«Raíces cristianas de la economía libre de mercado», de Alejandro Chafuen

Alejandro Chafuen. (Argentina, 1954). Doctor en Economía, seguidor de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Se formó en la Universidad Católica de Buenos Aires y en el Grover City College (Pennsilvania). Consejero fundador e investigador del Acton Institute.

ArtÍculo

Los escolásticos anticiparon muchas de las ideas de la economía moderna, sostiene Alejandro Chafuen en Raíces cristianas de la economía libre de mercado. Comienza en santo Tomás de Aquino, sigue con los escolásticos hispánicos de la Escuela de Salamanca y, pasando por el jurista alemán Samuel Pufendorf, Adam Smith y los liberales británicos, llega hasta los economistas de la Escuela Austriaca. El río tiene meandros y recodos. No discurre en línea recta porque unos y otros no coinciden al cien por cien, dadas las diferencias marcadas por los contextos históricos y culturales. Lo cierto es que las doctrinas comunes de estos autores escolásticos «ya contenían en forma rudimentaria presuposiciones que ahora catalogamos como liberales o capitalistas», sostiene Michael Novak en el prólogo.

Y pese a reconocer «la distancia considerable entre el laissez faire de los economistas franceses y las teorías austriacas, no es equivocado clasificar a todos estos pensadores y escuelas como abrazando un mismo ideal, el ideal de la libertad humana», afirma Alejandro Chafuen.

¿Cuáles eran esas doctrinas que, con matices, han llegado hasta la ciencia económica contemporánea? La defensa de la propiedad privada como presupuesto básico de la libertad, la importancia crucial del libre comercio, la necesidad de poner límites a los gobiernos, el control del gasto público y que los impuestos sean proporcionales y moderados. Anticiparon, además, muchas ideas acerca de la teoría monetaria y la teoría de los precios, salarios y ganancias.

Cabe preguntarse por qué teólogos y clérigos se preocupaban por estas cuestiones tan alejadas de sus intereses. Explica el autor que en la universidad medieval todos los análisis científicos se enfocaban desde la ética. Al estudiar el amplio espectro de los actos humanos, los escolásticos terminaron preguntándose por la bondad o maldad de tal o cual acción o legislación económica. Por ejemplo, ¿tiene derecho una persona a exigir interés a cambio de un préstamo?, ¿es justa la ganancia?, ¿es bueno o malo que el gobierno aumente la cantidad de moneda? Etc.

Y para poder contestar a estas preguntas de deber ser, «uno no tiene más remedio que conocer primero cómo se determinan los precios, cuál es la naturaleza de la tasa de interés, cómo se forman las ganancias y cuáles son las causas y los efectos de la inflación. Es decir, los moralistas medievales tuvieron que adoptar una actitud de economistas científicos».

La propiedad privada, prerrequisito de libertad

«La propiedad privada es un prerrequisito esencial para el respeto de las libertades económicas», sostenían los escolásticos. Aunque la referencia era la ley natural, un autor como Domingo Báñez (1528-1604) estableció que la propiedad privada estaba fundamentada en principios utilitarios tales como «los campos no van a ser bien cultivados»; idea por cierto muy similar a la que sostendría posteriormente Adam Smith y, ya en el siglo XX, Ludwig von Mises.

Autores como Juan de Mariana (1536-1624) y Luis de Molina (1535-1600) sostenían que una sociedad basada en el respeto a la propiedad privada sería más pacífica, más productiva y moral. Para Mises, la propiedad debe ser privada para cumplir con su función social y, a la larga, resulta más productiva, siempre que se respete el derecho.

Los escolásticos rechazaban el colectivismo: lejos de ser una solución —aducían—, la propiedad en común incrementaría el mal existente en la sociedad. Hasta el punto de que «los ladrones y avaros» tenderían a alcanzar las posiciones más altas, llegaba a decir Francisco de Vitoria (1483-1546).

Para muchos autores liberales, explica Chafuen, «la teoría de la necesidad extrema es la grieta que destruye el dique de la propiedad privada: si se acepta esta teoría, no habrá forma de contener el aluvión colectivista. Para los escolásticos, el principio de necesidad extrema es la excepción que confirma la regla». Francisco de Vitoria dirá que es lícito que alguien en situación extrema (v.gr. no poder alimentar a su familia) tome bienes de una persona rica. Eso sí, está obligado a restituirlos cuando pueda, advierte Martín Azpilcueta (1492- 1586), conocido como el Doctor Navarrus.

La sociedad es anterior al poder gubernamental

La defensa de la propiedad privada implica poner freno al intervencionismo estatal. Juan de Mariana dejó claro que la sociedad es anterior al poder gubernamental: «Si para nuestro propio bienestar necesitamos que alguien nos gobierne, nosotros somos los que debemos darle el imperio, no él quien debe imponérnoslo con la punta de la espada».

Esto significa que es preciso exigir a los gobiernos moderación en el gasto público, porque puede significar una violación de los derechos de propiedad.

El rechazo a la inflación como método de superar dificultades financieras abrió el camino para sus propuestas de presupuesto equilibrado. El monarca —decían— debía esforzarse por equilibrar su presupuesto reduciendo gastos y subsidios y disminuyendo el número de cortesanos; y hacía mal en financiar gastos incurriendo en deudas públicas elevadas, pues estas no solo no conducen a una reducción en los gastos, sino que «comprometen el futuro del reino».

Otro precursor de la economía moderna, Pedro Fernández de Navarrete (1564-1632), criticaba el elevado número de personas que vivían del Estado «chupando como harpías el patrimonio real», mientras que el miserable labrador está «sustentándose de limitado pan de centeno, y algunas pobres yervas».

Los impuestos deben ser moderados y proporcionados. Y atenerse a los siguientes principios: necesidad (¿es realmente necesario aumentarlos?); oportunidad (¿es este el momento oportuno para modificarlos?); forma (¿son equitativos y proporcionales?); y nivel (¿las reformas imponen pesos moderados o excesivos?). De suerte que «el príncipe que utiliza fondos de impuestos para sus intereses personales comete un robo».

Además de razones de justicia, hay razones de eficacia económica para exigir proporcionalidad. Navarrete alertó de que los impuestos excesivos «podían reducir los ingresos del rey, ya que pocos podrían pagar tan altas tasas». Economistas actuales recomiendan reducciones de impuestos para incrementar la recaudación impositiva, que sería el resultado de una mayor actividad productiva. Y Mises remarca que, pasado un cierto nivel de tasas, comienzan a ser contraproducentes y la recaudación total disminuye.

Degradación de moneda, instrumento de expolio

Para los escolásticos tardíos, el valor de la moneda debería ser determinado de la misma manera que el valor de cualquier otro bien. La utilidad y la escasez eran los factores que más influían en el mismo. La primera guarda estrecha relación con la cantidad: la gente reducirá la demanda de aquella moneda que sufre constantes adulteraciones. Una reducción en el valor legal de la moneda causará, por lo tanto, un incremento de similares proporciones en los precios.

En este sentido, llegaron a conclusiones similares a las de los liberales modernos. Reconocieron que las degradaciones monetarias producían una revolución en las fortunas, dificultaban la estabilidad política y violaban derechos de propiedad. También creaba confusión en el comercio (interno y externo), llevando al estancamiento y a la pobreza. La degradación de la moneda, para Juan de Mariana, era «un instrumento tiránico de expoliación» equivalente a un robo, a que «el rey se metiese en un granero particular llevándose parte de los bienes sin permiso».

El jurista Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648) comparaba adulterar la moneda con atentar contra la virtud de las doncellas: «Al igual que con las mujeres jóvenes, es una ofensa tocar y envilecer la moneda. Los problemas monetarios crean problemas en los contratos, y como esto dificulta el comercio, toda la república sufre los efectos negativos».

En el campo de la ética económica, «los escolásticos condenaron el uso de la inflación monetaria como medio para un masivo repudio de la deuda pública». Juan de Mariana criticó severamente a aquellos príncipes que adulteraban los patrones monetarios para así poder pagar sus deudas.

En La riqueza de las naciones, Adam Smith repitió estos argumentos, subrayando que la degradación monetaria ha sido el método más usual por el cual se han ocultado las bancarrotas gubernamentales.

Libre comercio y división del trabajo

A pesar de los prejuicios mercantilistas de los siglos XVI y XVII, los escolásticos tardíos estaban a favor del libre comercio. Lo justificaban por el hecho de que «distintas tierras ofrecen distintos productos, y solo mediante el comercio puede un país disfrutar una provisión equilibrada y diversificada de bienes». Francisco de Victoria afirma que «la ley de gentes permite que cada persona lleve a cabo el comercio en las provincias de otros mediante la importación de mercaderías que les faltan o por la exportación de oro y plata».

Respecto a los aranceles, Juan de Mariana creía que se debía proteger «con módicos tributos el comercio que sostengamos con otras naciones y no gravarlo con exagerados impuestos». Se han de facilitar «ya por mar, ya por tierra, la importación y la exportación de los artículos necesarios para que pueda trocarse sin grandes esfuerzos lo que en unas naciones sobra con lo que en otras falta».

Entre los economistas liberales modernos, Von Mises estableció que el principio de la división del trabajo, y por lo tanto el comercio, está fundamentado en las leyes naturales y es lo que hace posible la sociedad humana.

Teoría del valor

La teoría escolástica de valor y precio influyó en autores posteriores como Grocio, Pufendorf y Turgot, así como en la Escuela Austriaca. Ya en el siglo XV, el franciscano san Bernardino de Siena (1380-1444), al que Murray Rothbard considera «el gran sintetizador de la economía escolástica», estableció que el valor de un bien puede ser considerado desde tres perspectivas: virtuositas, valor en uso objetivo; raritas, escasez; y complacibilitas, deseabilidad. E indicó que el precio justo es aquel que se desprende de la común estimación en el mercado.

Siguiendo a san Agustín, Luis de Molina señala: «Debe observarse que el precio se considera justo o injusto no en base a la naturaleza de las cosas consideradas en sí mismas —lo que llevaría a valorarlas por su nobleza o perfección—, sino en cuanto sirven a la utilidad humana».

La necesidad, el uso, el deseo y la escasez son los que determinan los precios. Como apuntó el historiador de la economía Raymond de Roover: «Adam Smith no pudo mejorar esta teoría». El precio legal (fijado por la autoridad) debía ser similar al precio de mercado, señalaron los autores escolásticos. El precio justo natural debía ser establecido por la estimación común en ausencia de fraudes, coerción o monopolios.

Los escolásticos consideraban legítimo el manejo de información para obtener ganancias. Y se remitían al ejemplo usado por Tomás de Aquino: un mercader conocedor de que va a haber un incremento en la oferta del bien que posee se apresura a vender todo su stock antes de que esta mayor oferta llegue al mercado. También citaba al bíblico José, que asesoró al faraón para que acumulara trigo y evitar que la futura escasez perjudicara al reino; de suerte que el faraón se benefició comprando barato y vendiendo luego a precios más caros.

Condenaban las actividades monopolísticas de aquellos que tenían un privilegio oficial y también de quienes, en forma secreta, conspiraban para acaparar toda la oferta de una mercancía.

Los monopolios establecidos por la autoridad competente solo podían justificarse «si beneficiaban a la república», como es el caso de las leyes de patentes y derechos de autor para impresores y escritores, entendiendo que sus actividades redundaban en el bien común. Luis de Molina considera inmorales los monopolios perjudiciales para los súbditos. Tales privilegios obligan «a los ciudadanos a comprar las mercancías de manos de dichas personas a un precio más caro». Por tal motivo, tanto la autoridad como los monopolistas están «obligados a restituir a los súbditos por los daños que de ello se siguieren contra la voluntad de los mismos súbditos».

Los impuestos no deben violar la justicia distributiva

Los escolásticos abordaban las ganancias, los salarios y los intereses como tópicos de justicia conmutativa. Siguiendo a Aristóteles, distinguían entre la justicia distributiva, que asigna bienes o cargas según el mérito o la necesidad de cada individuo, y la conmutativa, que con igualdad aritmética regula las relaciones privadas y busca evitar fraudes o abusos. No era, por tanto, función del gobierno determinar salarios, ganancias e intereses.

Según esta concepción, tributos y cargas públicas «se han de poner según la forma de justicia distributiva». Distintos tipos de impuestos tendrán efectos dispares en los ingresos y en los patrimonios de los individuos. Por eso, las discusiones acerca del impuesto ideal implican una discusión de justicia distributiva. Si uno no realiza juicios morales, será imposible probar que un impuesto debe ser preferido a otro.

Salarios justos

La cuestión de los salarios se consideraba un tema de justicia conmutativa. Seguían así a Tomás de Aquino, que sostenía que el salario era la remuneración natural del trabajo como si fuera el precio del mismo. «Los escolásticos tardíos concluyeron que el salario justo es el determinado por la estimación común en el mercado, resultado de la interacción de la oferta y la demanda de trabajo».

Las tesis de Adam Smith sobre la disparidad salarial se asemejaban a las de san Bernardino, ya que siempre tenderá a haber diferencias entre «los salarios de un simple herrero con el de un fabricante de relojes», aducía el economista escocés.

Tanto Adam Smith como los escolásticos criticaron por igual las prácticas injustas de empleados y empleadores en el mercado laboral. Pese a que Smith, al igual que el maestro escolástico san Antonino de Florencia (1389-1459), aceptó la legalidad de salarios pagados en especie, el economista escocés consideró justas las leyes que obligaban a los empleadores a pagar los sueldos en dinero. Y los autores de la Escuela Austriaca, en consonancia con la de Salamanca, se han opuesto a los esfuerzos de trabajadores o empleadores para fijar salarios a niveles distintos de los de mercado. Eso explica su recelo ante las actividades coercitivas de los sindicatos, si bien no rechazaban la función que cumplen. De hecho, varios autores clásicos miraban con más prevención las confabulaciones de empleadores que las de trabajadores.

Sus condenas a los monopolios, los fraudes, la coerción y los impuestos altos estaban todas dirigidas a proteger a los trabajadores. Sin embargo, nunca propusieron que se establezca un salario mínimo suficiente para mantener al operario y su familia. Convencidos de que un salario por encima del de estimación común produciría injusticias y desempleo, recomendaban otros métodos para ayudar a los necesitados. «Aquellos que critican una supuesta falta de compasión demuestran que ignoran el funcionamiento del mercado», afirma Chafuen.

Y argumenta: «¿Qué mejor forma para mejorar la condición de los trabajadores que la protección de la propiedad privada, la promoción del intercambio y el aliento al comercio, la reducción de los impuestos y de los gastos superfluos del gobierno y la aplicación de una política monetaria sana?» Y para los inevitables casos de personas incapacitadas para trabajar, los escolásticos proponían una activa caridad privada. Los ricos tenían una obligación moral de ayudar a los pobres. La escolástica prescribía que la riqueza sería mejor usada si los adinerados redujeran sus gastos superfluos y aumentaran sus limosnas.

Descartaron la viabilidad de los límites legales a las ganancias. Fundamentaban su posición en su convencimiento de que las ganancias justas provenían de la compra y venta a precios de mercado.

Y comoquiera que la actividad comercial debe estar abierta a ganancias y pérdidas, condenaban como antinatural la idea de obtener ganancias sin riesgo, y censuraban a los empresarios que buscaban cubrir sus pérdidas con ayuda estatal. Coinciden en esto plenamente con autores como Mises.

La controversia del cobro de intereses

Los pensadores liberales clásicos (Locke, Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill) dieron un gran empuje a la legitimación de los intereses, pues consideraron tales pagos como un fenómeno natural. Los escolásticos medievales sostenían que el justo precio del dinero es cero, ya que es estéril… el dinero no crea más dinero. Y condenaban el cobro de interés porque el tiempo, al no ser propiedad privada, no puede ser vendido, idea que aparece en De Usuris, cuya autoría se atribuye a Santo Tomás. Aducían que cobrar por el uso del dinero era vender lo mismo dos veces, lo cual es injusto. Y temían que a la hora de cobrar intereses se cayera en la tentación de la usura que consideraban uno de los pecados más perjudiciales.

Pero diversos autores de la Escuela de Salamanca, como Azpilcueta, Mercado y, sobre todo, Luis de Molina, admitieron que el interés no siempre tenía consideración de ganancia ilícita derivada de un bien estéril, sino que podía ser una legítima compensación por factores reales: el tiempo, el riesgo y la oportunidad. Lo cual permitía conciliar la norma moral con exigencias económicas concretas. Chafuen deja claro que no estaban blanqueando la usura, sino haciendo una interpretación casuística que reconocía la complejidad de las transacciones económicas del siglo XVI, muy diferentes del contexto medieval. La expansión del comercio a gran escala y la multiplicación de intercambios redefinió la función del dinero y el papel del crédito.

Tomando pie precisamente de tales doctrinas, el jurista Samuel Pufendorf reconoció que «con la industria humana el dinero se transforma en algo sumamente útil para obtener bienes productivos, de suerte que no es contrario a la naturaleza de las cosas alquilarlo».

La Iglesia católica señala que «toda forma de retención injusta de bienes ajenos viola el VII mandamiento, incluyendo usura, fraude y especulación artificial de precios» (Catecismo, N. 2409). Pero no condena todo interés bancario, reconociendo los contratos modernos (hipotecas, cuentas remuneradas) como legítimos si son equitativos y regulados.

Respecto a la actividad crediticia, la observación de Luis Molina acerca de que la única obligación legal del banquero es la de tener el dinero disponible cuando alguno de los depositantes lo reclame es similar a algunos argumentos a favor de la libre competencia bancaria y monetaria y en contra de los requisitos legales de reserva mínima.

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Ilustración de cabecera: Montaje realizado con los retratos de Juan de Mariana (c. 1878), de Matías Moreno, el archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí; estatua de Francisco de Vitoria por Francisco de Toledo, el archivo de Wikimedia Commos se puede consultar aquí; retrato de Adam Smith, (1800), de autor desconocido, el archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí; y retrato de Ludwig von Mises, (Instituto Ludwig von Mises), el archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí.