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La integración de las mujeres en los procesos de fortalecimiento institucional

Los debates recientes sobre el fortalecimiento institucional en las políticas de cooperación al desarrollo remiten al establecimiento de las prioridades en el proceso. La democratización el buen gobierno, la erradicación de la corrupción, el fomento de la transparencia son sólo algunos de los referentes que habitualmente se incluyen en todos los diagnósticos de prioridades.

En algunos casos, se analiza también la participación de algunos grupos de la sociedad, entre los que se suele señalar a las mujeres, situándolas en la relación de «colectivo» que reclaman especial protección; y omitiendo que nos estamos refiriendo a la mitad de la población.

Por ello, entiendo que analizar la integración de las mujeres en los procesos de fortalecimiento institucional requiere dar respuesta a dos cuestiones. La primera tendrá que contestar a la pregunta sobre qué medidas y qué impacto tiene la participación de las mujeres en la esfera pública durante los procesos de fortalecimiento institucional. La segunda remite a las vías para integrar la perspectiva de género de un modo transversal en los procesos de fortalecimiento institucional.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cuando en 1975 Naciones Unidas convocó en México la I Conferencia Mundial sobre las Mujeres, no había ningún Estado miembro de la organización contara con datos estadísticos desagregados por sexo en ninguna área de actuación. No me refiero solamente a los datos de participación política de las mujeres, sino a cuestiones básicas, como el acceso al mercado laboral, la asistencia a servicios de salud, la situación en el ámbito educativo, etc.

Desde aquella convocatoria han pasado más de treinta años y la situación ha cambiado, aunque no se pueda decir todavía que nos encontramos en una comunidad internacional con una participación equilibrada de mujeres y hombres.

Durante estas tres décadas se han llevado a cabo dos tipos de actuaciones que han fomentado el incremento de las mujeres en muchos procesos de toma de decisiones.

El primer ámbito de actuación ha sido la elaboración de planes y programas políticos de igualdad, para promover el incremento numérico de mujeres en todas las esferas de la vida pública. En Europa, «lo público» prioritario ha sido el empleo y la arena política. Como consecuencia, las iniciativas de muchas sociedades europeas han ido dirigidas a asegurar una participación equilibrada de mujeres y hombres en esas dos áreas, aprobando en su caso las denominadas «medidas de acción positiva». Pero también ha habido casos de sociedades en procesos de transición y en proceso de democratización, que han optado por ello. Se ha constatado de modo universal que incrementar el número de mujeres en la vida pública implica mejorar la sociedad, al incorporar a la mitad de su población, tradicionalmente apartada de esas actuaciones.

En Iberoamérica hay ejemplos muy significativos. La ley argentina denominada «de cupos» supuso un claro avance de las mujeres en el Parlamento argentino, en un momento (1991) en el que la visibilidad de las mujeres era prácticamente nula. Esto no significa que un sistema de cuotas sea siempre la solución.

Más recientemente, la reforma constitucional en la República Dominicana ha mostrado la aportación positiva del asociacionismo de mujeres, que han propuesto sugerencias y alternativas para garantizar constitucionalmente una participación equilibrada de mujeres y hombres, así como el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las mujeres. Son numerosas las experiencias iberoamericanas que confirman la necesidad de contar con las mujeres para hacer mejor, más fuerte y segura una sociedad.

Junto a los planes y políticas de igualdad, ha habido una segunda línea de actuación, que ha sido el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales para la aplicación y el seguimiento de las medidas de igualdad. Inicialmente, esos mecanismos fueron liderados por mujeres, con acciones dirigidas a las mujeres en las que sólo ellas podían participar directamente. Esta proyección adoleció de un claro error, asumir que la desigualdad es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, de modo que son ellas las que deben involucrarse en las soluciones. Afortunadamente, esa proyección ha cambiado, cuando se ha constatado que la desigualdad es un problema social, que reclama respuestas institucionales y consecuentemente se hace necesario tener en cuenta a todos los agentes: instituciones, poder político, poderes públicos, sociedad civil, sector privado, Universidades, etc.

La necesidad de plantear un cambio de perspectiva en este sentido, fomentando que los hombres se involucren también en la «batalla» por la igualdad, ha motivado que desde organizaciones internacionales, como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, se estén potenciando actividades dirigidas al sexo masculino.

Pero al margen de las estrategias, lo cierto es que la oferta de la desigualdad como problema social ha abierto expectativas en cuanto a los medios para terminar con ella y en cuanto a los agentes que intervienen en el proceso. No obstante, este cambio de perspectiva no implica de modo matemático la desaparición de políticas y medidas políticas para la promoción del trabajo de las mujeres. Basta, por ejemplo, referirse a los datos universales ofrecidos por Naciones Unidas. Las pirámides de población se han invertido, de modo que hoy se tienen menos hijos; pero ese descenso va de la mano de un incremento de mujeres solteras o, en su caso, mujeres cabezas de familia, que asumen también las responsabilidades económicas del hogar

Junto a este dato, los flujos migratorios han provocado que existan lugares en los que se han perdido varias generaciones de mujeres que salieron de sus países de origen para conseguir empleo y recursos con los que mantener a los suyos. A estos flujos internacionales hay que sumar los que van desde los espacios rurales a los urbanos, también muy generalizados, dejando en los primeros a las mujeres, que quedan con menor acceso a los servicios y menos posibilidades de acceso a la vida pública y económica. Por último, se deben tener en cuenta también las consecuencias de los cambios en la estructura y concepto de la institución familiar, que han sido asumidos en mayor medida por las mujeres. Todo ello se materializa en una mayor situación de vulnerabilidad para las mujeres, lo que hace necesario el fortalecimiento de los mecanismos públicos y privados para fomentar su participación en todas las esferas de la sociedad.

Por otra parte, como se ha dicho, los casos y ámbitos en los que se ha potenciado esa participación de las mujeres se ha probado la mejora de la sociedad, por dos razones claras. La primera es que el abanico representativo es más riguroso con la propia composición de la sociedad; la segunda es que la lectura ofertada por las mujeres implica un cambio de lenguaje y estrategia que sin necesidad de ser calificado como mejor o peor que el de los varones, muestra una realidad plural y por tanto más enriquecedora.

LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Junto a la actuación específica para las mujeres, se hace necesario analizar la lectura del fortalecimiento institucional desde perspectivas más amplias que las utilizadas hasta ahora. Si por perspectiva de género se entiende, siguiendo la terminología de Naciones Unidas, una estrategia cuyo objetivo es la realización de la igualdad, la respuesta es obvia. La perspectiva de género reclama tener en cuenta las diferencias culturales entre mujeres y hombres, que en muchas sociedades son más numerosas y consolidadas que las meramente biológicas. La finalidad de la integración de la perspectiva de género es hacer una lectura del fortalecimiento institucional que incluya el factor cultural y por tanto una interpretación de la sociedad más acorde con su propia realidad.

Quizás uno de los casos más emblemáticos para analizar la integración de la perspectiva de género en el fortalecimiento institucional es la revisión del contenido de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujeres y conflictos armados. La resolución, aprobada en octubre de 2000, supuso un punto de inflexión en el trabajo del Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas, que hasta ese momento no había incluido en su agenda cuestiones sectoriales, de modo que había tratado exclusivamente conflictos localizados en áreas geográficas concretas. En aquel año, con motivo del quinto aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín, el Consejo se suma a los eventos organizados y convoca un debate abierto sobre la situación de mujeres y niñas en los conflictos armados.

En ese debate se constata que el impacto de los conflictos es bien diferente en mujeres y hombres; que las niñas soldado asumen mayores dificultades que los niños para reintegrarse después de un conflicto; que a veces la violencia contra las mujeres es un arma de guerra, y un largo etcétera de cuestiones que no habían sido abordadas abiertamente. Pero lo más significativo es que la misma resolución propone una serie de medidas para asegurar la participación de las mujeres en los procesos postconflicto, especialmente en la negociación de la paz, así como en el fortalecimiento institucional del que venimos hablando. No se trata de ofertar argumentos de carácter ideológico para apoyar la necesidad de incrementar la presencia de las mujeres; sino más bien de mostrar con los hechos que las mujeres son artífices de paz y que en los casos en los que han participado en la construcción y el fortalecimiento institucional, lo han hecho de modo eficaz y brillante.

Si en lugar de situarnos en el ámbito concreto de la resolución de conflictos, nos movemos al campo de los cambios políticos, uno de los ejemplos más recientes ha sido la participación de mujeres y asociaciones de mujeres en la reforma constitucional de la Republica Dominicana, al que ya me he referido. Las propuestas para la reforma constitucional, así como la lectura del texto constitucional desde una perspectiva de género han enriquecido notablemente el proceso, consolidando el fortalecimiento institucional, no sólo de las propias instituciones que han trabajado, sino también del mismísimo concepto de la democracia participativa.

La seguridad jurídica como factor de desarrollo

Al comienzo de su Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides explicalas razones por las cuales, a su juicio, el Ática -región donde se sitúa Atena-s se había desarrollado más rápidamente que otras zonas de Grecia. La inseguridad era la regla general en todo el país. Los habitantes producían de su propia tierra sólo lo indispensable para vivir y no acumulaban riquezas ni efectuaban plantaciones, pues nadie sabía cuándo otros se les echarían encima y les despojarían. Las comunicaciones entre los pueblos no eran seguras ni por tierra ni por mar, y el comercio no existía. Las tierras más fértiles eran las más afectadas por este estado de cosas, precisamente por ser las más amenazadas. Sin embargo, el Ática, debido a la aridez de su suelo, vivía con mayor seguridad, lo que facilitó su estabilidad y evitó las continuas migraciones. Los hombres poderosos de toda Grecia se refugiaban en Atenas por aprecio a esa estabilidad y se convertían en ciudadanos.

En este sencillo relato de apenas unas líneas se deslizan, sin embargo, multitud de ideas en torno a las cuales hoy, casi veinticinco siglos después, parece existir cierto consenso. La seguridad es un factor de desarrollo clave; un sinónimo de certidumbre, y, en lo que hace a la tierra, una garantía frente al desalojo y la expoliación; el desarrollo no está vinculado a la riqueza de la tierra, pues zonas escasamente fértiles pueden progresar de manera más veloz que otras más ricas con tal de que su nivel de seguridad sea superior, y, por último, la estabilidad derivada de la seguridad fomenta el desarrollo político e institucional de los pueblos.

Los historiadores de la economía ven precisamente en la seguridad juríridica una de las claves de lo que se ha dado en llamar «el milagro europeo» (E.L.Jones). Algunos de los factores decisivos para el desarrollo económico del continente estuvieron ligados a la búsqueda de mecanismos de eliminación del riesgo en sus distintas modalidades: cercenando el poder arbitrario, procediendo a la paulatina implantación de procedimientos legales, estableciendo un equilibrio de poderes externo (diversidad de Estados) e interno (diversidad de fuentes del derecho), trasvasando al Estado ciertas responsabilidades en el mantenimiento de servicios fundamentales (higiene, alumbrado, incendios, faros, etc.), codificando las normas y creando, amparando y respetando los instrumentos jurídicos adecuados a la realidad económica, etc.

De hecho, uno de los pocos requisitos necesarios para el nacimiento del sistema capitalista, quizá el único fundamental en opinión de Max Weber, es la existencia de un determinado nivel mínimo de predictibilidad o calculabilidad. Para garantizarlo puede ser suficiente tanto un derecho especialmente racionalizado y científico (característico del occidente continental como consecuencia de la recepción por las universidades del derecho romano), como otro más «amorfo» (en terminología weberiana) ligado a los precedentes judiciales. Porque lo verdaderamente decisivo no es tanto que el resultado buscado por la norma sea especialmente adecuado o favorable al mercado, como que sea claro y, sobre todo, predecible. Teniendo en cuenta, además, que ser capaz de anticiparse al futuro no es sólo un presupuesto fundamental para el desarrollo económico, sino también para la estabilidad social y el fortalecimiento político de los pueblos.

Pues bien, ese consenso del que hablábamos antes ha dado lugar hoy a una corriente de opinión alternativa a la que ha sido tradicional hasta hace poco -especialmente entre los economistas- que tendía a identificar casi exclusivamente las causas del progreso de un país con la dotación y uso de sus factores productivos. La nueva tendencia, por contra, pretende insistir en la especial relevancia de los marcos normativos y de las instituciones, instrumentos decisivos a la hora de eliminar riesgos y propiciar la formación de expectativas acerca del comportamiento del resto de los agentes sociales con los que interactúa.

Es obvio que no se trata de una visión absolutamente nueva, pues la trascendencia del marco institucional para el desarrollo económico y político ya había sido suficientemente enfatizada por ilustres pensadores como Locke, Hume, Adam Smith, Stuart Mill o Tocqueville. Pero lo cierto es que los trabajos de algunos premios Nobel de Economía, como Douglass Northy Ronald Coase, han venido a añadir fundamento y precisión «científica» a esta corriente doctrinal, a menudo demasiado atrapada entre el poco prestigiado sentido común y el ejemplo histórico no concluyente.

No obstante, si bien es cierto que el aparato teórico ha mejorado, el práctico, especialmente a la hora de intentar sacar provecho de la teoría en el ámbito de la cooperación internacional, todavía se encuentra en mantillas. No es fácil identificar concretamente qué instituciones han sido determinantes como factores de progreso, ni en qué medida lo han sido, ni tampoco en combinación con qué otros factores han demostrado su mayor nivel de utilidad. Pero incluso si fuéramos capaces de hacerlo, aún tendríamos que dilucidar hasta qué punto es factible su exportación a países con marcos normativos, sociales y culturales diferentes y en qué plazo cabría esperar obtener resultados.

Pese a todo, hay un conjunto de instituciones en torno a las cuales el consenso es especialmente fuerte, y éstas son las que versan sobre el fortalecimiento de los derechos de propiedad. La seguridad en la propiedad es un requisito inexcusable para el nacimiento del mercado, pues en caso contrario las asimetrías informativas entre operadores elevarían los costesde las transacciones hasta niveles que determinarían su ahogamiento o su funcionamiento sub óptimo. No cabe duda que uno de los mercados más importantes es precisamente el de la tierra, tanto por su relevancia, directamente productiva, como por su idoneidad para servir de apalancamiento con el fin de financiar todo tipo de iniciativas empresariales. Por ello, resulta especialmente importante implementar mecanismos de seguridad jurídica en este ámbito.

Es indiscutible que un buen sistema de formalización, representación o titulación de la propiedad ayuda a incrementar su nivel de seguridad, propiciando el nacimiento de un mercado eficiente e incrementando el valor de los activos, pues como ha demostrado concluyentemente Coase, el valor de las cosas aumenta por el simple hecho de reducir el coste de información sobre las mismas.

Pero sus ventajas no se limitan sólo a eso. Como afirma Hernando de Soto, la seguridad en la propiedad inmobiliaria irradia sus efectos benéficos en multitud de direcciones, sociales y políticas. Pensemos en la incorporación de la mujer al mundo laboral (liberada de la obligación de permanecer en el hogar para defender una posesión siempre susceptible de discusión), en la escolarización de los niños (consecuencia de lo anterior), en la percepción de ayudas públicas ligadas a la titularidad de una propiedad (por ejemplo, en procesos de reconstrucción por seísmos u otras catástrofes naturales), en el ejercicio de derechos políticos como consecuencia de las cargas (fiscales y administrativas) derivadas de la propiedad formalizada, en la lucha contra el crimen organizado (la coca se cultiva más que la palma olea ginosa porque el ciclo de cosecha de esta última dura cinco años, espera que implica un riesgo excesivo si no hay título de propiedad), etc., etc. Como vemos, la intuición de Tucídides se ha visto ampliamente confirmada por la realidad que nos ha tocado vivir.

Pero si bien el consenso doctrinal sobre las ventajas del marco institucional «formalización» o «titulación» de la propiedad es amplio, también aquí se plantean esas dificultades, anteriormente comentadas, a la hora de concretar y, sobre todo, de exportar. Es decir, por mucho que sobre el papel una determinada institución nos parezca modélica o indiscutible, el resultado no está garantizado si no se enmarca en un conjunto coordinado susceptible de aprovechar toda su potencialidad.

Pensemos por ejemplo en una institución como el Registro de la Propiedad. Podría parecer que un registro moderno y eficiente tiene que producir por sí solo efectos beneficiosos, en cuanto incrementa sin ningún género de dudas los niveles de seguridad jurídica en su territorio. Sin embargo, la realidad demuestra que esto no es así. La Ley Hipotecaria española de 1861 tenía por objetivo crear un buen Registro de la Propiedad (cosa que efectivamente logró) con la finalidad de dar publicidad a las hipotecas. Se pensaba que la causa fundamental de la inferioridad de nuestra agricultura con relación a las del Norte estribaba en que los capitales no acudían a financiarla, y no acudían porque la propiedad era insegura. Sin embargo, pese a su perfección técnica y pese al ingente trabajo de generaciones de hipotecaristas españoles de primera línea, la ley fracasó completamente en sus objetivos. En la década de los sesenta del siglo XIX se vendían más fincas rústicas y se formalizaban más préstamos hipotecarios sobre ellas que durante los ochenta años siguientes. No es de extrañar que la rigurosa ciencia hipotecaria española le pareciese a Joaquín Costa «demasiado suntuosa para una agricultura desmedrada y pobre».

El problema es que el registro solo no podía compensar ni un suelo especialmente árido (causa fundamental de nuestro subdesarrollo agrícola), ni un déficit presupuestario crónico (que desestabilizó la moneda elevando los tipos de interés y desprestigiando el crédito), ni una desamortización mal diseñada en cuanto hecha precisamente por motivos presupuestarios (que facilitó la aparición de un latifundismo absentista), ni una estructura bancaria absolutamente inadecuada para atender esas necesidades de financiación. Elregistro demostró su enorme importancia un siglo después de su aparición, cuando su objeto principal pasó a ser la propiedad urbana, actuando en combinación con otra institución clave, como fue la propiedad horizontal.

Es por ello que toda política de cooperación institucional sólo tiene posibilidades de éxito (a no ser que no importe esperar un siglo) tras un profundo análisis de la realidad del territorio sobre el que va a operar. Es necesario comprender que las instituciones constituyen un todo interrelacionado mutuamente dependiente, evitando caer en simplificaciones. En muchos países americanos se han lanzado masivos proyectos de titulación o formalización de la propiedad y de creación e informatización de registros públicos, muchos financiados con fondos internacionales, sin que los resultados puedan calificarse en todo caso de exitosos. No resulta extraño que el agraciado con uno de esos títulos inscritos se limite a colgarlo en la pared principal de su vivienda, sin sacar de él más utilidad que la estrictamente decorativa. La consecuencia natural de todo ello es que la propiedad titulizada a un coste multimillonario en dólares vuelve a sumergirse en la aformalidad y la clandestinidad apenas pasados unos años.

Por eso, un proceso de formalización con expectativas de éxito a medio plazo debe construirse sobre varios parámetros fundamentales. En primer lugar resulta imprescindible partir de las instituciones existentes a nivel local. En algunos casos serán instituciones formales (organizadas y reglamentadas) como notarios o registros. En otras informales, en cuanto carentes de reconocimiento legal expreso y de organización jerarquizada. No obstante, no hay que olvidar que muchas instituciones hoy formales tuvieron un origen informal, lo que nos lleva a pensar que este proceso siga hoy vivo en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en las zonas más pobres de Tanzania existe la figura del Mwenyekiti, hombre de prestigio y confianza en el poblado al que la costumbre ha encargado la función de documentar y conservar los contratos y acuerdos entre sus habitantes. Pueden ser extraordinariamente humildes y carecer casi completamente de formación, pero debemos comprender que son ellos los ladrillos en los que debe apoyarse cualquier proceso destinado a incrementar los niveles de seguridad jurídica en este ámbito. Por eso la cooperación internacional debería tener como objetivo fundamental favorecer el tránsito a una formalidad cada vez más perfecta de las instituciones enraizadas ya en funcionamiento.

Para ayudar a lograr ese objetivo es imprescindible insistir en la formación de las personas que integran ese entramado institucional, con la finalidad de que ellas, a su vez, extiendan entre la población una cultura adecuada. Pero, además, es necesario establecer un régimen de incentivos (premios y sanciones) que fomente, tanto la colaboración en el proceso de los operadores jurídicos involucrados, como el interés de los particulares por acceder a la titulación y a su publicidad registral.

No cabe duda de que el instrumento más adecuado para conseguir esta última finalidad es el que técnicamente se conoce con el nombre de «carga». A cambio de pasar por la carga de un control a la hora de formalizar una transmisión (con el fin de garantizar su veracidad y legalidad en el momento en el que el negocio jurídico se consuma) y por la de publicar una titularidad (con los costes que ello implica), se obtienen determinados beneficios atribuidos directamente por la ley y que privilegian esa documentación sancionada públicamente frente a la alternativa de la aformalidad o formalidad insuficiente. Esos privilegios pueden consistir en atribuir al título carácter ejecutivo, facilitar la retención o recuperación inmediata de la posesión, el acceso al crédito hipotecario, el paso franco a los registros, la obtención de ayudas públicas, etc.

Es obvio que los mismos razonamientos pueden aplicarse perfectamente a otros ámbitos, como el mercantil o derecho de la empresa. También aquí la formalidad produce efectos igualmente beneficiosos. La eliminación de incertidumbres que favorece una adecuada titulación facilita el acceso al crédito, reduce los costes de información en la contratación, combate la corrupción (siempre dispuesta a introducirse por las rendijas de la informalidad) e incentiva el ejercicio de los derechos públicos y ciudadanos.

Porque, en definitiva, lo que no cabe nunca olvidar es que, como afirmaba Tocqueville, la idea de los derechos no es otra cosa que la idea de la virtud introducida en el mundo político: «Me pregunto cuál es en la actualidad el medio de inculcar en los hombres la idea de los derechos y de hacerla, por así decir, entrar por sus ojos, y únicamente veo uno solo: el de conceder a todos el ejercicio pacífico de ciertos derechos».

Las manchas del leopardo

A Flores Castro

-Qué cosa más boba: rimar pececitos con besitos.

Aquella fue la sentencia que Lila hizo al nuevo trabajo de su esposo, Vinicius de Moraes. Chega de saudade era algo que Tom Jobim compuso muy poco después de Orfeo da conceiçao, una endiablada samba-canción en tres partes, que contenía una enorme dificultad a la hora de encajar la letra en aquella estructura melódica. «Pois há menos peixinhos a nadar no mar / Do que os beijinhos que eu darei na sua boca» (Pues hay menos pececitos nadando en el mar que besitos te daré en la boca).

Tom Jobim se quedó absorto cuando João Gilberto le cantó Hó-bá-lá-lá en su apartamento y pudo distinguir la singular «batida» que le imprimía su guitarra. Pronto se dio cuenta del campo de infinitas posibilidades que aquel ritmo ofrecía. ¿Cómo había llegado a aquello aquel chaval delgaducho? Le había visto alguna madrugada en el Hotel Plaza, hace muchos años, cuando él sólo era un buen pianista que animaba las noches de muchos establecimientos de Copacabana. Luego volvió a verlo a las puertas del Todo Azul, caminando como ido y con el pelo considerablemente largo. Ya no volvió a saber de él hasta aquella noche. Tan sólo algún rumor acerca de su vuelta a Bahía, donde al parecer había estado internado en un sanatorio mental.

Jobim fue directo al cajón donde guardaba todos sus borradores y canciones aparcadas esperando un momento mejor. Chega de saudade era una de ellas. Aún recuerda cómo se le ocurrió escuchando el canturreo de la muchacha que limpiaba en el piso de su madre. Aquella forma de tocar «simplificaba el ritmo de la samba y dejaba mucho espacio para las armonías ultramodernas que él intentaba hacer». Como en otras ocasiones, llamó a Vinicius para que escribiera la letra.

-Mira, no me seas tan sofisticada -zanjó Vinicius.

Trabajaban bien juntos. Él ponía el conocimiento musical y Moraes, su indudable talento poético, que debía compaginar con su trabajo de diplomático. Muchas veces llegaron a componer por teléfono. Sin embargo, una de las más conocidas ocurrió en la terraza del bar Veloso, en el barrio de Ipanema, en la esquina de las calles de Montenegro y Prudente de Moraes. Hacía tiempo que bajaban allí a tomar algo juntos, y en aquellas idas y venidas surgió la historia de Heloísa, una hermosa mujer de 19 años, de ojos verdes y largos cabellos negros, que traía de cabeza a los que frecuentaban el establecimiento. Alguna vez la vieron pasar, camino de la playa. Allí, en el verano de 1962, nació Garota de Ipanema, sin duda la canción que lanzaría mundialmente aquella nueva forma de tocar y cantar.

¿Qué es bossa nova? No está claro quién utilizó por primera vez aquella expresión. Bossa puede traducirse como habilidad, maña, y los músicos brasileños la usaban para referirse a alguien que tuviese una forma diferentede interpretación. Lo que sí se sabe es que empezó a extenderse entre la juventud carioca como la forma de definir aquella nueva música que cristalizó en la peculiar manera -al fin y alcabo, habilidad- de João Gilberto para tocar la guitarra. Imitar aquel acorde se convirtió en la obsesión de toda una generación. Así hasta que, un buen día, en la pizarra del Grupo Universitario Hebreo de Río de Janeiro alguien escribió: «Hoy, Silvinnha Telles y un grupo de bossa nova». Cincuenta años después, este término ya nos es familiar: un movimiento de la música popular brasileña que logró conciliar la tradición con los nuevos ritmos que venían, sobre todo, de Estados Unidos. Aquella «nueva forma» de componer, de tocar y de cantar llegarían al mundo entero.

El germen de todo aquello viene desde los años treinta y las canciones que empiezan a poblar la infancia de la generación que alumbró la bossa nova, como las de Orlando Silva. Ya en la década de los cuarenta, con la comercialización masiva del disco y la posibilidad de recrear las canciones en un plato giradiscos, se popularizan los clubes de fans, y en la culturalmente inquieta Río de Janeiro proliferan por doquier. Uno de ellos, sin saberlo, incubará a los futuros músicos de la bossa nova: el Farney-Sinatra Fan Club.

Estaba dedicado, como su nombre indica, a Frank Sinatra, la estrella del momento, y Dick Farney, la gloria local que un día hizo las maletas y fue a Estados Unidos, donde se trajo bajo el brazo varios éxitos. Cuando volvió entabló amistad con aquel grupo, que recordaba a la academia platónica en los requisitos para formar parte de él: todos sus miembros debían saber hacer algo con un instrumento o, al menos, poder cantar sin que a nadie le dolieran los oídos. Vivían por y para la música, en un estado de abstracción general que traía de cabeza al vecindario.

«La mayoría quería creer que, como en los musicales de Gene Kelly, Sinatra y Ann Millar, la música manaría súbitamente de las nubes, tocada por una orquesta invisible de la Metro bajo la dirección de Lennie Hayton, y apartir de ahí sería ya sólo cuestión de lanzarse a zapatear por las calles, sin que ningún transeúnte les mirase alucinado». Aquel camino que comenzó en el barrio de Copacabana lo recorre el periodista brasileño Ruy Castro en su obra Bossa Nova. La historia y las historias, publicado por primera vezen 1990. Cuando se cumplen cincuenta años de aquella forma musical, la editorial Turner lo edita en una cuidada edición con fotografías y planos de los escenarios por donde llevaron sus andanzas toda aquella generación de jóvenes cariocas. Son historias que se entrecruzan una y otra vez. Después de todo, no mucha gente se dedicaba a la música de forma profesional. Así que, aunque uno desapareciera de Río varios años, como le ocurriría a João Gilberto, lo más probable es que, si volvía, regresara a los mismos lugares.

-Mira cómo el viento despeina los árboles…
-Pero si los árboles no tienen pelo, João -interrumpió la psicóloga que seguía su estado.
-Y hay personas que no tienen poesía…

«Joãozinho se está volviendo loco». Don Juveniano lo espetó así al resto de la familia. Desde que su hijo había vuelto a Juazeiro, no hacía otra cosa que lamentar la suerte de su hijo. Podía haber sido médico, abogado, ingeniero, lo que hubiera querido, hasta que aquella historia de la música se le metió en la cabeza y emprendió aquel largo viaje hasta Río de Janeiro. Ahora se encontraba allí, encerrado en su habitación, con su guitarra, sin ganas de ver a nadie. Dewilson, su primo hermano y médico psiquiatra, se ofreció a llevarlo a Salvador de Bahía, a que lo trataran lejos de los chismorreos de aquel pueblo.

Sin embargo, la locura de João no tenía una fecha exacta de comienzo. Siempre se le consideró un «tipo raro» desde que llegó a Río, procedente de la lejana Bahía. Indisciplinado, nunca logró tener un trabajo que le diera la estabilidad necesaria para dedicarle tiempo a su guitarra. Tampoco consiguió nunca vivir más de unos meses en el mismo sitio. Siempre encontraba alguien que le admiraba y terminaba por acogerle en su apartamento, como siempre hasta que encontrara otra cosa, y, como siempre, acababa con João en la calle a los pocos meses. Y así vuelta a empezar, hasta que una vez, a comienzos de 1955, se encontró completamente perdido.

Aquel «descenso a sus propios infiernos», como lo llama Ruy Castro, lo llevaría de Río a lugares como Porto Alegre, Diamantina, Salvador, hasta su Juazeiro natal. Quizá, la etapa más importante la vivió en Diamantina, en Minas Gerais, donde vivía su hermana. Llegó de allí procedente de Porto Alegre, después de un accidentado viaje en autobús que le llevó a un lugar equivocado, a casi cuatrocientos kilómetros de distancia de su destino. Sin dinero, se las arregló para llegar a casa de su hermana Dadinha semanas después. Allí llegó derrumbado emocionalmente.

Apenas salía de las cuatro paredes de su habitación. Cuando lo hacía era para encerrarse en el baño un buen rato, que cada vez iba a más. Siempre se llevaba consigo su guitarra y se podía oír un cansino y repetitivo acorde tras la puerta. De noche, se deslizaba hasta la habitación donde dormía su sobrina, Marta María, y le cantaba y tocaba, bajito, al pie de la cuna.

Dadainha lo acogió durante ocho meses. Justo los que, como reconocería después, le bastaron para cambiar su vida. Aquellos días, en los que apenas se quitaba el pijama en todo el día, le tuvieron entregado a sacar de aquella guitarra, el ritmo, la armonía y la forma de cantar que siempre anduvo buscando. Donde mejor podía medir la reverberación de las cuerdas de su guitarra, lo que duraban las notas si tocaba de uno u otro modo, era precisamente entre las paredes forradas de azulejos del baño. Aquella sonoridad le permitió hacer pruebas y pruebas con su voz, para que se acoplara con aquellos acordes. La prueba de fuego era tratar de cantarle a Marta María a las tres de la mañana. Cuando años después grabó Chega de saudade, amuchos les pareció que aquella forma de cantar «bajito» no era lo que se entendía por cantar. Hasta que Carlinhos Lyra dijo que la bossa nova se canta «como quien habla al oído de una mujer».

-Eres brasileño, Tom, eres perezoso.

Pocos pensaron que Chega de saudade fuese a estar en las tiendas de discos en la primavera de 1959. Las continuas reticencias de Gilberto y sus formidables discusiones con Jobim ralentizaban las grabaciones. Lo primero fue aquella sorprendente manía que soliviantó a los técnicos. Para grabar quería dos micrófonos: uno para él y otro para su guitarra. Nadie lo había pedido nunca. Sin embargo, durante el mes de febrero se grabaron casi dos tercios del disco final. ¿La razón? Las canciones que faltaban apenas tenían acompañamiento y, por tanto, João dejó de tener una orquesta con que armonizarse. En el texto que se puede leer en la funda de disco, Tom Jobim confesaba de una manera sutil y elegante los quebraderos de cabeza que los arreglos habían supuesto para que el guitarrista consiguiera estar cómodo en las canciones. «Cuando João Gilberto se acompaña, la guitarra es él. Cuando la orquesta lo acompaña, la orquesta también es él».

Caetano Veloso, lo mismo que Gilberto Gil, Milton Nascimento, Edu Lobo o Chico Buarque, siempre dijeron recordar dónde estaban y qué estaban haciendo cuando la escucharon por primera vez. Primero en la voz de Elizabet Cardoso y, meses después, en la de João Gilberto. Ninguno quiso saber nada más. Todos supieron en aquel momento que cantar y tocar la guitarra era lo que querían hacer y a lo que iban a entregar sus vidas. Lo que no sabían es que ellos presenciarían la extensión de la bossa nova hasta el último rincón del planeta.

-No se pueden cambiar las manchas del leopardo.

El señor Morris, presidente de la casa de discos Odeón, dijo aquello a Tom Jobim para comunicarle que Aloysio de Oliveira se incorporaba a la compañía como director artístico y que, por tanto, asumía muchas de las competencias que hasta ahora le habían tocado a él, lo que también afectaba a su salario. Pero aquella decisión, lejos de incomodarle, permitió a Jobim liberarse de lo que de verdad odiaba de aquel trabajo y centrarse en la parte que a él más le agradaba: escribir y componer sus propias canciones. No podía cambiarse lo que uno realmente era. Eso era lo qu e precisamente queríadecir el señor Morris.

Tom Jobim y Newton Mendonça solían juntarse en el apartamento de este último para componer, revisar ideas que les guiaran en la creación de nuevas canciones. Una vez, apenas pudieron reprimir las carcajadas al recordar los viejos tiempos en que se veían obligados a tocar con cantantes que desafinaban constantemente. ¿Qué te parecería escribir una samba que, construida sobre una base disonante, pusiera en evidencia a quien quisiera cantarla? Sería como intentar que afinaran lo desafinado. La idea les estimuló tanto que, en unas horas, la habían terminado. Aquella canción, que finalmente grabaría João Gilberto tras trece infinitas y exasperantes tomas, se llamó Desafinado.

Muchos de aquellos jóvenes universitarios que se convirtieron en seguidores incondicionales de aquella nueva forma de tocar y cantar, identificaban en ella una nueva etapa de un país que empezaba a dar muestras de querer ser el país del futuro. Fueron los años en que Lúcio Costa y Oscar Niemeyer decidieron transformar un llano desértico en la capital, Brasilia. Aquel proyecto megalómano sigue siendo hoy un lugar de culto para arquitectos de todo el mundo. Y cómo no, en 1958, el año de Chega de saudade, llama la atención en la Copa del Mundo de Fútbol, que se celebra en Suecia, un joven brasileño de 17 años llamado Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. No es extraño que muchos dijeran que ese año no debería haberse acabado nunca.

La sombra de la bossa nova se sigue prolongando hoy, con cantantes como Rosa Passos o Maria Bethânia. Un movimiento que se extendió cuando Astrud Gilberto, la mujer de João, le dejaron cantar Garota de Ipanema en aquel estudio de Nueva York, con Getz, Gilberto y Jobim. La música estadounidense influyó en su creación y ahora era la bossa nova quien influiría en una amplia generación de músicos norteamericanos. Muchos de aquellos ritmos, saltos armónicos, formas de cantar susurrantes, los podemos advertir en parte de la música que se hace hoy.

La sociedad civil clave para la gobernabilidad

En las últimas décadas, tras la profunda revisión llevada a cabo tras medio siglo de Cooperación Internacional al Desarrollo, ha cobrado enorme relevancia el concepto de gobernabilidad democrática del Estado de Derecho como eje sobre el que debiera girar una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) más eficaz. El denominado fortalecimiento institucional, simplificando enormemente, no es más que consolidar y reforzar las instituciones y ámbitos que favorezcan e impulsen el funcionamiento democrático de un país. El énfasis en este nuevo objetivo prioritario en la cooperación viene dado por los desarrollos teóricos avanzados que demuestran una y otra vez la estrecha vinculación entre libertades y garantías democráticas y el aumento del desarrollo en todas sus dimensiones: capacidades individuales y colectivas, desarrollo humano, crecimiento económico, etc.

En este contexto, la atención a la sociedad civil como elemento clave de la gobernanza democrática es crucial. Y por ello, las diferentes instancias internacionales insisten de forma muy clara en que la gobernabilidad del Estado de Derecho no es un asunto exclusivo del sector público, como quizá se pudo malentender en los comienzos de esta línea de trabajo, sino que depende de una adecuada interacción entre los tradicionales tres sectores: las administraciones, el sector privado y la sociedad civil (entendiendo ésta, de manera aproximativa y no estrictamente absoluta, como el dinamismo de la sociedad en la búsqueda de intereses comunes y no necesariamente lucrativos).

No obstante, metodológicamente, conviene deslindar previamente qué entendemos por sociedad civil y cuál es su papel específico antes de abordar su protagonismo en la gobernabilidad de los países en vías de desarrollo. Sobre qué se entiende por sociedad civil y su relevancia en las sociedades democráticas se han escrito ríos de tinta pero conviene extraer algunas reflexiones básicas.

En primer lugar, conviene destacar su dimensión de espacio público donde los ciudadanos, de manera conjunta, exigen su protagonismo en el dinamismo social frente al estatalismo o el «despotismo» de las élites partitocraacute;ticas. De ello surge el diálogo y el debate público que permite participar a los ciudadanos en el ámbito «político» (etimológicamente, de la polis, del bien común) más allá del derecho a voto cada cierto número de años, al menos donde existe ese derecho básico de ejercer la soberanía popular. Ello supone evitar la reducción del espacio público y político al Estado, lo cual es crucial en una auténtica democracia. El principio de subsidiariedad, esto es, que lo estatal debe estar supeditado y en función de la sociedad y que ésta lo debe estar respecto del individuo -siempre que atienda a sus obligaciones inherentes a su condición social- lo expresa magníficamente.

En segundo lugar, habría que destacar el elemento organizativo de la sociedad civil. El dictamen del Comité Económico y Social de la UE (Bruselas, 22-IX-1999), sobre «El papel y la contribución de la sociedad civil organizada en la construcción europea», la define como «conjunto de todas las estructuras organizativas cuyos miembros prestan servicio al interés general democráticamente -mediante el diálogo y el consenso- y sirven como mediadores entre las actividades públicas y los ciudadanos». La sociedad civil se mueve en otro ámbito diverso al del Estado y de las organizaciones empresariales y económicas (aunque, sin duda, éstas pudieran ser consideradas también en cierto sentido como tal), a saber: el de las estructuras de socialización, asociación y opinión pública organizadas e institucionalizadas.

En tercer lugar y último, es inherente a un Estado democrático ser realmente participativo.Y ello no está asegurado simplemente con los procedimientos o mecanismos formales de una democracia. El verdadero índice de su calidad reside en la participación activa de los ciudadanos en las iniciativas públicas que posteriormente se trasladan a las instituciones democráticas -para que éstas las transformen en normas legales o políticas públicas acordes con los intereses generales-. De aquí puede surgir un verdadero Estado participativo. Lo contrario de las «sociedades abiertas», en terminología de Popper, son las sociedades conducidas por una minoría dirigente que, desconfiando de la libertad ciudadana, pretende infantilizar a la sociedad demandando depositar su confianza en estas élites, evitando promover una actitud de distancia crítica razonable hacia ellas. Esta senda incapacita a la sociedad para exigir responsabilidades y reivindicar para sí el amplio protagonismo que le corresponde.

De la somera descripción anterior en tres puntos sobre qué se entiende por sociedad civil y su relevancia en las sociedades democráticas, ya pueden vislumbrarse algunas pistas de cara al crucial papel de la sociedad en la gobernabilidad democrática de los países en desarrollo -aspecto donde se juega mucho de su futuro y prosperidad-. Como esfera de interacción entre el sector privado y el Estado, que pertenece al ámbito de las estructuras sociales mas cercanas (la familia, el asociacionismo, los movimientos sociales, las formas de comunicación públicas, etc.), la sociedad civil es el espacio natural de expansión potencial de la democracia y, por ende, como es sabido por la estrecha relación entre economía exitosa y libertades democráticas -aunque existan excepciones sensu contrario-, motor del desarrollo humano y el crecimiento económico. Esto es así porque la acción social colectiva organizada no está vinculada a la defensa directa de intereses socioeconómicos ni a la competencia electoral para acceder al control del poder estatal.

Por ello, un método privilegiado de potenciar el desarrollo de un país, desde la perspectiva del fortalecimiento institucional, es fomentar una sociedad participativa que dé lugar a un Estado del mismo tipo. Para ello se precisa construir nuevos y mejores mecanismos de participación que hagan realidad la primacía ciudadana frente al poder y la organización burocrático-administrativa estatal.

Olvidar con frecuencia, en la ayuda al desarrollo, el papel de los ciudadanos es uno de los motivos por los que tantas décadas de esfuerzo por mejorar sustancialmente la vida de los países pobres ha fracasado. Si se trata realmente de solidaridad, es en este ámbito donde se encuentra y se puede actuar de manera más inmediata: «En ella [en la sociedad civil] se produce y reproduce el espíritu cívico; es el reino de la fragmentación pero también de las solidaridades concretas y auténticas, en el cual nos convertimos en hombres y mujeres sociales» (M. Walzer). Hay un conocido estudio de la Universidad Johns Hopkins (Lester Solomon et al., Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, 1998) que mostró a las claras la íntima relación entre los niveles de calidad de vida de los países y el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en los mismos. Este dato, cuantificado, avala con nitidez todo lo dicho anteriormente y, en consecuencia, la urgencia de fortalecer la sociedad civil en la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo.

Sin descender al detalle de qué cauces se pueden articular para conseguir sociedades civiles más dinámicas, asunto del que existen numerosos y valiosos ejemplos, sí hay que indicar cuál es el marco básico para que éstas puedan darse. No se puede ni se debe concebir a los ciudadanos como simples beneficiarios de la Administración del Estado o inclusive de la Cooperación al Desarrollo, puesto que éstos poseen un papel esencial en otros órdenes: constituyen la soberanía popular, deben controlar la gestión gubernamental, son la verdadera opinión pública, los consumidores de servicios y otros muchos aspectos. Por lo tanto, deben ser interlocutores válidos en las diferentes etapas y proyectos, en lo que se refiere a la recepón de ayuda al desarrollo, pero más importante aún -en el ámbito de la organización social interna- deben participar, actuar, opinar, defender sus posiciones, representar colectivos, etc., en cuanto comunidad organizada.

Para esto último es fundamental que se consoliden y perfeccionen las libertades básicas de una sociedad democrática madura. Un sistema representativo plural, elecciones libres, medios de información y comunicación independientes y autónomos, libertades políticas, oportunidades sociales para poder ser auténticos protagonistas de su futuro, garantías jurídicas, seguridad personal y colectiva y un largo etcétera. Esta perspectiva supera con mucho los anteriores estrechos enfoques economicistas del desarrollo y saca a la palestra la necesaria expansión de libertades que haga posible un desarrollo humano entendido como extensión de las propias capacidades (mucho más allá del asistencialismo o de la atención a las meras «necesidades básicas»).

Por todo ello, el impulso del fortalecimiento institucional, especialmente de la gobernabilidad democrática del Estado de Derecho en su dimensión cívico-social, debe ser un reto preferente en los renovados esfuerzos de la comunidad internacional de cara a mejorar la eficacia y los resultados de la Cooperación Internacional al Desarrollo. En ello nos jugamos no perder más décadas por olvidar lo esencial.

México, entre el riesgo y la oportunidad

La globalización de la crisis económica y financiera nos afecta a todos. A todos nos interpela y a todos nos exige una respuesta comprometida y realista. La crisis tiene sus tiempos y sus aproximaciones, se deja ver, se hace oír y, finalmente, se deja sentir. Pero, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. El mundo está en crisis y por lo tanto México también lo está. ¿O no lo está?

En México parece que la crisis global es algo que les ocurre a otros. Hasta ahora preocupa, pero no duele. El país crecerá modestamente en el primer semestre de 2009, pero puede terminar el año con saldo negativo. Hay informes de que la producción está cayendo y que la exportación de automóviles ha descendido a la mitad. Sin embargo, está mejor preparado para enfrentar la adversidad.

El país ha tenido grandes avances en la estabilidad macroeconómica. Es, después de Brasil, la segunda economía de la región, y la mejor en desarrollo financiero. Ha logrado abrir, liberalizar y diversificar su economía. Y está transitando de un modelo cerrado política y económicamente a un sistema abierto y libre. El modelo económico cerrado, aunque hizo de México al menos un país semiindustrial, a la larga minó la competitividad, no permitió el aumento del valor de la inversión, profundizó la brecha tecnológica, evitó la innovación y generó una de las sociedades más desiguales del planeta.

Ahora México ha aprovechado su posición geográfica y sus ventajas competitivas. Tiene más de diez tratados de libre comercio, entre los que destacan el de América del Norte, con la Unión Europea y el Acuerdo de Asociación Económica con Japón. La cifra de las manufacturas de exportaciones ha pasado de 13.000 millones de dólares en 1988 a 224.000 millones en 2007. Esa cantidad representó el 81% de sus exportaciones totales, en tanto que el petróleo sólo supuso el 16%, cuando 20 años antes representaba el 43% del total de las exportaciones. Los mexicanos están diversificando su planta productiva y sus exportaciones. Las empresas se sofistican, los proveedores locales crecen en calidad y hay un número de clusters de negocios razonablemente desarrollados.

En los últimos tres años se han logrado reformas mínimas, que representan un punto de partida en materia fiscal, electoral, judicial, energética y de pensiones. Se tienen planes y programas para mejorar el sistema educativo y disminuir los niveles de pobreza más lacerantes.

México ha transitado desde la triple obturación de los ámbitos económico, político y social, hasta la apertura al mercado, a la competencia políticay a la movilidad social. Del machismo que todo lo confía a la expresión de la fuerza, a la consideración de condiciones de vida más humanas para todos. De la indolencia ante el retraso y la marginación de millones, a la concienciación de que es necesario terminar con las condiciones de incapacidad, miseria y dependencia de cerca del 50% de la población. Frente a un sistema cuasifeudal y clasista, la evolución social lleva, poco a poco, a la integración y al reconocimiento mutuo.

LAS OPORTUNIDADES
Por su posición geográfica, por sus recursos naturales, por el tamaño de su población, México es un país de oportunidades. Es un país joven, que en las encuestas mundiales sobre felicidad ocupa los primeros lugares. Con independencia de cómo se defina la felicidad, el país tiene la dinámica de una sociedad en la que muchas cosas están por hacerse. Y en la que se vive siempre de la esperanza, de que los mejores días están por venir. Magia y mito; imaginación y desenfreno; pero también gozo por la vida, innovacióny apertura al futuro.

México ha podido capear el temporal financiero mundial, aunque sufriendo una fuerte caída de su moneda, perdiendo empleos y con una fuerte recesión en la actividad económica. Su situación es comparativamente mejor que la de años anteriores. Gracias a la implantación de políticas macroeconómicas sanas ha sido posible abatir la inflación, aumentar las exportaciones, mantener un tipo de cambio flexible, evitar los déficits fiscales, generar la más elevada tasa de reservas internacionales de su historia y atraer inversión extranjera en términos competitivos respecto a otras economías emergentes.

En la coyuntura, han operado a favor del país un sistema financiero más sano, las bajas de tasas de interés, un sector inmobiliario que ha sido fundamental en el crecimiento de los últimos años y que comparativamente está mucho mejor estructurado que en otros países. Las coberturas petroleras -que en este caso operaron a favor- permitirán que la baja en los precios sea menos radical para México, al menos en 2009, y desde luego hay que considerar los planes contracíclicos, que impulsarán la infraestructura y generarán empleos, si las trabas burocráticas no lo impiden.

El país cuenta, además, con un segmento de trabajadores con gran cualificación, que son capaces de altos índices de productividad y de estándares de calidad globales. La población económicamente activa alcanza hoy los 45,5 millones de personas, cuando la población total supera los 110 millones de habitantes, y llegará a ser de 65 millones en el año 2020. Éste es el bono poblacional que México puede hacer efectivo para sí mismo y para sus socios comerciales, si logra mejorar sus estándares educativos y generar los empleos necesarios para los jóvenes. La estructura poblacional, en esta crisis, se convierte en una oportunidad, pues México es un país que todavía puede jugar, simultáneamente, con las variables del mercado interno y del mercado externo.

Aunque su moneda ha sufrido fuertes embates devaluatorios, las exportaciones no se incrementan de manera sustancial, debido a la recesión global, que limita la demanda y el comercio. Pero se está abriendo un área de oportunidad para que los productores nacionales con visión competitiva y global desplacen las importaciones de países que parecían imbatibles, pero cuyos productos se vuelven caros para el mercado interno. México es un país con grandes oportunidades para trabajar en él y desde él.

LA FALTA DE INSTITUCIONALIDAD
El mayor riesgo para México estriba en congelar el proceso de cambio que se inició a finales del siglo XX. Las reformas entonces operadas han llegado a su límite. Se necesitan con urgencia reformas de segunda y tercera generación, para poder seguir avanzando y no quedarse fuera de las pautas de progreso. Las reformas estructurales que se empezaron a gestar en 1983 deben ser culminadas.

Se pueden mencionar muchos y muy variados riesgos, desde la posibilidad de dejar de ser una potencia petrolera, hasta el colapso del Estado, pasando por los críticos niveles alimentarios, sanitarios y educativos, que pueden provocar una descomposición de las oportunidades en amenazas y peligros.

Frente a los problemas de narcotráfico, de violencia criminal e inseguridad, de corrupción, de monopolios públicos y privados, de sindicalismos explotadores, de contubernios de grupos de presión y de partidos políticos, de liderazgos populistas que acentúan la pobreza y la dependencia, se alza la falta de institucionalidad como el gran problema del país.

Muchos de los gobiernos estatales y municipales carecen de los más elementales criterios de actuación profesional en su desempeño, lo que propicia la corrupción, el dispendio y las alianzas mafiosas para hacer avanzar proyectos particulares muy redituables. En el gobierno federal, aunque la corrupción ha disminuido en los altos cargos, se padecen lacras ancestrales.

Ante los problemas de gobernabilidad institucional que padecen los poderes federales, los gobernadores y alcaldes adoptan, muchas veces, la actitud de un cacique o de un señor feudal. Son administradores de los recursos que la Federación les asigna, pero evaden la rendición de cuentas y las auditorias. Pueden usar los recursos públicos y los poderes estatales para hacer avanzar sus ambiciones políticas, sin ser sometidos a juicios de responsabilidad. No tienen necesidad de mejorar el ambiente productivo, de bajar los costes de transacción o de promover una real y decidida competitividad en sus estados, porque la facultad de imponer impuestos y recaudarlos es preponderantemente federal.

El tejido de complicidades en la Federación y en los estados, lleva a que grupos de presión -oportunistas y que quieren maximizar sus prebendas- frenen todo avance económico. Se aprovechan las fallas institucionales para generar cadenas económicas informales, que con el paso del tiempo pasan de la ilegalidad a la criminalidad. Se distribuyen, por su medio, desde «productos piratas» hasta drogas, pasando por toda una serie de bienes y servicios que se producen sin respetar las leyes laborales, fiscales o ecológicas, y que permiten, bajo el disfraz de una actividad de subsistencia, crear la red capilar de la logística delictiva. Se privatizan los beneficios y se socializan los costes, hipotecando el futuro del país.

La ausencia del Estado de derecho fomenta el autoritarismo, la autocracia y los mesianismos políticos. La vieja aspiración liberal de pasar a ser un país de seres humanos iguales bajo el principio de la ley, vuelve a ser ridiculizada. Las ambiciones personales se imponen, y utilizan las estructuras informales de la política, como son el clientelismo, la corrupción y la discrecionalidad, para medrar con el poder, con la manipulación de las aspiraciones populares y con la irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos.

LOS FUNDAMENTOS NO SON LOS ADECUADOS
Los fundamentos del país no están bien. Por tales entiendo no las estadísticas macroeconómicas, sino las bases que permiten el desarrollo de la economía de mercado. Es decir, las garantías de la libertad, mediante la vigencia del Estado de derecho, para lograr una sociedad solidaria.

Sin el reconocimiento de las exigencias de la solidaridad, el crecimiento y el desarrollo carecen de sentido. Pero sin el mercado éstas no se pueden conseguir. Las necesidades sociales se satisfacen gracias al trabajo de las personas que, por cuenta propia o de forma asociada, producen los bienes y servicios que se requieren. Por ello, en México es vital seguir una política económica que al denunciar los defectos del capitalismo no impida la libre concurrencia que es condición sine qua non para la generación de valor económico, político y social.

En las convulsiones que ha generado la crisis especulativa mundial hay que distinguir entre el capitalismo desenfrenado y la economía de mercado, para poder mantener un rumbo de salida. El primero puede ser definido como una ideología que intenta anular al mercado a través de los monopolios, los cárteles y las colusiones que llevan a fijar o elevar los precios. El control y la manipulación de la información distorsionan la realidad, provocando decisiones equivocadas. Este sistema es una ficción de la libertad, porque maximiza el control y las utilidades desde una posición de fuerza que elimina las decisiones racionales de los actores. Es, en definitiva, un juego de suma cero, el control de la información polarizada que vuelve errático el sistema de decisiones, al disolver la confianza como ocurre con la especulación financiera exuberante, que tiende a desvincularse de la economía productiva y que termina siendo el juego de los espejos, en donde mientras más se repite la imagen y más profunda se hace, menos realista es, aunque dé la impresión de una multiplicación inimaginable.

La economía de mercado en cambio supone el desarrollo de la actividad libre. Bajo el principio de legalidad, cada actor tiene la libertad de acometere innovar, sin que haya poderes de facto, públicos o privados, que lo impidan. El libre mercado es un proceso en el que oferentes y demandantes intercambian bienes o servicios, mediante transacciones que llevan al juego de ganar-ganar, que es el juego del comercio.

México tiene que hacer frente al desprestigio mundial que la crisis está produciendo sobre la economía de mercado. Tiene que advertir que no hay posibilidad de crecimiento sin generación de riqueza, y que ésta es fruto de una economía de mercado solidaria. Frente a los liderazgos latinoamericanos neopopulistas, autoritarios y devastadores del capital humano y social, México debe ir más y más de prisa, en la línea de la consolidación del Estado de derecho, del mercado solidario y de la democracia como forma de vida.

UN PAÍS EN CONSTRUCCIÓN
Los cambios que se han operado en México son esperanzadores. Las generaciones jóvenes tienen un talante menos inercial, buscan vivir de otra manera, con más libertad, con más respeto a lo que cada uno es y piensa, sin dogmatismos y con creatividad. El proceso democrático -aunque todavía insuficiente- permite unas libertades impensables hace veinte años. Se trata ahora de invertir la libertad -no tanto en acciones de la bolsa- sino en acciones que permitan a esta nueva generación producir un futuro distinto.

México se encuentra en proceso de construcción. Afortunadamente no partimos de cero, pero hay mucho que avanzar y consolidar. Hay mucho que dejar atrás y no repetir, pero es mucho más lo que hay que hacer para reinventar a la nación y abrir el futuro. México no es un país terminado, pero no es un país acabado. No es un Estado fallido, pero es un Estado con muchas fallas. Es una sociedad que va hacia la igualdad, pero sin haber superado la discriminación; que busca la libertad, pero que no sabe hacer justicia; que quiere remediar los agravios, pero que no ha aprendido a ser solidario. México está entre el riesgo y la oportunidad.

Tras los pasos de Brasil

El hombre que soñó con la unidad de la América española no consideraba al mayor país de América del Sur un aliado. «Infelizmente, Brasil hace frontera con todos nuestros Estados», lamentó Simón Bolívar en carta al general Santander el 23 de enero de 1825, dejando claro la exclusión de este país de sus planes federativos. Bolívar temía que el emperador brasileño aprovechase la inestabilidad del periodo de independencia de las colonias españolas para invadirlas. Hoy, reaparece como modelo para cierta izquierda panamericana.

Casi ciento cincuenta años después, un presidente estadounidense manifestaba la convicción de que las fronteras brasileñas eran más tenues de que lo desearía el caudillo colombiano. «Nosotros sabemos que a donde va el Brasil, allá va el resto del continente latinoamericano», dijo Richard Nixonal recibir al general y presidente brasileño Emílio Garrastazu Médici, en la Casa Blanca, en 1971.

El presente proceso de integración oscila aún entre ambas posiciones:del alejamiento beligerante a la convicción de un destino común que une a las naciones separadas por la dislocada y desaliñada línea del Tratado de Tordesillas (1494)- responsable de los límites para las Américas portuguesa y española-.

En el siglo XIX ganaba fuerza el concepto «Latinoamérica» en contraposición a la otra América: la del norte. Estados Unidos es excluido, a priori, de cualquier plano de integración continental. A pesar de inspirar a muchos países de recientemente independizados en aquellas fechas (baste sólo con recordar la sucesión de «estados unidos» latinoamericanos con regímenes presidencialistas), los vecinos del norte son considerados herederos morales de las metrópolis europeas. El término Latinoamérica, creado en 1856 por el chileno Francisco Bilbao Barquín y el colombiano José María Torres Caicedo, lleva aparejado, desde su origen, un carácter de oposición a los estadounidenses. Fue esa la razón por la que en 1864, Napoleón III lograba utilizarlo para justificar el «panlatinismo» de su aventura imperial en México.

La dinámica entre los tres polos -Estados Unidos, América Hispánica y Brasil- marca la historia del continente en el actual proceso de integración dando lugar a muchas estrategias de unión y también movimientos de repulsa que sospechaban «pretensiones imperialistas» reales o retóricas en las políticas externas tanto estadounidense como brasileña.

Cuando Brasil, hasta el inicio del siglo XIX, concentraba su política sudamericana en la definición pacífica de sus fronteras, Estados Unidos empezó a ejercer, para una buena parte del continente, el papel metropolitano de estuario de los productos primarios y fuente de capital para inversiones, con una relación no muy distinta de aquella que mantenía con los países centrales de la economía europea. Como todos los países volvían sus ojos para el norte, no parece sorprendente que la atención para las relaciones regionales fuera escasa.

La ausencia notable de integración física entre Brasil y sus vecinos constituye una señal clara de que las relaciones bilaterales nunca han sido prioridad para los gobiernos. Proyectos como el malogrado ferrocarril de Madeira-Mamoré, construido entre 1907 y 1912, y la reciente estrada para el Pacífico, ligando el estado brasileño de Acre a la costa chilena, no son excepciones a la regla: la mayor parte de las inversiones en infraestructura para salida de la producción ha posibilitado el abastecimiento de materias primas para mercados de países desarrollados.

Con la formación de bloques económicos en Europa y Asia, la integración latinoamericana recibió un nuevo impulso en los años ochenta, aunque de forma poco homogénea. México se asoció a la economía estadounidense, funcionando en la práctica como una extensión de ella. Otras economías de Centroamérica, dependientes del comercio con Estados Unidos y de las remesas de dólares de los emigrantes siguieron el mismo camino. La cohesión ha sido más fuerte en América del Sur, donde ha habido una ampliación del núcleo del Merca do Común del Sur (MERCOSUR) con una adhesión creciente de los países andinos, a pesar de la resistencia colombiana, que se materializó en la reciente formación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

La opción por Mercosur fue una contestación al modelo propuesto por Estados Unidos de impulsar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que ha sufrido una fuerte oposición por parte de Brasil motivada por el temor a que las economías del sur sufrieran una acción predadora de la concurrencia estadounidense, sin que sus productos tuviesen ventajas en el mercado del norte. Ante el aparente fracaso de la ALCA, Estados Unidos insiste en una agresiva política de acuerdos bilaterales, que retorna, en líneas generales, a las relaciones verticales que han marcado la historia latinoamericana. Son dos modelos que se sobreponen sin excluirse, pero que expresan objetivos generales de organización económica distintos.

La integración regional empezó en los años ochenta a partir de las propuestas que surgieron después de la Guerra Fría y del consenso forjado en el proceso de redemocratización del continente. Mercosur ha emergido en el momento en que la tesis de que la democracia representativa de tipo occidental, sustentada en una economía capitalista liberal, era el modelo ideal para las naciones. La ruptura de la dicotomía entre Estados Unidos y la Unión Soviética disminuyó los antagonismos en el continente y redujo el abanico de opciones de caminos a seguir. Se trataba de buscar una forma más rápida para alcanzar el desarrollo político, social y económico que la economía globalizada presentaba en moldes liberales. De ahí el énfasis en la integración económica, en la quiebra de las barreras comerciales, como un paso para aumentar la eficiencia de las economías locales. La cláusula democrática de Mercosur ha surgido como elemento natural y consensual en este contexto.

Pero la historia no ha dejado de visitar el continente demostrando que no podría ser ignorada por acuerdos circunstanciales entre élites políticas y económicas empeñadas en redefinir las sociedades. Las convulsiones sociales que han acompañado los fracasos de las reformas liberales, por ejemplo, en Argentina, la virtual dictadura de Alberto Fujimori en Perú, la inestabilidad permanente en Bolivia y en Paraguay, la continuidad de la acción de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela han mostrado que había límites para la eficiencia de los acuerdos de caballeros y han representado un desafío, no solamente para la integración del continente, sino también para los modelos de sociedad que cada país intentaba adoptar. Este contexto ha abierto camino para el crecimiento de fuerzas políticas alternativas que han tornado más complejo el esquema político continental.

Es importante señalar que la ascensión de la izquierda no ha sido casual sino que se inserta en la continuidad del proceso de redemocratización de los años ochenta y en los resultados insuficientes de las políticas liberales de los noventa. Un pueblo que puede escoger a sus gobernantes tiende a cambiarlos cuando sus necesidades básicas no son satisfactoriamente atendidas, algo muy común en las democracias jóvenes con problemas sociales antiguos y graves.

En cuanto las élites latinoamericanas continuaban desarticuladas, la izquierda del continente desarrollaba una red de contactos que se torna más densa en la segunda mitad del siglo XX. Lo hace inicialmente con la ayuda del Komintern, después en los foros socialistas internacionales y posteriormente en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y en la experiencia común del exilio en los años sesenta y setenta. Tales situaciones han hecho que los líderes de la izquierda desarrollasen lazos intelectuales y personales mucho más fuertes que sus análogos conservadores. Compartían así una conciencia de destino común más clara. Al llegar casi juntos al poder, era natural que buscasen una integración con un sentido mayor de colaboración.

Resulta tentador examinar las relaciones entre los líderes izquierdistas desde las personalidades y actuación de los más destacados: Hugo Chávezla en Venezuela y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Algunos afirman que el primero representa la izquierda revolucionaria que manipula la democracia directa a través de plebiscitos para socavar la democracia representativa y establecer un dominio personal, mientras usa el petróleo para exportar su modelo a otros países. Por otra parte, Lula sería el rostro amable de una izquierda democrática que intenta resolver los problemas sociales de su país a través del crecimiento económico y programas sociales, respetando la democracia y actuando como un moderador en los conflictos locales. Esta visión es muy verosímil y se ajusta a la imagen que cada uno de ellos busca representar. Pero omite los factores que explican la actuación de ambos en la escena política de AméricaLatina.

En la segunda mitad del siglo XX, Venezuela fue una excepción democrática en un continente lleno de dictaduras. A pesar de la longevidad de su democracia, no logró resolver sus graves problemas sociales, como la enorme concentración de riqueza asociada a un gran contingente de miserables. Desde la década de los años veinte -con el descubrimiento de petróleo en el país- la élite de Venezuela buscó formas de apropiarse de la riqueza, sin diversificar la economía y crear oportunidades para recompensar el mérito individual. Si Chávez manipula la democracia para socavar las bases de la representación democrática, muchos de sus predecesores la utilizaron para evitar el acceso del pueblo a la riqueza del país. La población ni siquiera fue explotada en la forma de cierta crítica marxista: su trabajo no fue robado por empleadores. Sino que fueron simplemente excluidos de la corriente central de la economía del país.

El patrón se repite en el país que sigue más de cerca los pasos chavistas: Bolivia. Una rápida lección de la historia es esclarecedora. Basta mirar la galería de sus ex presidentes. Desde la independencia en 1825, el país tuvo, de media, un gobierno cada dos años y cinco meses, pero en la larga sucesión de rostros, es difícil encontrar rasgos indígenas hasta llegar a Evo Morales. Y Bolivia tiene el mayor porcentaje de indígenas en la de la población del continente. Quien camina por las calles de La Paz nota la politización de la vida cotidiana. Ante de la imposibilidad de resolver los problemas seculares, el gobierno trata de promover la tensión social, étnica y entre las naciones, especialmente contra Estados Unidos y el vecino gigante.

La situación en Paraguay es similar, con el agravante de la memoria de la guerra en el siglo XIX, cuando las tropas brasileñas ocuparon el país, y del contrato de ventas de energía de la central hidroeléctrica de Itaipú adjudicado a Brasil. El análisis podría ampliarse en términos similares a otros países, como Ecuador, donde el discurso chavista no inspira sólo las reformas económicas y la distribución de los ingresos, sino la transformación de la organización social con el fin de distanciarlos de los modelos europeos. La relación de la igualdad de los ciudadanos ante el Estado se rompe. Clasificaciones anteriores de su origen étnico, ascendencia y culpas históricas se convierten en los criterios para definir el tratamiento recibido por cada individuo. El Estado se convierte en el gran redistribuidor, que busca purgar la culpa del pasado y restaurar derechos pisoteados.

En este contexto Brasil aparece como un modelo alternativo, no sólo de izquierda, sino de sociedad. Hay entre los principales actores del país un virtual consenso de que las normas democráticas deben ser respetadas y de que la política, aunque imperfecta, refleja las preocupaciones más generales de la población. En este sentido, la elección de Lula fue simbólica por demostrar que la vía democrática para alcanzar el poder no estaba cerrada a las clases populares. El compromiso con los principios generales de estabilidad -firmado durante la campaña y visto como crucial para éxito- ha frustrado la izquierda más radical, pero aseguró que su gobierno tendría el apoyo político necesario para seguir la acción social del Estado hacia la masa de excluidos.

Algunos movimientos del gobierno, percibidos como potenciales amenazas a la democracia, como el establecimiento de un Consejo Federal de Periodismo, fueron abandonados ante la reacción de los sectores organizados de la sociedad, en un signo de funcionamiento del sistema de equilibrio. Al mismo tiempo, el principal movimiento para impugnar el orden legal -el Movimiento de los Sin Tierra (MST)- se mantiene activo, lo que refleja la concentración de tierra en el país y los efectos de la despoblación rural, pero sus intentos de articularse como una fuerza de contestación más amplia del orden social y económico parece debilitada. Y el desafío que plantea el tráfico de drogas no se ha revestido de un carácter ideológico como en otros países de Latinoamérica.

En la política externa estos factores se juntan al capital político de Lula,en su lucha por defender los intereses nacionales ante los vecinos, al mismo tiempo que busca una mayor integración en todo el mundo y se proyecta como el líder de la región. Son tres los movimientos simultáneos que el presidente brasileño intenta coordinar con la articulación de una política exterior que favorece las relaciones Sur-Sur, un discurso pragmático de la búsqueda de nuevos mercados y el peso que la participación en el grupo llamado BRICS (Brasil, Rusia, Índia, China y Sudáfrica) concede al país. Aun bajo las nuevas circunstancias mundiales, Brasil sigue adoptando la política externa de cierta independencia con respecto a Estados Unidos, que se estableció principalmente en el gobierno del penúltimo dictador militar, el general Ernesto Geisel (1974-1979). La complejidad de estas interacciones, destacada por la proyección de una organización multilateral como el G-20 que busca ser un nuevo foro para las decisiones globales, reavivó viejos temores de una hegemonía de Brasil. «Hay un lugar en la OMC, Brasil lo quiere; hay un lugar en la ONU, Brasil lo quiere; hay un lugar en la FAO, Brasil lo quiere. Si hasta quisieron poner al Papa», afirmaba según um periódico el ex presidente argentino Néstor Kirchner en 2005.

Usando su carisma, la reconocida capacidad de la diplomacia brasileña y los canales de mediación de la izquierda en América Latina -que se manifiestan en la controvertida figura del asesor especial de la Presidencia para Asuntos Exteriores, Marco Aurelio Garcia-, Lula intenta amortiguar los temores del imperialismo y aprovechar para sí mismo la imagen de un modelo de moderación. Esta presencia es especialmente importante ante el modelo chavista, y se torna aún más importante cuando la relación entre la opción democrática y el modelo económico liberal exportador es cuestionada por el crecimiento chino, y Estados Unidos está en medio de una crisis que afecta a su economía y gran parte de su predicación económica en la súltimas décadas.

El régimen de Pekín propone un modelo alternativo, justificando la ausencia de democracia en moldes occidentales por «características culturales»de su sociedad. Mitos históricos, en Venezuela, y las divisiones étnicas, en Bolivia, pueden realizar la misma función de «disculpa» para el rechazo de las instituciones democráticas, que pueden ser presentadas como inadecuadas para estos países. La influencia brasileña en el continente tiende a crecer ahora, cuando el propulsor del chavismo en América Latina -los ingresos del petróleo venezolano- muestra signos de debilidad, indicando la naturaleza inestable de los modelos constituidos sobre él.

La presencia de distintas propuestas políticas en Latinoamérica puede ser comprobada por el análisis de la elección de Mauricio Funes como presidente de El Salvador. Después de veinte años de gobiernos de la Arena, alineados con Estados Unidos, la ex guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha alcanzado el poder a través de las urnas. Su oponente, Rodrigo Ávila, afirma que la victoria de la oposición representaría la llegada de Chávez al país -apoyado por la sospecha generalizada de que los venezolanos costeaban la campaña de la izquierda salvadoreña-. Pero una vez elegido, Funes hizo su primer viaje a Brasil, se reunió con Lula y dice que el Brasil es un «ejemplo de izquierda democrática».

Este gesto se puede interpretar de varias maneras: como una sincera adhesión al modelo lulista o un cínico intento de ocultar sus vínculos con el chavismo -el ex canciller mexicano Jorge Castañeda dijo en un artículo que fotos de Chávez adornan los comités del FMLN-. En ambos casos, el mensaje es el mismo: el modelo brasileño es aceptable, no así el de Venezuela.

Si, como Nixon afirmaba, Brasil y América Latina han caminado hasta ahora más o menos en la misma dirección, las causas externas pueden haber sido más importantes que las internas. La novedad ahora es que caminar unidos puede ser fruto de una decisión tomada con mayor autonomía, cuando el abanico de modelos posibles de nuevo es muy amplio.

Una nota sobre la «crisis» en España

Es manifiesto que España no se encuentra en el mejor momento del tercio de siglo, largo ya, que ha transcurrido desde el restablecimiento de la democracia. Pero España ha superado trances más difíciles poniéndose a trabajar políticamente, como hace más de treinta años, cuando en dieciocho meses el país pasó del «régimen» anterior a la nueva y moderna monarquía, que muy pronto sería legalmente constitucional y parlamentaria. Aquel año y medio admiró a mucha gente en nuestro entorno internacional y a la opinión pública de todo el mundo.

La diferencia entre lo de entonces y lo de ahora consiste en que, en la actual crisis, gran parte de los problemas nos vienen de fuera y en no pocos casos somos sujetos pasivos que dependen de lo que ocurra en otros lugares a los que no llega nuestra voz. Pero eso se compensa con el hecho probado de que a estas alturas iniciales del siglo XXI España está en posesión de instituciones, de técnicas políticas y de una experiencia nacional e internacional de la que no disponía hace seis lustros.

Nuestros problemas de ahora no se reducen a la famosa crisis económica que agobia al mundo, y que quizá afecta más a España que a otras naciones con mayores reservas y una economía más diversificada.

Además, el Estado español se halla actualmente todavía en un proceso político de tanto alcance como la distribución del poder de la gestión pública en el seno de lo que se suele llamar el «estado de las autonomías», lo cual no deja de causar desconcierto y distorsiones entre los proyectos y realizaciones de unas comunidades y otras, generando enfrentamientos e insolidaridad. En no pocas de esas ocasiones el Estado, a causa del reparto de ciertas competencias con algunas comunidades se ha visto privado de los medios legales para ejercer su autoridad, aunque ésta haya de ser más de coordinación que de arbitraje.

Las comunidades son las que son y se hallan dibujadas en el mapa, igual que las antiguas regiones del siglo XIX, y de ordinario coincidiendo con ellas. Pero los españoles por razones de familia, de trabajo o personales se trasladan de unas a otras según su conveniencia, sus gustos o sus intereses, y pueden encontrarse con que son distintos en algunas de ellas los currículos escolares, los impuestos y, en determinados casos, hasta la lengua.

El Estado y la Administración diseñados en la Constitución se leen de una manera u otra en diversos lugares de la nación, incluso cuando se trata de establecer una industria o gestionar una empresa agrícola. Esto, unido a las rivalidades regionales que esas imprecisiones y contradicciones fomentan, complica más que en otros países la operatividad de las medidas necesarias para hacer frente a la famosa crisis.

En casi todos los países de nuestro ámbito eurooccidental la crisis o recesión de ahora es, sobre todo, económica. Pero en España es también política y toca al funcionamiento de la estructura del Estado y a la mecánica del debate de los partidos. En nuestro Parlamento y en nuestras asambleas territoriales se habla más de los «partidos», del Gobierno, de la oposición o de las disputas entre ellos y sus respectivos portavoces que de «las cosas». En momentos de atonía o placidez pública eso podía ser aceptable e incluso normal. Pero, ahora, con la que está cayendo… (como se suele decir) los políticos, sus partidos y la generalidad de los ciudadanos habrían de convertir en lema personal y colectivo para encabezar sus programa el grito de Ortega: «¡Españoles, a las cosas!».

Es lo que hicieron en los ya lejanos años de 1976 y 1977 los políticos y sus partidos, a los que siguió con serena impaciencia y con esperanza la inmensa mayoría de los ciudadanos y la opinión pública. Fue un ejemplo para naciones en crisis, no sólo crisis económica sino crisis general o crisis histórica de ser o no ser lo que se debe ser.

En aquellos meses se establecieron tres acuerdos básicos: uno de dimensiones históricas, otro político e institucional y un tercero de carácter económico y social. El primero, que no hizo falta declarar explícitamente en un texto, fue la aceptación de la Monarquía, cuyas inequívocas actuaciones iniciales habían consolidado la adhesión de los monárquicos y se habían ganado la aceptación de los que eran o se decían republicanos, que de palabra y de hecho decían: si es así, sí. El segundo, consistió en confiar la gestión legislativa y política a un Parlamento democráticamente elegido y de indiscutida legalidad. El tercero se puede leer en el preámbulo de los llamados «Pactos de la Moncloa». En él se reconocen los «desequilibrios de la economía española en un ambiente económico internacional en que no se advierten signos de una pronta recuperación». ¿Verdad que parece que estas palabras hayan sido escritas a principios del año 2009?

Enfrentándose con la realidad de la situación nacional, los firmantes de los acuerdos de octubre del 77, tras afirmar su legitimidad política, fundada en el resultado de las elecciones generales de junio de ese mismo año, declaraban los propósitos que, desde sus respectivas filosofías políticas de las que no abdicaban, compartían los partidos o sus portavoces representados o reunidos en las sesiones y debates de la Moncloa en aquel mes de octubre.

«Los representantes del Gobierno y de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria -decía el documento- manifiestan su unánime preocupación ante esta situación y su deseo de afrontar y resolver constructivamente esos problemas en un clima de cooperación responsable que contribuya a la consolidación de la democracia. Para ello convienen en la necesidad de llevar a cabo dos grupos de acciones: las dirigidas a equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y las encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso».

A las alturas actuales de la historia si se produjera un acuerdo global similar al de los «Pactos de la Moncloa», habría de ser acogido con general aprobación en muchos países como las repúblicas iberoamericanas, en las que la indiscutida y secular identidad nacional equivale a lo que en el caso singular de España, por razones históricas, en aquellos de la década setenta representaba la Corona. Y desde luego, entre nosotros, Gobierno y oposición empezarían a pensar en recuperar el espíritu de aquellos tiempos con acuerdos prácticos y efectivos, aunque como entonces eso trajera consigo treguas y aplazamientos -e incluso renuncias- de legítimos propósitos políticos, incluso programáticos, de todos y cada uno de los participantes en este nuevo, y temporalmente limitado, consenso.

A la presente legislatura, salvo imprevisibles acontecimientos, le quedan tres años de vida y no hay nación que resista sin desprestigio de la llamada clase política tres años de una gresca verbal continua, cuyos efectos pueden erosionar la estructura del Estado y la deseable convivencia de los ciudadanos en un clima de libertad, tolerancia y respeto. En otros periodos difíciles, que también los ha habido, la superficie de las aguas no llegó a estar tan encrespada. Y se pudieron sanar algunas heridas y restablecer la urbanidad.

España está viviendo una situación de emergencia estructural, económica y social en la que todos los esfuerzos que se hagan para salir de ella son indispensables y quizá no basten. Eso se puede hacer sin merma de las libertades personales y públicas, oyendo a los partidos, a los agentes sociales y a la opinión pública, dejando para otros momentos de mayor tranquilidad asuntos y proyectos que no son de urgente aplicación, salvo los que constituyan un compromiso internacional de Estado.

Hay unos problemas de estructura política de la nación que se derivan de las pretensiones maximalistas de algunos de los nuevos estatutos de autonomía: tanto entre los que están definitivamente aprobados como entre los que se hallan pendientes de recursos ante el Tribunal Constitucional o han sido modificados en su aplicación, aunque no en la letra de su texto, por discutibles acuerdos con el Gobierno de la nación. En otros casos se han producido -o amenazan con producirse- enfrentamientos regionales, o se generan agravios comparativos que pueden poner en riesgo la unidad de mercado del Estado español con perjuicio de nuestras relaciones internacionales.

Pero, por importantes que sean -que lo son-, todos estos asuntos pueden esperar. Lo mismo ocurre con proyectos que anuncian algunos ministerios, como el de Sanidad y el llamado de Igualdad, e incluso el de Educación, que hieren la conciencia de millones de ciudadanos y generan divisiones sociales de muy difícil recomposición.

Ahora toda la acción política ha de concentrarse en el tratamiento de la crisis económica con sus repercusiones sociales, no sólo en el empleo sino en la producción, en la inmigración y en la cultura, reforzando la solidaridad nacional que asegure la unidad de mercado y la justa distribución de los recursos entre los pueblos y las comunidades de España.

En una democracia moderna, como la de España, la responsabilidad de la gestión política, administrativa y económica es del Parlamento, no sólo del Gobierno ni de las cúpulas de los partidos políticos. En situaciones de emergencia como la que nos ha deparado el momento presente, aunque estemos a las puertas de las elecciones europeas, se han de dejar para otros momentos los debates más calientes y que más dividen a regiones y ciudadanos, desde la distribución de las aguas hasta las grandes cuestiones de ética social, como la integración nacional de los inmigrantes, la educación, la familia, la vida y la muerte.

Es un despropósito de algunos departamentos del Gobierno tratar de «justificar» su más que discutible existencia saliendo, como decía Ortega de otros gabinetes y otras fechas, cada mañana el ministro con su rifle o su escopeta para ver si caza al vuelo algún faisán que llevar a imprimir a la gaceta. Así, desde luego, se enriquecería el inabarcable conjunto de las colecciones legislativas tan llenas de disposiciones superfluas que no interesan ni benefician a nadie. Como dejó escrito en frase lapidaria el historiador romano Cornelio Tácito: plurimae leges pessima republica (muchas leyes, mal gobierno). Y, ahora con diecisiete gacetas más, que pésimo, insufrible gobierno para una nación en crisis.

Amartya Sen o el desarrollo humano como libertad

Amartya Sen es uno de esos Nobel de Economía (1998) cuyo prestigio no ha sido flor de un día, sino que por el contrario se ha ido revalorizando, en proporción cuasi geométrica, con el decurso del tiempo. Su nombre ya era previamente reconocido en el panorama académico mundial a la par que constituía una referencia para las políticas internacionales de cooperación al desarrollo, concretamente para Naciones Unidas.

A lo largo de su dilatada carrera académica por los centros educativos más prestigiosos del mundo -Cambridge, London School of Economics,Oxford, MIT, Harvard- ha ido aumentando sus preocupaciones y temas de estudio y sedimentándolos en un rico suelo de diversos estratos que ha generado variados frutos. Desde sus primeros estudios sobre la abstrusa cuestión de la «selección de técnicas» para el desarrollo (véase su Choice of Techniques, 1960), saltó a la Teoría de la Elección Social (Collective Choice and Social Welfare, 1970), una especie de «lógica socioeconómica» formalizada, tras la estela del también Nobel Kenneth Arrow. Posteriormente, profundizó sobre cuestiones más aplicadas y empíricas, como el análisis y medición de la pobreza y las hambrunas, que reflejó en su Poverty and Famines (1981). Tampoco perdió de vista la perspectiva metaeconómica al examinar algunosde los supuestos básicos de la ciencia económica, como hiciera con la noción, tan a menudo gibarizada, de «racionalidad» económica («RationalFools», 1977); o con el análisis de las «bases informacionales» de las distintas teorías económicas y ético-políticas (vgr. su amplio artículo: «Wellbeing,Agency and Freedom», 1985).

Durante todas estas etapas, Sen ha mantenido una constante formación y preocupación en aquellos aspectos que cruzan la débil -¿y acaso ficticia-? frontera entre lo filosófico y lo económico-político -y entre lo positivo y lo normativo-; como a su vez hicieran casi todos los economistas de mayor relevancia, que no fueron sino economistas-filósofos. En este sentido, sueler ecordarnos Sen el caso del propio Adam Smith, que siendo profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow mantuvo un interés perenne por reeditar y pulir su Theory of Moral Sentiments. Por no hablar de John Stuart Mill, David Ricardo, Karl Marx, Friedrich Hayek, etc. Esto me recuerda igualmente el curioso título de un tratado de Historia del Pensamiento Económico: The Worldly Philosophers.

Pero volviendo a nuestro autor, a finales de los años setenta diversos intereses previos y coetáneos desembocan en la que seguramente constituya su contribución de mayor calado: el «enfoque de las capacidades humanas» («human capability approach»), que propone de modo elaborado en su breve obra: Commodities and Capabilities (1985), o en su más reciente Development as Freedom (1999). En dicho tema, que es el que nos ocupa, me centraré a continuación. Pero antes quisiera completar este rápido esbozo del pensamiento seniano aludiendo al último tema o grupo de temas sobre los que Sen viene centrando su atención en los últimos años: se trata de variadas cuestiones interculturales (identidades culturales, universalidad de los derechos humanos y la democracia, etc.) pero engavilladas por la búsqueda de una plausible «justicia global». Tras ello late su anhelo por forjar una idea universalista de la justicia que, frente a lo que ocurre con la teoría -a lo sumo universalizable- de John Ralws, no quede autolimitada por los confines occidentales (The Idea of Justice, de próxima aparición). Dicha pretensión de Sen, de por sí harto compleja, se torna aún más ardua desde que asume como meta y presupuesto inicial la necesaria conciliación de esta «justicia global» con una «libertad cultural», o sea, un modelo de justicia global que sin ser relativista tampoco ahogue la elección social -ni las identidades plurales- de las personas que constituyen los diversos pueblos y culturas.

Pero quisiera también anotar un rasgo general. Como buen indio, nos encontramos ante un pensador tremendamente ecléctico, lo cual ha hecho de sus reflexiones cantera y bandera para intelectuales, economistas y políticos de todas las tendencias. Es una referencia para políticos liberales y socialistas. Sen ha sugerido un «derecho a no abortar» y criticado el control demográfico neomalthusiano, pero también ha servido para sustentar reivindicaciones progresistas de «salud reproductiva». En España, hallamos valoraciones críticas, como esgrimía días atrás Pedro Schwartz, pero también importantes alabanzas de economistas como Juan Velarde Fuertes o Carlos Rodríguez Braun. Siendo agnóstico, fue invitado por el papa Juan Pablo II como asesor de la encíclica Centesimus annus…

Nuevo paradigma para el desarrollo
Antes de proponer su «enfoque de las capacidades», Amartya Sen llevaba varios años preguntándose por el núcleo conceptual y la medición económica de conceptos tales como «pobreza», «bienestar» (entendido en su sentido más amplio de «wellbeing», no de «welfare»), o el «nivel de vida»; que a su vez permitieran una noción más realista del denominado «desarrollo económico». Una de sus primeras conclusiones fue la necesidad de centrarse más bien en la situación real de las personas y no tanto en los índices agregados de opulencia, como el recurrente PNB. En el aspecto metodológico de la cuestión, Sen observó dos escollos fundamentales en la aprehensión adecuada de las situaciones de subdesarrollo, para cuya homérica descripción contrapuso la Escila de un subjetivismo utilitarista frente a la Caribdis de un objetivismo «fetichista». De hecho, el propio enfoque de Sen surge en cierto modo como una crítica superadora de estos dos modelos previos.

Por un lado, el subjetivismo inherente a las teorías utilitaristas al uso encauzaba la evaluación de la situación de las personas (vgr. su bienestar) más por los volubles «estados mentales» que éstas manifestaran que por la condiciones objetivas de su existencia. El subjetivismo extremo perdía de vista condicionamientos objetivos de funcionamientos humanos básicos, o en un sentido más amplio, aquellos requisitos que hacen posible el «florecimiento humano». Por ello, para evaluar el desarrollo no es adecuado tomar como «variable focal» consideraciones tan subjetivas como las que dimanan del «placer», la «felicidad» o el «bienestar», según su uso utilitarista. Esto hace presa fácil a esta perspectiva de diversas objeciones, por ejemplo el bizarrismo de detectar mayor «desutilidad» en una persona rica que se ve obligada a renunciar a «gustos caros» que en aquel indigente que ha acabado por «adaptar» sus preferencias y deseos a su cruda realidad.

Por otro lado, los enfoques de J. Rawls y R. Dworkin, o incluso el «enfoque de las necesidades básicas»¹, al centrarse en los objetos de bienestar, lo que procuran conseguir son medios para la libertad de realización, y en esto están bastante cerca de las pretensiones de Sen, pero se alejan en la medida en que no se centran en la amplitud de la libertad que realmente tienen los sujetos, en la vida que se puede llevar o no, en lo que se puede hacer o ser; en otras palabras, en los fines humanamente valiosos que realmente pueden promover esos medios².

Es decir, tras huir del subjetivismo de las valoraciones basadas en el deseo o en la preferencia, Sen también esquiva ese objetivismo entendido como «fetichismo de los recursos», para, de este modo, ser más sensible a la capacidad real de desarrollo de la subjetividad humana conforme a sus funcionamientos objetivos básicos. Por eso no hace un uso instrumental de la libertad, no la trata simplemente como un medio o instrumento para conseguir cosas: la libertad es un componente básico de la vida humana, tiene un valor intrínseco. Sen identifica el desarrollo con la posibilidad de poder llevar una «buena vida humana», que, entre otras cosas, requiere una vida de libertad³.

Así llegamos a la contribución más original de Sen al pensamiento político contemporáneo sobre la justicia: un enfoque basado en los conceptos interrelacionados de funcionamientos («functionings») y capacidades («capabilities»), que nos recuerda explícitamente los términos aristotélicos de potencia y acto.

El enfoque de las capacidadeses aplicado por Sen al estudio de diversas cuestiones económicas y sociopolíticas, tales como la calidad y el nivel de vida, el bienestar y, sobre todo, el desarrollo. Sen considera que en todos estos espacios de evaluación es necesario partir de un concepto que refleje adecuadamente las funciones valiosas que las personas pueden llegar a hacer o a ser, lo que llama en alguna ocasión «libertad para realizarse».

Con el concepto «capacidad», Sen trata de evaluar la posibilidad real que tiene una persona para lograr aquellos «funcionamientos» que son básicos e «intrínsecamente valiosos» para poder llevar una vida humana buena y digna. De este modo, el enfoque sobre las capacidades se sostiene sobre el concepto más básico de funcionamiento («functioning»),que Sen entiende del siguiente modo: «El concepto de funcionamiento, que tiene unas raíces claramente aristotélicas, refleja las diversas cosas que una persona puede valorar hacer o ser»⁴. La idea de funcionamiento puede abarcar desde cuestiones tan elementales como estar suficientemente alimentado y gozar de buena salud, hasta otras rea lizaciones más complejas como el «poder aparecer en público sin avergonzarse» -ejemplo que toma de Adam Smith, su principal referente clásico-, el respetarse a uno mismo, o la participación en la comunidad política.

Otro aspecto relevante que afecta a los funcionamientos, así como a las capacidades, es el conjunto de aspectos individuales y sociales que inciden en lo que Sen ha denominado «problema de conversión». Como se ha visto, Sen no se limita a enfocar los bienes o recursos, lo que realmente le interesa es lo que las personas pueden hacer o ser con esos bienes. Los diversos grados de conversión de esos bienes en funcionamientos dependen de las diferentes «características interpersonales», que Sen ha clasificado adecuadamente en Development as Freedom⁵.

Por si se le acusara de idealismo, este enfoque de Amartya Sen ha sido asumido formalmente como referente de partida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que desde 1990 publica anualmente el conocido Human Development Reports, lo cual da una muestra del pesoreal que tiene la teoría de Sen en las políticas actuales de cooperación internacional al desarrollo⁶.

¿Europa o Estados Unidos?
Este enfoque basado inicialmente en la igualdad de «capacidades básicas» en contextos de subdesarrollo ha ido creciendo y ampliándose conceptualmente hasta abarcar aspectos como la calidad de vida y el bienestar -así como «capacidades no básicas»-; lo cual permitiría aplicar el enfoque al subdesarrollo en los países ricos -lo que se ha denominado «cuarto mundo»-, e incluso tomarlo como perspectiva económica global.

En este sentido, Sen destaca, por ejemplo, el problema del paro en Europa y el de las desigualdades entre los distintos grupos raciales en EE.UU. Respecto a la primera cuestión, para Sen, el paro no puede considerarse únicamente una pérdida de renta. Este problema implica toda una serie de efectos negativos en la vida de la persona (daños psicológicos, pérdida de motivación laboral, perturbación de las relaciones familiares, tensiones sociales, etc.), indetectables para un estudio de la desigualdad que atienda únicamente aspectos redistributivos, e irresolubles con la mera concesión de ayudas económicas o redistribuciones de la renta.

Desde el enfoque de las capacidades, esta cuestión nos obliga a reconsiderar el enorme nivel de paro como un aspecto de la desigualdad tan importante en sí misma como la propia distribución de la renta: «Por eso, aunque desde el punto de vista de la renta, el historial europeo sea mejor que el estadounidense -que suele ser más reacio a las políticas distributivas-, sin embargo, el paro en EE.UU es prácticamente la mitad. De este modo, aunque «las tendencias comparativas de la desigualdad de la renta dan a Europa una excusa para la autocomplacencia puede ser muy engañosa si se adopta una concepción más amplia de este concepto»⁷.

La otra cuestión apuntada hace referencia a la consideración de la desigualdad y privación relativa existente entre los distintos grupos raciales en EE.UU. Sen destaca que en el espacio de las rentas, los afroamericanos son claramente más pobres que los blancos americanos, aunque son mucho másricos en renta que miembros de poblaciones del tercer mundo⁸ -incluso una vez incorporadas las diferencias relativas de precios-. Algo análogo ocurre con la tasa de mortalidad, pero, según demuestra Sen, no se debe tanto a una mayor incidencia de la violencia en dicho sector demográfico, cuanto a la falta de una capacidad específica: la carencia de asistencia o cobertura médica pues «la inmensa mayoría carece, en realidad, de la capacidad necesaria para tener un seguro médico debido a las circunstancias económicas y, en algunos casos, debido a que padece afecciones de las que huyen las aseguradoras privadas»⁹.

La conclusión que obtiene de los casos europeos y norteamericanos es que existen injustificadas asimetrías entre las prioridades de política económica y social de EE.UU. y Europa. La ayuda pública destinada a pobres y enfermos es muy limitada en los EE.UU.; cuestión inaceptable para una «ética social» europea. Ahora bien, en Europa se toleran unos índices de paro escandalosos para los estadounidenses. Sin embargo, el enfoque de las capacidades detecta estructuralmente ambas circunstancias y como mínimo impide que las políticas subsiguientes puedan obviarlo. Problemas como éstos se han agudizado con la actual crisis, ante la cual Sen aconsejaba hace unas semanas en la Complutense (en su investidura como Honoris causa-ronda ya el centenar-) la necesidad de una reforma y fortalecimiento institucionales dentro del capitalismo.

Quizá con todo lo expuesto pueda entenderse de qué modo el enfoque de las capacidades ha contribuido a realizar ese cambio de paradigma en la teoría y práctica del desarrollo, pasando desde un modelo economista de «desarrollo económico» hacia un enfoque multidimensional de «desarrollo humano», bajo una perspectiva centrada en las personas y en su libertad realpara realizarse.

Notas
¹ Cronológicamente, Sen aplica el concepto de «capacidad» a las mediciones sobre la pobrezay la desigualdad entre los años setenta y los ochenta, en un contexto muy influido por el enfoque basado en las «necesidades básicas». Este último surge a mediados de los ochenta a partir del trabajo de autores como Paul Streeten, M. Hopkins y R. van der Hoeven, con ciertos precedentes desde finales de los sesenta en D. Seers, M. ul Haq y L. Emmerij.

² Ante esto recurre repetidamente al filósofo: «Como señaló Aristóteles al comienzo de la Ética a Nicómaco […] «la riqueza no es, desde luego, el bien que buscamos, pues no es más que un instrumento para conseguir algún otro fin»». Sen, A. Desarrollo y libertad. Planeta, Barcelona, 2000, p. 30.

³ Sen habla tanto de «libertad positiva» como negativa en el sentido, ya clásico, de I. Berlin.

⁴Sen, A. Desarrollo y libertad, p. 99. El concepto de funcionamiento aparece explícitamente dentro de la teoría seniana en su artículo «Rights and capabilities» (1984), posteriormente incluido en su libro Resources, Values and Development.

⁵En este sentido, cabe destacar el célebre ejemplo seniano de las diferencias de conversión respecto al funcionamiento «estar bien nutrido» que se producirían si distribuimos la misma cantidad del bien primario «arroz» entre un sujeto con una enfermedad parasitaria en su aparato digestivo y otro que no albergue dicho parásito.

⁶ Aunque también hay que advertir que la aplicación u «operacionalización» del enfoque en el Índice de Desarrollo Humano se ha hecho al coste de simplificarlo, asumiendo tres capacidades básicas (esperanza de vida, educación y un matizado PNB per cápita).

⁷ Íbid.

⁸ Sen cita el caso de Kerala, Sri Lanka, Costa Rica y Jamaica. Op. cit., p. 125.

⁹ Sen, A. Desarrollo y libertad, p. 127.