El reto europeo de España

El fin del curso político, la llegada de la tregua veraniega, ha dejado sin resolver y pendientes para este otoño un buen número de cuestiones puntuales y, lo que es más importante, algunos temas de fondo puestos especialmente de relieve tras las últimas elecciones municipales y autonómicas.

Con la rentrée —la vuelta a las actividades normales— se hace necesario abordar con orden y decisión algunas de estas cuestiones pendientes, que el simple paso del tiempo no consigue arreglar por sí mismo. Estamos ya sólo a unos meses del 93, fecha mágica de nuestra inmersión en el mercado único europeo. El tiempo apremia.

La pregunta del millón es ésta: ¿está España preparada para salir airosa del trance que se nos avecina? La respuesta positiva es saber qué podemos hacer durante estos meses que faltan para estar lo más a punto posible dentro de nuestras posibilidades y aprovechar a tope la dinámica que la nueva situación va a engendrar.

Una cuestión previa muy importante es ser conscientes de cuál es la verdadera naturaleza de la Comunidad Europea en la que nos vamos a integrar plenamente: una comunidad de Estados, unidos por los valores comunes de la llamada cultura occidental pero aún más por los intereses de carácter económico, y no una Europa de los ciudadanos, con la que cabe legítimamente soñar, pero sin perder la conciencia de que se está soñando. Y si la integración se va a realizar sin que desaparezcan los Estados, es muy importante que, en primer lugar, tratemos de reforzar el nuestro, el español, para no perecer en el empeño. ¿Cómo? Incrementando su prestigio hoy en entredicho ante tanto escándalo de corrupción y mejorando los canales de selección de nuestro sistema representativo.

El reforzamiento del prestigio del Estado español y de sus instituciones políticas pasa necesariamente por la recuperación de valores morales elementales que dignifiquen el ejercicio de las actividades públicas.

Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas se han puesto de manifiesto algunas insuficiencias de la vigente Ley Electoral en orden a la representación política. Concretamente, los pactos postelectorales entre los diversos partidos para lograr un gobierno municipal en contra de la lista más votada en las urnas han provocado cierto rechazo en la sensibilidad democrática de bastantes españoles y se ha vuelto a argumentar a favor del sistema francés a dos vueltas cuando ningún partido alcanza la mayoría absoluta en la primera. Se han repetido también las críticas al sistema de listas cerradas que dan demasiada importancia a los aparatos de los partidos a la hora de confeccionarlas. Se desconfía en el fondo del establecimiento de una cierta desviación partitocrática, desconfianza que se han ganado a pulso los partidos con los escándalos de sus poco ortodoxas fuentes paralelas de financiación, puestas al descubierto por los medios de comunicación.

Sistema de selección

Pero lo grave —lo que hay que corregir— es el ambiente excesivamente cerrado del sistema de selección de las instituciones de carácter representativo, de la que los partidos políticos son una buena muestra. Es preciso abrir más el acceso a esos puestos representativos para que puedan ser ocupados por gentes verdaderamente capacitadas. A fin de que sirvan al Estado no los que no tienen otra cosa que hacer, sino a ser posible los mejor preparados.

El reforzamiento del prestigio del Estado español y de sus instituciones políticas pasa necesariamente por la recuperación valores morales elementales que dignifiquen el ejercicio de las actividades públicas. Es más que conveniente que los políticos se autoimpongan un código ético de conducta con sus correspondientes sanciones políticas antes de que el pueblo se canse de tanta indignidad y los rechace indiscriminadamente, con el consiguiente desprestigio de todo el sistema.

Bipartidismo

En este capítulo de cuestiones políticas a mejorar en los próximos meses de cara a nuestra integración europea tiene especial importancia la consolidación de los dos partidos políticos más representativos del electorado español.

Las divisiones en el seno del partido del Gobierno, que está sufriendo una crisis de identidad ideológica, restan agilidad en la toma de decisiones a la Moncloa. Sería muy positivo para todos los españoles que el PSOE se decantase finalmente hacia el modelo del Partido Socialdemócrata Alemán y no siguiera los pasos del socialismo italiano o del francés, agotados en una permanente indefinición oportunista.

Resultaría también positivo para el conjunto del Estado que el Partido Popular se consolidase como una alternativa moderna al socialismo. Lo que exige el definitivo abandono de cualquier resto de preponderancia en el partido de personas vinculadas con el anterior régimen y articular una organización capaz de construir y dar a conocer las reformas legales que se postulan como alternativa.

Con dos partidos bien capacitados para ejercer el Gobierno, en consonancia con los que existen en los Estados con los que vamos a integrarnos, no cabe duda de que el camino a recorrer resultaría más transitable.

Pero si las medidas políticas que podemos adoptar en los próximos meses son importantes de cara al cercano 93, las económicas lo son aún más, ya que no podemos olvidar que primordialmente se trata de una integración económica en un único mercado.

Desde nuestra adhesión a la Comunidad Europea, la economía española ha experimentado un crecimiento importantísimo. Sin embargo, un indicador social ha permanecido constantemente señalando su alarmante anormalidad. El alto nivel de paro que se mantiene casi constante durante todo el período hace en efecto suponer que un desequilibrio grave erosiona la calidad de un desarrollo que no produce suficientes puestos de trabajo.

Un esfuerzo en la moderación de los salarios en el sector de los servicios es probablemente la decisión más acertada para la economía española que se puede adoptar en los meses que nos faltan para enero de 1993.

El espectacular crecimiento de la inversión de capitales procedentes del exterior ha permitido do el mantenimiento de un importante nivel de actividad e incluso la renovación y modernización del utillaje, pero ha supuesto también la venta de activos a extranjeros más importantes de la historia de España. Esta entrada de capitales se ha reflejado en el incremento del consumo interior y en el fortalecimiento del valor de cambio de nuestra divisa. Los españoles gastamos más y viajamos más, porque nos resulta más barato. Pero en conjunto hemos perdido patrimonio y nos lo estamos gastando en vivir mejor. Es como el que vende una finca o un negocio para darse la buena vida. Lo difícil de calcular es cuánto va a durar ese dinero. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que alguna vez se termina. Y si entonces los que le compraron el negocio ni siquiera le ofrecen trabajo, la situación puede volverse angustiosa.

Sectores enteros de la economía española han pasado a tener sus centros de decisión fuera de nuestro territorio. Las recientes ventas de Petromed y Cepsa son eslabones importantes de una cadena que no parece tener fin, pero que lo tiene. Para quienes piensan que todos vamos a ser pronto ciudadanos de Europa, lo mismo da que los dueños de una fábrica vivan en Andalucía o en Renania, lo importante es que las fábricas den trabajo a todos los europeos, sean andaluces o renanos. ¡No les faltaría razón si efectivamente acabaran desapareciendo los Estados! Pero si no desaparecen y si Francia sigue siendo Francia, y Alemania sigue siendo Alemania, y España, España, lo vamos a pasar regular en el trance.

En cualquier caso, lo que nadie pone en duda es que los bienes y servicios producidos dentro de España, sean de propiedad española o extranjera, deben ser competitivos en calidad y precio con los del resto de Europa, porque si no es así ni siquiera los españoles los querremos comprar cuando estemos dentro del mercado único. Por eso tiene sentido el pacto para la competitividad que propone el Gobierno. Un esfuerzo en la moderación de los salarios en el sector de los servicios es probablemente la decisión más acertada para la economía española que se puede adoptar en los meses que nos faltan para enero de 1993. Pues es el sector terciario de nuestra economía el que ha estado menos expuesto a la competencia exterior y el que puede sufrir más las consecuencias del gran cambio que se avecina.