Bonanza en el continente, borrasca en la península

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el pasado año revolucionario de 1989, el continente europeo conoció dos clases de fronteras. Una era la gran línea divisoria entre dos mundos, sobre la que ya había llamado la atención Winston Churchill en su famoso discurso europeísta de 1946 en Zürich, designándola con el nombre de telón de acero. A un lado de él quedaban los territorios ocupados por el Ejército Rojo y al otro los que lo habían sido por los aliados occidentales. Pocos años después, en los primeros de estos países se habían establecido regímenes comunistas, mientras que en los otros o se restauró la legalidad anterior a la ocupación nazi, o se creó de nueva planta un Estado democrático como en la República Federal de Alemania. Las otras fronteras eran las nacionales, obra de la historia o de los convenios entre potencias que se han sucedido a lo largo de los siglos en el continente europeo.

La frontera mayor quedó pronto impermeabilizada. En 1952 la línea divisoria entre los dos Estados alemanes dejó de ser un trazo sobre el mapa con puestos de control en los lugares de paso, como suele ocurrir con las fronteras, para convertirse en una trinchera continua con alambradas y torres de centinela al alcance de la vista unas de otras a lo largo de los casi 600 kilómetros que corren desde las orillas del Báltico hasta el confín de Bohemia. Este «telón de tierra y hierro» para el que no hay más precedente que la muralla china o el limes del imperio romano, se extendía en dirección sur entre los Estados de uno y otro signo hasta alcanzar el Adriático junto a Trieste.

En 1961 el famoso muro berlinés envolvió el sector occidental de la ciudad como el que lía un paquete, haciendo de él una isla de libertad en el mar rojo de la república que se llamaba democrática y convirtiéndose en el símbolo de la división del continente y de la incomunicación entre sus dos secciones.

La gran revolución de 1989 ha consistido en el desmoronamiento súbito y casi imprevisto del imperio soviético. Empezando por Polonia, los Estados satélites del Pacto de Varsovia han abandonado la ortodoxia comunista para empezar a organizar democracias de tipo occidental con un sistema de partidos y un régimen de libertades públicas, suprimiendo la dictadura de los partidos comunistas que se disuelven a ojos vistas y a ritmo acelerado en casi todos esos lugares. La propia URSS ha puesto fin, en el orden de los principios, a la función directiva y excluyente del partido comunista, no sin dejar al Estado soviético sin el elemento de cohesión, o de coerción, interna que aseguraba su unidad.

La revolución de 1989

La primera de estas fronteras ha desaparecido en términos políticos e ideológicos con la revolución de 1989. Otra condición es que los ciudadanos tengan que obtener visados especiales y cumplir ciertos trámites administrativos y monetarios, manifiestamente residuales. La revolución que acabó con ella ha consistido en el abrupto y en general pacífico desmoronamiento de los Estados comunistas, que están siendo progresivamente reemplazados por incipientes democracias, con la aceptación, por no decir con el apoyo, de la propia URSS. A la vieja guerra fría ha venido a suceder el clima templado de una bonancible primavera.

Los diversos Estados ex comunistas del centro y del este de Europa se enfrentan con los difíciles problemas de la transición de un sistema político y social a otro. Han de crear nuevas estructuras políticas, y carecen de los recursos económicos indispensables para la nueva situación. Por eso mismo resulta más notable el clima de entendimiento político y social con que estos acontecimientos han ocurrido, con la casi única excepción de Rumania.

En la Unión Soviética, que no es un Estado como los demás, sino un imperio que agrupaba bajo el férreo poder unitario del PCUS diversas realidades étnicas y culturales, surgen, y en ocasiones con violencia, las tensiones nacionalistas al tiempo que se despierta la vocación de independencia de los distintos pueblos. Algo semejante es probable que brote en los territorios donde conviven mayorías y minorías de signo cultural e histórico netamente diferenciado: húngaros en Rumania, turcos en Bulgaria, polacos en Bielorrusia o en Lituania, alemanes en diversos lugares, etc. Pero eso no altera las líneas generales del clima de bonanza en que se está desarrollando una revolución de tan vasto alcance, a la que cuadraría el nombre de la más pacífica e incruenta de las revoluciones que ha conocido la historia humana.

Turbulencias españolas

Contraponer la apacible bonanza del nuevo clima europeo, sin guerra fría y desarme a la vista, con el gesto ceñudo y hosco de algunas actitudes domésticas de este país nuestro, quizá no sea proporcionado, pero resulta casi inevitable. Tal vez sea comparar acontecimientos con sucesos y pasar de la gran historia a la menuda crónica local de lo que pasa en el barrio.

Pero hoy es legítimo preguntarse por qué el Gobierno y su partido se encuentran empantanados en tantas contradicciones. Los problemas nacionales existen pero son relativamente menores y de ordinaria administración. La inflación se escapa, pero dentro de márgenes que para los últimos 20 años no son inaceptables.

El desempleo no baja pero tampoco crece, mientras que se incrementan los puestos de trabajo. Los poderes públicos tienden a expandirse invadiendo esferas ciudadanas, pero las libertades se mantienen. Las inversiones aumentan y los ingresos privados también, aunque siempre menos de lo que cada uno querría. El único grave e irresuelto problema nacional es el terrorismo de la ETA, que, con todo y en comparación con lo que sucedía años atrás, ha descendido en el volumen e intensidad de sus acciones. Sigue siendo, no obstante, la piedra en el zapato de la transición española.

Sin embargo, algo pasa que tiene agitada a la opinión, nervioso al Gobierno y a la Fiscalía del Estado que anda buscando brujas y mata pulgas a cañonazos. Que un funcionario del partido del Gobierno haya podido abusar de su influencia y de su información en beneficio propio no es ciertamente una conducta ejemplar. Pero no tiene por qué dar lugar a una crisis de Estado. El simple indicio razonable debería bastar para que el partido lo destituyera o suspendiera claramente en sus funciones poniendo el asunto en manos de los jueces, aunque se trate del pariente próximo de un preboste. Y si éste hubiera sido negligente tendría que descender del sitial sin mayores tragedias.

Pero la cuestión es que el Gobierno está inquieto, y la oposición crispada; los nacionalismos se encampanan en unas autodeterminaciones que nadie sabe qué son ni cómo se ponen en práctica; las centrales sindicales, en nombre de unos trabajadores que por lo general no están afiliados a ellas, obligan a pactar al Gobierno en contra de su política económica, aprovechando su situación de debilidad, etc., etc.

El presidente González y su partido han ganado por tercera vez consecutiva unas elecciones, igual que Thatcher y que los republicanos en USA. Si bien ahora entre las chapuzas de unos listos de Galicia, de Murcia y de Melilla, unidas a las insuficiencias de la ley electoral y de los mecanismos de control, no se sabe si han ganado del todo o son la minoría mayoritaria. En cualquier caso, no pueden obtener las mayorías precisas para ciertas votaciones más que negociando con los populares o rebañando todos los votos sueltos, y contradictorios entre sí, del resto del Congreso, o al menos alguno pescado al azar como ya ocurrió en la investidura del presidente del Gobierno.

Un nuevo consenso es necesario

Con la actual composición del Congreso de los Diputados no es concebible un Gobierno que no tenga como cabeza al partido socialista. Pero en ponencias, comisiones, juntas de portavoces, etc., la aritmética parlamentaria y el voto ponderado pueden dejar al PSOE en el 50 por 100 o algún punto por debajo. Los socialistas no pueden gobernar como lo venían haciendo. Necesitan apoyos a su derecha o a su izquierda. Los primeros pueden salir políticamente caros, porque obliguen a negociar parcelas de poder. Los segundos son de difícil presentación dentro y fuera del país en un momento en que nadie quiere seguir siendo comunista en todo el continente.

La estrategia inicial del Gobierno socialista ha sido saltarse a los partidos, apelando directamente a sus clientelas. Es lo que significa el corporativismo de conceder el control del empleo a los sindicatos en una versión española de lo que fueron las closed shops británicas, adentrándose por un camino que conduciría lógicamente a algo tan anticonstitucional como la obligatoriedad de la afiliación sindical. Las Trade Unions inglesas perdieron esta batalla no sólo ante Thatcher, sino ante la opinión pública.

El Gobierno tiene que adaptarse a la situación real suya y del país. No se debe responder a las denuncias de corrupción amedrentando periódicos, ni se promueve la inversión descalificando empresarios, ni se fomenta el diálogo social o la negociación con los partidos fijando unas condiciones que nadie puede aceptar.

La situación española es la de un gobierno que no dispone de mayoría suficiente para andar solo y que tendrá que llegar a ciertos acuerdos procesales con el principal partido de la oposición para que funcionen las instituciones del Estado.

En otros momentos, el actual presidente y su partido han rectificado empecinamientos precedentes, aunque se negaran a reconocer que lo hacían. Ahora tendrán que repetirlo y más por la vía directa de unos acuerdos procesales de Estado con la oposición, que por la de buscar a tientas mayorías inestables que ninguno de los eventuales socios había anunciado a sus votantes. Ese sería el nuevo consenso, ajustado a la época, que el país necesita y que una buena parte de la opinión demanda.