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Ver productosMuchas veces a Éric-Emmanuel Schmitt, (Francia, 1960), uno de los autores en lengua francesa más leídos y representados de nuestros días, se le ha definido como un hombre orquesta: dramaturgo, novelista, autor de relatos, director teatral y de cine, y profesor de filosofía, además de miembro de la Academia belga de la lengua francesa. Algunas de sus más conocidas piezas teatrales han sido representadas por actores de la talla de Charlotte Rampling, Alain Delon o Belmondo. En 2003, la película, basada en una historia teatral suya, El señor Ibrahim y las flores del Corán, protagonizada por Omar Sharif, sería galardonada con un Globo de Oro.

En La venganza del perdón, como ya había hecho en otras ocasiones con ciclos de relatos que tenían un trasfondo común, reúne cuatro historias muy distintas sobre el perdón. El perdón que se concede, el que se reclama o el que uno se niega a sí mismo, pero también a los otros. El perdón que renuncia a la venganza o al resarcimiento. Cuatro excelentes, muy elaboradas y perturbadoras versiones sobre el perdón, que bien podrían clasificarse de cuentos filosóficos o morales. Relatos, de finales casi siempre impactantes, que profundizan en lo mejor y también en lo peor y más sombrío de la naturaleza humana. Pero también en ese turbio mundo de los claroscuros morales en los que surge el dilema: ¿es un error el perdón, una debilidad innecesaria por parte del que lo ejerce?
Cuatro historias sobre la posibilidad o no de perdonar y ser perdonados. En ellas, un mal serpenteante, cambiante, se muestra muchas veces imbatible, imposible de sortear por su tenacidad y por su voluntad de permanencia. Schmitt ha reunido a cuatro personajes implacables, aparentemente inconmovibles: un asesino en serie que sorprendentemente recibe una y otra vez la visita de la madre de una de las quince chicas a las que asesinó, en el relato que da título al volumen; una gemela que envidia desde la infancia su otra versión de sí misma mejorada, su hermana bondadosa que siempre la protege y busca excusas para ella, del estremecedor relato Las hermanas Barbarín; un ávido y desalmado hombre de negocios, que de joven, buscando el prestigio entre sus «camaradas» sedujo y dejó embarazada a una joven y simple campesina, a la que en el futuro volverá a abandonar, llevándose por la fuerza a su hijo, un heredero que ahora «necesita», en el relato Madame Butterfly; y por fin, una emocionante y delicada fábula, El Principito, sobre cómo la literatura y la dulce inocencia de una niña que ama apasionadamente El Principito pueden rescatar de su terco aislamiento a un anciano solitario, antiguo piloto alemán de la segunda guerra mundial.
Cada personaje, sutil y microscópicamente dibujado, es libre. Libre hasta el final de redimirse pidiendo perdón por el daño causado o libre de recibir ese perdón, pocas veces merecido, aceptándolo como una ofensa o como un impertinente recordatorio de un mundo desconocido que se odia y se persigue con saña: el mundo de la piedad y del bien. En cada caso, las lecciones y el proceso de humanización llegan de las más diversas maneras y de los más inesperados personajes.
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(Artículo publicado originariamente en ABC Cultural, reproducido aquí con permiso de ABC)
Una vieja discusión teórica plantea un dilema político ineludible. ¿Qué prima más en la forja de los países: el espacio o el tiempo? ¿Somos tributarios del clima y de la geografía o del lento transcurrir de los siglos?
La reciente Canadiana del ensayista y diplomático Juan Claudio de Ramón no elude esta cuestión, que recorre de arriba abajo la espina dorsal de la identidad canadiense. Y es que, definido por la infinitud de la naturaleza y por las servidumbres del rigor invernal, Canadá se ha construido ante todo en relación con el espacio.

«Por un lado –reflexiona el autor–, ese factor distancia hace de la canadiense una sociedad de frontera, vigorosamente solidaria. Para sobrevivir a un impío clima y a una vastedad sin igual, han de cooperar unos con otros y socorrerse en caso de peligro. Desde esta perspectiva, no es difícil de entender que haya sido un país propicio al arraigo de ideas socialdemócratas. Por otro lado, la inconsciente apropiación de un espacio infinito hace del canadiense medio un ser contemplativo y moderado».
El tiempo, sin embargo, acarrea el peso de la historia, que el hombre nunca puede obviar. Somos historia precisamente porque nos enfrentamos a esa doble realidad del espacio y el tiempo. Y Canadiana –libro de viajes, de memorias y experiencias– lo demuestra con elocuente claridad.
Canadá es el gran tema del libro, pero el subtema responde al nombre de España
En parte porque la voluntad de su autor no sólo es visitar las distintas provincias canadienses –labor que realiza con escrupulosa devoción– ni explicarnos los hitos fundacionales del gran país del norte –de la policía montada a la sanidad pública, de sus grandes parques nacionales a las noches de hockey sobre hielo–, sino ofrecernos, como en un espejo, una sabia mirada sobre nuestra propia realidad. Canadá es el gran tema del libro, pero el subtema, como un bajo continuo que se escucha entre líneas, responde al nombre de España.
Por supuesto, se trata de una convicción moral que pretende abrir una perspectiva sobre nuestra singularidad desde otra singularidad distinta. Canadá y España son países que han mantenido una relación intensa con los Estados Unidos, por un lado, y con otras dos grandes potencias europeas como Inglaterra y Francia, por otro.
Ambos, España en su pasado imperial y Canadá en la actualidad, sustentan o han sostenido fronteras de dimensión planetaria. Y, en ambos casos, una fuerte tensión de carácter etnolingüístico –y en Canadá también de índole religiosa– ha sido causa de profundas grietas internas.
Carácter integrador de la democracia
En este sentido, las páginas que Juan Claudio de Ramón dedica al Quebec, a su pasado y a su presente, resultan especialmente iluminadoras. En primer lugar, porque desmonta determinados mitos que circulan con excesiva frivolidad en nuestro país. Y, en segundo, porque acierta al reconocer en la cuestión lingüística la raíz de un enfrentamiento latente cuya solución no se encuentra –ni aquí ni allí– en la convocatoria de un referéndum sino en superar el conflicto de lenguas y ensanchar, aún más si cabe, el carácter integrador de la democracia. De fondo, sobrevolando el libro como una figura tutelar, la personalidad extraordinaria de un político de raza: el ex primer ministro Pierre Trudeau.
A Trudeau le dedica Canadiana algunas de sus páginas más emocionantes. Las que glosan, por ejemplo, las palabras cruciales “Just watch me” –“míreme y vea”–, pronunciadas ante las cámaras de la televisión en una de las situaciones más tensas que ha vivido el país.
Estamos en octubre de 1970 y el Frente de Liberación del Quebec (FLQ) ha secuestrado al ministro provincial de Trabajo, Pierre Laporte, y al consejero de la legación británica, James Cross. Impávido ante el destino, el primer ministro Trudeau ordena al ejército patrullar las calles y asume –cito literalmente– que «la sociedad debe recurrir a todos los medios a su alcance para defenderse del surgimiento de un poder paralelo que desafía al poder elegido en este país y creo que eso incluye cualquier medida. Mientras exista un poder que desafíe al representante electo del pueblo, creo que ese poder debe ser detenido y creo que únicamente, repito, almas bellas y pusilánimes pueden oponerse a esas medidas».
La idea clave aquí es la responsabilidad suprema del político en el momento decisivo en que su país se asoma al abismo. Sus palabras muestran la enorme fuerza gravitatoria de la realidad, ese “principio potentísimo” que observara Josep Pla. “Just watch me”, es decir, compruébenlo ustedes mismos. Es el poder del Estado que, al ejercerse, defiende la libertad de los ciudadanos.
Pierre Trudeau fue el principal artífice del Canadá moderno
Pero Trudeau no fue sólo el hombre necesario en el momento de la prueba, sino también el principal artífice del Canadá moderno. Al aprobarse la Constitución de 1982 –leemos en Canadiana–, «Trudeau sentó las bases jurídico-políticas para que Canadá pasara de ser una asociación inestable entre dos tradiciones étnicas mal avenidas a constituirse en una comunidad de derecho basada en valores compartidos. […] En lugar de un país binacional, Trudeau legó uno multicultural y cuyo gobierno era bilingüe, superando así toda necesidad de nacionalismo en la base, o haciendo real, acaso por primera vez en la historia, la posibilidad teórica de un nacionalismo cívico».
Merecedor este año del prestigioso premio Antonio Fontán, tan íntimamente ligado a Nueva Revista, Juan Claudio de Ramón no ha soslayado nunca en sus columnas y ensayos el debate público. Este libro, como hemos comprobado, no supone una excepción. Sus páginas finales las dedica a esbozar un “epílogo para españoles”, en el que se destilan muchas de las lecciones que nos ofrece la experiencia canadiense. La principal, quizás, la necesidad de huir de un inmovilismo que pueda confundirse con un peligroso derrotismo.
«España –propone nuestro autor– no debe querer solucionar un problema que no tiene solución –el de contentar a las elites del nacionalismo periférico–, sino superar el problema convirtiéndose en un país nuevo, propulsado al futuro, y en continuo diálogo con lo mejor y los mejores de su pasado».
Palabras nobles que exigen imaginación, fortaleza y generosidad políticas. Bajo la apariencia de unas cultas –y entretenidas– memorias de viajes, Juan Claudio de Ramón nos ha regalado un libro imprescindible para entender Canadá y para entendernos a nosotros mismos.
La universidad española ha cambiado, y mejorado, mucho en las últimas décadas. Bien es cierto que algunas noticias recientes sobre ella no son precisamente buenas, pero mirada en conjunto, y desde una perspectiva a largo plazo, es imposible no reconocer su avance. La universidad ha mejorado porque su profesorado lo ha hecho, aunque, por supuesto, aún queda mucho por hacer; lo que conlleva la introducción de cambios que en muchos casos son responsabilidad de los profesores y de los órganos de gobierno. Estamos acostumbrados a un discurso victimista que achaca todos los problemas de la universidad a otros, como ocurre con la falta de financiación, sin que haya ningún atisbo de autocrítica, lo cual se compadece mal con una institución en la que supuestamente prevalece la reflexión crítica y el cuestionamiento permanente de los lugares comunes.

Los procesos de selección y promoción del profesorado son fundamentales para el progreso de la universidad. Sobre ellos inciden una serie de factores, como son el sistema de evaluación de la calidad investigadora, los conocidos sexenios, el sistema de acreditación de la ANECA y las normativas reguladoras en los concursos de acceso a las plazas.
El sistema de sexenios orientó en el sentido adecuado la actividad investigadora del profesorado universitario; por lo que es probable que sea en buena medida el responsable de una mejora sustancial en la calidad, y sobre todo cantidad, de las publicaciones académicas en revistas de referencia. Ahora bien, esa mejora generalizada no está exenta de efectos colaterales. Publicar mucho no es lo mismo que publicar bien; además, en los últimos años hemos asistido en algunas disciplinas a una proliferación de artículos con un número de firmantes que no está justificado por el contenido del trabajo o de publicaciones en revistas con índices de impacto irrelevantes.
El modelo de acreditación de la ANECA reorientó la actividad de los profesores, al poner el foco no solo en la investigación sino también en la docencia y en la gestión, lo que en principio era de esperar que repercutiera favorablemente en la preocupación por la formación de los estudiantes universitarios. El problema es que es mucho más difícil evaluar de manera sintética una buena docencia que una buena investigación. Ello ha propiciado un sistema de evaluación muy complejo, más preocupado en muchos casos por los aspectos formales y no por los resultados del aprendizaje, que es lo realmente relevante.
El sistema de acreditación se basaba, además, en una desagregación tan minuciosa (pintoresca en algunos casos, recordemos, por ejemplo, méritos como las estancias en centros docentes) que obligaba a los candidatos a coleccionar toda suerte de certificados que les permitieran acumular la variedad de méritos, o microméritos en muchos casos, necesarios para no perder los puntos imprescindibles para obtener la puntuación mínima. Por ello, son de agradecer los cambios introducidos recientemente en la acreditación.
«Es mucho más difícil evaluar de manera sintética una buena docencia que una buena investigación»
Este sistema, por lo demás, condujo inicialmente a una situación perversa en la que se presumía que el mero hecho de conseguir la acreditación llevaba aparejada la convocatoria de una plaza para el acreditado. En lugar de verla como lo que es, una condición necesaria de mínimos, los acreditados, y sus universidades, entendieron que su obtención debía conducir inexorablemente a la obtención de una plaza, con independencia de las necesidades docentes e investigadoras de la universidad y de la adecuación del candidato a ellos.
La universidad española está basada en el modelo humboldtiano, donde la investigación es básica para la docencia. Como ya se ha comentado, la investigación ha mejorado, pero no está tan claro si la docencia lo ha hecho en paralelo, al menos en lo que se refiere a la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto de aprendizaje. Hasta hace poco prevalecía el modelo clásico de relación profesor alumno, heredado de la universidad medieval, y que se basa en la lección magistral. La introducción del modelo de Bolonia, que traspasa al estudiante buena parte de la responsabilidad por su aprendizaje, ha obligado a repensar el método docente y el contenido y formato de la enseñanza reglada. El mero hecho de tener que revisar nuestra experiencia ya es positivo, máxime si a ello se añade la introducción de cambios en el sentido correcto, orientados hacia el aprendizaje continuo. El problema es cuando se confunde el rito con el contenido. Muchos cambios han sido cosméticos y otros han ido contra una de las características clásicas de la universidad: la autonomía de la voluntad; en esto también hay que educar.
Las universidades están perdiendo el monopolio de la educación superior, pero también está en entredicho el control del mercado local de las universidades presenciales, con la aparición de los MOOC y la formación a distancia. Esto no significa que las universidades no sigan siendo fundamentales para proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias en el mercado de trabajo del siglo XXI, dominado por la tecnología. El problema es que en muchos casos no sabemos qué es lo que deberían saber nuestros estudiantes para desempeñar ocupaciones que aún no existen. Este problema se ve agravado en España por una inflación de títulos de grado y posgrado, consecuencia de una especialización exacerbada, en abierta contradicción con la transversalidad tan necesaria en muchos casos.
¿Se puede mantener en el futuro la fragmentación que caracteriza los procesos educativos en la universidad en términos de asignaturas y títulos? ¿Se puede exigir a to- dos los profesores que investiguen, impartan docencia y hagan transferencia de manera excelente? La respuesta a ambas preguntas puede que pase por aceptar, sino fomentar, la especialización tanto de las universidades como de los profesores.
En definitiva, las universidades deben cambiar, o al menos revisar, su modelo de negocio, en especial en el ámbito docente, lo que supone valorar el empleo de nuevas metodologías docentes y formas de relacionarse con los estudiantes, como por ejemplo, la mezcla de formas de enseñanza presenciales y a distancia.
«La investigación ha mejorado, pero no está tan claro si la docencia lo ha hecho en paralelo».
Por ello, es importante conocer los nuevos hallazgos de la neurociencia y el papel de las tecnologías de la información (sorprende que sigamos llamándolas nuevas). La nueva información disponible sobre procesos cognitivos y las aportaciones de la tecnología deberían hacer reflexionar a los profesores sobre cómo enseñar y qué enseñar. La docencia tiene que reflejar el mayor conocimiento del que disponemos ahora sobre los procesos de generación y transmisión del conocimiento y el aprendizaje, y cómo estos están cambiando como consecuencia de los cambios digitales. Las tecnologías de la información proporcionan nuevas herramientas didácticas a los profesores, abren la universidad a nuevos grupos de edad y convierten en global el ámbito de actuación de las universidades; pero los retos que están generando son previsiblemente mucho mayores.
Para dar respuesta a las cuestiones anteriores, el número que ahora presentamos de Nueva Revista cuenta con la colaboración de un grupo privilegiado de profesores, cuyos trabajos se reparten en dos bloques. El primero, dedicado a los procesos de selección y promoción del profesorado, se subdivide, a su vez, en dos partes, una dedicada al análisis de dichos procesos en las diferentes ramas del conocimiento y otra que recoge una serie de reflexiones de carácter general. El segundo bloque de trabajos aborda el futuro de los profesores universitarios ante los retos planteados en estas primeras décadas del siglo XXI, tanto con carácter general como consecuencia de los avances de la neurociencia y las tecnologías de la información.
Así, en primer lugar, el profesor Alario hace un detallado y crítico análisis sobre las características del modelo actual de selección del profesorado español; junto con una propuesta sobre cómo debería ser para garantizar su calidad. En especial, destaca los problemas que aquejan a las pruebas actuales y propone una serie de mejoras para esos exámenes, al tiempo que sugiere la utilidad de abrir la contratación de profesorado cualificado en el mercado abierto.
El profesor Alario hace sus propuestas para la rama de Ciencias, que son extensibles al resto de ramas. Con todo, existen algunas áreas de conocimiento con peculiaridades que requieren una atención especial. Tal es el caso de Medicina, como señala el profesor Gil de Miguel, quien llama nuestra atención sobre los profesores asociados vinculados y su importancia, ya que son básicos en la impartición de los cursos clínicos de Medicina. En especial, alerta sobre las dificultades que tienen para desarrollar una carrera académica plena, lo que incluso podría conllevar la descapitalización futura de algunas facultades. Ello le lleva a hacer una serie de propuestas de solución que pasan por la integración de las actividades asistenciales y académicas en una única carrera profesional.
El caso de Humanidades también presenta peculiaridades que son analizadas por la profesora Hernández Sandoica. En su trabajo presenta, en primer lugar, una panorámica sobre las materias, muy diferentes en algunos casos, que se incluyen dentro de la rúbrica genérica de Humanidades. A continuación, hace una serie de reflexiones sobre los cambios experimentados por los modelos de selección y promoción del profesorado universitario, extensibles al resto de disciplinas. Por último, concluye con una valoración de los programas de sus consecuencias para la rama de Humanidades.
«En muchos casos no sabemos qué es lo que deberían saber nuestros estudiantes para desempeñar ocupaciones que aún no existen»
Los criterios de evaluación en Ciencias Sociales son, en principio, similares a los de Ciencias. Así ocurre, por ejemplo, en las áreas de Administración de Empresas, Economía y Psicología; pero hay excepciones en disciplinas como el Derecho, analizado por la profesora Sánchez González. La autora señala las peculiaridades de la investigación jurídica, entre las que destaca la autoría individual, la importancia otorgada a las monografías y las limitaciones que presenta la utilización de los índices de impacto del JCR (Journal Citation Report) para evaluar la calidad de la investigación jurídica. Todo ello se traduce en la necesidad de utilizar criterios específicos para seleccionar y promover a los profesores de las ramas jurídicas.
Tras los análisis específicos, se incluyen una serie de trabajos que abordan el problema de selección y promoción desde un punto de vista agregado. En primer lugar, destaca el trabajo del profesor Gotor, quien analiza los cambios en el sistema de acreditación del profesorado funcionario de la ANECA. En él se presenta de una forma sintética y muy clara cómo funciona el sistema actual de acreditación y cuáles son los principales cambios respecto del que estaba antes en vigor.
A continuación, los profesores Coz, Montes y Mitre estudian el paso siguiente a la acreditación: la convocatoria de plazas, y cómo la ha resuelto la Universidad de Oviedo. En efecto, en esta se ha desarrollado un algoritmo que trata de objetivar este proceso y que incluye una serie de criterios relacionados con las demandas de departamentos y agentes sociales. Los profesores Coz, Montes y Mitre lo explican con detalle y lo completan con la presentación de los resultados de los años 2017 y 2018, lo que les permite atestiguar su grado de satisfacción con el sistema.
El segundo bloque de trabajos lo abre el profesor Alonso, quien hace una amplia reflexión sobre el profesorado universitario español y su futuro. Primero, plantea las consecuencias de la década «terrible» que acabamos de atravesar, para, a continuación, formular una serie de propuestas sobre cómo mejorar nuestra universidad, propuestas que en muchos casos dependen básicamente de la voluntad de los interesados, nosotros. Y esto las hace aún más interesantes porque nos señala caminos que están a nuestro alcance sin esperar hipotéticas reformas de dudosa aplicación.
El profesor Bueno proporciona una panorámica muy completa sobre el funcionamiento y evolución del cerebro y, en consecuencia, de los procesos de aprendizaje y memoria. Y, a partir de ahí, plantea cuáles son los principales cambios en el cerebro provocados por el advenimiento de la era digital; para concluir con unas reflexiones sobre las consecuencias para los procesos de aprendizaje de esas modificaciones.
Hay universidades pioneras en incorporar las tecnologías de la información, como la Universidad Politécnica de Valencia; por ello resulta muy interesante la experiencia que cuenta el profesor Botti sobre el proyecto de clase inversa. En su trabajo no solo describe en qué consiste sino que también presenta los resultados obtenidos de la experiencia, tanto en términos de satisfacción de los alumnos como de resultados académicos. Ambos resultados son positivos, lo que anima a repetir y extender la experiencia a nuevos campos y actividades.
Por último, los profesores Tourón y Martín plantean una reflexión sobre cómo abordar el paso de los procesos de enseñanza (de los profesores hacia los alumnos) al aprendizaje (de los estudiantes). Los autores destacan algunos de los retos docentes a los que se enfrentan los profesores actuales y defienden la necesidad de la formación activa. Efectivamente, la mayor parte de los profesores ha sido autodidacta en el terreno docente; por lo que hay mucho terreno para mejorar la formación y aprender de los mejores y las mejores prácticas.
Pocos días después de hablar con la profesora Zulima Fernández, coordinadora de este número de Nueva Revista dedicado a la selección y promoción del profesorado, encontré, casi podría decir me di de bruces en mi hemeroteca, con un sorprendente titular en uno de los principales periódicos españoles: «Es nefasto elegir a los profesores mediante un examen» (El País,14/03/2015).
El autor de la frase, Reijo Laukkanen, profesor universitario de Política Educativa Internacional en… Finlandia, protagonizaba una larga entrevista en la que desarrollaba esa idea, referida más bien a la enseñanza en las escuelas primaria y secundaria, junto con los envidiables prestigio y consideración social de que son objeto los mencionados docentes de un país que, como se sabe, está en el grupo de cabeza en el debatible y debatido Informe PISA, en el último de los cuales —referido al año 2015— España se sitúa prácticamente en la media de la OCDE.

Ello me llevó, naturalmente, a hurgar en mi memoria del año 1976, en el que saqué el título/empleo de profesor agregado de universidad, en una prueba entre dieciséis candidatos de toda España, para tres plazas, dos en Madrid y una en Palma de Mallorca, en lo que se llamaba un concurso-oposición que tenía más de esta que de aquel y sobre lo que volveré más adelante.
Más interesante me resultó la opinión, en el mismo periódico, del responsable de dicho programa evaluador de la enseñanza preuniversitaria, Andreas Schleicher, físico y director de Educación de la OCDE: «La calidad de la educación nunca será mejor que la calidad de los profesores». Paradigma que vale, pienso yo, para todos los niveles educativos y, particularmente, para el que nos ocupa, el universitario.
Ya desde el principio de mi carrera estudiantil, he tenido la convicción de que «solo enseña bien el que sabe lo que enseña», independientemente de las metodologías, técnicas y condiciones de la enseñanza que se imparte y, también, de que «la vocación se hace más que nace», sobre todo cuando uno encuentra su espacio de confort profesional —los franceses dicen «trouver sa niche»— con lo que podríamos añadir que «uno enseña mejor si le gusta lo que enseña» y, por supuesto, «si le gusta enseñar».
Cabe señalar, llegados a este punto, que se trata de un problema clásico y recurrente de la universidad española y, más aun que, recientemente, una comisión nombrada por el ministro Wert y presidida por la profesora María Teresa Miras, dio lugar a un extenso, valioso y detallado análisis de este asunto. Obviamente, no pretendemos en nuestra reflexión competir o «enmendar la plana» a semejante, e interesante, estudio. Nos limitaremos, más bien a hacer una serie de consideraciones generales y sugerir alguna recomendación al respecto del tema que pueden coincidir o no con las de dicha comisión.
Así pues, tras esta presentación de principios, se trata de sugerir un modelo de selección de profesorado universitario de Ciencias y, en este sentido, tenemos varias opciones. Pero, en primer lugar, me gustaría indicar que, más que seleccionar a un profesor para un puesto concreto de —digamos— catedrático, se trata, en mi opinión, de diseñar una carrera científico-docente, empezando por el principio. Así pues, prácticamente en los últimos años del grado o en el máster, uno se inicia, se debe iniciar, como alumno ayudante de clases prácticas o de problemas. Ahí se haría ya una primera selección, por parte de una comisión del departamento, a través del expediente académico, la destreza en el laboratorio o las aulas de informática o equivalentes y otros méritos, y con una entrevista con los miembros de la comisión.
Ya en este primer paso se sobreentiende que, en las carreras de ciencias, las prácticas de laboratorio son fundamentales, como lo son las prácticas clínicas en las carreras médicas, las de campo para los geólogos y así para todas ellas. Y me permito señalar, con cierta nostalgia revestida de crítica inmoderada, el deterioro de la formación práctica, que ha perdido gran parte del empleo del tiempo curricular en esas carreras, aumentando el de las tutorías que podrían perfectamente reducirse en número y entroncarse con aquellas. Por supuesto que en todas las carreras universitarias hay prácticas de uno u otro tipo y, lo que antecede, se aplica a todas ellas en la modalidad que convenga.
Dícese de la investigación que es como el oxígeno que recorre las venas de la universidad (véase Líneas de Investigación UCM en cuatro volúmenes: Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias. Editora: María Alario y Franco. Fundación General de la UCM, 1995) y es evidente que, en esta aun venerable (aunque el adjetivo suene a rancio…) institución, nadie debe limitarse a transmitir los saberes conocidos; se trata, muy al contrario, de progresar en el conocimiento a través de la investigación científica, por lo que en la carrera docente el segundo paso consiste en la realización de una tesis doctoral y, a este nivel, los doctorandos pueden y suelen ser, simultáneamente, ayudantes, demostradores, o asistentes de prácticas y problemas; y en los dos o tres últimos años de los tres o, más bien, cuatro que suele/debe durar una tesis doctoral, participar también en los seminarios.
En buena medida, estas funciones pueden combinarse con las tutorías que actualmente atosigan a los docentes desde la introducción del último plan de estudios general de (casi toda) la universidad europea, el denostado Plan Bolonia. Cierto que la tesis doctoral no la debe hacer todo el mundo; el doctorado no debe ser un puesto de trabajo en vista de las eventuales dificultades del mercado laboral. Debe ser algo motivado por el interés del alumno y, porcentaje importante, por su capacidad, conocida a través de sus resultados académicos y por su participación en grado y máster en esas actividades.
Con la tesis doctoral consumada, esto es, cuando la idea de la misma pasa de hipótesis a tesis, y una vez redactada por el doctorando, corregida por su/s director/es y defendida ante un tribunal competente en el tema e independiente, en el que no haya más de un miembro del entorno próximo del candidato (i.e., el departamento o similar), y suponiendo que se quiere emprender una carrera científica y docente, lo habitual es realizar un periodo postdoctoral en una universidad distinta y distante de la del candidato.
Conviene recordar que, en muchos países, la eventual contratación de profesores no se puede hacer entre aquellos de sus doctores que no hayan efectuado una estancia suficientemente larga como para aprender una nueva técnica o línea de investigación en centros distintos del que contrata. En particular, eso es moneda corriente en EE.UU., donde están algunas de las mejores universidades del mundo (clasificaciones Shanghái y otras) —pero no todas ellas lo son, ni mucho menos—, pero no solo en ellos…
«Desde el principio de mi carrera estudiantil, he tenido la convicción de que «solo enseña bien el que sabe lo que enseña», independientemente de las metodologías»
En la universidad británica tradicional —y varias de ellas figuran también entre las primeras— la carrera docente se estructuraba en los tiempos en que yo me encontraba como postdoctorando a partir del demonstrator —lo que yo fui curso y medio en la Universidad de Gales— y seguía con los lecturer, senior lecturer, reader, senior reader y, por fin, professor y, en principio, todos ellos tenían su línea de investigación. Por otra parte, todos eran comandados por el head of department que daba, aún da, pocas clases, algo así como media docena al año, lleva una o varias líneas de investigación y se preocupa —generalmente mucho y bien— de que el departamento sea bueno en su triple vertiente: docencia, investigación y convivencia. Era también costumbre en ese modelo —a menudo llamado anglosajón— que cada uno, o al menos la mayoría, de esos enseñantes publicara uno o varios libros de su asignatura que, con la ventaja del inglés como lingua franca, sobre todo científica, se convertían en textos obligados por todo el mundo.
Bien, pues a mí me parece que, en nuestra universidad, se debe seguir una carrera científica de ese estilo y considero muy desafortunado que, en la actualidad, en la universidad española solo existan dos figuras docentes y apenas diferenciadas en sus funciones y poco más en las remuneraciones. Además, una clase magistral se cuenta a efectos de cumplimiento del horario como una hora de laboratorio. Aunque admito que todo ello facilita el alcanzar la cima docente (bastante relativa, por cierto), el alcanzarla muy pronto puede ser desmotivador y, en bastantes ocasiones que no me atrevo a cuantificar, reduce el esfuerzo investigador y perjudica a la institución y, ciertamente, a los alumnos.
Y en esa carrera científica, el paso, la promoción, de un escalón a otro debe tener algún tipo de selección. No todos los ayudantes tienen que llegar a titulares, como no todos los readers llegaban a professors.
Se trata pues de seleccionar a los mejores y para ello hay, desde luego, diferentes procedimientos.
Al principio de este artículo me refería a mi propio caso para devenir profesor permanente de la universidad. El concurso-oposición. Este procede en gran medida de los antiguos gremios profesionales que controlaban las actividades de una determinada profesión. Vestigio de ello son los nombres de las calles de los cascos antiguos de nuestras ciudades: toneleros, bordadores, alfareros… Con ese control, que incluía el modo de acceso a la profesión, que a menudo pasaba de padres a hijos u otros parientes, se limitaba, incluso se impedía, la competencia.
En el ambiente universitario, la situación era parecida pero mucho más rigurosa, ya que para alcanzar un título universitario, era imprescindible cursar una serie de estudios reglados. Recogiendo brevemente el caso de la Universidad de Salamanca, que acaba de cumplir nada menos que 800 años y que tan bellamente se describe en un precioso libro que se acaba de publicar sobre la(s) ca- tedral(es) de Salamanca (Catedral de Salamanca: Corazón de una ciudad universal. Director F. Moya Ramos: Editorial artiSplendor. Salamanca 2016; pág. 136 et seq.), en esta se expedían tres títulos: Bachiller, Licenciado y Doctor o Maestro. Y el examen, que se desarrollaba en la capilla de Santa Bárbara, constaba de tres partes, ejercicios decimos hoy: Anuncio, por el tañido de la campana mayor de la catedral la noche antes. Víspera, en la que graduando, padrino, varios miembros del claustro y los testigos concurrían a dicha capilla para la asignación de puntos —esto es, los temas objeto del examen—, que se sacaban a suerte picando tres veces con un estilete en el canto de los libros correspondientes a la disciplina y elaborando de esas páginas las preguntas. Conviene, desde luego, la intervención del azar… El candidato se iba con ellas a su casa y preparaba esos temas de los que se respondía a las preguntas al día siguiente, día del Examen, tras una colación para los asistentes que culminaba la procesión académica que llevaba a todos a esa capilla.
Además de los examinadores, podían hacer preguntas otros licenciados o doctores presentes, sana costumbre que aún se mantiene en muchas de nuestras universidades. La prueba consistía en el desarrollo de esos tres temas y de las preguntas que los examinadores hacían sobre cada uno de ellos. Tras el primer ejercicio se servía una colación («seis platos y los postres», dice el texto citado). Y ya seguían los otros dos ejercicios esta vez sin colación pero con cuatro argumentos (preguntas) de los examinadores que el candidato tenía que debatir o rebatir. Tras ello, el graduando abandonaba la sala y los examinadores, en votación secreta, tomaban una letra A(probado) o R(eprobado) y las introducían en una urna dorada. Contabilizadas las letras, el secretario comunicaba el resultado. Si era satisfactorio, se anunciaba la hora de colación del grado para el día siguiente en el que se organizaba con gran pompa la procesión académica final en homenaje al recipiendario.
Bien pues, el examen correspondiente a la oposición (lo de oposición viene de que —como en los gremios— el tribunal se oponía a la entrada de un nuevo miembro a menos que… fuera suficientemente competente o tuviera los mejores padrinos) en que participé en 1976, algo así como 500 años después de la ceremonia salmantina descrita, había ¡seis ejercicios, seis! Presentación y entrega de los temas, historial, lección magistral, lección extraída a suerte de un programa de unas cien lecciones correspondientes a las dos asignaturas principales, y que se podía «preparar» en cuatro horas encerrado en una sala con los libros que uno quisiera llevar y, eventualmente, con alimentos y bebida no alcohólica y con uno o dos catedráticos vigilando en la puerta para que nadie pudiera pasar la lección al encerrado (ejemplos hubo de que, a veces, ese o esos dos miembros del tribunal hicieron la vista gorda); ejercicio práctico de laboratorio (en el caso de las oposiciones a cátedras de Química Analítica, el presidente del tribunal pedía al mozo de laboratorio un vaso con dos litros de agua destilada caliente y cada uno de los miembros del tribunal añadía el polvillo de una papelina que aportaba a la prueba. 100 cm3 de esa disolución —en la que a veces quedaba un resto insoluble— se entregaba a cada opositor que, a lo largo de esos cinco o seis días, tenía que analizar y descubrir los iones presentes con el equipo personal de reactivos que traía. A veces, incluso, había que realizar posteriormente el análisis cuantitativo de alguno de ellos) —cinco días— y dos temas elegidos a suerte de entre diez indicados a los candidatos el día de la presentación…Tras la realización de cada uno de los ejercicios por cada candidato se realizaba la llamada trinca, en la que, cada uno de ellos, podía criticar las presentaciones de los demás; sin embargo, en mis tiempos de opositor, este tipo de abogado del diablo había caído en desuso. Los que sí preguntaban, desde luego, eran los miembros del tribunal y a menudo —o, por lo menos, a veces— con mayor entusiasmo, por no decir frenesí, incluso agresividad, a los candidatos del o de los otros miembros y ponderaban al alza los propios. Y no eran raros los enfrentamientos entre escuelas o, más bien, camarillas que trataban de vengar resultados de oposiciones anteriores.
Aunque, naturalmente, el resultado de la oposición dependía mucho de la competencia de los opositores, los miembros del tribunal jugaban el papel determinante… De ahí que en las coplillas referentes al asunto se dijera que de las condiciones que había de cumplir un candidato, «la primera y principal (era) tener un buen tribunal».
Y, efectivamente, a lo largo de los años, de la filiación de los diferentes miembros del tribunal mucho dependía el resultado de la oposición. Obviamente, aunque de los cinco miembros del tribunal tres fueran elegidos a sorteo entre todos los de la disciplina en activo en toda España, las influencias políticas, religiosas y aun económicas influyeron de manera decisiva. En los años de la dictadura las diferentes camarillas del régimen: miembros del Movimiento y militares en lo que se llamaban tribunales patrióticos —muy al principio—, la Democracia Cristiana y, sobre todo, el Opus Dei, dejaron poco espacio académico a las ideas más liberales e izquierdosas. Pero no había que ser miembro de una de esas organizaciones para conseguir una cátedra y es obvio que muchos profesores de nuestras universidades llegaron a serlo sin pertenecer a ninguno de estos u otros grupos. Obviamente, este sistema tenía complejidad y exigencia excesivas aunque, debido a esta, la mayoría de los catedráticos al menos conocían su materia y muchos aportaron una incipiente investigación de la que surgieron bastantes de los muchos grupos hoy existentes en España. Este procedimiento es, no obstante, de difícil aplicación cuando el número de universidades es elevado, sobre todo si se crean de golpe varias de ellas y hay que cubrir las plazas a toda prisa como así ha ocurrido en los últimos años.
De ahí que el sistema se ha ido modificando continuamente a partir de la deseada y afortunada llegada de la democracia. No es este el lugar, sin embargo, ni este autor se siente capacitado para ello, de describir la continua evolución de los procedimientos de selección para el acceso al profesorado universitario en la España reciente.
Como es sabido, y ampliamente criticado, la universidad española actual sufre, y mucho, mucho, de endogamia —y no solo de índole familiar directa, nepotismo, también de amigos y, más a menudo aún, de pelotilleros (pelotillero: adjetivo/nombre masculino y femenino; coloquial despectivo: «Que alaba de forma exagerada e interesada o trata de agradar a alguien con el único fin de conseguir un favor o un beneficio»)— hasta niveles insospechados. Dándose la paradoja de que, contrariamente a esos bellos principios de capacidad y mérito que recoge la exitosa Constitución de 1978, son los propios candidatos, apoyados por su(s) mentor(es), quienes en los departamentos, digamos que en muchos departamentos, no se trata de condenar a todos, eligen el tribunal que ha de juzgarles en una prueba que, habitualmente, no tiene trascendencia en su prácticamente siempre positivo resultado. Una prueba en la que no se juzga realmente la capacidad del candidato y menos aún sus conocimientos de la materia que va a enseñar, que normalmente correspondería a más de una disciplina del área de conocimiento en cuestión. Sin embargo, frecuentemente, los triunfadores del dudoso examen solo conocen una asignatura y se aferran a ella en el reparto de enseñanzas que se imparten en el departamento.
Aunque no es objeto directo de este artículo, la evolución de la universidad en los últimos cuarenta años, estrechamente relacionada a la propia evolución de España a partir de la transición y de la entrada en la Unión Europea, ha supuesto cambios enormes, para empezar en el número de universidades, incluyendo la apertura a la universidad privada, que era meramente testimonial en la etapa anterior.
«Nadie debe limitarse a transmitir los saberes conocidos; se trata, muy al contrario, de progresar en el conocimiento a través de la investigación científica»
Según la información del MECYD, en 1970 había en España unos 300.000 estudiantes universitarios (otras fuentes indican la mitad y que esa cifra solo se alcanza en 1975 aunque, en otra página, el mismo autor cifra en 352.000: José María Hernández Díaz. La Universidad en España, del Antiguo Régimen a la LRU (1983). Aula, 9, 1997 pp. 19-44. Ediciones Universidad de Salamanca), mientras que en 1985 ya eran tres veces más, unos 935.000, y en el curso 2016-17 había, según la misma fuente, 1.558.685 en los es- tudios de grado, primer y segundo ciclo (1.291.188, más de cuatro veces más), máster (184.745) y doctorado (66.249) (MECyD de España: Avance de la Estadística de estudiantes. Curso 2016-2017).
El incremento en el número de estudiantes conllevaba el crecimiento en el número
de universidades y a las diez tradicionales (Santiago, Oviedo, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada y Madrid —aunque las tesis doctorales solo se podían presentar en esta que, por aquel entonces, recibía el inevitable nombre de Universidad Central), tras el Mayo del 68 se crearon las —mal llamadas— Universidades Autónomas (pues entonces no lo eran tanto) de Madrid y Barcelona y, por la Ley General de Educación, hasta 1973 se crearon otras once. Entre ellas, la UNED, primera universidad «no presencial» modelada en la Open University británica. Y, desde entonces, el ritmo de crecimiento ha sido sostenido.
De acuerdo con los últimos datos del MECYD (2016) hay en España 84 universidades de las que cincuenta son públicas y, dato muy relevante, están repartidas en nada menos que 234 campus y 113 sedes (también hay 71 escuelas de negocios, de las que 34 son privadas. Algunas de estas se encuentran entre las mejores el mundo… y en ella no hay oposiciones de acceso. ¿Será por que se juegan su dinero?).
Pero no solo creció el número de universidades, de sedes, de campus, también lo hizo la disgregación de los estudios. Este, desde luego, no es asunto reciente y hasta la Ley Moyano (1847), la facultad de Filosofía era genérica, esto es, se estudiaban en ella todos los saberes que no tenían que ver con la medicina o el derecho y se constituía en cuatro secciones: Literatura, filosofía, ciencias naturales y ciencias físico-matemáticas. Pero, como recoge Óscar Farrerons Vidal (Evolución histórica de la universidad española. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica industrial de Barcelona/ Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. Junio de 2005), «esta división era poco drástica porque existía un Preparatorio que establecía un cierto solapamiento entre las Facultades, de tal modo que los estudiantes cursaban no solo las asignaturas de su carrera sino que estaban obligados a asistir a algunas de las demás». La cita sigue: «Para reforzar los lazos que han de fundir los conocimientos de las Facultades en un saber universal, el estudiante, de cualquier Facultad que sea, estará obligado a cursar, en uno o varios de los períodos de estudio, durante su carrera, dos enseñanzas, por lo menos, libremente elegidas por él, de las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias, cuyos alumnos tendrán la misma obligación respecto a las demás Facultades».
Dando un salto de unos cien años, en los sesenta del siglo XX, las facultades de Ciencias, como la de la Universidad Central en la que yo estudié, aunque tiempo atrás se habían separado tanto de las letras divinas como de las letras humanas, eran así mismo, digamos, científicamente genéricas: constituidas por cinco secciones; Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas, Geología y Biología. Pero tenían mucho en común, compartían varias asignaturas, sobre todo las de carácter general que eran tradicionales a todas ellas; en particular el primer curso —selectivo, por cierto—. Y, sobre todo, compartían la administración: un decano, dos o tres vicedecanos y un secretario, más los encargados de cada una de las secciones, que tenían un poder más bien testimonial, o sea poco. Pero esas facultades de Ciencias tenían unas juntas de facultad únicas, y bastante democráticas —¡en pleno franquismo!—, excepto por el decano, que lo nombraba el rector o sea el ministro del ramo —de una terna de catedráticos presentados por la propia facultad—. Y sus decisiones eran colegiadas, o sea que sacar, digamos, una cátedra nueva o reformar alguna asignatura, por ejemplo de obligatoria a optativa o viceversa, cambiar un programa, etc., requería la aceptación por votación en la junta de facultad —en la que, desde luego, había (habíamos) representantes de estudiantes con voz y voto—. Recuerdo aún que, cuando se trató de sacar una cátedra de artrópodos, un conocido matemático se opuso «pues no se podía sacar una cátedra para un animal de cada especie», lo que algunos tomaron por su doble sentido y de ello resultó un cierto barullo, sin gravedad, empero.
Nosotros solo teníamos el primer año básicamente común para las cinco carreras, y aun para los ingenieros, el Selectivo, que iba seguido, para estos, de otro curso común en cada escuela llamadas entonces especiales y luego técnicas superiores, la Iniciación. En humanidades, en lo que se llamaba Filosofía y Letras, tenían más suerte y había dos años comunes y tres de especialización bastante general, por cierto. Recuerdo que en el célebre tranvía de la Ciu- dad Universitaria madrileña uno oía con frecuencia que a la pregunta: ¿Y tú que estudias? La respuesta era «primero, o segundo, de comunes» o «selectivo».
Andando el tiempo, también a partir del sesenta y ocho, y «con el fin de dividir el movimiento estudiantil» (tomado de una conversación en la última junta de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central), se fueron dividiendo las facultades de Ciencias en cinco —a las que luego se uniría la Informática—. Con ello no estoy muy seguro de que se dividiera el movimiento estudiantil, pues de esas diferentes facultades salieron varios líderes políticos que después alcanzarían notoriedad, y bastante poder, llegada la democracia; se consiguió sobre todo multiplicar por cinco —y luego por seis— el número de cargos, cinco decanos, cinco por dos o tres vicedecanos, etc.
La unidad administrativa se iba pues reduciendo y para retocar o cambiar la carrera de, digamos, Química, los químicos se bastaban y sobraban. Lo peor estaba por llegar, sin embargo, y bien pasada la transición, en 1983, se aprobó —cierto que laboriosamente— en el Parlamento español una ley, la LRU, en la que se introdujo, constitucionalmente, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el reparto de competencias entre el Estado y las diecisiete autonomías y dos ciudades autónomas, aunque estas tienen pocas competencias universitarias. Se pasó además de la facultad al departamento, en unidades de doce profesores como mínimo para una disciplina, dentro de un determinada área de conocimiento; con ello el control administrativo y las decisiones —democráticas, eso sí— se iban a tomar en entidades aún más pequeñas y se iba a ir disminuyendo (¿eliminando?) la magnitud de la propia definición de la universidad —la universalidad del conocimiento—. Y ahí culmina, de momento al menos, el problema de la degradación de la toma de decisiones. Efectivamente al ser tomadas por votación en colectivos pequeños, suelen estar decididas por mayorías relativas que pueden/suelen ignorar a las minorías. Así aquellas pueden ir engrosando a costa de las minorías (En Química de Suspensiones y Disoluciones Sólidas, el crecimiento de las partículas grandes a partir de las pequeñas se llama maduración o engrosamiento de Ostwald) al decidir las nuevas plazas y al ir distribuyendo el presupuesto en una reinvención del efecto Mateo en su versión más desigualitaria. O al modificar planes de estudio y horarios del departamento, etc., etc. Y, en ese etcétera aparece el objeto de este artículo: la selección del profesorado universitario.
En 2016 había, en las universidades españolas, de acuerdo con el MECYD, 1.049 centros —facultades y escuelas— y 2.910 departamentos y es probable que aún haya más en el momento actual. Y la selección del profesorado se realiza tras la intervención de un organismo autónomo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que (cita literal) «tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones». Y eso se lleva a cabo a través de dos programas de evaluación de profesorado (PEP Y ACADEMIA; PEP: para el acceso a las figuras de profesor universitario contratado; ACADEMIA: para el acceso a los cuerpos docentes universitarios de Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Universidad) relativos a las tres categorías de profesores universitarios actualmente existentes, concediendo las correspondientes acreditaciones —a veces llamadas habilitaciones en la jerga académica— a los que lo merecen en función de su CV.
«La tesis doctoral no la debe hacer todo el mundo; el doctorado no debe ser un puesto de trabajo en vista de las eventuales dificultades del mercado laboral»
Existe un tercer programa que también se utiliza en la ANECA, CENEAI, precisamente para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios y del personal de las escalas científicas del CSIC, con objeto de que les sean reconocidos los complementos de productividad (sexenios (en la jerga académica se denominaban «Gallifantes», como a los puntos que recibían los niños que acertaban las preguntas de un célebre programa de televisión que había en la misma época)). Y estos sexenios, sobre los que no podemos extendernos mucho en este artículo (puede considerarse que hay un antes y un después en la universidad española tras la llegada de los sexenios. Por primera vez en su historia había un reconocimiento de la diferente calidad científica e investigadora de unos y otros. Terminaba la mediocre época de «café para todos». Más aún, ello iba acompañado de una nada despreciable remuneración económica que, unida a la correspondiente a los quinquenios docentes, asignados prácticamente a todos los profesores numerarios, supuso alcanzar unos sueldos mucho más atractivos. Por dar un ejemplo: consiguiendo todos los sexenios y quinquenios posibles, se llegaba a ¡duplicar el sueldo! Ciertamente que los profesores que disfrutamos de esa renovación salarial estamos agradecidos al equipo del MEC que los implantó con ciertas dificultades, por cierto, a finales de los años ochenta del pasado siglo), son parte muy importante en los procesos de selección, ya que en la mayoría de las universidades se requieren, como mínimo, cuatro sexenios para optar a una cátedra y dos para una titularidad de universidad (este simple asunto tiene además (mucha) influencia, que puede ser negativa, en el ulterior concurso de acceso pues, tal y como decíamos, si la selección de los componentes del tribunal la hace el candidato, aquel considera que «puesto que la condición de dos (o cuatro) sexenios ya se cumple no hay que hacer un examen formal y estricto», olvidando que esa condición es necesaria pero no suficiente).
La atribución de los sexenios de investigación se realiza en base a unos criterios oficiales estrictos, recientemente modificados y definidos con extraordinario detalle, con lo que, aunque laborioso el procedimiento de atribución de sexenios, es claro y, en principio, se puede objetivar. Su base principal, no exclusiva, es, sin embargo, el controvertido, índice o factor de impacto de las revistas científicas, establecido periódicamente por el Institute for Scientific Information o ISI. Siguiendo ese criterio los méritos de investigación se juzgan más bien por el índice de impacto de las revistas en que aparecen los trabajos presentados por los candidatos que por su valor intrínseco. Y ciertamente que si un trabajo está publicado en una revista con elevado índice de impacto —por ejemplo Nature tiene un I de I del orden de 40—, ello significa que lo leerá mucha gente y que para poder publicarlo en ella ha pasado filtros rigurosos o sea que es de buen nivel o calidad. Pero esto perjudica a las áreas minoritarias, poco cultivadas que tienen, lógicamente, menos lectores y menos citas. También se cuentan, desde luego, otros méritos.
No obstante, el sistema tiene algunos defectos notables y, precisamente en estos días, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de una candidata al reconocimiento de sexenios, a la que, según el recurso por ella presentado, no se habían considerado dos de sus trabajos «por no haber sido publicados en revistas de prestigio». Tal y como se recoge en —por ejemplo— el diario El País del 19 de septiembre de 2018, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso establece que «Las investigaciones, las aportaciones presentadas por los interesados, no pueden dejar de examinarse solo por el hecho de que no se publicaran en las revistas o medios incluidos en los índices o listados identificados […]. Ni tampoco están excluidos por esa sola razón de la máxima valoración permitida […]. Dependerá de su contenido la evaluación que merezcan», lo que resulta netamente razonable. (Curiosamente, y según se recoge en la misma noticia de El País, la Sala Quinta del mismo tribunal desestimó un recurso basado en datos idénticos de otro candidato, coautor de los citados trabajos.)
El problema radica claramente, en la cantidad de trabajos presentados a los comités, «diez mil al año, que se han de resolver en cuatro meses», como indica el actual director de aneca, razón por la cual se establecen esos criterios estándar «basados en veintiún elementos». La dificultad, radica, como indica la concursante que, por ese motivo, «se ha pasado de analizar el contenido a hacerlo del continente» y, gracias a esa resolución sus trabajos serán revaluados. A partir de ahora, concluye el director de ANECA, «habrá que considerar (leer y analizar) los trabajos que se detecten de calidad y estén publicados en revistas que no aparezcan en los repositorios».
Por cierto que, además de las clasificaciones de las revistas por el índice de impacto, existen unos polémicos índices numéricos individuales, como el índice de Hirsch, h, u otros similares, bastante de moda y que dan una «medida al peso» de la «calidad» de la investigación individual por, y solo por, el número de citas recibidas y que han sido recientemente criticados en dos declaraciones científicas de principios (Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación. San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). The Leiden Manifesto for research metrics. Diana Hicks, Paul Wouters, et al 23 april 2015 | vol 520 | Nature | 429. A este respecto resulta muy interesante el artículo del profesor A. de Azcárraga, presidente de la RSE de Física en Europhysics news 49/3(2018) 32). Está claro que, si solo se usa el número de citas de las publicaciones, el tipo de revista y el número de autores de los artículos se da una visión reducida y aun sesgada, de la calidad y la importancia de una investigación.
Y lo mismo puede decirse de la evaluación de los méritos para la obtención de las acreditaciones a las diferentes plazas de profesorado cuyos criterios, incluyendo las labores de gestión, también se han actualizado recientemente. Como decíamos al principio, la comisión Miras se mues- tra ciertamente crítica con este sistema.
Una vez que la universidad ha sacado a concurso la plaza, y utilizamos el singular pues rara vez, si alguna, sale más de una y se llevan a cabo los trámites administrativos, se convoca incluyendo el correspondiente tribunal y en ella participan los candidatos aceptados en el concurso que infrecuentemente suelen ser más de uno. Más aun, la propia universidad «prefiere» que haya solo uno, lo que equivale a una «promoción interna» ya que si saca la plaza «uno de fuera» (¿de fuera de dónde?, ¿de fuera de España, de Europa, del mundo?) pues le sale más caro, ya que sería una nueva dotación manteniendo la del candidato local: otra vez pierde la universidad su primer atributo —la cualidad de universal—, y esta vez, por dinero.
Además, reiterando lo inconveniente de la fragmentación, sería un buen paso adelante que salieran, periódicamente, todas las plazas de la misma denominación en España o, si eso no es legalmente posible, al menos todas las que haya en la propia comunidad autónoma y juzgadas por un mismo tribunal; naturalmente que, la asignación de las plazas, se realizaría en orden a los méritos de los diferentes aspirantes que obtuvieran resultado favorable en el concurso.
Pero en el asunto del tribunal hay otro problema de gran envergadura. Aunque en principio lo tiene que nombrar la universidad, en la práctica esta delega en la facultad, que delega en el departamento y en estos el consejo del departamento suele aceptar como miembros del tribunal a los que sugiere el propio candidato, dos del departamento y tres de fuera.
Y llegamos al quid del asunto. Con un solo candidato y el tribunal nombrado de semejante forma, el desarrollo del concurso es próximo a un, breve, momento de gloria —ciertamente relativa— para el candidato, pues, en más o menos una hora, hace una exposición de la que considera la parte más interesante de su labor científica y un bosquejo de una lección del programa, y tras unas preguntas, pocas —generalmente de conveniencia—, obtiene una plaza docente ¡para toda la vida! Y ello sin la exigencia de una demostración pública de sus conocimientos, de su destreza para dirigir un laboratorio, de su capacidad expositiva en el desarrollo de las asignaturas, de su percepción de la metodología audiovisual informática o asociada a Internet y de los programas auxiliares, todo ello necesario para transmitir la materia objeto del concurso y sin cartas de especialistas externos. Por cierto, que este sistema funciona de ese modo tanto con candi- datos buenos como no buenos. No pretendemos decir, ni mucho menos, que todos los acreditados o habilitados que llegan a culminar las pruebas sean profesores malos o malos investigadores. El asunto es que con ese sistema, al reducir a la mínima expresión el número de candidatos y dejar el nombramiento del tribunal en manos de los mismos, en un entorno tan limitado como el de un departamento, se pueden «colar», de hecho se «cuelan», en la universidad profesores permanentes que quizá no lo merezcan —¡que no lo merecen!— y se cierra el paso a otros que sí lo merecerían.
Para evitar este tipo de situaciones, ¡oh, cuán frecuentes!, en los concursos para las cátedras o las titularidades, el tribunal que, reiteramos, debe estar compuesto muy mayoritariamente por profesores de fuera de la universidad objeto del concurso, sacados por sorteo del escalafón de profesores existentes en toda España en ese campo o incluso, alguno(s), de fuera de España debería considerar muchas más cosas que el CV administrativo —que incluye los aspectos docentes ya llevados a cabo por el candidato— y los sexenios. Materia fundamental para ser un profesor universitario (de Ciencias y no solo de Ciencias) son las asignaturas ya impartidas, las clases efectivamente realizadas; así como investigaciones en marcha, mentoreo, características del grupo de investigación generado, si ha lugar, tesis doctorales TFG y TFM dirigidos, publicaciones, congresos, conferencias —especialmente plenarias, invitadas, internacionales—, distinciones y premios, comités editoriales, doctorados o licenciaturas relacionadas con el tema de la cátedra y, en alguna muy menor medida, la gestión universitaria. Creemos, sin embargo, que dedicarse a la gestión muy al principio de la carrera, cuando no se es aún miembro de los cuerpos docentes, limita las posibilidades para hacer méritos científicos y académicos que permitan acceder, precisamente, a la carrera docente. Por ello, no conviene estimularlos puntuándolos mucho en esos baremos.
En cualquier caso, consideramos imprescindible la realización de, al menos, dos pruebas orales y públicas, referentes a esos dos aspectos: investigador y docente, complementadas eventualmente por otra de carácter práctico-laboratorio, problemas, etc., en el caso de las materias esencialmente experimentales.
«Al contemplar el presente de la universidad española, la botella se ve medio llena, pero con una peligrosa deriva hacia medio vacía»
Un breve comentario en relación con la importancia respectiva de los dos aspectos esenciales de la carrera universitaria, el científico y el docente. Creemos que no debe
establecerse a priori la proporción relativa de estas dos actividades y que, el propio tribunal, a la hora de valorar los correspondientes méritos, puede tener su propio criterio pero, en todo caso, el aspecto investigador debe ser francamente mayoritario.
Decíamos para toda la vida, y así es. Pero ¿no sería mejor que, al cabo de, o cada cinco o diez años se pasara algún tipo de revisión, considerando cómo han evolucionado en ese tiempo todos los aspectos que acabamos de mencionar?
En un análisis de este tipo, sobre todo en estos tiempos que, si somos optimistas podríamos llamar comunitarios, conviene echar una mirada a cómo tratan el problema nuestros vecinos europeos/occidentales… Como no cabe hacer un análisis pormenorizado de este complejo asunto, nos limitaremos a describir el muy exitoso modelo anglosajón. En este, se suele resolver la provisión de plazas anunciándolas en una revista científica importante, por ejemplo, en el semanario Nature: Jobs & recruiting, indicando las características de la misma: lo que se va a enseñar, el número de cursos, el área de investigación en que se va a trabajar —aunque, a veces, eso forma parte fundamental del aporte del candidato, para enriquecer la investigación del departamento con ideas nuevas—, los laboratorios de que se puede disponer y las técnicas experimentales accesibles, los fondos de investigación y becas que tendrá la dotación inicial para establecerla. Entre los requisitos se considera, muy en primer lugar, el CV y un número de cartas de apoyo de gente conocida en esa área que informe sobre las capacidades del candidato. Dependiendo de la importancia del puesto ese número puede llegar a ser alto: hasta seis he visto yo en casos de ese tipo. No hay más que abrir el enlace correspondiente para hacerse una idea de cómo funciona ese «mercado de trabajo». A día de hoy 20/09/2018, aparecían en dicha página web 1.818 empleos, distribuidos por (casi) todo el mundo.
De entre los candidatos recibidos, el director del departamento, o una comisión del mismo, hace una primera selección y convocan a una entrevista a los seleccionados. Y de ese conjunto se saca el elegido —a veces para un plazo reducido tres a cinco años— y, posteriormente, tras analizar el departamento la labor realizada le concede la posición permanente o permanencia, tenure.
Dada la importancia que la selección del profesorado tiene para el departamento, il va de soit, que la elección del candidato no se ve influida por la proximidad familiar, académica, política, religiosa u otra, de los aspirantes con el jurado, ya que se descarta de antemano. Y la tendencia es a conseguir contratar al mejor de la especialidad a nivel mundial independientemente de sus características personales.
Sobre esta base, cabe proponer que, para ir acostumbrándose a este sistema abierto, las universidades españolas pudieran contratar en el sistema público hasta un 20 % del profesorado por este procedimiento y, si daba efectivamente resultado —medible, por cierto, a medio plazo—, ir aumentando esta proporción para ir integrándose en este sistema.
No hemos mencionado en este texto la figura, idealmente fundamental para la universidad, del profesor asociado, en teoría una figura eminente de la empresa, la industria, el hospital, los centros de investigación… que aportarían, en unas cuantas clases un complemento indispensable de la labor profesional que la mayoría de los egresados están llamados a realizar. Muy desafortunada- mente, en general, la mayoría de los contratos de asocia- dos tienen por objeto rescatar a colaboradores para los que no hay plazas, «de momento» y que frecuentemente cubren dignamente las labores docentes. Este asunto, como en realidad todo lo referente a la contratación de profesorado, tiene obviamente un decisivo componente económico.
Las líneas que anteceden constituyen el punto de vista de alguien que ha pasado casi sesenta años viviendo de y para la universidad, esencialmente en la Universidad Complutense, en la que ha sido alumno, alumno ayudante, demonstrator, profesor ayudante, profesor adjunto, profesor agregado interino, profesor agregado numerario, catedrático, director de departamento, decano, patrono de la fundación, coordinador de ciencias en la fundación, ídem de los Cursos de Verano, director de los Cursos de
Verano, profesor emérito y, ahora es, profesor honorífico. Y que ha llevado a cabo estancias dilatadas, en total unos ocho años, mayoritariamente de investigación, pero así mismo docentes en Francia, Inglaterra, País de Gales, Italia, Alemania, Estados Unidos, México, Argentina y Colombia. Y que, al contemplar la realidad presente considera que, con referencia a la universidad española la botella está medio llena, pero con una peligrosa deriva hacia la medio vacía.
Hace ya unos años, cuando era vicerrector de Estudiantes en la Universidad Autónoma de Madrid, en una reunión del Consejo de Universidades, en pleno debate sobre la posible apertura de nuevas facultades de Medicina, un rector dijo que por qué no cerraban su facultad de Medicina: le generaba muchos problemas económicos… y siempre le estaban pidiendo más profesores.
Hasta ahora los profesores de los cursos clínicos (cuarto, quinto y sexto de Medicina) han sido asociados «vinculados», con una asignación docente de nueve créditos. El número de profesores asociados oscila entre universidades y va de los 125 a los 300, dependiendo del número de estudiantes por curso. No hay una ratio establecida pero se entiende, y parece que es un buen consenso, que debe haber al menos uno por cada especialidad médica. Aunque las asignaturas clínicas tienen poca docencia teórica, como es lógico tienen mucha docencia práctica, habitualmente en una proporción de tres horas de prácticas por cada hora de teoría. Está, además, todo lo que lleva implícito de coordinación docente entre los centros sanitarios: los estudiantes, independientemente del centro al que estén adscritos, deben recibir el mismo currículo y ser evaluados de la misma forma para mantener así un principio de equidad. Por este trabajo los profesores asociados «vinculados» reciben un salario medio de unos 6.000 euros brutos al año: no llega a los 300 euros netos al mes por profesor. Repetimos: el profesor asociado tiene una dedicación docente de nueve créditos. En muchas universidades algunos catedráticos con al menos cuatro sexenios tenemos una dedicación docente de dieciséis créditos.
Lo anterior explica la necesidad de una figura más de profesorado, no remunerada, que recibe diferentes denominaciones: profesores honoríficos, tutores de prácticas clínicas, etc. Estos «profesores» o «tutores» son los responsables de la docencia práctica y asumen el compromiso de tener a su cargo a los estudiantes durante su rotación práctica en el servicio clínico correspondiente. Aquí no hay límite de número, se suele ser muy generoso y habitualmente se intenta que todos los componentes de un servicio, y por lo tanto, todos los profesionales del hospital universitario, y por supuesto también en los centros de salud, sean nombrados profesores honoríficos. Con ello se garantiza que las rotaciones se cumplan adecuadamente y que el hospital y todos sus profesionales estén implicados en la docencia. Todos entienden que gracias a su trabajo y dedicación se podrán formar los estudiantes del grado de Medicina y los MIR.
Con frecuencia el profesor vinculado siente que no se reconoce su actividad asistencial como parte de la docencia o de la formación, y mucho menos el peso que esta tiene sobre la formación de los estudiantes
¿Pero hasta cuándo un profesor debe ser honorífico?, ¿cuándo debe o podría pasar a ser asociado? No hay procedimiento establecido, lo que causa que la motivación decaiga y que las facultades busquen fórmulas que los estimulen más allá de la docencia, como su apoyo e implicación en la realización de tesis doctorales, o trabajos de fin de grado o de fin de máster, con los consiguientes beneficios para ellos en sexenios. Pero la principal motivación sería que se pudieran convertir en profesores vinculados de verdad, ya sea a través de la acreditación como profesores titulares o catedráticos, o por medio de contratos como profesores contratados doctores.
El proceso de acreditación en Salud es el mismo que para el resto de profesores y eso genera una primera sensación de desigualdad, ya que con frecuencia el profesor vinculado siente que no se reconoce su actividad asistencial como parte de la docencia o de la formación, y mu- cho menos el peso que esta tiene sobre la formación de los estudiantes. Afortunadamente esto ya se ha corregido recientemente en parte, con lo que se ha conseguido que muchos profesionales asistenciales hayan logrado la acreditación.
Ahora bien, ¿qué hacen las universidades para poder convertir esas plazas en las de profesores titulares vinculados con salarios más elevados?
Hay universidades con facultades de una trayectoria larga o histórica, donde ya había un número de profesores titulares y de catedráticos más o menos razonable, aunque posiblemente nunca suficiente. En las más recientes apenas hay profesores titulares y mucho menos catedráticos.
¿Tenemos por tanto que aumentar el número de titulares y catedráticos vinculados? A esta pregunta la respuesta está clara, es sí; pero no se trata de hacerlo de forma indiscriminada o «porque sí», sino de ser generosos con los profesionales que consigan la acreditación, entre otros motivos, porque realmente no son tantos. En Ciencias de la Salud, en el ámbito clínico, la acreditación suele ser muy gradual, al menos en las facultades más recientes.
Es obvio que hay déficit de profesorado en Medicina, pero también que la formación médica tiene singularidades por lo que no es fácil cubrir todas las necesidades como nos gustaría
Actuando de este modo se percibirá que la universidad tiene interés por sus facultades de Medicina y que valora el trabajo de sus profesionales. Además atraerá investigación de valor a la universidad. Poco a poco los profesionales del hospital y de la atención primaria verán a la universidad como suya. Y en la universidad crecerá la producción científica gracias a los profesionales del ámbito clínico. Como sugería, este aspecto quizá no sea tan urgente en las facultades de Medicina más antiguas. Pero en las de reciente creación es clave y puede suponer un cambio muy importante, lo que ya se ha puesto de manifiesto en aquellas universidades que cuentan con hospitales universitarios con institutos de investigación acreditados por el Instituto de Salud Carlos III. De hecho, en algunos casos casi el 50 % de las publicaciones de la universidad provienen de dichos hospitales.
Es obvio que hay déficit de profesorado en Medicina, pero también que la formación médica tiene singularidades por la que no es fácil cubrir todas las necesidades como nos gustaría. Tenemos que pensar en un número mínimo de profesores titulares y catedráticos en cada hospital universitario que permita crear un grupo de referencia para la docencia de los estudiantes y que sirva de ejemplo para la formación de futuros profesores, y que sean el motor de la formación docente e investigadora. Esto pasa también por la creación de departamentos específicos encargados de la formación clínica.
Las facultades más tradicionales, por otra parte, se enfrentan a un proceso de «descapitalización». Muchos titulares y catedráticos se están jubilando y en sus plazas se está reproduciendo el modelo más barato de las facultades nuevas: muchos profesores asociados y muchos profesores honoríficos.
La contratación de profesores titulares o catedráticos vinculados no depende solo de las universidades. Depende también de las comisiones mixtas creadas a tal efecto entre las consejerías de Sanidad y las universidades, donde están representadas ambas instituciones, los hospitales adscritos y los centros de salud. Ello dificulta aún más la posibilidad de sacar una plaza. Hay por tanto una competitividad doble y dos tasas de reposición, la de la propia universidad y la del hospital.
Cuando se crea una plaza de profesor titular o catedrático vinculado, la parte con mayor peso del contrato recae en las universidades, pero estos profesionales mantienen su actividad asistencial, como tiene que ser. Sin embargo, los hospitales suelen aprovechar la reducción del coste salarial de dicho profesor para contratar a otro profesional, lo que no siempre es bien visto por la consejería, que suele por ello reducir costes en su centro sanitario.
¿Dónde estaría el equilibrio? No lo sé, pero hace falta generosidad por parte de las instituciones.
La formación en atención primaria la da un número muy pequeño de profesores asociados vinculados y un alto número de profesores honoríficos, a los que no agradeceremos nunca suficientemente su trabajo
Otra posibilidad es la figura de profesores contratados doctores vinculados. Nos podría ayudar para dar soluciones a corto plazo tanto en las facultades más antiguas como en las nuevas. La presión asistencial a la que han estado sometidos los profesionales de Ciencias de la Salud ha sido muy alta en los últimos años y eso ha complicado la posibilidad de conseguir acreditaciones para plazas de titulares o catedráticos, que como es lógico tienen unas exigencias difíciles de alcanzar para un profesional cien por cien asistencial. Por eso poder acreditarse como profesor contratado doctor y poder optar a este tipo de plazas si se consiguen vincular, abre un horizonte interesante para los profesores asociados: verían una posibilidad de carrera profesional docente en el ámbito universitario.
De esta forma los profesionales asistenciales podrían empezar como profesores de prácticas o profesores honoríficos, y de ahí a profesores asociados vinculados para finalmente dar el salto a contratado doctor vinculado, por supuesto sin bloquear el camino a la titularidad o cátedra. El coste de las plazas de contratado doctor tiene un impacto menor en el conjunto de los presupuestos.
La atención primaria en nuestro país es ejemplar y un referente mundial, que da respuesta al 85 % de los problemas de salud de la población. Un porcentaje muy alto de las plazas de MIR son para este tipo de profesionales. La formación aquí la da un número muy pequeño de profesores asociados vinculados y un alto número de profesores honoríficos, a los que no agradecemos nunca suficientemente su trabajo. No hay, sin embargo, profesores titulares ni catedráticos precisamente porque no existe el área de conocimiento de «Medicina familiar y comunitaria». La creación de esta área nos haría crecer y mejorar. En 2018 celebramos el cuarenta aniversario de la Declaración Internacional de Alma-Ata, donde la pieza clave era la creación de estructuras sanitarias sólidas en el ámbito de atención primaria para dar una respuesta efectiva y eficiente a los problemas de salud de la población.
De todos es bien sabido que el profesorado universitario, a lo largo de su carrera profesional, se ve en la necesidad de someter su producción científica a un continuo proceso de evaluación externa. Así, por ejemplo, el actual sistema de selección y promoción del profesorado exige la previa obtención de la correspondiente acreditación que, en un porcentaje no desdeñable, descansa en la valoración dispensada a la actividad investigadora del solicitante. Como prueba de la trascendencia de la producción investigadora a los presentes efectos basta constatar la importancia que en las Orientaciones generales para la aplicación de los criterios de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (Real Decreto 415/2015), de la ANECA, se dispensa a la misma, hasta el punto de considerar que una investigación de excelencia puede suplir las carencias registradas en la actividad docente del solicitante.
Pero no es este, ni mucho menos, el único hito dentro de la trayectoria profesional de un profesor universitario en el que la calidad (y cantidad) de su producción científica es objeto de valoración. Tal acontece, por ejemplo, en relación con los sexenios de investigación, o con la obtención de financiación para realizar proyectos de investigación, entre otros extremos. Así, a través de los sexenios de investigación se enjuicia periódicamente la labor investigadora del profesorado que «voluntariamente» decide someterse a este examen. Hablamos de una voluntariedad relativa, habida cuenta de las consecuencias que se derivan de la ausencia de sexenios de investigación en la trayectoria curricular del profesorado. Esas consecuencias normalmente van mucho más allá de la no percepción de un simple (y modesto) complemento salarial. En efecto, la carga docente del profesor que no cuente con «sexenio vivo» puede verse incrementada de forma relevante al tiempo que se verá notablemente mermada la posibilidad de formar parte de determinados órganos enjuiciadores.
Hay una indebida apropiación de la labor investigadora por parte de las ramas “científicas”: se ha asociado la investigación al empleo del método científico
¿Y qué decir de la obtención de proyectos de investigación? Los escuetos presupuestos de las universidades no pueden cubrir las necesidades materiales exigidas por la realización de actividades investigadoras. Esto, evidentemente, es una necesidad más acuciante en unos campos del saber que en otros. En todo caso, la obtención de proyectos de investigación externos a la propia universidad constituye un requisito prácticamente ineludible para desarrollar investigación de calidad. Y aquí, nuevamente, la labor investigadora previamente desarrollada por los solicitantes cobra un protagonismo indiscutible. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a los criterios de evaluación de las solicitudes de i+d de carácter nacional, la calidad, trayectoria y adecuación del equipo de investigador aporta el 30 % de la calificación global en los informes emitidos por los expertos externos, siendo así que los currículos de los investigadores sometidos a examen —que constituyen el material básico para cumplimentar esta parte del informe— reflejan, casi exclusivamente, datos relativos a su trayectoria como investigadores.
Ciertamente, se puede ser profesor universitario sin desarrollar actividad investigadora alguna. Con seguridad, todos podemos pensar en algún compañero que podría ejemplificar perfectamente esa afirmación. Pero la generalización de semejante situación se podría calificar no solo de negativa, sino de catastrófica para la institución a la que servimos, pues la universidad dejaría de cumplir una de las funciones básicas que su compromiso social y normativo le exige. Recuérdese que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Universidades, «la investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico» (art. 39.1º).
La repercusión negativa de la ausencia de actividad investigadora afectará no solo a la institución de la que forme parte sino también al propio docente que, en primera persona, padecerá esas consecuencias negativas: un profesor universitario que no investigue quedará relegado al más profundo ostracismo ya que, al no contar con sexenios vivos, verá incrementada su carga docente (lo que, a su vez, reducirá sus futuras posibilidades de investigar), no será llamado a integrarse en grupos de investigación (en la medida en que su currículo no aporte elementos que se traduzca en una valoración positiva del grupo en cuestión), ni podrá forma parte de aquellos órganos colegiados que exijan la posesión de sexenios, etcétera.
Vaya por delante que los reseñados no son, desde luego, los únicos ámbitos en los que la labor investigadora resulta trascendente, pero constituyen, en nuestra opinión, buenos ejemplos de la importancia que reviste esta parte de la función del docente universitario.
Peculiaridades de la investigación jurídica
Dando por buena la afirmación con la que hemos concluido el anterior apartado, la cuestión se centra ahora en reseñar las singularidades que reviste la actividad de investigación en el campo del Derecho, lo que justificaría la existencia de unos criterios de evaluación propios.
Preconizamos la existencia de una investigación propiamente jurídica regida por su propio método y que requiere criterios de evaluación propios
Durante años, los que nos dedicamos a esta rama del saber hemos tenido que soportar que se ponga en tela de juicio el carácter investigador de la labor que, como estudiosos de la misma, realizamos. A nuestro entender, la razón del problema radica en la indebida apropiación por parte de las ramas «científicas» de la labor investigadora, en el sentido de que se ha asociado la investigación en exclusiva al empleo del método científico y a los resultados obtenidos por esta vía.
A diferencia de lo que suele acontecer con esas otras ramas científicas, la investigación jurídica se desarrolla de forma individual, siendo una materia poco propicia para el trabajo en colaboración. Evidentemente, ningún investigador —tampoco el que se dedica al estudio del Derecho— afronta ex novo su objeto de estudio. Por el contrario, la investigación jurídica deberá cimentarse convenientemente sobre las aportaciones previamente realizadas por otros autores (adecuadamente reconocidas a través del correcto ejercicio del derecho de cita). Pero al margen de ello, la labor investigadora del jurista es esencialmente individual, lo que se justifica por la trascendencia que en este concreto ámbito revisten no solo las ideas o conclusiones obtenidas sino también el modo de exteriorizarlas: en Derecho no es solo importante lo que se dice, sino cómo se dice: forma y contenido constituye un todo indisoluble. Y si bien la fase previa de discusión puede efectuarse en colaboración con otros juristas, la fase conclusiva (que es lo que se materializaría en la concreta publicación) supone una toma de decisiones que difícilmente podrían afrontarse del modo compartido que requiere el trabajo colaborativo.
Como prueba de la trascendencia que la autoría individual de los trabajos reviste en el campo del Derecho pueden citarse aquí las indicaciones efectuadas por la CNEAI en relación con los criterios específicos establecidos para cada uno de los campos sometidos a evaluación. Para Derecho y Jurisprudencia expresamente prevé que «el número de autores de una aportación deberá estar justificado por el tema, su complejidad y su extensión» (BOE de 1 diciembre 2017). Esta misma afirmación se repite también en los Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación, del programa de evaluación de profesorado para la contratación (PEP) de la ANECA.
Insistiendo en la misma idea de la conveniencia de la autoría individual, el documento de la CNEAI, en relación con las aportaciones que se presenten bajo la forma de capítulos de libro, expresamente recomienda la exclusión de «la presentación de aportaciones en coautoría, salvo prueba fehaciente de su relevancia científica y con clara explicación de la labor concreta desempeñada por el coautor solicitante».
La autoría individual se traduce en un menor número de publicaciones que las que se obtendrían en caso de afrontar conjuntamente la labor investigadora
De ello puede fácilmente colegirse no solo que ambos textos reconocen la importancia de la autoría individual de los trabajos, sino que también, al mismo tiempo, inducen a la perpetuación de esta metodología (dando lugar a una manifestación más de lo que se suele conocer como «efecto ANECA», esto es, cambios operados en el panorama investigador español y en la toma de decisiones de los propios investigadores con el fin de ajustar los respectivos currículos a las exigencias de acreditación de aquella entidad).
Pues bien, desde un punto de vista eminentemente cuantitativo, la autoría individual de los trabajos ha de traducirse, obviamente, en un menor número de publicaciones que las que se obtendrían en caso de afrontar conjuntamente la labor investigadora. Parece lógico pensar que la división de tareas que implica la metodología investigadora en coautoría permitiría afrontar un mayor número de objetivos y, a la postre, aparecer como firmante en un número superior de publicaciones. La cuestión no tendría mayores repercusiones de mantenerse rigurosamente separados por campos los criterios de evaluación de la actividad investigadora. Pero no siempre sucede así: los distintos rankings a los que se someten las universidades para enjuiciar la labor investigadora que se desarrollan en sus sedes suelen tener en cuenta el volumen global de las publicaciones efectuadas, sin discriminar entre el número de firmantes a los que se les atribuye la autoría del correspondiente trabajo. Ello supone una clara desventaja de las disciplinas jurídicas en relación con esas otras ramas científicas en las que la autoría individual no es la regla general sino la excepción. Como consecuencia de ello, a los investigadores jurídicos se nos tacha con frecuencia de lastrar la valoración de la universidad en los rankings, y todo ello —según los críticos con nuestro modo de proceder— por aferrarnos a unos particularismos metodológicos que, a juicio de estos críticos, hoy en día resultan por completo obsoletos.
El mismo efecto negativo en relación con los rankings se deriva de la selección de los medios que normalmente empleamos para publicar el resultado de nuestras investigaciones. Muchos de los rankings se articulan en función del número de trabajos publicados en revistas que cuentan con un determinado marchamo (al menos formal) de calidad. Nos estamos refiriendo la índice de impacto JCR (Journal Citation Reports) y al cuartil concreto ocupado por la correspondiente revista. A este respecto, nada o muy poco podemos hacer los que nos dedicamos al Derecho por mejorar la posición de nuestra universidad. Analizando el último listado JCR publicado, vemos que dentro de la voz «law» aparecen registradas un total de 152 revistas, número sensiblemente menor que el correspondiente a otras disciplinas de las denominadas «científicas», por lo que las posibilidades de un jurista de publicar en revistas JRC, de entrada, son ya más reducidas.
De las 152 revistas indexadas bajo el índice de impacto, sólo hay 13 que no responden a la tradición del Derecho anglosajón
Pero si analizamos con detalle las revistas JRC que se relacionan en el campo del Derecho, el panorama resulta aún más desalentador ya que, con alguna excepción a la que posteriormente me referiré, ninguna de las que entre nosotros (los investigadores del Derecho en España) gozan de un mayor prestigio aparecen en el mencionado listado. En efecto, esta relación de revistas JRC se encuentra integrada, en su mayoría, por publicaciones anglosajonas (procedentes de EE UU, Reino Unido, Australia y Canadá, con claro predominio de las primeras) de modo que de las 152 revistas indexadas solo hay trece que no responden a esta filiación.
La importancia de este dato se subraya al reparar en las diferencias que existen entre los sistemas legislativos de civil law y common law. No podemos profundizar aquí en las grandes diferencias que separan a ambos sistemas legales, diferencias que dificultan notablemente el acceso de nuestros trabajos a revistas jurídicas concebidas para la difusión de investigaciones que se insertan en una órbita legal completamente diferente. Ciertamente hay quienes entre nosotros se dedican al estudio del Derecho comparado, lo que permitiría un más fácil acceso a las referidas revistas, pero el análisis de las soluciones legales que pueden decantarse a partir del estudio de ordenamientos foráneos —que difícilmente podrían tener cabida en el Derecho patrio— no es una aspiración que centre el interés investigador de un excesivo número de juristas.
La situación no es más favorable en relación con las trece revistas restantes: dos de ellas son asiáticas (huelga todo comentario acerca de la dificultad que puede representar para un jurista español publicar en una revista radicada en Taiwán o Corea), ocho holandesas, una Chilena y dos españolas. De estas últimas, una de ellas es European Journal of Psychology Applied to Legal Context, publicada por la Sociedad Española de Psicología Jurídica Forense, que, pese a que aparece en el listado correspondiente a Derecho, en la propia clasificación de la revista indica que pertenece a los campos de «derecho, psicología y multidisciplinar». En todo caso, dado el carácter específico de la revista, no parece excesivamente indicada para la publicación del trabajo jurídico procedente de cualquier otro ámbito del Derecho. El índice del último número de esta revista (vol. 9, n.º 2, julio 2017) corrobora esta idea, pues todos los trabajos jurídicos del mismo han sido elaborados por estudiosos del Derecho penal.
La segunda de las revistas jurídicas españolas en JCR es la Revista Española de Derecho Constitucional, editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que cuenta con reconocido prestigio entre los juristas españoles. Así pues, el investigador jurídico español tendría bastantes dificultades para publicar en una revista JCR (como acabamos de indicar, nuestro panorama se reduce a, prácticamente, una única revista de este tipo).
La monografía en que se suele traducir la tesis doctoral constituye la más valiosa tarjeta de presentación de un jurista
Pero tal vez la pregunta que deberíamos formularnos es otra: más allá de la conveniencia de contribuir al mejor posicionamiento de la propia universidad en los correspondientes rankings, ¿estarían interesados los investiga- dores del Derecho en difundir sus conclusiones en estas revistas JCR? Posiblemente no. La razón de semejante respuesta se entiende si tenemos en cuenta el orden de prioridades que para el investigador universitario representa su afianzamiento y promoción profesionales. Aquí, nuevamente, juega un papel decisivo el «efecto ANECA»: en el documento ya citado sobre Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación, expresamente se señala que «en este campo —Derecho— también se utiliza como referencia de calidad para las publicaciones españolas la base de datos DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas».
Pues bien, efectuando la búsqueda correspondiente en la base de datos indicada, hemos podido constatar la ausencia de revistas JCR en dicho listado (a excepción de la Revista Española de Derecho Constitucional). Esto quiere decir que, al margen de esa revista, los investigadores jurídicos estarán interesados, de cara a su proyección profesional, en la inserción de sus trabajos en revistas que estén bien posicionadas en las bases de datos tenidas en cuenta por las instituciones encargadas de acreditarlos o reconocerles sexenios de investigación. En otras palabras: en la elección del medio de difusión de los resultados de la investigación primarán los intereses personales por encima de los generales de la institución en la que preste sus servicios (lo que, de otra parte, nos parece una opción sustancialmente legítima).
En otro orden de consideraciones, y como nota también característica de la exteriorización de los resultados de la investigación jurídica, hemos de destacar la importancia que en nuestro ámbito se dispensa a los estudios monográficos, a los libros. Ello vuelve a alejarnos de los criterios que priman en la valoración de la investigación de otras ramas del conocimiento, que suelen reducir el análisis de la producción investigadora a las publicaciones periódicas con proceso anónimo de revisión por pares. Pese a los esfuerzos en contrario efectuados por quienes intentan hacer tabla rasa de nuestra tradición metodológica, todavía hoy los resultados de investigación difundidos bajo la forma de libros y capítulos de libro tienen una enorme trascendencia entre los investigadores del Derecho. Ello es predicable singularmente de la monografía en que se suele traducir la tesis doctoral y que constituye la más valiosa tarjeta de presentación de un jurista.
La trascendencia que entre nosotros se otorga a este tipo de publicaciones procede de la consideración de que, tras un libro, existe un estudio mucho más completo, preciso y profundo que el que precede a la publicación de un artículo. Afortunadamente, la normativa reguladora de nuestra actividad investigadora así parece considerarlo. En este sentido, la resolución de 25 octubre 2005, sobre evaluación de sexenios de investigación, para el campo de Derecho y Jurisprudencia, indicaba como criterio de orientación para la obtención de una evaluación positiva la necesidad de que una de las aportaciones «sea un libro de investigación que cumpla con los requisitos que se especifican». Tal exigencia desapareció del tenor literal en los posteriores textos reguladores pero ha seguido permaneciendo de forma más o menos subliminal porque en las distintas normas que cada año se dictan para ordenar el proceso de petición y concesión de sexenios se suele contener la misma indicación relativa a la imposibilidad de valorar «como aportaciones distintas cada una de las contribuciones en que haya podido ser dividida una misma investigación en el caso de que, por su contenido y características, debiera constituir una única monografía».
¿Y qué decir de la relevancia que se otorgan a las monografías en las normas de ANECA sobre la acreditación del profesorado? Los últimos criterios de evaluación publicados (noviembre 2017) señalan expresamente el número de libros, capítulos de libro y artículos necesarios para la obtención de la correspondiente calificación de la actividad investigadora. Basta un simple intercambio con algún compañero que se encuentre en trance de acreditación para constatar que el mayor esfuerzo a los presentes efectos deriva de la necesaria presentación de un número de monografías relevantes, ya que no se pueden improvisar, requiriendo un largo tiempo de estudio, reflexión y elaboración.
En definitiva, y a modo de conclusión, lo que sostenemos es que la investigación jurídica posee peculiaridades propias que afectan tanto a la metodología como a los medios de difusión de sus resultados. Dichas peculiaridades, tal como hace buena parte de las normas encargadas de la evaluación de los resultados de la investigación, deben ser tenidas en cuenta, pues tan discriminatorio resultaría tratar de forma desigual a aquellos en los que concurren idénticas circunstancias como la aplicación de los mismos criterios a aquellos con circunstancias sustancialmente distintas.
De manera más impresionista y subjetiva, quiero reconocerlo desde ahora, que cuantificada y objetivable —producto en parte de mi experiencia directa en el proceso que se valora aquí—, en esta reflexión intentaré mostrar que, más allá de las obvias diferencias en cuanto al valor concedido en las Humanidades al principal soporte de resultados de la investigación (libros versus artículos, como asimismo sucede en parte de las Ciencias Sociales), obviando la incipiente y escasa representación de nuestras revistas en los repertorios JCR (Journal Citations Report para la medición del factor de impacto, o WoS (Web of Science, que son tareas en proceso), tanto las presuntas virtudes del sistema como sus deficiencias obedecen a un patrón común; y que sus efectos prácticos —positivos y también negativos— son, en lo que actualmente se llama «Área de conocimiento E. Arte y Humanidades», visiblemente similares al resto de los ámbitos de conocimiento sometidos a consideración.
Hay que aclarar también que otra serie de indicadores de calidad existen, como es el caso de dice, por ejemplo, para Humanidades y Ciencias Sociales, o que la incorporación a SciELO (plataforma integrada a su vez en WoS) es cada vez más abarcadora, también para revistas del campo humanístico. No obstante, la aplicación determinante para acreditar o no ha sido, en este ámbito, el número de sexenios obtenidos, junto a la suficiente aportación en el resto de los apartados. Ante todo, hay que considerar que bajo el rótulo general de «Humanidades» se encuadran materias muy di- versas —y algunas de tan larga andadura en el entorno cultural de Occidente, pero no solo en este, como son la Filosofía y la Historia—, las cuales se ven agrupadas a su vez en tres bloques para la evaluación del profesorado: Historia, Filosofía y Geografía; Filología y Lingüística; y, respectivamente, Historia del Arte y Expresión Artística. Los dos primeros bloques, sometidos a criterios de evaluación muy similares, con exigencia simétrica en número de aportaciones e indicadores específicos, contienen a su vez las siguientes especializaciones por orden alfabético: Análisis Geográfico Regional, Arqueología, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Filosofía, Geografía Física, Geografía Humana, Historia Antigua, Historia Contemporánea, Historia de América, Historia de la Ciencia, Historia Medieval, Historia Moderna, Lógica y Filosofía de la Ciencia, además de Prehistoria, todas ellas incorporadas a la construcción disciplinar en momentos históricos y situaciones muy distintas, con inspiraciones teóricas y marcos metodológicos muy variados, pero agrupadas ahora todas en el primero de esos bloques.
Son, como bien se ve, las «áreas de conocimiento» que quedaron definidas por el legislador en los años ochenta del siglo XX, y que enseguida sirvieron para la configuración de los departamentos como unidades de docencia e investigación por vez primera en nuestro país, ya que su definición como tales no es nada antigua en nuestro panorama académico, pues data solamente de la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria, LRU, en el año de 1983.
En el segundo de esos grandes bloques, Filología y Lingüística, se agrupan a su vez los Estudios Árabes e Islámicos, los Estudios de Asia Oriental, los Estudios Hebreos y Arameos, la Filología Alemana, la Catalana, la Eslava, la Francesa, la Griega, la Inglesa, la Italiana, la Latina…, más la Filología Románica, la Vasca, la Gallega y Portuguesa, la Lengua Española, la Lingüística General, la Indoeuropea, la Literatura Española, la Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y el área de Traducción e Interpretación. Como puede observarse ya solo con la enumeración del repertorio, se trata de disciplinas en su mayoría de larga tradición en cuanto a estudios y publicaciones, unas mucho más nuevas que otras (aunque estas ya tampoco lo sean tanto, como sucede con la Lingüística, disciplina estrella en la primera mitad del siglo XX en cuanto a innovación).
La aplicación determinante para acreditar o no, en el caso de Humanidades, ha sido el número de sexenios obtenidos
En cualquier caso, se trata de materias sometidas a reglas de comportamiento y tradiciones investigadoras de distintas matriz y perspectivas, al tiempo que de expectativas escasas muchas veces, o incluso interés nulo, en cuanto a avenirse a sumarse a la difusión de resultados en lengua inglesa en revistas consideradas internacionalmente de alto impacto, tal y como parecería ya obligado con carácter unánime, y como ya se ha hecho realidad en las últimas décadas en muchas otras áreas, incluso en algunas de las propias materias de Humanidades, abiertas progresivamente a la digitalización. Sucede, sin embargo que incluso acudiendo a esa llamada del inglés, de potente resonancia y contagio juvenil, nada o muy poco va a añadir ese esfuerzo a la calidad intrínseca de la investigación que se realiza en otras lenguas, las oficiales en España y, en especial el castellano, que sigue teniendo obviamente un mercado académico ultramarino amplio y acogedor. La polémica en torno al uso de las lenguas en estas materias, que aflora de vez en cuando entre nosotros, no ha tenido sin embargo el eco social —ni siquiera académico, estrictamente hablando— que el mismo asunto tiene, sobre todo, en Francia. Y hay que reconocer que el reconducir hacia esos parámetros, propios de las ciencias experimentales y sanitarias, a las Humanidades no mejora por fuerza la investigación. Sí aporta en cambio activos, de manera obvia, para su difusión.
Finalmente, en el bloque tercero, de Historia del Arte y Expresión Artística —que, en función de su dualidad constitutiva ofrece resultados internos de lectura diferenciados de manera clara y transparente en cuanto a los conceptos y usos del término «investigación»—, se contienen, para su evaluación por parte de ANECA, las áreas de Dibujo, Escultura, Estética y Teoría de las Artes, Historia del Arte, Música y Pintura… Así pues, ¡todo un universo de lo que en otro tiempo considerábamos cultura!, la alta cultura o cultura a secas, en una aplicación del término ciertamente reduccionista porque dejaba fuera el interés sociocultural por la ciencia, aparecería subsumido en lo que, según las últimas instrucciones de ANECA en 2017, se consideran los apartados E.19, E.20 y E.21, con sus requisitos mínimos específicos para lograr la acreditación a distintas figuras de profesor.
El debate sobre el sentido y el futuro de las Humanidades en la educación superior, que especialmente en ciertas universidades y contextos norteamericanos tanta tinta hizo correr hace unas cuantas décadas, no ha tenido en España un eco suficiente, a mi modo de ver. Ha habido, sí, escritos más o menos afortunados —quizá más lo segundo que lo primero— lamentando la pérdida de valores humanistas en el medio social, una pérdida que vendría dada como consecuencia parcial del declive de la universidad, del descenso o incluso el hundimiento de su prestigio y su valor social, de su falta de conexión con el entorno, del ensimismamiento narcisista de su profesorado, del talante acomodaticio e inmovilista y, últimamente, con la perversa caja de resonancia de los medios de comunicación, de mecánicas internas de corrupción. Una corrupción de la que no estarían libres los responsables ni políticos ni gestores, sin que ello parezca irse a arreglar.
El desánimo evidente de muchos de los docentes sin embargo, más transparente y al descubierto en los ámbitos humanísticos quizá, no parece proceder exacta o principalmente de ahí, sino de un factor más interno: una proyección retrospectiva melancólica que ejemplifica, por no citar más que un texto que fue en su momento muy aplaudido (sin que deje de suscitarme a mí, personalmente, reparos e inquietud), el libro del catalán Jordi Llovet, catedrático de Literatura, Adiós a la universidad. El eclipse de las Humanidades (Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2011). Claro está que la universidad que conocimos —y habría que decir que, casi sin duda alguna, idealizamos o estereotipamos— ya no está aquí ni va a volver a materializarse; y es incluso penoso argumentar —en un contexto como el español— que su vuelta fuera deseable. Sea como fuere, lo que consideramos como «efecto Bolonia», el impacto emocional y práctico descargado como un flagelo sobre la función docente al modo clásico, ha sido, y está siendo, demoledor.
Como uno de sus efectos indirectos más lamentables, efecto no pretendido seguramente pero pronto visible, podríamos entender acaso que, de manera indirecta, estorba en muchos casos la relación entre maestro y discípulo. George Steiner, en sus jugosas Lecciones de los maestros (Madrid, Siruela, 2004), escritas al borde de su jubilación, no nos avisó sin embargo con suficiente fuerza de que un mal como este se extendería rápido, incluso sin necesidad de caer en la lectura depresiva que él mismo ofrece de la crisis de la «profesión del profesor», de sus terribles dudas y vacilaciones al respecto. Un asunto complejo el de esa relación estructural, en cuyo diagnóstico certero es difícil convenir francamente, tan grande y tan difusa como es entre nosotros la disparidad de criterios sobre lo que es (y lo que debería ser) un profesor o profesora adecuados al máximo al oficio.
No opino ya, para no dificultar el acuerdo, sobre la praxis docente óptima diseñable, aquella a la que deberíamos aspirar. Anteponiendo la investigación a la docencia por un imperativo científico generalizado, la ANECA ha fijado sin embargo igualmente unos criterios mínimos para la segunda a través del programa Docentia, un mecanismo de evaluación a mi modo de ver imperfecto y frío, que ritualiza, cristalizándola y convirtiéndola en un trámite burocrático más, la interacción científica y el ejercicio de guía y transmisión de experiencias para el aprendizaje que caracteriza tanto a la enseñanza universitaria como, en el fondo y según el objeto y el nivel, a todo esfuerzo de estimulación cognitiva. Sin embargo, los gestores se muestran optimistas en cuanto a la mejora de resultados en la docencia (véase La Universidad Española en cifras, 2015- 2016. CRUE, 2017).
Modelos de enseñanza y de preparación de los docentes universitarios hay, a estas alturas de una profesión que lleva más de ocho siglos de rodaje —aun con cambios evidentes—, más de uno. Y son modelos bien distintos a veces, muchos los que han mostrado —y todavía siguen mostrando— su eficacia. Me limito ahora a señalar unas cuantas de sus notas básicas más comunes. Así, para la selección del profesorado, se propugna una alta exigencia en la preparación y actualización de quien a ella opta (tan- to preparación científica, con alto peso de la originalidad y la constancia en el esfuerzo, pero también preparación didáctica, primando en este aspecto no tanto las esquemáticas y escleróticas instrucciones normativas, como las aptitudes naturales de comunicación y, no lo olvidemos, siempre pulsándola a través de entrevistas personales, la vocación del candidato o candidata). Curiosamente, las universidades privadas, en las que mínimamente se realiza investigación, arrojan resultados más positivos en la valoración docente. No conozco ninguna exploración a fondo de sus posibles causas.
Estabilización y promoción se han convertido, en menos de dos décadas, en las máximas obsesiones de la mayoría de los equipos rectorales y de los sindicatos
Como corolarios del principio de reducción ideal del número de alumnos, hay que señalar dos: una consideración corporativa elevada del profesorado universitario, en el mejor sentido de la expresión, con la remuneración adecuada y muchas veces diferenciada según una valía objetivable (tambaleándose sin embargo aquella consideración cada vez más, hay también que decirlo). Y, sobre todo, el someterse a la evaluación periódica —y obligatoria— del desarrollo de su doble función. Pocas veces la estabilización de por vida, en un mismo puesto académico y lugar, ha sido origen de una producción fructífera y constante, si no en cuanto a docencia —que ahí sí es posible lograr una continuidad cualitativa con más facilidad—, sí en cuanto a la (más que necesaria, imprescindible) innovación periódica en objetivos y líneas de investigación. Las excepciones a esta regla, claro está, son y serán sin duda más de una.
Es cierto que hasta los modelos más sólidos, o las culturas académicas más exitosas, han sufrido y están sufriendo deterioros visibles desde hace unas cuantas décadas; y que esto es perceptible hasta en aquellas pocas universidades que, para muchas especializaciones o modos de articular los conocimientos humanistas, han sido posiblemente míticas (Oxford y Cambridge desde luego, tanto como muchas de las norteamericanas más prestigiosas, aquellas en las que el debate sobre el canon de saberes establecido, puesto en peligro desde los años sesenta del siglo XX por la proliferación de corrientes teóricas anticanónicas o ideas antisistema, más se habría dejado sentir). Pero siempre prevalece un principio fundamental que ha sido clave, históricamente hablando, en la objetivación de la calidad educativa —la educación a todos los niveles, y no menos que en los más básicos y precedentes, en la propia educación superior—, un principio que consiste tan solo en que el número de alumnos a enseñar, el colectivo de estudiantes que corresponda atender a un profesor, sea un número abarcable, incluso reducido. Las cifras oficiales, sin embargo, esconden tras las medias estadísticas diferencias enormes en cuanto a reparto de estudiantes por profesor.
Una receta al parecer infalible por tanto, la del ajuste óptimo del número de estudiantes por curso, que por razones económicas además de una escasa consideración social del profesor, se aplica muy poco en la enseñanza pública en España, excepto en aquellas universidades y nuevos títulos —¡tenemos tantas, y tantas titulaciones sin futuro, y sin la calidad media imprescindible en nuestro país, que es difícil en este punto generalizar!— amenazados de supresión, aunque quizá no suficientemente por miedo a la respuesta. Quienes disfrutando de un grupo reducido de estudiantes no obtienen de ellos resultados de excelencia, resultados que a la vez reviertan como abono en la propia calidad del profesor…, me atrevería a decir, y perdóneseme la licencia, que no merecerían ningún esfuerzo de sus superiores de cara a la estabilización o promoción.
No puede alimentarse ningún conflicto entre investigación y docencia, aunque es posible que haya quien abandone aquella bajo el peso de esta
Como ha sucedido más de una vez en una estructura universitaria que funciona bajo imperativos no estrictamente científicos, estabilización y promoción se han convertido en fin, en menos de dos décadas, en las máximas obsesiones (combinadas) de la inmensa mayoría de los equipos rectorales y los sindicatos, que operan de consuno en cuanto a las políticas de profesorado, evitándose de hecho verdaderas proyecciones académicas de alcance, o por lo menos el intento de algo que se le pudiera parecer. Lo hacen espoleados, es verdad que de modo comprensible, por el creciente deterioro de las plantillas que ha venido produciéndose, en perturbadora combinación, por diversos factores combinados: así, la paralización impuesta legalmente desde Hacienda hace una década, a partir de la crisis económica de 2008, tomada como hándicap o pretexto más o menos real; más el envejecimiento y las constantes jubilaciones del profesorado —ya sean obligatorias o bien anticipadas, irresponsablemente incentiva- da sin mucha previsión de sus efectos a medio plazo— y, en fin, con la presencia de una apabullante cantidad de componentes de las diversas plantillas que, en poco más de una década, han recibido la acreditación positiva, esa «bolsa» que, bien sea para una plaza de ayudante doctor o de contratado doctor, o para las dos figuras funcionariales que siguen existiendo, profesor/a titular y catedrático/a, pesa determinantemente sobre el conjunto.
Lejos de haberse abolido la relación administrativa entre la docencia superior y la función pública, aquella inserción obligatoria en el aparato del Estado que ya establecieron a lo largo del siglo XIX los legisladores liberales, y que, mucho más recientemente, a partir de los cambios de normativa democráticos amparan las comunidades autónomas —con el temor de algunos por verla desaparecer—, lo cierto es que la propia lógica interna del proceso de acreditación, tal y como se han venido aplicando sus efectos, ha asegurado la reproducción de la funcionarización. La acreditación es, de hecho y simplificando sus virtualidades, una maquinaria de puesta en el «mercado» científico de profesionales dotados sistemáticamente de unos certificados del reconocimiento oficial de unos estándares medios en sus disciplinas respectivas. Está por ver en qué queda, en la práctica, la modificación reciente de jerarquización de evaluaciones que ha sido recientemente introducida. En definitiva, e incluso con sus interrupciones de funcionamiento —lógicamente deploradas por quienes se veían obligados a esperar—, la ANECA casi no ha dejado de volcar, mes a mes, sistemáticamente, resultados. Y resultados que, como puede verse con todo tipo de pormenores en la web, son mayoritariamente positivos, y que en los primeros dos años de funcionamiento del sistema, tanto en nuestro marco amplio de las Humanidades como en Ciencias experimentales o Ciencias de la Salud, arrojaron cantidades muy altas de acreditados, hasta ahí no integrados en el funcionariado con el sistema anterior. Progresivamente se han perfilado las herramientas de autoevaluación, y ello hace ya menos imprevisible el resultado.
Alcanzar la evaluación positiva, más de una vez, ha sido solo cuestión de paciencia, de manera que son la desgana y la prisa por terminar las que rigen el concurso-oposición
Ese mismo funcionamiento casi constante de las comisiones de evaluación (en el programa Academia, con dos comisiones por cada gran área, una para titulares y otra para catedráticos, además del PEP, para contratados laborales), junto a la decisión de las universidades (una opción claramente política), de «sacar» una plaza por candidato o candidata acreditados antes o después —las diferencias de ritmos son en este punto y a esta hora muy visibles—, desvirtuando el sentido original del modelo (un modelo de «mínimos», frente al anterior de habilitación, que lo era de máximos y soportaba, con acierto o sin él, la selección pública y competitiva a cargo de una comisión de siete miembros sorteada el escalafón de la misma categoría); todos esos factores, juntamente, han reconducido la posibilidad legal de agotar los amplios márgenes de contratación laboral que se contenían en la ley de diciembre de 2001 y que, desde entonces hasta hoy, si corren algún riesgo de superarse, ello se debería al abuso de la figura contractual del asociado.
Por razones de ahorro presupuestario, lamentablemente, se ha eludido del todo otra figura que también aparecía en principio en la ley: la del ayudante, a secas. Sin precisar acreditación ni doctorado previos, como en los tiempos en que se consideraba que su preparación como docente, en las clases prácticas, iría de la mano y correría a cargo de quien lo tutelara e impartiera a su vez la docencia teórica, normalmente su director de tesis doctoral. Hoy esa ocupación de impartición de prácticas —no siempre, pero sí muchas veces— corre a cargo de los contratados predoctorales FPU y FPI (antes «becarios»), al menos en las Humanidades, y según la observación directa que aquí puedo aportar, se halla muy distanciada de aquella, a mi modo de ver necesaria, tutela: las prácticas se imparten muchas veces de manera inconexa, como uno más de los requisitos necesarios para ya, en su momento, una vez concluida y defendida la tesis, optar a la acreditación de ayudante doctor.
En resumidas cuentas, las figuras funcionariales siguen vivas, y posiblemente se haya perdido la ocasión de haber procedido a la implantación de un sistema que ordenara los tiempos de un modo más congruente en la combinación, absolutamente imprescindible, entre docencia e investigación (o si se quiere, poniendo el acento en la primera). En los últimos días, una vez más, se habla de modificaciones en la carrera docente, el siempre aplazado «Estatuto del profesor». Ojalá pueda verse, alguna vez, una secuenciación en esta trayectoria que, dentro de las proyecciones humanísticas, entiendo que debería ser también un modo de crecimiento personal, y que sin asfixiar la investigación —como ahora ocurre circunstancialmente allí donde la ocupación docente es extrema o excesiva—, o en sentido contrario, sin permitir que haya en las universidades quien apenas dedique tiempo y esfuerzo a la investigación —cosa que es asimismo posible, aunque nos avergüence confesarlo y sacarlo a la luz— ocupe una de las escasas plazas que se ofrecen. Lo mismo cabría decir para quienes, obsesionados por el continuum acreditativo, desprecian la docencia y la maldicen, porque… ¡quita tiempo!
Hacer investigación, indagar con metodologías avanzadas y ofrecer resultados —transferirlos también, en la medida en que cada especialización lo permite o exige— es imprescindible en la docencia universitaria. Así sigo creyéndolo tras algo más de cuarenta años de enseñar, o al menos intentarlo… No hay una disyunción entre la una y la otra, no puede alimentarse ningún tipo de conflicto intrínseco entre investigación y docencia, aunque es posible que haya quien abandone aquella bajo el peso de esta, si es que llega a trascender sus fuerzas o su capacidad. De hecho, incluso en las «listas» de prelación para «sacar» las plazas de catedrático/a en algún área de conocimiento, al menos en Letras, se introdujeron correctivos para asegurar que el candidato o candidata seguía haciendo investigación.
La necesidad absoluta de la investigación es, así, en las Humanidades tanta, y tan constante, como en cualquier otra área o campo de conocimiento, igual que en cualquier otro saber teórico o aplicación científica. Y lo es en permanente interacción con la docencia, no como a veces se cree —y como se denuncia cuando nos quejamos de la escasa elasticidad de los nuevos programas y de la corta duración de los cursos—, para que, como autores de las mismas, podamos «explicar» y dar a conocer en las clases investigaciones concretas (aunque eso también, siempre que se adapten a los niveles correspondientes, y siempre que no eviten tratar otros asuntos más relevantes, según acuerdos y consensos científicos…). Sino que la investigación es importante de manera sustantiva porque nos ayuda a conocer con más exactitud aquello que, en cada momento, podemos y debemos enseñar. Por eso, la creciente contratación de profesores asociados en áreas de conocimiento en las que esa figura representa no el aporte técnico que prevé la ley, sino un verdadero nicho de subcontratación que, muy posiblemente, estorba las potencialidades investigadoras de quienes lo sustentan y lo sufren, no tiene a mi entender justificación, y de no ponerse suficiente remedio podría pasar factura a los departamentos —¡ojalá me equivoque!— en un tiempo inmediato. Tampoco es fácil que de un profesor o profesora que no investiga nazcan a su vez vocaciones investigadoras, y es que sigo creyendo a pie juntillas en algunas de las Reglas y consejos para la investigación científica que nos legó, como «tónico de la voluntad», Santiago Ramón y Cajal.
De cuál sea la actitud o posición relativa de un candidato o candidata acreditados a una plaza, ante cuestiones como esta y otras más específicas, apenas es posible saber nada con el procedimiento actual de estabilización y/o promoción. Por lo menos en estas circunstancias, y siempre que lo permitan los estatutos de las universidades, se mantienen uno o dos ejercicios presenciales que dejan a la comisión juzgadora la posibilidad, si lo desea, de establecer una interacción científica discrecional, que acaso resulte estéril a pesar de todo, toda vez que no se realiza dentro de un marco de competición. La desgana o la incuria en este tipo de actos, tan frecuentes en la última década, son en el fondo una desatención a la dignidad profesional, y quizá una innecesaria flagelación en la estima corporativa, si se vieran las cosas desde fuera. Se insiste muchas veces en que el concursante, o la concursante, ya han recibido previamente esa sanción, a la que, por el contrario, está precisamente optando en ese momento. La propia autodefinición, más de una vez, como «catedrático acreditado» —algo que comenzó ya a extenderse con la habilitación—, entraña para quien pudiera rectificar ese concepto, inexistente, el riesgo de pecar de insolidaridad.
Lo que consideramos “efecto Bolonia”, el impacto emocional y práctico descargado como un flagelo sobre la función docente al modo clásico, está siendo demoledor
¡Y es que se tarda tanto en llegar a ese punto —no hay más que ver las edades medias de acreditación que, para ambos sexos apenas sin distinción de relevancia, ofrecen las estadísticas anuales de aneca —. Alcanzar la evaluación positiva, más de una vez ha sido solo cuestión de paciencia, de aguante y de perseverancia, y de ir sumando los sexenios debidos, de manera que, también más de una vez, son la desgana y la prisa por terminar las que rigen el concurso-oposición. El círculo vicioso de la endogamia no es sin embargo consecuencia de esta situación, sino su origen mismo, difícil de evitar llegados a este punto o de rectificar. Y aunque quiero aclarar que no toda endogamia —si es temporal, mientras funcionan equipos o sinergias o se realizan las transmisiones de escuela necesarias— me parece personalmente nociva, sino más bien incluso lo contrario, pero es cierto que el bloqueo producido, especialmente acaso en muchas subáreas de las Humanidades —donde como asimismo sucede en alguna de las Ciencias Sociales— la tarea investigadora es todavía predominantemente personal o individual, la endogamia no sería otra cosa que una expandida rémora.
En resumidas cuentas, vista en perspectiva, la Acreditación, de cuyo formato y resultados para Humanidades puede dar cuenta mínima la gráfica respecto a catedráticos que se incorpora más abajo, fue ciertamente bienvenida entre los profesionales universitarios en general, en aquel marco de angustia colectiva que había presidido previamente el desarrollo de los ejercicios y las varias (y a veces arbitrarias) convocatorias anuales que fueron propias del proceso de selección y promoción anterior, puesto en marcha a partir de diciembre de 2003, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Universitaria, LOU, de 21 de diciembre de 2001, aquel sistema que se denominó Habilitación. (Contextualicé este otro proceso en «Tres décadas de educación superior en España. Universidades e Investigación», CIAN 11/1 (2008), pp. 101-134).
Desdramatizaba la acreditación, ciertamente, la antes accidentada trayectoria de la carrera docente, la orientaba en direcciones precisas según los baremos acordados, y en definitiva la hacía más previsible —en el sentido de que normalizaba los estándares medios de cada figura y cada área—, convirtiendo el recorrido profesional en una necesaria acumulación de méritos e indicadores de calidad, objetivables según acuerdos de los expertos implicados. Los «sexenios» o complementos por investigación que dieron estabilidad a la tarea investigadora, incentivándola desde finales de los años ochenta, más bien fáciles que difíciles de conseguir salvo excepciones; las citaciones y publicaciones de prestigio que permitan juzgar externamente la calidad de los trabajos de investigación, con la inserción progresiva de los mismos en SCR y JCR; y la gestión —también en parte la gestión de proyectos, algo bien sorprendente para aquellos investigadores que nos contemplan desde fuera—, últimamente más controlada en cuanto a su peso en el total, han sido los elementos determinantes del éxito o fracaso de los solicitantes.
Como ilustración gráfica, valga esta pequeña muestra de la acreditación, tan solo para el cuerpo de catedráticos en Humanidades, entre 2008 y 2015.

Fuente: Elaboración propia según datos anuales publicados por ANECA.
Los datos correspondientes a 2016, que no hemos incorporado a la ilustración para no distorsionar en exceso la secuencia, arrojan un resultado mucho más reducido globalmente, en virtud del cambio de sistema que se anunciaba: 52 acreditados/as para cátedra y 48 expedientes resueltos negativamente. No habiendo datos para 2017, reemprendido el proceso en este mismo año de 2018, ya con la nueva plantilla de evaluación, tenemos hasta el momento estos resultados: 29 acreditados y, exactamente, otros 29 no acreditados, en una ralentización evidente del acceso, posiblemente momentánea, al sistema. Otro tanto podría establecerse, como correlación, para el cuerpo de titulares, aunque en este otro caso, sus ritmos y sus peculiaridades, exigiría un análisis más detenido que el que podemos ahora ofrecer aquí.
La búsqueda de un nuevo procedimiento para el acceso a la función docente en la Universidad de Oviedo surge como una necesidad imperiosa al comprobar la ineficacia de otros métodos anteriormente empleados, tales como los basados únicamente en un criterio, como podía ser la antigüedad en la acreditación.
La adopción de un solo criterio resultaba a todas luces insuficiente para la dotación de plazas, no permitía solucionar los problemas estructurales universitarios y conducía inexorablemente a demandas derivadas de la presunción de derecho de los candidatos. Por eso desde la Universidad de Oviedo se exploraron otras opciones que dieran respuesta a las demandas de los departamentos y sus áreas de conocimiento, así como a las de los agentes sociales. Se definió un procedimiento científico conocido y aceptado por la comunidad universitaria y que sirviera como instrumento eficaz para la dotación de plazas de cuerpos docentes universitarios, tanto de plazas de nuevo ingreso, como de promoción o movilidad.
Con dicho objetivo en mente, el procedimiento elegido debía establecerse sobre un método de tipo multicriterio. En él, cada uno de los criterios recogería las demandas de todas las partes, tanto la universidad como los departamentos, por un lado, y los eventuales candidatos, por otro. De este modo, los resultados se adscribirían a las áreas de conocimiento y se establecerían ciertas condiciones a los resultados obtenidos, tales como:
Una vez analizado el problema, los criterios elegidos inicialmente por la Universidad de Oviedo fueron los siguientes:
Acreditación para impartir docencia bilingüe.En una segunda fase, una vez sometido el procedimiento a información pública, negociación sindical y aprobación por los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo, el criterio de acreditación para impartir docencia bilingüe fue eliminado.
De este modo, los criterios de dotación de plazas recogidos en este procedimiento atienden tanto a méritos del profesorado de la Universidad de Oviedo (antigüedad en la acreditación, número de sexenios u otros méritos académicos) como a necesidades estructurales de plantilla (dedicación docente de las áreas, envejecimiento o déficit de plazas en las mismas, entre otras).
Para conseguir estos objetivos se asignaba a cada uno de los conceptos valorables una puntuación objetiva y conocida que permitiera obtener de forma inequívoca una prelación de áreas para la dotación de plazas de cuerpos docentes universitarios. También se procuró atender a la conciliación de la vida familiar y laboral, teniendo en cuenta un cálculo de sexenios de investigación considerando permisos por maternidad, paternidad o licencias por cuidado de familiares a cargo.
Metodología e implementación
La puesta en práctica del proceso se inicia con un escrito del vicerrectorado con competencias en profesorado por el que se abre el periodo de solicitud de plazas de cuerpos docentes. En él se establece:
La puntuación final del área de conocimiento, PT, se obtiene multiplicando la suma de las puntuaciones logradas en cada apartado por la raíz cúbica del número de acreditados que soliciten la transformación de su plaza en cada categoría y área, es decir:

A continuación, explicaremos el cálculo de la puntuación de cada uno de los criterios utilizados.
Se entiende por dedicación docente D (%) de un área de conocimiento, el cociente entre el número de horas que imparten los docentes de la misma dividido entre la docencia que estos pueden impartir:




Para el cálculo de la puntuación del número de sexenios corregidos de cada solicitante a plaza de CU del área de conocimiento se procederá del siguiente modo:

Finalmente, se calculará la puntuación media, PSE, para el área de conocimiento y el cuerpo de acreditados a CU, a partir de la expresión:

La puntuación máxima en este apartado será de 25 puntos.
Resultados prácticos
La aplicación de la metodología descrita en el apartado anterior durante tres convocatorias que han tenido lugar a lo largo de los años 2017 y 2018 en la Universidad de Oviedo, nos han permitido conocer la evolución del procedimiento y evaluar el grado de aceptación por parte del profesorado implicado, así como su seguridad y robustez frente a las reclamaciones presentadas.
Las convocatorias que son objeto de estudio se corresponden con las siguientes:
En primer lugar, se muestra en la Tabla 1 los resultados del número de cátedras dotadas en cada convocatoria, por rama de conocimiento:
Tabla 1. Número de cátedras por rama de conocimiento en cada convocatoria.
|
RAMA |
OPE_1 |
OPE_2 |
OPE_3 |
|
Arte y Humanidades |
8 |
2 |
5 |
|
Ciencias |
15 |
9 |
14 |
|
Ciencias de la Salud |
2 |
3 |
6 |
|
Ciencias Sociales y Jurídicas |
7 |
3 |
9 |
|
Ingeniería y Arquitectura |
6 |
4 |
12 |
|
TOTAL |
38 |
21 |
46 |
Con el fin de analizar e interpretar correctamente los datos, procedemos a normalizar el número de cátedras, en cada convocatoria y rama de conocimiento, dividiéndolo por el número total de ellas. Con los resultados obtenidos construimos la gráfica que se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Número normalizado de cátedras en cada convocatoria y rama de conocimiento.
Se puede observar en dicha figura que, en la Universidad de Oviedo, la rama de conocimiento en la que se dota un mayor número de plazas de catedrático de universidad es la de Ciencias, seguida de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas. Se aprecia, no obstante, un elevado número de cátedras en la OPE_1 en la rama de arte y humanidades, resultado de la aplicación de los antiguos criterios de dotación de plazas en nuestra universidad, que el procedimiento propuesto viene a corregir, tal y como se observa en las siguientes convocatorias (OPE_2 y OPE_3).
En segundo lugar, procedemos a estudiar la evolución de la puntuación media de cada rama de conocimiento para la dotación de cátedras en cada rama de conocimiento, cuyos resultados se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Puntuación media para la dotación de cátedras en cada convocatoria y rama de conocimiento.
Se puede observar en la Figura 2 que la puntuación media disminuye a medida que transcurren las convocatorias. El motivo es que, debido a la paralización en la dotación de plazas, en las primeras convocatorias la puntuación que se obtiene a partir de la aplicación de estos criterios es mayor, reflejando un mayor mérito y capacidad de los candidatos, de forma bastante equilibrada entre las diferentes ramas de conocimiento. Se destaca también el hecho de que, en la primera convocatoria es la rama de conocimiento de arte y humanidades la que presenta una mayor puntuación media, la de ciencias de la salud la que presenta una mayor puntuación en la segunda y la de ciencias en la tercera. De esta forma podemos asegurar que el procedimiento no tiene sesgos que favorezcan a una rama de conocimiento frente a otras, consiguiendo un reparto homogéneo en la dotación de plazas de cátedra.
En tercer lugar, se muestra en la Tabla 2 los resultados del número de acreditados a cátedra en la Universidad de Oviedo que solicitan la transformación de su plaza en cada convocatoria. Este es un parámetro influyente a la hora de establecer el orden de prelación de las áreas de conocimiento en la dotación de plazas.
Con el fin de analizar e interpretar correctamente los datos, procedemos a normalizar el número de acreditados en cada convocatoria y rama de conocimiento, dividiéndolo por el número total de ellos. Con los resultados obtenidos construimos la gráfica que se muestra en la Figura 3.
Tabla 2. Número de acreditados a cátedra por rama de conocimiento en cada convocatoria.
|
RAMA |
OPE_1 |
OPE_2 |
OPE_3 |
|
Arte y Humanidades |
13 |
5 |
6 |
|
Ciencias |
34 |
26 |
34 |
|
Ciencias de la Salud |
4 |
5 |
6 |
|
Ciencias Sociales y Jurídicas |
13 |
8 |
12 |
|
Ingeniería y Arquitectura |
15 |
16 |
22 |
|
TOTAL |
79 |
60 |
80 |

Figura 3. Número normalizado de acreditados a cátedra en cada convocatoria y rama de conocimiento.
Se puede observar en la Figura 3 que el mayor porcentaje de docentes acreditados a cátedra se encuentra en la rama de Ciencias, seguido de Ingeniería y Arquitectura. En último lugar se encuentra Ciencias de la Salud. Este hecho refleja la diferencia entre campos de conocimiento a la hora de acreditarse para el cuerpo de catedráticos de universidad. Destacamos también el hecho de que en ciencias el porcentaje de acreditados se mantiene prácticamente constante. La razón es que no todos los acreditados al cuerpo de catedrático solicitan intervenir en el proceso. En cuanto a las reclamaciones recibidas acerca del proceso, únicamente se han recibido dos en la primera OPE, una en la segunda y ninguna en la tercera. Todas han sido resueltas positivamente para la Universidad de Oviedo.
A raíz de los resultados que se muestran en el apartado anterior, se pueden derivar las siguientes conclusiones: