Las tres partes de Europa

Con la revolución de 1989 Europa ha quedado dividida en tres partes, como la Galia de Julio César. Durante el casi medio siglo que siguió a la Guerra Mundial, las partes de Europa habían sido dos, y enfrentadas, con lo cual era todo más sencillo y era, además, lo que había pasado siempre, desde que los germanos invadieron el imperio de Roma hasta que las democracias y la URSS libraron la guerra contra el Eje, pasando por todas las incontables dicotomías europeas de quince siglos de historia: políticas, religiosas, étnicas, militares, liberacionistas, bélicas, etc.

Cuando los grupos humanos que se oponen, o que se comparan, son dos, es fácil distinguir los goodies de los badies, aunque varíen estas designaciones según quien las aplique. De un lado la CE, la OTAN, la OCDE, etc., en una palabra, los sistemas políticos democráticos y de economía liberal (con los que se alinearon durante algún tiempo ciertas dictaduras vocacionalmente transitorias, como la que había en España). Dentro de ese mundo y de los conceptos que lo inspiran, caben los estatutos de neutralidad de Suecia, Suiza o Austria y hasta la peculiar situación de Finlandia, con la cabeza y el corazón en una parte e importantes intereses de todo orden, en el otro bloque con el que comparte una larguísima frontera.

Frente a estas naciones, el Pacto de Varsovia, el Comecon o CAME, los regímenes comunistas que se llamaban a sí mismos «del socialismo real» o, si se quiere, la URSS y sus satélites.

La indispensable reconversión de las nuevas democracias

Ahora, al desorbitarse el sistema de los Estados que giraban en torno al sol del Kremlin, ha tomado cuerpo un tercer segmento del continente, el de la Europa Central, que quiere desplazarse cultural, política y económicamente de un lugar a otro. De momento está en medio, en el curso de un proceso que, más que transicional, es revolucionario, y para el que resulta difícil encontrar precedentes en la historia, y más en esas proporciones.

Porque no es que Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y la RDA (a las que pronto habrá que sumar la frágil Yugoslavia y la terca Albania) se hayan sacudido una ocupación militar o una situación colonial, o hayan abandonado una alianza, que son cosas que han pasado muchas veces y se sabe más o menos cómo ocurren, sino que a consecuencia de la revolución política que han experimentado, se encuentran ante un proceso de reconversión que ha de abarcar tantos elementos de sus estructuras y tantos aspectos de su vida, que es casi imposible enumerarlos. El conjunto de los seis -u ocho- Estados, además, comprende 1.200.000 kilómetros cuadrados con una población de 150 millones de habitantes, de la mitad de los cuales, por lo menos, se puede decir que, hace medio siglo, no tenían nada que envidiar en niveles de cultura y capacidad económica y tecnológica a los de los países europeos del Occidente.

La Europa Central y del Este que ahora se incorpora al campo de la libertad comprende ciento cincuenta millones de habitantes: la mitad de los que hay en la CEE.

La reconversión ha de ser total y ha de extenderse a casi todos los terrenos. No se puede limitar a la política y a la vida económica y social, sino que ha de alcanzar a los hábitos sociales, a las aspiraciones personales y colectivas, en fin, a las mentalidades de las gentes.

La vuelta a la comunidad cultural de unos pueblos antiguos

Los partidos políticos se crean pronto, porque entre otras cosas basta con aplicar los modelos occidentales y obtener el concurso de cierto número de voluntades. Pero hay que inventar un verdadero mercado, y un sistema económico en que la producción esté regulada por la demanda en un régimen de competencia, en vez de estar determinada por un «plan» de espaldas a la realidad, hay que crear, casi de la nada, unas estructuras financieras y bancarias, y hay que hacer operaciones tan elementales como determinar de quién es cada cosa y cuánto vale a precios de verdad.

Es preciso hacer posibles las libertades que ahora se proclaman, y convertirlas en realidad en todos los órdenes del pensamiento, la expresión, de la prensa, de la circulación de personas y mercancías, aunque de momento sea dentro del ámbito del propio Estado. Hay que dotar a los países de infraestructuras de autopistas, carreteras, transportes, etc. Hacen falta periodistas y maestros que no sean profesionales del adoctrinamiento o de la propaganda. Hay que hacer, en fin, tantas cosas, que parece que se estuviera ante una problemática de imposible solución.

España también tiene algo que hacer

Por eso, esta nueva tercera parte de Europa, que en el orden cultural y en el de la historia ha estado habitualmente alineada con el Occidente, aparece en el horizonte de los europeos de este lado, de los «beati possidentes» de las libertades y del bienestar, como una empresa que, lejos de ser ajena, constituye un imperioso deber, no por razones de beneficencia transnacional o por solaridad de vecinos de continente, sino por verdaderos intereses políticos, económicos e ideológicos. Hasta por egoísmo nacional o de bloque. Las naciones civilizadas tienen sobrada experiencia de que cada vez más, en la época actual, el bien de los demás repercute en el bien propio. Esas viejas y ahora esperanzadas naciones europeas, no podrán llevar a término la gran transformación que necesitan sin la cooperación de los demás pueblos del continente, que deben estar movidos a prestársela por razones morales y de conveniencia propia.

Lo que en estas condiciones se pregunta uno muchas veces, es si en España el Gobierno, los partidos de la oposición, y los políticos, más los empresarios, los industriales y en general la gente, se ha dado cuenta de ello y va a obrar en consecuencia. Los signos que se observan resultan poco alentadores. Este país necesita no sólo que vengan de fuera (capitales, inversiones, empresas, turistas, visitantes, etc.); sino salir nosotros.

Casi 40 millones de españoles, con las posibilidades económicas y culturales de esta nación, tienen algo que hacer también fuera y no quedarse aquí a la espera de vender a las transnacionales más parcelas de la riqueza del país.

No se puede tratar desigualmente a los iguales, ni es de recibo que los gobernantes, aunque sean regionales o autonómicos, maltraten a los gobernados o los injurien prevaliéndose de su poder. El peso de la púrpura impone peculiares responsabilidades a quienes la llevan sobre sus hombros.

Estamos al comienzo de una legislatura, Gobierno y oposición son parlamento y son, por lo tanto, hasta constitucionalmente, poder. Es preciso que los unos y los otros estén a la altura de su función. Sin olvidar, el magisterio de estilo y de moral -ética y estética- que los dirigentes políticos tienen con su pueblo. Pero la responsabilidad del Gobierno es siempre mayor, porque ha de gobernar para todos, al servicio del interés general, que es el de todos, aunque le hayan votado en contra.

Sin mayoría absoluta hay que gobernar de otra manera

Digo esto último, no a humo de pajas, sino por la penosa e inevitable pesadumbre con que se contemplan determinados aspectos de la vida nacional. Al Gobierno y a su partido parece que le costara especial esfuerzo reconocer que en la situación actual, disfruta de una relativamente cómoda mayoría práctica o funcional, pero que no responde a la mayoría política del país. Tendría que gobernar con una permanente disposición al compromiso con las otras fuerzas políticas, en los asuntos que son de interés común, aplazando las cuestiones más espinosamente conflictivas, que, por otra parte, no suelen ser las urgentes.

No se debe hacer, en esas condiciones, una ley de educación que no esté negociada de verdad con sectores importantes del país, directamente interesados en la materia: es decir, los padres y los «enseñantes», entre los que hay porcentajes muy elevados que, además de tener razón, se declaran insatisfechos y dispuestos a hablar en el Parlamento y en la sociedad.

Estamos al comienzo de una legislatura

Es praxis normal de los sistemas democráticos que la oposición diga habitualmente que no o que sea ésa su actitud más frecuente. Pero hay dos maneras de hacerlo y de que la oposición cumpla los compromisos con los electores que le otorgaron su confianza. Una es el no profesional y sistemático, tan inclinados son muchos españoles de tertulia, que nada más llegar a un grupo y antes de enterarse de que se estaba hablando se declaran en contra sólo por haberse dado cuenta de quién era el que estaba en el uso de la palabra. La oposición tiene tanta obligación de presentar constantemente proyectos como el Gobierno. Este en el Parlamento, aquella, también en el Parlamento con sus proposiciones o con los razonamientos en que se apoyan sus enmiendas, pero sobre todo y, asiduamente, ante la opinión.

Estamos casi en el comienzo de una legislatura, Gobierno y oposición son parlamento y son, por lo tanto, hasta constitucionalmente, poder. Es preciso que los unos y los otros estén a al altura de su función. Sin olvidar, el magisterio de estilo y de moral —ética y estética— que los dirigentes políticos tienen con su pueblo. Pero la responsabilidad del Gobierno es siempre mayor, porque ha de gobernar para todos, al servicio del interés general, que es el de todos, aunque le hayan votado en contra.