleta?

M. V. Sí, entonces decidí intervenir directamente en la realidad política, tomar parte activa y directa. Hubo una movilización popular impresionante. Yo jamás hubiera creído que un tema de esas características, fácilmente utilizable para todo tipo de demagogias por parte del presidente de la República y sus amigos, podría desencadenar una respuesta masiva tan resuelta del pueblo peruano. Eso me demostró que, pese a la dependencia tan profunda en la que el país se encontraba, en el pueblo había unas reservas a las que se podía apelar para llevar a cabo una gran transformación. Esta experiencia fue decisiva, tanto en el plano personal como político: descubrí una capacidad de respuesta inesperada. Y esto me llevó a colegir que era posible todavía salvar al país de esta postración terrible en que se encuentra desde hace tanto tiempo. Y salvarlo en el sentido de la democracia, de la libertad, de la modernidad.

La cultura estatista

A. M. Yo estaba aquí, en Lima, cuando Alan García decidió, de sopetón, estatizar la banca y asistí a alguna de las concentraciones populares. Lo que más me extrañó fue que la gran mayoría de las gentes que allí estaban no sabían seguramente lo que es un balance o una cuenta corriente. Su relación con la banca y las otras instituciones de crédito era mínima…

M. V. Sí, fue extraordinario. Mira, el Perú — la gente suele olvidarlo con excesiva facilidad — es uno de los países más pobres de América Latina. Con diversos grados de pobreza, lógicamente: pobres que están en una situación verdaderamente crítica, una clase media empobrecida (que nada tiene que ver con la clase media de cualquier país europeo, por ejemplo), un campesinado y un proletariado que vive en condiciones de extrema pobreza… Bueno, pues fue en un país de estas características donde se produjo una movilización popular de cientos de miles de personas en decenas de ciudades y pueblos contra la estatización de la banca. Tienes razón, la gran mayoría de los que salieron a la calle no tenía ningún tipo de vinculación, directa o indirecta, con las instituciones amenazadas. Se trataba de protestar contra esta amenaza, de defender la propiedad privada, que es un principio fundamentalmente democrático. Fue, como te dije, una revelación: me demostró que la cultura socialista, que la cultura estatista, que la cultura nacionalista, que toda la cultura del atraso, del subdesarrollo no había calado popularmente pese a que las élites intelectuales profundamente contaminadas por esa cultura, defensora a ultranza de la misma, decían que sí y se arrogaban el derecho de hablar en nombre del pueblo. Esto me conmovió. Fue entonces cuando decidí actuar públicamente.

A. M. Finalmente la estatización del sistema financiero no se llevó a cabo…

M. V. Claro, fue un fracaso, uno más, de Alan García y sus amigos. Pero es que, además, a partir de aquella decisión nada volvió a ser igual. Los partidos de centro y de derecha, que estaban alicaídos tras su derrota en las elecciones de 1985, revivieron. Pensé, entonces, que en países como los nuestros, donde los problemas son de tal magnitud, un escritor tiene la obligación moral de participar de alguna manera en la solución de estos problemas.

A. M. Y decidiste dejar la pluma o la máquina de escribir…

M. V. No completamente. Sigo escribiendo, aunque mucho menos y seguiré haciéndolo, si es posible, desde la presidencia. Por lo demás, ahora estoy haciendo algo que considero transitorio. Yo tengo una vocación muy fuerte de escritor y reservo un espacio para mi vida intelectual porque considero que uno de los riesgos más grandes que corre cualquier político es precisamente su empobrecimiento intelectual.

A. M. Volvamos a tu compromiso político actual. A raíz de las movilizaciones de julio y agosto de 1987 nace el «Movimiento Libertad», que agrupa a quienes

En países como los nuestros, donde los problemas son de tal magnitud, un escritor tiene la obligación moral de participar en su solución.

comparten contigo una serie de ideas sobre la forma de cambiar la situación y, sobre todo, modernizar el país.

M. V. En aquellas movilizaciones populares participaron, desde luego, militantes y simpatizantes de los partidos del centro y la derecha pero también muchos ciudadanos independientes que se preocupaban por primera vez de lo que estaba pasando en su país. Unos y otros se encontraron en las plazas de Lima, de Piura, de Arequipa, de Ayacucho. El Movimiento Libertad se creó precisamente para darle una forma orgánica a lo que hasta entonces era una abstracción, los independientes. Una vez creado el Movimiento iniciamos un trabajo de acercamiento a las otras fuerzas afines. Fue fácil: las movilizaciones habían creado sobre el terreno una verdadera coalición y surgió el «Frente Democrático».

A. M. —Hubo, sin embargo, problemas de ajuste. Incluso en un momento dado, hace menos de un año, cuando estabas en Europa, anunciaste que renunciabas a tu candidatura porque no se había logrado lista única en las elecciones municipales…

M. V. Sí, hubo problemas. Pero mucho menores de lo que esperábamos. Nadie creía hace año y medio en Perú que el monopolio de la vida política, ostentado por el APRA y los partidos marxistas agrupados en «Izquierda Unida», se iba a terminar. No hay duda alguna de que el «Frente Democrático» es la primera fuerza política del país y que ganará las elecciones. Lo mejor sería ganarlas en la primera vuelta, con mayoría absoluta y lograr también buenos resultados parlamentarios.

A. M. —¿Es posible ganar en la primera?

A. M. —Es difícil, pero posible. Las encuestas nos dan últimamente un 53 por 100 de votos en la primera votación.

A. M. —¿Y el resto de los partidos?

M. V. El APRA y los dos grupos de izquierda («Izquierda Unida» se ha escindido y presenta dos candidatos) no superan el 35 por 100 en las expectativas electorales…

La realidad y el deseo

A. M. —Claro que lo importante para vosotros ya no es ganar sino gobernar y aplicar vuestro programa, algo nada fácil.

M. V. No nos hacemos ilusiones. Todo va a ser muy difícil.

A. M. —Da la impresión de que muchos peruanos confían en que tú tienes la varita mágica para resolver todos los problemas, que cuando tú llegues a la presidencia todo será de color de rosa…

El candidato, acompañado de su esposa Patricia, saluda al pueblo.

M. V. Sí, es un tema que me preocupa. Claro, una de las cosas que a mi juicio está sosteniendo el sistema es precisamente la esperanza depositada en nuestra alternativa, la esperanza en el cambio. Pero por lo que a mí se refiere estoy haciendo un gran esfuerzo para no crear falsas expectativas, que la gente sepa muy bien que es posible cambiar, superar la crisis, pero que todo esto tiene un alto costo, que la situación del Perú es dramática, que el Gobierno actual nos va a dejar un país literalmente en ruinas y que reconstruirlo exigirá un gran sacrificio, compartido, según las posibilidades de cada cual, de modo que aporten más quienes más tienen. Vamos a tener que hacer todos muchos sacrificios. Esto lo estoy diciendo desde el principio, nadie podrá echarme en cara algún día que engañé a mis conciudadanos sobre el costo del cambio, que será elevado. Más bien a mí me han criticado mis propios colaboradores y amigos políticos por ser tan explícito y hablar con tanta claridad respecto al precio de la estabilización. Lo que no se puede hacer es, como tantas veces ha sucedido en nuestros países, decir una cosa, recibir el mandato presidencial y después hacer lo contrario o no hacer absolutamente nada. A eso yo no estoy dispuesto.

A. M. —Dices que aporten más quienes más tienen. En abstracto es una buena fórmula, pero ¿cómo sensibilizar a los sectores que hasta ahora se han aprovechado del régimen de prebendas, de privilegios y sinecuras ofrecidas por el Estado?

M. V. —Por supuesto que hay entre las elites económicas de nuestros países cierta resistencia a la modernización y al cambio. Hay sectores sociales privilegiados que todavía entienden la política económica como un medio para mantener el sistema mercantilista, que es el único que existió en Perú (nunca hubo aquí capitalismo liberal) y que se resisten a la implantación de una auténtica economía de mercado en la que sea la competencia la que decida el éxito o el fracaso de una empresa. Nuestras elites están todavía aferradas en parte al régimen de prebendas y monopolios ofrecidos por el Estado, que se presenta como el gran dispensador del éxito o del fracaso. De todos modos estos empresarios tienen que modernizarse y aceptar que no debe ser el Estado sino los consumidores quienes decidan la viabilidad o no de sus empresas. Es curioso pero en América Latina fueron los sectores populares quienes han defendido permanentemente la democracia, los que llegaron a la convicción de que la libertad económica es un complemento necesario de la libertad política. Y sólo conjugando ambas libertades habrá desarrollo.

A. M. —De modo que los liberales peruanos no están precisamente en los sectores económicos más favorecidos…

M. V. Así es. En Perú hay liberales genuinos, pero no están curiosamente en la elite económica, sino entre los campesinos que luchan desde hace años para que se privatice todas las tierras que fueron colectivizadas por el Gobierno del general Velasco Alvarado. Hay una economía de mercado gracias, precisamente, a los que nosotros llamamos «informales» (en otros países les llaman «economía sumergida»), los vendedores ambulantes, los artesanos, los comerciantes que viven al margen de la ley y que han creado entre ellos un verdadero sistema de libre competencia porque el sistema legal imperante es el del privilegio y el de la prebenda, donde sólo puede tener éxito quien esté cerca u ocupe el poder económico y el político que, a veces, se confunden.

Estabilización y liberación

A. M. —Lo que dices es revolucionario en más de un sentido. De modo que desde la presidencia deberás enfrentarte con esas elites del poder…

M. V. Nosotros hacemos una gran propuesta: la liberalización radical de la sociedad peruana. Lo que pasa es que esta propuesta sintoniza con algo que están haciendo informalmente los pobres de este país desde hace mucho. Estas elites representan los tercos intereses del pasado que nos han precipitado en la gran crisis que actualmente vivimos. En el pueblo hay una intuición de cuál es el camino de la modernidad. Por supuesto que esto no sucede solamente en el Perú. Es extensible a casi todos los países del continente.

A. M. —He oído decir a algunos peruanos que la gran contradicción de tu propuesta está precisamente en que estás proponiendo una reforma liberal radical que va directamente contra los empresarios que son los que apoyan tu candidatura…

M. V. Si tuviera solamente el apoyo de los empresarios peruanos, no llegaría jamás a la presidencia de la República. Representan apenas unos miles de votos. Y yo espero llegar al poder precisamente con varios millones de votos que no serán de las elites económicas o de los empresarios únicamente. Pero cualquier empresario sensato sabe que lo que proponemos es un sistema de libre competencia, de igualdad de oportunidades para todos. Y eso les beneficiará, sin duda, porque serán los consumidores quienes determinen su éxito o fracaso. Los empresarios que voten por mí, lo saben. Así como los obreros que hagan lo mismo saben que estoy a favor de un sistema de flexibilidad en el mercado del trabajo porque ésa es la única vía para generar empleo.

A. M. —Muchos creerán que tu propuesta constituye un atentado contra la estabilidad laboral del país…

M. V. ¿Qué estabilidad? Te voy a dar algunos datos: en los últimos cuatro años se han perdido en Perú unos 500.000 puestos de trabajo. En apenas 12 meses la capacidad adquisitiva de los trabajadores ha descendido un 60 por 100. Este es el sistema que algunos, desde la derecha ciega o desde la izquierda populista y dogmática, quieren defender. Pero los obreros en modo alguno pueden defender esta monstruosidad.

A. M. —Tus adversarios han dicho que el Frente Democrático una vez en el poder despediría a 500.000 personas…

M. V. No sé de dónde han sacado esta cifra porque jamás dijimos nada parecido. No vamos al poder para despedir funcionarios o para echar de sus casas a inquilinos morosos. Lo que queremos es salvar al país de la barbarización en que hoy está sumergido. El único método es produciendo cambios en profundidad. Para ello es inevitable acabar con la burocracia improductiva y parasitaria que constituye un enorme lastre para que el Estado pueda funcionar y que priva al sector civil de todo un mercado. Desde luego vamos a liberar al Estado de esta burocracia, transfiriendo cuando sea posible ciertos burócratas al sector civil que habrá sido previamente estimulado en la medida en que vayamos creando una economía de mercado, lo que se traducirá en la creación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo. Claro que no hay que engañarse: en todos los países donde se ha intentado modernizar el Estado y reducir su gigantismo inútil, hubo que hacer sacrificios. He dicho en muchas ocasiones que se va a hacer lo posible y lo imposible para atenuar los sufrimientos de todos. Pero sería engañar a los peruanos asegurar que no habrá dificultades. Quien diga que a partir de 1990 será posible mejorar la situación económica del país, sin programas de shocks, sin una reforma radical de la burocracia y del Estado es un loco o un mentiroso.

Entre el miedo y la esperanza

A. M. —Esta reforma significará también acabar con los monopolios y con los empresarios que se lucran de ellos….

M. V. Por supuesto. Hay algunos, pocos, empresarios en el Perú y cuanto digo del Perú podría extrapolarse a otros países de América Latina que se lucran con situaciones monopólicas. Esto se va a terminar. Estableceremos un sistema de libre competencia en todos los sectores. Salvo en casos muy excepcionales, los monopolios se van a acabar.

A. M. —Muchas de tus propuestas les suenan a los partidos de izquierda a música celestial. Tu principal oponente en la izquierda, Alfonso Barrantes, acaba de decir que tu programa es el tema central de una novela escrita por quien no conoce la realidad peruana.

M. V. No me sorprenden estos improperios o lo que sean. Vendrán más. Mira, el problema para la izquierda peruana estriba en que en las próximas elecciones las opciones serán clarísimas. El pueblo va a tener que escoger entre dos opciones o entre dos modelos de sociedad radicalmente diferenciados. La elección se hará entre una sociedad democrática y abierta dentro de la tradición reformista, liberal y progresista de Occidente, o una concepción socialista que puedan tener bastantes matices: socialismo radicalizado, marxismo con una planificación centralizada, capitalismo de Estado, colectivismo maoísta, etc. La experiencia que han dejado en la memoria colectiva los experimentos colectivistas es nefasta. E incluso si acaso se intentara un Gobierno moderado dentro de un esquema socialista, la presión llevaría a un agravamiento de lo que ha sido la política estatizante, el intervencionismo del Estado. Ese radicalismo fijaría sin duda la línea dominante en el Gobierno, las reformas serían cada vez más radicales y las consecuencias tremendas. Y finalmente el riesgo de un golpe de Estado…

A. M. —Si la izquierda socialista gana, ¿te parece probable un golpe militar entonces?

M. V. Sí, no puede descartarse porque la catástrofe sería generalizada. Y un dictador militar lo único que produciría es precisamente un baño de sangre porque ninguno de los problemas fundamentales del Perú, que son la pobreza, la incultura, la violencia y el aislamiento internacional, se resolverían.

A. M. —Escuchándote a veces uno tiene la sensación de que la propuesta del «Frente Democrático» es acabar con un Estado ineficaz. Pero, precisamente, una de las características del Estado peruano, según algunos comentan los comentaristas, es que ese Estado casi no existe, sobre todo en algunas zonas del país, donde la subversión o el narcotráfico campan por sus respetos…

M. V. Es que un mastodonte puede ser débil. Y eso es precisamente lo que le ocurre al Estado en Perú: es ineficiente, es débil y es también… enorme, tentacular. Ahora bien, en un país como el Perú, el Estado tiene un papel fundamental: crear una sociedad abierta. En cualquier democracia, junto con la libertad debe coexistir otro principio fundamental, la igualdad de oportunidades. El Estado deberá, en el futuro, acabar con los desequilibrios sociales, económicos y culturales. Pero deben delimitarse los sectores donde el Estado tiene que intervenir: la educación, la salud, la infraestructura nacional, la seguridad, la justicia. Nunca, desde luego, la creación de riqueza. El Estado no puede ser productor porque lo debilita, lo empobrece, le resta recursos para educación, salud, justicia, infraestructuras.

Deuda y violencia

A. M. Hay otro asunto cuya evocación parece inevitable: la deuda externa. Perú, como casi todos los países de Iberoamérica, tiene una deuda considerable (20.000 millones de dólares), impagada y tal vez impagable. El actual presidente de la República, Alan García, decidió pagar solamente los intereses hasta una cantidad equivalente al 10 por 100 de las exportaciones. ¿Qué haréis con ese endiablado asunto?

M. V. Yo creo que también aquí las cosas están relativamente claras. No hay más que dos opciones: o se rompen todos los compromisos como hizo el actual presidente, con las consecuencias que se conocen, o se intenta negociar, renegociar, persuadir a nuestros acreedores con argumentos inteligentes y con pruebas concretas de que estamos dispuestos a someternos a una determinada disciplina financiera. Para desarrollarnos necesitamos apoyo externo, créditos. Y la única manera que los países o bancos acreedores tienen de cobrar alguna vez, aunque sea parcialmente, es apoyar nuestro desarrollo. Obviamente esta deuda no se puede pagar hoy en las condiciones en que fue pactada ayer. Eso lo admiten en primer lugar los acreedores. Pero lo que no se puede hacer tampoco es lo de Alan García, que constituyó una verdadera declaración de guerra a los acreedores, muchos y muy poderosos, y así nos fue. Si un país quiere conseguir créditos y atraer la inversión extranjera debe contar con el aval del FMI. La autarquía es una locura. Si las empresas funcionan, si se crea empleo, si se reactiva una economía que ahora está moribunda, el FMI apoyará nuestras demandas y los acreedores renegociarán fácilmente la deuda. Ahí está el caso de Bolivia, un país con muchos menos recursos que Perú, que ha obtenido recursos financieros, pese a su deuda, porque puso en práctica una política económica sensata.

A. M. ¿Podría imaginarse una estrategia conjunta latinoamericana para el problema de la deuda?

M. V. Sería lo ideal una coordinación de esfuerzos, pero soy un tanto escéptico. Hay que ser mínimamente realistas: las condiciones de cada país latinoamericano son diferentes. No se puede comparar a Venezuela con sus inmensos recursos petrolíferos, con Haití o incluso con Bolivia. Esto dificulta cualquier estrategia conjunta. Tal vez podría intentarse una coordinación general, una definición de la política general frente a la deuda, estableciendo pautas o líneas de actuación pero diferenciando comportamientos y situaciones particulares. Alan García intentó establecer una estrategia homogénea y utópica. Fracasó estrepitosamente, como no podía ser menos. Las estrategias no pueden unificarse porque ni nuestros países podrían hacerlo ni probablemente los acreedores lo aceptarían.

A. M. Recuperar la confianza de los países acreedores no será cosa fácil. Mucho menos conseguir inversiones. Sobre todo si se mantiene la violencia a los niveles actuales. Esto me lleva a preguntarte sobre otro problema clave, el de la violencia política. ¿Cuál es el origen de esta violencia? ¿Por qué el Perú ahora?

M. V. El origen de la violencia política en el Perú es ideológico. No es cierto que sea la pobreza, como se ha dicho muchas veces, el desencadenante de la subversión guerrillera. Los violentos actúan por convicciones sectarias, por elementales o monstruosas que sean: están convencidos de que la única manera de resolver los problemas sociales es mediante una revolución violenta. Estamos ante el viejo mito marxista que en América Latina tuvo gran éxito después del triunfo de la revolución cubana. Los movimientos guerrilleros son todavía expresión de aquella revolución.

A. M. Tú fuiste, junto con muchos otros escritores y artistas de nuestra generación, un entusiasta defensor de aquella revolución.

M. V. Sí, ya expliqué en bastantes ocasiones por qué. La revolución cubana despertó en todo el continente y en muchas otras partes del mundo una enorme esperanza, especialmente en las gentes de mi generación que pasábamos entonces de la juventud a la madurez. Vimos en aquella experiencia algo que después comprobamos que era radicalmente falso: la posibilidad de combinar un cambio social en profundidad con la justicia y la libertad. Pero después, poco a poco, fuimos descubriendo —no lo descubrí yo solo— algo que ahora parece evidente, que el socialismo real estaba muy lejos del ideal y cuál era la naturaleza del socialismo. Esta evolución en mi caso significó una revalorización de la cultura democrática, de la cultura de la libertad que yo de joven, como muchos otros jóvenes, aborrecía y despreciaba. En los momentos actuales, con el derrumbe estrepitoso del bloque del Este y la crisis espectacular en la Unión Soviética, los valores de esta cultura —la tolerancia, la libertad, la igualdad de oportunidades, etc.— están siendo recuperados por gran parte de la humanidad.

A. M. Volvamos al problema de la violencia política y de la subversión. Decías antes que el origen de la violencia no está en la pobreza sino en el sectarismo ideológico.

M. V. Sí. Pero no me entiendas mal: donde hay terribles problemas sociales, grandes injusticias, tremendas desigualdades, el terreno está desde luego abonado para este tipo de doctrinas mesiánicas, milenaristas o como quieras llamarlas. Y ése es el caso del Perú. Pero el origen de estos movimientos es esencialmente ideológico. Debo recordarte, por ejemplo, que en los medios más afectados por la pobreza o la discriminación social no es donde nacen este tipo de movimientos, sino más bien en los sectores medios, intelectuales, universitarios. Es el caso de Sendero Luminoso. Los dirigentes guerrilleros salen de las universidades, no de los sindicatos obreros o de las comunidades indígenas.

La lucha contra la subversión

A. M. ¿Cómo intentarás desde el poder frenar, neutralizar o incluso acabar con la violencia subversiva?

M. V. En primer lugar, dando todo el respaldo necesario a las Fuerzas Armadas dentro de un plan de pacificación del país. Debemos promover la participación de la sociedad civil en esta batalla porque la pura acción militar no derrotará al terrorismo. En este terreno hay ejemplos que deben seguirse; por ejemplo, las llamadas «rondas campesinas» o grupos de autodefensa formados por los campesinos de la región más pobre del país, Ayacucho, para luchar contra los terroristas de «Sendero Luminoso». Esto debe extenderse a todos los sectores de la sociedad, siempre coordinado con las Fuerzas Armadas.

A. M. ¿Los militares peruanos han contado hasta ahora con el apoyo de la sociedad civil para acabar con el terrorismo?

M. V. No, no hubo un apoyo decidido a las Fuerzas Armadas en esta tarea. Hay que promoverlo.

A. M. Un excesivo protagonismo militar en cuestión tan delicada, ¿no promoverá precisamente las tentaciones golpistas?

M. V. Los militares tras la recuperación de la democracia han sido de una neutralidad y discreción ejemplares pese a que han sufrido en su carne las consecuencias del terrorismo en mayor medida que otros colectivos. Pero es que, además, se trata de luchar contra el terrorismo desde la civilidad, desde el Estado democrático. Muchos aseguran que eso es imposible, que al terrorismo sólo se le vence desde la dictadura. En América Latina fueron los sectores populares quienes han defendido permanentemente la democracia, los que llegaron a la convicción de que la libertad económica es un complemento necesario de la libertad política. Discrepo. Y siempre pongo el ejemplo de Venezuela, donde Rómulo Betancourt acabó con el terrorismo promovido por Castro y consolidó una democracia estable. Betancourt asumió aquella tarea como líder civil, como representante de todo el pueblo venezolano. No pasó lo mismo, por cierto, en otros países latinoamericanos donde ciertos presidentes civiles rehusaron ensuciarse las manos en esta tarea y confiaron la responsabilidad exclusiva a los militares. Como consecuencia de ello, los militares una vez que terminaron con las guerrillas, acabaron también con el gobierno civil. Yo me comprometo a asumir mis responsabilidades en este asunto y, si es necesario, ir también al campo de batalla. Un presidente democrático no puede ser neutral en un asunto como éste.

A. M. ¿Cómo mantener la legalidad en un ambiente de guerra civil? ¿Quién controlará a los militares?

M. V. La legalidad es precisamente uno de los factores clave de la lucha contra el terrorismo desde posturas democráticas. Si se renuncia a la legalidad para acabar con el terrorismo, estaremos permitiendo que los terroristas impongan sus propias reglas. Yo exigiré que las Fuerzas Armadas actúen dentro de la ley, pero también les exigiré eficacia. Para ello hay que ofrecerles apoyo.

Terrorismo y narcotráfico

A. M. Terrorismo y narcotráfico parecen haber firmado en algunas de las zonas productoras de coca del Perú (especialmente en el Alto Huallaga) un pacto de colaboración, lo que hace más difícil luchar contra ambas actividades…

M. V. Se trata de una alianza mutuamente provechosa y que dice mucho sobre el carácter ético de ambas organizaciones de delincuentes. “Sendero Luminoso” (y, en menor medida, el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) actúan en estas zonas de protectores de los narcotraficantes y también de los campesinos que cultivan la coca. Pero debo aclarar algo: los campesinos que siembran coca no son narcotraficantes. Si se dedican a estos cultivos es porque no tienen más remedio y para nada serviría quemar los campos de coca si previamente no se ofrecen cultivos compensatorios o sustitutorios.

A. M. Algo que no podrá hacerse sin una vigorosa cooperación internacional…

M. V. Por supuesto. El problema del narcotráfico, sobre todo cuando se plantea desde los países productores, es muy complicado. Una hectárea de coca produce al año unos 10.000 dólares, pero cualquier producto de sustitución (café, cacao, etc.) no llega a los 2.000. El cálculo que cualquier campesino hace entonces es que el riesgo de plantar coca compensa.

A. M. ¿Cómo se rompe este círculo vicioso?

M. V. Hay que armonizar medidas represivas contra el narcotráfico con proyectos de desarrollo agrario. Los países consumidores, sobre todo Estados Unidos y Europa Occidental, no pueden encogerse de hombros y decirnos: “acaben con la producción de cocaína como sea”. Eso no podemos hacerlo solos. Tiene que haber apoyo internacional, tanto técnico como financiero. A los campesinos hay que darles incentivos para que arranquen la coca y planten otras cosas que sean rentables. En Chile, por ejemplo, una hectárea dedicada a productos agrarios de exportación puede dar una ganancia neta de hasta 30.000 dólares año. Claro, eso exige inversiones en tecnología, infraestructura, formación, abonos, etc. Incluso aquí, en el Perú, hay zonas costeras donde se cultivan flores para la exportación y donde la rentabilidad por hectárea se aproxima a la de la agroindustria chilena.

A. M. ¿Debe combatirse al mismo tiempo terrorismo y narcotráfico cuando trabajan juntos?

M. V. Ambos fenómenos amenazan la democracia al intentar constituirse en un poder autónomo que desafía y puede vencer al Estado. En Perú, como antes decías, existe cierta complicidad entre terroristas y traficantes como la hubo también en Colombia y, en menor medida, en Bolivia. Pero en los últimos tiempos y gracias a una política razonable por parte de las fuerzas armadas destacadas en la zona cocalera, los campesinos empiezan a reaccionar y están denunciando a los terroristas, lo que es nuevo. La experiencia que ha llevado a cabo el general jefe de la zona, Alberto Arciniega, es muy interesante. Arciniega ha logrado apartar a los campesinos de los terroristas con este razonamiento: “mi problema fundamental es el terrorismo y mi objetivo principal es acabar con Sendero Luminoso y el MRTA en esta zona. Los campesinos que no son consumidores de cocaína ni trafican con la pasta básica de cocaína, simplemente siembran coca y venden la hoja a los sicarios colombianos o peruanos, siguen cultivando lo que les permite no morir de hambre en espera de que, algún día, puedan sustituir de verdad los cultivos”.

A. M. —En Estados Unidos y en bastantes países europeos se debate la llamada legalización de la droga. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

M. V. —Desde el punto de vista de un país como el Perú y en las circunstancias actuales no tiene siquiera sentido plantearse el problema de la legalización. Un país pequeño, productor de materias primas (entre ellas la coca), que vive de sus exportaciones, no puede darse ese lujo porque automáticamente sería penalizado por los países desarrollados —sus eventuales clientes— y puesto en cuarentena internacional. Claro, desde el punto de vista teórico, incluso legal, es muy legítima cualquier discusión sobre este problema, pero antes de que nosotros podamos entrar en este tipo de reflexiones tendría que haberse avanzado mucho en los países desarrollados, tendría que haber países donde la droga fuese legal, lo que no es el caso. Si eso lo hiciera un país como Estados Unidos, a nosotros, desde luego, nos resolvería el problema, porque la producción y, sobre todo, el tráfico caerían en picado. No es el caso por ahora y parece que en el futuro vaya a ser así. De todos modos nosotros estamos decididos a combatir con todas las armas el narcotráfico porque es totalmente incompatible con el sistema democrático. El caso de Colombia es muy significativo. Allí hemos visto cómo el narcotráfico ha llegado a constituir una especie de Estado paralelo que compite con el propio Estado de igual a igual, incluso con más poder económico. ¿Qué democracia puede funcionar así? El caso del Perú no es tan dramático todavía, pero no podemos permitir que el narcotráfico siga creciendo al mismo ritmo que ha venido haciéndolo hasta ahora. Pero al mismo tiempo creo que hay que ser conscientes de que lo que pueda hacer un país como el Perú sin apoyo internacional para acabar con la producción y el tráfico de drogas, es muy limitado.

A. M. —El Gobierno actual y la izquierda han utilizado unas declaraciones tuyas sobre temas religiosos para descalificarte. “¿Cómo un ateo puede ser presidente del Perú?”, han dicho y repetido en varias ocasiones.

M. V. —Sí, la campaña existe. Mis adversarios políticos han utilizado unas declaraciones mías, desvirtuadas e incluso falsificadas, para desacreditarme en un país que es mayoritariamente católico y con una religiosidad muy arraigada. Yo dije que era agnóstico, jamás ateo. El ateo cree que Dios no existe, el agnóstico se declara incapaz de postular la existencia o inexistencia de Dios. A mí me repugna que se utilicen este tipo de argumentos de carácter personal para obtener beneficios políticos.

A. M. —¿Qué tal son tus relaciones con la Iglesia peruana?

M. V. —Muy cordiales. La Iglesia es una institución que en el Perú tiene un arraigo muy grande, la mayoría de los peruanos son católicos. Además la Iglesia está jugando un papel muy importante en el proceso de pacificación nacional y en la lucha contra la injusticia social y las desigualdades. No soy partidario, por supuesto, de que la Iglesia participe directamente en política o de que se utilice la religión para apoyar o descalificar a alguien políticamente, pero creo que como institución la Iglesia ha jugado y puede seguir jugando un papel muy importante en la consolidación del sistema democrático.

La vuelta del «GRAN BASTÓN»

A. M. En cuanto a los militares, tus relaciones en el pasado con ellos —recuerdo la quema de alguno de tus libros en ciertas instituciones castrenses— no fueron muy brillantes. ¿Y ahora?

M. V. Las Fuerzas Armadas han actuado lealmente desde 1980 cuando se produjo la transición de la dictadura militar a la democracia y se han integrado en la sociedad peruana sin traumas. Su función está clara. Deben defender la Constitución, el orden civil, el Estado de Derecho y, sobre todo, la soberanía nacional. No creo que deban intervenir en política. Lo hicieron ya y fue un desastre. Deben ser modernas y eficientes para que puedan cumplir mejor los objetivos que les señala la Constitución. Deben también actualizar sus tareas y una de ellas tendría que ser la lucha contra el enemigo interno, el terrorismo. Haremos todo lo posible para dotarlas de medios adecuados para ello.

A. M. Recientemente Estados Unidos ha intervenido en Panamá. La sombra del gran bastón parece haber vuelto y la izquierda latinoamericana maneja esta imagen con cierta eficiencia…

M. V. No, a mí eso del gran bastón y del nuevo intervencionismo norteamericano me parece una caricatura de la vieja izquierda latinoamericana que no renuncia a los estereotipos. Yo condené la intervención de Estados Unidos en Panamá porque creo que ningún país tiene derecho a invadir a otro. Pero hay que situar el caso panameño en contexto, bastante excepcional. En Panamá había un poder político y, sobre todo, militar, dedicado al narcotráfico y el jefe supremo era un narcotraficante que había utilizado todos los resortes del poder para introducir droga en Estados Unidos, es decir, para agredir a un país amigo y aliado en uno de los aspectos más delicados de su existencia como nación. Eso lo hizo desafiando a la opinión pública internacional, ofreciendo refugio en su país a los capos del narcotráfico junto con pilotos, rufianes y delincuentes de toda América Latina, utilizando el sistema financiero para lavar dólares, etc. Esta situación excepcional provocó una respuesta excepcional. Yo tengo la esperanza de que ahora que Noriega está ante los tribunales y va a ser condenado probablemente por sus crímenes —de lo cual, por cierto, me alegro mucho— los norteamericanos se retiren de Panamá lo antes posible. Tengo la sensación de que esta intervención lamentable es transitoria. Y que ha servido al menos para acabar con una dictadura más en América Latina. Ojalá los panameños recuperen cuanto antes el régimen civil y democrático. Por lo demás, la Administración norteamericana ha dicho claramente que respetaría los acuerdos sobre el canal firmados por Carter y Torrijos.

La nuestra es una propuesta de progreso

A. M. —¿Qué sensación tienes cuando se dice por ahí que Vargas Llosa es la última esperanza de la derecha en el Perú y en América Latina?

M. V. En realidad nuestra propuesta política es revolucionaria, aunque no me gusta utilizar esta palabra que está prostituida en el lenguaje político. Yo cito a veces aquella frase de Malraux: “¡Qué extraña época la nuestra en la que la derecha no es la derecha, la izquierda no es la izquierda y el centro no está en el medio!”. En el Perú y en América Latina quienes se visten de revolucionarios y progresistas suelen representar a las fuerzas más reaccionarias: los empresarios rentistas, las cúpulas más reaccionarias sindicales, los dirigentes de los esclerotizados partidos marxistas, los burócratas. La nuestra es una propuesta de progreso. El marxismo no solamente ha creado sociedades tremendamente represivas, reprimidas y verticales. Ha demostrado su extraordinaria ineficiencia para generar riqueza, para elevar las condiciones de bienestar de los pueblos. Nosotros defendemos la cultura de la libertad, del cambio.

A. M. —Liberal, demócrata, reformista… ¿sería esa la mejor definición de Mario Vargas Llosa?

M. V. Sí, una de las mejores.

NOTAS

• (1) El APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) fue fundado en México por el entonces joven político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Organización populista y panamericanista, tras muchos años de persecuciones y exilios, APRA llegó al poder en abril de 1985, dirigida por el joven Alan García (35 años, actual presidente de Perú). Desacreditado y denunciado incluso por seguidores, este grupo perdió en cinco años todo el prestigio acumulado en medio siglo.
• (2) General Arciniega fue relevado a finales de enero por el Gobierno sin explicaciones. Comentaristas políticos peruanos aseguraron que su relevo fue impuesto por la DEA (Agencia de Lucha contra la Droga de Estados Unidos). Días antes de su destitución, el embajador norteamericano en Perú, Anthony Quayle, declaró tajantemente que la lucha antisubversiva está ligada a la lucha contra el narcotráfico. En realidad son lo mismo. (Expresa, Lima, 7 enero 1990.)