Una crisis económica muy grave

La crisis del Golfo Pérsico y los erráticos movimientos del precio del petróleo que estamos viviendo, han vuelto absolutamente imprescindible un ajuste económico que ya se veía como inevitable hace muchos meses. En pocas palabras, una subida de precios tan fuerte del barril de petróleo como la que estamos registrando, no significa otra cosa que una transferencia real de renta a los países exportadores de crudo; o lo que es lo mismo: que casi de la noche a la mañana nos hemos encontrado con que somos «menos ricos». En el caso de la economía española, esta situación se agrava considerablemente, dada nuestra elevada dependencia del petróleo y los desequilibrios básicos de precios, balanza de pagos y déficit público neutral que continuamos padeciendo.

No es mi intención sostener, en este caso concreto y ante sus elevados costos económicos y sobre todo sociales, que «no hay mal que por bien no venga». Pero sí es la ocasión de recordar que cuando las cosas van mal, se distinguen con toda claridad, especialmente por los responsables de la política económica, los efectos negativos de una coyuntura internacional adversa sobre la economía española; y si bien se admiten, al menos, la elevada tasa de inflación y el preocupante nivel de déficit corriente, se silencia la parte considerable que tiene en esta situación la equivocada política económica que, año tras año, han venido practicando los gobiernos socialistas. Los razonamientos económicos del Gobierno no pueden evitar, aun reconociendo los desequilibrios de precios y sector exterior, que ha sido el choque petrolífero el que nos ha enfrentado a un ajuste económico inaplazable.

Nos encontramos ahora, a grandes rasgos, con la otra cara de la moneda de la que estuvimos presumiendo a mitad de la década pasada, especialmente a raíz de las medidas del Plan Boyer de 1985. En torno a aquellas fechas y en los años posteriores, la combinación de una política monetaria casi siempre restrictiva, la moderación salarial que se consiguió en algunos años y, sobre todo, la impresionante caída de los precios del petróleo, permitieron iniciar un camino descendente en la tasa de inflación, la recuperación del equilibrio de las cuentas exteriores, hasta el punto de conseguir algún año superávit en la balanza corriente, y un crecimiento impresionante de la tasa de inversión privada. Naturalmente, el efecto positivo de la caída del precio del petróleo y de casi todas las materias primas, tanto en la evolución de nuestros precios como de nuestras balanzas comercial y corriente y de nuestras tasas crecientes de aumento de Producto Interior Bruto, se vieron todavía más favorecidas por un ciclo de fuerte expansión económica en los países de la OCDE -primero en Estados Unidos y luego en Europa y Japón- y por los efectos positivos de bajas tasas de inflación en esos mismos países. Tanto, que la mejora de la relación real de intercambio en un par de años casi alcanzó un récord histórico.

Y aunque esto era evidente, el Gobierno socialista ponía siempre el acento en el acierto de la política económica española y sólo muy secundariamente en el efecto benéfico de la caída de los precios de las materias primas y del favorable contexto internacional sobre nuestra economía. Aquella situación, al contrario de lo que sucedía en los países más desarrollados de la OCDE, llevó a las autoridades socialistas a una situación de autocomplacencia en los logros de su política y a un reforzamiento de las tesis favorables al Estado de Bienestar, que ya habían sido revisadas prácticamente en todos los países que pretendíamos imitar. Naturalmente, la única manera de plasmar en la realidad esa ideología socialista, no era otra que la de encaminarnos hacia una participación aceleradamente creciente del sector público en la economía española. Así, no sólo se incrementa el gasto público para atender los costes de una reconversión económica -básicamente industrial y bancaria- tardía y mal hecha, sino que se opta por la vía de una participación creciente del Estado en la sanidad, en las pensiones, en la educación y en buena parte de la infraestructura de comunicaciones. Como ejemplos casi cómicos podemos recordar la «dentera» que le producían al Gobierno términos como «autopistas», «pantanos», «embalses», «energía nuclear», etc.

Presión fiscal

Como era inevitable, esta política de acelerado crecimiento del gasto público exigía otra no menos acelerada de aumento de la presión fiscal. Ello dio lugar a que consiguiésemos figurar en los primeros puestos de los países de la OCDE en cuanto a ritmo de crecimiento de la presión fiscal y del gasto público. Pero este proceso se vio acompañado, año tras año, por un doble fenómeno injusto y constitutivo de agravio para la inmensa mayoría de los españoles: por un lado, que los incrementos de los impuestos directos recaían siempre con toda su intensidad sobre las rentas del trabajo por cuenta ajena; y, por otro, que la impresionante bolsa de fraude fiscal no sólo apenas se reducía, sino que el Estado optó por convertirse en su principal beneficiario mediante los Pagarés del Tesoro, dotados de una opacidad fiscal prácticamente completa. Es decir, a pesar del acelerado crecimiento de los ingresos fiscales -que siempre han desbordado en los Gobiernos socialistas lo previsto en los Presupuestos- el Gobierno no tenía más remedio que recurrir, regular y crecientemente, al endeudamiento público para poder hacer frente a un déficit que la marcha del gasto público hacía inevitable.

De esta obsesión por el Estado del Bienestar, por el gasto público y por el efecto redistributivo de la imposición directa vienen buena parte de nuestros males de hoy.

De esta obsesión por el Estado de Bienestar, por el gasto público y por el efecto redistributivo de la imposición directa vienen buena parte de nuestros males de hoy. Cierto que aumentó considerablemente el número de personas con derecho a pensión; que la cobertura del seguro de desempleo fue aumentando; que la asistencia sanitaria se extendió a muchísimos españoles; y que el número de alumnos que veían satisfechas sus demandas de estudio también se incrementó. Pero no es menos cierto que la calidad de la enseñanza se ha deteriorado de un modo intenso, bien por la masificación, bien por el descenso de preparación de buena parte del nuevo profesorado español; que más de la mitad de los parados españoles continúan sin cobrar el seguro de desempleo; que la calidad de la atención médica ha descendido considerablemente; y que la pensión media española es mejor no citarla para que no se nos caiga la cara de vergüenza ante la que corresponde a ciudadanos de países desarrollados, al margen de que la prestación de esos países sea pública o privada. Los hechos han demostrado que el Estado español es incapaz de atender a esos servicios, a no ser que quiera seguir incrementando casi indefinidamente la participación del sector público en la economía española.

Precio

Los dos últimos años y especialmente los últimos meses y no digamos ya la crisis del petróleo- han arrojado datos más que suficientes para que la cerrazón de los socialistas en su política económica comience a cuartearse. Hoy estamos oyendo cosas tan curiosas como que Nicolás Redondo habla de la propuesta de UGT como de una propuesta «socialdemócrata», que el ministro de Economía se define como socialdemócrata liberal y que el ministro de Industria no duda en afirmar que es necesario acercarse a soluciones liberales. Nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora bien, otra cosa distinta es el precio que tendremos que pagar por toda esta década socialista. Los sindicatos exigen fijar las tasas de aumento salarial en función de la inflación pasada. El Gobierno acaba de presentar un proyecto de Presupuestos para 1991 en el que el gasto total apenas crece por debajo del PIB en términos nominales, pero con datos tan llamativos como el que los gastos de personal del Estado crezcan un 10,2 por 100, los impuestos directos un 15,8 por 100 y los indirectos un 8,5 por 100. Ciertamente, la menor actividad económica afectará a este último porcentaje; pero no es menos grave que el fraude en el IVA alcance un 30 por 100 o que la recaudación vuelva a salvarse por una previsión de aumento de los ingresos por IRPF del 17,5 por 100.

Esto quiere decir que en 1991 vamos a tener, por primera vez en una década, un gasto público que crecerá por debajo del PIB en términos nominales, pero también que se va a incidir negativamente en la capacidad de ahorro de las familias al continuar con un IRPF que no aportará ningún estímulo nuevo en favor del ahorro y en contra del consumo. Al mismo tiempo, se pretende reducir el déficit de caja no financiero del Estado al 0,9 por 100 del PIB. Y este objetivo es, entre otros, el que nos parece realmente difícil de conseguir. El porcentaje de déficit previsto para 1990 iba a ser similar al del año anterior, es decir, en torno al 1,7 por 100; pero estimaciones posteriores prevén para finales del año acutal un déficit del 2,1 por 100. En otras palabras, el gasto público comprometido se ejecutará, pero los ingresos por IVA caerán bastante más de lo previsto. Es lógico, por tanto, plantear la duda sobre el objetivo de 1991 cuando desde ahora se prevé un menor ritmo de actividad económica y se reconoce el elevado volumen de fraude -en torno al 30 por 100- que padece el Impuesto sobre el Valor Añadido.

No cabe duda que el Gobierno socialista se encuentra entre la espada y la pared, víctima de su propia política económica y de su resistencia a contener el gasto público y a llevar a cabo una reforma fiscal en profundidad. En el informe del FMI sobre la economía española correspondiente a 1989, se hacía constar que los avances conseguidos en la reducción del déficit público español tenían un fuerte componente coyuntural, derivado de las fuertes tasas de crecimiento de la recaudación que, a su vez, se debían a los elevados ritmos de actividad económica. Los técnicos del FMI señalaban que el déficit público español, depurado de esos factores, lo que denominan déficit neutral, continuaba situándose en los mismos niveles en torno al 7 por 100 del PIB de 1986-1987. No sabemos si muy conscientemente o no, uno de los máximos defensores del Estado de Bienestar y de la creciente participación del sector público en la economía española -aunque premiado con poco éxito en su justa y decidida lucha contra el fraude fiscal- el secretario de Estado de Hacienda, Borrell, reconocía a finales de septiempre la gran dificultad para reducir el gasto público en España.

Su razonamiento resulta impecable aunque le conduzca a caer en su propia trampa. Venía a decir Borrell: el 48 por 100 del gasto del sector público español va a la Seguridad Social y a las Administraciones Locales y Autonómicas; otro 20 por 100 se destina básicamente a pensiones y desempleo. Por tanto, el Estado sólo puede actuar realmente sobre un 32 por 100 del gasto, que es el que va destinado a educación, infraestructuras de transporte, subvenciones a Renfe, investigación, etc. Es decir, el propio secretario de Estado de Hacienda admitía con toda sinceridad e ingenuidad que la distribución del gasto público español y los objetivos que debía cubrir para cumplir el programa y la política económica del Gobierno socialista hacían imposible en la práctica la contención o la congelación del mismo. Para mayor gravedad, es importante señalar que en ese 32 por 100 a que se refiere Borreli están incluidas las inversiones reales en transporte y comunicaciones.

Gastos del Estado

¿Qué va a suceder en el corto plazo con las principales variables económicas españolas? No es fácil decirlo en estos momentos. Sí se puede afirmar con seguridad, por el contrario, que la inflación va a aumentar en los próximos meses, que los déficit comercial y corriente van a seguir el mismo camino, que el déficit del sector público va a ser superior al previsto y que las tasas de crecimiento económico y de creación de empleo se van a resentir. Lo difícil es concretar las cifras para cada variable económica. El lector encontrará en los cuadros adjuntos los datos previstos por el Gobierno para las principales magnitudes macroeconómicas: producción y demanda, precios y salarios y mercado de trabajo. La primera duda surge respecto a si el PIB español crecerá en el año actual un 3,5 por 100. Las opiniones de los analistas económicos están divididas y algunos estiman que no se logrará alcanzar ese porcentaje de crecimiento. Pero aun en el caso de que se alcanzase, las causas estarían lejos de ser las convenientes.

Sería muy positivo, por su efecto estabilizador sobre la tasa de inflación, que el consumo privado creciese un 4 por 100, registrando así una caída de 1,5 puntos sobre el año anterior. Lo mismo habría que decir de la evolución del consumo público, aunque en este caso las dudas sobre la reducción de su tasa en 1,3 puntos sean bastante grandes. Igualmente constituiría un buen dato y aquí las posibilidades de acierto de la estimación son muy altas- la disminución en 7 puntos de las importaciones de bienes y servicios. Por el contrario, los dos componentes en los que debería apoyarse un crecimiento económico estable y duradero, si sus estimaciones son correctas, resultan no sólo negativos sino incluso hasta alarmantes: la caída a la mitad de la inversión y una reducción de más de medio punto en la tasa de aumento de las exportaciones de bienes y servicios. Inevitablemente, ese empeoramiento de las exportaciones de bienes y servicios, no puede impedir que el déficit por cuenta corriente -a pesar de la caída de las importaciones- salte hasta el 3,7 por 100 del PIB, es decir, un punto más que en 1989.

Autoridad del Gobierno

Hechas estas advertencias, el valor del cuadro macroeconómico para 1991 elaborado por el Gobierno sobre una estimación de 24/25 dólares el barril de petróleo tiene un valor muy relativo. Por una parte, porque está por ver hasta qué punto el Gobierno actual de Felipe González tiene autoridad y coherencia para llevarlo a la práctica. Las experiencias de otros años, incluso de los más recientes, ofrecen numerosos y sistemáticos datos que revelan la incapacidad de las autoridades económicas para alcanzar los objetivos previstos, ya que la tasa de variación de casi todos los componentes del cuadro macroeconómico se vieron superadas al alza en los dos últimos años. Además, la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el Golfo Pérsico y con los precios del petróleo, pone todavía más en evidencia la dificultad de conseguir cualquier objetivo cuando las dificultades son excepcionales e imprevisibles.

Hasta ahora hemos hablado de las previsiones del Gobierno que no sólo se apoyan en el cumplimiento de sus objetivos presupuestarios, tanto de ingresos como de gastos, sino también en el mantenimiento de una política monetaria restrictiva y en una moderación salarial, que se ha concretado por el ministro Solchaga en unos incrementos salariales del orden del 5 por 100. En este terreno las incertidumbres se podría decir que casi igualan a las que rodean a la evolución del precio del petróleo. Dejando a un lado los condicionamientos políticos de las elecciones sindicales que se están celebrando, tanto UGT como CC.OO. y otros sindicatos con especial fuerza en la Administración, ya han dejado bien claro que no aceptarán incrementos de salarios inferiores a la tasa de aumento del IPC que se registre a finales del año actual. Es muy posible que los funcionarios tengan que aceptar un aumento de sueldos del orden del 6-6,5 por 100; pero aparte de la conflictividad a que puede dar lugar la imposición de esta medida, resulta insensato que los gastos del personal se incrementen -sólo en el caso del Estado en un 9,8 por 100 con el fin de atender los gastos derivados de la creación de empleo público.

Además, la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el Golfo Pérsico y con los precios del petróleo, pone todavía más en evidencia la dificultad de conseguir cualquier objetivo cuando las dificultades son excepcionales e imprevisibles.

Por lo que se refiere a los otros componentes que inciden en la variación del deflactor del PIB -el excedente empresarial y los impuestos indirectos el peligro es menor porque la realidad, muy probablemente, se impondrá por sí sola. Está claro en lo que va del año actual que las tasas de aumento de los beneficios empresariales han caído considerablemente y que lo mismo ha sucedido con las fijadas para la imposición indirecta. Pero, en último término, será cada empresario concreto el que tenga que enfrentarse al problema. Habrá quien opte por aumentos salariales superiores a los deseables, ante el coste de una situación de conflictividad y de una disminución de la producción; habrá quien no lo hará porque las cuentas de sus empresas no se lo permitirán, como podría suceder, entre otros sectores, en el exportador, en el de la venta de bienes duraderos o en el de la vivienda; y habrá otros empresarios que correrán el riesgo de ver amenazada la viabilidad de su empresa si, no pudiendo, ceden a las presiones de los sindicatos.

Pacto salarial

Este panorama es el que hace, una vez más, muy discutible la oportunidad de un pacto entre empresarios, trabajadores y Gobierno respecto a la fijación de un porcentaje de aumento salarial generalizado; ya que incluso en el caso de que se acordase ese 5 por 100 o 5,5 por 100 de incremento en convenio, ya hay muchas empresas en España que no lo podrían soportar. La coyuntura variaría en la medida en que los empresarios decidiesen trasladar a los precios la totalidad o parte del incremento de los costes laborales, y variaría, todavía mucho más si la generalidad de los empresarios no hace caso de la petición del presidente de la CEOE de no trasladar a los precios los encarecimientos de costes derivados, directa o indirectamente, de la subida del precio del petróleo. Por todas estas razones, es por lo que parece a todas luces fruto del voluntarismo la disminución del deflactor del PIB desde un 7,5 por 100 en 1990 a un 5,8 por 100 en 1991. Igual calificación merecen la fuerte caída de la tasa de aumento de los costes laborales unitarios nominales y todas las estimaciones sobre mercado de trabajo para 1991 que figuran en los cuadros adjuntos elaborados por el Gobierno.

Finalmente, existe un riesgo que no se debe despreciar. Si los precios del barril del petróleo se mantienen en unos niveles que sitúen el crecimiento de las economías de los principales países desarrollados en unos ritmos muy bajos, la economía española puede desacelerarse más de lo debido no sólo por las propias medidas de enfriamiento de la demanda sino por un comportamiento más negativo del previsto de los ingresos por exportaciones y turismo. Esto significaría, dada la rigidez del gasto público español reconocida ya hasta por Borrell, que el déficit del sector público comenzaría de nuevo a crecer no sólo en pesetas corrientes sino también en porcentaje del Producto Interior Bruto. Si, además, salen adelante las intenciones del Partido Socialista de retrasar la reforma fiscal, continuaríamos nuevamente en manos de la política monetaria y del comportamiento -imposible de adivinar- de los salarios. Se haría así realidad la amenaza que encierra la persistencia del déficit público neutral señalada por el FMI en su informe de 1989 y comenzaríamos a asistir a una escalada del déficit público anual.

Estas limitaciones de fondo que afectan al sistema tributario español y que se agravan por la excesiva intervención del sistema financiero, dificultarían todavía más una convergencia, fundada en bases sólidas, de la economía española con las comunitarias. Como más de una vez advertimos desde estas líneas, los desajustes básicos de la economía española son tan graves que el ministro Solchaga, respaldado por el presidente del Gobierno, ha terminado alejándose del Plan Delors para acercarse a las tesis inglesas, al tiempo que se mostraba partidario de retrasar a enero de 1994 la entrada en vigor de las medidas previstas para enero de 1993. Evidentemente, sin solucionar el problema del dinero negro no se puede afrontar la libertad de movimientos de capitales; sin desliberalizar el sistema financiero, no se puede competir con las instituciones comunitarias de esta naturaleza que podrán establecerse libremente en nuestro país; y, finalmente, sin reformar nuestro sistema fiscal, corremos un riesgo serio de que los contribuyentes busquen países en donde los costes fiscales sean más reducidos.