Mi cesta
Tu cesta está vacía, pero puedes añadir alguna de nuestras revistas o suscripciones.
Ver productos1 Nov 1991 - 6min.
La cuestión de los incendios forestales es una vieja cuestión, que sólo recientemente ha pasado a ser un problema. El hombre los provocó, ya en tiempos remotos, con fines económicos, para obtener tierras cultivables, o con fines bélicos, para expulsar o evitar emboscados y emboscadas; todavía hoy pueden encontrarse ejemplos de estos mismos tipos de acciones en la agricultura itinerante de las zonas tropicales y en algunos episodios bélicos; también se provocan en algunos casos los llamados «fuegos prescritos para mejorar la estructura y el funcionamiento de grandes masas forestales.
Por otra parte, en ciertas regiones sujetas a determinadas condiciones climáticas, los incendios constituyen un hecho histórico repetido, con mayor o menor frecuencia pero siempre con constancia, de modo que los bosques que actualmente las cubren han convivido con el fuego y han sido influidos poderosamente por él; son «hijos del fuego», se llega a decir, en el caso de la región mediterránea.
En ciertas regiones sujetas a determinadas condiciones climáticas, los incendios constituyen un hecho histórico repetido, con mayor o menor frecuencia
Hoy, ciertamente, la cuestión ha devenido un problema; causas naturales, causas artificiales, de todo hay: flota de aviones, pirómanos, turistas y domingueros irresponsables…; reportajes, filmaciones, se habla y se habla de ello, sobre todo en verano, cuando se dan con más profusión, de modo que poco más que lo muy conocido se podría decir. Dejémoslo en un escueto resumen: el número de incendios habidos en los últimos quince años es del orden de 100.000!; en ese mismo período, la superficie quemada anualmente no baja de 1.000 kilómetros cuadrados, con frecuencia alcanza los 2.000 y en el terrorífico año de 1985 se acercó a los 5.000 kilómetros cuadrados (la superficie de Cantabria, por ejemplo).
Hay, sin embargo, algunos puntos que parecen tener cierta entidad, de los que se habla menos, y en los que quizás pueda estar buena parte del «quid de la cuestión. En el libro «Datos de la OCDE sobre el Medio Ambiente. Compendio 1991, que acaba de publicarse, figura un cuadro en el que se indican las pérdidas producidas por los incendios forestales en el último decenio, referidas a madera y otras pérdidas tangibles». El dato más reciente para España es de 1987 y cifra las pérdidas en 55 millones de dólares aproximadamente; en el mencionado 1985, suben al doble, 11.000 millones de pesetas. Estas cifras son, claro está, considerables, aunque en términos comparativos con otras catástrofes no llaman demasiado la atención (por ejemplo, son más o menos la mitad del montante aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 4 de octubre para saneamiento de los clubes de fútbol). Llaman, en cambio, mucho más la atención cuando se las compara con el coste anual de prevención y extinción de incendios, que es muy superior al valor de las pérdidas (no es probable que baje de 15.000 o 20.000 millones de pesetas). Con todas las explicaciones que se quiera sobre coste, gasto, inversión y demás crípticos términos económicos, no resulta fácil entender que alguien se gaste para evitar una pérdida económica más de lo que ésta supone.
Algo más tiene que haber; hay, en efecto, que las pérdidas no son sólo en «madera y otras pérdidas tangibles», pero este punto puede iluminarse volviendo al Compendio de la OCDE. En otro cuadro, titulado Comercio de la madera y de los productos de la industria de la madera, con datos de 1989, queda de manifiesto que España es deficitaria en el comercio de madera entera, sin desintegrar (importaciones, 454 millones de dólares; exportaciones, 36 millones); por el contrario, en celulosa y pasta se exporta más de lo que se importa (305 millones contra 190 millones); por último, en el capítulo del papel los términos se invierten de nuevo (importación, 707 millones; exportación, 327 millones). Es decir, la peor de las combinaciones posibles: nos falta madera de calidad, producimos y exportamos materia prima (aunque también aquí parece perderse dinero; la Empresa Nacional de Celulosa, ENCE, perdió en el primer semestre de 1991 4.500 millones de pesetas), que, una vez transformada y bien impregnada de valor añadido, volvemos a importar. No parece que ésta sea la mejor manera de alinearse con Alemania u Holanda ni de coger velocidad.
El coste anual de prevención y extinción de incendios es muy superior al valor de las pérdidas: no es probable que baje de 15.000 o 20.000 millones de pesetas.
¿Qué tiene esto que ver con los incendios? Mucho, porque ha sido la base de una política forestal orientada a la plantación de especies de crecimiento rápido, que privilegia así a la industria desintegradora de la madera y margina los intereses, usos y costumbres de las poblaciones locales, que se sienten, en consecuencia, insolidarias u hostiles. En el Boletin Oficial de las Cortes, Senado, número 177, de fecha 28 de abril de 1988, se publicó un detenido informe de una Comisión Especial de Investigación sobre Incendios Forestales, que trata con acierto, junto a los lugares comunes del problema, otros de mayor calado; en él puede leerse que «es preciso superar la orientación exclusivista del criterio integración monte-industria que ha presidido la realidad de la actuación forestal, ha llevado la mayor parte de los beneficios a lugares y personas ajenas al monte y ha dado origen a los conflictos conservación-producción». Desgraciadamente, la repercusión de este informe ha sido muy pequeña; ese norte de la política forestal sigue en pie, aunque vacilante y profundamente cuestionado, y no faltan ejemplos de regiones donde se ve con renacido alborozo la instalación de nuevas y gigantescas industrias a cargo de multinacionales.
Un tercer punto, también menos tratado: la falta de información precisa, al menos puertas afuera, y de investigación, dos faltas que quizás implican una tercera: la falta de voluntad para ir al fondo de la cuestión. Parece ser que ahora, tras el pase de competencias a las Comunidades Autónomas, es aún más difícil obtener de modo sistemático datos fiables; de todas formas, es llamativo que no se aprovechen, o que no se divulguen, las singulares posibilidades que a estos efectos ofrecen las nuevas tecnologías de recogida de información (vía satélite, por ejemplo). Igualmente llamativa resulta la ausencia de investigación orientada hacia los puntos clave del problema (la poca que hay, si bien meritoria, se queda en la epidermis o carece de aplicación). Más que llamativo es que todo ello costaría una mínima parte de lo que cada año se va por los acreditadamente ineficaces cauces por los que se ha discurrido hasta ahora.
El bosque vale más, infinitamente más, que su madera; lo vale en términos más tangibles y más claros: control de la erosión e inundaciones, recarga de acuíferos, paisaje natural querido y buscado, diversidad biológica,… La aceptación de este hecho subyace en las cifras que se gastan para combatir los incendios ¿Por qué, entonces, no se va de una vez al fondo de la cuestión y se trata -ya se sabe que no es fácil de resolver el problema? Dejemos de nuevo la palabra a la Comisión Especial del Senado: «El problema está antes de producirse los incendios, antes de la vigilancia, antes de la prevención convencional… La política forestal debe evitar, en cuanto sea posible, el enfrentamiento de intereses y beneficiar al mayor número de personas y de actividades. Las actividades forestales no han recibido el mismo apoyo que las agrícolas».