El fin del imperio soviético

El acontecimiento histórico de la edad moderna más parecido a lo que ocurre hoy en la Unión Soviética, fue la crisis del Imperio turco. Su decadencia y ruina tardaron en producirse más de 100 años, desde el asalto de Napoleón hasta la derrota en la Primera Guerra Mundial y la paz de Versalles con el desmembramiento final. Ahora, con la aceleración de los tiempos y las complejidades económicas y tecnológicas de la época, no es razonable pensar en términos tan dilatados. Aunque de verdad nadie sabe lo que puede suceder ni cuándo, porque la historia se analiza después. Nadie, en efecto, se había atrevido a predecir que el llamado «socialismo real» se iba a desmoronar tan pronto y de manera tan súbita.

Las semejanzas entre los procesos turco y soviético son bien visibles. Ambos imperios se han caracterizado por una sustancial continuidad territorial, a diferencia de los de las modernas potencias coloniales de occidente desde la española y la portuguesa hasta los de Francia e Inglaterra. (En el caso soviético, las excepciones de Vietnam y de Cuba eran fruto de la historia en el primer caso y del azar en el otro. Los dos imperios se edificaron, además, sobre poblaciones que tenían larga historia y arraigadas tradiciones culturales, que ni desaparecieron ni fueron asimiladas nunca. Armenios y caucásicos, egipcios, griegos, eslavos, judíos, etc., eran etnias diferenciadas y culturalmente autónomas en el caso turco, igual que ahora en relación con la URSS lituanos, estonios, ucranianos, armenios (otra vez), georgianos, turcos (o azeríes) y los pueblos del Asia Central, por ejemplo, los que están en torno a la vieja Samarcanda.

La unidad en el seno de ambos imperios venía dada por elementos étnicos, culturales y de poder físico que mantenían bajo su dominio dispersas y heterogéneas realidades sociales. En un caso, los vínculos fueron el Islam (mayoritario, aunque progresivamente desarabizado en términos de lengua y de política); los otomanos y la maquinaria militar -con jenízaros y, en su caso, mamelucos, como tropas profesionales y escogidas-.

Crisis del sistema y las amenazas del secesionismo

En el otro, el sistema ideológico y político del comunismo y su partido, el pueblo ruso, o más precisamente gran ruso, y el Ejército Rojo. El primero no logró arraigar en las provincias del «imperio», la rusificación no ha tenido tiempo, ni medios o posibilidad, ni quizá tampoco verdadera voluntad, de hacerse y al Ejército Rojo, le pasaron dos hechos verdaderamente graves desde el punto de vista militar: que no podía seguir los avances tecnológicos americanos -la iniciativa de defensa estratégica y las tecnologías de punta- y que hubo de retirarse de Afganistán, con el rabo entre las piernas, dejando todo como estaba.

Pero hay que prestar atención a un aspecto muy importante de la gran cuestión que está todavía pendiente. En torno al núcleo o corazón básico de la URSS, que es Rusia desde el Ártico al Mar Negro y desde Leningrado a Vladivostok, había dos periferias, la de los países del Pacto de Varsovia y la de las repúblicas soviéticas. Los primeros, hasta jurídicamente, se hallaban en condiciones de desprenderse del hegemón del imperio, dando paso a una reconstrucción del mapa de la Europa central y oriental del lado de acá de Rusia de antes de la Guerra Mundial. Ni la identidad de la URSS, ni su territorio, ni su orgullo de gran potencia sufren grandemente por ello. En cambio, los secesionismos y la agitación de las repúblicas soviéticas más excéntricas o recientes no puede producirse sin que se generen tensiones de consecuencias insospechadas, que Moscú podría tolerar en el caso de las bálticas bajo ciertas fórmulas de Commonwealth (según postulaba recientemente el internacionalista profesor Truyol), pero que serían insoportables si alcanzaran seriamente a Ucrania.

Los occidentales -y señaladamente los Estados Unidos- están actuando con una prudencia responsable y digna de elogio. El final del imperio soviético puede ser considerado como un hecho, pero la fuerza física -humana, tecnológica, nuclear y, en una palabra, militar- si no se lleva a cabo adecuadamente allí una especie de reconversión o redimensionamiento político, podría desmandarse y conducir al mundo a una situación gravemente peligrosa. No es tan fácil pasar de superpower a potencia ordinaria. Para que la transición sea tranquilamente aceptada por su gente, la URSS, que va a poner cada vez menos satélites en órbita, tiene que ir poniendo, como decía desde el propio Moscú un destacado periodista, más carne y más mantequilla sobre las mesas de su gente.

En España, ruido de papeles

La libertad de información y de expresión son bienes públicos que el poder tiene la obligación de proteger en una sociedad democrática moderna, garantizando la libertad de opinión y la libertad para el ejercicio de la crítica. En el caso español, igual que en muchos otros, el amparo de ese bloque de libertades está recogido en la Constitución de manera suficientemente explícita.

No sólo es admisible, sino razonable y además ocurre en todas partes, que los gobiernos por razones de interés general, puedan acotar algunas materias y reservarse el conocimiento de ellas, particularmente en los campos de la defensa nacional y, en determinadas circunstancias, en asuntos de política exterior e incluso de orden público. Son los llamados secretos oficiales, que suelen estar regulados por disposiciones aprobadas por los parlamentos.

También es habitual, y a nadie le parece mal, que, por razones de oportunidad, se acuerden entre periodistas y políticos ciertos silencios y se respeten las condiciones en que se ha accedido a una información concreta. Se trata de un pacto que puede afectar a los contenidos o sólo a las fuentes de ciertas noticias. Se dice entonces que se aplican las fórmulas del «off the record» y de la «background information», cuyos mismos nombres, internacionalizados ya, revelan su raigambre anglosajona, lo cual significa que se han generado en una cultura política en que se rinde culto a la libertad.

En relación con el marco de las libertades de expresión y de crítica existen también, como en todas las relaciones interpersonales, unas leyes penales que amparan los derechos de los individuos e instituciones y los defienden de las agresiones de que puedan ser objeto. Pero no se entiende por qué esos posibles abusos habrían de ser considerados de naturaleza distinta que los que se hacen sin prensa. Ya los códigos reconocen circunstancias que agravan o atenúan responsabilidades, entre las que suele contarse la publicidad.

No tocar las leyes penales

En todo caso se trata de preceptos que jueces y fiscales han de manejar con tanto cuidado y pericia como las armas de fuego, para evitar que se produzcan efectos no deseados, por decirlo con un eufemismo, y para no contribuir a una irritación innecesaria entre gobernantes, periodistas y público. Pero es casi más peligroso todavía tratar de meterse a remendar el código penal, para enfrentarse con problemas transitorios. El código penal es una pieza jurídica, que debe poseer una estructura homogénea armónicamente organizada en torno a unos principios filosóficos, sociológicos y jurídicos coherentes. Hace poco más de 20 años, precisamente aquí en España, se introdujeron en el código penal en forma de artículos «bis» unos preceptos de la Ley de Prensa con la consecuencia de que se invalidaban los no muy generosos márgenes de libertad abiertos poco antes.

Bastante más tarde, ya bajo el presente régimen democrático, se aprobó una mal concebida ley para la defensa del honor y de la intimidad frente a posibles agresiones de la prensa y de los medios. No ha sido ciertamente la más eficaz de las normas emanadas de aquel parlamento, ni la más venturosa en su aplicación. Se pensó, en un principio, para que con ella se pudieran incluso confiscar periódicos, en casos señaladamente graves. Es a todas luces evidente que no ha servido prácticamente para nada, salvo como cauce de reclamaciones o querellas de algún particular sobre asuntos particulares, o para que alguien invocara su amparo al dirigirse a un periódico con una rectificación o un desmentido que casi siempre se habría publicado sin necesidad de semejante norma.

La prensa no es una cuestión pendiente de la transición española, y desde luego no necesita ninguna legislación especial. Los «medios» son una industria, el periodismo una profesión y el universo de la información una de las piezas capitales -y la más visible del sistema de comunicación de una sociedad.

Como industria, como profesión y como hecho social ha de estar sometida a las leyes generales del país y a aquellas disposiciones que vengan exigidas por la naturaleza de un medio, por razones técnicas o compromisos de estado, como ocurre por ejemplo con las frecuencias de radio y de televisión, o para prevenir fraudes al público o acciones antisociales por medio, por ejemplo, de la publicidad. Pero no debe ser declarada oficialmente bajo sospecha como se hacía con elementos sociales marginales en las antiguas leyes de vagos y maleantes.

La prensa, y en general los medios, el periodismo y el universo de la información deben estar presididos, en todas sus realizaciones, por principios éticos, y deben ser los profesionales y la industria misma quienes los impongan, y la aprobación y el rechazo de una sociedad sana quienes los sancionen.