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Ver productosEl teólogo y economista Albino Barrera parte de la doctrina social de la Iglesia para demostrar que no se puede hablar de verdadera riqueza sin solidaridad

14 Jul 2026 - 8min.
Albino Barrera (Manila, 1956). Sacerdote dominico, teólogo y economista. Doctor por la Universidad de Yale, es profesor de Economía en Providence College, Rhode Island (EE. UU.).
Avance
¿Es utópico conciliar prosperidad y justicia social en un mundo frecuentemente marcado por la desigualdad, los abusos y la codicia? El teólogo y economista Albino Barrera se remite a la doctrina social de la Iglesia para subrayar que la economía no debe orientarse únicamente a producir riqueza material. Solo se consigue la verdadera prosperidad mediante la búsqueda del bien común, el desarrollo integral de cada persona, el desarrollo de los demás y el cuidado de la creación.
El autor sintetiza y aplica a la economía los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, como la subsidiariedad, según la cual las personas deben asumir la responsabilidad de su propio crecimiento integral y contribuir al bienestar social sin esperar constantemente la intervención del Estado; y la solidaridad, que impulsa el compromiso activo con los más vulnerables. De este se derivan la participación de todos en la vida económica, la primacía del trabajo digno, la atención preferente a los necesitados y la necesidad de corregir los fallos del mercado. Asimismo, recuerda que la propiedad privada posee una función social y debe administrarse con responsabilidad hacia las generaciones futuras.
Frente al laissez-faire y el colectivismo marxista, la doctrina social propone un modelo equilibrado, que reconoce la capacidad creadora del mercado, pero también la necesidad de intervenir cuando de este se derivan consecuencias injustas. El equilibrio entre libertad económica y responsabilidad social se rompió con la crisis de codicia y enriquecimiento rápido de 2008.
ArtÍculo
La finalidad de la economía no debe ser simplemente la producción de riqueza material, sino la consecución de una prosperidad duradera para todos, entendida como una combinación equilibrada de bienes materiales, personales, sociales y espirituales. ¿Suena a utópico e ingenuo en un mundo frecuentemente marcado por la desigualdad, los abusos y la codicia?
La propuesta es, tal cual, la que hace la Iglesia católica a través de la doctrina social, —como acaba de recordar León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas—. Albino Barrera la sintetiza y la aplica a la economía contemporánea, en el ensayo What Does Catholic Social Thought Recommend for the Economy? The Economic Common Good as True Prosperity, publicado en el volumen The True Wealth of Nations: Catholic Social Thought and Economic Life (Oxford University Press).

Teologo y profesor de Economía, Albino Barrera lleva años investigando cómo la economía y la teología moral pueden reforzarse mutuamente para facilitar el florecimiento humano, a través de obras como Biblical Economic Ethics: Sacred Scriptureʼs Teachings on Economic Life y Compassion-Justice Conflicts and Christian Ethics
En su síntesis sobre la doctrina social de la Iglesia, comienza aclarando un posible malentendido: la pobreza material no es un ideal cristiano ni una condición deseable. Dios quiere para el ser humano una vida digna y abundante, no una existencia marcada por la precariedad. Las referencias bíblicas a la Tierra Prometida, «que mana leche y miel», expresan esa voluntad divina.
Lo que ocurre es que entra en juego la libertad humana y las personas tienen la opción de contribuir a ese ideal de prosperidad o de malograrlo, por negligencia o por comportamientos egoístas o injustos. De ahí que la dimensión ética sea indisociable de la vida económica.
Los bienes materiales son únicamente un medio, no un fin en sí mismos. El objetivo último de la existencia humana es la realización integral de la persona. Siguiendo a Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio, el autor insiste en que el verdadero desarrollo es ante todo moral y humano.
No puede considerarse logrado el bien común si una parte de la sociedad queda excluida. «El amor, la justicia, la libertad, la verdad y la solidaridad constituyen los valores esenciales de una comunidad verdaderamente próspera», indica la doctrina social de la Iglesia. El desarrollo integral no debe circunscribirse a unos pocos privilegiados, sino que debe alcanzar a todos los miembros de la sociedad.
A partir de estas premisas, Albino Barrera identifica cuatro grandes medios necesarios sin lo cuales es imposible una prosperidad sostenible: La búsqueda del bien común; el desarrollo humano integral de uno mismo; el desarrollo humano integral de los demás y el cuidado de la tierra.
Todos estos medios se basan en los principios de la doctrina social de la Iglesia, que sirven como guía para la organización económica. Barrera los sintetiza.
La subsidiariedad afirma que las personas no deben depender de instancias superiores para realizar aquello que pueden y deben hacer por sí mismas, por los demás y por la comunidad.
Ni el pueblo de Israel ni la Iglesia primitiva esperaban que el Estado socorriera directamente a los necesitados. Eran los propios miembros de la comunidad quienes acudían en ayuda de los pobres con sus propios bienes. Del mismo modo, quienes podían trabajar tenían el deber de mantenerse por sí mismos y no convertirse en una carga para los demás, como escribe san Pablo a los tesalonicenses.
Trasladado a la economía contemporánea, este principio implica que un sector privado dinámico constituye una condición necesaria para el desarrollo humano. Las personas deben asumir la responsabilidad de su propio crecimiento integral y contribuir directamente al bienestar social siempre que dispongan de los medios necesarios, sin esperar constantemente la intervención del Estado.
La solidaridad consiste en una preocupación activa y auténtica por el bienestar de los demás, porque los reconocemos como hermanos, hijos del mismo Dios.
En la economía moderna esto se traduce en empatía, generosidad y una intensa vida cívica, donde personas y asociaciones contribuyen libremente al mantenimiento de la comunidad.
De este principio se derivan otros complementarios. El primero es la participación, que exige que todos puedan integrarse en la vida económica y social sin exclusiones injustas. El segundo es la primacía del trabajo, que afirma la dignidad de quien lo realiza y reclama salarios justos, empleo digno y condiciones laborales humanas. El tercero es la opción preferencial por los pobres, que obliga a prestar una atención especial a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Finalmente, el principio de restauración exige mecanismos que permitan corregir los daños producidos por los fallos del mercado, como programas de apoyo a desempleados o reestructuración de deudas.
El ser humano recibe la Tierra como un don y tiene el deber de administrarla responsablemente. La protección del medio ambiente y la atención a las generaciones futuras son elementos esenciales del bien común.
Según este principio, los bienes de la creación están destinados al beneficio de toda la humanidad, con independencia de cómo se distribuyan jurídicamente los derechos de propiedad.
La tradición católica ha criticado siempre tanto el laissez-faire extremo del liberalismo como el colectivismo marxista. La doctrina social propone un modelo equilibrado, subraya el autor: por un lado, reconoce la capacidad creadora del mercado, pero también la necesidad de intervenir cuando este genera consecuencias injustas.
Este equilibrio se manifiesta en diversos aspectos:
Ninguno de esos principios puede absolutizarse sin deformar el conjunto. Por ello la prudencia ocupa un lugar central en esta tradición intelectual.
Juan Pablo II afirmó en la encíclica Centesimus Annus (1991) que la Iglesia defiende «la legítima propiedad privada, porque constituye un ámbito indispensable para la autonomía personal y familiar»; pero recuerda que todos los bienes tienen un destino universal. Y en la Laborem Exercens (1981), había dejado claro que «la tradición cristiana nunca ha sostenido el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable», pues «sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social».
A este respecto, Albino Barrera alude a la crisis de 2008, en la que se rompió el equilibrio entre libertad económica y responsabilidad social. El colapso fue consecuencia tanto de la falta de regulación adecuada como de una cultura de enriquecimiento rápido. La crisis mostró que los mercados no se autorregulan perfectamente y que la prosperidad económica requiere también virtudes morales,
Aquello fue, en buena medida, consecuencia de la avaricia y la codicia, de búsqueda de ganancias rápidas que eran legales, pero no necesariamente morales, y mucho menos virtuosas, detalla Barrera. Y no solo por parte de los más adinerados: desde quienes compraban las casas de sus sueños a sabiendas de que estaban fuera de su alcance; hasta los prestamistas sin escrúpulos que atraían a los prestatarios con tasas de interés iniciales bajas, ocultando los verdaderos intereses en la letra pequeña; y por supuesto, las instituciones bancarias, los fondos de cobertura y las compañías de seguros que apalancaban en exceso sus préstamos; así como los inversores comunes que exigían rendimientos cada vez mayores, pero también más arriesgados.
«La crisis financiera de 2008 constituye una acusación contra esa sociedad por haber olvidado la verdadera esencia de la vida económica» y por no haber aprendido una lección elemental: que «la verdadera medida de la riqueza reside en la nobleza y la virtud». El objetivo, recuerda Albino Barrera, no es acumular bienes, sino promover una vida humana digna y plenamente desarrollada.
Foto: San Diego de Alcalá alimentando a los pobres (1645-1646). Oleo sobre lienzo de Bartolomé Esteban Murillo. Tomada del archivo de Wikimedia Commons.