Tras la caída del Imperio. Los nacionalismos, del báltico a los pirineos

La creación o restauración de cierto número de Estados o la recomposición de fronteras tampoco son una novedad en nuestro continente y en nuestra centuria. Desde la independencia de Noruega en 1905 hasta el 48 ha habido trece (o diecisiete, según se cuente) países europeos que alcanzaron o recuperaron la condición soberana. Tras Noruega se alinean -de Oeste a Este y de Norte a Şur- Islandia, Irlanda, Finlandia, las tres repúblicas bálticas tan de moda ahora, Austria, Checoslovaquia y Polonia (dos veces cada una de estas seis), Hungría, Yugoslavia, Eslovaquia y Croacia (por poco tiempo y durante la II Guerra ambas), Albania, el reino de Bulgaria y finalmente la Alemania comunista, que fue aceptada hasta por el Gobierno de Bonn.

Además de los cambios de límites determinados por las independencias nuevas, sufrieron también desplazamientos en un momento u otro, y no sin algunos vaivenes de ida y vuelta, los confines de estos mismos y de otros países. Así ocurrió con más de una docena de Estados, desde Finlandia a Italia y desde Bélgica a Bulgaria, sin incluir en la lista a la Unión Soviética, cuyas fronteras exteriores e interiores han sido objeto de un baile permanente.

En resumen, para el gran torso central del continente europeo y para algunas zonas de su entorno, las mudanzas de fronteras, soberanías y Estados han constituido una especie de rutina.

En nuestro viejo continente se han producido también migraciones humanas, unas veces espontáneamente en busca de un nuevo clima político o mejores condiciones de existencia, otras obligadas por presiones del poder, y en ciertas ocasiones brutalmente impuestas por la fuerza de las armas en forma de éxodos masivos que parecen impropios del siglo XX, durante el que, sin embargo, tres o cuatro docenas de millones de personas han sido víctimas de ellos.

Europa, un continente,
una cultura

Pero bajo tan compleja y enmarañada situación subyacen y alientan elementos comunes a la cultura de todo el continente, aunque en ocasiones se hallen casi ahogados por el sedimento de las sucesivas agresiones que han recibido a lo largo de los siglos.

En última instancia, Europa se inscribe dentro de un contexto general de cultura cristiana y grecolatina (porque Bizancio es también Roma), cuyas tradiciones y principales valores mantienen su vigencia incluso entre los que han renegado de ellos, como se ha visto recientemente, hasta por televisión, en la Unión Soviética.

Por eso, Europa, como conjunto de realidades sociales y de componentes culturales, tras la liberación de los Estados satelizados por Moscú, las independencias bálticas y las previsibles de los Balcanes, más las que todavía puedan producirse en el interior de la URSS, seguirá siendo lo que ha sido durante siglos como comunidad histórica a lo largo y a lo ancho de todos sus espacios, pese a las discordias civiles.

La novedad de este momento es que podría llegar a ser un continente bien avenido, una vez que ha desaparecido el gran obstáculo que levantó los muros.

La concordia que algunas grandes potencias de entonces intentaron en Viena (1815) y un siglo después se trató de diseñar en Versalles, está ahora al alcance de la mano, si se logra una tregua razonable en los Balcanes y no estallan otras tensiones nacionalistas entre los pueblos subcarpáticos y no nos salpican demasiado las del margen suroriental del Cáucaso.

Las naciones son otra cosa

Los países de Bruselas se verán obligados a reescribir sus proyectos de futuro, aplazando, por lo menos, ciertas pretensiones irreales y casi metahistóricas, al tiempo que es probable que hasta los más empecinados soñadores dejen de aspirar a una «Federación de Estados», como la que se piensa ahora y que fuera algo así como un Estado más grande, con Parlamento soberano, partidos políticos transnacionales, fuerzas armadas únicas, una ciudadanía común, representaciones diplomáticas o comerciales conjuntas y toda suerte de instituciones políticas y legales compartidas.

La unidad alemana había creado ya un desequilibrio en la estructura de los cuatro países de primera fila de la Comunidad, que hasta entonces habían sido casi iguales en población y sensiblemente parejos en riqueza y potencial económico individual.

La previsiblemente próxima incorporación de Austria y de Suecia -y tras ésta la de los demás países nórdicos, más la de Suiza que ya no es imposible, darán lugar a un conjunto de docena y media de naciones que no se pueden gobernar con un tratado y unas instituciones diseñadas para seis de territorio contiguo y de infraestructuras implicadas entre sí. Pero además muy pronto ha de establecerse algún tipo de relación especial con polacos, checos y húngaros, y sin tardar mucho con los bálticos y las naciones ribereñas del Mar Negro, más los Estados o repúblicas que puedan resultar de la crisis sureslava: un total de más de dos docenas de Estados, con dieciocho o veinte lenguas oficiales y poblaciones entre 500.000 y 80 millones de habitantes.

En Europa, en nuestro siglo, ha habido más de doce Estados nuevos.

A alguien se le podría ocurrir que en los Estados Unidos son igual de «soberanos» Delaware y Texas. Pero esa «soberanía» tiene poco que ver con lo que en Europa se entiende por tal. Allí hay cincuenta Estados y una sola nación, con una sola historia, una sola lengua y un solo patriotismo. Aquí habrían de ser treinta naciones con todos esos componentes diferenciados y una «federación» que nadie sabe en qué habría de consistir.

Serán factibles y constructivos convenios amplios y acuerdos generales en numerosas cuestiones de orden político y administrativo, monetario, medioambiental, económico, laboral, profesional, etc., y hasta de orden cultural, algo así como «de cultura más favorecida». Pero sin una verdadera y estricta unidad política a la manera de un Estado o de una nación más grande.

La concordia europea que se intentó en Viena (1815) y luego en Versalles (1918) es posible ahora.

La CE de los doce agrupa a los Estados democráticos del continente europeo que practican la libertad de mercado y están vinculados a la OTAN, con las excepciones singulares y cruzadas de Noruega, que no ha querido Comunidad, e Irlanda, que no pertenece a la Alianza. Pero algunos de esos rasgos distintivos se han extendido ahora a otros países y zonas, mientras que asuntos como el alineamiento, la OTAN, la neutralidad y la «finlandización» han perdido vigencia o han cambiado de significación o de valor.

Una Revolución agotada

Las sacudidas que origina el derrumbamiento de un edificio tan descomunal como el soviético y el de la ideología comunista, por flacas que fueran sus estructuras, no pueden dejar de ser de consecuencias cósmicas.

La revolución de agosto ha sido también una revolución filosófica, con derivaciones todavía más imprevisibles que las de orden político, que afectan a sus pueblos y repúblicas, a la CE y a toda España.

El marxismo-leninismo (y también el marxismo a secas) se habían ofrecido al mundo como una filosofía política de salvación que garantizaría la igualdad y repartiría la felicidad entre los hombres.

A los setenta años de su implantación en un país que llegó a ser uno de los polos del orbe, su fracaso ha sido clamoroso.

Bajo la bandera roja con sus doradas «herramientas», la URSS había ganado la II Guerra Mundial, había regado el espacio de satélites y su vasto territorio de cabezas nucleares, se había protegido con un colchón de Estados satelizados que mantenían at arms length (a distancia de brazo) a sus potenciales adversarios y era el punto de referencia de la izquierda universal. Pero nada de eso ha impedido su desplome, sino que ha contribuido a arruinar su economía y a granjearle odios y animadversión entre sus vecinos.

Hay que reescribir los proyectos de Bruselas con una Europa libre de más de veinte naciones.

¿Cuáles son las principales repercusiones inmediatas de la descomunistización de la URSS en el interior de la Unión y en el mundo?

El proceso político que aguarda al viejo imperio moscovita será sin duda difícil, probablemente penoso y de incierto resultado. La antigua URSS se adentra por unas unchartered waters en los órdenes político, económico y social.

Desprenderse de unos elementos adventicios y periféricos como las repúblicas bálticas es tarea fácil, y para consumar la separación en paz bastará fijar unos acuerdos técnicos que contarán además con el apoyo de los occidentales. Pero cambiar la estructura del mundo soviético es empresa más laboriosa.

Lo que falta por hacer

La revolución rusa, a los veinte años del triunfo bolchevique, había sido ya una revolución total. Nada era como antes: ni la sociedad, con sus tradiciones, sus clases y sus diversidades; ni la religión, sustituida por un ateísmo de Estado, hostil a todas las iglesias; ni el derecho, que era todo él de «uso alternativo»; ni la cultura; ni la escuela, terreno acotado de la dictadura ideológica y oportunista del Partido; ni la propiedad de los bienes, que eran todos del Estado y ninguno de nadie, etc, etc. Hasta que se sepa, por ejemplo, de quién es cada cosa, falta un largo trecho por recorrer.

Setenta años después de la filosofía del comunismo ha fracasado clamorosamente.

En la URSS, a diferencia de los países comunistizados después de la II Guerra, se habían quebrado todas las continuidades sociales. Allí, además, no había ocurrido nada parecido a lo de Berlín, a lo de Budapest, a lo de Gdansk o a lo de Praga. Allí no había «Solidaridad», ni «Foro», ni «Carta 77». Allí todo era KGB y PCUS, Ejército Rojo, «Pravda» y Tass.

Parece que en las primeras semanas los hechos han discurrido mejor y más deprisa de lo que era imaginable, con sorpresa general de todo el mundo. Igual que ha pasado felizmente en la Europa central, al este del Elba, en Checoslovaquia y en Hungría.

El frustrado golpe de Estado fue el resorte que activó unos mecanismos de defensa social que nadie acababa de creer que existieran: los patriotismos nacionalistas, la solidaridad ciudadana, el afán de libertad, el espíritu de sacrificio en situaciones extremas sin reparar en peligros, los signos y valores cristianos, etc.

No hay vuelta atrás

Las potenciales fuerzas reactivas, que podrían intentar un salto atrás, parecen estar bajo alguna especie de control, aunque no se sepa bien de quién ni por qué. En todo caso, no existe la impresión de que vayan a ser operativas. Hoy por hoy puede afirmarse que el comunismo y la URSS son de imposible retorno.

En Occidente la democracia política y la economía de mercado se ha generado en determinadas condiciones históricas —técnicas y socioeconómicas—, y al cabo de un largo proceso homogéneo, que no siempre fue un camino de rosas y que tampoco ha traído la bienaventuranza general al planeta, sino que se ha limitado a hacerlo un poco más confortable para un elevado porcentaje de los seres humanos que lo habitan. Es posible y deseable que los pueblos de la antigua URSS no se vean obligados a recorrer tan largo itinerario. Pero de algún modo tendrán que desandar lo andado, que ha sido mucho y que fue malo.

El final de Afganistán, la catástrofe de Chernobil, el vuelo de Matías Rust, el «muro» hacia el exterior y los «gulags» por dentro, así como las proscripciones y la represión en Rusia y en los países sometidos, más la ruina de los abastecimientos y de toda la política económica, han sido los sucesivos episodios de una derrota histórica. Se han convertido también en los capítulos y la nueva situación del pliego de cargos que se ha levantado de las izquierdas contra el Estado y el partido, aprovechando el fracaso del golpe de Estado y la victoria de la resistencia ciudadana frente a él, que capitanearon unos pocos dirigentes de Moscú y de Petersburgo, que se sentían legitimados por unas votaciones que se había convenido en estimar aceptables por parte de los políticos demócratas occidentales.

La súbita desaparición del partido comunista soviético, que era un caso singular entre las asociaciones políticas del mundo, es un hecho que desborda del ámbito de un Estado y ha de repercutir en casi todo el mundo.

Aunque no existiera ya desde mucho tiempo atrás la III Internacional, ni la breve continuación que había sido la Kominform, el partido soviético era la cabeza, el motor y la fuente de inspiración -y frecuentemente de financiación y la referencia obligada de las formaciones políticas del movimiento comunista internacional.

Su final ha sido una extinción humillante y envuelta en descrédito para la que es difícil hallar precedentes. Antes de que el partido acordara disolverse, la población de Moscú y de otras ciudades, conducida por antiguos comunistas desengañados o tránsfugas más recientes, y sin la oposición de nadie y sin que nadie llorara por ello, clausuró las sedes, rasgó las banderas arrancando los emblemas y derribó estatuas, condenando el color rojo a los más lóbregos desvanes de la historia.

Los comunistas de fuera y la nueva situación de las izquierdas

Esta clamorosa liquidación habría de producir efectos sobre organizaciones paralelas de otros países.

Los partidos comunistas se habían constituido en todo el mundo, empezando por Europa, como ramas desgajadas del socialismo, transformadas en secciones de la III Internacional, o sea, del partido soviético. Las ocasionales disidencias de algunos de ellos ante ciertas cuestiones fueron siempre compatibles con una solidaridad sustancial de ideología y de acción.

Los partidos comunistas que eran gobierno a causa de la ocupación militar soviética se han extinguido o han intentado enmascararse en las sucesivas mutaciones políticas de los diversos lugares, desde Polonia hasta las repúblicas del Báltico. Pero la situación de los otros -ibéricos, escandinavos, etc.- no es menos inestable. En varias de esas naciones los comunistas han solido ser los aliados de los socialistas cuando les han hecho falta a éstos para formar mayorías de poder. (El caso italiano es peculiar y distinto, aunque haya habido también ocasionales alianzas socialcomunistas en municipios y regiones. Pero los comunistas italianos, que no han sido poder desde las alianzas tripartitas de final de la guerra, se han adelantado a sus otros correligionarios arrumbando su nombre, sus insignias y su identidad. No se sabe, sin embargo, cuál podrá ser su suerte en unas elecciones sin comunistas rusos y sin URSS).

En Suecia y en Francia los partidos comunistas han garantizado a sus parientes socialistas las mayorías precisas para ganar o retener el gobierno. Palme y Carlsson les debían sus respectivas investiduras, y Mitterrand la presidencia. En París formaron parte de los primeros gobiernos de izquierda y luego han sido pieza indispensable de la mayoría parlamentaria cada vez que se ha planteado una moción de censura. Cosas parecidas han ocurrido también en Grecia y en alguna ocasión en Portugal.

El PSOE tiene que elegir

En España, las sucesivas mayorías parlamentarias socialistas han permitido que los gobiernos de este signo no experimentaran servidumbres semejantes. Pero en algunos gobiernos regionales tan importantes como los de Asturias y Madrid, y en los ayuntamientos de Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Murcia, Córdoba y media docena de capitales más, así como en numerosas localidades menores, los comunistas están en los equipos municipales de gobierno o en las mayorías que los sostienen.

La representación comunista en numerosos ayuntamientos y en algunas Comunidades Autónomas es del pasado mayo y fue obtenida al amparo de las siglas de Izquierda Unida, que trata de presentarse como una coalición más amplia que el PC. Pero la estructura de IU y su aparato son los del PC, así como la mayor parte de sus candidatos y electos. Lo demás es acompañamiento.

La suerte de los comunistas españoles se ha jugado definitivamente en la antigua Unión Soviética, el mismo lugar geográfico y político del que habían partido. Es igual que el PCE en un próximo congreso se disuelva o no. (Y por cierto, en caso de seguir funcionando, ¿con qué insignias lo haría?, ¿con la bandera roja y los emblemas repudiados en Moscú?, ¿bajo la advocación del fundador Lenin, al que han quitado el padrinazgo de la antigua capital, para devolvérselo… al mismísimo San Pedro, y al que le «desacralizan» el templo laico de la Plaza Roja?).

Ciertamente, no hay razones formales para deslegitimar las credenciales de electos de hace pocos meses. Pero no es menos cierto que cuando se producen «acontecimientos>> como los de ahora, el tiempo político corre al paso de la historia y no al cadencioso ritmo regular del calendario.

Maciá, Companys, Tarradellas, igual que Aguirre, Leizaola, Irujo y Ajuriaguerra, todos por los Estatutos.

La nueva situación obliga a tomar decisiones a los partidos socialistas que están en el poder gracias al apoyo comunista.

¿Pueden Mitterrand y sus gobiernos seguir manteniéndose con el voto o la abstención de la recalcitrante especie en extinción que es el PCF?

¿Pueden los socialistas españoles permitirse el lujo de retener Madrid y Barcelona al alto precio del apoyo de la desunida IU y del desprestigiado partido comunista, que se hallan en fase terminal?

Los nacionalistas de España y los Estatutos

Tras los acontecimientos de agosto y los cambios de estos dos años, un nuevo «fantasma», el del nacionalismo, recorre los cielos políticos de Europa, como decían del comunismo Marx y Engels en los primeros párrafos del Manifiesto del 48.

Criatura ideológica y social del siglo XIX, el nacionalismo parece haber renacido con vigor de las cenizas de las dictaduras comunistas en los amplios espacios de la URSS y entre los valles y montañas de la imposible Yugoslavia balcánica.

El País Vasco y Cataluña no son separables de España: ni por ellos, ni por los demás.

Bajo el nombre de nacionalismo, en contexto político, se entiende la aspiración y la voluntad de convertirse en Estados de las comunidades culturales e históricas que no lo son, y en las que precisamente ese nacionalismo se propone despertar o fomentar la vocación de serlo.

Los casos que se presentan son lo suficientemente variados como para no encerrarlos todos en el mismo saco, y cometer el error de confundir la cálida España con el helado Báltico y los Pirineos con los Balcanes o con el Cáucaso.

Uno se inclina a pensar que el contagio español de septiembre ha de ser superficial y efímero. Porque aquí también hay nacionalismos, pero son otra cosa; los problemas son distintos y existen otros cauces.

Los Estatutos de Autonomía del País Vasco y de Cataluña fueron un compromiso de las fuerzas políticas nacionales y nacionalistas, que se lograba tras una larga experiencia de ochenta años de proyectos encontrados, acuerdos inviables y descalificaciones mutuas, en los que había habido nada menos que una guerra civil donde los nacionalismos fueron uno de los issues y una parte interesada.

Durante el período constituyente y antes de la adopción de la «Carta Magna», el Gobierno español reconoció a catalanes y vascos un régimen peculiar de administración que con, diverso tipo de competencias se atribuiría después a las demás regiones históricas y agrupaciones de provincias o provincias sueltas.

En los casos catalán y vasco —y también en el de Galicia— el régimen de preautonomía fue concebido y presentado como restitución de la condición estatutaria de los años 32 y 36, que sólo Cataluña y parcialmente Euskadi llegaron a ejercer.

El articulado del Título VIII de la Constitución delinea el Estado de las Autonomías alternando, no siempre con fortuna en los conceptos ni en la expresión, preceptos que descienden a detalles nimios, impropios de un texto marco, con definiciones genéricas que son obras maestras de ambigüedad de imposible aplicación homogénea y concordada.

Pero con todas sus deficiencias prácticas y con sus contradicciones, el texto constitucional ha servido para articular un nuevo esquema de la nación, de cuyo alcance da razón el hecho de que los presupuestos de las Comunidades Autónomas ascienden a más del veinte por ciento de los Generales del Estado.

Desde el principio de la transición, las reivindicaciones catalana y vasca se plantearon en clave «nacionalista» y estatutaria, como una de las secuelas irresueltas de la guerra civil, a la que era preciso dar respuesta para lograr una verdadera reconciliación nacional.

Después de la Constitución —y con preautonomía ya— se abrían dos posibles vías para conducir el proceso.

Uno habría sido el restablecimiento «provisional» de los antiguos Estatutos republicanos, con las modificaciones técnicas y gramaticales necesarias para acomodarlos al texto constitucional.

Otra consistía en elaborar unos nuevos Estatutos sobre la base de los borradores preparados por los parlamentarios constituyentes de los respectivos territorios, que fueron conocidos con los nombres de los lugares de su redacción: Sau y Guernica.

Lo primero podría haber generado un clima de serenidad y un período de experimentación, tras el cual los Estatutos que finalmente se adoptaran habrían estado sacados de la vida y no sólo de las cabezas de los políticos y de la literalidad de una Constitución sin rodaje.

La opción del presidente del Gobierno, aceptada y seguida por los partidos y por los responsables políticos nacionales y nacionalistas, fue decididamente la de los Estatutos nuevos. Y en política, como en historia, carecen de sentido el llanto sobre la leche vertida y la estéril y ociosa especulación sobre «lo que habría pasado si… ».

Nacionalismo no es fundamentalismo

Los Estatutos, aprobados después por referéndum, son desde entonces el cauce político para el debate de las aspiraciones de los dos principales nacionalismos españoles.

Ahora, cuando una demagogia pequeñoburguesa, arrogándose el título histórico de la Esquerra, agita el señuelo de la «independencia», sería el momento de recordarle que sus pretendidos abuelos políticos Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Tarradellas, por ejemplo se identificaron con la vía estatutaria, considerándola la más apta para conducir a la «realización nacional» de las aspiraciones del catalanismo.

Cataluña no es una república báltica que haya estado sometida desde siempre a conquistas y coloniajes de todos sus vecinos y sometida por fuerza a uno de ellos -Rusia- desde el siglo XVIII, salvo los cuatro lustros de 1920 al 40.

Respecto del País Vasco, pueden hacerse afirmaciones semejantes. La alianza del PNV y los republicanos en la guerra civil desbloqueó el año 36 el proceso estatutario, al que antes se había opuesto principalmente el PSOE, y de particular su histórico líder bilbaíno, Indalecio Prieto, que era ideológicamente unitarista y que quería cerrar el paso a un «covadonguismo» católico, como se llegó a decir por aquellos años.

Pero Aguirre, Leizaola, Irujo, Ajuriaguerra —igual que en el 79 Garaicoechea y Arzalluz— eran convencidos y leales estatutistas, sin merma de su nacionalismo y del irredentismo ideológico en relación con las provincias -o «territorios de Iparralde».

El Báltico no baña nuestras costas

En favor del régimen estatutario y de su leal aceptación por los «nacionalistas» operan la historia, la cultura, la economía y la sociología, hasta la etnología y el sentido común. España nace en los albores de la Edad Media en los territorios del norte, desde los que se extiende, por así decir, de arriba abajo, de tal modo que vascos y catalanes no son ramas, sino raíz y tronco del cuerpo nacional.

Pero no es éste el lugar para disquisiciones históricas. Baste recordar que la cultura viva actual y la estructura social de Cataluña y de Euskadi están particularmente enriquecidas por la convergencia de valores, lengua y tradiciones autóctonas, con los aportados desde el resto de España, y que lingüísticamente se expresan en castellano.

CiU y PNV no son fundamentalistas. Pujol, Arzalluz, Ardanza y Roca no son «ayatolas».

Pero además no sólo las gentes, las artes y la cultura, las profesiones y la administración pública y privada, los códigos y la justicia, sino los estilos de vida, los hábitos familiares, las infraestructuras y la estructura social y la económica, los hábitos de la comunicación, los mercados, el comercio y los territorios mismos, están literalmente imbricados con el resto de España, de modo que no admite comparación con las naciones bálticas o balcánicas y otras centroeuropeas.

Los estonios, que son casi finlandeses, y los letones y lituanos, bálticos ambos de lengua y etnia, sean protestantes o católicos, son sociedades heterogéneas respecto de los eslavos de Rusia (que además son ortodoxos), a los que han estado no asociados, sino sometidos, durante un siglo y medio o dos, según la suerte de cada una de las tres famosas naciones.

El País Vasco y Cataluña no son separables de España, que sin esas dos comunidades habría dejado de existir como tal. Pero igualmente y a la inversa, ambas regiones, separadas de España, habrían dejado de ser lo que son.

Los nacionalistas catalanes y vascos lo saben bien.

Los contenciosos se negocian

Desde Barcelona se apunta principalmente a tres cuestiones que son las que generarían actualmente contenciosos con el Gobierno de la nación, y en alguno de los casos también con parte de la sociedad catalana. Son la financiación de la Generalidad, la presencia de Cataluña en el mundo y lo que el presidente Pujol llama «poder vivir en catalán», que luego algunos interpretan como poder vivir «del todo y siempre en catalán», haciendo pasar la lengua oficial del Estado a la condición de idioma extranjero y segunda lengua escolar, igual que el francés, el inglés o cualquier otra. Es decir, una cuestión económica, una cuestión simbólica y una cuestión cultural.

En las instituciones vascas no hay contenciosos económicos más que a la hora de valorar las aportaciones del Estado a su territorio y a sus ciudadanos y fijar las del Gobierno de Euskadi a los Presupuestos Generales. La principal incompatibilidad de los «fundamentalistas» es su aspiración a eliminar los signos indicadores de la presencia del Estado, desde la guerra de las banderas hasta la retirada de la Guardia Civil, ante las que a veces las clientelas políticas o electorales de los partidos más responsables optan por inhibirse, arrastrando muy a menudo a los cuadros intermedios de sus respectivas formaciones.

Otros problemas se derivan del reduccionismo cultural que significan los asiduos movimientos y gestos que tienden a limitar lo vasco a la expresión euskérica, sin reparar en que con ello renuncian a las principales o más universales creaciones culturales, científicas, industriales y económicas de las gentes del país, cuyos nombres pueblan la

Los Grandes Cambios memoria colectiva de los vascos de hoy y llenan el callejero de las más importantes localidades.

Otro punto de debate entre Vitoria y Madrid es quizá de más calado estrictamente político, y encuentra su paralelo en Cataluña. Se trata de los modos y las proporciones de la presencia directa del Gobierno del Estado en los territorios autonómicos, y quizá, en menor grado de presión y de urgencia, de la presencia de las autonomías en el exterior.

Lealtad a los compromisos

Nacionalistas catalanes y vascos formaron parte en 1981 de la mayoría de la OTAN del Parlamento español. No se trata, pues, de la defensa. Nadie tampoco parece poner en cuestión el signo monetario ni el Banco Central emisor. Ni la Generalidad ni el Gobierno vasco pretenden organizar un servicio exterior ni embajadas paralelas. Quizá quieran mantener algunas oficinas informativas y de asesoramiento, por ejemplo en Bruselas. Pero la experiencia demuestra a los propios interesados que tienen siempre más capacidad y eficacia las oficinas del Estado, con todas las deficiencias e insatisfacciones de su funcionamiento.

Es probable que si preguntáramos a los Gobiernos de Barcelona y de Vitoria, y también a los altos funcionarios de Madrid, ofrecerían unos y otros relaciones diversas, más detalladas y precisas de las negociaciones, en ocasiones difíciles o enojosas, y de los pleitos que ocupan sus jornadas. Pero el elenco de las cuestiones anunciadas se ajusta a la verdad y es significativo.

Esa misma relación prueba que la vía estatutaria ha funcionado y que, como ocurre siempre en política, la aplicación de unos principios y el desarrollo de unas normas básicas requieren una negociación permanente entre las partes interesadas para llegar a compromisos que se respeten lealmente.

Y también, que con una metodología semejante a la que en la práctica se ha seguido hasta ahora, es posible avanzar en el camino de la convivencia dentro del estado de los nacionalismos históricos y las realidades generales del país.

CiU y el PNV no son «fundamentalistas», aunque a veces cuando alguien de esos partidos habla para cierto público o para ejercer presión pueda parecerlo. Y ni Pujol ni Arzalluz, ni Roca ni Ardanza, son unos «ayatolas».

El Báltico está muy lejos, y los Balcanes, al otro lado del Adriático, también.