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Muchos años de crisis, quizá demasiados y si para algo ha servido, es para iniciar un debate que lleva años en el tintero, que es el debate sobre los cambios que debe de acometer la universidad española.

¿Cuál ha sido el problema? Que los casi cuarenta años que llevamos de democracia, son los mismos que llevamos sin ponernos de acuerdo para construir un pacto educativo que solvente los principales problemas de los que adolece a día de hoy nuestra universidad. Tristemente, el debate sobre el sistema educativo ha sido usado como caballo de batalla ideológico por todos los gobiernos en el cargo a lo largo de las diferentes legislaturas, intentando obtener rédito en las urnas y, desgraciadamente, en los últimos años ha estado sujeto a las necesidades económicas para cuadrar las cuentas públicas de un estado agonizante.

Antes de empezar a abordar los problemas que adolecen nuestras universidades, debemos de fijar el foco en para qué queremos introducir reformas y cuál es el camino que queremos seguir; es decir, si queremos apostar por un modelo de universidad social que apueste por el crecimiento personal, intelectual y crítico de los estudiantes a los que forman, véase una universidad que sirva como ascensor social, o si por el contrario buscamos un modelo dedicado a contentar a las élites económicas; dicho de otra forma, una universidad cuyo único fin sea el de crear personal cualificado en base a las necesidades del mercado laboral de un modelo empresarial.

Pero no todo es malo; años dedicados a la representación estudiantil te hacen ver, que si bien ha llegado el momento de acometer reformas profundas y urgentes para seguir en el camino de avance que se ha conseguido desde los años posteriores al franquismo, la universidad no está tan mal como muchos quieren hacer ver, y que esa sensación de que la universidad ha perdido su razón de ser, ha servido para que desde un sector de la política se hayan emprendido unas reformas que más allá de ser reformas con un fin de mejora, han sido reformas para adaptarse a la situación económica, y lo que es peor, una profunda reforma desde un punto de vista ideológico, limitando el acceso a la universidad a un sector de la sociedad al cual se le impide ascender y cumplir sus objetivos vitales.

Una vez asumido que el movimiento que debe emprender la universidad debe de ir enfocado a mantener ese proyecto inacabado del modelo de universidad social que tan bien funcionó durante unos años y que ahora se está perdiendo, debe entenderse que este debe de ser un proceso participativo, consensuado y sobre todo transparente. Es necesario comprender que la transparencia y la accesibilidad de la información es un medio para hacer partícipes a todos los agentes de la sociedad.

En resumen, todos los agentes y especialmente el colectivo estudiantil, deben, no solo poder participar en el proceso, sino también estar implicado en él. No solo es trascendental que la información sea accesible, sino que los procesos de toma de decisiones promuevan en el colectivo estudiantil un sentimiento de pertenencia hacia él y la capacidad de influir en todas sus etapas, consiguiendo que el colectivo estudiantil tenga el compromiso por la mejora de la calidad de sus universidades.

Una vez contextualizado el entorno en el que debemos movernos, entre otros, estos deben de ser los principales puntos en los que deben de cambiar las universidades.

DIMENSIÓN SOCIAL. PRECIOS PÚBLICOS Y BECAS

La universidad, desde sus inicios, ha tenido un papel vertebrador del desarrollo social, como centro de desarrollo del pensamiento, de la cultura, de los avances tecnológicos, de la innovación y de la investigación; en resumen, centros para el progreso y desarrollo social. Asimismo, la educación en general y la universidad en particular son consideradas el principal ascensor social del Estado, sirviendo como el mejor medio para la mejora de la clase social y económica de las personas.

La educación superior debe ser accesible y permear en todos los rincones de nuestra sociedad para conseguir un desarrollo justo e igualitario para todos, ya sea por medio de la transferencia de conocimiento, estudios oficiales, aprendizaje a lo largo de la vida o la obra social o divulgación científica de las instituciones participantes.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2012, de «Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo», se dio el pistoletazo de salida a las comunidades autónomas para disparar el coste de las matrículas de los estudios universitarios. Son destacables los casos de Madrid y Cataluña, donde este incremento ha supuesto variaciones de entre un 100% y 150% con respecto a los precios públicos anteriores a la entrada en vigor del real decreto.

Haciendo la media del coste de los estudios de grado en las comunidades autónomas, España es el cuarto país de la Unión Europea más caro para estudiar y, si nos fijamos solo en Cataluña, ascendemos al tercer lugar. Si algo queda claro de estos datos, es que los precios públicos asociados a la prestación de servicios universitarios constituyen una barrera fundamental al acceso y la permanencia de los mismos en la educación superior.

Debemos avanzar hacia la consecución de un sistema equitativo en el que, al igual que muchos países europeos, como Noruega, Suecia, Finlandia o Dinamarca, la formación universitaria esté libre de cualquier tipo de coste económico. La educación superior no debe ser un privilegio que esté solo al alcance de quienes puedan pagarla, ni un bien con el que se pueda comerciar.

Es imposible hablar de precios públicos y no hacerlo de las becas y ayudas al estudio, puesto que son dos cosas inseparables. Las becas y ayudas al estudio suponen una herramienta fundamental e indispensable para garantizar la participación de todos los estudiantes, sea cual sea su origen socioeconómico, en la educación superior. Se deben garantizar sistemas de asignación de ayudas y becas que garanticen la participación de todos y de todas en la educación superior, que sean equitativos y transparentes en la asignación de recursos, haciendo especial incidencia en asignar esos recursos de manera que compensen las desigualdades económicas que determinan el futuro de los individuos.
Sí que es verdad que ha aumentado el número de becarios, pero en un contexto socioeconómico como el que estamos viviendo, no ha aumentado suficientemente, además de que el sistema actual ha añadido un mayor nivel de precariedad, más incertidumbre y más exclusión.

A partir del año 2012 el gobierno realiza una reforma unilateral del sistema de becas y ayudas, el cual cambia los requisitos académicos de manera importante, dándole un vuelco a la situación anterior provocando un gran descontento social.

La reforma del modelo de becas sufrida en 2012 ha tenido una serie de implicaciones que han afectado a los estudiantes universitarios; un ejemplo claro es que la cuantía media de la beca por estudiante ha caído un 20% (619 euros) entre los cursos 2012/13 y 2014/15 debido al cambio de modelo. Si bien, como decía antes, el número de destinatarios de estas ayudas se ha incrementado, la cuantía es menor, provocando así una homogeneización que perjudica a aquellos estudiantes con más necesidades, como consecuencia de que los criterios socioeconómicos actuales no se ajustan a las características de cada estudiante.

Otro de los motivos que explican el descenso de la cuantía media por estudiante es el endurecimiento de las exigencias académicas. Esto, sumado a que actualmente hay un presupuesto fijo para las becas, en lugar de un presupuesto abierto que cumpla con la demanda de becas y cubra la necesidad de los estudiantes, teniendo en cuenta el gasto excedente al año siguiente, ha provocado que el número de estudiantes que perciben la ayuda de matrícula de forma exclusiva, se haya multiplicado por tres desde el cambio de modelo. Se puede afirmar que dicho cambio incide en la quiebra del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.

En definitiva, es por todo esto, que debemos preservar nuestra universidad con políticas de cohesión social, que permita a todos aquellos que lo deseen acceder a ella, independientemente de su situación económica.

GOBERNANZA Y GOBIERNO

El abordaje académico conservador que ha caracterizado a la universidad durante muchos años, ya no es válido para el rol que las instituciones de educación superior universitaria deben desempeñar. El antiguo modelo de gobernanza funcionó cuando la educación superior universitaria estaba reservada para una pequeña élite y la investigación era un privilegio que tenían un grupo reducido de docentes. Este modelo no es capaz de adaptarse al nuevo rol social de la educación superior universitaria, ya que la educación está concebida como un derecho para cualquier persona y la investigación una tarea de interés público.

La monitorización pública de la inversión y el desarrollo de herramientas de rendición de cuentas, en un principio desarrolladas como herramientas de transparencia, fueron utilizadas principalmente para transformar la universidad con un sentido mercantilista, sin tener en cuenta que la universidad genera numerosos resultados de bienestar social que no son medibles económica o productivamente. Las universidades ni son, ni deben tener, el funcionamiento de una empresa. La educación y la investigación no son simples herramientas para el crecimiento económico de un país.

La importancia de la educación superior universitaria para el desarrollo democrático, social y personal es obviada, si el foco está únicamente puesto en el beneficio económico y productivo medible. Esto no solo suprime a las universidades de sus verdaderos valores y dificulta su misión, sino que, además, va en contra del desarrollo económico a largo plazo.

Es necesario un modelo alternativo basado principalmente en el desarrollo y la innovación de órganos colegiados para enfrentar las necesidades de la educación superior universitaria del siglo XXI. Es decir, que estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios estemos unidos en un propósito común, tomando parte de manera equitativa en la dirección de las instituciones de la educación
superior universitaria. Esta nueva doctrina, puede ser descrita como una simbiosis, construida en un entendimiento común entre los participantes de una responsabilidad compartida.

Hoy por hoy, el sistema por el cual se organiza la representación de los distintos colectivos en los órganos de gobierno no resulta justo y equitativo. Teniendo en cuenta que el colectivo más numeroso de la comunidad universitaria es el del estudiantado, en todas las universidades del ámbito estatal el reparto proporcional deja al estudiantado en una posición desequilibrada con respecto al resto.

El sistema de reparto debe ser más equitativo, para garantizar una mejor gobernanza en los distintos órganos de gobierno, para que la toma de decisiones sea más justa y democrática. Así también, para fomentar la cooperación, ningún colectivo debería tener la mayoría absoluta en los órganos decisorios de la universidad, necesitando del consenso y del trabajo conjunto para el desarrollo de los mismos.

Todos los espacios de decisión, responsables de la creación de políticas y reparto de recursos, que afecten a la educación y la investigación en las instituciones de educación superior universitaria deben ser órganos colegiados en su composición. Esto incluye todos los procesos de toma de decisiones informales. Es vital que el estudiantado no sea apartado del proceso de toma de decisiones en ningún nivel.

Para la consecución de este modelo, es necesario un rediseño del papel del colectivo estudiantil en la gobernanza universitaria, pasando a tener un papel más activo en los órganos decisorios de las universidades, siguiendo la filosofía de empoderamiento del aprendizaje centrado en el estudiante.

Este cambio tiene que verse convertido en medidas estructurales y orgánicas, como el aumento de los porcentajes de participación del estudiantado en los distintos órganos de la universidad. Este debe llegar a un porcentaje de representación que nos permita realmente influir en la toma de decisiones, y no únicamente hacer una oposición simbólica o una aceptación y seguimiento pasivo de las distintas medidas, como sucede actualmente.

También, como medida estructural, se debe dar voz y voto a los y las estudiantes en todos los órganos decisorios y de debate de la universidad, no limitándose solamente a verter la relación del colectivo estudiantil con la gobernanza universitaria a través de reuniones y el contacto con los equipos directivos de las universidades, fomentando así que la información y su visión sea compartida con gran parte de la comunidad universitaria, y viceversa.

A su vez, este cambio tiene que venir acompañado de la implantación de una cultura de participación y de democracia. Esto se debe entender como distintas dinámicas no formales, como la inclusión de los y las estudiantes como sujetos activos y responsables en la toma de decisiones, en la creación de debates, en la proposición de cambios; y mejoras y en la respuesta a los debates y propuestas del resto de colectivos de la universidad, pero no únicamente como esto. Estamos en contra de que la participación del estudiantado se limite únicamente a la respuesta de las políticas del resto de colectivos, apostando porque tengan un rol de igualdad con estos últimos.

GARANTÍA DE LA CALIDAD

La calidad universitaria es un concepto surgido desde el propio nacimiento del Proceso Bolonia. De importancia fundamental para todo el colectivo estudiantil, existe para tener una herramienta con la que asegurar la confianza de los países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), comprensible, homologable y comparable. Con el paso de los años, se han ido definiendo las ideas y los procesos que garantizan una buena calidad de las titulaciones y universidades con la participación de todos los colectivos universitarios, entendiéndose desde el primer momento, la gran importancia de la participación del estudiantado en ella.

Con el tiempo, la universidad se ha visto empujada a desarrollar procesos de garantía de la calidad. Esta presión se vio aumentada en un contexto de necesidad económica donde comenzó también a aumentar el número de estudiantes que accedían a la universidad y por tanto la inversión que había que aportar a la misma. Por último, la convergencia de los modelos universitarios y la generación de marcos universitarios comunes facilitó un contexto donde se produjo un aumento de la competitividad entre universidades que incentivó la comparación y la cuantificación entre las universidades.

En los últimos años la garantía de la calidad ha tomado mucha importancia en el contexto europeo e internacional y ha seguido un rumbo controvertido respecto a los fines de la universidad, al definir como criterios preponderantes para evaluar la calidad de la universidad parámetros económicos, pasando a ser una herramienta para modificar la educación superior al servicio del mercado y no de las necesidades sociales.

Es por esto que el colectivo estudiantil vemos con recelo lo que podría haber sido una herramienta para transformar la universidad y ha acabado siendo una forma de guiar la universidad hacia el mundo mercantil como si fuera una empresa más al servicio de los intereses económicos.

Sin embargo, aunque los incentivos generados en torno a los procesos de garantía de calidad, son tendenciosos, puede existir un margen razonable de utilidad para los sistemas de educación superior. En este sentido, existe en contraposición a la rendición de cuentas, el elemento de mejora y perfeccionamiento, siempre y cuando los procesos sean realmente plurales, democráticos y los integrantes de los mismos compartan la visión y los fines de la educación superior.

La garantía de la calidad debe estar centrada en la mejora de la calidad de la docencia y, con ello, se debe asumir que el papel del estudiante y su opinión es trascendental en todos los procesos que influyen en ello.

Por ello, incluir criterios relacionados con los procesos, relaciones y estructuras de aprendizaje desde el paradigma del aprendizaje centrado en el estudiante, es el paso necesario para que la garantía de la calidad esté al servicio del desarrollo del estudiantado como futuros profesionales y como ciudadanos.

Para finalizar este artículo, quisiera destacar que es esencial el papel que juegan los consejos y delegaciones de estudiantes, así como las asociaciones de estudiantes, especialmente CREUP, que ha sabido tomar como propia la tarea de mejorar la universidad.

Como decía al principio, la universidad no está tan mal, nos hallaríamos a medio camino entre aquellos que consideran que nos encontramos en un punto catastrófico y aquellos que creen que nada debe cambiar y que nos encontramos ante una situación coyuntural. Aunque haya puesto de manifiesto algunos de los problemas que con más urgencia deben de solventarse, son muchos los temas que quedan por abordar, como la situación del profesorado, la internacionalización, la investigación o la financiación. En definitiva, queda mucho trabajo por delante.


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Ex presidente de CREUP. Director del Secretariado de información. Participación y asociacionismo estudiantil. Vicerrectorado de estudiantes. Universidad de Granada