Con elecciones o sin ellas, una auditoría

Haya o no elecciones generales en mayo junto con las locales y autonómicas, la situación política del 29 de mayo será muy distinta de la actual y de la que ha habido tras otros comicios municipales o regionales. Lo del 79, con ayuntamientos social-comunistas y gobierno y parlamento de UCD, fue otra cosa. Apenas había competencias transferidas ni gobiernos regionales, mientras que la mayor parte de los grandes municipios vivían en la indigencia y necesitaban un socorro del gobierno con aprobación parlamentaria. Las elecciones locales del 79 fueron administrativas. Sólo producirían efectos políticos tres años y medio más tarde, en las generales de octubre del 82.

Si hubiera ahora convocatoria para mayo, parece que las tres consultas electorales simultáneas llevarían al poder a la actual oposición no sólo en los hemiciclos de Madrid, sino en varias de las regiones y en las ciudades más populosas en que ahora mandan los socialistas.

Pero, en todo caso, si los resultados de mayo arrojan lo que apuntan las encuestas, el gobierno no podrá seguir de espaldas, ni desoír las voces del partido contrario, con un horizonte que exigirá sacrificios y esfuerzos de toda la nación.

Hay ahora en España unos problemas judiciales particularmente agudos y ruidosos, que afectan seriamente al crédito de instituciones capitales del Estado. Pero siendo tan llamativos —y sonrojantes— no son los principales. Podrían seguir sus respectivos cursos procesales y quedar sustraídos del tráfico político, sean cuales sean las consecuencias para determinadas personas. De más entidad son los problemas económicos, que vienen de imprevisiones de dos lustros y que no se solucionan con medidas insuficientes y tardías como las cuatro devaluaciones de los últimos años.

Hace largo tiempo que el país está viviendo por encima de sus posibilidades, con un gasto público desmesurado, financiado por un déficit que escapa al control del gobierno, porque se genera en los tres niveles de la administración del Estado. A esos vicios se suman las cifras de desempleo más altas de Europa y la productividad más pobre. España no cumple ninguno de los criterios de convergencia de la Unión Europea. Las recetas para la curación de estos males, o su alivio, son de manual. Pero aplicarlas exige un gobierno fuerte, dispuesto a decir la verdad y a obrar en consecuencia.

Se hallan planteadas y pendientes también otras cuestiones, a las que hay que ofrecer respuesta en este momento de la vida española. Alguien diría que se trata de cuestiones históricas. Quizá no haya que emplear un lenguaje tan solemne. La transición ya quedó atrás. Se realizó por obra de los gobiernos de Suárez, con la Constitución, las amnistías y los primeros Estatutos de autonomía. Se culminó con Calvo Sotelo, restableciendo —o estableciendo— la supremacía del poder civil tras el intento de golpe del 81, normalizando la presencia española en el mundo con la incorporación a la OTAN (paso necesario, además, para el acceso a la Comunidad Europea) y con el traspaso de poderes a los socialistas.

Un chequeo y una auditoría

A casi diecisiete años de la aprobación de la Constitución, cuando ya se han desarrollado casi todos sus preceptos y han transcurrido seis legislaturas parlamentarias, sería muy deseable que el cuerpo general del Estado fuera sometido a un chequeo político y a una auditoría económica. Ambas operaciones han de realizarse por separado, pero simultánea y coordinadamente. Han de ser impulsadas desde el parlamento. El primero ha de consistir en el examen de la estructura y el funcionamiento del aparato del Estado y de las instituciones enumeradas en los artículos 6 y 7 de la Constitución —partidos y colectivos de trabajadores y empresarios—. La segunda debe ser la elaboración y análisis de un balance consolidado de lo que podría llamarse España Inc..

La creación de las administraciones autonómicas ha generado en no pocos casos disfunciones, incluso legislativas, como muestran los recursos al Constitucional del gobierno de la nación y de los entes regionales. En ocasiones se han producido confusiones y solapamientos entre provincias y autonomías, y entre la administración central y las territoriales. Cuerpos de funcionarios de las más diversas especialidades han resultado despiezados en el proceso de las transferencias, y en ellos se ha perdido o lesionado la movilidad, que no sólo era un derecho de los interesados, sino un instrumento que propiciaba la homogeneidad en el seno del Reino de España y la igualdad de derechos y responsabilidades entre los ciudadanos, etc. etc. El chequeo a la administración del estado daría luz sobre la aplicación de los principios de eficacia en el ejercicio de la función pública, y de mérito y capacidad en la selección y promoción de las personas que la sirven (Constitución, art. 103).

Pero tan importante —y tan urgente— como el chequeo al Estado, es una verdadera auditoría económica y financiera de la nación. Es notorio que no está operando satisfactoriamente la coordinación de las varias administraciones públicas, que no se exige ni se observa la disciplina debida y que demanda la ley, y que se puede asegurar que, al final, ni los servicios de estadística ni el Tribunal de Cuentas conocen los grandes números de las cuentas generales del Reino.

Con elecciones generales la responsabilidad de activar el chequeo y la auditoría sería de los probables vencedores. Pero también lo sería si no hay elecciones y si el gobierno persiste en la inerte pasividad de ahora. Y, con el diagnóstico, la responsabilidad de presentar los proyectos que dejen bien claro lo que se pretende hacer.