De la política del avestruz al «Vuelva usted mañana»

La profunda crisis en que está inmersa la economía española se intensificará este año -salvo cambios mundiales bruscos e imprevisibles- y el deterioro no se frenará hasta finales de 1994. Esta afirmación da por hecho que el gobierno que surja de las elecciones, cambiará sustancial y aceleradamente la política económica practicada hasta ahora por los socialistas. Llama la atención que a mes y medio de las elecciones generales nadie haya hablado con claridad de nuestra gravísima situación y, consiguientemente, que tampoco se hayan concretado las medidas que inevitablemente, exigirá el ajuste -a estas alturas ya necesariamente rápido y profundo- de los desequilibrios básicos de la economía. Probablemente a España le esperen entre dos y tres años muy similares a los que vivió la economía de Gran Bretaña a partir de 1990, al menos desde el punto de vista del crecimiento económico y de la evolución del desempleo. De alguna manera, nuestro país se encuentra con un sector público y con unos sindicatos que ofrecen un gran parecido con los que se encontró la Sra. Thatcher cuando llegó al poder.

Especial urgencia exige el replanteamiento sustancial de la política y del sector energético: petróleo, carbón, nuclear y electricidad

Por ello, si se quieren sentar las bases para un crecimiento estable y razonablemente continuado es necesario, desde el principio, que las medidas de ajuste coyunturales sean coherentes con las políticas fiscal, presupuestaria, laboral y del sector público empresarial que se deben seguir en esta década. Sin duda, el ajuste de los desequilibrios público y exterior, cuando el PIB desciende en términos reales y el número de parados ronda los 3,4 millones tendrá un alto coste. Pero la claridad en las medidas de ajuste es necesaria aunque su aplicación sea, y lo será, impopular. Los objetivos a largo plazo tienen que enmarcarse en una progresiva disminución del peso del sector público, en una rápida desregulación de la actividad económica y en un diseño que enfrente a los agentes económicos -Administraciones públicas, empresarios y trabajadores- con sus propias responsabilidades. Ese diseño exigirá reducir la fiscalidad directa de las personas físicas y las cotizaciones a la Seguridad Social. Al mismo tiempo -y es la única forma de alterar la pésima estructura del gasto público- habrá que potenciar los Fondos de pensiones -mediante una Ley adecuada y efectiva- privatizar, como mínimo, la gestión de la sanidad pública, reducir el gasto público en educación y liberalizar las telecomunicaciones, correos y algunos servicios ferroviarios. Especial urgencia exige el replanteamiento sustancial de la política y del sector energético: petróleo, carbón, nuclear y electricidad; y también la liquidación ordenada de las empresas públicas no rentables y la privatización de las rentables que no justifiquen su permanencia en la órbita pública.

Iniciadas esas reformas al tiempo que se ponen en práctica las medidas coyunturales más urgentes -reducción drástica de la tasa de crecimiento del gasto público global, y quizá inevitablemente también el de inversión, y adecuación del mercado laboral a la normativa CE- pasará a ser muy secundario hablar de políticas sectoriales y, de modo especial, de política industrial, que, aún en el caso de que se hubiese diseñado correctamente y a tiempo -inmediatamente después de las dos crisis del petróleo en 1973 y 1979- los frutos no habrían sido mucho mejores por una doble razón: el deficiente marco estructural de la economía española y la política económica seguida desde 1982 por el PSOE. Se podría recordar que fue errónea la política económica entre 1973 y mediados de 1977 y, en menor medida, la del bienio 1981-82. El éxito de los Pactos de la Moncloa fue la negociación de los salarios en función de la inflación prevista y no de la pasada; pero esto, que dejó de funcionar en 1989, tampoco consiguió la moderación salarial que exigía la productividad de cada empresa. Fueron positivas también las medidas de Boyer de 1985 y la regulación de los contratos temporales de trabajo; sin embargo, los abusos y corruptelas en torno a esos contratos, los pagamos ahora con un crecimiento alarmante del desempleo.

Fuente: Secretaría OCDE y fuentes nacionales.

El mercado laboral

Con energía cara, costes laborales de muy fuerte crecimiento, intereses altos, la industria española ha pagado un alto precio

La rigidez del mercado laboral explica, en gran parte, el persistente crecimiento de los costes laborales unitarios. Ello, unido a la incapacidad de nuestra economía para financiar un gasto público disparado y a una cobertura del seguro de paro desligada de toda exigencia de reconversión y formación de los parados, llevó inevitablemente a otro crecimiento similar no sólo de la presión fiscal -sobre todo directa- sino de la deuda pública. Pero, además, para el sector industrial el mayor error de los socialistas ha sido su disparatada política energética. Tanto en los ochenta como en el Plan de los noventa se intensifica el frenazo nuclear y se hace pivotar la política energética sobre el gas natural… procedente de un país tan estable políticamente como Argelia. Resultado: desde la empresa de miles de trabajadores hasta la de tres o cuatro y, por supuesto, hasta las familias soportan unos costes energéticos muy elevados, que nos restan competitividad al extenderse capilarmente por todo el tejido productivo. No debe sorprender, por tanto, que con una energía cara, con unos costes laborales unitarios con altas tasas de crecimiento, con una política monetaria -no queda otro recurso- de elevados tipos de interés -para frenar la inflación y financiar el déficit público atrayendo capitales extranjeros, especialmente a partir de 1990- y con la creciente competencia exterior motivada por el desarme arancelario con la CE -entre 1986 y 1992- la industria española haya pagado un alto precio. Hasta el punto de que sectores o subsectores tan importantes como la siderurgia integral, la química de base, la construcción naval, los aceros especiales o los fertilizantes, han visto caer su competitividad en picado, perdiendo cuotas considerables en los mercados internacionales e incluso en el doméstico.

¿Para qué ha servido, entonces, el proceso de reconversión industrial? No se puede negar que se han conseguido avances en determinadas ramas industriales, con una modernización considerable, sobre todo en 1986-89, y con crecimientos muy fuertes de la inversión en bienes de equipo; pero, en los procesos de reconversión el coste tanto económico como de puestos de trabajo ha sido de los más elevados de Europa. Básicamente, por dos razones: porque en la generalidad de los casos el proceso se inició con varios años de retraso sobre nuestros competidores europeos; y porque con la política de pactos y acuerdos y la falta de firmeza del gobierno ante los sindicatos -cuyos aparatos figuran entre los grandes responsables de lo que sucede hoy- se optó por el gradualismo tanto en la reducción de la capacidad de producción como en la de puestos de trabajo. Ningún proceso de reconversión industrial se ha visto libre de ese doble error. Algo similar ha sucedido con el sector textil y los electrodomésticos. Añadamos que los recortes presupuestarios en materia de defensa pueden perjudicar todavía más seriamente la investigación y los niveles de tecnología alcanzados en materia aeronáutica y naval. Aparte del ya típico y tópico ejemplo del coste de la reconversión de Babcok Wilcok, piensen que Aranzadi era jefe del gabinete técnico de Solchaga, cuando éste es nombrado ministro de Industria en 1982. Entonces ya era evidente el problema de Hunosa, igual que se sabía claramente que Altos Hornos y Ensidesa tenían que afrontar su reconversión. Hoy, y desde hace casi un año, continuamos esperando que la CE apruebe el plan del gobierno español -reducción de la capacidad y supresión de unos diez mil puestos de trabajo- con una inversión que la Comisión de Bruselas, sitúa en torno a los 800 mil millones de pesetas. Pues bien, esa Corporación Siderúrgica Integral perdió cien mil millones de pesetas en 1992 y va camino de perder otros cien mil este año. Ya estamos en el billón. Y así…, sucesivamente. •

(1) Excluida construcción y productos energéticos. Fuente: INE, «Contabilidad Nacional». Base 1986.

Fuente: AIE y Eurostat. * Base: 1972 = 100 toneladas equivalentes de petróleo por mil millones de PIB expresado en términos de paridad de poder adquisitivo.