LOSE, sin consenso y con tensiones

1. Los apoyos al señor ministro

El ministro aceptó el consejo y en los días siguientes se reunió con diversos grupos sociales y partidos políticos. Terminada esta ronda de conversaciones, en una dócil entrevista en el telediario de la noche del 2.º canal declaraba:

«He encontrado mayor comprensión, mayor solidaridad y mayor apoyo en los sectores más comprometidos con el progreso del país. Lo creo sinceramente. He de pedir a los que no se sienten comprometidos con esta reforma, que hagan un esfuerzo de generosidad por elevar el tono del debate, porque lo que aquí estamos tratando es de jugarnos el futuro de nuestros jóvenes, de España. Que no estemos discutiendo sobre cosas menores, sobre frases hechas, que nos enfrentemos con el sentido profundo que tiene la reforma.»

El bloque progresista, al que el ministro se refería, eran los grupos de ideología afín al PSOE, UGT, CCOO y los sindicatos de estudiantes.

La postura de los estudiantes era la más radical. Días antes, el 22 de marzo, habían convocado una huelga, bastante secundada, y una manifestación ante el ministerio a la que tan sólo asistieron unos mil estudiantes. Declaraban que se oponían a la letra pero no al espíritu de la LOSE, y exigían: escuela pública en abierto enfrentamiento con la privada, supresión de los conciertos, desaparición de la selectividad y eliminación de la religión de los currículos escolares. No parece que así se elevara «el tono del debate» tal como pedía el ministro.

Con ese concepto de progreso, se excluía a los amplios sectores de la sociedad española que, en estos días, pedían una educación de calidad que forme integralmente a los hombres que tendrán que acceder al trabajo en la comunidad europea. Le han pedido estos grupos, precisamente, «enfrentarse al sentido profundo que tiene la reforma» -en palabras del ministro- que supone cumplir el mandato constitucional: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» (art. 27.2).

2. Las tensiones con el Episcopado

En la citada entrevista televisiva le preguntaba el locutor sobre la postura del bloque confesional, y el ministro respondía:

«He hablado en múltiples ocasiones tratando de aproximar posiciones. Bien es verdad que con escaso éxito. Algunos de los planteamientos del bloque confesional no responden a la realidad del país desde el punto de vista de su orden jurídico. España es constitucionalmente aconfesional. Cualquier sistema educativo debe ser respetuoso con esa aconfesionalidad contenida en la Constitución.»

Pero lo que precisamente han exigido los obispos es el cumplimiento del art. 27.3 de la Constitución, que señala: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Más bien parece que el bloque confesional, que está de acuerdo con la necesidad de la reforma, exige ser escuchado para que este cambio esté al servicio de toda la sociedad española. Todavía puede estarse a tiempo de dialogar si se impone el buen sentido.

El cardenal Suquía, presidente de la Conferencia Episcopal, declaraba (ABC 25.3.90): «En nuestras valoraciones, los obispos habíamos destacado hasta ahora los aspectos positivos y negativos de la LOSE. La Administración Pública, sin embargo, insistía por todos los medios que la Iglesia estaba de acuerdo con la globalidad del anteproyecto de ley. En la última plenaria, nos pareció conveniente destacar los puntos oscuros de la LOSE y afirmar con nitidez nuestro desacuerdo sustancial con la misma». Y añadía: «La Iglesia critica la LOSE defendiendo el derecho constitucional a educar en la escuela, sea esta tal o de iniciativa social, de acuerdo con las creencias de los padres. Lejos de querer obligar a todos a la formación religiosa en la escuela, como ha dicho el Ministerio de Educación, la Iglesia reclama una libertad de enseñanza que permita a los alumnos recibir la formación religiosa que los padres deseen».

Mientras tanto, en esos días, Luis María Zavala, director general de asuntos religiosos declaraba: «La crisis de la LOSE es la más grave de los últimos años entre el Episcopado y el Gobierno».

El proyecto de ley

El Consejo de Ministros del 30 de marzo, acuerda remitir a las Cortes un proyecto de ley, que según manifiesta el ministro de Educación ha recogido algunas de las consideraciones del Consejo Escolar del Estado y del de Formación Profesional, y de los sindicatos UGT y CCOO, que son los mayoritarios en el sector de la enseñanza. Eran los apoyos del ministro, el bloque progresista al que nos hemos referido.

Las modificaciones introducidas respecto al anteproyecto son muy escasas, no afectan a los aspectos fundamentales solicitados por el llamado bloque confesional y algunos partidos políticos.

La exposición de motivos, que ha variado sustancialmente, establece que: «El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma». Este buen propósito, que no figuraba antes, no tiene, sin embargo, ningún reflejo directo en el articulado de la ley.

Aparece una Memoria Económica que dice acompaña al texto normativo y que deberá influir en los próximos presupuestos.

En los principios de la actividad educativa incluye ahora: «La colaboración de las familias para contribuir a la mejor consecución de los objetos educativos», y en la educación infantil reconocerá: «…la responsabilidad fundamental de los padres en esta etapa educativa». Se inicia así el camino solicitado del necesario reconocimiento del papel prioritario de los padres en la educación de sus hijos.

Se incluyen también como principios: la autonomía pedagógica de los centros y la formación en la igualdad entre los sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación.

La posibilidad que se concede a los alumnos de permanecer un año más en el mismo ciclo se supedita a las necesidades de los alumnos y no a las generales de la enseñanza, como ocurría en el anteproyecto. Introduce además, para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos de la educación secundaria obligatoria «programas específicos de garantía social» que les proporcionen una formación que permita se incorporen a la vida activa o prosigan sus estudios.

En el poco definido bachillerato se han incluido al menos las materias comunes.

Se establece la organización modular de la Formación Profesional y se subsana una deficiencia importante del anteproyecto, al establecer la posibilidad de acceso desde el grado medio de estos estudios, a los de grado superior, mediante las oportunas convalidaciones entre estas enseñanzas y las de bachillerato. También se abre la posibilidad de acceder desde el grado medio al bachillerato.

Para facilitar el acceso de los alumnos a las enseñanzas de música o danza, se establece la posibilidad de creación de centros integrados de estas enseñanzas y las del régimen general.

El pacto con los sindicatos, ha llevado al Gobierno a variar los artículos referentes a los cuerpos de profesores. Se establece el cuerpo único para englobar a los profesores agregados y a los catedráticos de la enseñanza secundaria, las artes plásticas y las de idiomas, respetándose ambos cuerpos, sin que se conozca la causa, en las enseñanzas de música y artes escénicas. Las organizaciones profesionales se han manifestado ya en contra de esta medida.

Otra concesión a los sindicatos, ha sido el establecer un período de los años 1991 al 1996, para que puedan solicitar la jubilación voluntaria los funcionarios docentes que tengan cumplidos los 60 años con 15 años de servicios.

Se concede, como única mejora a las condiciones exigidas a los centros privados, la ampliación de dos a cinco años en el plazo para realizar las adaptaciones que resulten necesarias. Nada es para lo que se ha pedido, si quiere hablarse de respetar la libertad de enseñanza.

Se han incluido las necesarias disposiciones derogatorias que las prisas anteriores para sacar el anteproyecto, les hicieron olvidar.

No se había logrado el consenso, y no se tenían en cuenta las propuestas de los partidos políticos que, según el señor Solana: «Se dejan para el debate parlamentario». El ministro aplazó también para las Cortes el intento de paliar las que reconocía ahora como «diferencias sustanciales» que existían con la Iglesia y con los sectores confesionales. Con este planteamiento, y la necesidad de obtener los dos tercios de los votos, por tratarse de una ley orgánica, es previsible un debate parlamentario tenso, que ojalá sea también profundo.

Claves para el debate parlamentario

Los aspectos fundamentales, a los que nos referíamos en el artículo de esta revista de abril, no han sido incluidos en el proyecto de ley. Recordémoslos:

• La inclusión en los fines de la educación de la formación moral y religiosa, según exige el art. 27.3 de la Constitución.
• La necesidad de situar la formación religiosa-moral en los currículos escolares de cada nivel, es decir en el articulado de la ley y no en una vergonzante disposición adicional, que quiere dar el carácter de concesión a lo que es un derecho escolar, pues se trata de formar una dimensión fundamental de la persona humana.
• La aceptación de los centros de iniciativa social, cumpliendo las exigencias de la libertad de enseñanza, con todas las garantías, para que pueda ampliarse el servicio educativo a la sociedad española y como un reconocimiento del derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos de acuerdo con sus convicciones.