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Universidad y organismos públicos de investigación. CSIC, un diálogo imprescindible

ALGUNAS PINCELADAS HISTÓRICAS

Dejando aparte los centros tecnológicos que presentan perfiles distintos y a veces poco homogéneos, los agentes ejecutores del sistema público de I+D+i español son los Centros Públicos de Investigación (CPI), que agrupan a las universidades, a los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y a algunos centros que por depender de la administración autonómica o local obtienen sus recursos económicos en buena medida del sector público. También habría que incluir en el conjunto de los CPIs a algunos centros de investigación que igualmente se apoyan en presupuestos de la Administración General del Estado, pero que a pesar de ello tienen un sorprendente y hasta envidiable grado de autonomía de gestión diferencial y autónoma, algo que sería deseable y cada vez más imprescindible que se generalizase en el ámbito de los OPIs.

De cualquier forma los principales y más veteranos centros públicos de investigación son las universidades y el CSIC, en su calidad de más grande y más multidisciplinar OPI. Aunque de fundación mucho más antigua, las universidades solamente han reconocido y fomentado su función investigadora desde no hace tantos años. Sin embargo, al CSIC hay que asignarle el crédito de haber fomentado la investigación científica en España ya que, durante una parte importante del régimen franquista y sobre todo en sus primeros tiempos, se hizo o se favoreció más la investigación en o desde el CSIC que desde la universidad [J.M. Sánchez Ron, «Cincel, martillo y piedra», Ed. Taurus, 1999]. Sin embargo, hasta bien entrada la segunda mi-tad del siglo pasado la investigación en la universidad, salvando iniciativas aisladas, era prácticamente inexistente, tanto porque los recursos dedicados a ella en el país eran muy limitados y su gestión estaba poco o nada organizada, como porque el modelo de la universidad se centraba casi exclusivamente en la docencia. En el último cuarto del siglo XX la situación cambió, y de suponer en 1978 el gasto en I+D en el sector universitario solo un 16%, se pasó a un 31% a comienzos de este siglo [«La investigación en la universidad española…», Luis Sanz, IPP-CSIC, doc. de trabajo 03-06, grupo SPRITTE]. Hoy no puede entenderse la vida de la universidad española sin la investigación y ya a finales de los pasados noventa la encuesta INE sobre el empleo de tiempo que el profesorado dedicaba a la investigación reportaba el 40,5%, acercándose al dedicado a la docencia.

Aunque la historia oficial del CSIC comienza a finales del año 1939, no se puede entender sin conocer lo que supuso y lo que hizo por la investigación la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), nacida en 1907 bajo la presidencia inicial de Santiago Ramón y Cajal. A pesar de que fue creada más por prestigio que por convencimiento de la necesidad o utilidad de la investigación científica, la JAE desarrolló una labor importantísima en la formación y profesionalización de los investigadores españoles. No solo enviaba a los estudiosos y profesores para completar su formación a Alemania, Francia e Inglaterra, entonces los países líderes en ciencia, sino que creó bibliotecas y laboratorios en los que, al estallar la guerra civil, estaban trabajando jóvenes como el propio Severo Ochoa.

Tras décadas de una actividad desigual pero notablemente brillante dadas las dificultades presupuestarias, la guerra civil de 1936-1939 frenó la evolución científica española y, tras ésta, se suprimió la JAE y se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el mes noviembre de 1939, es decir, apenas ocho meses después de finalizada la guerra.

Con todas sus limitaciones, es de justicia señalar el trabajo, muchas veces callado y siempre meritorio, de tantas personas asociadas a los veinte primeros años del Consejo que corresponden a nuestra posguerra y a una época de dificultades marcada por carencias y carestías, por una orientación autárquica en muchas iniciativas y por unas rigideces que también encontraron reflejo en el plano de la investigación científica y técnica.

Sin duda, la tónica general del sistema político alcanzó también a las decisiones del Consejo, muy restringido y limitado por ello en su primera andadura ante los condicionantes del momento, de los que, sin embargo, fue independizándose gradualmente en un aperturismo progresivo. Sin que esto sea en absoluto una justificación, ni es mi propósito ni me incumbe hacerlo, lo cierto es que, existiendo una evidente prevención sobre los efectos de la Institución Libre de Enseñanza en el acontecer histórico de la política española, la JAE nacida de ésta, a pesar de haber dado vida e impulso a lo que hubo de investigación y nutrido dignamente las cátedras universitarias, era vista con recelo por algunos sectores. Pero aquí es bueno recordar cómo el Consejo sirvió de refugio intelectual y laboral para profesores depurados de sus puestos universitarios que, por supuesto con la aquiescencia del régimen, fueron acogidos en el CSIC.

No obstante esa misma depuración y el exilio voluntario de muchos profesores influyeron negativamente en el desarrollo y potencialidad del Consejo, donde impedidos algunos accesos, no circuló savia suficiente por todas las ramas de su árbol simbólico de la ciencia. Sobre ciertos grupos del Consejo, a causa de aquellas interferencias políticas, pesa este «pecado original», salvando el aludido papel del CSIC de entonces como refugio para muchos profesores universitarios depurados de sus cátedras.

Como decía Salvador de Aza, el entonces vicepresidente del Consejo, en la conmemoración de los cincuenta años del CSIC celebrada en 1989, ni siquiera la guerra civil y el exilio de muchos de nuestros mejores científicos fue capaz de yugular la obra iniciada por la Junta. El CSIC tras los primeros años de autarquía inicia un desarrollo acelerado que habría de convertirlo en el organismo de investigación multidisciplinar más importante de España y en la pieza clave del sistema español de investigación científica y desarrollo tecnológico. Sus aportaciones a la ciencia española se pueden clasificar en cuatro grandes apartados:

  • Mantenimiento de infraestructuras y actividades científicas.
  • Introduccion en España de nuevas líneas, métodos y técnicas de trabajo.
  • Formación de personal científico para las universidades y organismos de investigación.
  • Creación de instrumentos y estructuras de política científica.

No es exagerado afirmar que el CSIC ha sido en cierta manera la casa de todos y que, gracias a sus instalaciones, laboratorios y bibliotecas, la ciencia española no solo no se extinguió, sino que pudo crecer y desarrollarse hasta traernos al punto en que estamos [Salvador de Aza, «El CSIC y su contribución a la ciencia española»; «El CSIC medio siglo de investigación», 1996]. Por otro lado y aunque la proximidad implícita que representa la tercera de las aportaciones reseñadas pudiera ser causa y razón, como es habitual en el ser humano, de «sentimientos de amor y odio», hay que reconocer que representa un elemento de colaboración entre el Consejo y la universidad que, las más de las veces, contribuyó en las primeras décadas de existencia del organismo a desarrollar una voluntad y un clima de colaboración entre estos dos centros públicos de investigación.

En otro orden de cosas, es importante hacer notar que el CSIC en sus comienzos carecía de una plantilla de científicos propia, por lo que la íntima relación con la universidad que le prestaba esta colaboración le dio en aquel momento una estabilidad, al menos aparente. Aunque a partir de 1945 se crearon plazas específicas para el CSIC, la colaboración con universidades y escuelas técnicas figuraba entre las previsiones que aparecen en la modificación de algunos artículos de su ley fundacional llevada a cabo en 1942 buscando mayor operatividad. El artículo 17 fijó el sistema de colaboración con las universidades a través de varios mecanismos: consideración de institutos propios del CSIC a los institutos universitarios, creación en la universidad de secciones de centros del CSIC, adscripción a la universidad de institutos del CSIC o creación de institutos mixtos. Con ello el organismo compatibilizó dos tipos de funciones: mantener y desarrollar centros propios de investigación y establecer convenios con otros organismos, especialmente la universidad. Así, al principio, mucha de la actividad del CSIC giraba en torno a cátedras universitarias que recibían recursos para desarrollar la investigación y dotaciones para becas.

La creación de plazas de personal investigador, y de dos categorías de personal de apoyo (auxiliares y laborantes) a partir de 1945, modificaba el modelo inicial del CSIC, que tenía un fuerte sesgo consultivo, para iniciar la profesionalización de la labor investigadora.

Quizá esa plantilla propia marcó el comienzo de un movimiento de separación entre CSIC y universidad, a la que se le atribuía, en muchos casos sin duda con razón, poco compromiso con la labor de investigación, si bien hay que reconocer que, como hemos dicho, los recursos que el Estado dedicaba a esa tarea, se destinaban discrecionalmente con mayor intensidad a los centros ajenos a la universidad.

Hay que reseñar que en ese mismo año 1945 se crea la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, instalada desde 1949 en el palacio de la Magdalena en Santander y dependiente del CSIC, destinada a dar una estructura estable a «las reuniones científicas, las enseñanzas monográficas y los cursos para extranjeros», que venían siendo organizados por el CSIC y cuya duración quedaba circunscrita al periodo estival. En 1953 la UIMP pasa a depender del Ministerio de Educación Nacional, desvinculándose del CSIC, si bien éste queda como una de las entidades que colaboran en su desarrollo.

A finales de la década de los cuarenta se había producido un notable incremento de centros del Consejo hasta alcanzar la cifra de ochenta, situados fundamentalmente en Madrid, aunque en algunos casos se mantenían secciones en diversos puntos de la geografía y se colaboraba con cátedras universitarias radicadas fuera de la capital. Todo ello de acuerdo con el mismo patrón de colaboración: personal universitario que realizaba una parte de su actividad en las instalaciones del CSIC.

En 1958 desaparece del CSIC una de las competencias que le había sido asignada en la ley fundacional, «fomentar, orientar y coordinar la investigación científica», al crearse la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICyT), señalándose que el nuevo órgano no podría tener centros propios. La CAICyT es sustituida en 1986 por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) que dirige la política científica y tecnológica española y la distribución competitiva de recursos económicos para proyectos de investigación en todos los centros públicos de investigación. En marzo de 2009 la CICYT fue sustituida por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, por medio del Real Decreto 326/2009, de 13 de marzo y, más recientemente, en 2016, se ha creado la Agencia Estatal de Investigación como instrumento para la gestión y financiación de los fondos públicos destinados a actividades de I+D+i. Estos organismos han facilitado un tratamiento igualitario y competitivo en la distribución de recursos destinados a la investigación para el CSIC y las universidades, basado en el mérito y la capacidad de los proyectos, lo que sin duda ha contribuido a tender puentes entre los dos tipos de CPIs, estimulando la colaboración.

CENTROS PROPIOS Y MIXTOS Y UNIDADES ASOCIADAS AL CSIC

A partir de estos antecedentes históricos, la política del CSIC en los últimos veinticinco años ha estimulado y apoyado el diálogo estrecho con la universidad, no solo propiciando la colaboración científica entre ambas instituciones y la docente en cursos de doctorado y másteres desde las competencias y capacidades del personal del CSIC, sino además poniendo en juego instrumentos propios del organismo como son los centros mixtos de titularidad compartida CSIC-universidad y las unidades asociadas al CSIC a través de alguno de sus centros.

De los actuales 122 institutos del CSIC, 53 son mixtos, en la mayoría de los casos con la universidad (43,5%), si bien existen alianzas con otras entidades. Eso significa que aproximadamente 2.000 personas de la universidad trabajan en ellos codo con codo y de forma indistinguible con el personal vinculado al CSIC, completando un volumen de más de 15.000 personas involucradas en la actividad de I+D+i a través del Consejo, de acuerdo con la distribución que presenta la tabla siguiente. Importante es observar cómo en los institutos mixtos el número de personas vinculadas al CSIC y el vinculado a la universidad son del mismo orden (al 20% de diferencia en promedio). Llegar a un equilibrado 50% de personal de cada institución en cada centro mixto es algo que la experiencia nos muestra como la situación óptima para su buen funcionamiento.

Las unidades asociadas son estructuras administrativas que posibilitan que equipos o grupos de investigación, laboratorios, unidades, departamentos u otras estructuras de i+d+i, pertenecientes a universidades (otros organismos de investigación o cualesquiera otras entidades nacionales de carácter público o privado), que lleven a cabo actividades científicas o tecnológicas a través de proyectos financiados en áreas comunes, afines o complementarias a las de uno o más institutos propios o mixtos del csic, mantengan con este una relación estable de cooperación científica durante un periodo de al menos tres años, renovables a la vista de la actividad conjunta desarrollada. La figura permite la movilidad del personal entre el csic y la universidad por periodos limitados, además de otras ventajas que buscan explotar las sinergias derivadas de actividades conjuntas. Desde su creación en 1993, han existido 350 ua, estando vigentes a día de hoy 110, relacionadas con 37 universidades distintas, que se vinculan al csic a través de 59 de los 122 centros del organismo.

La figura de UA permite plantear y ensayar de forma rápida, ágil y flexible, iniciativas de colaboración csic-universidad que eventualmente pueden desembocar en la constitución de institutos mixtos, como señala la experiencia ya que desde 1995 esto ha sucedido en nueve casos.

VALORACIÓN DE LA COLABORACIÓN

Una forma de valorar los resultados de la colaboración entre la universidad y el CSIC a través de la figura de los institutos mixtos puede basarse en el análisis de su producción científica y técnica.

En términos bibliográficos, el número de publicaciones referenciadas en la Web of Science para el csic [La actividad científica del csic a través de indicadores bibliométricos (Web of Science, 2010-2015), María Bordons et al (extraído, Digital. csic)], en el periodo 2010-2015 fue de 61.260 (lo que supone una media de 10.210 publicaciones/año). En ese mismo periodo y según la crue [La Universidad española en cifras, crue, 2014/2015], el conjunto de universidades públicas y privadas hicieron 331.051 publicaciones (55.176 al año como promedio). De los 61.260 artículos del csic, 23.921 tienen coautores de la universidad (39%), lo que habla de una buena colaboración entre las dos entidades. Resulta interesante pormenorizar esta colaboración analizando la distribución de artículos en las ocho áreas temáticas que cultiva el csic (Humanidades y Ciencias Sociales, Biología y Biomedicina, Ciencias Agrarias, Recursos Naturales, Física y Tecnología Físicas, Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ciencia y Tecnología Químicas), tal y como presenta la tabla siguiente:

Según esos datos hay una colaboración superior a la media en Física, Recursos Naturales y Materiales, por este orden e inferior a la media en Humanidades y Ciencias Sociales, Química, Biología y Biomedicina, Ciencias Agrarias y Alimentos, también por este orden. La suma de las publicaciones desglosadas no coincide con el total porque hay publicaciones que se computan más de una vez cuando son atribuibles a más de un área (el error se puede estimar inferior al 5%).

Por otro lado esta colaboración referida a las publicaciones del CSIC y la universidad no se restringe obviamente a los artículos generados en los institutos mixtos, sino que se da también en los propios sin que tenga que existir una vinculación específica o estatutaria. Siempre en el periodo de seis años analizado, se contabilizan 11.155 artículos producidos en los 53 centros mixtos, frente a 13.877 originados en los propios (con el error antes comentado de alguna doble contabilización). El porcentaje que representan esas dos cantidades respecto a los 23.921 artículos significa que el 46,6% de publicaciones en colaboración con la universidad provienen de institutos mixtos, mientras que el 58% proviene de los propios.

A priori, esa diferencia indicaría que la colaboración con la universidad, importante como señalan las cifras, se da con una intensidad parecida en todos los institutos del CSIC, independientemente de que sean propios o mixtos.

En cuanto a patentes, obviando las que el personal universitario presenta a través de su universidad sin conocimiento del CSIC, algo que desgraciadamente se da con alguna frecuencia, podemos detenernos a considerar su número. Así, en el periodo 2006-2015, sobre un número total de patentes de prioridad solicitadas desde el CSIC de 1.592 (160 por año), se contabilizan 494 obtenidas en los institutos mixtos y otras doce en las unidades asociadas, lo que representa un 31% en promedio. Ese valor medio y el porcentaje sufren altibajos a lo largo del periodo analizado, llegando a representar el 21,2% en el año 2008 y el 44,2% en el año 2012.

La valoración cuenta también con un dato adicional si consideramos el sello de excelencia que supone la condición de haber sido reconocido como centro Severo Ochoa o María de Maeztu por las convocatorias del MINECO. En este caso, de los 24 centros nacionales reconocidos como SO, nueve son del CSIC, de los que siete son mixtos, y de las 16 unidades MM reconocidas, tres son del CSIC y dos de ellas corresponden a institutos mixtos.

La conclusión anunciada al comienzo de este artículo es obvia y los datos expuestos y comentados revelan que no solo parece imprescindible la colaboración CSIC-universidad, sino que se viene dando con resultados ventajosos para ambas partes en general. El instrumento «instituto mixto», sin ser el único utilizable en esa política, aparece como uno de los más productivos con tal de plantearse en términos lo más equilibrados posible, no solo en lo que se refiere a los recursos humanos, como hemos comentado, sino también en aspectos relativos a responsabilidad, aportaciones y facilidades de acceso provistas por los titulares, mantenimiento, etc. La experiencia que desde el CSIC hemos reunido en los 53 centros mixtos así lo avala.

Investigación e innovación

Decíamos recientemente¹ que el futuro de nuestra sociedad depende en gran parte de lo que sea su universidad, por lo que al menos hay conciencia en los analistas universitarios de su trascendencia. Pero esta concienciación debe calar en toda la sociedad pues solo así invertiremos esfuerzo preferencial y suficientes recursos en ello.

En la sociedad debe calar que la investigación es necesaria para generar conocimiento y poder transferirlo para potenciar la innovación en beneficio de su crecimiento sostenible y autónomo (libre). Es por ello por lo que las universidades son instituciones absolutamente estratégicas para el futuro de la sociedad.

Como tales, el itinerario a seguir requiere una planificación que debe partir del análisis preciso de la situación actual, motivo de la primera negación, para decidir en cuál deberíamos estar, función del modelo que queremos, y dar los pasos adecuados, sin perder de vista capacidades y recursos posibles, para avanzar hacia esta última, dando respuesta a la segunda negación.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACION EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

El Sistema Universitario Español (SUE), en su conjunto, presenta un buen posicionamiento internacional en la cantidad de su producción científica (10ª posición de España como país en documentos acumulados 1996-20152), con una calidad que ha mejorado mucho pero aún debe hacerlo más (posición 21 en citas por documento). A pesar de ello, tanto en cantidad como en calidad se nota (Figura 1), tras unos máximos en 2014-15, un ligero retroceso, rompiendo la espectacular tasa de crecimiento sostenida desde 20023.

FIGURA 1

Estos resultados implican una gran eficiencia pues la inversión en I+D+i, 1,23% PIB y en descenso (Figura 2), está muy por debajo de los valores umbrales que garantizan posi
cionarse en la élite de competitividad de las economías del conocimiento (Figura 3)4,5.

FIGURA 2

FIGURA 3

Como una de las consecuencias de la baja inversión en I+D+i y el cambio de su evolución (de creciente a decreciente) con la aparición de la crisis, España ha perdido un 10% de sus investigadores y, además, casi un 7% en la inversión por investigador en los últimos cuatro años (Figura 4), máximo indicador de ineficiencia puesto que se pierde la inversión realizada en recursos humanos formados, ya que de los resultados de su actividad se benefician otros6,7.

FIGURA 4

Invertimos poco y con un porcentaje de inversión privada (empresarial) en I+D+i (50%) impropio de países avanzados, en los que se sitúa en el 70%6. Esta falta de cultura inversora en conocimiento está en el origen de nuestra baja capacidad innovadora. En efecto, la intensidad de la transferencia del conocimiento es acorde a la inversión que se realiza, por lo que en sus diferentes actividades, como solicitudes de patentes o el porcentaje de productos de alta tecnología en el total de exportaciones (Figuras 5 y 6), España queda lejos de los resultados de los países más avanzados4.

FIGURA 5

FIGURA 6

La transferencia del conocimiento para la innovación requiere de la voluntad de sus dos extremos, los generadores de conocimiento, entre los que las universidades son mayoritarias, y los receptores-transformadores-aplicadores, fundamentalmente las empresas. Algunos indicadores, como la actividad en patentes (Figura 7), evidencian que las universidades se han activado en la transferencia, más que duplicando sus patentes en cinco años, pero sin lograr mejorar resultados, que se mantienen prácticamente constantes4,6.

FIGURA 7

Con todo, España, siendo la quinta potencia económica-social europea, se sitúa como duodécimo país en un indicador sobre excelencia de la investigación y la transferencia de sus resultados, en cuya aportación las universidades son el principal actor, por debajo del valor medio europeo (Figura 8)8.

FIGURA 8

Es evidente que nuestra situación justifica la primera negación dada al principio. Las universidades, y la sociedad en su conjunto, no hacemos lo suficiente para tener la capacidad investigadora e innovadora que el país necesita.

Pero, lo que es peor, esta situación no difiere mucho de la que era hace seis u ocho años. Incluso ha empeorado en términos relativos a otros países y en términos absolutos en los indicadores de recursos, inversión y personas implicadas, como en los de resultados. Lo que quiere decir que la segunda negación, la más preocupante, también está justificada.

La situación y la falta de adecuada tendencia en su mejora hace ver que la sociedad no valora adecuadamente el valor de la investigación y la innovación, por lo que tenemos desde las universidades una labor inmensa de concienciación, de compromiso con resolverla. Y aunque hay cierta conciencia colectiva, como lo demuestran algunos titulares recientes (Figura 9), esta no se corresponde aún con políticas globales aceptadas y solo actúa como denuncias aisladas9.

FIGURA 9

LA SITUACIÓN OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

La situación en la que debería estar la universidad española en I+D+i corresponde definirla en función de los objetivos funcionales de la misma. Y estos objetivos derivan del modelo de sociedad al que aspiramos. Si España quiere formar parte del colectivo de sociedades que sustenten su futuro en un modelo propio, requiere alcanzar una competitividad frente a otras que lo haga posible.

Las economías más avanzadas basan su sostenibilidad en el conocimiento y en su aplicación en procesos innovadores. Por ello requieren de personas y sistemas creativos y emprendedores, potenciadores de investigación y desarrollo y, fundamentalmente con apoyo de estos valores, de innovación.

Siendo la innovación la palanca de la competitividad de países basados en el conocimiento, tenemos como país un importante déficit que debemos corregir. Somos el país 32 en competitividad, lejos de nuestra posición por potencial económico10. Este posicionamiento viene lastrado por nuestra capacidad innovadora (Figura 10), en la que nos situamos en tercera división europea como sociedad innovadora moderada y en el puesto 28 mundial (Figura 11)8,11.

FIGURA 10

Para saber dónde debemos estar podemos ver dónde están los que mejor lo hacen. Fijándonos solo, por proximidad, en los países europeos que por tamaño y cultura tenemos que tener de referentes, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, todos ellos están por delante en el indicador de excelencia en investigación (Figura 8), y todos, salvo Italia, por encima de la media europea. En este indicador, la referencia nº 1 es Holanda2,8.

Casualmente Holanda, nº 2, Reino Unido, Alemania y Francia son países de alta calidad investigadora, con un índice H superior al español. Todos ellos se sitúan entre los diez países con mayor número de patentes solicitadas y en la cabecera de los países exportadores de alta tecnología, ambas actividades indicadoras de alta capacidad de transferencia e innovación.

Mientras España rebajaba su inversión en I+D+i en los años de crisis, estos países la aumentaban, teniendo una participación porcentual de sus empresas en esta inversión en el entorno del 65%, lo que evidencia una estructura innovadora basada en la transferencia mucho más potente. Todos invierten por encima del umbral que les hace altamente competitivos (Figura 3) y, consecuentemente, se sitúan como causa y efecto entre los países con renta per cápita más alta (Figura 12), y con liderazgo innovador (Figura 11)4,5,11. En todos ellos la inversión en I+D+i en las universidades con producción investigadora supera a la que se hace en España, desde un 25-50% de Reino Unido y Francia a un 150-300% de Holanda y Alemania4.

En resumen, la situación objetivo de la universidad española no tiene por qué ser distinta a la de los países con modelos sociales más competitivos y sostenibles, al menos en sus grandes rasgos.

FIGURA 11

FIGURA 12

Esto requiere una inversión en I+D+i al menos en torno al 2%, participada en dos tercios por el tejido empresarial, lo que dota de mayores recursos investigadores y de transferencia, tanto en medios materiales como en personas, a las universidades investigadoras. La producción científica crece, sobre todo en calidad, a la vez que la capacidad de transferencia se multiplica bajo la adecuada conectividad entre ofertantes y demandantes. La capacidad innovadora crece y hace crecer la competitividad, lo que genera mejor situación para el crecimiento sostenido del bienestar social.

Al igual que nuestra situación no se ha movido en los últimos años, salvo a peor, la situación de referencia se basa en las mismas premisas, si bien el tiempo la ha ido alejando por lo que el esfuerzo para alcanzarla debe ser mayor. Ya no basta con saber dónde debemos estar, sino que debemos iniciar ya el recorrido que nos lleve en su dirección. Las universidades deben ser promotoras de este proceso.

LAS REFORMAS PENDIENTES Y URGENTES

Aunque nuestro SUE sea eficiente en crear ciencia, gran número de publicaciones científicas para el presupuesto que se tie-ne, somos un país poco eficaz en la gestión del conocimiento, puesto que no alcanzamos los objetivos que nos corresponden por nuestra posición económica en cuanto a indicadores de crecimiento social. Desde esta concepción debe partir la planificación de un modelo de futuro para la I+D+i en las universidades, que defina las reformas pendientes que nos lleven de la situación actual a la establecida como objetivo.

FIGURA 13

Ya hace tiempo que se vienen ofreciendo estos modelos, como ejemplo el que ofrecía la CRUE apoyándose en propuestas de COTEC (Figura 13)5,12, aunque no han pasado nunca a la línea ejecutiva por falta de convencimiento de todas las partes. Así que conseguir metas diferentes, ambiciosas y vinculadas al progreso de toda la sociedad, requiere de acciones diferentes a las realizadas.

La universidad española, conocedora de dónde estamos y qué deberíamos alcanzar, debe propiciar, siendo proactiva en su señalamiento, las acciones que se necesitan, los actores a realizarlas, los recursos necesarios y los que se pueden disponer, así como el método y el ritmo de su ejecución. Debe hacer un cambio de estrategia que nos lleve de esperar a que definan otros, fundamentalmente las empresas en su demanda de transferencia y las administraciones con las definiciones de estrategias de crecimiento apoyadas en el conocimiento, a promover las iniciativas necesarias que hagan que todos los agentes colaboren activamente. Un cambio de estrategia que haga de las Universidades-Investigadoras Universidades-Investigadoras-Emprendedoras.

FIGURA 14

Se debe vincular toda la estrategia a un modelo sencillo de crecimiento social, como el mostrado en la figura 14, basado en gestionar el conocimiento en torno a tres grandes ejes: 1 Generación de Conocimiento (1 Investigación); 2 Transferencia del Conocimiento, y 3 Aplicación Productiva del Conocimiento (2-3 Innovación).

Las universidades deben ahora hacer lo necesario y suficiente para que esto se produzca. Casi olvidada y abandonada la gran iniciativa de los Campus de Excelencia, deben las universidades hacer ver, concienciar y promover el compromiso y la colaboración de todos los agentes, en particular empresas y administraciones, en:

  • Potenciar la investigación que permita la generación sostenida de nuevo conocimiento de calidad y aplicabilidad creciente, reforzando las estructuras y los recursos humanos y materiales para ello. Por consiguiente deben justificar como necesidad social un mayor esfuerzo inversor en I+D+i por etapas que sea presupuestariamente asumible y garantice su eficacia y favorecer un clima de transferencia adecuado que haga crecer la participación privada de esa inversión.
  • Potenciar la difusión/transferencia del conocimiento, reforzando lo que nos falta, en particular, personas con capacidad emprendedora e iniciativas y estructuras innovadoras (Figura 15). Para ello se deben desarrollar indicadores de transferencia de conocimientos adecuados y considerar la propia función formativa como una línea fundamental de la transferencia del conocimiento vehiculada a través de los estudiantes como receptores de la formación. Esto requiere escuchar bien lo que la sociedad requiere a través de sus agentes.
  • Apoyar a potenciar la aplicación y explotación de lo transferido y hacerlo directamente (generación de spin-offs nacidos de los resultados de investigación), favoreciendo el crecimiento de una estructura empresarial más innovadora y competitiva y la activación de unas administraciones más emprendedoras y flexibles.

Y para ello deben apoyarse en informes externos absolutamente concordantes como el de COTEC o el de la European Research Area8,13.

FIGURA 15

REFERENCIAS

1 «Reformas Urgentes del Sistema Universitario Español», Consejería de Educación, Gobierno Castilla y León, abril 2017.
2 SJR (Scimago Journal and Country Rank), 2016.
3 Web of Science, 2016.
4 La universidad española en cifras 2014-15, CRUE Universidades Españolas.
5 F. Gutiérrez-Solana, A. Valle, «Los avances del sistema universitario español: Medir sus resultados» en Los rankings universitarios, mitos y realidades, pp. 23-41, Climent, Michavila y Ripollés Ed., Tecnos 2013.
6 COTEC, Informe 2016.
7 «Actividad Investigadora de la Universidad Española», Informe IUNE 2016.
8«ERAC peer review of Spanish Research and Innovation System», European Research Area, Final Report, 2014.
9 Diversas fuentes mediáticas.
10 Global Competitiveness Report 2016-17.
11 Global Innovation Index 2016.
12 F. Gutiérrez-Solana en V Edición Premios Universidad-Empresa, Madrid, noviembre 2010.
13 Decálogo COTEC para la innovación, 2016.

La capacidad investigadora de las universidades

El número de personas con alta cualificación y competencias especializadas, así como la creación de nuevo conocimiento y su aplicación en productos y procesos innovadores, determinan el crecimiento de un país, el desarrollo de nuevas industrias tecnológicamente avanzadas, más y mejor empleo, así como, sobre todo, el bienestar de la ciudadanía actual y futura.

La creación, la transmisión y la circulación de ideas y conocimientos es la razón de ser de la universidad, en donde al tiempo que prepara a los profesionales del futuro avanza, a través de la investigación científica y técnica, en soluciones a los continuos retos ante los que se enfrenta la humanidad y contribuye a dar respuesta a la curiosidad inherente al ser humano.

Esta visión de universidad, docente e investigadora, es relativamente nueva. El inicio del siglo XIX marcó un nuevo rumbo en una universidad casi milenaria, en la que Wilhem von Humbolt fundó la Universidad de Berlín basada en tres principios fundamentales: la autonomía universitaria, la libertad de enseñanza y la unidad de la enseñanza con la investigación; transmitir y circular conocimiento, pero también crearlo y estimular su creación entre jóvenes universitarios; esta dualidad docencia-investigación como razón de ser de la universidad, recogida en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del año 2001, no se extiende con la misma magnitud a todos los centros de educación superior, existiendo instituciones en donde la investigación no es realmente una prioridad, hecho que puede comprobarse a través de indicadores como el numero publicaciones científicas o la posición en rankings que tan directamente se encuentran vinculados a la reputación internacional de las universidades.

Si bien la condición investigadora de las universidades es consecuencia de múltiples factores, existe una decisión interna, del propio gobierno de cada universidad, en la importancia que se le otorga a la investigación. Estas decisiones se traducen en, por ejemplo, la magnitud que adquieren los programas propios de investigación (p. ej., recursos propios dedicados a investigación o programas destinados a contratar investigadores) frente a otros programas universitarios.

Esta heterogeneidad entre universidades también ocurre dentro de cada universidad, en donde existen departamentos universitarios intensivos en investigación (algunos de ellos reconocidos como unidades de excelencia «María de Maeztu») frente a otros departamentos con una baja actividad investigadora, siendo importante que cada universidad tenga un sistema de evaluación interna que permita una toma de decisiones apropiada.

La universidad española representa a más del 60% de los beneficiarios de ayudas y subvenciones en I+D+i procedentes del Estado. También son las universidades las primeras instituciones en la publicación de literatura científica, si bien deben hacer valer mejor el conocimiento que generan y protegerlo a través de patentes y modelos de utilidad. España es unos de los países cuya literatura científica es de las más citadas en el estado de la técnica en patentes presentadas por otros países, evidenciando que las estrategias que se siguen no son siempre las más adecuadas.

Mejorar las capacidades de investigación de las universidades es un proceso a largo plazo y difícil de evaluar en su seguimiento. También resulta difícil aplicar una única fórmula ya que la singularidad de cada una de las universidades obliga a desarrollar estrategias específicas derivadas de su propia naturaleza (p. ej., excelencia en áreas determinadas) o del entorno en el que desarrolla su actividad (p. ej., presencia de centros de investigación que permitan establecer alianzas). Sin embargo, junto a esta singularidad, hay aspectos que deberían aceptarse como comunes a todos los escenarios posibles.

Deben ser las personas la principal apuesta de las universidades para fortalecer sus capacidades en investigación y deben estar en el centro de sus estrategias para promover, atraer y retener talento, así como motivar y reconocer esta actividad entre sus profesores. A modo de ejemplo, acciones destinadas a la formación en investigación entre los estudiantes, programas de máster y doctorado atractivos para los estudiantes internacionales o programas de incorporación de investigadores o profesores, abiertos, internacionales, utilizando figuras establecidas no solo en la LOU sino también en la Ley de la Ciencia (p. ej., investigador distinguido) que permita una selección, sin cuotas, entre los mejores candidatos, redundan en mejorar la capacidad de investigación de las universidades. Asimismo es necesario promover la coordinación entre programas estatales, de CCAA y de las propias universidades en aras a la selección de los mejores candidatos en programas atractivos. Programas posdoctorales coordinados, basados en una evaluación única utilizando como referencia, por ejemplo, el programa estatal Ramón y Cajal, y su continuidad con programas de incorporación, permite incrementar la eficiencia y fortalecer la capacidad investigadora. En este sentido es importante continuar asegurando que el 15% de las plazas ofertadas por las universidades sean a investigadores procedentes de programas competitivos cuya actividad haya sido certificada. Del mismo modo, también es estratégico extender a todas las comunidades autónomas programas de éxito de captación y retención de talento, como Icrea o Ikerbasque, y que sin duda han repercutido en mejorar la capacidad investigadora de las universidades de Cataluña y el País Vasco.

Otro aspecto importante es promover la máxima participación en investigación de los profesores universitarios. Uno de los aspectos fundamentales que motiva al profesorado es la influencia que su dedicación a la investigación puede tener en su carrera profesional. Sin embargo, una vez superados los procesos de acreditación, los sistemas de evaluación y los incentivos existentes parecen insuficientes, observándose en numerosas ocasiones una disminución en el rendimiento.

Las responsabilidades ligadas a las plazas docentes así como la asignación de recursos a los departamentos no están relacionadas, en la mayoría de los casos, a la participación en actividades de investigación. Es importante identificar el talento y que, desde las universidades, se establezcan políticas de evaluación y asignación de recursos que reconozcan la intensidad que cada docente ponga en las diferentes actividades de investigación, así como el establecimiento de contratos programa en todos los niveles. La existencia en algunas universidades de programas de intensificación en la actividad investigadora se han mostrado eficaces en el fortalecimiento de las capacidades en investigación. Es necesario reevaluar el efecto de los sexenios, que tan buenos resultados han ofrecido a los rendimientos en investigación en el país, e incrementar las modalidades de los mismo y que incluyan de forma complementaria el sexenio tecnológico. Del mismo modo, establecer categorías adicionales tanto en los contratos laborales como en las plazas de funcionario existentes o establecer perfiles orientados a la investigación, repercutiría en las capacidades investigadoras de las instituciones.
Es importante incentivar la movilidad entre universidades, entre instituciones públicas (universidades, OPI, hospitales…) o promover la movilidad entre universidades y el sector empresarial, reconociendo esta actividad en los currículos de los investigadores, al tiempo que queden preservados derechos relacionados con la carrera funcionarial o laboral y que no están adecuadamente resueltos a día de hoy (p. ej., situación administrativa de un profesor de universidad que dedica un tiempo en una empresa).

Junto a una adecuada estrategia dirigida hacia las personas, el fortalecimiento en aspectos como la internacionalización, la colaboración público-privada, la digitalización o la especialización, son elementos comunes que podrían ser compartidos en toda estrategia universitaria dirigida a fortalecer sus capacidades en investigación.

Con relación a la internacionalización, es necesario incrementar la participación de las universidades en programas internacionales, especialmente en el programa europeo H-2020. A pesar de los grandes resultados que está teniendo España como país en el programa H-2020 y que supera el 10% en tasa de retorno y el 15% en liderazgo de proyectos, el porcentaje de la participación de las universidades sigue siendo más bajo que en el resto de los países europeos y no se corresponde, cuando se analizan las universidades, ni con la tasa de éxito de programas nacionales competitivos ni con el porcentaje de publicaciones en coautoría internacional, señalando que la capacidad de participación en proyectos europeos es superior a la presencia real en los mismos.

Es importante señalar la variabilidad existente entre universidades, teniendo universidades con una participación y éxito muy superior a la media europea mientras que otras, referentes nacionales en educación superior, apenas tienen participación.

Se requiere de una acción estratégica de las universidades con el objetivo de mejorar sus capacidades investigadoras internacionales y que va mas allá de la eventual financiación, que establezca medidas que faciliten la participación de sus profesores en proyectos y programas al tiempo que estimule la participación en programas de trabajo de acciones en fase preparatoria (p. ej., 9º Programa Marco).

La colaboración entre instituciones constituye otro elemento que fortalece las capacidades en investigación. El entorno, en forma de ecosistema de I+D+i, resulta crucial y para definirlo es importante una política adecuada de alianzas con otras universidades u organismos públicos de investigación, nacionales o internacionales. Estas alianzas significan un incremento en la capacidad investigadora, bien a través del acceso a nuevos recursos o infraestructuras científicas singulares, bien al constituir estrategias de investigación compartidas. Los ejemplos se extienden desde campus universitarios en los que conviven institutos de investigación, institutos de investigación mixtos o consorcios con la presencia de universidades.

Adquiere especial interés la colaboración público-privada, facilitando la creación y circulación de conocimientos y tecnologías entre ambos sectores y la valorización de los resultados de I+D+i. Este entorno, que hace posible unir la investigación con la innovación, permite a los territorios ser más competitivos. Esta tendencia, desplegada en numerosos países, hace que España aprobara, en 2013, una única Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación, con el objetivo de aproximar la investigación a la innovación, la idea al proceso o al producto y para lo que es necesario que exista una estrecha colaboración entre el sector público y privado. Una colaboración que ha venido realizándose a través de contratos de investigación y financiados directamente desde la empresa o mediante la subcontratación de proyectos financiados por agencias externas. A modo de ejemplo, la investigación subcontratada a universidades y OPI en el 2016 en proyectos empresariales financiados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ascendió a más de 80 millones de euros. Es importante incrementar esta colaboración que permita activar la inversión privada en toda la cadena, a través de una mayor participación en proyectos de investigación (p. ej., retos colaboración), en grandes consorcios (p. ej., programa CIEN), en programas de recursos humanos (p. ej., doctorados industriales), en el uso compartido de grandes instalaciones científicas o institutos de investigación o en la participación en proyectos identificados no solo desde la oferta sino también desde la demanda, como es la compra pública innovadora y que tiende a constituirse como un referente en el ámbito de la innovación no solo en nuestro país sino también en el resto de Europa.

Fortalecer la capacidad investigadora de una universidad pasa por la especialización, una especialización que pierde las fronteras de las disciplinas y que avanza hacia el concepto de «reto» desde una visión multidisciplinar o de tecnologías avanzadas. No es posible ser excelente y relevante en todos los ámbitos del conocimiento ni en todos los sectores ni en todas las tecnologías. Es importante fortalecer aquellas áreas que por su excelencia en investigación medida por indicadores internacionales resulten más atractivas en la incorporación de estudiantes de doctorado, que resultan más atractivas para la atracción de investigadores excelentes, más competitivas en programas internacionales o más relevantes para el sector industrial de influencia (p. ej., áreas de especialización identificadas a través de las Estrategias de Especialización Inteligente, RIS3).

Por último, mejorar la capacidades en investigación de las universidades significa establecer un programa estratégico relacionado con las infraestructuras científicas, fortaleciendo los servicios generales de investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas esenciales, coordinando la adquisición de equipos intermedios con otras instituciones de investigación y facilitando la participación en grandes infraestructuras científicas tanto nacionales (ICTS) como internacionales, incluyendo las e-infraestructuras. Una estrategia de infraestructuras al servicio de la investigación y no una ciencia al servicio de las infraestructuras. Asimismo, es importante avanzar en la digitalización de las universidades, aprovechando y potenciando la gran infraestructura compartida como es Red Iris, pero avanzando hacia una Universidad 4.0, que facilite el acceso a la tecnología de datos, los laboratorios virtuales, la ciencia en abierto y el acceso digital, pleno y transparente, a recursos y datos que refuercen la toma de decisiones basadas en evidencias.

Finalmente, desde la Administración General del Estado es importante establecer medidas que acompañen a las universidades y redunden en su capacidad investigadora. De entre todas la medidas destacar algunas de ellas:

1) La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación como instrumento único y compartido con las CCAA y que a través de los planes estatales permite al Estado desplegar convocatorias competitivas orientadas a personas, proyectos, infraestructuras o al fortalecimiento institucional. El nuevo plan estatal 2017-2020, que tiene como fin último impulsar el liderazgo científico y tecnológico y las capacidades de innovación de país, establece como principios de gestión a) la eficiencia y la eficacia a través de la creación de sinergias y la optimización de diferentes fuentes de financiación, la alineación estratégica con las CCAA y la UE o la simplificación de los procedimientos; b) la transparencia y rendición de cuentas incluyendo la evaluación tanto ex ante como ex post, el acceso abierto a resultados y datos de investigación y la creación de un sistema robusto de información, y c) la ética de la investigación asociada a las buenas prácticas para lograr la máxima confianza social.

2) Las agencias, como estructuras financiadoras que permiten ser más eficientes y flexibles en la asignación de recursos y con calendarios de convocatorias previsibles, como los que tienen capacidad de proporcionar la Agencia Estatal de Innovación (CDTI), así como la recientemente creada Agencia Estatal de Investigación.

3) Un marco presupuestario que permita alcanzar, en el horizonte temporal de la Estrategia Española, el 2% de inversión en I+D respecto al PIB que le corresponda a la Administración General del Estado a través de un gran acuerdo político que incluya, adicionalmente, las principales líneas de actuación en I+D+i. Esta inversión debe servir como tractor de la inversión empresarial en I+D, hoy reducida, así como de las CCAA, actualmente tan heterogénea que se establece en una horquilla que va desde el 0,36% a más del 2% respecto al PIB.

Mejorar la capacidad investigadora de las universidades significa mejorar su reputación, la calidad en la formación, su dimensión territorial y su presencia internacional y esto está directamente relacionado con la capacidad de atracción de talento, con la capacidad de obtener financiación o con la probabilidad de colaborar con otros agentes internacionales líderes de un sistema globalizado de I+D+i. Para ello, es necesaria una perfecta alineación entre el Estado, las comunidades autónomas y la universidades, aunque será, sin lugar a dudas, la determinación de las universidades la principal responsable de su propio éxito.

El mapa de títulos. Las nuevas necesidades

En Estados Unidos, el 2,86% de la fuerza de trabajo desarrolla empleos que tienen que ver con la conducción (e.g., camioneros, taxistas, repartidores; ver Center for Global Policy Solutions, 2017). Asimismo, existen al menos treinta grandes empresas que están actualmente realizando inversiones de primer orden en el diseño y puesta en marcha de vehículos autónomos. Además, las empresas que realizan esta apuesta por el vehículo sin conductor no se circunscriben al sector del automóvil (e.g., Volvo, Delphi), sino que las grandes empresas «tecnológicas» también realizan grandes inversiones en esta área (e.g., Apple, Google, Intel). Por su parte, el desarrollo del coche sin conductor está experimentando avances considerables: en diciembre de 2016, Budweisser utilizó un camión sin conductor para servir cerveza desde su sede central en Colorado hasta una localización que se encontraba a casi 200 kilómetros de distancia. Por su parte, el ámbito normativo e institucional no está siendo ajeno a estos cambios: en junio de 2017, el Estado de Texas, al igual que ya ocurría en Finlandia, ha autorizado el transporte con vehículos autónomos. Este conjunto de avances tecnológicos y de cambios legislativos hacen factible la generalización del vehículo sin conductor; un cambio que podría tener lugar en los próximos cinco años, al menos en lo que se conoce como Nivel 4, es decir, con seguridad en entornos predecibles. Y esta generalización sin duda tendrá un impacto positivo en la productividad y en la sostenibilidad. Pero, al mismo tiempo, y de manera no tan positiva, en el empleo; en el caso de Estados Unidos, afectaría especialmente a hombres blancos y en estados como California, Texas, Nueva York, Florida o Illinois.

El caso del vehículo autónomo y su impacto en el empleo es relativamente predecible, pero no se trata de un fenómeno aislado; podemos apreciar que, en las oficinas bancarias, cada vez hay un menor número de empleados y que muchos servicios se ofrecen por Internet o por cajeros automáticos. Y que la seguridad de las oficinas se apoya en la minimización del uso del dinero en efectivo y en el control de seguridad mediante cámaras de televisión y otros mecanismos electrónicos. De nuevo, el caso del sistema bancario no es único; por ejemplo, en las cadenas de supermercados puede apreciarse una sustitución creciente de los cajeros «humanos» por la autofacturación.

La relación de sectores económicos que están cambiando sustancialmente el uso intensivo de la mano de obra, así como la organización y estructura del trabajo, podría continuar. Muchos empleos verán disminuida significativamente su fuerza de trabajo y, a la vez, surgirán otros hasta ahora desconocidos: según señala el World Economic Forum (2016), el 65% de los escolares que están comenzando en estos momentos la enseñanza primaria tendrán empleos que no existen en la actualidad.

La situación actual y las previsiones del futuro del empleo son suficientemente elocuentes sobre los cambios estructurales que se están produciendo y de los más fundamentales que están por venir. Y, ante esta situación, ¿cuáles han sido las propuestas de los poderes públicos e instituciones educativas? Lamentablemente, y como indica un reciente informe del McKinsey Global Institute (2017), los sistemas educativos no han sido sensibles a los cambios en el futuro del empleo. Y, efectivamente, esta valoración no es exclusiva de la educación en formación profesional o de la enseñanza secundaria, sino que afecta de manera especial al sistema universitario, que no puede permanecer indiferente ante el cambio permanente y acelerado que está experimentando el mercado de trabajo. En este sentido, una reconsideración tanto de la oferta de títulos universitarios como del modo de enseñanza, es pertinente. Sin una revisión en profundidad del contenido del mapa de titulaciones, una revisión de los planes de estudio de los actuales, y cambios en el modo de enseñanza no será posible ofrecer a nuestros estudiantes la formación que mejor se adapte a las exigencias laborales a las que se van a enfrentar a la conclusión de sus estudios.

Este artículo está estructurado de la siguiente manera. A continuación, se presentan los determinantes del futuro del empleo. Seguidamente, se presentan estudios que han categorizado las titulaciones que serán más demandadas por el futuro mercado de trabajo. Finalmente, se realiza una propuesta resumen y se presentan las conclusiones.

DETERMINANTES DEL FUTURO DEL EMPLEO

El World Economic Forum (2016) realizó una encuesta a directivos de recursos humanos de grandes corporaciones que, en su conjunto, emplean a trece millones de personas. El objetivo del estudio era identificar los facto-res que determinan los cambios en el futuro del empleo. Los resultados de la encuesta son concluyentes en cuanto a los determinantes: a) demográficos y socioeconómicos, y b) tecnológicos.

Los factores demográficos y socioeconómicos se encuentran muy afectados por el proceso general de globalización, que tiene un impacto decisivo en decisiones empresariales de deslocalización, asignación geográfica de centros tecnológicos, movimientos migratorios y cambios legislativos e institucionales. Más específicamente, la encuesta del World Economic Forum puso de manifiesto que elementos como el cambio en el entorno de trabajo y el empleo flexible constituían los elementos más importantes de esta dimensión que, a su vez, tenía implicaciones en decisiones como el outsourcing, o la búsqueda de la flexibilidad organizativa mediante la disminución del personal permanente y su sustitución por consultores temporales. El segundo elemento más importante es el incremento de la clase media en las economías emergentes. Así, en los próximos años, más del 50% del poder adquisitivo mundial de la clase media estará localizado en Asia. Como veremos, este elemento puede tener una influencia importante en el perfil del estudiante universitario. El tercer factor en importancia es el cambio climático. Finalmente, el estudio también identifica aspectos como la volatilidad geopolítica y el creciente énfasis del consumidor en aspectos éticos y de privacidad.

Los factores de tipo tecnológico que afectan al futuro del empleo están liderados por el Internet móvil y la tecnología de la nube (cloud technology). Otros elementos de importancia notable, son: la capacidad de procesamiento informático de datos, el Big Data, la implantación y generalización de nuevos tipos de energías, el Internet de las cosas, la robótica, el transporte autónomo y la impresión 3D. En su conjunto, los cambios identificados por la investigación del World Economic Forum consideran que el impacto agregado de las tecnologías sobre el futuro del empleo sería un 25% superior al que tendría el otro factor, los cambios demográficos y socioeconómicos. Como señala el McKinsey Global Institute (2017), los factores tecnológicos tendrán un impacto definitivo y devastador sobre un 5% del empleo y, así, trabajos que actualmente son realizados por personas pasarán a ser completamente automatizados; será el caso de los empleos en que se realizan tareas repetitivas, como puede ser el caso de trabajos de administración, fabricación, o algunas tareas de la construcción. Según datos publicados por The New York Times para Estados Unidos, en el año 1900 el 60% de la fuerza de trabajo se ocupaba en fábricas y granjas; ese porcentaje descendió al 36% en 1950 y, actualmente, es inferior al 10%. A la vista de los resultados del estudio, la tendencia continúa.

Según McKinsey Global Institute (2017), la tecnología tendrá un efecto muy importante, aunque no definitivo, sobre un 50% adicional del empleo, tal y como lo entendemos actualmente. Este impacto afectará de manera singular a trabajos relacionados con titulaciones universitarias. Así, por ejemplo, el efecto conjunto de Big Data y de máquinas inteligentes ejercerá una influencia notable en los trabajos de tipo legal, donde el text-mining permitirá realizar un gran número de actividades legales de manera automatizada. En el ámbito de la medicina, el análisis radiológico se beneficiará del uso de grandes bases de datos que facilitarán análisis comparativos de biopsias y establecer recomendaciones sobre los mejores tratamientos, con base en información histórica de pacientes y focalizándolo en las características de salud, sociales y personales de cada individuo. Asimismo, trabajos como el de la teneduría de libros podrán ser automatizados, y el impacto sobre la actividad del con-table será similar al que hemos observado en las agencias de viaje.

Según otro informe de McKinsey, con datos obtenidos en Francia, Internet había eliminado 500.000 puestos de trabajo hacia 2011 aunque también contribuyó a crear un total de 1.200.000 empleos. Por tanto, las instituciones de educación superior afrontan el reto de ofrecer una formación relevante a los estudiantes, de manera que se mejore su preparación de cara a las demandas cambiantes del mercado de trabajo. Los títulos universitarios que actualmente forman parte del mapa de titulaciones tendrían que anticipar, o al menos acomodarse, a estos cambios. Y, al mismo tiempo, las universidades tendrían que efectuar modificaciones en los planes de estudios actuales y en el modo de enseñanza, con el fin de descontar los cambios que se producen en empleos que son cubiertos con las titulaciones actuales. A la vista de la discusión anterior, podríamos parafrasear a Goldin y Katz (2009), en el sentido de que existe una relación estrecha entre educación universitaria, por un lado, y tecnología y cambios socioeconómicos y demográficos, por otro.

EMPLEOS (Y TITULACIONES) DE FUTURO

La evidencia empírica existente establece una relación bastante directa entre los empleos de futuro y el nivel educativo. Así, por ejemplo, Goos, Konings y Vandeweyer (2015) encuentran que las personas que acumulen formación en tecnologías avanzadas y en cualquiera de las áreas de STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas) disfrutarán de más del doble, y mejores, oportunidades de trabajo que quienes solo tengan formación en una de esas áreas. Más en concreto, el US Bureau of Labor and Statistics desarrolló en 2014 una categorización de los empleos más demandados durante la siguiente década (2014-2024), que podemos sintetizar en la Tabla 1. Como puede observarse en dicha tabla, el documento del US Bureau centra su análisis en empleos y no tanto en titulaciones.

TECNOLOGÍAS
— Desarrollo de sistemas
— Dirección de sistemas
— Analistas de dirección
— Analistas de sistemas
ENSEÑANZA SALUD
— Profesorado de formación básica — Enfermería
— Dirección de centros de salud
— Medicina
— Cirugía
PROFESIONALES TÉCNICOS
— Dirección financiera
— Dirección de operaciones — Abogacía
— Dirección de ventas
— Analistas de mercados
— Electricistas
— Supervisión de primera línea de producción

Fuente: us Bureau of Labor and Statistics.

En lo concerniente a empleos, la estimación del US Bureau es relevante en cuanto a la identificación de los mismos en cinco grandes áreas: tecnologías, salud, profesiones, técnicos y enseñanza. El documento es de enorme utilidad, pero no concreta la relación entre contenidos de formación y cambios en el perfil del puesto de trabajo que experimentarán dichos empleos. Por nuestra parte, creemos que es razonable esperar que la formación de un analista de mercados tenga un elevado componente tecnológico y de analista de datos. De igual manera, los empleos relacionados con la salud han de acreditar un conocimiento tecnológico elevado, tanto en lo concerniente con máquinas inteligentes de tratamiento de los pacientes, como en el análisis de datos de diagnóstico.

Por su parte, el World Economic Forum (2016) concluyó el análisis empírico sobre el futuro del empleo, que hemos comentado más arriba, con una relación de los empleos y titulaciones que experimentarían mayores cambios en el medio plazo. En primer lugar, identificaron un bloque de empleos que tendrían una elevada demanda y cuyas titulaciones de referencia serían: arquitectura, ingeniería, computación y matemáticas. Por otro lado, preveían una estabilización relativa en empleos relacionados con la administración de empresas, las finanzas y las ventas. Finalmente, estimaban que todos los empleos relacionados con el sistema de fabricación convencional, caracterizados por su carácter repetitivo, experimentarán una caída muy notable, o una reducción total, en su demanda.

CONSIDERACIONES FINALES

La combinación de los cambios socioeconómicos y demográficos, por un lado, y los desarrollos tecnológicos, están ejerciendo un impacto significativo en el futuro del empleo. Las instituciones de educación superior no pueden permanecer indiferentes ante esta situación, y por ello procede una reconsideración de las titulaciones universitarias, así como del contenido curricular de las existentes y de su modo de enseñanza.

La evidencia empírica existente indica que las titulaciones de carácter técnico (e.g., arquitectura, ingeniería), tecnológico (e.g., computación, ingeniería de sistemas) y ciencias (e.g., matemáticas) serán altamente demandadas en el futuro. Además, la combinación de tecnología y STEM proporcionará oportunidades muy elevadas de empleo a los egresados. Por otra parte, las titulaciones relacionadas con la salud (e.g., medicina, cirugía, enfermería) y con la administración de empresas y la abogacía (e.g., dirección de operaciones, finanzas, ventas) serán objeto de una demanda relativamente creciente. Aunque estas titulaciones estarán afectadas por el cambio tecnológico, no será factible reemplazar totalmente el factor humano de las mismas. Por tanto, y en relación al mapa de títulos, una propuesta realista sería concentrar el crecimiento y desarrollo de la oferta en titulaciones de estas características.

En el caso del sistema universitario español, la toma en consideración de estas titulaciones permitiría atraer también a estudiantes internacionales, no europeos. Como hemos comentado, el World Economic Forum (2016) prevé que más del 50% de la capacidad de consumo esté concentrada en países de Asia y es de esperar que su clase media, y la de otros países, busque oportunidades de educación universitaria en otras latitudes. En el caso español, y a partir de la modificación de los requisitos de selectividad para estudiantes internacionales, esto supone una oportunidad de primer orden. Por ello, el sistema universitario español afronta el reto de constituirse en un cluster de prestigio académico a nivel mundial. Y para alcanzar ese objetivo, la oferta innovadora de titulaciones que hemos comentado, así como el contenido curricular y la forma de impartición serán elementos importantes.

Las titulaciones actuales se beneficiarían de algunas modificaciones en su contenido curricular. Por ejemplo, los planes de estudio podrían incorporar módulos correspondientes al cambio tecnológico (e.g., big data, análisis de datos, codificación), así como contenidos provenientes de líneas de pensamiento y movimientos globales (e.g., sostenibilidad). Estas modificaciones irían encaminadas a remover los silos que actualmente caracterizan la estructura de planes de estudio. Por ello, la incorporación a los planes de estudio de aspectos como la tecnología y la sostenibilidad sin duda formaría mejor a nuestros estudiantes para satisfacer las exigencias del empleo, así como demandas sociales más amplias. Al mismo tiempo, la forma de impartición de la enseñanza universitaria puede contribuir a la mejor formación de nuestros estudiantes. Como señala Cabrales (2014), el sistema universitario ejemplariza una educación viejuna, que se caracteriza por la memorización de problemas y procedimientos y por la atención en clase a la impartición de la lección magistral. En su lugar, el nuevo entorno de empleo exige otras habilidades, tales como el trabajo en grupo, la motivación de comportamientos y la relación de las decisiones con la vida diaria.

En definitiva, las instituciones de educación superior asisten a cambios que exigen concentrar el crecimiento en el mapa de títulos en aquellas áreas que experimentan mayores demandas. Este cambio en los contenidos del mapa de títulos debe ir acompañado de adaptaciones de los planes de estudios para aquellos títulos que se imparten actualmente y que tendrán una demanda estable. Finalmente, será necesario revisar la forma, es decir, el modo de enseñanza, para adaptarlo a las características del entorno de trabajo futuro. La puesta en marcha de estos cambios de contenido y de forma permitirá a las universidades españolas formar a los mejores profesionales, así como acceder a la creciente clase media mundial que demandará educación de primer nivel para sus jóvenes, y todo ello posibilitaría que España se convierta en un referente mundial en materia de educación superior.

REFERENCIAS

— Cabrales, A. (2014), Peligro para el futuro: Educación viejuna, (disponible en: http://nadaesgratis.es/cabrales/peligro-para-el-futuro-ensenanza-viejuna).
— Center for Global Policy Solutions (2017). Stick Shifts: Autonomous Vehicles, Driving Jobs, and the Future of Work (Washington DC: Center for Global Policy Solutions).
— Goldin, C. D., & Katz, L. F. (2009). The Race Between Education and Technology. (Cambridge, MA: Harvard University Press).
— Goos, M., Konings, J., & Vandeweyer, M. (2015). Employment growth in Europe: The roles of innovation, local job multipliers and institutions. Working paper.
— McKinsey Global Institute (2017). Technology, Jobs, and the Future of Work (disponible en http://www.mckinsey.com/mgi/overview).
— World Economic Forum (2016). The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (Geneva: World Economic Forum).

Nuevos modelos de gobernanza para las Universidades Públicas

El punto de partida para diseñar un sistema de gobernanza debería ser precisamente la identificación de la función que debe cumplir, lo que remite a la propia funcionalidad de la autonomía universitaria. La institución universitaria debe garantizar, por el bien de la sociedad, que, al generar y transmitir conocimiento, su actuación no responde a intereses grupales de ningún tipo. Constituye un servicio público que debe actuar con autonomía, y esa actuación incluye todos los mecanismos de toma de decisiones, esto es, el sistema de gobernanza en su conjunto que, desde esta perspectiva, se configura como el garante de la prestación del servicio público de educación superior e investigación con la máxima eficiencia, al tiempo que libre de la influencia de intereses políticos, económicos o religiosos.

La gobernanza universitaria y la especial relación entre los gobiernos y las instituciones de educación superior constituyen objeto permanente, y hoy muy actual, de debate en todo el mundo. Basta con fijarse en el ejemplo de los países más avanzados de Europa; todos han llevado a cabo en las dos últimas décadas reformas profundas de sus sistemas universitarios. La razón última está en el papel estratégico de las instituciones de educación superior e investigación para todas las sociedades en un escenario de competición global, basada cada vez más en el conocimiento. En todos los casos, las reformas han ido dirigidas a reforzar la definición institucional de la universidad, su autonomía y su sistema de gobierno. Y dentro de este, a un elemento aún nuclear: la relación de la academia con el gobierno de la universidad.

El único valor de una universidad está en la mente de su profesorado, que no puede ser considerado propietario de la universidad pero tampoco simplemente empleado. Constituye esta una relación única, para la que no es conveniente intentar encontrar analogías en otros ámbitos laborales. De hecho, definir un sistema de gobernanza universitaria es definir cómo la institución universitaria puede responder a las necesidades de su sociedad y del mundo manteniendo la imprescindible libertad académica de su cuerpo de profesorado.

En España, tras la imprescindible LRU de 1983, las reformas introducidas por la LOU (2001) y la LOMLOU (2007) no se han enfocado a paliar los déficits en autonomía universitaria y en gobernanza que, por comparación y como muestran reiteradamente los Scoreboards de la EUA, mantiene nuestro sistema. España, como han hecho todos los países de Europa occidental en los últimos 10-20 años, necesita dotar a sus universidades de un sistema de gobierno realmente autónomo que les permita definirse institucionalmente y dar su propia y responsable respuesta a los retos de la sociedad. En la necesidad de la autonomía universitaria radica gran parte de la cuestión y de la dificultad: en todo el mundo, las universidades están definidas y regidas por su propia sociedad, por alguna ley estatal, así como, con muchas variantes y mecanismos diversos, están también financiadas. Y esta relación: definición/financiación estatal-gobierno autónomo de la universidad es la que tiene que ser considerada con precisión.

FUNCIÓN DEL SISTEMA DE GOBERNANZA

El punto de partida para un diseño de un sistema de gobernanza debe ser la identificación de la función que debe cumplir, un enfoque que se encuentra a faltar en los estudios mencionados, y esto remite a una consideración fundamental: el porqué de la definición de la autonomía universitaria.

Como ha puesto de manifiesto la EUA, y como casi todo el mundo admite, solo incrementando la autonomía institucional de las universidades estas podrán ser capaces de responder a tantas y tan diversas demandas y expectativas. La EUA, en este sentido, ha llevado a cabo un excelente trabajo de integración de la gran diversidad europea. En un primer estudio de 2009 (University Autonomy in Europe I) recoge la situación de los sistemas de gobierno de universidades de 34 países europeos y hace evidente la diversa terminología utilizada para definir elementos de la autonomía institucional, así como de las perspectivas que se emplean para evaluarla. En un segundo estudio, de noviembre de 2011 (University Autonomy in Europe II. The Scorecard), realiza la muy útil tarea de medir el nivel de autonomía mediante un conjunto finito de indicadores que se clasifican en las cuatro dimensiones de la autonomía universitaria que ya identificaba el primer estudio: organizacional, financiera, de personal y académica. La concreción y el detalle del estudio y la extensión de la comparación internacional hacen que ese conjunto de indicadores se pueda considerar un verdadero check-list de un sistema de gobernanza.

Muy recientemente, la misma EUA ha publicado una actualización de la misma medida del nivel de autonomía de los sistemas universitarios europeos: University Autonomy in Europe III. The Scorecard 2017. Como en la primera edición del Scorecard, a partir de una amplia encuesta, los autores del estudio asignan valores y pesos a cada uno de los indicadores, lo que les permite obtener una medida del nivel de autonomía universitaria de los sistemas de los diferentes países. La Tabla 1 recoge la valoración global de cada dimensión en las ediciones de 2011 y 2017, donde pueden observarse algunos cambios en los sistemas universitarios estudiados (han desaparecido de la tabla Grecia, Turquía y Chequia, y se han introducido los dos sistemas belgas y Serbia), pero el grueso de los países considerados es el mismo. Resulta evidente, a tenor de esta tabla, que el sistema universitario español figura consistentemente en el grupo de países con menor nivel de autonomía universitaria.

Hay mucha evidencia empírica, como la que recoge el estudio de Aghion et al, de 2009, de la marcada correlación positiva entre autonomía y productividad y competitividad internacional de las universidades, una correlación que apoya la tesis principal de que cualquier reforma del sistema de gobernanza debe tener como objetivo incrementar el nivel de autonomía y de responsabilidad de las universidades españolas, que se encuentran en los niveles más bajos de autonomía institucional en Europa. Por ello, el conjunto de indicadores que permiten medir el nivel de autonomía resulta muy útil como guía para la reforma, dado que permite identificar los elementos clave del sistema de gobernanza en comparación con otros sistemas y, al mismo tiempo, orienta coherentemente hacia las opciones que otorgan una mayor autonomía.

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE REFORMA

Siguiendo la guía proporcionada por el estudio de la EUA sobre autonomía universitaria, el sistema de gobernanza se puede definir a partir de las dimensiones económica, organizacional, de personal y académica, y todas estas dimensiones necesitan ser abordadas en una eventual reforma.

a) Dimensión económica

El sistema de gobernanza debe perseguir la máxima eficacia y eficiencia y debe garantizar la máxima autonomía institucional, además del seguimiento y la rendición de cuentas ante la sociedad. Esta relación lleva a una necesidad funcional: la suficiencia financiera no sujeta a consideraciones de tipo ideológico, económico o religioso. El principio de autonomía financiera se encuentra en la base de la autonomía universitaria.

TABLA 1. Valoración media de los indicadores para cada dimensión de la autonomía universitaria (De University Autonomy in Europe II. The Scorecard y University Autonomy in Europe III. The Scorecard 2017).

La opción básica europea ha sido siempre la de una financiación pública de las universidades, como garantía de independencia, que se enfrenta, sin embargo, a una relación entre universidades y gobiernos progresivamente compleja, en la medida en que se amplían las funciones de la universidad, se universaliza el acceso a la educación superior y se incrementan los costes. En cualquier caso, la relación entre gobierno y universidad resulta clave para garantizar la autonomía universitaria, y el vínculo principal entre ambos es el sistema de financiación.

En nuestro país es tradición que los gobiernos establezcan directamente esa relación y que, con modelos de financiación más o menos objetivos y transparentes, financien directamente las universidades. Este sistema introduce una importante restricción a un elemento clave de la autonomía: la capacidad de las universidades para actuar con independencia respecto de cualquier opción política, siempre presente en los gobiernos. Como sucede en muchos sistemas de otros países con mayores niveles de autonomía, es necesario introducir reformas en el sistema de gobernanza que garanticen que los gobiernos no deciden sobre el destino concreto de los recursos, sino que se concentran en establecer objetivos y prioridades y en definir los recursos globales asignados a cada uno.

La definición del sistema de investigación e innovación del país no es el objetivo principal de este documento, pero es evidente, como se deriva de la Estrategia 2020 y, antes, de la de Lisboa, que la sociedad del conocimiento, que es la que puede sustentar una sociedad del bienestar, se basa en la concepción integral de la educación superior, la investigación y la innovación como prioridades de un país. Es en este sentido que se hace necesaria una definición global de políticas en estos ámbitos, una definición en la que el sistema universitario, de manera natural, figura en la base. Por consiguiente, los instrumentos de asignación de recursos públicos y de control y seguimiento de la calidad y el impacto deben tener también una aproximación global.

La historia y la evolución reciente del sistema universitario han conducido a minimizar la identidad institucional de la universidad. Además de tener la iniciativa en la elaboración de una legislación profusa en todos los detalles del funcionamiento de la universidad, en todas las dimensiones de la autonomía universitaria, los gobiernos intervienen directamente en la política universitaria mediante una gran variedad de programas de actuación que afectan a todas las misiones de la universidad (son ejemplos las convocatorias de proyectos de innovación docente, de grupos de investigación consolidados, de personal específico, etc.), lo que crea un entorno de tutorización externa de la actividad universitaria que no favorece en absoluto la completa responsabilización institucional. Hay ciertamente dificultades para construir esa identidad. La cultura de diálogo entre universidad y gobierno está edificada sobre esta realidad y, como consecuencia, existe una gran dificultad para identificar a la institución como tal.

En esta cuestión radica buena parte de la dificultad para definir un modelo de gobernanza. Otra dificultad se deriva de la masificación de la actividad, que se traduce en comunidades universitarias muy grandes, diversas y caras en una primera aproximación. En definitiva, en un modelo de gobernanza que busque la eficiencia en el uso de los recursos públicos y quiera garantizar la autonomía, parece necesario poder definir «propietarios» de la universidad, diferentes de los representantes del pueblo y de los gobiernos, que ostenten la plena responsabilidad de la función universitaria en representación también de los intereses de la sociedad, que pueden incorporar o no caracteres regionales. Esta plena responsabilidad les debe permitir actuar económicamente en cuestiones tan básicas como la administración plurianual de fondos, la solicitud de préstamos y la realización de ventas o compras inmobiliarias. Son las funciones que en otros sistemas universitarios cubren los Boards of Trustees o Regents.

b) Dimensión organizacional

La definición de un sistema de gobierno autónomo, en el que se identifica un órgano que detenta la propiedad de la universidad en nombre de la sociedad, hace casi innecesario definir externamente otros elementos de gobernanza interna, de modo que la universidad debería poder organizarse de la manera que considere más conveniente para la consecución de los objetivos que la sociedad le marque. Esta visión puede hacerse extensiva desde la definición del órgano ejecutivo a la de los criterios de contratación de personal, pasando por la definición de la estructura de centros, departamentos, institutos y servicios. En definitiva, el órgano de decisión política de la universidad debe tener plena responsabilidad y debe velar por que su actuación responda a los intereses de la sociedad (entre ellos el de garantizar la evolución positiva de la universidad): debe minimizar el corporativismo y también las respuestas a presiones de grupos de interés, ya sean internos o externos. En particular, el órgano de gobierno estratégico y de supervisión de la universidad es el que ha de ser responsable de establecer el mecanismo y los criterios de selección del responsable ejecutivo de la universidad (rector o rectora), que debería ser un académico no necesariamente miembro de la institución en el momento de ser seleccionado.

c) Dimensión académica

Esta es la dimensión nuclear de la universidad, en tanto que responde a su primera razón de ser, que no es otra que la formación de los ciudadanos al más alto nivel posible, un nivel que justifica el esfuerzo simultáneo en investigación y que se simboliza con la formación de doctorado, como culminación del progreso en el saber.

La eficiencia en el uso de los recursos públicos no se debe conseguir decidiendo en lugar de las universidades, porque lo que hace esta decisión es, precisamente, sustituir una parte esencial de su papel: determinar su propio mapa de titulaciones y especializaciones, en ejercicio de su responsabilidad. Debería ser suficiente con un cuidadoso y riguroso uso de los instrumentos de gobernanza del sistema: el modelo de financiación a aplicar por la agencia de financiación, el informe ex ante y la evaluación ex post que debe ejercer la agencia de calidad y, sobre todo, la definición de objetivos, prioridades y recursos globales, decisión que corresponde al gobierno. En definitiva, la preocupación del gobierno debe ser velar por que se alcancen los objetivos marcados con los recursos disponibles, y el trabajo de las universidades debe ser, con las negociaciones y acuerdos que sean necesarios con la agencia de financiación, decidir su estructura, su oferta de titulaciones, la asignación interna de recursos y la estrategia de colaboraciones con otras instituciones que lo haga posible. Sustituir esta dinámica por decisiones externas a la universidad equivale a tener un sistema universitario menor de edad o amputado y desaprovechar gran parte de su potencial.

d) Dimensión de personal

De nuevo, se debe visualizar un escenario de futuro en el que la propia universidad tenga la completa autonomía para decidir sobre su personal, tanto en términos de selección como de retribución, en el marco de las tablas salariales que sirvan de referencia en el país y de acuerdo con la legislación laboral. Esta es la situación dominante en los sistemas con más autonomía y también con mayor productividad e impacto. En todo caso, debe considerarse el valor proporcionado por el funcionamiento de estándares nacionales de acreditación, que podrían mantenerse transitoriamente, mientras las universidades desarrollan plenamente su potencial de autonomía.

Finalmente, la sociedad española necesita de unas instituciones universitarias plenamente autónomas y responsables de su rol en la sociedad y, por ello, necesita también una reforma del sistema de gobernanza, en la línea de la que han llevado a cabo todos los países que encabezan la Tabla 1. Aquello que tienen en común dichos sistemas define las líneas principales del modelo de gobernanza a desarrollar. •

REFERENCIAS

— Aghion, P.; Dewatripont, M.; Hoxby; C.; Mas-Colell, A., & Sapir, A. (2009), «The governance and performance of research universities: Evidence from Europe and the U.S.», Working paper 14852, National Bureau of Economic Research.
— Estermann, Thomas & Nokkala, Terhi (2009), University Autonomy in Europe I. Exploratory Study. Bruselas: European University Association.
— Estermann, Thomas; Nokkala, Terhi & Steinel, Monika (2011), University Autonomy in Europe II. The Scorecard. Bruselas: European University Association.
— Estermann, Thomas; Pruvot, Enora Bennetot (2017), University Autonomy in Europe III. The Scorecard 2017. Bruselas: European University Association.
— Grau, F.X. (2013), Autonomía universitaria y sistema de gobernanza. Publicacions URV.
— Grau, F.X. (2015) «Razones y propuestas para una reforma del sistema de gobernanza de las universidades españolas». El gobierno de las universidades. Reformas necesarias y tópicos manidos, pp. 121-143, Ed. Tecnos, Madrid.

El gobierno de las Universidades privadas

Las universidades privadas forman en España un conjunto amplio, diverso y atractivo, tanto por su rápido crecimiento en los últimos años como por haber demostrado su capacidad competitiva para dinamizar, en su propio ámbito y en leal competencia con las universidades públicas, el sistema universitario español en su totalidad.

El aumento de la competencia en el sector universitario ha sido positivo para todas las instituciones universitarias, tanto públicas como privadas, y ha obligado a los responsables de las organizaciones universitarias a una profunda reflexión sobre sus sistemas de gobierno y sobre la capacidad de sus órganos rectores para darle a estas instituciones universitarias las capacidades competitivas y de organización interna acordes con la nueva situación.

Siguiendo la terminología del sector universitario, el número actual de las instituciones de «iniciativa social», como también se denomina a las universidades privadas, es grande pues ya son treinta y tres universidades. Este número engloba tanto a las universidades privadas como a las de la Iglesia católica, que tienen un ideario propio y un régimen de gobierno específico en función de su dependencia de una determinada congregación, asociación o jerarquía eclesiástica. También engloba a algunas universidades privadas de «titularidad pública», pues dependen de una institución pública, ya sea una fundación de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento.

El abanico de las instituciones universitarias privadas es amplio, pues la diversidad y singularidad de las propias universidades privadas y de la Iglesia católica se hace aún mayor si consideramos diversos parámetros, como son: la antigüedad de la institución, el tamaño, la forma jurídica, el régimen de gobierno, la orientación académica, la localización, etc. Iremos precisando sus desafíos y su marco competitivo antes de abordar los modelos de régimen de gobierno en las páginas siguientes.

Los datos recientes nos confirman el gran crecimiento de estas universidades durante los últimos años y el aumento de su importancia relativa dentro del sistema universitario español. Mostraremos la situación en el curso 2014-2015, así como la evolución reciente, para valorar mejor la tendencia de aumento constante de la cuota de mercado de las universidades privadas y de la Iglesia católica en el conjunto del sistema universitario español. Este incremento constante de la «cuota de mercado» puede deberse en gran medida al eficiente sistema de gobierno de este conjunto de universidades.

Los datos sobre el número de grados impartidos y los estudiantes matriculados en grado por rama de enseñanza en el curso 2015-2016 son los siguientes:

La evolución de los estudiantes matriculados en grado por rama de enseñanza:

Los estudiantes egresados de grado durante el curso 2014-2015:

Los estudiantes matriculados en máster en el curso 2015-2016 por rama de enseñanza son los siguientes:

La evolución de los estudiantes matriculados en máster por rama de enseñanza:

Los estudiantes egresados de máster durante el curso 2014-2015:

Los datos sobre los beneficiarios e importes de las becas universitarias que convocan las comunidades autónomas y las universidades según tipo de convocatoria y agente convocante:

Las instituciones universitarias privadas y de la Iglesia católica ya educan a más del 15% de los alumnos egresados de grado y el 33% de los estudiantes de máster. Estas instituciones privadas tienen en común las características específicas deseables en toda institución universitaria de prestigio, pues gozan (bajo diversas fórmulas) de las tres libertades básicas, deseables para cualquier institución universitaria:

  • Libertad en la selección de sus alumnos (para poder elegir a los mejores mediante criterios objetivos de mérito y capacidad, o libertad para elegir a los que mejor aprovecharían su sistema de enseñanza e investigación).
  • Libertad en la selección de su profesorado, para poder formar equipos coherentes y altamente cualificados que faciliten la especialización, la investigación y la docencia en los campos elegidos por la universidad.
  • Libertad en la elección de las fuentes de financiación que la universidad considera relevantes para intentar preservar siempre su autonomía e independencia. El conocimiento de las fuentes de financiación de las universidades es determinante para analizar la importancia y el grado de desarrollo de su sistema de gobierno.

Además de gozar de estas libertades básicas, las universidades privadas necesitan un sistema de gobierno capaz de afrontar los dos sistemas de control externo complementarios y exigentes para todas las universidades españolas.

Estos sistemas de control externo son públicos, o ajenos a la institución, en las sociedades y economías abiertas de la Unión Europea. Los podríamos agrupar en dos amplias categorías: a) los sistemas de control administrativos que establecen las administraciones públicas o las agencias de calificación, b) el control que establece la libre concurrencia en los mercados competitivos.

Las universidades privadas deben afrontar con decisión el sistema de control administrativo y el sistema de control del mercado por lo que sus órganos de gobierno incorporan figuras similares a las de los órganos de gobierno de las universidades públicas, aunque con iguales denominaciones tienen sistemas de elección muy diferentes; pues casi todos los órganos unipersonales son iguales en sus responsabilidades, pero están elegidos o propuestos directamente por el rector, desde los decanos a los directores de departamento, para for-mar una pirámide jerárquica bien organizada.

Los órganos colectivos tienen denominaciones diversas (Patronato, Consejo Rector, Consejo de Administración, Consejo de Gobierno, etc.) establecidos por la entidad titular de la institución. La gran diferencia con las universidades públicas es que no se dan procesos electivos en el interior de estos órganos, excepto para los representantes de la comisión de participación y para los representantes sindicales o de los estudiantes, según las normas de organización y funcionamiento específicas de cada entidad.

La misión de los sistemas de gobierno de las universidades privadas y de la Iglesia católica es afrontar el reto de competir eficazmente con las universidades públicas y con el resto de universidades a pesar del peso relativo que tienen los dos sistemas de control citados. Efectivamente, el sistema de control administrativo y político está representado por la legislación del Estado, por las actuaciones de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), por las normas y procedimientos de las Consejerías de Educación o de Universidades de las comunidades autónomas, por las agencias autonómicas en algunas comunidades y por la trasposición de directivas europeas.

El otro sistema de «control» determinante para el buen funcionamiento de estas universidades privadas es el mercado. En los últimos años, este sistema de posicionamiento y control de las universidades se ha caracterizado por un mercado de «competencia imperfecta», como se define en economía. La competencia es imperfecta ya que las universidades privadas obtienen más del 80% de sus ingresos a través de las matrículas de los estudiantes. Estos estudiantes pueden acceder igualmente a las universidades públicas, que obtienen en concepto de matrículas de los estudiantes un 20% de sus ingresos totales. La proporción de los recursos captados en los mercados competitivos entre públicas y privadas es inversa en porcentajes y discriminatoria en la realidad práctica, desde este análisis de la procedencia de sus principales fuentes de financiación.

Las diferencias en la actuación real y en la percepción de sus capacidades competitivas a través de la actuación de los sistemas de gobierno y de control son fundamentales, pues juegan a favor de unas universidades u otras según la opinión de cada observador. ¿Qué universidades salen beneficiadas?

Adelantemos algunas preguntas más sobre las capacidades competitivas para resaltar las diferencias. ¿Se puede competir en un mismo mercado con productos equivalentes cuando unos competidores tienen subvencionado el 80% de sus costes y otros competidores deben vender al precio real, que es entre cinco y diez veces superior al de los anteriores?

Si los compradores realizan un análisis racional, ¿pueden ser equivalentes los estándares de calidad en la formación, conducente a un mismo título oficial, cuando en unas universidades se cobra diez veces más que en otras? (Recordemos que las universidades privadas consolidadas tienen sistemas de becas que permiten a los candidatos sin recursos económicos suficientes estudiar en estas universidades con un coste igual o inferior al de la universidad pública. Recordemos también que los costes reales por alumno de unas u otras universidades no son especialmente diferentes.)

En esta situación, los sistemas de gobierno de las universidades privadas están llamados a aportar un valor decisivo a sus estudiantes, para que estos participen en el proyecto compartido de consolidar y mejorar la posición de España en el concierto internacional, a través de la formación y el conocimiento. Para estar en condiciones de aportar este valor y prestar este servicio a la sociedad en términos excelentes, las universidades privadas se apoyan en un sistema de gobierno y de gestión interna muy capaz de establecer sus estrategias, definir sus objetivos y ofrecer los buenos resultados a los que ya nos estamos acostumbrando.

La presentación de las propuestas de valor de las universidades privadas en un mercado competitivo tiene mucho que ver con su propio sistema de gobierno sobre el que descansa una gran parte de su capacidad competitiva.

El sistema de gobierno de las universidades privadas debe conseguir aportar valores decisivos para los estudiantes, al mismo tiempo que ofrece múltiples beneficios a la sociedad española, entre otros:

  • Proporcionar un servicio público sin coste para el Estado.
  • Demostrar una gran eficiencia en el uso de los recursos.
  • Haber mostrado flexibilidad y rapidez para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior.
  • Mostrar un gran interés por la calidad docente y ser muy activos en innovación pedagógica.
  • Promover la igualdad de oportunidades mediante un sistema de becas que equilibra el coste para el alumno entre la universidad pública y la privada.
  • Dirigir la formación de sus graduados hacia la internacionalización y la competencia en un mercado global.
  • Vincular la investigación a la utilización productiva y a la generación de conocimientos para las distintas profesiones.
  • Facilitar la formación de élites académicas y profesionales mediante la selección efectiva de alumnos y profesores en contextos de alto rendimiento.
  • Mantener canales privilegiados con las empresas e instituciones de su entorno para aportarles valor y facilitar la incorporación de sus egresados al mercado de trabajo.
  • Ser muy capaces de competir en un mercado imperfecto.

Es justo reconocer la calidad de las universidades españolas, públicas y privadas, globalmente consideradas. Ambas son un polo de atracción de talento. Sin embargo, hay un amplio consenso sobre las carencias de nuestro sistema de educación superior, en parte por razones históricas y sociales bien conocidas. No es fácil romper en poco tiempo con una tradición secular de universidad pública napoleónica, en la que el sistema de gobierno y los estamentos corporativos dejan poco espacio para la flexibilidad, la selección objetiva, la innovación y la competitividad. Por eso debemos dejar dicho que es urgente reformar el sistema de gobierno de las universidades públicas.

Los sistemas de gobierno de las universidades privadas también se diferencian entre sí en algunos aspectos, al entrar en los detalles específicos que resaltan unas universidades u otras, pero vamos a continuar con las valiosas similitudes que tienen estos sistemas de las universidades privadas y de la Iglesia católica, si se compara su sistema de gobierno con los de las universidades estatales o de gobernanza autonómica.

Un ejemplo muy significativo del sistema de gobierno aplicado por varias universidades privadas es el de la Universidad Nebrija, cuya breve descripción nos permite reseñar los distintos órganos de gobierno, colectivos o unipersonales, que participan en su sistema de decisión.

La Universidad Nebrija tiene un sistema de gobierno muy jerarquizado, con cuatro órganos colectivos y todos los órganos unipersonales habituales en la organización universitaria. Los órganos colectivos son:

  • Un patronato «externo» compuesto por 25 personalidades destacadas, con relevancia social, económica o política, que aportan el control social e institucional de quienes representan a la sociedad española y que han ofrecido su participación en este órgano de la universidad como un servicio altruista por su alta labor docente e investigadora.
  • Un Consejo Rector compuesto por un máximo de nueve miembros, de los cuales hasta un tercio ostentan cargos ejecutivos en la universidad y dos tercios son «externos» a la misma. Este órgano tiene todos los poderes de dirección y gestión propios de las sociedades anónimas.
  • Un Consejo de Gobierno, con reuniones mensuales, compuesto por 15 miembros «internos» y presidido por el rector que entiende sobre todos los temas de la organización académica y de las relaciones institucionales con otras universidades, con empresas y con la sociedad española en general.
  • Un Consejo de Dirección con reuniones trimestrales; en la actualidad está compuesto por 35 personas o «directivos» pues están presentes todo el equipo rectoral, todos los directores de áreas, todos los directores de los departamentos académicos y los directores de los departamentos o jefes de sección de la administración y los servicios.
  • Además cuenta con una Comisión de Participación formada en la actualidad por 32 representantes de toda la comunidad universitaria, con unos 19 miembros del PDI, 11 del PAS y 2 alumnos, que se reúne cuando lo establece su presidente o lo solicitan las diferentes comisiones de trabajo.

En estrecha relación con estos órganos colectivos son muy relevantes las actuaciones de todos los órganos unipersonales. Los órganos unipersonales son nombrados por un procedimiento muy jerarquizado y compartido entre los responsables de las propuestas de nombramiento, el órgano inmediatamente superior y el decisor. Así el nombramiento del rector se hace mediante la propuesta de una terna de candidatos por el patronato (cuyos miembros son todos «externos» a la institución) y la selección directa del mismo se hace por los cuatro miembros actuales del Consejo Rector de la universidad. Hasta el momento, han sido elegidos como rectores profesores titulares o catedráticos del propio claustro docente, pero ha habido propuestas de personas ajenas al mismo.

El rector propone al mismo Consejo Rector el nombramiento de sus vicerrectores y decanos. Los decanos pueden proponer la continuidad o renovación de los directores de los departamentos académicos y así sucesivamente hasta formar una pirámide jerárquica eficaz y competitiva.

La evaluación anual del desempeño de todo el profesorado, los sistemas de carrera profesional competitiva por méritos objetivos cuantificables, el reconocimiento automático de todas las acreditaciones de la ANECA y de las agencias autonómicas, así como el impulso objetivo por mérito y capacidad de todo el personal y profesorado forman parte esencial del sistema de gobierno establecido para evitar que la pirámide jerárquica distorsione el entorno de libertad docente y de promoción por evaluaciones objetivas de toda la estructura académica.

La conclusión es que el sistema de gobierno de las universidades privadas y de la Iglesia católica cumple adecuadamente con los desafíos que el actual sistema universitario español, más libre y competitivo, plantea a este tipo de instituciones.

Vladimir Lenin. Sin piedad

Escribo estas líneas en los días en torno al centenario de la Revolución Rusa, del golpe de Estado en Octubre, no la rebelión de febrero que derrocó al Zar y alumbró una débil República, mientras releo a Figes y Solzhenitsyn, y repaso La Revolución Rusa (Debate) del maestro Richard Pipes.

Este último inicia su opus magna sobre la cuestión afirmando que los hechos de Octubre constituyen el hecho histórico más relevante del siglo XX. Los factores que conducen a la caída del régimen zarista primero y la insurrección bolchevique después, son múltiples y han sido sometidos a minuciosos análisis.

Los desastres de la Guerra, el (relativo) atraso económico, y sobre todo la incapacidad del zar Nicolás II por dar continuidad a las reformas aperturistas que necesitaba Rusia para entrar con buen pie en el siglo XX, son algunos de los factores estructurales clave que favorecerán el colapso del régimen. A este se ha de sumar un factor igualmente importante, la Intelligentsia imprescindible para canalizar la energía de la rebelión, en potencia para la revolución. La gasolina de este movimiento será el marxismo, entonces visto como una nueva religión laica, que prometía igualdad y modernidad; el conductor Vladímir Ilich Uliánov, Lenin.

La gasolina de este movimiento será el marxismo

La victoria aliada en la Segunda Guerra mundial tuvo diversas causas, entre ellas (imprescindible) el factor Churchill. De manera similar, en signo negativo, es necesario hablar de un factor Lenin para entender el triunfo de la Revolución octubre.

¿Quién fue Lenin?

De joven, Lenin nunca mostró ningún interés en la política. Hijo de una familia acomodada del régimen, fue un joven frustrado y de escaso talento o brillantez que acabará convirtiéndose en el primer totalitario, título de la reciente biografía que le dedica el periodista y escritor Victor Sebestyen. En 1927, un contrariado Stefan Zweig -que luego también se hará una reflexión similar con Hitler-, se preguntaba cómo era posible que un personajillo desgarbado hubiera llegado tan lejos en sus propósitos políticos.

Fue Pipes, en The Unknown Lenin, el primero en desmontar el mito santurrón del personaje al que se presuponía un colmo de virtudes de todo tipo (el libro de Pipes es el primero realizado teniendo en cuenta las casi 10 millones de palabras de “Collected Works”). La cosa rusa, rezaba el vulgo oficial durante años, se había torcido con Stalin que había echado por el suelo el sueño arcádico de la dictadura del proletariado. Justo lo contrario es verdad. Stalin simplemente extiende el régimen de Terror implementado en primer lugar por Lenin.

Lenin fue tremendamente despótico, cínico, indiferente a la vida humana. Stalin, que fue un verdadero psicópata, directamente disfrutaba con el sufrimiento ajeno y se divertía atemorizando incluso a sus propios colaboradores próximos, muchos de los cuales acababan purgados antes o después. Lenin será el paladín del anti-liberalismo: poseído por un polilogismo (Mises dixit) fanático, para él las personas serán meros instrumentos para la consecución de sus objetivos políticos. La revolución será la nueva máxima por la cual se justificará cualquier cosa: el Terror, la violencia o la mentira al por mayor. Lenin será el inventor de la propaganda y el padre de la ‘post-verdad’. Su trayectoria política, corta por su repentina muerte, dará sobradas muestras de crueldad y, al mismo tiempo, una gran cobardía. Un Frank Underwood a la enésima potencia trufado con múltiples trazas de Robespierre. La conquista del poder a toda costa. ¿Libertad para qué?

Estas intenciones totalitarias nunca fueron del todo ocultas, aunque sí debidamente presentadas entre buenas intenciones. Laszek Kolakowski en Main Currents of Marxism” destaca palabras del propio Lenin en el Tercer Plenario de 1921: “Nunca prometimos libertad o democracia.” Ese mismo año, el régimen totalitario bolchevique, quizás la forma más perfecta de totalitarismo vista nunca sobre la Tierra, sofocaba sin piedad la revuelta en la base naval de Kronstadt. Lenin puso a 20.000 soldados a disposición de Trotsky con la breve indicación de “sin piedad”. Al día siguiente de la ocupación del Palacio de Invierno, Lenin prohibía la prensa libre; pocos días después, el 7 de diciembre de 1917, creaba la Cheka, la policía contra-revolucionaria que tenía que eliminar a todos los elementos contrarios al régimen, sentando las líneas maestras de esta nueva creencia laica que pasaba a ser el comunismo bolchevique. Unas maneras de hacer a las que hoy nos referimos con su nombre.

Las causas de Octubre

Las causas principales de la Revolución de febrero (como del escenario previo en 1905) fueron la guerra y la incapacidad de reforma del régimen, incapaz de adaptarse a los nuevos cambios socio-económicos. Estos eran motivos para la rebelión (léase hechos de febrero de 1917), que como identificó Schumpeter es algo que “sucede”, mientras que las revoluciones (que incluyen un relato político dirigido por unas élites) “se hacen”. La revolución rusa no se explica únicamente por la guerra y la inoperancia del régimen zarista, hay que añadir el ingrediente fundamental de la Intelligentsia, esa élite capaz de moldear el discurso, el lenguaje (Orwell lo describió para legos en 1984) y con ello también el pensamiento y las masas, con el objetivo no de reformar para bien el antiguo régimen –objetivo de la rebelión–, sino para alcanzar el poder político a toda costa. El a toda costa es literal. Ahí están las hambrunas, las torturas y matanzas sistemáticas, los campos de concentración y las deportaciones masivas.

En este escenario el factor Lenin resulta crucial. Nadie como él -con la excepción quizás de Stalin (pero estaríamos en la discusión de quién fue mejor Mozart o Beethoven)– personifica el arquetipo revolucionario de conquista al poder sin importar cuál sea el coste social, institucional o humano. Se enfoque jerárquico, autoritario e indiferente al sufrimiento humano, su desprecio a la democracia, su odio hacia cualquier elemento contrario a su postura, son elementos claves para entender el golpe de estado de Octubre (Noviembre en nuestro calendario), y la subsiguiente guerra civil y dura dictadura totalitaria que le seguirá en la figura de Stalin, un oscuro georgiano que simplemente intensificará el régimen de Terror iniciado por su predecesor Lenin. Lo que se consigue con violencia y miedo, se mantiene que mantener con violencia y miedo.

Tocqueville nos enseñó cómo las revoluciones sociales son la mejor manera de no cambiar nada; desde luego no para bien. Rusia paso del estado absolutista de los zares al estado totalitario de los bolcheviques. Ambos sistemas controlados por la voluntad de un solo hombre, con un agravante: en el segundo caso se impuso un Estado absoluto, total, lo que implicó la supresión de la Iglesia, la sociedad civil, la libertad de pensamiento, la prensa libre, o todo aquello que quedará fuera del propio límite del Estado. No hubo nada positivo ni glorioso en la Revolución rusa y estos días no hay nada que celebrar, sí mucho que recordar para no repetir jamás.

A la sombra de Fontán

Muchas gracias querido Ministro, querido Íñigo, por tus generosas palabras y también por el ejemplo que nos ofreces con tu larga trayectoria de servicio al bien común.

Muchas gracias al Patronato de la Fundación Marqués de Guadalcanal por esta distinción, que me pone a la cola de media docena de ilustrísimos premiados en las ediciones anteriores. Estar en compañía de personalidades tan destacadas como Javier Gomá, Ignacio Camacho, Mario Vargas Llosa, Valentí Puig, Esperanza Aguirre es un honor. Comparto con ellos muchas cosas –nada menos que un universo de ideas- y desde hoy todavía más. Don Antonio Fontán desde las páginas de Nueva Revista decía con buen humor que no había que premiar o ayudar a la oposición, bastante hay con atender a los nuestros.

El galardón que hoy recibo me lleva en primer lugar a homenajear a Don Antonio. El año que terminé mi carrera de Derecho y dejé de presidir la Asociación 1812, Estudiantes Liberales, me llamó para invitarme a formar parte del Consejo de Redacción de «Nueva Revista». Don Antonio no me conocía, pero había trabajado con mis dos abuelos, José María de Areilza y Paco Fontanar, en la causa monárquica y confiaba que, además de heredar sus genes y apellidos, algo se me habría pegado de ellos. Desde entonces aprendí de don Antonio sin parar. Al recibir hoy este premio, y en estas horas difíciles para España, me emociona el recuerdo de su patriotismo y su lealtad a la Corona. Fue una de las grandes figuras del liberalismo ilustrado español. Hoy son más necesarias que nunca las aportaciones llenas de sabiduría y respeto como las que hizo a lo largo de su vida política. La huella de su generosidad, imaginación, arrojo y coraje civil sigue muy presente entre nosotros.

Este premio reconoce la defensa de los valores de la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la soberanía nacional y la Monarquía parlamentaria.

Tal vez por ello algunos de ustedes me puedan preguntar, ¿qué hace un europeísta como tú en un premio español como éste? Entiendo que en esta edición el jurado ha querido levantar la vista y mirar a Europa, algo que Don Antonio hacia continuamente. El contexto español es felizmente inseparable del tablero europeo y nos gobernamos en buena medida desde Bruselas.

Gracias a su incorporación a la aventura de la integración, España ha mutado de Estado nación en Estado miembro, una categoría política y constitucional nueva, desde la que tenemos que pensar los conceptos de representación y rendición de cuentas en la Unión, una democracia de democracias. Es necesario que la integración esté basada en democracias nacionales fuertes –solo así la democracia europea también lo será. Toca reinventarla, nueva utopía y renovar el significado del europeísmo. Frente a la oleada de nacionalismo y populismo, recuperemos el patriotismo y el europeísmo, como propone Emmanuel Macron.

La UE es esencial para resolver la crisis constitucional a la que nos ha llevado el secesionismo de la coalición independentista catalana. Contiene un verdadero régimen anti-secesión en sus normas, principios, valores. La idea de Europa es civilizatoria. La UE es el mejor proyecto político del siglo XX y reclama identidades colectivas abiertas y compatibles. Se basa en el encuentro con el otro, en el objetivo ético de unir personas, visión ética. Es un sueño cosmopolita, que rechaza a aquellos que quieren usar el poder con pulsiones totalitarias y una inspiración romántica trasnochada para crear comunidades químicamente puras.

 Al recibir este Premio, quisiera expresar mi agradecimiento a mi familia: a mis padres, de quien he recibido mis valores, a mi mujer, María, con la que tengo la suerte de compartir mi vida. A Blanca, mi hija, encargada de dar cuerda a diario a nuestros corazones, y a Santi hijo -con diez años tiene el buen gusto de leer a diario en ABC a Ignacio Camacho y a Luis Ventoso, pero solo algunos viernes la columna de su padre.

A estos sumos un agradecimiento especial a Catalina Luca de Tena, Presidenta Editora de ABC, el gran periódico español que me honra invitándome a escribir semanalmente y del que soy consejero.

Termino con el agradecimiento a tres maestros y amigos:

Joseph Weiler, mi mentor desde que hice con él mi doctorado en Harvard, que me aconsejó un día “no te escondas detrás de las palabras”.

Javier Gomá, Premio Antonio Fontán, con el que me une una profunda amistad. Javier es el filósofo más importante de la España de hoy y su pensamiento lúcido y esperanzador me influye enormemente.

Carlos Aragonés, un maestro paciente, minucioso, con el que comento y discuto mucho de lo que escribo, y gracias a él lo mejoro.

No puedo concluir estas palabras sin evocar recuerdo de la figura de otro gigante como don Antonio, mi abuelo Areilza. A veces pienso que ser su homónimo fue lo que despertó mi vocación literaria. Fue un hombre polifacético y yo admiré desde muy pequeño de manera especial su faceta de escritor. Un día que le enseñé el borrador de uno de mis primeros artículos en ABC, cuando yo todavía era un estudiante universitario, lo leyó con gesto divertido y lo corrigió. Luego la expresión de su cara cambió y me dijo ¿no irás a publicarlo con tu nombre?

Mi abuelo me inculcó que eligiese la profesión que eligiese tenía que trabajar siempre por una España mejor.

Hoy tengo la suerte de poder hacerlo a través de la escritura, como profesor en ESADE y articulista en ABC y Vocento.

Escribir es el andar del alma, decía el gran poeta José Antonio Muñoz Rojas en una carta al final de su vida. Y añadía: “No lo dejes, escribe y vuelve sobre lo escrito. Viértete en el papel. Lo que se guarda se pierde, lo que no se da no se tiene. El secreto es de la vida y del mundo. Del secreto, del misterio, vivimos, en él están nuestras raíces.”