El fin del enfrentamiento económico

La solución que Felipe González ha dado a la crisis de Gobierno -un gabinete de técnicos, trufado con algunos nombres de significación política supone la definitiva aceptación de los planteamientos capitalistas por parte del socialismo español. En mi opinión, es un nuevo acto de realismo del presidente, quien desde que tomó el mando del Gobierno del Estado en 1982 no ha hecho sino rectificar el rumbo de sus proyectos iniciales, al ir contrastando los mapas reales de navegación con aquellos otros que traía en su cabeza, basados más en ensueños ideológicos que en la pura y simple realidad.

La composición del nuevo Gobierno resulta indicativa del fin de un debate en el seno del socialismo español contemporáneo sobre su forma de entender las relaciones económicas y, por tanto, el abandono por sus máximos dirigentes no sólo de cualquier posible veleidad revolucionaria sino también de cualquier intento por vano de sustituir el mercado por cualquier otro mecanismo más eficiente de asignación de los recursos. Sin duda, resulta también el final del «Programa 2.000» y su sustitución por un pragmatismo en el diseño de políticas concretas que nos permitan competir sin handicap con el resto de Europa.

La socialdemocracia que se perfila está basada en un humanismo que respeta al individuo como persona —su libertad—, aunque pone el acento en los quehaceres colectivos y, por tanto, en la dimensión social de la persona tanto, en la dimensión social de la persona y en su capacidad de ser solidaria con otras. Pero se trata de un humanismo laico, de corte reduccionista, que desconoce o pretende ignorar la apertura esencial del hombre a la trascendencia y, consecuentemente, a valores superiores de su propia vida.

Nueva tecnocracia

Algunos analistas han apreciado en este tercer Gobierno González un cierto paralelismo con los gobiernos tecnocráticos que el régimen franquista alumbró en los años sesenta, tras el paulatino vaciamiento del entusiasmo ideológico que se produjo dentro de aquel sistema político en las dos décadas posteriores a la guerra civil. Observación atinada, pues, aunque las circunstancias históricas sean muy diferentes, no cabe duda de que el PSOE ha ido perdiendo, cuando menos, el fervor primerizo de su implantación en el interior de España, caracterizado por la ausencia de crítica hacia sus fuentes ideológicas, para dar paso a un realismo pragmático, donde del marxismo no queda más que el recuerdo gratificante de la lucha en la oposición. En el socialismo actual, sin abandonar los objetivos sociales, se buscan, sobre todo, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, una carencia crónica de los socialismos meridionales. Se persigue también que el impuesto sea la vía para corregir las desigualdades sonrojantes a las que conduce un sistema capitalista, cuya metodología —por otra parte— se acepta.

En la práctica, la evolución del Partido Socialista facilita un mayor consenso político con las posiciones del centro y de la derecha. No es que ahora no quepa discrepancia alguna con la política económica, al estar presidida por criterios científicos, pero sí se cierra mucho el abanico de las divergencias, al ser no en el tiempo con el estrechamiento de los márgenes de maniobra de la política monetaria y fiscal para los Estados —como el español— cuyas economías se van a integrar en un solo mercado de ámbito europeo.

Hemos llegado en España al final del debate ideológico sobre cuestiones económicas al seguir Gobierno y oposición un mismo modelo, el de la economía capitalista. Quedarán flecos de ese debate, alimentados sobre todo por los sectores de izquierdas más radicales y también por los sindicatos, que no han evolucionado a la misma velocidad que el PSOE y no logran superar el esquema decimonónico con el que nacieron, más propio de una sociedad industrial, en la que el carácter puramente reivindicativo tenía mayor sentido que en la sociedad post-industrial y de servicios en la que ya estamos viviendo.

Lo extraño, y son las paradojas de la vida política, es que el proceso de liberalización de las estructuras económicas lo esté haciendo un Gobierno llamado socialista y no otro de corte liberal. La posible explicación de esta paradoja habría que que buscarla en la mayor facilidad de los socialistas para entenderse con los sindicatos, a pesar de la huelga general y del progresivo distanciamiento de UGT de la política del Gobierno.

Sin embargo, y a nadie le ha podido extrañar, el paso de los socialistas por el Gobierno del Estado ha supuesto un incremento espectacular de los recursos públicos dentro del Estado, con las contrapartidas del crecimiento de la deuda del sector público y del esfuerzo fiscal de los españoles, y la disminución del peso del sector privado dentro de la economía nacional.

La democracia —y éste no es un pecado sólo imputable a los socialistas— ha traído consigo un crecimiento vertiginoso en términos relativos del gasto público. Para apreciar la magnitud de este cambio hay que tener en cuenta el punto de partida. En el régimen franquista, los gastos estrictamente políticos eran insignificantes y se concentraban en los presupuestos de la Secretaría General del Movimiento y de la llamada Organización Sindical. La vida política no existía, y por tanto resultaba muy barata para los contribuyentes. El Estado de las Autonomías y la implantación de la participación política a través del sistema de partidos ha multiplicado exponencialmente durante la transición esos gastos de carácter político, situándolos en niveles de los que difícilmente van a bajar.

Pero junto a estos gastos políticos de fácil justificación, también se han producido otros que obedecen más a opciones del partido en el poder que al puro funcionamiento del sistema representativo. Son los gastos de carácter social —seguridad social, pensiones, subsidios de desempleo, empleo comunitario, etc.—, que el PSOE ha incrementado notablemente en aras del bienestar social y para contento de su clientela de votantes, gastos concentrados especialmente en las zonas económicamente más deprimidas como son Andalucía y Extremadura, donde son mayores los rendimientos electorales de esas ayudas a causa de la estructura de población.

Junto a este incremento de los gastos, los gobiernos socialistas han trazado el objetivo de una mayor racionalización en la gestión de las empresas públicas, con una notable privatización de empresas del INI y del Patrimonio. Aunque está por hacer el balance de la dolorosa reconversión industrial, que ha dejado la mayor parte de la industria en manos extranjeras.

La modernización de la economía española se ha hecho utilizando la herramienta de la política monetaria. Con altos tipos de interés para frenar la inflación al mismo tiempo que se atraía al capital extranjero tanto para financiar las nuevas inversiones como la deuda del Estado. Esa política ha tocado prácticamente fondo, al introducir la peseta en el Sistema Monetario Europeo, donde las fluctuaciones del valor de la divisa están sometidas a márgenes estrechos, lo que implica a la larga una convergencia en los tipos de interés de las monedas europeas.

Estamos en el umbral del mercado único europeo, donde la competitividad, marcada por el binomio calidad-precios, va a ser la piedra de toque para medir la calidad de cualquier política económica de los distintos gobiernos. Superada la discusión en términos de enfrentamiento ideológico, el debate económico debe centrarse ahora en diseñar políticas alternativas para producir bienes y servicios más competitivos con los qué son capaces de producir el resto de los europeos.

Pero sin duda esos diseños contarán siempre con el enfoque ideológico, porque los socialistas siguen poniendo el acento en la igualdad y los liberales en la libertad. Con esos matices se pueden alumbrar políticas económicas muy diferentes tanto en los gastos como en los ingresos, programas distintos sobre los que los electores, que son también contribuyentes, deberán decidir en las urnas.