LOGROS Y CONTRADICCIONES EN LAS SOCIEDADES HODIERNAS

El siglo XX ha sido una etapa de profundas transformaciones para las sociedades de la vieja Europa. Los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que se han producido durante esta centuria —entre otros, la consolidación de unos modelos democráticos de convivencia, las concentraciones urbanas, el acelerado descenso de la población activa agraria e incremento en el sector industrial y de servicios, el aumento de trabajo extradoméstico de la mujer, la elevación de las tasas de escolarización de los dos sexos, la secularización, la difusión del bienestar económico y de las sociedades de consumo, el cambio de las estructuras ocupacionales y la reducción del paro, etc.— han permitido el tránsito de unas sociedades industriales y modernas a unas dinámicas sociedades posindustriales, posmodernas, del conocimiento, de la información. Ciertamente, son muchas las denominaciones y, en buena medida, el uso de una u otra depende del ángulo desde el que las observemos. Los padres de la sociología, nuestros Comte, Durkheim, Weber o Marx, no saldrían de su asombro si tuvieran la oportunidad de contemplarlas.

La sociedad española no ha sido ajena a estos cambios. La España de los inicios del tercer milenio no tiene nada que ver con aquella España que daba sus primeros pasos en el siglo xxafrontando la mítica crisis del 98. Una crisis que estuvo muy bien presente en ese género literario que se desarrollaría sobre «el problema de España», cuyas manifestaciones más tempranas las encontramos en el regeneracionismo, manifestaciones que tendrían continuidad en la obra de Ortega y Gasset.

Tampoco se asemeja con aquella España de comienzos de los años sesenta, un país eminentemente rural, envuelto culturalmente por un anquilosado tradicionalismo y con un régimen político que constituía un verdadero obstáculo para la plena modernización e incorporación en el escenario europeo y mundial.

No resulta arriesgado decir que, más que nunca, en el último tercio del siglo XX y en la primera década del XXI nos hemos aproximado a las naciones de Occidente, mejor aún, más que nunca somos Occidente. En un periodo muy corto de tiempo, ni siquiera cuatro décadas, hemos asistido al desarrollo de una serie de procesos de cambio y modernización en los escenarios social, político, económico y cultural que en otros países occidentales se prolongaron durante más de un siglo. Procesos que en materia económica no se han visto afectados por inestabilidades peligrosas, en lo social no han generado grandes tensiones, en lo político nos han conducido a una plena normalización democrática, y en lo cultural nos han introducido plenamente en la posmodernidad, caracterizada por el deterioro de las identificaciones/referencias macroscópicas y fuertes, creciendo las microscópicas y laxas.

Ahora bien, no es oro todo lo que reluce. En las sociedades hodiernas avanzadas, de las que la española es un claro ejemplo, también hacen acto de presencia, y en los más diversos escenarios, todas y cada una de las contradicciones generadas por la industrialización y posindustrialización.

Soy consciente de que es una opción que está claramente marcada por la subjetividad, pero estimo que una de las contradicciones más llamativas, por el tipo de consecuencias que genera, es la creación de una gran cantidad de riqueza, pero repartida de forma muy desigual. Más allá de indicadores abstractos que confirman que los que más tienen cada vez acumulan mayores riquezas, mientras que los más desfavorecidos parecen condenados a jamás migrar fuera de esta condición, las consecuencias de esta dinámica terminan por permear la realidad cotidiana de millones de personas.

Otra de esas grandes contradicciones, y también es una opción subjetiva, la contemplamos en la distribución del trabajo. Estamos inmersos en una sociedad en la que no resulta arriesgado decir que mientras un sector de la población vive estresado por un exceso de trabajo, otro sector vive o «sobrevive» en el paro, con escasas o nulas posibilidades de acceder al mismo. Se trata de colectivos, cada vez más numerosos, que experimentan antes y con mayor virulencia los efectos de la crisis económica, y para quienes, en el mejor de los casos, su experiencia laboral se reduce a una serie de empleos marcados por la temporalidad y la precariedad.

Por otra parte, y esta es otra realidad a tener muy presente, a los miembros de esta sociedad profundamente desigual les llegan cotidianamente las mismas ofertas de bienes de consumo, ofertas que no todos pueden satisfacer. El resultado no es otro que la emergencia de situaciones dramáticas para algunos sectores de la población que no pueden acceder a condiciones básicas de bienestar y de calidad de vida.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA: INCLUSIÓN SOCIAL VERSUS EXCLUSIÓN SOCIAL EN COLECTIVOS DE RIESGO

Cuando aludimos a los conceptos de inserción y de inclusión, irremediablemente es preciso aceptar, sin ningún género de dudas, la existencia en nuestras sociedades tecnológicamente avanzadas de excluidos sociales. Dicho en otros términos, de personas y grupos sociales expulsados, arrojados fuera del sistema, siendo una de sus preocupaciones fundamentales afirmarse y saber en qué medida tienen o no un lugar en la sociedad.

El concepto de inserción laboral es un concepto de amplio calado. No en vano contempla todos los procesos, herramientas, análisis del mercado laboral, metodologías de acceso al empleo dirigidos a las personas que desean acceder al mismo. Ahora bien, en este ensayo lo delimitaremos a los colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo. De esta forma, la incorporación al mercado de trabajo permite a la persona la posibilidad de acceder a la esfera económica de la sociedad, lo que facilita la incorporación a otro tipo de esferas (social, política, cultural…). En este sentido, la inserción laboral se presenta como una situación que podría consentir a la persona obtener una más positiva inclusión global en su comunidad. Tanto la inclusión como su contraparte, la exclusión social, son conceptos más amplios que la inserción, puesto que afecta a múltiples esferas y ámbitos de la vida, de los cuales la inserción laboral o social es una parte relevante, pero no la totalidad.

La exclusión social es un fenómeno con muchas aristas, mejor aún, es un fenómeno complejo de claro y marcado carácter estructural. En su conceptualización se ha producido una mutación desde la noción de pobreza a la de exclusión social. En este cambio, el énfasis ya no se encuentra o se ubica únicamente en la ausencia de ingresos, sino que han de abordarse los problemas derivados de la discriminación, la falta de redes sociales de apoyo, de políticas adecuadas de empleo, de oportunidades para la participación social o una creciente precariedad laboral.

La exclusión social se ha definido como un proceso que bien en parte o totalmente descarta a una persona o grupo de las redes sociales, económicas o culturales existentes. En este sentido, no faltan quienes la definen como aquel transcurso que conlleva que las personas o grupos miembros de una sociedad no pueden participar en las actividades normales de los ciudadanos de dicha sociedad.

Tres serían las grandes áreas de exclusión: la económica (incluyendo fundamentalmente lo laboral), la social y la política.

También están aquellos que, desde otra perspectiva, presentan a la exclusión social como un proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide de forma sistemática acceder a unas posiciones sociales que les permitirían una subsistencia autónoma en el marco de los niveles determinados por las instituciones y valores en un contexto dado. Sin embargo, ante estos planteamientos es preciso hacer una matización de trazos fuertes: la exclusión social es un proceso dinámico, y no estático, que puede deberse tanto a factores individuales, como es la propia voluntad de las personas de no participar en los quehaceres de la sociedad, como a factores grupales, tales que el posible rechazo por parte de una sociedad mayoritaria hacia miembros de otros grupos sociales o colectivos.

Más allá de aquella circunstancia en la que se originó en un primer momento, los dinámicos procesos de exclusión pueden ocasionar privaciones sin retorno en múltiples facetas de la vida personal y social de las personas. El motivo es bien sencillo: todos estos ámbitos se encuentran interrelacionados entre sí, al significar en esencia la exclusión, la no posibilidad de encontrar un lugar en la sociedad. Por otro lado, la dificultad al delimitar el colectivo de personas en riesgo de exclusión social, objeto de las medidas de empleo, formación e inserción, es patente. A causa de los cambios económicos y sociales, nuevas categorías de personas acceden a ocupar una situación de riesgo, como pueden ser: los trabajadores con contratos temporales o en empresas de trabajo temporal —que pasarán por periodos sin actividad laboral ni ingresos—; los trabajadores poco cualificados o de más edad; las personas desempleadas de larga duración —ya que se va degradando de forma progresiva su capacidad de inserción profesional—.

Con frecuencia, a todo ello se añaden problemas de salud, riesgo de aislamiento social, pérdida de autoestima, etc. —las mujeres—; las familias monoparentales; las familias con una sola renta, y las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta este telón de fondo, es muy lógico pensar que los colectivos llamados de alto riesgo o con especiales dificultades para la inserción laboral exhiban perfiles diversos configurando un grupo marcado por la heterogeneidad.

No obstante, y partiendo de este carácter heterogéneo, podemos considerar una serie de características o déficits comunes presentes en los mismos. Entre ellos habría que destacar la ausencia de motivación, unida a la carencia de hábitos y actitudes laborales adecuadas; la falta de profesionalización y la ausencia de experiencias reales de trabajo —cuando es fácil comprobar que uno de los principales inconvenientes, por no decir el fundamental, para encontrar un trabajo es no haber tenido ninguno—, la discriminación social y estructural hacia personas de diferentes colectivos, etc.

Por lo tanto, y aunque se podrían apuntar otros muchos, los principales inconvenientes o carencias para acceder a un empleo son las siguientes:

• Falta de experiencia o de una trayectoria laboral regular.

·           Ausencia de cualificación, de aprendizajes académicos individuales básicos y fundamentales, de formación laboral, de información, así como dificultades para acceder a los recursos ya existentes.

·           Desaparición, por diversos motivos, de una red de relaciones adecuadas, de una compresión real de su propia problemática, y la carencia de orientación para dirigir con efectividad los esfuerzos encaminados a conseguir un trabajo.

·           Además, en muchas ocasiones, se presenta una visión distorsionada del mundo laboral y del entorno social, y un claro abandono de actitudes y costumbres adecuadas para continuar de forma prolongada y con éxito una vida laboral normalizada.

• A todas estas carencias hemos de sumar un entorno difícil, conflictivo y carente de estímulos positivos orientados al mundo laboral normalizado.

Podemos concluir en este sentido, y sin ningún género de dudas, que el problema de estos colectivos no es solo laboral, es decir, que poseen dificultades para la inserción en el mercado de trabajo, sino también para la inserción en instituciones sociales más amplias, con todo lo que supone de carencia para la integración global y para el equilibrio de la persona dentro del conjunto de la sociedad.

TENDENCIAS, RETOS DE FUTURO Y PROPUESTAS: UNA APUESTA POR LA FORMACIÓN PERMANENTE

Generalmente, y se trata de una afirmación de trazos fuertes, son las empresas de tamaño mediano-grande quienes más contratos realizan. Ahora bien, dicha afirmación debe ser matizada: a la vez, son también las empresas de tamaño mediano-grande quienes menos mantienen temporalmente al trabajador contratado. Unido a ello, y no menos importante, hay que apuntar que también forma parte de este paisaje la menor presencia de mujeres en el tejido laboral o de personas mayores de 45 años. En la mayor parte de las situaciones los contratos presentan el siguiente denominador común que nunca hay que olvidar: son de carácter temporal, con el añadido de que dificultan la tan importante estabilidad, no solo laboral, sino social, de las personas.

¿Qué canal se prefiere utilizar a la hora de contratar? La respuesta es bien sencilla: se prefiere usar los contactos personales y conocidos o utilizar los historiales de trabajo que han ido dejando los candidatos a lo largo del tiempo. Esta afirmación adquiere mayor contundencia en el caso de las empresas de tamaño mediano-grande. Es muy frecuente la realización de entrevistas y el análisis pormenorizado de los currículos por las unidades de recursos humanos, aunque, como una constante que se perpetúa en el tiempo, el aspecto que más se valora por los empleadores es la buena disposición hacia el trabajo y mostrar explícitamente ganas y deseos de aprender.

Por lo que a nosotros nos interesa, decir que la mayor contratación de personas en riesgo de exclusión social se lleva a cabo por parte de las empresas medianas-grandes. A ello hay que añadir que los aspectos más decisivos en cuanto a incidencia en esta contratación son la buena disposición hacia el trabajo y haber llevado a cabo con anterioridad este tipo de contratos. Por lo tanto, y este es un hecho que debe tenerse muy presente, es imprescindible y necesario fomentar e impulsar la contratación, no solo ofertar la posibilidad de realizarlo, puesto que de esta manera se incentivan y potencian los futuros contratos.

Es cierto que en momentos de crisis y recesión como el actual, momentos que ya forman parte de nuestra vida cotidiana, es cada vez más difícil hacer distinciones entre los colectivos que se van incorporando a situaciones de paro e incertidumbre laboral. Ahora bien, siendo esto cierto, no nos debe hacer perder de vista el horizonte y las perspectivas de todos aquellos colectivos que aún a día de hoy son todavía minorías dentro de esta complicada y compleja coyuntura laboral.

No está en mi ánimo transmitir un mensaje pesimista, pero hay que tener muy presente que nos enfrentamos a unas dinámicas y unos procesos económicos que están marcados por la lógica de la exclusión de aquellos colectivos y personas con diferencias. Aún más, esas diferencias de origen familiar, de contexto social, urbanístico-geográfico, de etnia, capacidad o género se convierten, lo queramos o no, en desigualdades. Si nuestro objetivo es la obtención de resultados en el diseño de políticas contra la exclusión, es preciso, y cada vez más necesario, adoptar enfoques y perspectivas territoriales, con programas de intervención a escala local o comunitaria. Sería pues necesario, y esta es una gran conclusión a tener presente, incentivar y potenciar las políticas de desarrollo (planes integrales de formación).

En las sociedades del conocimiento, valga la redundancia, es preciso incidir en la importancia de la formación y el conocimiento como valor imprescindible y añadido.

La formación que reciban las personas desempleadas no les va a servir únicamente como instrumento para acceder al mundo laboral, sino que también debe ayudarles como herramienta para enfrentarse a las nuevas realidades, muchas de ellas aún desconocidas, que son resultado de los cambios sociales y productivos. Si la formación puede y debe ser una pieza clave de inserción social y profesional especialmente de jóvenes y mujeres, y puede y debe también ser un factor fundamental en las a veces olvidadas estrategias de desarrollo local, ha de ser gestionada con criterios que en más de una ocasión han estado ausentes. Estos no son otros que los de eficacia y calidad.

Cada vez se hace más necesario fomentar en los futuros contratados la idea de la importancia que tienen los factores subjetivos en las entrevistas de trabajo y en las expectativas de los empleadores. No resulta arriesgado decir que un factor relevante ha sido, es, y seguirá siendo en el futuro, la importancia concedida a la buena disposición manifestada hacia las tareas a realizar. No solo se valora como elemento decisivo y fundamental la denominada formación instrumental, sino la creencia, o también podríamos denominar intuición por parte del empleador, de que la persona que se contrata realmente quiere rendir y aprender en el puesto de trabajo.

Hecho este recorrido, no supone ninguna aventura decir que una de las grandes necesidades de las sociedades avanzadas es diseñar, respaldar e implementar políticas activas de formación y orientación hacia los desempleados, con itinerarios que cada vez sean más personalizados en unas sociedades donde lo que prima, por desgracia, es la despersonalización. Hay que tener muy presente que la realidad de los desempleados no es homogénea en buena parte de sus dimensiones. En consecuencia, y ahí está la clave, todas las respuestas formativas y todas las acciones orientadas a la inserción laboral no pueden ser iguales para todos. Dicho en otros términos, la heterogeneidad cada día necesita de respuestas más específicas y precisas. Destacamos también la creciente necesidad del fomento y creación de empresas de inserción social, así como de los centros especiales de empleo para personas en riesgo de exclusión social. Y ello debe de llevarse a cabo tanto desde la iniciativa pública como desde la privada, que han de ser complementarias. Atrás quedan los mensajes de la vieja política educativa que las presentaban como enfrentadas. En las sociedades del conocimiento la distinción público/privado tiende a diluirse.

Es preciso impulsar y potenciar el conocimiento de las vías de contrato de las personas en riesgo de exclusión social. Ahora bien, igualmente se hace necesario fomentar de forma clara y contundente la denominada contratación real. Son muy numerosos los informes e investigaciones que han puesto de relieve que, al igual que ocurre en otras instancias educativas, el conocimiento ciertamente es necesario, pero no suficiente para producir cambios activos. La conducta pasada, con todos sus matices, explica mejor y con mayor precisión la posible intervención futura que la mera y fría información descontextualizada.

Teniendo como telón de fondo la difícil situación económica actual, aunque determinados indicadores nos hacen albergar fundadas esperanzas de cambio de ciclo, cada vez se hace más necesario superar de forma clara y precisa la lógica de la suspicacia curativa, es decir, el tratamiento social del desempleo. Una lógica, en buena medida preventiva y asumida desde la inserción, que olvida que también es imprescindible incorporar progresivamente la tan denostada lógica económica y empresarial. Dicho en otros términos, y desde otra perspectiva, hay que tener en cuenta las reglas del mercado que tienen como exigencias calidad, producto y servicio, objetivos que, todo hay que decirlo, no pueden comprenderse en todas y cada una de sus dimensiones sin una adecuada formación permanente, uno de los grandes talones de Aquiles de nuestros sistemas de formación. •

EL SENTIDO DE LA UTILIDAD

Hace unos años, con ocasión de un congreso de directivos celebrado en Bilbao, coincidí con un filólogo finlandés de aspecto valleinclanesco que hablaba perfectamente el idioma español. Eran tiempos, como ahora, en que hablar de educación era hablar de Finlandia y le pregunté por el secreto de su país. La respuesta fue muy simple: «En los albores del siglo veinte los pastores protestantes finlandeses decidieron que para casarse había que saber leer y escribir». Contestación que me impresionó por sencilla y rotunda. Y me hizo reflexionar sobre las bases y formas sobre los que se articula la sociedad civil. O sea, mientras en España se predicaba desde el púlpito la receta de la conformidad con la situación que a cada uno le hubiera tocado, obviando o pasando de puntillas, en el mejor de los casos, sobre la «parábola de los talentos», es decir, el sempiterno fatalismo sazonado con la recompensa de la «otra vida», en Finlandia se estructuraba la convivencia conyugal sobre las bases de una disposición de las personas hacia el conocimiento.

Cualquier persona de ese país del norte, ya sabía a principios del siglo xx, de las ventajas de una educación básica, de su utilidad a la hora de concebir el futuro personal y el de su familia, bajo principios y reglas basados en el pensamiento religioso. No digo que este sea el único factor determinante en la articulación de una sociedad; si pongo de relieve que, en el caso que nos ocupa, la visión del hecho religioso desde su autoridad jerárquica puede haber coadyuvado a conformar un país donde la educación está socialmente muy considerada, ya sea desde el punto de vista profesional de los que a ella se dedican, como del esfuerzo y aprovechamiento de los que de ella se aprovechan para su progreso como personas.

Cobra relevancia, en el caso de Finlandia, la consideración de lo útil como aquello que produce provecho, comodidad, fruto o interés… y, a buen seguro, que su propia existencia como nación, su cultura, su capacidad de innovación y otras características que le adornan a modo de virtudes tienen su origen en la importancia que se le da al proceso educativo. De manera que a pocos finlandeses se les escapa lo útil que es una buena educación.

En España, por las razones que sean, y se me ocurren algunas, no hemos sido capaces de trasladar a nuestros jóvenes la utilidad de una formación adecuada a la hora de plantearse la incorporación al mundo del trabajo. Una de las causas fundamentales reside en que les hemos apartado de la necesidad de trabajar para vivir. Es la materialización de una protección mal entendida que, en un sentido pendular, nos ha llevado desde una incorporación temprana a la tarea productiva, hasta hace muy pocas generaciones, a postergarla, independientemente de que se aproveche o no el tiempo en tareas formativas.

Los «ninis» son una muestra clara de la desidia y la falta de horizontes en que hemos situado a nuestros jóvenes y el hecho de que se haya hecho popular la expresión nos indica hasta qué punto es preocupante el asunto. Socialmente está aceptado y no conlleva reproche especialmente resaltable porque, además, la situación económica favorece esta tendencia que, dicho sea de paso, nació en los mejores años de desarrollo económico, pero las consecuencias devastadoras de la crisis económica y financiera, en los últimos tiempos, viste con tintes dramáticos, en muchos casos, la convivencia en aquellos hogares especialmente azotados por el panorama económico.

Otra frase que se ha hecho célebre es la de «condenado a ser mileurista». Nació en aquellos años de «bonanza económica» basada fundamentalmente en la especulación y no en la creación de riqueza, cuando todo se nos hacía poco y perdimos la conciencia del valor de las cosas. Ha sido pronunciada más veces por los padres que por los hijos, como consecuencia del desplazamiento de un protagonismo que nunca tuvo que haberse dado. Es un alarde de estulticia que no pondera el dinero ni adivina el esfuerzo que cuesta ganarlo.

Se da el contrasentido de que, por el mencionado movimiento pendular, se les ha otorgado a los jóvenes una serie de prerrogativas bajo la aureola de un progresismo mal entendido. Así, está aceptado socialmente el consumo de alcohol a edades tempranas y las relaciones sexuales al margen de la afectividad y el amor, lastrando el devenir de un equilibrio emocional y conculcando la autonomía personal a la hora de establecer la necesaria relación entre derechos y obligaciones en el ejercicio de un desarrollo armónico. Como consecuencia de este pespunte social le es permitido emborracharse habitualmente, acostarse con cualquiera de manera frecuente; pero lo de trabajar queda para cuando sean mayores.

Resulta muy complicado hablar de utilidad cuando no se ha establecido la necesidad. Gran parte del progreso humano a lo largo de la historia se sustenta sobre la base de haber ido cubriendo necesidades. Es así como se han ido gestando los avances más importantes de la humanidad. La necesidad de trabajar debe ser interiorizada de manera positiva como un gesto de dignidad personal que nos hará mejores individual y colectivamente.

Hay rémoras que tienen su origen en nuestra propia cultura. Al tiempo que Voltaire sentenciaba que al sur de los Pirineos se extendía «el país de la pereza», en España, para no desairar al ilustrado francés, manteníamos la «deshonra legal del trabajo», como extensión de la maldición bíblica al ámbito social, político y económico y coadyuvando negativamente al necesario progreso social al que tienen derecho los pueblos. La circunstancia de que el hecho de trabajar fuera considerado bajo el halo del reproche social es un ejemplo de hasta qué punto el pensamiento religioso aplicado de manera inadecuada puede condicionar el futuro de las naciones.

Al proteger en exceso a nuestros jóvenes les estamos privando de la autonomía a la que tienen derecho como personas, al tiempo que les dejamos indemnes ante cualquier coyuntura desfavorable que pueda darse. La protección, en este caso, tiene un efecto perverso en la construcción armónica de su personalidad que no les permite atisbar que una concepción utilitarista de la educación, perfectamente recomendable, es la de que sirve para trabajar.

EDUCACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO

No se dan, pues, las condiciones necesarias que predisponga en nuestro país el ambiente de colaboración necesario para que vayan de la mano la educación que se imparte y lo que precisa la actividad económica. Existe una excesiva rigidez en la forma de concebir la Formación Profesional reglada en España que no le permite enseñar lo que está demandando el mercado de trabajo. Se están dando pasos en un sentido convergente a través, por ejemplo, de la Formación Dual, que ha rescatado la vieja relación entre teoría y práctica, auspiciados por recetas que han resultado exitosas en países como Alemania. Por ahí debe ir el futuro. Hay que establecer nexos que aproximen el aprendizaje y el empleo y del conocimiento de la realidad productiva vendrá la innovación y el emprendimiento.

Es necesario seguir luchando contra nosotros mismos, tener otra predisposición en los agentes sociales que responda a un sentido ético de la economía y la empresa. Una de las características que define a nuestra sociedad es la valoración peyorativa de algunos oficios, como si fueran indignos. Es como si nuestra sociedad estuviera articulada en un sistema de castas, donde dependiendo de la adscripción de las personas por razón de nacimiento o cualquier otra circunstancia llevara aparejada el desarrollo posterior de una profesión, sin que medie la formación y la voluntad de la persona.

Si reflexionamos en torno al oficio de camarero, por ejemplo, observaremos que genera un cierto rechazo social. Cuántas veces hemos oído: «¡Mi hijo, de camarero, nunca!». Pues bien, hagamos una prueba: De cada diez bares que visitemos, ¿cuántos camareros responden a la idea del profesional que tenemos interiorizada como adecuada? ¿Un diez, un veinte o, acaso, un treinta por ciento? ¿Somos conscientes del valor añadido que puede generar, para su empresa, una persona detrás de la barra de un bar? ¿No le exigimos, acaso, que sea psicólogo, analista político, políglota, comentarista deportivo o taurino, etc.? ¿Estamos convencidos de que cualquiera vale para camarero? Entonces, ¿por qué el desprecio hacia esa profesión?

Es evidente que estamos en una sociedad manifiestamente mejorable, que arrojando un 55% de paro juvenil, lidera la cuota de abandono escolar en Europa (23,5%), tras completar la Educación Secundaria, a pesar de haberse reducido en un punto y medio en 2013, frente a 2012. Que sigue gozando de unos índices de población universitaria muy por encima de la media europea (el 40,7% frente al 36,8%), de donde salen graduados o doctores camino de otros países en número cada vez más considerable, bajo el eufemismo de movilidad exterior. Además, todo parece indicar que la tenue disminución experimentada en el dato de abandono escolar es consecuencia de la crisis económica y que, cuando el empleo aumente, las aulas perderán alumnos, como más de uno vaticina.

¿Por qué estos desajustes? ¿Por qué formamos a personas que nuestro sistema productivo no es capaz de incorporar? ¿A qué se debe tanto derroche de capital humano? Son preguntas que debieran movernos a la reflexión y que, como indicaba al comienzo, tienen repuestas muy simples que están en recetas sencillas para la convivencia y el progreso. ¿Si no eres universitario has de sentirte necesariamente fracasado? ¿De verdad necesitamos tanta oferta universitaria cuando no hay un campus digno de mención en el terreno de la investigación? ¿Tenemos claro cuáles son nuestras capacidades individuales y colectivas? ¿Damos un sentido de utilidad a los estudios que hacemos o perseguimos simplemente un estatus?

Afortunadamente, algo está cambiando en el panorama educativo español, probablemente dado por una reacción lógica de las instituciones que se dedican al asunto y por la necesaria articulación de la sociedad civil. Así están creciendo los estudiantes de Formación Profesional, cerca de 35.000 más que en el curso anterior, hasta alcanzar la cifra de 700.000 alumnos. Cerca de la mitad son mujeres, en consonancia con su lógico anhelo de incorporación al mercado de trabajo. Hay un 11% de personas mayores de 24 años que se siguen formando. Hay cerca de 500.000 personas adultas que estudian enseñanzas regladas no universitarias.

MIRANDO AL FUTURO

Si algo ha caracterizado al sistema educativo español, es haber estado tradicionalmente de espaldas al mundo laboral. Por su parte, el mundo de la empresa no se ha visto implicado en el proceso educativo, más bien se ha limitado a solicitar estudios y cursos a los aspirantes a un puesto, sin verlos más allá de un listado enunciativo. Asumimos sin muchos problemas que las personas que acaban su formación no están preparadas para incorporarse al mercado de trabajo sin pasar por prácticas y becas, pero este modelo viene a romper más la brecha existente entre los centros educativos y los de trabajo.

La fp dual rompe con ese modelo, ya que la formación se realiza casi a partes iguales, en el centro de estudio y en un puesto de trabajo, pero no es fácil, requiere el esfuerzo por parte de quienes nos dedicamos a la docencia de implicar a unas empresas que no están acostumbradas a invertir, ni tiempo ni dinero, en educación, y requiere que estas compañías, grandes o pequeñas, dediquen sus escasos recursos a un compromiso que nos afecta a todos, y lleguen a comprender que este comportamiento puede redundar de forma positiva en sus beneficios a medio plazo.

No podemos desistir, por muy ardua que sea la tarea, necesitamos la implicación del mundo laboral para ayudar a formar a sus propios profesionales. Debemos hacer ver a los empresarios que están fuera del proceso educativo, que no pueden estarlo si quieren tener profesionales adecuados a sus procesos, y que la pelota, ahora, también está en su tejado.

Estamos en el camino, un camino difícil, que aunque requiere apoyo de las instancias políticas, tiene que estar en manos necesariamente de la sociedad civil, solo las empresas tienen la capacidad de adquirir ese compromiso de formar a sus propios trabajadores. Las ventajas para ellas son enormes si saben verlas.

En los centros educativos tenemos también el reto de saber orientar a los alumnos. Existen ciclos formativos con un cien por cien de inserción laboral, y que sorprendentemente, en un país con un alarmante paro juvenil, no tienen alta demanda por parte de los alumnos, mientras que otros, con menos salidas profesionales, tienen una demanda excesiva.

Me pregunto, volviendo un paso más atrás, si muchos de esos alumnos que abandonan sus estudios, han tenido la orientación que les dé la posibilidad de cursar unos estudios más prácticos, más cercanos a sus intereses profesionales, y más orientados a un fin concreto. Es posible que estos alumnos continuarán sus estudios, pero tenemos que hacer el esfuerzo de dirigirles a este fin.

Empezamos a escuchar con demasiada asiduidad que estudiar no vale para nada, y esta es una idea preocupante, además de falsa. Lo que sí sería más adecuado, es que nuestros jóvenes estudiaran pensando, además de en su vocación, en un concepto de utilidad. Sería bueno que les hiciéramos ver que van a pasar unos cuantos años estudiando y el resto de su vida trabajando, y que merece realmente la pena poder tener un empleo de calidad.

Pero toda la sociedad debe enfocarse a esta tarea, para que estudiar no sea un trámite para obtener un título, ni la educación sea un divertimento intelectual, sino el método para convertirse en ciudadanos libres y productivos, que aporten a la sociedad, y para esto tenemos que tener una concepción útil de la educación.

Hemos vivido años de bonanza, si se me permite, basada en burbujas y en irrealidades, que nos han llevado a pensar que la formación no tenía valor. Cuando un chico sin conocimientos profesionales tiene un sueldo trabajando en la construcción superior al de un médico, algo va mal, pero no hemos sabido verlo como sociedad. La crisis, en lo que tiene de oportunidad, debe servirnos para recapacitar.

Cuando se diseñen los itinerarios formativos, las familias profesionales, no podemos tener en cuenta únicamente la demanda, sino más bien la oferta, porque muchas de esas personas que no tienen trabajo tendrán que cambiar de profesión, y estoy seguro de que estarían muy agradecidas a quien supiera orientarles en carreras con alta demanda de trabajadores.

Este concepto de utilidad de la educación requiere de un cambio de paradigma, del que es buena muestra la fp dual, pero que debería aplicarse también en la universidad. Debemos acostumbrarnos a que los jóvenes trabajen; no alentarles a ello, incluso no permitirlo, se debe a un falso sentimiento de protección, que deberíamos preguntarnos si no esconde la desconfianza de que no serán capaces de hacerlo.

Estudiar y trabajar no es malo, el trabajo permite a las personas realizarse. Es más, para los jóvenes, la responsabilidad que requiere un empleo, supone un paso crítico hacia la madurez, mucho más importante que salir solos hasta altas horas de la madrugada. Trabajar significa ser adulto, y a veces no queremos que nuestros hijos se conviertan en adultos.

En otros países es frecuente que los niños, incluso los más pequeños, se inicien en el mundo del empleo, o de los negocios, vendiendo limonada, cortando el césped de los vecinos o lavando sus coches. Y en la universidad, la mayoría de los estudiantes tienen un empleo para pagar sus estudios. En España esto no nos parece bien, pensamos que los chicos y las chicas que trabajan dejarán de estudiar, cuando es precisamente lo contrario. Tener un empleo hace ver a las personas la necesidad de formarse para progresar, les inculca la responsabilidad de tener que aprovechar el dinero que con tanto esfuerzo ganan para pagar sus estudios.

Estoy seguro, aunque no tengo datos para contrastarlo, que las personas que estudian y trabajan aprovechan mejor sus enseñanzas, es más, cuando terminan su formación se encuentran una casilla por delante de sus compañeros, porque ya tienen experiencia profesional en lugar de un currículo vacío. Esta experiencia es buena, sea en lo que sea, porque trabajar te forma como persona, los conocimientos técnicos vienen después. La experiencia de ser camarero en la universidad, como decía antes, sirve para ser médico más adelante.

Que el futuro de la educación pase por el empleo no es un contrasentido, existen experiencias de emprendimiento, incluso en etapas de educación primaria, que prueban a los alumnos en el emprendimiento y la responsabilidad, como las cooperativas escolares que se ponen en marcha en los centros con este modelo de gestión, y que sirven para que los alumnos valoren el esfuerzo que cuesta ganar cada euro.

El «apóstol del cooperativismo», José María Arizmendiarrieta, ya comenzó con este modelo creando una escuela de Formación Profesional para los jóvenes de Mondragón, y creando cooperativas para que estos jóvenes trabajaran. Para él, las unas no tenían sentido sin las otras, ya que, como decía, «si trabajas tienes la obligación de estudiar, y si estudias tienes la obligación de trabajar». Esto es lo que queremos también nosotros para todos los alumnos.

Es un esfuerzo titánico, porque requiere cambiar la mentalidad de toda una sociedad, arraigada a lo largo de los siglos, debemos quitarnos de la cabeza que tener que ganarse la vida es una maldición, debemos ser prácticos y utópicos al mismo tiempo. Debemos buscar que cada persona tenga la formación más adecuada para ella, pero al mismo tiempo la mejor que pueda tener. La educación tiene que sacar lo mejor de cada uno, convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos que podamos ser, y esto pasa por el mundo laboral.

Nada de esto es fácil, es un largo camino, como decía Miguel de Cervantes: «Un solo deseo nos gobierna y una misma esperanza nos sustenta; el camino en que nos hemos puesto es largo; pero no hay ninguno que no se acabe, como no se le oponga la pereza y la ociosidad».

A lo largo de la primera parte de este número especial de Nueva Revista hemos tenido la oportunidad de repasar algunos de los retos y circunstancias actuales de la educación y de su papel fundamental en el desarrollo intelectual, humano y cívico del ciudadano.

Era ese uno de los objetivos planteados en la elaboración del presente número. El otro, que se desarrollará en la segunda parte que empieza aquí, era abordar la vertiente más práctica de la educación. Aquella que la vincula con el desarrollo económico individual y social. El terreno en el que la educación se convierte en un medio para progresar social y económicamente. La educación como generadora de oportunidades que cubran las aspiraciones profesionales y que aporten la necesaria rentabilidad a la inversión de tiempo y dinero que hacen tanto los individuos como la sociedad en su conjunto.

No se pretende limitar la educación a su vertiente facilitadora de la empleabilidad individual ni de reducir los fines de la misma a un ámbito meramente utilitarista. Sí es, en cambio, un esfuerzo por analizar la relación existente entre la educación y el empleo. De cuánto y de qué forma mejoras en la primera impactan en el segundo. Incluso de si nuestro país se puede permitir rehuir esta visión, con un déficit crónico que nos obliga a recurrir al exterior para financiarnos y una tasa de desempleo cercana al 25%.

Se trata de la diferenciación clásica entre el aprendizaje inquisitivo y el adquisitivo. Mientras el primero está motivado por un puro interés en el conocimiento, el segundo concibe el proceso educativo como un acto de consumo. Se aprende únicamente aquello que es necesario para alcanzar las cualificaciones o adquirir las capacidades necesarias con las que alcanzar un determinado estatus profesional. Es un modelo basado en un simple cálculo racional de carácter individual, en el que para Lawn (Borderless Education: imagining a European education space in a time of brands and networks,2001) «las bases de la educación se han perdido».

Quizá sea cierto lo que apunta Lawn, pero sin embargo, como decíamos antes, es un análisis, el de la educación como medio, que, por un lado, nuestro país no debería permitirse el lujo de evitar y, por otro, es una obligación que los ciudadanos debemos imponer a los poderes públicos.

Porque no podemos olvidar que cuando el Estado se arroga el deber de proveer la educación, impone su obligatoriedad y asume su gestión, está adquiriendo una enorme responsabilidad no solo con la sociedad, sino directa y muy especialmente con los individuos. Debe ser, por lo tanto, muy riguroso a la hora de garantizar que tanto el valor real de la educación como el percibido compensen el esfuerzo que hacen tanto los ciudadanos como la sociedad en su conjunto para adquirirla. En este sentido, el valor percibido será mayor, entre otras cosas, cuanto más y mejores oportunidades profesionales sea capaz de facilitar.

Llegados a este punto, concluiremos que, de forma muy simplificada, para que la educación cumpla con este objetivo de facilitar oportunidades profesionales no solo ha de ser buena sino que debe ser útil.

Elaboremos un poco estos conceptos que entendemos debe conjugar la educación para ser considerada de calidad en el sentido previamente descrito y que está vinculado con el valor percibido de la misma.

Lo primero que debemos decir es que la calidad debe medirse en términos comparados. Podemos considerar una educación de calidad aquella que es capaz de transmitir y consolidar en los que la reciben el conjunto de saberes fundamentales necesarios para un óptimo desarrollo humano e intelectual. Sin embargo, esto no es más que una definición en términos absolutos. Hoy más que nunca, para que la educación pueda ser considerada como verdaderamente buena debe ir un paso más allá. Debe serlo también en términos relativos o comparados.

Ya lo explicó Hirsch (Social Limits to Growth, 1977) cuando dijo que: «Hay una dimensión absoluta, en la cual la calidad educativa se construye sobre la base de alumnos receptivos, buenos profesores, buenas instalaciones, etc.; pero además existe una dimensión relativa en la que la calidad consiste en el diferencial con el nivel educacional recibido por otros».

En un contexto de globalización como el actual en el que la permeabilidad de las fronteras es tan acusada, el trasvase de talento tan evidente y la competencia por él tan a la vuelta de la esquina, para determinar la calidad de la educación con la que un Estado provee a sus ciudadanos, debemos medirla inevitablemente con la que reciben los ciudadanos de otros Estados. Debemos por tanto centrar el foco de atención en su aspecto relativo. De lo contrario caeríamos en la misma ilusión de progreso de la que alertaba Hirsch ya que «por mucho que pensáramos estar mejorando nuestra educación, al no hacerlo a un ritmo más rápido que el resto, en realidad solo estaríamos empeorándola».

Un aspecto clave para garantizar esa calidad comparada es la necesidad de no privar a la educación de su necesaria función de evaluación, selección y orientación de los estudiantes. Una educación de calidad debe evaluar y seleccionar a los alumnos y debe hacerlo de forma rigurosa, seria y responsable. Cualquier debilidad a la hora de hacerlo, movida por factores de falsa justicia social o de una ilusoria igualdad de oportunidades, solo conseguirá dos cosas tremendamente perniciosas para el porvenir del individuo y de la sociedad.

La primera es retrasar innecesariamente el momento de la evaluación y de la selección, dejándolo para cuando el individuo se enfrente al mercado laboral, momento en el que se encontrará con criterios de selección verdaderamente rigurosos y cuando quizá ya sea demasiado tarde para reenfocar su porvenir profesional. Porque no nos engañemos, la selección acabará produciéndose tarde o temprano, solo que ya no será el sistema educativo el que la realice sino el mercado laboral. Y lo hará en un punto de la carrera profesional de la persona en el que posiblemente ya no tendrá tiempo de reacción para modificarla.

Actuando de esa forma, los sistemas educativos hacen dejación, de forma irresponsable, de lo que es inequívocamente suyo, identificar las potencialidades individuales de cada persona y enfocarla hacia aquellos campos profesionales y de conocimiento en los que más exitosamente pueda desarrollarse en el futuro.

La segunda consecuencia perniciosa de la excesiva relajación de los mecanismos de selección/orientación en el sistema educativo o incluso de su ausencia absoluta, es la inflación de cualificaciones y la consiguiente depreciación de los títulos, cualquiera que sea su nivel, pero preferentemente los universitarios derivado del proceso expansivo de la educación superior.

Porque está claro que la relajación de los mecanismos de selección provoca una expansión excesiva de las titulaciones. Y está comprobado que esta expansión no produce cambios en la demanda de trabajadores altamente cualificados sino que lo que provoca es inflación académica (Collins, 1979; Offe, 1976). La idea de inflación académica es similar a la de la inflación monetaria. Si el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero en circulación es superior a la de producción de bienes y servicios, el efecto que se produce es un incremento del precio de dichos bienes y servicios. O dicho de otro modo, con cada euro podemos comprar menos cosas.

Del mismo modo, si un mayor número de personas obtiene las cualificaciones previamente requeridas para unos puestos concretos y la cantidad de dichos puestos no se incrementa al mismo ritmo, lo que se produce es inflación de cualificaciones. Y «allí donde se produce esa inflación, el valor de esas cualificaciones se debilita» (Berg, 1970). Como consecuencia, «los estudiantes que quieren prosperar se ven forzados a prolongar su fase de formación para obtener cualificaciones de un nivel superior. De esta forma, es fácil predecir que el proceso continuará repitiéndose en niveles educativos superiores. Si llega un momento en el que todo el mundo tiene un título universitario, un doctorado, un máster o similar es fácil de prever que estas cualificaciones no servirán más que para obtener un trabajo en un restaurante de comida rápida y la competencia se trasladará a niveles educativos incluso superiores» (Collins, 1994, p. 146).

Los gobiernos se han dedicado a «imprimir papel» de titulaciones a un ritmo alarmante. Mientras en el terreno financiero una expansión monetaria equivalente es habitualmente evitada por los Estados, en el terreno educativo se alaba al considerarse positiva por ampliar el acceso a mejores oportunidades profesionales. Se resisten a reconocer que este proceso inflacionista contribuye a una competición tremendamente costosa y estéril y a un mercado de «calificaciones en saldo».

Además, al contrario de lo que se perseguía con la relajación de los procesos selectivos, la inflación de cualificaciones incrementa las desigualdad de oportunidades porque favorece a aquellas personas con recursos personales y familiares capaces de soportar los costes asociados a esta competición de titulaciones permanente (Hirsch, 1977).

Corremos el riesgo de pensar que por el mero hecho de haber «universalizado» los niveles educativos y por tanto facilitado acceso a los mismos a un elevado porcentaje de la población, pudiéramos considerar que se ha hecho todo lo posible para poner a disposición de los ciudadanos la mejor educación y se les ha dotado con las mejores herramientas para enfrentar su futuro profesional. Nada más lejos de la realidad, según hemos tratado de exponer.

Por otro lado, mientras los Estados se centran en el lado de la oferta de titulaciones, el lado de la demanda escapa cada vez más a su control. El mercado laboral es cada vez más global y complejo. Nuevas profesiones aparecen todos los días a una velocidad inusitada, cada una de ellas con unos requerimientos específicos y concretos sobre los conocimientos y habilidades necesarios.

Sin embargo, desde las autoridades educativas es escaso el conocimiento que se tiene, poca la atención que se le presta o reducida la capacidad de reacción para diseñar unos ciclos educativos capaces de dotar a los estudiantes con los conocimientos y habilidades adaptadas a las nuevas necesidades del mercado laboral.

Es esta parte la que enlaza con el concepto de utilidad que planteábamos al inicio del artículo. Es necesario que los ciudadanos y el mercado laboral perciban en la educación ese factor de utilidad de forma que le reconozcan un valor percibido suficiente como para que les compense el esfuerzo de asumir los costes personales y sociales que la educación impone. De lo contrario estaremos abocados a continuar contemplando elevados porcentajes de abandono escolar, depreciación constante de las titulaciones y a hacer inútiles los esfuerzos por cerrar la brecha que separa, a día de hoy, al sistema educativo del mercado laboral.

Es por tanto mucho lo que todavía queda por avanzar y mejorar en el sistema educativo con el objetivo de dotarle con la calidad necesaria para incrementar su «valor percibido» por el ciudadano y el mercado laboral.

Precisamente estos y otros aspectos fundamentales de la educación en su relación con el empleo es lo que se tratará de desarrollar en la segunda parte de esta edición especial de Nueva Revista a lo largo de varios artículos. Confiamos en que su lectura y análisis sean de interés y contribuyan de algún modo a ahondar en esa importante función que tie-ne la educación como generadora de oportunidades profesionales y ayude a arrojar algo de luz sobre cómo mejorar esa asignatura pendiente que sigue teniendo nuestro país como es el desempleo. •

REFERENCIAS BERg, I. (1970): Education and Jobs. Center for Urban Education. COLLINS, R. (1994): Four Sociological Traditions. Oxford University Press. COLLINS, R. (1979): The Credential society: an historical sociology of education

and stratification. Academic Press. HIRSCH, F. (1977): Social Limits to Growth. Routledge & Kegan Paul. LAWN, M. (2001): Borderless Education: imagining a European education

space in a time of brands and networks. Discourse: studies in the cultural politics of education Vol. 22, Nº. 2. OFFE, C. (1976): Industry and Inequality: The Achievement Principle in Work and Social Status. Edward Arnold.