Que esta ley se aprueba sin el consenso social es algo que no se le oculta ni al propio señor ministro. Ello a pesar de que en su preámbulo leemos: «…no se podrán cosechar todos sus frutos más que apoyándola en un amplio consenso». Un gran sector de la sociedad española rechaza la LOGSE, pues ve en ella una grave amenaza a la libertad educativa y a la calidad de la enseñanza. Opinan que este texto legal no permite que la actividad educativa se desarrolle en un clima de libertad e igualdad.
Ha recibido también críticas del Comité Europeo de la Enseñanza Católica (engloba a más de diez millones de alumnos de toda Europa), denunciando que la ley no respeta la resolución Lugster del Parlamento Europeo, aprobada en 1984, sobre la libertad de enseñanza.
El Gobierno, que desde el primer momento y por razones ideológicas contaba con el apoyo de Izquierda Unida y del CDS, había logrado los dos tercios de votos de la Cámara necesarios para la aprobación de esta ley orgánica buscando el consenso con los partidos nacionalistas.
La postura pragmática adoptada por estos partidos nacionalistas les ha permitido lograr sus objetivos:
— Frenar la prepotencia del Gobierno que figuraba en el proyecto, haciéndole respetar sus derechos autonómicos. Así, en numerosos artículos de la ley aparece ahora: «El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas…». Y. en general, han salvado las competencias educativas que tienen transferidas.
— Reservarse la decisión del 45% de los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas que se establecerán en cada nivel, tal como refleja ahora el artículo 4 en su punto 2, en el que leemos: «Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas en ningún caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta del castellano, y del 65% para aquellas que no la tengan».
Es una baza importante que les permitirá subsanar en sus autonomías algunas de las carencias acusadas en la ley. Así, la Generalidad de Cataluña ha anunciado ya la inclusión de la formación religiosa o ética en la educación secundaria obligatoria. De este modo los niños españoles van a poder recibir unos contenidos bastante diversos según la autonomía en la que estudien.
Sólo el Partido Popular ha mantenido hasta el final sus propuestas —que se recogen en el cuadro n° 1— tanto en el Congreso como en el Senado. Como manifestaba el senador de este partido Isidro Fernández, han quedado fuera aspectos decisivos debido «a la arrogancia del PSOE, que no ha querido ni siquiera considerar las propuestas del principal partido de la oposición».
El debate tuvo momentos tensos. Particularmente molestó al ministro de Educación, Javier Solana, la intervención del diputado del Partido Popular Enrique Fernández Miranda, en la que dijo: «¿Por qué le tiene miedo el señor ministro a que los ciudadanos puedan elegir? ¿Por qué tiene miedo a la libertad?».
Aunque se tratase de un debate sobre un tema educativo, el presidente de la Cámara, tras un pataleo, se vio obligado a intervenir: «No intenten sus señorías, por favor, dirigir el debate… y menos con los pies».
El ministro, muy ufano, al concluir los debates manifestó: «Se ha logrado el mayor consenso posible», ya que «se ha debatido y negociado con todos los sectores implicados en la reforma». «He encontrado mayor comprensión y facilidad de entendimiento en el bloque progresista». E insistía: «La LOGSE no excluye a nadie y su intención es sumar voluntades».
Manifestaciones que, desde luego, no llevaron la tranquilidad a los detractores de la ley, pues eran complementadas por la siguiente: «Las discrepancias que se han producido se refieren tan sólo a aspectos accesorios de la LOGSE, y, además, el articulado de la ley se ha enriquecido considerablemente con las sugerencias que se le han hecho desde distintos sectores sociales».
La ley en su preámbulo justifica su necesidad, entre otros factores, por los «residuos autoritarios subsistentes en la norma aprobada en 1970», lo que, a tenor de lo ocurrido en el debate y lo plasmado en la propia ley, no parece haya quedado resuelto.
Es cierto que el ministerio, para evitar «el alto riesgo de error e ineficacia que amenaza a las reformas emprendidas a partir de un mero diseño teórico», había suscitado un amplio debate nacional, iniciado con la presentación en 1987 del «Proyecto para la Reforma de la Enseñanza. Propuesta para debate», posteriormente desarrollado en los libros blancos para la reforma del sistema educativo que aparecieron en 1989.
Los variados sectores educativos que participaron en el debate nacional se han visto ahora en su gran mayoría decepcionados.
Cambios de la ley respecto al proyecto
Ninguna reforma sustancial ha sufrido la ley respecto al proyecto presentado por el Gobierno. Era de esperar, pues ya el ministro Javier Solana había manifestado: «…las enmiendas que se le hagan y las rectificaciones que se le incorporen no cambiarán la filosofía de la Ley». Y por si quedara alguna duda, otro día a la salida del Congreso señalaba: «La ley saldrá adelante aunque yo me abrase defendiéndola».
Además de las rectificaciones citadas con referencia a las competencias autonómicas, pocas han sido las modificaciones introducidas. En la redacción se han suprimido las numerosas mayúsculas que habían sido impropiamente colocadas.
Se ha subsanado un olvido importante al incluir en las capacidades a desarrollar en los niños en cada uno de los niveles educativos: «Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal». Ahora el paso siguiente es dotar de medios a los centros educativos para que los niños puedan desarrollar esta capacidad que se les desea alcancen.
Merece destacarse la introducción de una nueva disposición adicional, la n° 3, que, entre otros aspectos referentes a la calidad educativa, establece como objetivo que el número máximo de alumnos por aula sea de 25 en la educación primaria y de 30 en la educación secundaria obligatoria.
Esta medida ha sido una concesión al profesorado, que ayudará al ministerio a solucionar el problema futuro del exceso de aulas y profesores, propiciado por el descenso, ya iniciado, en el número de alumnos debido a la actual crisis de natalidad. No parece se haya tenido en cuenta al adoptar esta decisión la fuerte repercusión económica que conlleva la reducción en cada aula de un 25% de su alumnado, con el consiguiente aumento en el número de aulas en algunas zonas de expansión.
La más perjudicada con esta medida será una vez más la enseñanza privada, que verá recortado el número de alumnos de sus centros, ya que otra disposición referente a los conciertos (transitoria n° 3) establece que, en principio, no se concederá ampliación en el número de aulas actualmente concertadas, lo que supondrá una reducción en el número global de alumnos de estos centros.
Es: «Una ley que (…) ha evitado la tentación de la minuciosidad», como declara en su preámbulo, en el que también reconoce: «Con frecuencia se ha caído en la tentación de considerar las normas legales como actos paradigmáticos en los que se resolvían las propias transformaciones de la realidad».
El evitar la primera tentación se ha traducido en una ley breve que deja aspectos básicos, previstos en el proyecto de la reforma, a la decisión posterior del Gobierno mediante órdenes ministeriales que no quedarán sujetas al control de la Cámara legislativa, lo que sin duda mantiene en los sectores educativos un clima de recelo e inquietud.
Como en la segunda tentación coincidimos, es por lo que mantenemos la esperanza en que los responsables ministeriales traten de buscar el consenso, que siguen predicando sin hasta ahora haber demostrado realidades por lograrlo, en las múltiples e importantes facetas de esta reforma que quedan por desarrollar.
La LOGSE es tan sólo la punta del iceberg, bien definida así por la frialdad y recelo con que muchos sectores educativos la han acogido. 1 ministro de Educación manifestaba que la ley debía ser a confesional para respetar el mismo carácter aconfesional de nuestra Constitución. Pero la ley no es aconfesional, ya que se impone a los españoles una educación donde la dimensión religiosa de la persona está ausente, lo que supone tomar ya partido y no respetar la libertad religiosa.
La formación religiosa y moral
La Conferencia Episcopal había recordado: «La formación religiosa y moral es un derecho fundamental de todas las personas que el Estado debe reconocer y garantizar plenamente»; y señalaba que el art. 27.3 de nuestra Constitución da a la formación religiosa y moral «un alcance más amplio que el de la pertenencia a la Iglesia Católica o a otra confesión religiosa que puedan firmar acuerdos con el Estado español».
El Gobierno se ha limitado a añadir en el preámbulo de la ley: «La Constitución (,..) ha garantizado (…) el derecho a recibir formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones». Y aquí se acabó toda su voluntad de recoger el clamor social que se había desatado por el tratamiento discriminatorio dado en la ley a la enseñanza de la religión, situada en una disposición adicional (ver mis artículos anteriores en esta revista en los números 3 y 4 de abril y mayo de 1990).
Ante las manifestaciones del ministro de que se respetaban los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, los obispos han dicho: «Estamos obligados a colaborar en el bien común educativo de nuestros pueblos», y al hablar de la enseñanza de la Religión resaltaban que: «Esta enseñanza debe ofrecerse en condiciones tales:
— que esté equiparada con las otras materias fundamentales y que, por tanto, forme parte del elenco de áreas o materias fundamentales, y, finalmente,
— que el hecho de recibir o no esta enseñanza no suponga discriminación alguna en la actividad escolar.»
Indudablemente, ambas condiciones no se dan en la situación en que aparece la Religión en la LOGSE. Al estar en una disposición adicional no le alcanzan los artículos sobre profesorado y sus sueldos, horarios, material, etc…, y hay experiencia de que en ocasiones se ha acudido a marrullerías para hacer ineficaz la enseñanza de la Religión, con total desprecio al precepto constitucional.
El ministro de Educación manifestaba que la ley debía ser aconfesional para respetar el mismo carácter aconfesional de nuestra Constitución, Pero la ley no es aconfesional, ya que se impone a los españoles una educación donde la dimensión religiosa de la persona está ausente, lo que supone tomar ya partido y no respetar la libertad religiosa.
De las 16 enmiendas presentadas en su día por la Conferencia Episcopal Española, se ha recogido, y tan sólo en parte, la referente a la mayor participación de la familia en el desarrollo educativo escolar.
El modelo de hombre que se pretende formar
Este enfoque crucial, el modelo de hombre que se pretende formar, que ya planteábamos en los artículos anteriores, ha quedado igual, pues no hay ninguna variación que haya afectado a «la mentalidad tecnicista y pragmática propia de una visión del hombre y de un concepto de humanidad en los que no se tiene en cuenta la dimensión trascendente y moral de la persona» (Declaración de la Conferencia Episcopal).
En la educación que propugna la LOGSE se atiende predominantemente a los conocimientos y aptitudes técnicas, dejando olvidado el mundo de los valores éticos. Una reforma educativa no debe hacerse únicamente para «enseñar más», sino también para «enseñar mejor». Con las finalidades educativas previstas en el artículo 1° de esta ley puede afirmarse que no aspira a «educar», sino a «instruir» a los alumnos en el desempeño de tareas concretas. Junto al «saber» y al «saber hacer» que promueve, es preciso contemplar también el modo de desarrollo de los valores humanos que se orientan al «saber ser». En los fines no se refiere a determinados valores del espíritu y a la dimensión trascendente de la persona, que quedan así fuera del sistema educativo.
«El objetivo de todo sistema educativo debe ser el de construir hombres cultos, cabales, poseedores de valores morales y éticos; conocedores de las confesiones existentes. Los padres, además, deben poder elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos», declaraba el catedrático Amador Schiller, exrector de la Universidad Complutense.
Hay un trasfondo de igualitarismo en el desarrollo de la ley que se basa en el principio de comprensividad, viejo ideal socialista, que aspira a ofrecer las mismas oportunidades de formación a todos los alumnos, sin distinción de clases sociales, y pretende actuar como mecanismo compensador de las desigualdades de origen social y económico.
La verdadera educación facilita al hombre unos valores sobre los que fundamente su vida y según los cuales él elige sus pautas de conducta. Cuando se configura la educación desde valores racionalistas no se da respuesta a los compromisos vitales mediante los cuales la vida cobra un verdadero sentido.
El resultado previsible quedaba muy bien expuesto por monseñor Javier Martínez, obispo auxiliar de Madrid: «La LOGSE va a incrementar el fracaso escolar porque inevitablemente incrementará la desafección del niño por un sistema educativo que le deja sin respuestas ante las cuestiones que, precisamente, le importan más… ¿Por qué hay que estudiar y trabajar? ¿Por qué la droga es mala y la vida buena, si en la vida hay sufrimiento y dolor? ¿Por qué la violencia es mala si con ella se consiguen cosas…?»
Sobre este aspecto de tanta trascendencia para la formación de las futuras generaciones, el ministro prácticamente no se ha manifestado. Sí lo hizo un ex-ministro de Educación, Juan Antonio Ortega Dtaz-Ambrona, que afirmaba: «La ley prima Sa cultura técnica frente a la humanística, y los aspectos homogeneizadores frente a los singularizadores».
En resumen, está en juego el modelo de hombre que construirá la futura sociedad española, por lo que hay que darle la importancia que se merece, es decir, con esto no se juega.
La enseñanza privada y su futuro
En el preámbulo leemos: «La ley se refiere a la Ordenación General del Sistema Educativo, y, en la provisión de la educación como servicio público, integra tanto a la enseñanza pública como a la enseñanza privada y a la enseñanza privada concertada. La reforma requerirá y asegurará su participación en la necesaria programación de la enseñanza».
El ministro Javier Solana, el 17 de mayo pasado, en la inauguración del Congreso de los Empresarios de Centros de Enseñanza (CECE), manifestó asistir «como ministro de la enseñanza, tanto pública como privada», y añadió: «Me gustaría llegar con ustedes a un compromiso sobre el desarrollo reglamentario de la ley», llegando a asegurar que la LOGSE «mantendrá el equilibrio entre la enseñanza pública y la privada».
Muchos equilibrios habrá que hacer para cumplir esta afirmación ministerial, pues todos estos buenos deseos no tienen un buen reflejo en el articulado de la ley, que muestra más bien un afán estatalizante en su ideología de fondo.
La enseñanza privada aparece como un obstáculo para el Estado en su papel de gestor, maestro e inspector de educación. Da la impresión de que la enseñanza privada sigue sin pasar de ser, como en la LODE, una graciosa concesión a la iniciativa social.
Nuestra Constitución, en su artículo 27.5, reconoce la libertad de creación de centros docentes. La LOGSE da por supuesto que es el Estado el que debe asegurar las plazas escolares necesarias, sin que se plantee la posible y deseable colaboración con la iniciativa social que tantos centros educativos ha promovido.
Particularmente grave es el caso de la educación infantil, donde el Gobierno pretende construir una amplia red de centros públicos. sin plantearse la ayuda a Jos actuales centros privados de este nivel, que tras muchos años de resolver el problema existente en la atención a los niños de estas edades, se verán ahora abocados a cerrar. No puede considerarse ayuda la posibilidad que cita de establecer convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro, lo que no parece vaya a resolver el problema que va a plantearse.
Los requerimientos de la ley para la mejora de la calidad supondrán la necesaria adaptación de las instalaciones de los centros, su equipamiento, la formación de los profesores, etc. El ministerio en la memoria económica prevé cantidades para estas necesidades en la enseñanza pública, pero no contempla la posible ayuda para la iniciativa social.
Aparecen ya dificultades administrativas para la transformación de los centros privados de EGB, BUP y Formación Profesional, en Jos previstos en la nueva estructura de Primaria, Secundaria. Bachillerato y la nueva Formación Profesional.
La conclusión parece clara: la reforma se propicia y apoya en los centros públicos y se exige e impone en los privados. Si se confirma este supuesto, se iría en contra del pluralismo educativo que consagra nuestra Constitución.
Los empresarios de la enseñanza, agrupados en la CECE, consideran que para que pueda hablarse de ayuda a la iniciativa social, entre otras medidas, el ministerio debería;
— Establecer subvenciones o créditos «blandos» para la adaptación y equipamiento de los centors.
— Conceder ayudas al profesorado de la enseñanza privada, en igualdad de condiciones con el de la pública, para su perfeccionamiento y adaptación a la reforma.
— En los niveles de enseñanza no obligatorios, conceder una atención preferente a las becas de los alumnos de la privada que deban cubrir sus costes.
— Con el fin de suprimir la discriminación de los actuales centros homologados, debería establecerse un reconocimiento automático para impartir la Secundaria Obligatoria a tos centros privados que imparten actualmente EGB y Bachillerato.
Ausencia de una ley de financiación
Una ley de esta entidad debería haber sido acompañada de una ley de financiación que garantizara su aplicación en el plazo previsto de 10 años. Tanto el Partido Popular como otros partidos han considerado que la memoria económica que acompañaba a la ley tenía un mero carácter informativo, sin que supusiera más que una declaración de intenciones, no un compromiso formal con reflejo en los presupuestos de los próximos años.
Como denunciaba el Consejo Escolar del Estado en el informe que dio a conocer en septiembre, el presupuesto de Educación supone tan sólo el 8% de! presupuesto total. El porcentaje de gasto en educación es el 4% sobre el Producto Interior Bruto (PIB), por lo que ocupamos el último puesto entre los países de la OCDE. por debajo de Portugal y Grecia, muy lejos de la media europea, estimada en un 6%.
El gasto en educación en el presupuesto de 1990 tiene un aumento del 14,3% respecto al año anterior, en que había aumentado en un 16,5% respecto al precedente.
Capítulo especial merecen las previsiones que para inversiones se contemplan en la memoria económica. En el período de 1990 a 1993 el ministerio ha previsto crear nuevos puestos escolares: en EGB, 79.730 puestos, que suponen 30.653 puestos, para los que destina 112.506 millones de pesetas, y en Preescolar 22.920 puestos, que costarán 3.696 millones de pesetas. Además, invertirá en el equipamiento y mejora de los puestos escolares estatales, en el mismo período, la cifra de 144.603 millones de pesetas.
Ante estas importantes cifras cabe plantearse: ¿Son necesarias estas inversiones cuando sobran ya puestos escolares y la situación actual es de baja natalidad? ¿Por qué no se plantea el ministerio una buena planificación de los puestos escolares contando con los de iniciativa social en lugar de establecer centros donde no son necesarios, forzando el cierre de centros de iniciativa social? ¿Por qué no se plantea el ministerio la ayuda a la financiación de las adaptaciones necesarias a los centros de iniciativa social para poder acometer la reforma?
Estos interrogantes nos sitúan ante un panorama desconcertante en el que parece que el ministerio va imponiendo la enseñanza estatal, construyendo centros públicos innecesarios al lado de centros de iniciativa social, a los que posteriormente se les deniega la concesión del concierto, total o parcialmente, alegando que hay aulas vacías en sus escuelas estatales.
Considero oportuno recordar ahora la ya célebre frase del actual presidente francés, François Mitterrand: «Para hacer la revolución no es necesario tomar el Cuartel de Invierno, basta con tomar la escuela».
Los profesores
No deja de sorprender que una ley que organiza el sistema educativo dedique varios artículos y muchas disposiciones a la regulación de la función docente: acceso, titulaciones, cuerpos docentes, formación, etc… Incluso, para lograr el apoyo de los sindicatos de izquierdas, se establecen en la LOGSE las condiciones para solicitar la jubilación voluntaria de los profesores.
Es lógico, visto lo anterior, el que varias organizaciones de profesores y el Partido Popular pidieran una ley de la función docente que recogiera de modo adecuado esta dispersa legislación contenida en la LOGSE y la coordinadora con la legislación vigente.
Una vieja reivindicación de los sindicatos de izquierda se alcanza al establecerse el cuerpo único de profesores, lo que llevará a suprimir el de catedráticos. Es un síntoma más de igualitarismo que no parece vaya a incentivar al profesorado a esforzarse por alcanzar metas profesionales superiores.
Se establecen una serie de medidas para la formación del profesorado, tanto para el que acceda de nuevo como para el que lleve años de ejercicio. Habrá que esperar a su puesta en práctica para comprobar que la realidad responde a las expectativas.
El éxito de cualquier reforma educativa depende de los que deben realizarla de modo inmediato con los alumnos: los profesores. En este caso, la LOGSE, al propugnar un diseño curricular abierto, traslada a los profesores gran parte de la responsabilidad sobre lo que tienen que aprender los alumnos en cada edad y cómo deben organizarse ¡as actividades de aprendizaje; la última concreción de los objetivos queda en manos del profesor. No es novedoso para un buen profesor que siempre ha tratado de adaptar los objetivos que le venían dados, a los alumnos concretos de una clase.
La LOGSE exige más a los profesores y considera la formación permanente no sólo como un derecho, sino también como una obligación. Es un hecho demostrado que la calidad de la educación que se imparte depende de la calidad de los educadores, y poco más.
El futuro de la Reforma Educativa
Tras la promulgación de la LOGSE, la reforma estaba previsto iniciarla en el curso 91/92 mediante la implantación de los nuevos I y 6.° de Educación Primaria, y desarrollarla implantando nuevos niveles en cada curso escolar hasta quedar completada en el plazo de diez años. Algunas autoridades administrativas opinan en estos momentos que su inicio se retrasará al curso 92/93, dado el gran número de disposiciones que hay que poner en marcha antes de poder arrancar la reforma.
Existía un consenso social sobre la necesidad de la reforma educativa e incluso se coincidía en los objetivos que para ella se marcan en el preámbulo de la LOGSE y que entresacamos en el cuadro n° 2
Las discrepancias, no accesorias como decía el ministro, surgen, como hemos visto, en las actitudes de fondo con que la reforma se plantea. Ahora, vista la ley, existe una tensa expectativa ante los futuros decretos que deberán establecer los caminos y medios para alcanzar los objetivos propuestos.
El diseño curricular recoge el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación que orientan la práctica docente. Es el nexo de unión entre la teoría educativa y la labor escolar diaria. De este diseño depende el tipo de educación que reciban los alumnos, pues no sólo recoge los contenidos didácticos, sino también las actitudes y valores sociales y morales que se quieren transmitir.
La esperanza de los sectores educativos se centra ahora en que se respeten los principios de autonomía pedagógica, lo que, unido al diseño curricular abierto, ambas concepciones contenidas en la ley, concedería suficiente flexibilidad a los centros educativos para poder establecer su currículo escolar adaptado al tipo de educación que propugne.
